Según explicó, gentrificación son “procesos que se han vivido en la Ciudad de México y en otras ciudades, muchas ciudades del mundo, donde la población original que vive en cierta colonia, empieza a verse desplazada” por vivienda enfocada a un sector económico mayor al que pertenecen.

Sheinbaum añadió que este proceso es uno que, no siempre, pero en ocasiones, se ha promovido desde el Gobierno, algo de lo que también se exculpó de cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la actual ejecutiva capitalina, Clara Brugada.

Por otro lado, señaló a Miguel Ángel Mancera, acusándolo de, durante su periodo en la capital, cambiar el uso de suelo para hacer más rentable el cambio de vivienda para desarrolladores inmobiliarios y a expensas de la población.

Afirmó que se convirtieron viviendas de tres pisos a vivienda de 20 para buscar mayor margen de ganancias, pese a no tener permisos, actuación que relacionó al llamado “Cártel Inmobiliario”.

También mencionó la compra de terrenos para fabricar vivienda a costos mayores que imposibilitan a sectores económicos no privilegiados vivir en estas zonas.

Por ello, aseguró que las personas que se manifestaron pues “tienen razón en decir ‘bueno, pues por qué se da este proceso'”, pero que no es aceptable que se caiga en la xenofobia y discriminación, algo que acusó sucedió en las marchas del fin.

Gentrificación de Condesa y Roma ha ido ocurriendo desde hace años

En estos dos casos específicos, que son dos de los más relevantes por su alta concentración de ciudadanos extranjeros, añadió que “simplemente fueron ocurriendo” por el crecimiento de la Ciudad, no por promoción gubernamental.

Afirmó que el establecimiento de restaurantes y otro tipo de locales atrajo primero turismo, y más tarde este mismo crecimiento, resultó en personas “de otro nivel económico” queriendo vivir ahí y encareciendo la rentas “a partir de la demanda”.

Debe atenderse, apoyaremos, pero corresponde al Federal

Si bien destacó que la gentrificación es un proceso normal en varias ciudades importantes, si aclaró que no debe ocurrir “si expulsan a quien está ahí originariamente para irse a vivir”.

“Entonces ese es un proceso y hay que atenderlo“, añadió Sheinbaum Pardo.

Aun así, reiteró que, aunque habrá colaboración y se apoyará a su atención, no se trata de un asunto que corresponda al Federal atender, sino a los estados y alcaldías.

Librada rememora el momento con tono de alivio: “Le toqué el corazón al doctor. Al final sí me lo recibió”. 

Además del gasto que Librada y su familia han hecho para pagar el tratamiento de diálisis y medicamentos que sumaban 3 mil pesos al mes, porque los hospitales públicos no los proveen, ahora que está en este hospital debe comprar hasta la comida para su esposo. “Nos dicen que les traigamos desayuno, comida y cena, porque en urgencias no dan comida”. 

Efectivamente, el área de urgencias se enfoca en estabilizar a pacientes ante una emergencia y, dependiendo del estado de salud, se da de alta o se interna. En teoría, no deberían pasar más de 24 horas ahí. Pero la realidad es otra.

La gratuidad trajo saturación en el Hospital General de México

En su último año de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decretó la gratuidad de los servicios de salud. “La salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo; ya está establecido en la Constitución. (…) Tenemos el compromiso de dejar funcionando el sistema de salud pública y queremos que sea el mejor sistema de salud pública del mundo”, dijo en mayo de 2024. 

Esto se traduciría en que nadie pagaría por servicios de salud ni medicamentos porque sería absolutamente gratuito. A diferencia de las cuotas de recuperación que cobraban los hospitales públicos de acuerdo al nivel socioeconómico de los usuarios.

Eso significa que uno de los principales hospitales del país tendrá 449 millones de pesos menos. Aún así, tendría que cumplir la encomienda de recibir a toda persona que solicite el servicio y sin cobrar un solo peso extra.

“La capacidad del hospital está totalmente rebasada”

Aunado a la falta de ingresos propios por las cuotas de recuperación, el resultado es que  las carencias cada vez son más graves. Uno de los efectos es la saturación: la demanda se ha incrementado, pero no así los recursos humanos y materiales, explican trabajadores del hospital.

Por eso, en la entrada de emergencias del hospital, donde la desesperación de los enfermos y sus familias es más desgarrador, el personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) colocó una manta con el siguiente mensaje:  

“Informamos a todos los usuarios que la capacidad de atención de la institución está totalmente rebasada, lo que ocasiona condiciones no óptimas para brindar una adecuada atención. Las condiciones bajo las cuales se está trabajando son: capacidad de atención rebasada, falta de insumos básicos, falta de personal y proyectos de reorganización de los distintos servicios aumentando la capacidad de atención con las mismas plantillas de personal y sin la infraestructura adecuada”.

Lo hicieron para buscar comprensión entre los pacientes y sus familias. Para informar que la falta de atención no depende sólo del médico de turno, sino de las herramientas para poder trabajar. Algunas veces lo logran, otras más, cuando la desesperación por la gravedad de los pacientes apremia, los únicos en recibir los reclamos son los médicos. 

Y no es la única presión que enfrentan. Poco después de colgar esa manta, una televisora transmitió imágenes de la saturación del área de urgencias. Lo que vino después no fue la solución al problema, sino la amenaza al personal para investigar quién había filtrado los videos y la advertencia de no hablar con medios de comunicación o su trabajo estaría en riesgo. 

Ni siquiera el personal sindicalizado se atrevió a desafiar la instrucción después. Quienes estuvieron dispuestos a dar su testimonio para este reportaje lo hicieron bajo condición de anonimato. 

Una de las personas trabajadoras del hospital muestra documentación oficial con los requerimientos de insumos de noviembre de 2024 a enero de 2025. En enero, por ejemplo, enlistaron 600 pares de guantes de látex para examinación y 3 mil gasas, pero no entregaron ni una sola.

“¡Gasas! ¡guantes! Es lo más básico entre lo básico. Jamás habían faltado cosas así”, relata la persona trabajadora. Esa semana tampoco les surtieron las 60 piezas de antiséptico solución solicitadas; las 2 cánulas faríngeas, 2 tubos endotraqueales, 10 catéteres, 10 conectores de una vía, los 60 conectores libres de uso de agujas, ni los 600  cubrebocas.

Mientras que los edificios más antiguos tienen condiciones deplorables. En una área de internamiento, los enfermos que están a unos metros del baño deben soportar el olor pestilente por la falta de registro en la coladera y el mal estado de los retretes. La falta de fumigación, mantenimiento en las tuberías y hasta artículos de aseo ha provocado que las ratas se metan hasta los dormitorios.

Además de la violencia homicida del crimen, y de las amenazas, ataques y extorsiones, el informe de Amnistía documenta que las madres buscadoras también están siendo víctimas de desplazamiento forzado por parte de los mismos criminales que desaparecieron a sus seres queridos. 

En este punto, Amnistía refiere que hasta 180 buscadoras entrevistadas, el 27 %, dijeron que tuvieron que salir de su casa y cambiar de domicilio por las amenazas; 158 (24 %) tuvieron que mudarse a otro lugar dentro de su misma entidad; y 193 (19 %) se mudaron a otro estado. 

“La experiencia del desplazamiento en las mujeres buscadoras varía mucho. Se desplazan en ocasiones con sus familias y en otras deciden hacerlo solas, viviendo lejos de sus seres queridos para buscar protegerles”, señala el informe, que agrega que, adicionalmente, el desplazamiento también puede ser una medida de seguridad utilizada por los mecanismos de protección y las fiscalías, tanto a nivel federal como estatal.

Por otra parte, la investigación de Amnistía Internacional advierte que la salud mental de las madres buscadoras está en serio riesgo.

Por ejemplo, el 73 % de las 600 encuestadas reportaron que padecen depresión, estrés, problemas de nervios, ansiedad, tristeza, apatía, sentimientos de culpa, e incluso, algunas de ellas admitieron haber tenido pensamientos suicidas o intentos de suicidio. 

Adicionalmente, las mujeres reportaron cambios en el sueño (72 %), cambios en el peso (subidas y bajadas), temblores, y problemas de memoria. 

“Nuestras casas parecen farmacias. Compramos miles de cosas porque nuestro cerebro no da. La mayoría somos codependientes para poder dormir”, refirieron las mujeres entrevistadas.

El estudio demoscópico no incluye a los partidos aliados PVEM y PT, a los que manda al sótano de las preferencias electorales con un 2% de intención del voto, respectivamente.

De acuerdo a los resultados, si hoy fueran las elecciones a diputados federales, la mayoría de la población votaría por Morena, que tendría una preferencia electoral de 51%.

El porcentaje se obtuvo de la cuestión “si hoy hubiera elecciones para diputados federales ¿por cuál partido votaría?”.

A Morena le sigue muy de lejos un porcentaje abstencionista de 12%; luego el PAN, con 9%; el PRI apenas atrás del PAN con 8% y un 5% para Movimiento Ciudadano. Luego seguirían los mencionados PVEM y PT, con el dicho 2% cada uno.

Los resultados de la encuesta se presumieron en el contexto de varias expresiones de dirigentes del PVEM y del PT, por ir solos a procesos electorales locales en los próximos años.

Ni sumando los porcentajes de toda la oposición, logran alcanzar la preferencia y la aprobación que hoy tiene nuestro Movimiento.

Si hoy fueran las elecciones a diputados federales, la mayoría de la población votaría por Morena.

¡El respaldo popular se gana cumpliendo la… pic.twitter.com/jz2F7haYcJ

— Morena (@PartidoMorenaMx) July 8, 2025

El 13 de abril de 2021 se condenó al excomandante a siete años de prisión, acusado de humillar, intimidar y amenazar a Cacho durante?su traslado de Cancún a Puebla en 2005. 

No obstante, su defensa apeló esta sentencia, que derivó en este fallo emitido por el Tribunal Colegiado que consideró que no había “evidencia fehaciente que destruya la presunción de inocencia o demuestre, sin duda razonable, que el acusado instigó a terceros para perpetrar el delito”.

En esa sesión se avaló la llamada “reestructura vertical”, un rediseño institucional que, de acuerdo con la narrativa del gobierno federal, busca “recuperar el carácter público de la empresa” tras la reforma energética de la autodenominada Cuarta Transformación. Sin embargo, el documento revela que con esta reestructura se amplió el número de direcciones ejecutivas de ocho a diez, se redujeron las áreas de vigilancia de tres a dos y se mantuvo intacta la estructura sindical heredada.

De acuerdo con actas internas, declaraciones patrimoniales públicas disponibles en Declaranet y perfiles verificados en plataformas institucionales, Proceso identificó que cuatro de las 10 direcciones ejecutivas –sin contar la Dirección General– quedaron en manos de cuadros vinculados directamente con Romero.

Se trata de funcionarios que ya habían ocupado cargos estratégicos durante su administración y que ahora regresan con mayor peso político, pese a haber estado relacionados con episodios de alto costo operativo y financiero para Pemex.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0025 de la revista Proceso, correspondiente a julio de 2025

“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, dijo.

“Tenemos nosotros que darle la judicialidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de, que a esta persona (Peña Nieto), le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha”, comentó el funcionario.

🟥El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que se ha abierto una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos.

Señaló que es necesario que las autoridades de Israel ratifiquen los señalamientos realizados en el medio The Marker. pic.twitter.com/KbpMV6D3XK

— Animal Político (@Pajaropolitico) July 8, 2025

Enrique Peña Nieto aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que estaba fuera del ámbito de su competencia el asignar contratos a empresas o prestadores de servicio, por lo que negó haber recibido sobornos por parte de empresarios israelíes para facilitar la venta del software espía Pegasus durante su administración.

“Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor, no es mi tarea. Yo fui presidente, goberné un país, me dediqué a dictar líneas de conducción hacia dónde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones”, declaró.

Peña Nieto afirmó que las especulaciones buscan dañar su imagen y son “con dolo y mala fe” ya que en la publicación solo se habla de la disputa de dos empresas y solo insinúa que hubo aportaciones, pero no dice a quién.

“Entiendo que son dos empresas que estaban constituidas antes de que yo asumiera la Presidencia de la República, que prestaban ya servicios al gobierno anterior, seguramente continuaron con mi gobierno, no sé a qué grado, no sé que hayan realizado, no lo sé, sinceramente no lo sé”, insistió.

A pesar del entusiasmo con el que habla del curso, reconoce que la falta de experiencia es un reto. “Cuando otros presumen su currícula, pues me siento chiquito, la verdad. Digo, algunos tienen 15, 20 años, o más de 20 años de experiencia y, pues, voy corriendo atrás de ellos”, afirma.

También admite que la capacitación no es suficiente: “Esto no termina jamás. Es continuo. Porque nuestras leyes presentan muchas contradicciones entre lo que dice el legislador, lo que dice la norma y lo que dice la realidad”.

Aunque insiste en que es un ciudadano común, su trayectoria incluye varios cargos públicos. Ha sido regidor en Valle de Chalco, asesor legislativo en el Senado y en el Congreso local, y director municipal de vinculación y reglamentación. En 2024 buscó una diputación local por el PRI, y en la etapa final del proceso electoral fue visto en eventos de Morena.

Tapia González sabe que estará bajo escrutinio. “Vamos a estar ahora sí que en el ojo del huracán”, dice con firmeza. Asegura que ha sentido la presión desde que fue electo y que la expectativa sobre su desempeño es alta, especialmente entre quienes dudan de la reforma judicial y del perfil de los jueces ciudadanos.

—¿Cuál cree que será su mayor desafío cuando asuma el cargo? —se le pregunta.

—Híjole… pues la falta de experiencia, sin duda. Pero tengo algo que me legitima y que me fortalece: el apoyo de la ciudadanía.

—¿Qué le representa saber que, sin carrera judicial, va a tener en sus manos decisiones que pueden afectar la libertad o el patrimonio de una persona?

—Estoy aprendiendo que esto nos va a comprometer más, y sobre todo en esta etapa de adaptación. Por eso es tan importante estar aquí, preparándonos todos los días.

Asegura que la escuela judicial está haciendo un esfuerzo por brindarles las herramientas necesarias. Él, por su parte, se mantiene en contacto con sus electores a través de redes sociales. “Es una de mis fortalezas”, dice, y muestra con orgullo un video que grabó saludando “desde Toluca” para informar que está en formación. Repite que fue el voto popular el que lo colocó en esta posición y que no va a desaprovechar esa legitimidad.

El nuevo modelo de elección judicial no solo ha generado dudas entre la ciudadanía, también ha provocado fricciones dentro del propio sistema de justicia. Tapia González habla abiertamente del debate que percibe entre quienes fueron electos por voto popular y los jueces formados dentro del Poder Judicial.

“Desde que se abrieron las convocatorias, descubrí el debate entre lo que es la carrera judicial y esta apertura para que el pueblo decida”, explica. “Esto todavía es una de las partes complicadas”, reconoce.

Dice que hay diferencias de visión, pero también resistencias. Asegura que algunos de sus compañeros electos comparten la sensación de no ser reconocidos por quienes hicieron carrera tradicional. “Es un reto porque, insisto, choca un poco”, afirma.

Un juez no se forma en dos meses

María del Refugio Elizabeth Rodríguez, directora de la Escuela Judicial del Estado de México, lo dice sin rodeos: un juez no se forma en dos meses. Explica que, en condiciones normales, la formación completa de un juzgador toma cerca de un año: seis meses de preparación académica y tres más para el concurso de oposición. “No puede ser menos de seis meses, más otros tres del proceso de oposición. El proceso completo toma más o menos un año”, detalla.

Pero ante la llegada de jueces electos por voto popular sin carrera judicial, ese proceso se compactó en un curso intensivo de poco más de dos meses. “Fíjate que el diseño inicial tenía horarios de nueve de la mañana a nueve de la noche, con dos horas para alimentos. Pero como muchos trabajan, hubo que ajustar sobre la marcha. Ahorita es de lunes a viernes. Incluso la escuela tendría que entrar en periodo vacacional en dos semanas, y no lo vamos a tener”.

“Un juez no se forma en dos meses. Las competencias para impartir justicia no las da solo la universidad: eso lo enseña una escuela judicial, con práctica, acompañamiento y experiencia real”.

El curso fue diseñado entre enero y abril de 2025, con un tronco común para todos los electos, seguido de módulos especializados por materia. La etapa más exigente será la capacitación en sitio: ahí los nuevos jueces acudirán a juzgados reales, observarán audiencias y practicarán con supervisión directa. “Tendrán un mentor a su lado, pero estarán viendo casos reales, estructuras internas, resoluciones, acuerdos… todo en tiempo real”.

Para ella, este primer proceso con jueces electos todavía está a prueba. “Es muy temprano para dar una postura firme. Es el primer ejercicio. Pero de lo que sí estoy segura es de que queremos los mejores jueces”.

“Hay que darles seguimiento, analizar sus resoluciones, y ver qué tan actualizados están. Yo no quiero que se queden solo con lo que aprendieron en la licenciatura. Para ser juez, eso no alcanza”.

A pesar de los ajustes, la escuela sostiene que no basta con ganar una elección para impartir justicia. Rodríguez insiste en que el modelo debe corregirse desde el origen:

“Yo creo que los siguientes candidatos deberían haber pasado previamente por la Escuela Judicial. Ya estamos trabajando en un estándar de competencia que se pueda exigir desde antes de la elección”.

“La preparación —agrega— debe ser condición, no consecuencia. Queremos los mejores jueces, y para eso no basta con ir a votar”.

Se presume que el señalado le quito la vida a Margarita “N”, de 28 años, con quien tenía una relación afectiva ocasional, así como a sus tres hijas: Meredith y Medelin, dos gemelas de 11 años, y Karla de nueve años. 

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio, alrededor de las 16:00 y 17:00 horas, en el entronque de la carretera 36 con la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, del poblado Miguel Alemán en el municipio de Hermosillo, donde Jesús Antonio “N” viajaba con Margarita “N” y las tres menores de edad. 

El imputado le disparó a la mujer con un arma de fuego para después abandonar su cuerpo a lado de la carretera, el cual fue localizado el 4 de junio.  

Siguió sobre la carretera 36 con dirección al norte, y tan solo unos siete kilómetros más adelante, se detuvo para bajar a las tres menores de edad y dispararles. El 5 de junio, los cuerpos de las menores fueron ubicados cerca del lugar por el colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora. 

Jesús Antonio fue detenido el 6 de julio, tras un operativo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en el cual también se identificó su presunta relación con el narcotráfico. 

“Dicho sujeto se dedica a la distribución de drogas y está vinculado con una organización criminal que opera en la capital del estado”, afirmó la Fiscalía de Sonora.

Última hora

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Hermosillo, Sonora, 6 de julio de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que como resultado de las investigaciones por el homicidio de la madre y sus tres menores hijas, en la Comisaría Miguel Alemán… pic.twitter.com/11GBUBlvB4

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) July 7, 2025

El cateo se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes brindaron seguridad perimetral en la zona. 

Durante la operación se localizaron: 933 mil litros de petróleo crudo, 64 vehículos, entre ellos motocicletas, tractocamiones, pipas y maquinaria pesada, Tres cisternas de diferentes capacidades y contenedores cilíndricos metálicos 

El predio y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continúa con la investigación correspondiente para determinar responsabilidades y deslindar hechos en torno al aseguramiento.

Según las autoridades, los ahora sentenciados operaban en el Rancho Izaguirre como un punto de reclutamiento forzado para el crimen organizado. En ese lugar, fueron arrestados durante un operativo encabezado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, tras un reporte de detonaciones de arma de fuego. Al llegar, fueron agredidos, lo que provocó un enfrentamiento. En el sitio se localizó el cuerpo sin vida de una persona y se liberó a otras dos que se encontraban privadas de su libertad. 

Previo al fallo, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido, explicó que el juicio había concluido su etapa de desahogo de pruebas el viernes 5 de julio. 

“Y se procede con una deliberación que debe ser privada, continua y no puede exceder las 24 horas. Es decir, cerrado el debate, el tribunal se retira para deliberar sobre el caso y anunciará su fallo a las partes cuando esté listo”, detalló el magistrado. 

Álvarez Pulido puntualizó que, una vez concluidos los debates, el tribunal tiene un plazo de 24 horas para deliberar en privado y emitir su resolución. Agregó que el Tribunal de Enjuiciamiento tendría un plazo de cinco días para determinar la pena que se impondrá. Sin embargo, se informó que la audiencia de individualización de las penas se llevará a cabo este mismo martes 8 de julio a las 9:30 horas, donde se determinará la sentencia que deberá cumplir cada uno de los acusados, así como las medidas de reparación del daño. 

“En caso de que el fallo sea condenatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento fija una audiencia dentro de los cinco días siguientes para determinar la pena que se impondrá, así como la reparación del daño. Lo primero es decidir si se emite un fallo condenatorio o absolutorio. La audiencia que está por concluirse se denomina 'Audiencia de debate y juicio'. En caso de condena, lo que marca la ley es que se fije una nueva audiencia en ese plazo, llamada 'Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño’”, explicó el representante del Poder Judicial. 

Este caso está relacionado con los hallazgos realizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes el 5 de marzo pasado reportaron la localización de indicios de inhumaciones clandestinas en el mismo predio. Tras el procesamiento, se determinó que en este sitio se localizaron 1,844 artículos y prendas de vestir, como ropa, calzado, gorras y mochilas, que podrían pertenecer a víctimas de reclutamiento forzado o desaparición forzada. 

Actualmente, suman 16 personas detenidas relacionadas con delitos cometidos en el Rancho Izaguirre: los 10 detenidos en septiembre pasado y ahora condenados, además de tres ex policías del municipio de Tala, incluido el ex jefe de la Policía Municipal, acusados por el delito de desaparición forzada; José Gregorio "N" —alias "Lastra"—, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación y responsable del reclutamiento y adiestramiento en el rancho Izaguirre; la mujer arrestada junto con José Gregorio; y el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por su condición de servidor público. 

Además 12 servidores públicos, entre los que están ocho funcionarios de la Fiscalía del Estado de Jalisco y cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) están siendo investigados por omisiones en el procesamiento de evidencias e indicios descubiertos en el rancho Izaguirre. Esa carpeta de investigación ya ha sido judicializada y fue abierta por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco.

Ayer, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. no se presentó a una audiencia por posesión de arma de fuego y parecía estar desaparecido luego de que su abogado Michael Goldstein revelara al diario USA Today que desconocía si su cliente todavía se encuentra en los Estados Unidos.

Chávez Jr. no asistió a dar su declaración en la que sería su primera audiencia para definir su situación legal tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el pasado jueves 3 de julio en Los Ángeles.

El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que la obligación de detener al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. era principalmente de las autoridades de Estados Unidos, pues estas se encargaron de presentar las pruebas en su contra.

“Toda la obligación era de ellos, porque estaba ahí, porque ellos lo habían denunciado, porque ellos habían presentado las pruebas y porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo, tanto es así que lo detienen”,

“Establecieron que sabían que tenía capacidad para poder vivir en los Estados Unidos, que ahí estaba establecido, que ahí se había casado, que ahí estaba actuando, toda esa información se tenía. ¿Por qué la usaron en este momento y por qué lo hicieron en la forma en que lo hicieron? Esa es una responsabilidad de ellos”.

Las acusaciones hechas para que Julio César Chávez Jr. recibiera órdenes de aprehensión fueron una presunta vinculación con el crimen organizado en México, así como tráfico de armas.

Apenas el año pasado había sido detenido en los Estados Unidos por los cargos de posesión ilegal de armas, sin embargo, salió libre tras pagar una fianza.