Resulta poco probable que la Sala Superior apruebe el proyecto del magistrado cuando lo discuta: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha pronunciado en contra de las sanciones del INE, y la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF, ya tumbó un proyecto del magistrado Rodríguez que pretendía declarar la nulidad de la elección debido al reparto de acordeones.

En el caso del proyecto de resolución relativo a las sanciones del INE, Rodríguez contempla desechar unos recursos presentados por dos candidatas a jueza de distrito, quienes aparecieron en acordeones pero no resultaron electas, y a quienes el INE impuso una amonestación pública.

Este proyecto marca desde ahora la postura de Rodríguez respecto a la decisión del INE de sancionar –económicamente– a los ahora integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) que aparecieron en acordeones y fueron electos; esta determinación del árbitro electoral causó molestia en el gobierno y en Morena, donde se minimiza el papel de los acordeones en la votación y se asegura que la elección judicial fue “todo un éxito”.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, han insistido en el peso que??los acordeones tuvieron en los resultados de la elección.

Tanto el Consejo General del INE como la Sala Superior del TEPJF se han dividido respecto a las controversias que surgieron en el atropellado camino de la elección judicial, el cual culminó con una tasa de abstención de más del 87% durante los comicios del pasado 1º de junio.

En ambas instituciones, las presidentas –Guadalupe Taddei Zavala en el INE y Mónica Soto Fregoso, en el TEPJF-- impidieron las iniciativas que señalaban irregularidades o los múltiples problemas que derivaron de la implementación de la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la respuesta del Senado de la República especifican que desconocen el número de familiares de los juzgadores que asistieron al lugar rentado en el Hotel Sevilla Palace. 

Además, detallaron que los menús y bebidas que los familiares de los juzgadores consumieron dentro del hotel Sevilla Palace fueron pagadas con sus propios recursos.

“Costo de la renta del espacio del hotel Sevilla Place y horario” (Sic) 

“El horario de la renta del espacio fue de 9:00 Horas. Costo: $353,700.00

“En respuesta a la solicitud de información sobre el número de asistentes, no es de la competencia de esta unidad dicha información.

“Sobre los costos de los menús y bebidas, cada persona cubrió con sus propios recursos sus consumos dentro del hotel”, responden.

El 14 de agosto del 2025, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que el Senado de la República ocuparía un espacio alternativo para los acompañantes de las personas juzgadoras electas en la elección Judicial. 

El espacio que se dispuso para albergar a los familiares de las 881 personas juzgadoras que rindieron protesta el 1º de septiembre del 2025 fue el Hotel Sevilla Palace que se encuentra a unos metros de la sede del Senado de la República en Paseo de la Reforma.

El senador morenista detalló que esa medida es para que los familiares estén cerca y a unos pasos del Senado y pueda ser eso motivo de algo que es un “parteaguas” en la vida de la República: la selección por primera vez con voto directo de los juzgadores de México.

Otalora resaltó: “Los elementos indiciarios fuertes indican que las guías aparecieron en todo el territorio, ya que las notas periodísticas y las publicaciones en redes sociales dan cuenta de estos en las 32 entidades federativas, por lo cual su distribución fue generalizada y abarcó la totalidad del país”.

Como pruebas se ofrecieron 3,188 acordeones impresos aportados por la parte que promueve la nulidad. “Validar este proceso equivaldría a normalizar lo que democráticamente es inaceptable”, dijo Reyes Mondragón, quien puso énfasis en que el financiamiento para los acordeones no provino de los candidatos, únicos autorizados para ejercer recursos, por lo que de entrada son ilegales.

EN CONTRA DEL PROYECTO

Sin embargo, los otros tres magistrados: Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y la presidenta, Mónica Soto, minimizaron la existencia de estas guías y señalaron que el INE había permitido su uso con anterioridad, debido a la cantidad de nombres en las boletas.

Soto agregó que la nulidad de elección  no se sostiene. “La prueba de los hechos en que se basa la pretensión de nulidad debe ser suficientemente robusta para lograr invalidar una serie de actos concatenados que por mandato constitucional revisten una presunción de validez”. 

Es necesario, remarcó, que haya un cúmulo de pruebas que vayan más allá de “meros indicios aislados” sin valor probatorio pleno para sustentar la nulidad de la elección. Consideró que no hay pruebas de una irregularidad sistemática.  

Dijo que las pruebas aportadas para la nulidad no acreditan que los acordeones se hayan distribuido en las 32 entidades del país, además de que son más de 50 modelos diferentes de acordeones. 

Sin embargo, en la sesión se dio un momento ríspido, cuando Reyes Mondragón le entregó el modelo más repetido de acordeón a la presidenta Mónica Soto, indicando con una sonrisa que ese era el ejemplo ganador y preguntando si ella había votado con base en esa guía, por lo que Soto exigió respeto.

Desde 2001.

Siete de ellas han facturado 2 mil 883 millones 874 mil 603 pesos al sector público en la era de hegemonía morenista, de acuerdo con documentación pública. Estas son  Inmobiliaria Sylvia Marion, Comtec Import, Artes Gráficas de Olonne, Mica Impresores, Poliactive, Digitagama e Impresores en Offset y Serigrafía.

LOS CONTRATOS

Impresores en Offset y Serigrafía (Grupo Gama Impresores) acumuló ganancias por al menos 2 mil 797 millones 843 mil pesos en contratos del sector público. Consiguió la mayor parte de esa facturación con seis asignaciones de la Secretaría de Bienestar, relacionadas con servicios de impresiones para “promover y operar” los Programas del Bienestar.

Se trata de los contratos 411.213.33604.116/2020, por 442 mil 653 millones 436 mil pesos; 411.211.213.33604.083/2021, por 346 millones 758 mil 553 pesos; 411.213.33604.031/2022, por 165 millones 686 mil 137 pesos; 411.213.33604.026/2023, por 484 millones 37 mil 342 pesos; 411.213.33604.026/2024, por 495 millones 331 mil 180 pesos; y 411.201.33604l037/25, por 498 millones 206 mil 764 pesos.

Esos seis contratos suman 2 mil 432 millones 663 mil 413 pesos, el 86.94% de la facturación de Impresores en Offset y Serigrafía, y el 84.35% de los 2 mil 883 millones 874 mil 603 pesos.

El resto de la facturación se distribuye entre Comtec Imports, que facturó a la paraestatal Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), 58 millones 287 pesos; la inmobiliaria Sylvia Marion, que obtuvo 28 millones 547 mil pesos de Fonatur, ayuntamientos mexiquenses y alcaldías capitalinas.

Artes Gráficas de Olonne, que recibió asignaciones por 27 millones 373 mil pesos, de Fonatur, Secretaría de Salud y IEPSA: Mica Impresores, que sólo obtuvo un contrato por 3 millones 249 mil 985 pesos de Fonatur; Digitagama apenas consiguió dos contratos por 260 mil pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Poliactive, que recibió 82 mil 444 pesos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CONTROVERTIDA TRAYECTORIA

Aunque en su sitio web señalan que iniciaron actividades en 1994, Impresores en Offset y Serigrafía fue registrada ante el notario Joaquín Talavera el 13 de marzo de 2001, tres meses después de que arrancara el gobierno de AMLO en la capital del país, el 5 de diciembre de 2000.  

Comenzaron a operar en una bodega de 1,900 metros cuadrados del Barrio de San Miguel, en la colonia, de la entonces delegación Iztacalco.

Se trataba de una empresa familiar conformada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, Lucía Carmenza Mondragón de la Garza, el académico Miguel Ángel Mondragón Rubiano y Lorena Gabriela Matencio Cervantes. 

De acuerdo con el acta constitutiva, cada uno aportó 2 mil pesos. 

Pero la familia ya estaba ligada a Inmobiliaria Sylvia Marion (1991), que para 2006 tenía como accionistas a Carlos Javier Mondragón de la Garza, Jasia Chelminsky Polak, Samuel Shulter Goldstein y Sergio Abush Torton. Para 2014 sólo quedaban Carlos Javier Mondragón de la Garza y Miguel Ángel Mondragón Rubiano.

También le antecede, en el grupo familiar, Inmobiliaria Mondragón y Asociados, registrada en 2008, pero en cuya acta se consigna que fue creada 16 años atrás, en 1992. Se consigna como socios a Miguel Ángel Mondragón Rubiano y a Edgar Bernardo Mondragón de la Garza.  

En 2014, Impresores en Offset y Serigrafía apareció como impresor del órgano de difusión “Regeneración”, en denuncias por actos anticipados de campaña ante autoridades electorales contra PRD, PT, y MC, que en 2012  postularon a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia a través de la coalición “Movimiento Progresista”.

De acuerdo con versiones de prensa, la empresa continuó facturando al movimiento político de AMLO cuando se transformó en Morena. En 2021 fue publicada información sobre un contrato de la empresa en cuestión por siete millones de pesos con ese partido político.

COMPULSIVA EXPANSIÓN

Las otras 16 empresas  ligadas a la familia Mondragón, de acuerdo con los datos anotados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, son:

Soluciones Integrales en Impresión (2001), constituida por Carlos Javier y Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, Papelería Sarel, e Impresores en Offset y Serigrafía, para “promover la integración organizada por unidades económicas preferentemente de escala micro, pequeña y mediana, cuyo principal objeto sea comercializacion de todo tipo de impresos folletos y papelería, servicio de fotocopiado etc.”.

Servicios Industriales en Mercadotecnia (2001), fundada por Gloria Judith Martínez Bejarano, Sonia María Milán Calderón, Omar Alejandro Sandoval Soto, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, con el giro de “publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas y comunicación en general”.

Comercializadora TYR (2001), registrada por Gloria Judith Martínez Bejarano, Sonia María Milán Calderón, Omar Alejandro Sandoval Soto, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, orientada a la edición  de libros, revistas, y materiales audiovisuales.

Gama Impresores del Golfo (2003), creada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Manuel Gabriel Arvizu Llano, con Sergio Gerardo Buenrostro Romero en el consejo de vigilancia. Registraron como objeto: “el diseño, creación, edición, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, de toda clase de artículos publicitarios”.

Gama Flexografía (2003), instituida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Miguel Ángel Velasco Speare y Miguel Ángel Lara Morales, con el giro de “diseño, creación, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros (…) de artículos publicitarios”.

Digitagama (2004), puesta en marcha por Carlos Javier y Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, con el objeto de ejecutar “el diseño, creación, edición, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, de toda clase de artículos publicitarios”. El órgano de vigilancia quedó en manos de Fernando Von Roerich de la Isla.

Equipo y Maquinaria  Ligera del Sureste (2007), conforama por Lucía Carmenza Mondragón de la Garza, Luis Eduardo Pérez Martínez, Gerardo Adrián Lozada Rodríguez, Arturo Lozada Díaz, Víctor Estuardo Herrera Prado, Janet Paola Canto García y Luis Eduardo Pérez Martínez

Gama Origina (2007), establecida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Lucía Carmenza Mondragón de la Garza y  Daniel Vega Niño, para “la compra venta, diseño, desarrollo, construccion, fabricacion, implementación, mantenimiento, produccion, distribucion, importacion, exportacion y representacion ya sea por cuenta propia o de terceros de: la prestación de servicios y asesoría profesional en el área de proceso de mercadotecnia, publicidad, procesos creativos, diseño gráfico, desarrollo de nuevos productos, etcétera”.

Avantplast de México (2008), formada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Mauricio Pedraza Cuevas, “ la compra venta importacion exportacion reparacion distribucion fabricacion elaboracion comercializacion arrendamiento y subarrendamiento en cualquier forma por cuenta propia o ajena de toda clase de articulos y mercancias nacionales o extranjeras”.

Comtec Imports (2010), fundada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Juan Girard Buylla, con el giro de “comercio en general, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, la consignación, producción, compra, venta, distribución, transportación, representación, comercialización, importación y exportación de todo tipo de artículos, mercancías y bienes muebles”.

M. Producciones Guerreros Films (2012), constituida por Aldo Arturo Muñoz Gama, José de Jesús Muñoz Atilano, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, con el giro de “producción, realización, dirección, comercialización, edición, promoción y difusión de toda clase de películas cinematográficas, cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, documentales, noticieros, comerciales, grabaciones en video-tape y en cualquier medio conocido o que se invente, videos corporativos, videos promocionales, series de televisión y radio o de cualquier medio de difusión, en cualquier formato, así como de todo tipo de obras de teatro, y de eventos musicales, sociales y culturales”.

Hasta la fecha se encuentra en el registro de productores de la Ciudad de México.

Proliactive (2012), creada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Edson Jair Flores López y Jorge Hernández Castillo, para la “confección de prendas de vestir y similares”.

MG Producciones Gráficas (2014), dedicada a la comercialización de insumos para la industria de las artes gráficas. Fue constituida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Eduardo Alfredo Galaviz Benítez y Julio Alberto Tapia Vázquez,

Artes Gráficas Olonne (2017), fundada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Claudia Girard Buya, con el giro de “compra venta, importación, exportación, fabricación, maquila, impresión, bordado, distribución y comercio en general de toda clase de artículos deportivos, calzado, ropa, textiles, artículos publicitarios y mercancías en general”, así como a la “la comercialización de toda clase de insumos para las artes gráficas”.

Mica Impresores (2021), registrada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Miguel Ángel Ortiz Beltrán, y orientada a “la compra, venta, enajenación, importación y/o exportación de insumos y materias químicas necesarias para la elaboración de productos farmacéuticos, productos nutricionales y alimenticios; la elaboración, transformación y, en general, la comercialización de productos apropiados para envasar o envolver a los antes mencionados, con el fin de distribuirlos en todo el territorio mexicano y en el exterior”.

Quintum-M Inmobiliaria (2021), fraccionadora y urbanizadora, instaurada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Paula Renata y Eugenio Mondragón Matencio.

“No obstante, este interés no fue correlativo con la participación ciudadana que observamos”, señaló la consejera Dania Ravel. 

Y es que el INE finalmente validó 170 mil 360 acreditaciones, una cifra más de cinco veces mayor al número de acreditaciones emitidas para la supervisión de las elecciones presidenciales de 2018 –en las que Andrés Manuel López Obrador triunfó ante el PRI--, y seis veces más importante que el de los comicios de 2024, de las que Claudia Sheinbaum Pardo salió ganadora. 

En las elecciones de 2018 y 2024, la tasa de participación rebasó el 60%, por lo que movilizaron cinco veces más votantes que las elecciones judiciales del pasado 1º de junio, en las que 87% de los mexicanos prefirieron no salir a votar. Existe, pues una desproporción entre el desinterés ciudadano y el alto número de solicitudes para ser observadores electorales. 

Aparte, el INE rechazó 143 mil 688 solicitudes, tras determinar que no cumplían para ser observadores electorales; de este número, 47 mil 612 solicitudes fueron descartadas porque las personas eran militantes de partidos políticos o servidores públicos relacionados con programas sociales, en un proceso electoral en el que los partidos políticos y los servidores públicos tenían prohibido involucrarse. 

No solo esto: según la consejera Ravel, de los 170 mil acreditados, apenas 4 mil 583 enviaron informes al INE para dar cuenta de sus observaciones. Entre las irregularidades detectadas destacan “la utilización de acordeones, así como la participación de figuras como funcionariado de mesa directiva de casilla, así como representantes de partidos políticos y funcionarios públicos, induciendo el voto adentro y fuera de la casilla. 

“Llama particularmente la atención que se hable de representantes de partidos políticos cuando en esta elección expresamente no pudieron estar en las casillas”, señaló Ravel, quien fue respaldada por la consejera Claudia Zavala momentos más tarde: “otros ojos, no los del INE, hicieron referencia a la utilización de los acordeones, pero también a participación de personas que no estaban autorizadas a participar en una casilla”. 

Después de la discusión en torno a los informes finales, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala resaltó el éxito de la elección judicial, aseveró que el INE estuvo “a la altura para el desarrollo democrático en México” y destacó los 170 mil observadores electorales como une muestra del “alto interés” de la ciudadanía hacia una elección en la que 13% fue a votar.

“Esto va a ser drástico. Es la renovación más grande del Poder Judicial en un solo día en la historia del país, casi 900 puestos federales y casi dos mil locales se sometieron a votación popular en 2025, y aunque la elección popular de jueces no es por sí mismo contraria al derecho internacional, la velocidad y escala de la reforma judicial en México, junto con el tradicional sistema de ingreso por méritos (carrera judicial), que ahora se ha descartado, crea un riesgo de que las decisiones judiciales se alineen con demandas populares o con intereses políticos en lugar de principios legales”, dice.

El 3 de junio último, Satterthwaite envió una carta al gobierno mexicano en la que expresó su preocupación sobre las irregularidades documentadas por organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y medios de comunicación, como la distribución de acordeones, la opacidad en los comités de Evaluación, la inclusión de candidatos con posibles vínculos con la delincuencia organizada, etcétera.

En la misiva emitió diversas recomendaciones para evitar incurrir en los mismos vicios en las futuras elecciones judiciales de 2027 en las que, además de terminar de elegir a 50% de los integrantes de los Poderes Judiciales del país, los ciudadanos elegirán a los nuevos diputados federales, renovarán Congresos locales y a los gobernadores de 17 entidades federativas.

Morenista presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial

Sara Leonor Estrella León presidirá el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán. Es la candidata que obtuvo el mayor número de votos, es decir, 121 mil 905 y también fue elegida para presidir este órgano.

“La presidencia será designada por dos años consecutivos por el voto mayoritario entre los miembros de dicho Tribunal, pudiendo ser ratificada por sus integrantes para continuar por un periodo más”, establece el artículo 70 constitucional. 

Es la jefa del Departamento de Compras dentro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Pero Sara Leonor Estrella León no sólo es funcionaria pública. 

También aparece en el padrón del partido Morena con fecha de afiliación al menos desde marzo de 2023, según la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Mirka Eli Sahuí Rivero obtuvo 112 mil 758 votos para ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Es hermana de Mauricio Sahuí Rivero, actual delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Yucatán, nombrado por el titular Octavio Romero Oropeza desde diciembre de 2024. 

En el Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán tres magistraturas serán para mujeres, según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. La tercera de ellas es actuaria en el Poder Judicial estatal, Landy Aimee Pino Barrera, quien obtuvo 115 mil 417 votos.

Mientras que los dos magistrados hombres son el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, con 109 mil 013 votos, y Mauricio José Cantón Dager, quien obtuvo 104 mil 225 sufragios y se ha desempeñado como coordinador y director legal en una empresa de bebidas.

Cinco de nueve integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán provienen del gobierno del morenista Joaquín Díaz Mena y uno más forma parte de la administración pública federal. Según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el criterio de paridad de género serán cinco mujeres y cuatro hombres. 

Por número de votos, al haber obtenido 119 mil 829, Erika Beatriz Torres López será la magistrada presidenta. 

“La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada dos años de manera rotatoria, asignándose a las magistraturas que obtengan el mayor número de votos en la elección correspondiente”, menciona el artículo 64 constitucional. 

Antes se desempeñaba como directora jurídica del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). Se trata de un organismo descentralizado encargado de apoyar la conservación y promoción del patrimonio histórico de Yucatán, así como de sus atractivos turísticos, en el que Erika Beatriz Torres López ha estado desde 2009, según su síntesis curricular.

Al haber obtenido 118 mil 779 votos, Carolina Muñoz Gasca será otra de las magistradas de este tribunal. En el Gobierno de Yucatán se desempeñó como subconsejera de Servicios Legales y Vinculación Institucional en la Consejería Jurídica, la cual forma parte del gabinete de Joaquín Díaz Mena.

Con 112 mil 251 sufragios, Jenny Mariana García Brito llegará al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, tras haber sido parte del Gobierno de ese estado. En marzo de 2025, fue nombrada directora de Casa Otoch, un centro de asistencia social para niñas, niños y adolescentes. 

De noviembre de 2024 a febrero de 2025, García Brito llevó la jefatura jurídica en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, según su currículum. Aunque los nombramientos no fueron hechos por Joaquín Díaz Mena, el desempeño de los cargos sí ocurrió durante su gobierno.

Gerardo Martín Chacón Tuyub también aparece en el directorio de funcionarios del Gobierno de Yucatán, pues es director de Asuntos Jurídicos e Investigación Administrativa en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con 115 mil 780 votos será magistrado. 

Hernán Jesús Vega Burgos obtuvo 115 mil 235 votos para ser magistrado. Según la PNT, en el Gobierno de Yucatán es titular de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, la cual forma parte de la Secretaría General de Gobierno en el gabinete de Joaquín Díaz Mena.

Además, Defensorxs advirtió que su candidatura era altamente riesgosa porque fue detenido por proteger a una red de trata y explotación sexual y fue denunciado por abusar sexualmente de dos mujeres costarricenses privadas de su libertad. Por estos hechos, sus cuentas bancarias fueron congeladas por autoridades federales y renunció a su puesto como delegado del Instituto Nacional de Migración. Recientemente, las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa por estar relacionado con estos delitos.

Roberto Alfonso Carrillo Granados será magistrado gracias a sus 111 mil 505 votos. Es encargado de la delegación Yucatán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Finalmente, con 112 mil 378 votos, Sofía Elena Cámara Gamboa será magistrada tras ser secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Claudia Crisol Antonio Mayor obtuvo 105 mil 924 para llegar a este órgano tras ser jueza de primera instancia; y Alan Jesús Hernández Conde, con 104 mil 693 votos, será magistrado tras desempeñarse como abogado en el despacho Hernández Conde.

Pese a lo anterior, el Pleno del CJF logró frenar el intento de mantener en sus cargos a estos juzgadores, al señalar que no se presentaron los dictámenes necesarios para tomar una decisión sobre la pertinencia de esta propuesta, que se dejó afuera a personas que habían solicitado su cambio por “situaciones extremas” y que incluso esta propuesta pasaba por alto lo establecido en la propia Constitución. 

La discusión en el CJF

No obstante, aunque se trata de una función ordinaria de dicha Comisión, que tras revisar estos asuntos por sus tres integrantes puede someterla a consideración del Pleno del CJF para su debate y aprobación, la normativa establece que estas propuestas deben ser acompañadas con un dictamen que justifique el cambio, acredite la experiencia de la persona y descarte conflictos de interés con información de diversas áreas del propio Consejo. 

La importancia del asunto radica en que las 87 personas que la Comisión de Adscripción buscaba reubicar son personas juzgadoras cuya plaza fue insaculada en la “tómbola” de 12 de octubre del 2024, para ocupar lugares de juzgadores cuya conclusión sería hasta el 2027, mismos que adelantaron su salida por no compartir la reforma judicial. 

En otras palabras, la intención era reubicar en las plazas vacantes a las y los juzgadores que perdieron sus plazas tras la aprobación de la reforma judicial, muchos de los cuales incluso participaron como candidatos en las pasadas elecciones y perdieron, por lo que también habían sido rechazados desde las casillas.

“Y lo importante es precisamente la discrecionalidad sospechosa de elegir 87 de 150 personas. Además de que lo que hacen va en contra del texto de la reforma y lo justifican en que así se garantiza mejor el acceso a la justicia con las personas juzgadoras de carrera”, señaló la magistrada Emilia Molina, quien también fue miembro del Comité de Evaluación del PJF, en entrevista con Animal Político. 

Situación confronta a consejeras

En una columna de opinión titulada Los acordeones del CJF: crónica de una votación sin dictamen, la consejera federal Lilia Mónica López Benítez relató parte de la sesión del Pleno del CJF en el que se rechazó la propuesta, pero que expuso tres problemas graves. 

El primero radicó en la falta de un dictamen técnico, necesario para desahogar este tipo de procedimientos, pues las 87 propuestas se enviaron con menos de 24 horas de anticipación y sin la documentación necesaria para evaluarlas. 

“En el escaso material remitido, se admitía que, debido a la premura y al elevado número de casos, no se incluían constancias de apoyo. Ante ello se solicitó retirar el punto para revisarlo una semana después, en cumplimiento de la regla interna que obliga a diferir cualquier asunto si así lo pide un integrante. No obstante, esta regla fue ignorada y, por mayoría, se nos obligó a votar a ciegas, lo que motivó el voto en contra de todas las propuestas”, señaló.

“Ya veremos con el (nuevo) Órgano de Administración Judicial (OAJ), ahora que llegue, qué podemos hacer al respecto, si ellos pueden compartir este punto de vista o seguimos con secretarios y en caso de que falte alguna experiencia se vaya apreciando en el transcurso del tiempo si es necesario darles cursos y actualizarlos”, señaló. 

En contraste, la magistrada María Emilia Molina asegura que el tema es que para cuando el OAJ entre en funciones estos juzgadores ya estarán sin el cargo. “¿Aun así los pondrían en funciones? ¿Serán capaces de “revivir” los nombramientos con tal de poner personas a modo?”. 

En la Constitución también quedó establecida que toda autoridad jurisdiccional deberá atenerse a la literalidad de la reforma, por lo que hay lugar a hacer interpretaciones que “pretendan inaplicar, suspender, modificar” sus términos o su vigencia, mientras que señala que OAJ adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre de 2025.