Hoy se cumplen 16 años del incendio en la Guardería ABC que mató a 49 niños y dejó un número indeterminado de lesionados. El caso de la instancia infantil, que estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es un ejemplo más de impunidad: durante estos años los sentenciados pasaron de 22 a sólo nueve, y las penas de cárcel impuestas, que como mínimo eran de 20 años, quedaron en menos de seis años.
Por si fuera poco, sólo una persona se encuentra en prisión por esos hechos.
Todo comenzó el 5 de junio de 2009 cuando a las 14:45 horas ocurrió un incendio en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Ahí se originó el fuego y migró hacia la guardería sin mayor obstáculo.
De acuerdo con los padres de las víctimas, las reducciones de los sentenciados y las penas de prisión fueron la decisión de un Tribunal Unitario, entre abril y mayo de 2022, derivada, a su vez, de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de 2021. La Corte determinó que hubo una responsabilidad “involuntaria” de varios de los imputados.
A su vez, en juzgados de Tijuana donde se desahogaban los procesos determinaron otorgar la competencia penal del Caso ABC a un tribunal especializado en la Ciudad de México, lo que representa un obstáculo para que madres y padres de los niños sigan el proceso y obtengan justicia.
Integrante del Movimiento 5 de Junio (M5J), Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, víctima directa del incendio, expresó su indignación:
“Han pasado casi 10 años hasta hoy desde 2016, fecha en que se dictó la primera sentencia. Hoy está una sentencia firme, pero yo no les creo porque ese amparo que presentaron los ya sentenciados, y que se resolvió en Tijuana para ver quién tenía la competencia para dictar las sentencias, es una táctica dilatoria del Poder Judicial con la defensa de estas personas.
Es algo que el Poder Judicial pudo haber resuelto de manera inmediata: Hoy sale que una parte (de las sentencias) las va a ejecutar la jueza primera de Distrito y que la cuestión penal se va a la Ciudad de México.
En ese sentido, la señora Patricia cuestiona: “¿Cómo nosotros, desde Hermosillo, Sonora, vamos a poder verificar que esas sentencias se cumplan en los juzgados de la CDMX? Nosotros lo vemos como una complicidad del Poder Judicial con estas personas. Son meramente tácticas dilatorias, marrullerías judiciales”.
El proceso en la Corte Interamericana
La impunidad y falta de justicia llevó a los padres de las víctimas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2014. El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró admisible el caso el 6 de junio de 2020.
El presidente del M5J, José Francisco García Quintana, padre de Andrés Alonso, explica que la CIDH mantiene su proceso en la etapa de “fondo”, para determinar si existieron violaciones que ameriten llevar el caso a la corte con sede en San José, Costa Rica.
“El Estado está aportando elementos. La administración anterior dijo: ‘Todavía no se resuelven, tengo muchas investigaciones contra las personas inculpadas’. Aún en 2020 el director del IMSS (Germán Martínez Cázares) y después Zoé Robledo ratificaron denuncias contra dos funcionarios como Carla Rochín (excoordinadora de guarderías) y el que era de Prestaciones Económicas en 2009. Y eso es lo que han dado como respuesta (a la CIDH) en los últimos comunicados en esta etapa de fondo”, refirió José Francisco García.
Agregó que la CIDH “está llamando a cuentas al Estado” y que éste se está lavando las manos justificándose con el hecho de que mantiene investigaciones internas abiertas, lo mismo que carpetas ministeriales contra Rochín y el otro exfuncionario del IMSS.
Sobrevivientes no reconocidos
La pesadilla del caso ABC no sólo recala en los padres de familia cuyos niños murieron en la guardería, también en los papás y mamás cuyos pequeños sobrevivieron y padecen secuelas, pero que las autoridades nos los reconocen como víctimas.
“Fueron 82 sobrevivientes con afectaciones pulmonares. Tuvieron quemaduras externas, pero no fueron atendidos por el porcentaje (del daño) que se consideró en ese momento, pero quemadura es quemadura, interna o externa. Como sus lesiones no se vieron desde un inicio, no fueron reconocidos como víctimas, pese a que tienen dictámenes médicos elaborados por el IMSS y que se utilizaron para diagnosticar las lesiones de los fallecidos y de los que fueron reconocidos como víctimas.
“La diferencia es que tuvimos que poner un juicio en la Procuraduría Administrativa, y hasta la fecha no hemos logrado el reconocimiento como víctimas”, explica Fabiola Domínguez, madre de Laura Fernanda.
También integrante de Manos Unidas, otra de las organizaciones que exigen justicia por el Caso ABC, lamenta sobre la situación de Laura Fernanda: “En un futuro puede padecer una secuela más grande, como ha pasado con sobrevivientes del atentado terrorista del 11 S en Estados Unidos. Eso puede pasarles a nuestros hijos, Dios quiera que no, y el IMSS va a decir que las secuelas no fueron causadas por el incendio”.
En ese contexto, la señora Fabiola solicita al director general del Seguro Social, Zoé Robledo, no darles la espalda a las víctimas.
Llamados para la presidenta y el Poder Judicial
Los padres de familia del Caso ABC también denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR) ha influido para que se mantenga la impunidad.
“Todos los delitos que se cometen tanto ámbito local como federal tienen un periodo de vigencia o prescripción en el cual pueden ser sancionados. Y es algo que le decíamos en su momento al personal del IMSS y a otras autoridades de la fiscalía”, recordó García Quintana.
“Se lo hicimos a ver a Marisela Morales Ibáñez cuando era titular de la PGR cuando estaba como presidente Felipe Calderón y nos dijo que si no teníamos abogados, que si eran estúpidos nuestros abogados porque no iba a proceder ese sobreseimiento (relativo a algunas de las personas sentenciadas y ocasionado por la falta de vigencia de los delitos). La vimos en noviembre y en diciembre resolvieron el sobreseimiento”.
Por ello, Movimiento 5 de Junio lanzó exhortos para Claudia Sheinbaum y para el nuevo Poder Judicial.
“Esto es un llamado para que dejen de estar protegiendo a esas personas y que, de una vez por todas, se ejecuten las sentencias que ya están firmes. No vamos a permitir que sigan postergando el ingreso de los ya sentenciados a los penales, porque los vamos a estar denunciando”, dijo Patricia Duarte
Una vez más el Poder Judicial demuestra que está del lado de la gente que puede pagar la justicia en México, no de la mayoría.
Sentencias reducidas
Estos son los sentenciados del Caso ABC y sus condenas vigentes son las siguientes:
- Sandra Lucía Téllez Nieves, dueña de la estancia infantil, con cinco años y siete meses de cárcel. Tiene vigente una orden de reaprehensión con fecha febrero de 2022.
- Antonio Salido Suárez, dueño de la estancia infantil, con cinco años y siete meses de prisión.
- Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil municipal, con cinco años y siete meses. Tiene orden de reaprehensión desde junio de 2023.
- Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora, con cinco años y siete meses. Él purgó su condena en su domicilio en Jalisco.
- Fausto Salazar Gómez, exdirector de Recaudación de la Secretaría de Hacienda en Sonora, con cinco años y siete meses.
- Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Recaudación, con cuatro años y nueve meses.
- Martín Francisco Lugo Portillo, jefe del Departamento de Bomberos, con cinco años y siete meses.
- Arturo Dávila Pacheco, segundo comandante del Departamento de Bomberos, cinco años y siete meses.
- Jorge Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda, cuatro años y nueve meses.
- Sólo Noemí López Sánchez, excoordinadora delegacional de Guarderías y exjefa del Departamento de Guarderías del IMSS Sonora, está sentenciada con ocho años y diez meses. Ella se internó voluntariamente en prisión desde junio del año pasado.
