La normalidad de la mañana de aquel martes 22 de junio del 2004 se volvió desgarradora cuando empezó a circular de manera extraoficial, la información del homicidio del editor de ZETA, Francisco Ortiz Franco. Tomaron su vida impunemente frente a sus dos menores hijos.

Primero, la defensa del cerebro que se niega a creer que una horda de criminales, traficantes, envenenadores, repulsivos, le quitaran la vida a un hombre justo, tranquilo, íntegro y ecuánime sin afanes protagónicos, al compañero periodista, al editor, al maestro.

Inmediatamente después, el golpe de realidad que derrumba, que ahoga, mientras se tiene la extraña sensación de que las manos de la muerte oprimen dolorosamente el corazón y el pecho.

Luego la furia, la impotencia frente a los augurios de injusticia. Ortiz Franco fue asesinado a plena luz de día, a 300 metros de las oficinas principales de la Fiscalía General del Estado, pero nadie fue detenido. La camioneta de los homicidas la abandonaron en la misma vialidad donde cometieron el homicidio, apenas unas cuadras rumbo al este, pero, aun así, tardaron muchas horas en encontrarla.

Las primeras investigaciones determinaron tres hipótesis, que no se excluían una a la otra, porque en todos los casos los sicarios estaban ligados al Cártel Arellano Félix. Pero después de 21 años sin que los responsables hayan sido detenidos, juzgados y sentenciados, evidencian que las fiscalías, estatal y federal, decidieron no avanzar.

En la primera hipótesis, se indicaba que el traficante Arturo Villarreal Heredia -detenido junto a Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, el 14 de agosto de 2006 y procesado en Estados Unidos- ordenó su muerte, después que el licenciado Ortiz Franco exhibió las relaciones del gobierno con el cártel, al publicar en un reportaje las caras de 71 sicarios del CAF, a los que les dieron credenciales oficiales como agentes ministeriales de la PGJE de Baja California.

La segunda era por el mismo motivo, pero involucraba como autores materiales a agentes ministeriales del estado, con pistoleros de los Zetas, y sicarios del Barrio Logan en California. En la tercera los matones también eran del CAF, pero el móvil era la revisión que Ortiz Franco estaba haciendo de la carpeta de investigación por el homicidio del codirector de ZETA, Héctor Félix que involucraba a Jorge Hank Rhon.

Este sábado 22 de junio se cumplirán 21 años de la tragedia, y la respuesta de los gobiernos y sus fiscalías continúa siendo el irresponsable silencio.

En este contexto, Francisco no sólo fue víctima de los asesinos materiales e intelectuales del CAF que lo privaron de la vida. Muerto, las autoridades estatales y federales decidieron revictimizarlo con la ausencia de justicia. Y esta impunidad alcanza a las otras víctimas, su familia, Gabriela su viuda y sus tres hijos hoy adultos con vidas hechas, quienes también han sido expuestos al desdén gubernamental.

Hace cuatro años, el 15 de febrero del 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la familia Ortiz enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informando su “voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa” con el Estado Mexicano para la reparación del daño sufrido por la familia.

En aquel momento, la CIDH remitió un comunicado al Gobierno Federal, informando que había decidido “ponerse a disposición de ambas partes con miras a alcanzar una solución amistosa” y solicitó a la Federación “tenga a bien manifestar, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, si tiene interés en iniciar el procedimiento”. Cuatro años y cuatro meses después, el Estado continúa sin responder.

Sin la participación del gobierno, el 20 de febrero de 2025, la CIDH informó “que el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo”, los que únicamente significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto “con base en la información disponible en el expediente”.

Ante el evidente desaire del Gobierno Federal, se le preguntó a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), si han explorado algún otro camino para buscar el resarcimiento del daño; el representante de periodistas explicó que si la CIDH emite un informe con recomendaciones al Estado y éstas no se cumplen en un plazo razonable, la Comisión podría decidir, someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así las cosas. Después de 21 años, la indolencia del gobierno continúa ampliando, extendiendo, el camino de impunidad que la familia sigue recorriendo.

Por eso, de nuevo, como se ha hecho de manera permanente desde el año 2004, esta casa editora exige a los gobierno y fiscalías estatal y federal, que continúen la carpeta de investigación que irresponsablemente mantienen abandonada; que identifiquen a los autores materiales e intelectuales, los procesen, que los castiguen. Y cumplan con su obligación de atender a la familia Ortiz con el respeto que merecen todas las víctimas.