El caso de Marisol es muestra de una problemática estructural por la que las mujeres, o sus bebés, pierden la vida. En los últimos 10 años, el IMSS ha recibido 20 recomendaciones por violencia obstétrica.
Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta, una de las más graves urgencias obstétricas con alto riesgo de muerte. Por su estado, se requería trasladarla a un hospital de mayor nivel, porque en Bochil no había suficientes hemoderivados ni equipo para atenderla, pero eso se hizo hasta seis horas después de terminado el procedimiento.
El retraso ocurrió porque el Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, no tenía médico de cuidados intensivos que la recibiera, y tampoco se echó a andar el Convenio general de colaboración para la atención de emergencias obstétricas, que indicaba que debía ser trasladada a alguno de los hospitales firmantes de este. Cuando llegó a Tuxtla, ya había muerto.
A 10 años de sus fallas institucionales, el IMSS finalmente ofreció este lunes una disculpa pública por esos hechos, sin que esta haya sido suficiente para reparar el daño, considera hoy su esposo, Miceli.
“Lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años nos da como enojo, nos da coraje, porque a pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de no repetición, no lo han hecho y falta todavía mucho para que ellos cumplan”, cuenta en entrevista.
Matilde Pérez, investigadora de Fundar que ha acompañado el caso, señala que esta es una muestra de que están ocurriendo situaciones en las que las mujeres mueren por causas evitables, por lo que usaron sus herramientas de litigio estratégico para visibilizar las problemáticas estructurales que afectan los derechos humanos, que requieren al mismo tiempo poner recomendaciones claras sobre la mesa para transformar y revertirlas.
“Este caso coloca la necesidad de que se tienen que establecer medidas de no repetición, se tienen que atender estas causas estructurales, y justamente cuando se llega a esta conciliación con el IMSS, lo que se coloca no es solo reconocer que hubo una responsabilidad de la institución, sino que esta institución cómo se va a comprometer, qué acciones va a implementar para que estos hechos no se repitan”, puntualiza.
Sin embargo, en la década que ha transcurrido entre la muerte de Marisol y este 21 de julio, cuando el IMSS emitió la disculpa pública, el Instituto ha recibido 20 recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos relacionados con violencia obstétrica en diferentes hospitales de todo el país.
Por eso es que a Miceli la disculpa le parece insuficiente. El espacio en Bochil, Chiapas, donde se llevó a cabo, no tenía características que permitieran un acceso abierto al público. Además de que, a su juicio, no cumplió con los requisitos de publicidad suficiente, hay otros aspectos reparatorios que apuntan a la no repetición que el Instituto no ha atendido en su totalidad.
Violencia obstétrica: deudas en la reparación del daño y la no repetición
Si cuestiones tan básicas como no contemplar otro tipo de espacio, o que la institución no haya colocado siquiera una foto de Marisol, en un acto que era simbólico para su familia, no se cumplieron, en lo estructural aún hay todavía más deudas.
“Está pendiente que se resuelvan las condiciones de infraestructura, de personal, y un poco lo que se ha colocado es que este caso no tendría que terminar con la disculpa pública; el compromiso que por lo menos hoy vino a hacer el IMSS es que van a cumplir con las medidas que están pendientes”, señala Matilde.
Miceli confiesa que imaginaba otro escenario y lamentablemente no fue así, aunque por lo menos tuvo la oportunidad de decirle al Instituto lo que era necesario. “A pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de repetición, no lo han hecho”, reclama.
A su juicio, falta todavía mucho para que se considere que han cumplido. Si bien el acto de disculpa fue histórico para él, a nivel simbólico, porque debe ser relevante y darle un auge al tema, es necesario seguir avanzando. Por temor, dice, no tomaron en cuenta los lugares que él propuso para la disculpa, pero más allá de eso, no han cumplido casi con ninguna medida de reparación.
“Incluían la remodelación y ampliación de la infraestructura, que aún no la terminan ni la entregan; se pedía que tuvieran a los médicos capacitados y especializados, y todavía no cumplen. Hay vacantes por cumplir en ginecobstetricia; también en los insumos y medicamentos, y todavía falta, y en lo que nosotros damos mucha relevancia e importancia es en el tema de las ambulancias”, explica el esposo de Marisol.
Respecto a esta medida, el Instituto aseguró que había dos ambulancias equipadas que ya estaban en función y servicios, pero una de ellas no lo está –subraya– porque fue prestada para otro lugar, sabiendo que el pueblo de Bochil la necesitaba.
Además, estos 10 años de lucha por justicia y reparación, han implicado para su familia un esfuerzo constante: “A lo largo de estos 10 años, además, nos da mucha profunda tristeza, pues ellos todavía no cumplen con su palabra, y con lo que hoy escuché, me da más tristeza, porque el director miente al decir algo que no es, cómo quisiéramos en verdad que lo que ellos dicen, lo pusieran en práctica, que se hiciera verdaderamente, pero vemos que es nulo”.
Ahora, Miceli está convencido de que seguirá en pie de lucha, avanzando y supervisando que el IMSS realmente llegue a cumplir los actos de reparación, para darle la certeza a las personas de que al acudir al servicio público, van a encontrar una buena atención.
La investigadora de Fundar subraya que la problemática no está cambiando de fondo, pese al convenio firmado. “Las causas estructurales que dieron origen o detonaron la muerte de Marisol siguen ahí, entonces en ese sentido es la exigencia del compromiso de las instituciones, de que haya un verdadero reconocimiento a la responsabilidad, y de mirar hacia el futuro, no solo hacia el pasado… Hacia adelante, ¿cuáles son los compromisos que van a tener con las víctimas?”, cuestiona.
La larga batalla por reparación para Marisol
Entre las deficiencias que condujeron a su muerte, la familia de Marisol también reclamó que su atención estuvo en manos de residentes de tercer y cuarto año, y de un médico pasante de servicio social que no tenía la experiencia suficiente ni la supervisión de un médico responsable. En el hospital de Bochil, había un solo ginecobstetra de base para el turno matutino.
Aunado a ello, el centro de atención médica no contaba con hemoderivados suficientes, mientras que el retraso del traslado de Marisol al hospital de Tuxtla se debió también a la falta de médicos en la unidad de cuidados intensivos. Días antes de su muerte, se había ordenado un ultrasonido y otras pruebas para ella que tampoco se realizaron; el propio hospital alegó no contar con el equipo necesario.
No solo eso: el útero que le fue extraído durante su cesárea para detener la hemorragia fue extraviado, por lo que el hospital no llevó a cabo el estudio histopatológico que se requería para determinar las causas de la emergencia obstétrica.
El acompañamiento de Fundar implicó interponer un juicio de amparo para poder acceder al expediente clínico, que le fue negado a la familia, y posteriormente el caso fue presentado ante la CNDH por las violaciones cometidas, organismo que en diciembre de 2018 finalmente emitió una propuesta de conciliación al IMSS.
Fue en ese convenio que se incluyeron como medidas de reparación y no repetición la habilitación de un banco de sangre, la contratación de personal obstétrico en todos los turnos y fines de semana; la disponibilidad de insumos, equipo y personal necesario para la realización de estudios de ultrasonido, la capacitación de personal, la investigación de funcionarios responsables y la disculpa pública.
A siete años de ese acuerdo, sigue pendiente concluir la construcción y operación del banco de sangre, la contratación de personal ginecobstetra en todos los turnos y fines de semana; la plena disponibilidad de insumos, personal y equipo, así como garantizar la capacitación constante de personal.
Además, ningún servidor público ha sido investigado o sancionado por los hechos.
No es el único caso en Bochil, Chiapas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido otras dos recomendaciones por al menos dos casos más de violencia obstétrica ocurridas en centros hospitalarios del IMSS en Bochil, Chiapas.
La primera fue emitida en 2016 (50/2016), por un caso de violencia obstétrica e inadecuada atención médica que implicó el agravio de una madre y la pérdida de la vida de su recién nacida en el Hospital Rural Oportunidades número 8 del IMSS, atribuibles al personal médico.
De acuerdo con el recuento de la Comisión, el 26 de diciembre de 2013, alrededor de las 05:00 horas, la agraviada, de 21 años de edad, acudió al servicio de urgencias, donde se le diagnosticó delicada, con embarazo de 40.2 semanas de gestación y signos de trabajo de parto, además de ruptura prematura de membranas.
La mujer fue atendida por un pasante en medicina, quien le realizó varias veces tactos y le colocó una pastilla de misoprostol para inducir el parto; aunque primero la monitoreó continuamente, después insistió en que todavía faltaba tiempo para el parto, pese a que ella mencionaba que tenía fuertes dolores y pensaba que el bebé ya iba a nacer. Aunque ella pidió una cesárea con el argumento de que sentía el sufrimiento fetal del bebé, no se la realizaron.
Cuando finalmente la llevaron a la sala de parto, la mujer ya no tenía fuerzas y sintió que la bebé se movía más lento; la niña nació a las 01:00 horas del 27 de diciembre de 2013 y la madre se percató de que no lloraba. Un médico le informó que su hija se encontraba grave. A ella la dieron de alta, pero su hija permaneció hospitalizada, y horas más tarde le llamaron para comunicarle que había fallecido por choque cardiogénico, insuficiencia renal e hipertensión pulmonar persistente.
La segunda recomendación documentada por la CNDH corresponde a 2022 (13/2022) sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de madre y su recién nacido, así como a la vida del segundo, y a la libertad y autonomía reproductiva por violencia obstétrica, al igual que a la información en materia de salud de la víctima, quien era una mujer indígena tsotsil, en el hospital rural del IMSS en Bochil.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
