El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, dijo que su organización llevará "ante todas las instancias internacionales necesarias" su denuncia contra la elección judicial del pasado 1 de junio, que "pone en riesgo la independencia del Poder Judicial".

El político, integrante del grupo de poder del PAN en la Alcaldía Benito Juárez, aseveró que el informe de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) "confirma que el proceso fue opaco, polarizante y sin garantías técnicas no democráticas".

La elección judicial fue un desastre, y no por sorpresa. Lo más revelador es lo que se intenta esconder: una participación ciudadana bajísima. Apenas el 13 por ciento del padrón acudió a las urnas. De los que acudieron, 23 por ciento invalidaron su boleta. Aun así, el Gobierno insiste en presentarla como un “hecho histórico” y un “avance democrático”. La narrativa oficial recurre a falacias, como el uso cifras absolutas —“13 millones de votos”— o comparaciones absurdas- “hubo más votos que los recibidos por el PRI o PAN hace un año”- para maquillar la realidad. Pero omite como dato clave que más de 87 millones de personas no votaron. 

Dicen que fue un logro democrático. Pero ¿qué clase de democracia se construye con boletas no utilizadas sin cancelar, sin conteo público en casillas, sin información mínima sobre los candidatos? No hubo campañas reales, ni debates, ni perfiles claros. La ciudadanía fue convocada a votar por nombres que no conocía, para cargos que no comprendía.

Además, este nivel de abstención echa por tierra uno de los grandes argumentos del oficialismo: que los 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum en 2024 representaban un mandato popular para reformar el Poder Judicial. Si ese mandato existiera, ¿dónde están esos 36 millones ahora? ¿Por qué menos de la mitad acudió a respaldar la reforma en las urnas? La respuesta es clara: la ciudadanía no validó este proceso simplemente porque no le vio sentido. La indiferencia -sea por la razón que sea- deriva de la idea de que ya todo estaba decidido. Se dice que ya estaban decididos los ganadores de antemano, nada más faltaban las elecciones para legitimarlos.

Primero vivimos un proceso kafkiano, con candidatos preseleccionados por el partido hegemónico, sin filtros ciudadanos ni criterios transparentes. A ello hay que sumar los famosos “acordeones” repartidos masivamente. Hasta ahora, en la SCJN y el Tribunal de Disciplina Judicial, las personas candidatas señaladas en las “guías de votación” distribuidas cínicamente han resultado ganadoras.  

El 2 de junio entramos en la fase orwelliana: negar la realidad, manipular los hechos, y presentar como abrumadora una participación marginal. No hay forma de disfrazar un vacío de legitimidad como si fuera entusiasmo democrático.

Con todo eso, el objetivo de fondo se cumplió. No se buscaba legitimidad, sino control institucional. La baja participación no fue un obstáculo. Fue parte del diseño. Se trataba de capturar el Poder Judicial y eso ya se logró.

Pero hay algo igual de grave en esta pantomima. La elección dejó un precedente mediante la normalización de malas prácticas que pueden contaminar otros procesos electorales en el futuro. Falta de información, es una. Conteos en consejos distritales y no en las casillas, no sólo como práctica elemental sino como conquista histórica, es otra. Para acabar, negligencia en el manejo de boletas, puesto que en lugar de ser inutilizadas las sobrantes se empaquetaron y se mandaron tal cual. Como telón de fondo, un INE cuya presidenta funge como correa de transmisión del oficialismo, y un Tribunal Electoral cuya mayoría de magistrados no se molesta en disimular su alineación al régimen.

Si esta forma de votar pasa como “exitosa”, mañana se podrá justificar lo mismo en elecciones legislativas o presidenciales. De esta manera, el espíritu antidemocrático ya acecha lo único que había quedado en pie después del Plan C: el sistema electoral. Así nos damos cuenta de que la democracia no se pierde de golpe, como en el pasado. Se desgasta poco a poco. Por eso hablamos de “erosión democrática” como deterioro paulatino pero constante. 

Todavía estamos a tiempo de exigir una revisión a fondo de la reforma judicial. Porque sin justicia independiente ni elecciones limpias, no hay democracia viable. Porque la reforma que requiere la justicia en México va en el sentido contrario a la que hoy está vigente. Porque faltaron las fiscalías y las policías que son el obstáculo para el acceso a la justicia en materia penal. Porque la actual falta de independencia en los tribunales locales solamente se agudizará con la captura política y criminal evidenciadas durante el proceso electoral. Poco que celebrar y mucho que reflexionar.

Tras concluir el cómputo de votos de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se confirmó el triunfo de Gilberto Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho, quienes ocuparán los espacios que están vacantes desde 2023.

Con 4 millones 748 mil 915 votos Gilberto Bátiz obtuvo la mayor cantidad de sufragios de los hombres, mientras que Claudia Valle ganó del lado de las mujeres con cuatro millones 203 mil 694.

Ha sido secretaria General de Acuerdos de Sala Superior y coordinadora de Institucionalización de Perspectiva de Género. Además, en los comicios de 2024, formó parte del Pleno de la Sala Superior encargado de calificar la elección presidencial.

Valle cuenta con tres maestrías en derecho procesal, derecho electoral y otra en materia de derechos humanos y derecho constitucional.

¿Quién es Gilberto Bátiz?

Gilberto de Guzmán Bátiz García actualmente se desempeña como magistrado electoral en el Tribunal Electoral del estado de Chiapas, cargo que ocupa desde octubre de 2019.

Es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Derecho Constitucional y un doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). También ha sido becario en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT).

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se lanzó hoy contra la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo informe sobre la elección judicial contrastó de manera drástica con la narrativa oficial que retrató los comicios como un “éxito”: la Cancillería informó que envió una nota diplomática al organismo internacional donde acusó a la misión de emitir “juicios de valor”, que “rebasan sus atribuciones”.

Este sábado, la dependencia dirigida por Juan Ramón de la Fuente difundió un comunicado donde indicó que expresó a Albert Ramdin, el recién electo secretario general de la OEA, su “firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar” de la misión, a la que señaló por violar el artículo 3 de la Carta de la OEA que plantea el derecho de todo Estado de organizar su sistema político “sin injerencias”.

La coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho, está convencida de que los resultados de la elección judicial  del 1 de junio último muestran con claridad que esos comicios “consumaron un golpe de Estado” al Poder Judicial.

“Sé que esto suena un poco fuerte, pero sí hubo un golpe de Estado, porque los golpes de Estado no sólo son contra el Ejecutivo, sino contra la desaparición de un poder del Estado y, en este caso, lo que presenciamos fue la toma del Poder Judicial por parte de Morena, de sus diferentes facciones”, afirma Camacho en entrevista con Proceso.

De acuerdo con Susana Camacho, en los comicios judiciales “se cumplieron los peores vaticinios” planteados por los más destacados constitucionalistas del mundo y por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que existe un caso abierto contra el Estado mexicano por la reforma lopezobradorista.

La experta en justicia del centro de pensamiento México Evalúa sostiene que la captura del Poder Judicial por parte de Morena se hizo en una elección “que no estuvo apegada a la legalidad y en la que los votantes los movilizó el aparato de ese partido”, pese a lo cual la abstención fue altísima. 

Por tanto, sostiene Camacho, los futuros jueces, que asumirán sus puestos el próximo 1 de septiembre, “cargan con el peso de la ilegitimidad”.

“Y vamos a tener un Poder Judicial absolutamente capturado por el Ejecutivo, que no va a resolver en beneficio de los ciudadanos, sino en beneficio de los que los pusieron ahí. Hay que esperar a ver cómo empiezan a emitir sus sentencias, pero de entrada son resultado de una elección no apegada a la legalidad”, asegura.

Elección de baja calidad

El INE, afirma, era una institución que goza de prestigio y de la confianza de los ciudadanos, pero eso “se puede perder con este tipo de elecciones”, que en este caso fue una “elección de Estado” como las que eran norma en los tiempos del PRI.

Y el resultado de eso, asegura, es la altísima abstención.

La noche del 1 de junio, la presidenta calificó como “todo un éxito” las elecciones judiciales porque habían participado “ceca de 13 millones” de mexicanos.

Ese es un dato veraz, igual que otros reportados por el INE. Por ejemplo, los que indican que 86.8 millones de electores registrados decidieron no participar en esos comicios y que 2.9 millones de los acudieron a las urnas anularon las boletas o las dejaron en blanco.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rcomendó este viernes no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región, tras constatar múltiples problemas en el primer proceso de este tipo en México, en el que participaron apenas el 13 % de los electores.

En su informe preliminar, la misión afirmó que este modelo no tiene precedentes a nivel mundial y que lejos de fortalecer la justicia, podría debilitar su imparcialidad, independencia y eficacia.

“La Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, señala el documento, que también cuestiona la idoneidad de los perfiles de los candidatos, al no haberse aplicado exámenes estandarizados en los procesos de selección.

Esta elección fue resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, que estableció el voto popular como mecanismo de selección para jueces, magistrados y ministros en todo el país. “No existe precedente en el mundo en el que la totalidad de los jueces de un país sea elegida mediante sufragio universal”, subrayó la Misión.

En la elección se votó por nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 de Salas Regionales, cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito. Además, se llevaron a cabo elecciones judiciales locales en 19 estados y elecciones municipales ordinarias en Durango y Veracruz.

Los primeros resultados de la inédita elección judicial apunta a que el oficialismo controlará las principales instancias del nuevo Poder Judicial, con candidatos afines dominando los puestos en la Suprema Corte y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, señala el informe.

“La Misión tomó nota de que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresaron sus preocupaciones sobre la compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de independencia judicial”, consideró el reporte.

Para las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027, la OEA advirtió que podrían coincidir con los comicios en todo el país y, de no modificarse el calendario electoral, aumentaría el riesgo de influencias partidistas.

 

MOE Elecciones Judiciales -Informe Preliminar - OEA by Aristegui Noticias

Con la distribución masiva de los acordeones para la elección judicial, Morena logró imponer a la enorme mayoría de las y los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes serán la máxima autoridad en materia electoral del país. 

De acuerdo con los resultados de los Cómputos Distritales Judiciales 2025, con corte a las 20:00, se trata de 15 de 17 candidatas y candidatos a magistrados electorales que fueron favorecidos por los acordeones y que hoy se perfilan para ser las y los ganadores tras las elecciones del pasado domingo 1 de junio. 

En la Sala Superior, con el 80.50 % de las actas computadas, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García apuntan para ser los nuevos magistrados que ocuparán los dos puestos vacantes de este órgano del Tribunal Electoral, favorecidos por los acordeones, durante ocho años, terminando su periodo hasta el 2033.

Con estos resultados, se robustece la mayoría de magistraturas de la Sala Superior afines al régimen, actualmente compuesta por la magistrada presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, quienes tienen clara afinidad con el gobierno y su partido.

Soto, de la Mata y Fuentes permanecerán en el máximo tribunal electoral hasta 2027, junto con los dos integrantes que han mantenido una postura distinta, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón. 

Así, un órgano que es la última instancia jurisdiccional en materia electoral, que conoce y resuelve de forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidatos, partidos políticos y demás actores políticos, se pintará de guinda.

En este caso, con el 54.56 % de las actas computadas, se perfilan para ganar 13 candidatos que también fueron promovidos masivamente mediante el uso del acordeón.

Con los datos de los Cómputos Distritales, que aún no son definitivos, destaca que sólo dos de las 15 magistraturas electas, una de la Sala Regional 2 y otra de la Regional 5, no eran candidaturas destacadas en los acordeones que Morena distribuyó en la página Poder Judicial 4T.

En la Sala Regional número uno, con cabecera en Guadalajara, las dos magistradas y el magistrado que adelantan en los votos son Rebeca Barrera Amador, Irina Graciela Cervantes Bravo y Sergio Arturo Guerrero Olvera, los tres venían en el acordeón.

En la Sala Regional número dos, con cabecera en Monterrey, las dos magistradas y el magistrado ganador son Maria Guadalupe Vazquez Orozco, Claudia Patricia de la Garza Ramos y Ernesto Camacho Ochoa. Tanto la primera como el último coinciden con los del acordeón. 

En la Sala Regional número tres, radicada en Xalapa, las dos magistradas y el magistrado que ganó son Roselia Bustillo Marín, Eva Barrientos Zepeda y José Antonio Troncoso Ávila, quienes igual aparecieron en los acordeones.

En la Sala Regional número cuatro, con sede en Ciudad de México, los ganadores fueron María Cecilia Guevara y Herrera, Ixel Mendoza Aragón y José Luis Ceballos Daza, quienes también estaban en los acordeones.

Finalmente, en la Sala Regional número cinco, de Toluca, las dos magistradas y el magistrado virtualmente electos  fueron Nereida Berenice Ávalos Vázquez, Marcela Elena Fernández Domínguez y Omar Hernández Esquivel. Los dos primeros también figuraron en los acordeones.

Prevén sentencias que favorezcan a Morena en las próximas elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) terminó de computar hoy las últimas de las 84 mil 266 actas de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que alcanzó la revisión del 100% de boletas –dos días después del plazo definido--; los resultados marcan una participación de 13.01%, una tasa de votos anulados o no utilizados de 22.8%, y confirman que Hugo Aguilar Ortiz será el presidente del máximo tribunal de justicia del país durante los próximos dos años, tras obtener el 5.3% de los votos. 

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.