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BC, mujeres empoderadas sin sororidad

Mujeres del poder de Baja California dejan sola a víctima que denuncia abuso sexual de Erik Morales, exsecretario de Bienestar en Tijuana

En su lucha para alcanzar candidatura de elección popular y puestos directivos de los tres órdenes de gobierno, las mujeres de la política mexicana pugnaron y, tras muchos años, lograron que los partidos de un país machista aprobaran leyes que los obligaran a designaciones y asignaciones de cargos públicos con paridad de género.

Aunque estas reformas no garantizaron la llegada de las mejores mujeres afiliadas a las instituciones políticas, porque las conexiones partidistas siguen siendo determinantes, es innegable que los cambios representaron un importante avance.

Algunos de los argumentos público-sociales esgrimidos para lograr esta paridad, y los nombramientos de damas en importantes áreas de la administración pública, han sido que las mujeres son más honestas, sensibles y sororas. El tema aquí es que ningún estudio ha probado que estos rasgos sean inherentes a la biología del sexo femenino, porque son temas de personalidad, educación, formación y valores.

Y hoy, en Tijuana, Baja California, se está viviendo un ejemplo de que aún con muchas mujeres en puestos claves de poder, las víctimas femeninas continúan padeciendo la ausencia de solidaridad.

El 11 de julio del 2025, se hizo pública la salida de Erik Isaac Morales Elvira de la titularidad de la Secretaría de Bienestar del XXV Ayuntamiento de Tijuana, después que una muchacha en sus temprano 20 lo denunciara el 10 de julio, y relatara cómo el día 4 del mismo mes, ese hombre de 48 años, muchos kilos, 1.73 metros de estatura y entrenamiento de box, siendo superior jerárquico, la encerró en su oficina, privándola de la libertad y la abusó.

La joven, apoyada por psicólogos, hizo una descripción descarnada de cómo el funcionario la llamó a su oficina con motivo de trabajo, y después le manoseó incluyendo sus zonas íntimas, la besó por donde pudo, se le friccionó y la estrelló de manera soez y agresiva, a pesar de que ella lo rechazó de viva voz; le dijo que por favor se detuviera, y que no lo hiciera.

Cierto es que una denuncia no significa culpabilidad y el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en cuanto a la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Tampoco se trata de linchar al exfuncionario y exboxeador identificado como El Terrible Morales, aunque antes, en enero de 2024, él ya había tenido otra denuncia por otro delito similar, y esa carpeta sigue sin resolverse después de 18 meses.

Pero lo que hicieron el puñado de mujeres empoderadas en Baja California y adheridas a los gobiernos locales fue dejar sola a la víctima veinteañera y generarle un vacío. Todas se quedaron calladas, como si la causa de la joven no fuera parte de sus obligaciones y estuviera en contra de sus intereses.

El 14 de julio, tres días después que se hiciera pública la salida de Morales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda -quien junto con su esposo Carlos Torres, promovió al expugilista como precandidato a la alcaldía de Tijuana, pero fue superado por el actual presidente municipal Ismael Burgueño, a quien la mandataria terminó imponiéndole al Terrible como funcionario-, fue cuestionada respecto al tema de su otrora protegido;  respondió simplemente que no sabía de las denuncias y luego, a pesar del evidente desinterés, se atrevió a repetir su acostumbrada línea de “nuestro apoyo siempre a las mujeres”.

Caso similar el de Candelaria Aracely Márquez Peña, titular del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) en el Ayuntamiento de Tijuana: no buscaron a la víctima para brindarle apoyo, ni le ofrecieron otro tipo de soporte en lo público o lo privado, y cuando se le preguntó por la denuncia el día 14, también dijo: “No tenemos conocimiento de eso”, y se dio la vuelta evitando responder más preguntas del tema.

Teresita Balderas Beltrán, Síndico Municipal tijuanenses que recibió la denuncia el 10 de julio, tardó seis días en dar la cara y lo hizo a través de un boletín publicado en redes sociales: “Ante las denuncias que recibimos en contra de un funcionario del Gobierno Municipal actuamos con transparencia y estricto apego a legalidad atendiendo con perspectiva de género y cuidando en todo momento la integridad y los derechos de la persona denunciante. Nuestro compromiso en claro: actuar con firmeza y sensibilidad ante situaciones que vulneren la dignidad humana. En este gobierno, la justicia y el respeto a los derechos de las mujeres son principios irrenunciables”, concluyó el comunicado.

De las otras damas del poder no se supo nada: ni de la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez; ni de Hortensia Noriega León, fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; tampoco Mónica Vargas Núñez, titular del Instituto de la Mujer del Estado de Baja California (INMUJER); o de Magdalena Bautista Ramírez, directora del Centro de Justicia para las Mujeres; menos de Dunnia Montserrat Murillo López, presidente de la mesa directiva de la XXV Legislatura de Baja California; y de Rosina del Villar, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, partido al que ha representado Morales Elvira como diputado federal, funcionario estatal, precandidato a la alcaldía de Tijuana y secretario de Bienestar municipal.

Son tantas mujeres acomodadas en puestos públicos, con buenos sueldos, que tienen la consigna y obligación de proteger a las víctimas femeninas, y al final, en medio de la crisis, tan poco apoyo y tan grande la sensación de indefensión.

PD.- Los hombres del poder no reaccionaron mejor: intolerable y vergonzante el silencio del alcalde Ismael Burgueño y del secretario general Arnulfo Guerrero, ambos responsables de las relaciones y las políticas del Ayuntamiento.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Denuncian a un periodista cada tres semanas en México; litigios buscan restringir libertad de expresión, advierte Artículo 19

Entre el último año del sexenio de AMLO y los primeros dos meses del de Sheinbaum se registraron 21 denuncias contra periodistas que incluyen demandas por daño moral y por violencia política de género, de acuerdo con un informe de Artículo 19.

Una jueza en Campeche ordenó que el medio Tribuna de Campeche cuente con un censor oficial y que el periodista Jorge Luis González Valdez sea supervisado en sus coberturas, como parte de medidas cautelares en un proceso penal por presunta incitación al odio tras publicaciones sobre la gobernadora Layda Sansores.

Estas medidas han sido rechazadas por González Valdez, quien sostiene que constituyen una forma de censura.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, consideró en entrevista con Animal Político, como te contamos en esta nota, que estas medidas son un exceso y ponen en riesgo la libertad de expresión tanto en Campeche como en el país.

“No tiene ninguna base, es una aberración jurídica, es un ataque directo a la Constitución por parte de esta jueza. Y evidentemente eso pues tiene que ser revertido de inmediato por parte de los tribunales federales en el caso de que acuda al juicio de amparo”, dijo Maldonado.

Sin embargo, el caso entre Sansores y Valdez no es el único en el que se han utilizado denuncias penales contra periodistas como mecanismos para restringir la libertad de expresión.

Desde 2018 se han documentado 158 casos de acoso judicial contra periodistas, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19. La organización señala que los procedimientos judiciales son utilizados como mecanismos para restringir la libertad de expresión.

En el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron 21 casos de denuncias en contra de periodistas, que incluyen litigios con demandas por daño moral y acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticos, según el informe “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información” de Artículo 19.

En promedio en 2024 se inició un proceso contra periodistas cada tres semanas. “El 28.57% de estas denuncias sucedieron en el marco electoral por violencia política de género”, indica el documento. Seis de éstos fueron por denuncias de presunta violencia política de género en contra de candidatas a un cargo de elección popular. “Lo que implica que las candidatas que hicieron estas denuncias hayan aprovechado esta medida para proteger intereses propios”, aseguró la organización en el informe.

En mayo de este año se dio un caso similar que afectó al periodista Héctor de Mauleón. La entonces candidata al Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras, denunció violencia política en razón de género y calumnia, por una columna de opinión en la que Mauleón denunció que Contreras mantenía nexos con una red de corrupción. 

Ante estas acusaciones, el tribunal local ordenó al periodista abstenerse de escribir sobre ella, además de su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Contreras será magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó su elegibilidad y triunfo tras desechar las impugnaciones del PAN y una ciudadana.

Sin embargo, las denuncias contra periodistas no se limitan a las presentadas por autoridades, ya que particulares también han acudido a las fiscalías para promover investigaciones contra comunicadores que consideran incómodos.

El caso más conocido de este hostigamiento fue cuando Grupo Salinas y Banco Azteca interpusieron una denuncia en contra de 20 usuarios de la red social X, entre ellos había periodistas y comunicadores que cubrían el desempeño empresarial del conglomerado. Los procesos judiciales fueron iniciados por una presunta “campaña de desprestigio y terrorismo financiero”.


En un caso similar entre los promovidos por particulares, el 15 de enero de 2025 Animal Político fue notificado de que el medio y una de sus periodistas habían sido demandados por la vía civil por un ginecobstetra prófugo de la justicia que ha sido señalado por más de 30 mujeres.

La historia, enmarcada en la problemática generalizada de violencia obstétrica, fue publicada por el medio desde marzo de 2023, y condujo a la formación del colectivo Con Ovarios, que presentó diversas denuncias penales contra el médico.

Ante la demanda civil que él promovió contra el medio y la periodista, la jueza Ana Mercedes Medina Guerra, del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, favoreció al denunciante quien tiene una orden de aprehensión activa desde diciembre de 2024, concediéndole medidas cautelares que impiden a este medio seguir publicando sobre el caso. Organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en el sentido de que se trata de un caso más de acoso judicial con fines de censura previa.

Periodistas sufren agresiones, pero no denuncian

En contraste, pese a que las agresiones contra periodistas no cesan, solo uno de cada tres presenta una denuncia ante una fiscalía estatal o federal, según otro informe, también de Artículo 19, titulado “Derechos pendientes”, publicado en 2024.

Lo anterior responde a que son las propias autoridades públicas las que en el 45 % de los casos cometen agresiones físicas contra las y los periodistas, también de acuerdo con el mismo informe.

Solo en 2024 se documentaron 639 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, de los cuales 287 (que representan el 44.91 %) fueron ordenados directamente por funcionarios públicos, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas; 145 casos (22.70 %) fueron ordenados por particulares; seguido de partidos políticos con 28 agresiones (4.38 %) e integrantes del crimen organizado con 21 casos (3.29 %). Los 158 casos restantes no pudieron ser corroborados. 

Además, existe una gran desconfianza en las autoridades. El 84.77 % de casos de violencia llevados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), permanecen en impunidad.

Esto en un contexto en el que los funcionarios públicos, incluidos alcaldes, policías y miembros del Poder Judicial, son señalados por sus presuntos vínculos directos con las organizaciones delictivas, lo que facilita que los crímenes en contra de periodistas permanezcan impunes y que cada vez sean menos denunciados, dice el informe.

Además, se tiene registro de 47 periodistas asesinados y 31 desaparecidos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con el gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han registrado al menos 10 asesinatos de periodistas desde octubre de 2024 hasta abril pasado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES.

El Grupo Texcoco gana la elección judicial en Edomex; candidatos ligados a Delfina Gómez presidirán el Tribunal Superior

El grupo político del que surgió la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, colocó a dos de las tres personas que presidirán el Tribunal Superior de Justicia durante los seis años siguientes.

La presidencia rotativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México recaerá en dos juristas de Texcoco, paisanos de la gobernadora Delfina Gómez; uno de ellos, impulsado en los “acordeones” repartidos en la entidad y otro ligado al obradorismo; además, de una magistrada cercana a la mandataria.

El próximo presidente del máximo órgano del Poder Judicial en la entidad, que asumirá el cargo en septiembre y estará ahí hasta 2027, es Héctor Macedo García, originario de Texcoco, quien ganó la elección judicial con 272 mil 98 votos, cuyo número de candidatura fue colocado en los “acordeones” difundidos en la entidad.

El triunfo de Macedo García como presidente del Tribunal corresponde a las indicaciones señaladas en los acordeones difundidos tanto en el municipio de donde es oriunda la gobernadora Delfina Gómez, como en otras localidades.

En Texcoco, se trató de “acordeones” digitales elaborados por el propio ayuntamiento gobernado por el morenista Nazario Gutiérrez Martínez —de acuerdo con testimonios recabados el día de la jornada electoral en la localidad—, que guiaron la votación a favor del hoy presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien contendió con el número 08.

La candidatura número 08 de Héctor Macedo García también se encontró como la indicación de voto en “acordeones” impresos repartidos en otros municipios mexiquenses, como Valle de Bravo y Temascaltepec.

El máximo tribunal del Estado de México tendrá una presidencia rotativa con alternancia de género y dos años de duración, en función de las candidaturas que hayan obtenido más votos.

La siguiente magistrada en ocupar la titularidad del TSJ es Erika Icela Castillo Vega, quien encabezará el organismo a partir de septiembre de 2027, tras haber obtenido el 10.4 % de las votaciones, por lo que será la primera mujer que presida este Tribunal.

La magistrada destacó su condición de género durante su campaña, con frases y referencias a la presidenta Claudia Sheinbaum y su movimiento político, a quien respaldó de forma pública en mensajes en redes sociales.

Castillo Vega ha manifestado su cercanía con la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, con quien suele tomarse selfies y a quien en su pasado cumpleaños felicitó con un mensaje en sus redes digitales.

“Mi querida Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez, celebro su vida y deseo desde el fondo de mi corazón, que continúe plena, feliz; colmada de éxitos y del cariño que sentimos por Usted los Mexiquenses. Feliz cumpleaños”.

Previo a la elección judicial, con la etiqueta “magistrada de territorio”, Erika Icela Castillo Vega presumió fotografías en sus redes sociales con la mandataria mexiquense, el secretario de Gobierno Horacio Duarte o el diputado morenista José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México.

El 9 de julio pasado, en el marco de la celebración del Día del Abogado, Castillo Vega también coincidió con otros candidatos ganadores cercanos a la llamada “Cuarta Transformación”, la ministra Lenia Batres y el magistrado mexiquense Luis Fernando Camacho Lupercio, en el Corporativo Internacional Universitario en Atlacomulco, Estado de México.

Otro magistrado texcocano y obradorista

A partir de 2029, la presidencia del TSJ en el Edomex recaerá en otro jurista de Texcoco, Luis Fernando Camacho Lupercio, ganador de una magistratura penal en las pasadas elecciones y del segundo lugar entre hombres contendientes por encabezar el máximo tribunal mexiquense, con 133 mil 129 (8.16 %).

Antes de la elección, el magistrado electo ha sido agente de ministerio público federal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la región Texcoco.

Defensor de la reforma judicial, durante su campaña, Camacho Lupercio hizo explícita su afinidad con el movimiento obradorista y la autollamada “Cuarta Transformación”. Frases como “Con el pueblo todo y sin el pueblo nada” no fueron extrañas en sus participaciones públicas y discursos. El magistrado también ha planteado la realización de “Mañaneras judiciales”.

Camacho Lupercio mostró su respaldo a magistrados electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificados con el gobierno federal, como Hugo Aguilar y Lenia Batres, con quien ha compartido eventos públicos luego de la elección judicial.

La presidencia del TSJ tendrá cuatro periodos de dos años cada uno, con alternancia de género, con la condición de que hayan ganado la elección de regional de magistraturas. Sin embargo, de las tres participantes mujeres, sólo la magistrada electa Erika Icela Castillo obtuvo triunfo regional, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México declaró vacante la presidencia del periodo 2031 a 2033.

‘Adelitas’ apapachan a presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial

La primera presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a las personas juzgadoras en la entidad, estará a cargo de la magistrada Maricela Reyes Hernández, respaldada por liderazgos locales del partido Morena en la entidad.

El pasado 6 de julio la magistrada electa participó en una gira de agradecimiento que realizó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres en el Estado de México, luego de la elección judicial. Fue recibida por parte de María Esther Rodríguez Hernández, coordinadora estatal de Las Adelitas, organización de mujeres morenistas que respaldaron también la campaña de la hoy gobernadora Delfina Gómez.

En la reunión también estuvo el magistrado penal electo en la entidad Luis Fernando Camacho Lupercio, afín al obradorismo.

De acuerdo con los criterios establecidos, la presidencia del organismo es rotativa, con alternancia de género, con base en las candidaturas con más votos, por lo que Reyes Hernández ocuparía el cargo debido a sus 345 mil 632 votos a su favor.

El 4 de septiembre, está programado que tome posesión de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia Maricela Reyes Hernández hasta 2027, cuando llegaría el turno de Jesús Ángel Cadena Alcalá por dos años más y posteriormente Karla Ivonne Díaz Iniesta.

La magistrada electa, sin embargo, podría ser relegada debido a una impugnación que existe en su contra, por realizar un tipo de “cierre de campaña”, durante una misa católica celebrada en un templo de Atizapán de Zaragoza, lo que podría derivar en la anulación de esos votos.

Jesús Ángel Cadena Alcala se sitúa en el segundo lugar, con sólo 107 votos menos que Reyes Hernández. El Tribunal Electoral local debe definir si se concreta la presidencia.

Cadena Alcalá cuenta con una carrera judicial. Fue secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aspiró sin éxito a una magistratura en la una Sala Regional del mismo Tribunal.

Karla Ivonne Díaz Iniesta, quien obtuvo el tercer lugar (332 mil 947 votos), y ocuparía la presidencia del nuevo órgano a partir de 2031, cuenta con una carrera dentro del Poder Judicial local y fue funcionaria en la Consejería Jurídica del gobierno estatal, en la supervisión de Oficialías del Registro Civil.

El cuarto magistrado es Alejandro Jaime Gómez Sánchez, exfiscal del Estado de México en los sexenios de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo. Pese a que sus 284 mil 171 resultan menores que algunas aspirantes mujeres al cargo, como Kenia Núñez Bautista ( 299 mil 575 votos), la paridad de género le permitió recibir la constancia de mayoría.

La quinta integrante del Tribunal es Nancy Flores Mendoza, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial durarán seis años en el cargo. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos obtenidos en la elección.

Comité del Poder Ejecutivo define a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial

Las cinco personas que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México fueron propuestas por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo, que a su vez estuvo conformado por dos funcionarios del gobierno estatal, dos académicas y una notaria pública.

Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de Delfina Gómez; Alberto Cervantes Juárez, director del Instituto de la Defensoría Pública, órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica del gobierno mexiquense; María José Bernáldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y  exaspirante a rectora de esa institución; la investigadora Fátima Esther Martínez Mejía, directora de la Red de Académicas Feministas, y Ana Cecilia Baltazar Reyes, titular de una notaría pública en Ocoyoacac.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

La Fiscalía de Sonora detiene a "El comanche", lugarteniente del Cártel de Sinaloa

Isaías Valentín “N”, integrante de un grupo criminal generador de violencia ligado a Los Chapitos, contaba con una ficha de búsqueda activa y se ofrecía una recompensa de un millón de pesos para dar con su paradero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer ayer que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) logró la captura de Isaías Valentín “N”, alias "El Comanche" y "El Cardenal", un hombre de 30 años considerado un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad del Estado, y señalado como lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

Valentín "N" estaría ligado a Los Cazadores, una célula criminal que trabajaba para Los Chapitos de dicho cártel hasta finales de 2023, por lo que figura como responsable de delitos de alto impacto en el municipio.
"En audiencia inicial ante el Juez se formuló imputación por el delito de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, en perjuicio de Massiel Adrián “N”, motivo por el cual se determinó prisión preventiva justificada mientras se realiza la continuación de audiencia de vinculación a proceso, prevista para el 23 de julio", explicó la Fiscalía.
La institución señaló que la detención ocurrió sobre el Camino del Seri y bulevar Quiroga, tras interceptar un vehículo Toyota Corolla color gris con placas de Baja California. De acuerdo con la Fiscalía, dichas características eran similares a las utilizadas en recientes hechos delictivos en los que sujetos armados se ostentaron como elementos de la AMIC para cometer secuestro.
En el sitio, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal confirmó la identidad del sujeto como Isaías Valentín “N”, originario de Culiacán, Sinaloa, e integrante de un grupo criminal generador de violencia.

El hombre cuenta con cuatro órdenes de aprehensión vigentes y una ficha de búsqueda activa con recompensa de un millón de pesos ofrecida por la FGJES.

Una orden de aprehensión en contra del presunto criminal, emitida el 22 de diciembre de 2023, comprende varios delitos de alto impacto, como desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.
"Así como por desaparición cometida por particulares agravada, con fecha de mandamiento del 27 de mayo de 2024; y desaparición cometida por particulares, con orden judicial emitida el 22 de septiembre de 2024", añadió.

Además, Valentín "N" está relacionado a tres asesinatos registrados en enero de 2024 al interior del bar Jakarta Clublife, en Hermosillo.

Después de su detención, el vehículo asegurado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación correspondiente a un hecho reciente ocurrido en la colonia Jerez del Valle, donde se reportó la privación ilegal de la libertad de dos personas por sujetos que se ostentaron como agentes ministeriales.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia, desarticulando estructuras delictivas generadoras de violencia", finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Localizan restos óseos en el rancho Medina, cerca de Teuchitlán, Jalisco

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que encontraron indicios de que el lugar era usado para desaparecer restos humanos por incineración.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que localizó restos óseos calcinados esparcidos en un terreno ubicado cerca del rancho Medina, en la población de San Ignacio Ojo de Agua, del municipio de Ahualulco del Mercado, Jalisco. También comunicaron que encontraron indicios de que el lugar era usado para desaparecer restos humanos por incineración; el sitio está rodeado de árboles quemados. 

"Localizamos un positivo, son restos óseos calcinados: se puede ver la mandíbula, los molares inferiores, un diente, partes de cráneos y múltiples casquillos esparcidos. Son varios crematorios, si observan los árboles, están quemados. Comentaban que aquí amarraban a las personas y hay muchos restos", detalló Indira Navarro desde el lugar del hallazgo.

"En Ahualulco, en la falda del cerro, localizamos muchos restos esparcidos por todos lados", informó Maribel, integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. 

La representante del colectivo, Indira Navarro Lugo, explicó que recibieron información anónima sobre la quema de cuerpos humanos en camas de troncos grandes o amarrados a árboles; en el sitio hay varios árboles calcinados. 

El colectivo llegó a este punto el pasado martes tras una denuncia anónima. Indicaron que recolectaron tres bolsas de mandado con restos óseos y solicitaron la presencia de las autoridades, que no se presentaron ese día. Indira Navarro ahora denuncia que no se sabe dónde están las bolsas con restos que recuperaron. 

"Hasta ahora se han ubicado dos puntos; son espacios amplios con muchos huesos esparcidos. Quemaban cuerpos en camas de troncos y leños grandes, de los cuales aún hay vestigios. Los mismos informantes explicaron el procedimiento. Mi inconformidad es ¿dónde están las bolsas de los restos recolectados por nosotros? No nos han dado una respuesta. Solo mencionan que encontraron más osamentas calcinadas y casquillos. Mi pregunta es ¿de qué se trata entonces? ¿Un depósito de huesos? Esos restos calcinados datan de hace unos cinco años, según las denuncias anónimas. No existen hornos como tales, pero ellos lo llaman quemaderos”, puntualizó este viernes Indira Navarro. 

El lugar del hallazgo está a tres kilómetros de San Ignacio y a siete kilómetros de la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, en las faldas del cerro de Cuauhtépetl. 

Indira Navarro también declaró que recibieron información de que la zona era un punto de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado. Cabe destacar que la distancia entre San Ignacio Ojo de Agua, en Ahualulco de Mercado, y Teuchitlán, donde se encuentra el rancho Izaguirre, es de 14.2 kilómetros. 

La Fiscalía del Estado de Jalisco se presentó a este punto hasta este jueves, realizó un operativo en Ahualulco de Mercado después de recibir el reporte del colectivo sobre el hallazgo de restos óseos; las autoridades comenzaron las investigaciones en la zona. 

Sin embargo, la Comisaría de Ahualulco del Mercado indicó que tras una inspección preliminar "no encontraron indicios de crematorios clandestinos" en el área, esto se añadió al comunicado que envió la dependencia estatal, mientras que el Fiscal General, Salvador González de los Santos, destacó "la importancia de esperar información detallada para proceder con las acciones de búsqueda adecuadas". 

Diversas dependencias estatales y federales, incluyendo la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Secretaría de Seguridad y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), junto con la Fiscalía del Estado, se movilizaron al lugar. Agentes ministeriales, con equipo tecnológico como drones y georadares, también fueron desplegados en las cercanías del rancho "Medina" en San Ignacio. 

Fosa Santa Cruz del Valle Tlajomulco

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco también continúa la revisión de otro punto de inhumación clandestina en Santa Cruz del Valle, Tlajomulco, donde descubrieron cinco lotes y extrajeron cuatro costales con restos óseos. 

En esta fosa encontraron huesos calcinados, piezas dentales y posibles indicios de un crematorio ilegal en una finca en obra negra y abandonada. 

"Se está cateando la casa de Santa Cruz del Valle, donde también están apareciendo muchos huesos calcinados", reportó Maribel, integrante del colectivo. 

La identificación de este lugar fue posible gracias a una denuncia anónima que guio a los activistas hasta el sitio.

VIDEOS:



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Un aspirante a la CAAAREM de parte de Adán Augusto en medio de polémica por Aduanas

El candidato favorecido por el adanismo es actual secretario de la CAAAREM, Claudio Silva Herzog Urrutia, quien ahora busca encabezar el principal organismo del gremio aduanal.

Una elección en el gremio aduanero conecta a dos escándalos de estos días: por un lado, el impulso del llamado “Grupo Juárez” que encabeza el senador Adán Augusto López Hernández; por el otro lado, la creciente polémica por el “huachicol fiscal” que en días pasados tuvo un decomiso récord. 

El candidato favorecido por el adanismo es actual secretario de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), Claudio Silva Herzog Urrutia, quien ahora busca encabezar el principal organismo del gremio aduanal, pese a los señalamientos por manejo irregular de recursos, pero con cercanía a las figuras del llamado “Grupo Juárez”.

En medio de la polémica por la importación de gasolina que se hace pasar por hidrocarburos, el llamado huachicol fiscal, el gremio se encuentra en el ojo público por su participación en dichas importaciones.  

En ese contexto, la elección interna de la CAAAREM, vive un momento convulso pues Claudio Silva Herzog Urrutia, empresario con larga trayectoria en el gremio aduanal y en las organizaciones gremiales, concentra tantos apoyos como cuestionamientos. 

Agente aduanal desde 1994 (patente 1361), Silva-Herzog dirige Silva Herzog Consorcio Aduanal, S.C., empresa con presencia en aduanas estratégicas como en los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México e Internacional Felipe Ángeles, así como en los puertos de Veracruz y Pantaco. Su hijo, Claudio Silva-Herzog Góngora, ocupa el cargo de director de Administración y Finanzas en la misma firma familiar. 

Los antecedentes del aspirante en las organizaciones gremiales, incluyen la presidencia de la Asociación de Agentes Aduanales de Aduanas Metropolitanas (AAADAM), de 2018 a 2020, y la tesorería de la CAAAREM (2021-2023), asociaciones en las que su desempeño ha sido objeto de señalamientos graves. 

Por ejemplo, en 2009, el Órgano Colegiado de Orden y Justicia de la AAADAM lo encontró responsable, junto con los agentes Daniel del Río García y Mario Germán Castrocerio Flores, de haber utilizado recursos de la asociación para costear viajes a Bruselas y China sin documentación que acreditara su participación gremial. En total, se ejercieron más de 800 mil pesos en gastos para ellos y sus acompañantes. El comité interno recomendó el reintegro del dinero tras confirmar la falta de probidad. 

En 2009, Silva Herzog Urrutia fue acusado formalmente por la AAADAM de mal uso de recursos gremiales. Dos expedientes internos documentan que, junto con otros dos agentes, utilizó tarjetas corporativas para financiar viajes internacionales con fondos de la Asociación. 

Uno de esos viajes fue a Bruselas en 2006, presuntamente para asistir a una reunión de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), aunque no presentaron comprobantes de participación. El segundo fue al Congreso de la IFCBA en China ese mismo año. En total, se ejercieron más de 800 mil pesos en gastos para ellos y sus acompañantes. En ambos casos, el Órgano Colegiado de Orden y Justicia de la AAADAM recomendó el reintegro del dinero tras confirmar la falta de probidad. 

Silva Herzog, figura como accionista de Promotora de Servicios y Recursos Aduanales, S.A. de C.V., una empresa sin actividad registrada desde 2008 y conformada por diversos agentes aduanales, varios de ellos cercanos a estructuras gremiales. Entre ellos Francisco José Vidal Osuna y Alejandro Chapela Cota. 

Ahora, frente a la elección en la CAAAREM, Silva Herzog es vinculado políticamente al llamado “Grupo Juárez”, una formación morenista en la que destacan Andrea Chávez, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, conocido en el morenismo como la “Triple A”. 

De hecho, Nora Elena Yu Hernández, actual comisionada de enlace legislativo de la CAAAREM, es senadora suplente de Andrea Chávez, y también agente aduanal.  

Yu ha sido señalada, según el columnista Salvador García Soto, por presionar a agentes para financiar la campaña de Chávez rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027, a cambio de promover reformas a la Ley Aduanera con el supuesto respaldo de Adán Augusto López. Yu ha manifestado abiertamente su respaldo a la candidatura de Silva Herzog. 

Diversas voces del sector, consultadas por el reportero, advierten que este bloque político busca ahora el control de la CAAAREM, organismo que agrupa a las asociaciones de agentes aduanales del país, una posición desde la que pueden influir en decisiones estratégicas sobre comercio exterior y facilitar la captura de plazas clave en las aduanas. 

El aspirante también forma parte de una familia con conexiones en organismos públicos y gremiales. Su padre, Claudio Silva Herzog Flores, obtuvo patente como agente aduanal cuando su tío Jesús Silva-Herzog era secretario de Hacienda y Crédito Público de México, entre 1982 y 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Sus hermanos Guadalupe y Mario, según información pública, han ocupado cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, mientras que César labora actualmente en el Infonavit. 

La contienda por la dirigencia de la CAAAREM se lleva a cabo, además, en un entorno político especialmente tenso. El reciente escándalo en Tabasco, que involucra al exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar un grupo criminal y hoy prófugo de la justicia, ha generado señalamientos hacia Adán Augusto López, bajo cuya gobernatura, Bermúdez fue nombrado. 

“Ya está saliendo toda la pudrición”, declaró al respecto José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno del estado y hermano del expresidente de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Detienen en Tulum a hombre acusado de violar a alumna del CCH Vallejo hace más de siete años

El acusado trabajaba en la cafetería Cibarium, ubicado al interior del plantel donde, de acuerdo con testimonios, se cometió la agresión sexual.

Tras permanecer más se siete años sustraído de la justicia, un hombre acusado de violación agravada contra una alumna menor de edad en el CCH Vallejo, fue detenido en el exclusivo residencial Aldea Zamá, en Tulum, donde permanecía oculto.

Lo anterior se logró gracias a un trabajo de investigación entre agentes ministeriales locales y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quienes dieron con el paradero de David “N”, informó la Fiscalía de Quintana Roo.

Luego de su captura, fue custodiado hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún para su traslado a la capital del país, donde quedó a disposición de un juez de control que lo requirió.

Los hechos por lo que se le acusa a David “N”. ocurrieron el 12 de febrero de 2018 en una escuela ubicada en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero. El acusado trabajaba en la cafetería Cibarium, ubicado al interior del plantel donde, de acuerdo con testimonios, se cometió la agresión sexual.

En 2018 Proceso publicó este caso. Según versiones, tras cometer el ilícito, el hombre fue llevado detenido, aunque fue liberado horas después.

El juez de control determinó que su detención no fue con apego a derecho, pues no ocurrió en flagrancia, sino varias horas después.

El alumnado del plantel señaló que directivos no facilitaron la entrada de la policía de manera inmediata, bajo el argumento de que se violaría la autonomía de la institución.

Una vez liberado se dio a la fuga, a pesar de que ya tenía un proceso judicial iniciado en su contra.

Al momento del ataque, según información de Proceso, David “N”. contaba con 21 años y al parecer guardaba parentesco con uno de los propietarios de la concesionaria de las cafeterías Cibarium, con presencia en varios planteles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

La SEP pide investigar si hubo más víctimas de acoso en preparatoria de Chiapas

La Secretaría pidió a la Fiscalía de Chiapas que amplíe la investigación luego de que una estudiante denunció el caso de acoso sexual durante su ceremonia de graduación.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reprobó el acoso sexual denunciado por una alumna de una preparatoria de Chiapas y pidió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) que amplíe la investigación dentro del plantel para identificar “posibles casos adicionales” de ese delito que no hayan sido denunciados. 

Dos días después de que una alumna del plantel “Felipe Carrillo Puerto”, ubicada en el municipio de Pijijiapan, denunció el acoso sexual vivido en esa escuela durante la ceremonia de fin del ciclo escolar, la dependencia dirigida por Mario Delgado Carrillo reaccionó a la situación que se hizo viral en redes sociales y reprobó “de manera categórica” los hechos “en agravio de una estudiante presuntamente cometidos por un integrante del personal docente”.

"Desde esta Secretaría reiteramos nuestro compromiso absoluto en el respeto, la integridad y la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los espacios educativos del país”, dijo en un comunicado difundido en sus redes sociales. 

Agregó: “No toleraremos, bajo ninguna circunstancia, que quienes están al frente de las aulas, traicionen la confianza de las comunidades escolares y vulneren los derechos de las y los estudiantes”. 

En el documento, la SEP destacó la detención y consignación del presunto responsable que hizo la Fiscalía de Chiapas y reconoció “la valentía de la víctima al denunciar los hechos, así como la actuación de las autoridades locales que permitieron avanzar en la investigación”.
Pide investigar más casos
 
De la misma forma, la SEP solicitó “respetuosamente” a la FGE ampliar la investigación al interior del plantel educativo para identificar posibles casos adicionales de acoso sexual que no hayan sido denunciados por las y los estudiantes.  

Según la dependencia, esta medida permitirá “garantizar un entorno escolar verdaderamente seguro, libre de violencia y de cualquier forma de abuso”. 

Luego, informó que dará “todo el acompañamiento necesario” a la comunidad educativa del plantel afectado, así como a las autoridades estatales para garantizar la aplicación de los protocolos institucionales de atención, protección y sanción, según lo establecido en el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, vigente en toda la administración educativa federal. 

Por último, la Secretaría reafirmó que “no hay lugar para la impunidad en el sistema educativo nacional. Cada acto de violencia, abuso o acoso será enfrentado con decisión, transparencia y justicia, priorizado siempre el bienestar y la seguridad de nuestras y nuestros estudiantes”. 

Y cerró al decir: “La educación debe ser un espacio seguro, libre de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos”. En ello, dijo, no dará “un solo paso atrás”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Estudiante de preparatoria denuncia casos de acoso sexual en plantel de Chiapas en plena graduación; detienen a un profesor

La joven lamentó no haber denunciado lo que ocurre en el plantel y esperar a que le tocara a ella para alzar la voz; reprochó el silencio institucional y el encubrimiento.

Después de que una estudiante de la preparatoria “Felipe Carrillo Puerto”, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, denunciara durante su ceremonia de clausura del ciclo escolar −frente a familiares, invitados, estudiantes y autoridades escolares− casos de abuso sexual en el plantel, uno de los docentes denunciado fue detenido.

La Fiscalía del estado informó que al detenido se le imputa el delito de hostigamiento y acoso sexual cometido en agravio de la joven que denunció los hechos públicamente en su ceremonia de graduación.

De acuerdo con las autoridades, el hombre identificado como José “N”, fue localizado en Tapachula y pretendía huir del municipio donde residía y laboraba, para evitar ser detenido.

“Quiero señalar que continuaremos con las investigaciones para determinar si hay más víctimas y poder deslindar responsabilidades”, declaró el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.

El mensaje de la joven: “el miedo nos frena y no hay espacios seguros para denunciar”

Al tomar el micrófono, la joven lamentó no haber denunciado lo que ocurre en el plantel y esperar a que le tocara a ella para alzar la voz.

Dijo que, aunque no todos son responsables directos, muchos encubren a quienes sí lo son y afirmó que “el mejor amigo de un acosador suele ser otro acosador” y reprochó el silencio institucional.
“Puede que no todos sean acosadores, pero son amigos y defienden a sus cuates a capa y espalda”.

Aseguró que enfrentar a un maestro mayor y denunciar el acoso implica un desgaste emocional que ninguna alumna debería soportar.

“De verdad, chicas, si alguna vez un maestro les ha mandado un mensaje que no debía ¡hablen!”.

“Nosotras nos vamos, pero ustedes se quedan, y aunque creo que muchos de ustedes están aquí no por vocación sino por el sueldo, cuando menos deberían tener educación, tacto, respeto con las alumnas de aquí porque también tienen hijas.”

“Director, yo fui compañera de su hija, y le juro que si su hija hubiera estado en esta escuela yo hubiera hablado por ella también”, sostuvo.

Finalmente, la alumna solicitó a la dirección del plantel habilitar mecanismos para atender este tipo de casos, sugirió instalar un buzón de quejas, contar con apoyo psicológico para las estudiantes y que las denuncias de sus compañeras sean escuchadas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno de la CDMX incumple ley que regula a Airbnb; vecinos se amparan

El registro obligatorio de plataformas de hospedaje temporal debió estar en funcionamiento a más tardar el 5 de octubre de 2024.

Vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México interpusieron un amparo para que el gobierno capitalino aplique una reforma a la Ley de Turismo local que regularía las plataformas de hospedaje de alquiler temporal como Airbnb, Booking y Expedía, entre otras.

En conferencia de prensa, el Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal informó que el 4 de abril del 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma a la Ley de Turismo, con la cual se gesta una regulación inicial a Airbnb. La iniciativa establece la obligación gubernamental de crear, administrar y poner en operación un Padrón de Plataformas Tecnológicas que debe incluir un Padrón de Anfitriones.

Según la norma impulsada por Martí Batres, entonces Jefe de Gobierno interino, el registro obligatorio de plataformas de hospedaje temporal debió estar en funcionamiento a más tardar el 5 de octubre de 2024.

Sin embargo, casi 10 meses después el registro no se había creado ni puesto en marcha, por lo que el 24 de junio de 2025 vecinos, que conforman el Frente, presentaron una demanda de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México por el incumplimiento del artículo 7 fracción VI Bis, 61 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Turismo aplicable a la Ciudad de México, en que se exige la creación, administración y operación del Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas.

En dicho amparo se demanda a Alejandra Frausto Guerrero Titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, y a Ángel Augusto Tamariz Sánchez, Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.

Al respecto, en su contestación de demanda la Secretaría de Turismo respondió que no tiene atribuciones para operar y administrar el Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas. Mientras que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México señaló que ya han creado el portal electrónico del Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas.

No obstante, indicó la Agencia en su respuesta de demanda, que no se encuentra en operación debido a que Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, no ha firmado el documento que autoriza la activación de la plataforma.

La Agencia Digital de Innovación Pública señaló que dicha plataforma en etapa de prueba o preliminar se encuentra cargada en la dirección electrónica https://dev.estanciaeventual.cdmx.gob.mx/; pero hasta este viernes 18 de julio, el sitio dice que “no se puede acceder”.


“En este contexto, las y los vecinos de la Ciudad de México que conformamos este frente, exigimos a las autoridades responsables que asuman con seriedad su responsabilidad y cumplan con los compromisos adquiridos frente a la crisis urbana y el proceso de gentrificación acelerada que estamos enfrentando”, indicaron en la rueda de prensa.

Sergio Juaricua, integrante del Frente, señaló que lo que busca la demanda de amparo es que se realice el padrón, y de esta forma se comience a regular el hospedaje de alquiler temporal.

“Es un amparo virtuoso y novedoso, porque en lugar de suspender, lo que está buscando es la obligatoriedad de la secretaria de Turismo para que gire la instrucción al Instituto de Innovación para que eche a andar el padrón. No busca que se suspenda sino que se aplique”, dijo Sergio.

La plataforma Airbnb, acotó Sergio, inició como un proyecto “buena onda”, donde la idea era que si el dueño de un inmueble tenía cuartos deshabitados podía recibir personas y cohabitar con ellas.

“Lo que tenemos que hacer es la legislación que tiene Nueva York (Estados Unidos). Volver a la plataforma a su espíritu original como fueron las casas de huéspedes en la Ciudad de México. Eso sí se vale. Creemos que eso es correcto: cohabitar un espacio con un turista y compartir saberes y conocimientos, pero crear una empresa hotelera pirata, que viola usos de suelo, nos parece muy grave, porque la consecuencia es el desplazamiento forzado de cientos de habitantes”, agregó Sergio.

En tanto, el abogado Arturo Aparicio, del colectivo Claudia Cortés, explicó que la reforma a la Ley de Turismo además establecía que los anfitriones de las plataformas de hospedaje temporal deberían de tener el 50 por ciento de ocupación durante un año.

“Hasta el momento, la información que tenemos es que no hay ninguna política dentro de la plataforma de Airbnb regulando internamente esto con sus anfitriones”, expresó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SHARENII GUZMÁN.

Asesinan a “El Gallero” en penal de Ahome, en Sinaloa

Adrián N, alias El Gallero, presunto operador de una célula dedicada al fentanilo, fue asesinado junto a otros dos internos durante una riña registrada el día 17 de julio de 2025, en el módulo 5 del penal de Goros II, en el municipio de Ahome, en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron al interior del módulo 5, donde también perdieron la vida Elier Jasiel N y Javier Alonso N, quienes presentaban múltiples heridas provocadas con objetos punzocortantes. Un cuarto interno resultó lesionado.

El Gallero fue detenido el día 3 de diciembre de 2024 en posesión de más de una tonelada de pastillas de fentanilo, en un aseguramiento que las autoridades calificaron como un decomiso “histórico”.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ‘El Gallero’ operaba como “cocinero” para una célula delictiva dedicada a la producción de fentanilo en Sinaloa. Su detención ocurrió sobre la carretera Los Mochis–Navojoa, luego de que agentes federales detectaran maniobras evasivas y, tras marcarle el alto, hallaran una bolsa con pastillas azules de fentanilo.

El operativo fue destacado por el entonces secretario Omar García Harfuch y reconocido por la Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) como un avance significativo en el combate al tráfico de drogas sintéticas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) informó que la situación fue controlada por personal penitenciario y que ya se dio parte a la Vicefiscalía Regional Zona Norte para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha emitido una versión oficial respecto a los motivos del enfrentamiento.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Detienen a un responsable de homicidio en Patrimonial Benito Juárez, en Tijuana

Un hombre fue detenido como presunto responsable del homicidio de un hombre en la colonia Patrimonial Benito Juárez, durante el jueves 17 de julio, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

De acuerdo al reporte, fue alrededor de las 21:17 horas, cuando se informó de una persona con lesiones por proyectil de arma de fuego; sin embargo, al arribo de la Cruz Roja, ya no contaba con signos vitales.

Cabe resaltar, que se localizó un arma de fuego tipo revólver entre las piernas de la víctima; el hombre de aproximadamente 30 años no fue identificado.

Según refirió la SSPCM, el inmueble fue identificado como un posible punto de consumo de drogas.

Por el crimen, se implementó un operativo de búsqueda de los presuntos responsables, logrando la detención de Daniel Abraham N, de 30 años de edad, a quien se le decomisó un arma de fuego AK47, calibre 7.62×39 milímetros, con un cargador.

El reportante reconoció plenamente al detenido, tras su testimonio, brindo la descripción de otro masculino que portaba un arma corta y vestía de manera similar al occiso.

Asimismo, refirió que ambos sujetos llegaron al lugar a bordo de un vehículo sedán marca BMW color rojo, el cual posteriormente se retiró con dirección a la Zona Centro.

En otros hechos, en la misma colonia Patrimonial Benito Juárez, alrededor de las 09:23 horas fueron localizados restos humanos al interior de una maleta que se encontraba sobre un carrito de mandado, junto a mensaje amenazante.

Según el reporte, a simple vista se veía un dorso humano, así como una cartulina de color verde y letras negras con la leyenda: “Julián Barney y Gusano, sigan mandando más mugrosos vamos por ustedes Att. Gente del 02 MX”.

Asimismo, alrededor de las 19:33 en la Zona Urbana del Ejido Chilpancingo, otra persona fue lesionada por proyectil de arma de fuego al interior de un domicilio; quien al arribo de unidades de la Cruz Roja es declarado sin vida.

El hombre fue identificado como Rafael Ceceña Beltrán; mientras que su agresor logró huir pie tierra sin ser detenido.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: MARA YAÑEZ.

Pese a falta de dinero para insumos y salarios, el PJCDMX gasta 340 mdp en rentas y equipo obsoleto

Auditorías exhiben una contradicción en el Poder Judicial de la CDMX: mientras su presidente, Rafael Guerra Álvarez, asegura escasez de recursos para mejorar salarios y contratar más personal, se destinan millones de pesos en renta de inmuebles y hasta para pagar el sueldo de un profesor coral.

Mientras el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, y el gobierno capitalino afirman que no hay dinero para comprar insumos para la institución ni incrementar el salario de los trabajadores, el tribunal destina más de 340 millones de pesos en pagar rentas de edificios, computadoras e impresoras sin que pueda enfrentar la falta de insumos ante el creciente número de casos que llegan a los tribunales de la capital.

En mayo último los trabajadores del PJCDMX iniciaron un paro de labores que duró 41 días en el que, entre otras cosas, demandaron insumos para poder trabajar, la apertura de más plazas, un incremento salarial y el pago de prestaciones que les deben desde el año 2020.

Pese a la parálisis de miles de casos en materia familiar, civil, penal y laboral, la presidencia del PJCDMX y el gobierno capitalino insistieron en que no hay recursos suficientes para responder a estas demandas.

Para poner fin al paro, las autoridades se comprometieron a destinar por única ocasión 29 millones 47 mil 748.23 pesos a distribuirse en partes iguales entre los trabajadores del nivel 046 al J20 y a entregar un bono extraordinario cuya cantidad no fue definida.

Ambos pagos serán entregados en diciembre próximo y también se comprometieron a realizar un análisis presupuestal para determinar qué partidas pueden ser recortadas del presupuesto del propio PJCDMX para poder incrementarles el salario en el año 2026.

Pese a los alegatos de la falta de dinero, el PJCDMX destina parte de su presupuesto, entre otras cosas, al pago de rentas de edificios y bienes muebles como computadoras e impresoras que, por lo menos hasta el año 2023, significaron un gasto de 347 millones 664 mil 600 pesos.

De acuerdo con la última auditoría realizada al PJCDMX en el año 2024, con relación al ejercicio 2023, la institución renta los edificios de Fray Servando y Patriotismo, que albergan tribunales laborales y juzgados civiles respectivamente.

Por la renta del edificio de Fray Servando, destinó 23 millones 305 mil 300 pesos ese año (1 millón 942 mil 108 pesos mensuales), pese a que el inmueble fue uno de los más dañados del PJCDMX durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Tanto, que causó que en octubre de ese año los 20 juzgados de proceso oral en materia civil, los 10 de proceso oral en materia familiar y la Unidad de Gestión Administrativa en materia familiar, que se encontraban ahí el día del sismo, tuvieron que ser reubicados en los edificios de la Ciudad Judicial de la Avenida Niños Héroes en la colonia Doctores.

Mientras que la Dirección de Consignaciones Civiles, que también se encontraba en Fray Servando, fue trasladada al edificio de Río de la Plata 48.

Dichas acciones fueron adoptadas casi un mes después del sismo, pues todavía el 24 de septiembre de 2017 el PJCDMX había informado que ninguno de sus inmuebles presentaba daño estructural y los trabajadores fueron obligados a reanudar labores al día siguiente.

El inmueble permaneció cerrado al público y los trabajadores, excepto para personal de seguridad, hasta el año 2022, cuando se implementó la reforma laboral con la que se crearon nueve tribunales laborales y el primer tribunal de asuntos colectivos en la CDMX.

Estas oficinas fueron ubicadas en Fray Servando 32 donde también fueron colocadas 11 salas de audiencia y la Oficialía de Partes Común en la materia.

Durante el paro de labores del PJCDMX los trabajadores de ese edificio dieron a conocer que los nueve tribunales laborales y el de asuntos colectivos cuentan con nueve personas cada uno para atender más de 30 mil expedientes, no cuentan con peritos asignados y en redes sociales han dado a conocer que sólo hay dos actuarios para los 10 tribunales que recorren toda la CDMX para realizar diversas diligencias.

“No nos pagaban horas extra hasta que tuvimos que cerrar, nuestros juzgados son muy pequeños, nuestros archivos somos de cuatro por cuatro o menos”, dieron a conocer el 27 de junio último durante una marcha realizada por los trabajadores desde la Ciudad Judicial hasta el Zócalo capitalino.

En tanto, el PJCDMX renta la Torre Vertia, ubicada en Avenida Patriotismo, cuyo dueño es Grupo Constructor Rouz.

En el año 2023, la institución gastó 198 millones 969 mil 300 pesos (16 millones 580 mil 775 pesos mensuales) para pagar la renta de dicho lugar, pese a que la empresa dueña, a la que fue adjudicado directamente el contrato de arrendamiento, está implicada en el caso del Cártel Inmobiliario.

La renta de dicho edificio fue aprobada en el año 2019, a unos meses de que inició la administración de Guerra Álvarez, e implicaba la mudanza de las oficinas que se encontraban en La Viga 1174 y Avenida Juárez 104, cuyas rentas costaban en aquel entonces nueve millones de pesos mensuales que se incrementarían en un 60% por la rent.a 

El contrato tenía vigencia hasta el año 2024 e incluía la adecuación de los espacios a las necesidades del PJCDMX, el equipo y mobiliario de oficina, así como el mantenimiento del primer año de arrendamiento.

En su momento, la organización civil México Justo advirtió que la diferencia de montos de las rentas del edificio de Patriotismo y los otros inmuebles que albergaban oficinas del PJCDMX, podía ser utilizada para mejorar otras áreas y capacidades profesionales del organismo.

Asimismo hasta 2023 destinó 75 millones 791 mil 600 pesos en la renta de computadoras y 49 millones 598 mil 400 pesos para el alquiler de equipos de impresión.

Durante el paro los trabajadores se quejaron de que estos equipos son obsoletos e insuficientes para hacer frente a las excesivas cargas de trabajo y abatir el rezago que desde el año 2020 no sólo incrementó, sino que, hasta ahora no lo han podido abatir.

Contrataciones por honorarios

Aunque entre las demandas de los trabajadores está la contratación de más personal para hacer frente a la carga de trabajo, el PJCDMX tiene previsto para este año destinar miles de pesos en la contratación por honorarios de diferentes profesionales, aunque no todos estarán adscritos a juzgados, salas u otras oficinas jurisdiccionales.

De acuerdo con los documentos públicos del PJCDMX, este año la administración de Guerra Álvarez contrató a Enrique Rodríguez Gutiérrez como profesor del grupo coral del Tribunal quien mensualmente recibe un pago de 18 mil 820 pesos libres de impuestos, por lo que al final de 2025 habrá recibido 225 mil 840 pesos de los capitalinos.

Mientras que un trabajador administrativo especializado en el PJCDMX gana apenas 12 mil pesos mensuales libres de impuestos y en los últimos 10 años no ha sido incrementado su salario más de un 5% a inicios de este año, lo que implicó que su sueldo creciera, apenas, 200 pesos más.

Proceso confirmó que el grupo coral del Tribunal está conformado por trabajadores jubilados de la institución que son convocados por el magistrado presidente, Rafael Guerra para participar en los eventos que organiza su oficina.

Se prevé que el próximo 11 de agosto el grupo coral participe en la inauguración de la Feria Nacional del Libro Jurídico que cada año organiza el PJCDMX.

En cambio, un notificador ejecutor de la Dirección de Administración Financiera contratado bajo el mismo esquema de honorarios recibirá un pago mensual de 13 mil 125 pesos mensuales, es decir, 157 mil 500 pesos al final del año libres de impuestos.

Ello, pese a que para ser notificador ejecutor se requiere licenciatura en Derecho con cédula profesional.

Entre los contratos por honorarios más altos están los de servicios de seguridad de los cuales fueron adjudicados 28 por pagos mensuales de 26 mil 730 pesos libres de impuestos, 320 mil 760 anuales, a capitanes y tenientes cuyas corporaciones de origen no se precisan en ninguno de los instrumentos jurídicos e incluso están contemplados licenciados cuya profesión es desconocida.

“Realizar tareas como coordinador de seguridad, para apoyar y reforzar las actividades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuando en el interior de los inmuebles se presenten situaciones que atenten contra la integridad y seguridad de las personas o bienes; además de coadyuvar con la atención de emergencias que pudieran poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en el interior de las instalaciones”, señalan los contratos como descripción del servicio requerido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Peso gana terreno por debilidad del sector privado de Estados Unidos

Uno de los factores que influyeron fue la declaración del gobernador de la Reserva Federal, quien sostuvo que el sector privado de EU no está teniendo el desempeño sólido que muchos suponen.

Este 18 de julio, el peso inició la sesión con una apreciación de 0.43%, cotizando en torno a los 18.70 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Según el análisis diario de Banco Base, uno de los factores que influyeron en esta tendencia fue una declaración del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien sostuvo que el sector privado estadunidense no está teniendo el desempeño sólido que muchos suponen.

Waller puntualizó que gran parte del crecimiento del empleo reportado en junio se concentró en el sector público, lo que para él es una señal de debilidad estructural en la creación de plazas por parte del sector privado.

El propio Waller reconoció que, ante la debilidad del mercado laboral, considera apropiado un recorte en la tasa de interés de referencia durante el anuncio del próximo 30 de julio.

“Respecto a los aranceles, Waller señaló que son un impulso único a los precios que no aumentarán la inflación de forma sostenida y dijo que los banqueros centrales deben ignorar choques sobre el nivel de precios para evitar endurecer la política monetaria de forma innecesaria”, se lee en el reporte.

Por su parte, Grupo Monex subrayó que los mercados mantienen la mirada puesta en el discurso que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá la próxima semana.

Esto, luego de que el presidente de Estados Unidos asegurara públicamente que no planea destituir a Powell antes del término de su mandato, previsto para el año entrante.

Aun así, persiste una alta incertidumbre internacional por las políticas comerciales de Estados Unidos, especialmente tras conocerse la propuesta de imponer un arancel de 93.5% a las importaciones de grafito originarias de China.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Comandante H: El prófugo de La Barredora y sus ligas con Adán Augusto, titular de la Segob con AMLO

El ascenso en el gobierno de Tabasco del líder de La Barredora y prófugo de la justicia, Hernán Bermúdez Requena, no se explica sin el exgobernador y actual senador de Morena Adán Augusto López. Éstos son los vínculos políticos que el “Comandante H” ha tejido durante tres décadas.

Hernán Bermúdez Requena, identificado como Comandante H, acusado de dirigir la organización criminal La Barredora y actualmente prófugo, no hubiera escalado en el gobierno de Tabasco sin el apoyo decidido del grupo político de Adán Augusto López Hernández, exgobernador del estado y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, con quien mantiene una cercanía desde hace más de 30 años, desde los inicios de su carrera política en el PRI.

Originario de Yucatán y abogado de profesión, Bermúdez Requena colaboró con los exmandatarios Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropeza, Manuel Andrade Díaz, el propio Adán Augusto López y Carlos Merino Campos, todos de origen priista.

El Comandante H llegó a Tabasco en 1992 durante un proceso de cambio de gobierno: el 28 de enero de ese año, presionado por el grupo político de Gurría Ordóñez y Madrazo Pintado, Salvador Neme Castillo fue obligado a dejar su cargo por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Al frente del gobierno interino quedó Gurría, integrante del llamado Grupo Atlacomulco, cuya cabeza era Carlos Hank González, quien solía decir que Gurría era “el hermano menor que nunca tuve”.

Con Gurría llegaron a Villahermosa Juan José Rodríguez Prats, de quien a su vez Gurría decía que era “el hermano menor que nunca tuve”, y Jaime Lastra Bastar, quien se hacía acompañar de Hernán Bermúdez, mismo que fue nombrado director de Seguridad Pública de Tabasco, aunque su única experiencia era haber sido policía de la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal.

A ese equipo se integró Adán Augusto López como subsecretario de Gobierno, a invitación de Juan José Rodríguez, a quien durante su gobierno Adán López le devolvió el favor haciéndolo asesor en materia legislativa.

Antes de llegar a Tabasco, lo único que se sabe de Bermúdez Requena es que había trabajado en la entonces Procuraduría de la capital del país con el tabasqueño Jaime Lastra, actual coordinador de la bancada parlamentaria morenista de Tabasco en la Cámara de Diputados y quien es el político local más allegado a López Hernández.

Hernán Bermúdez logró mantenerse dentro de la estructura de gobierno con varios de los siguientes gobernadores: con Roberto Madrazo (1994-2000) fue director del Centro de Readaptación Social del estado, con Manuel Andrade Díaz, subsecretario de Prevención y Readaptación Social y Protección Civil, entre 2001 y 2006.

El 12 de junio de 2006, mientras tenía dicha encomienda, Bermúdez fue detenido por agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al ser involucrado en el caso de la ejecución de Ponciano Vázquez Lagunes en el municipio de Huimanguillo.

El funcionario permaneció arraigado por 11 días y fue liberado porque no se encontraron pruebas en su contra, según informó entonces en conferencia de prensa el subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera Bernal.

Al momento de aquella detención, Bermúdez cenaba en un hotel de Villahermosa con Cirilo Vázquez Lagunes, El cacique del sur, quien fue asesinado cuatro meses después, en octubre, en Acayucan, Veracruz. 

Al velorio de Cirilo acudió Adán López, quien dijo haber acudido a dar el pésame a su hija Regina, exdiputada federal del PAN, de quien fue compañero de Legislatura.

Después de su exoneración hubo un periodo de ostracismo para Bermúdez, quien quedó fuera de los gobiernos de Andrés Granier Melo (2006-2012) y Arturo Núñez Jiménez (2012-2018), ambos adversarios de Gurría y Madrazo. En el periodo fuera de gobierno se dedicó a la construcción en la empresa de su hermano Humberto Bermúdez Requena. 

El funcionario de Adán Augusto

El Comandante H reapareció en 2018 en la campaña de Adán Augusto para gobernador de Tabasco, haciendo equipo con Jaime Lastra. Al ganar la elección e iniciar su mandato, Adán nombra a Lastra como fiscal general y Bermúdez Requena asume la Dirección de la Policía de Investigación.

Al año siguiente, López Hernández le dio a Bermúdez el cargo de más alto rango que ocuparía en toda su trayectoria, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Y aunque Adán Augusto dejó la gubernatura en agosto de 2021 para asumir la Secretaría de Gobernación  (2021-2023) en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en su lugar quedó su incondicional Carlos Merino Campos, quien mantuvo el mismo gabinete que le dejó su jefe político.

El Comandante H permaneció en la administración pese a que en 2022 el colectivo de hackers Guacamaya Leaks filtró miles de documentos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre los cuales aparece un reporte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que señalaba a Bermúdez Requena y al entonces comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo, como parte de La Barredora, a la que se vincula con el CJNG.

El analista en temas de seguridad Jacinto López Cruz ha expuesto en publicaciones periodísticas que, a principios de 2020, Hernán Bermúdez Requena, a la sazón secretario de Seguridad Pública, presentó al gobernador Adán Augusto López Hernández un documento “sobre la creación de La Barredora”, a lo cual el ahora senador dio “su anuencia”.

En su columna Ojo Avizor del 14 de julio último, López Cruz asegura que el objetivo central de la formación de ese grupo parapoliciaco fue que se trasladara a la zona de la Chontalpa “para localizar y dar seguimiento a las actividades de Andrés Rodríguez, el Kalimba”, un líder criminal involucrado en el huachicol, así como tráfico de drogas y de indocumentados. 

La intención, afirma el periodista, era asesinarlo, ya que estaba señalado por haber dado la orden de ejecutar el 24 de enero de 2020 al director del Instituto Tecnológico de La Venta, Carlos Garrido Gular, amigo de Adán Augusto López y de su secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega Asmitia.

López Cruz narra:
(...) Para Adán Augusto López la creación de La Barredora era un mal necesario, pues ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad por detener al Kalimba, por haber dado la orden de asesinar a Carlos Garrido, y el acoso sistemático de la madre del difunto, que exigía justicia al gobernador Adán y a su secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega, y los acusaba de ineficaces de no defender la memoria de su amigo asesinado, ese grupo se encargaría de realizar el trabajo sucio que era darle muerte al Kalimba.
El articulista afirma que Hernán Bermúdez puso al frente de La Barredora a Ulises Pinto, quien habría recibido dinero y armamento desde la Secretaría de Seguridad y se convirtió en el operador de La Barredora para Bermúdez.

El experto en temas de seguridad pública del estado revela que el líder criminal que ejecutó al Kalimba fue el Pantera, quien era rival del delincuente que mandó a asesinar al funcionario tabasqueño. Fue el primer “trabajo” del grupo, el 5 de diciembre de 2020 en la comunidad de Lagartera, “donde fue asesinado con ráfagas de metralletas junto a uno de sus guardaespaldas, y ahí surgió públicamente La Barredora al dejar un mensaje donde se acusaba a policías federales y estatales de estar coludido con el Kalimba en sus prácticas delictivas".

El grupo de Ulises Pinto amplió su radio de acción hacia todo el territorio tabasqueño. Uno de los rivales que entregó a la policía fue el líder criminal “Pelón de Playas”. Pero también extendió sus actividades criminales al huachicoleo, tráfico de drogas e indocumentados y el cobro del derecho de piso.

López Cruz afirma en su texto: “Queda claro que con la anuencia del entonces gobernador se creó el grupo delictivo que sería controlado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana hasta que se descontroló, hasta que se dividieron y entraron en una confrontación brutal con las consecuencias públicamente conocidas, lo que finalmente obligó a Hernán Bermúdez a dimitir del cargo”.

El analista tabasqueño fue el primero en dar a conocer que había una orden de aprehensión contra el colaborador de Adán Augusto López, y reveló también los nombres de los líderes de La Barredora antes de que fueran expuestos por las autoridades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODULFO REYES.