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Colectivos del país se organizan ante la gentrificación y turistificación desde Oaxaca

Activistas se organizan contra la gentrificación y turistificación, mientras denuncian acoso policial y criminalización durante el Encuentro Nacional contra la Gentrificación en Oaxaca.

Mientras las autoridades del gobierno de Oaxaca anuncian que el estado tiene  las puertas  abiertas al mundo con motivo de la Guelaguetza 2025, que inicia este lunes, colectivos, organizaciones y jóvenes independientes se organizan para visibilizar los efectos del encarecimiento del costo de vida en la entidad por fenómenos como la turistificación y la gentrificación.

Después del Encuentro Nacional contra la Gentrificación que sostuvieron del 16 al 19 de julio en Oaxaca, representantes de colectivos de jóvenes del estado, y de otras entidades como Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán, se pronunciaron contra estos fenómenos de turistificación y gentrificación.

Los calificaron como “estrategias de despojo estructuradas desde el capital y el Estado, bajo el disfraz del desarrollo, modernización o revitalización de los espacios urbanos” y manifestaron que la vía para hacerles frente es la organización.

Durante una conferencia de prensa, los participantes indicaron que durante las plenarias y grupos de análisis, identificaron que las transformaciones de las ciudades y pueblos responden a una recomposición política y económica orientadas a generar rentabilidad y la apropiación simbólica y material de las culturas locales.

Estos procesos, señalan los activistas, se alimentan del desarraigo, la especulación, la privatización y la exclusión, y son sostenidos por las políticas públicas, instituciones, y actores corporativos como las plataformas digitales, cadenas hoteleras, cárteles inmobiliarios y están generando la mercantilización del hábitat, es decir, promueven la práctica de convertir espacios naturales, ecosistemas o territorios, en mercancías que pueden ser compradas, vendidas o explotadas con fines lucrativos.

Eso implica asignar un valor económico a elementos de la naturaleza, como tierras, recursos naturales o incluso servicios ecosistémicos, para su inclusión en el mercado.

Sin embargo, destacan, la turistificación y gentrificación no son transformaciones homogéneas sino que van adquiriendo formas dependiendo del territorio, por ejemplo se presentan como megaproyectos asociados con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; en la Costa con la privatización de las playas, en la Ciudad de México se observa con la financiación de las viviendas y la ampliación de la plataforma Airbnb. En Oaxaca con la apropiación y la reducción del patrimonio cultural convertido en mercancía turística y en Baja California con las inmobiliarias que amenazan las costas y los vínculos comunitarios.


“Consensuamos y al final consideramos que las problemáticas sirven para nombrar y definir la gentrificación y no que la gentrificación las nombre, que el concepto debe ser adaptado a las realidades que atraviesa cada comunidad o cada lucha”, explica Hannia, estudiante oaxaqueña de Gestión Cultural. 

Hannia apunta que luego del encuentro observaron que los conceptos de turistificación y gentrificación resultan insuficientes para describir fenómenos como el desplazamiento de comunidades o el cambio de uso de suelo en las costas de Oaxaca, orientados a facilitar proyectos inmobiliarios.

Inmobiliarias que operan a través de FIBRAs

Activistas de la Ciudad de México pusieron sobre la mesa el tema de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAs) que son fideicomisos que funcionan como vehículos de inversión que se enfocan en el mercado inmobiliario, es decir a la compra, venta, alquiler y gestión de propiedades a través del cual varias empresas pueden generar ingresos y distribuir las ganancias entre sus inversionistas. 

Estas FIBRAs funcionan como conglomerados y así realizan sus actividades sin que se identifique el nombre de las empresas.

Entre esos, mencionaron a Fibra Uno (FUNO) el primer y más grande fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) de México, que se dedica a la adquisición, operación, desarrollo y administración de un portafolio diversificado de propiedades, principalmente en los sectores industrial, comercial y de oficinas en la Ciudad de México. 

Acoso policial durante encuentro contra la gentrificación en Oaxaca

Marcos Esmar, integrante del colectivo oaxaqueño Espiral del pensamiento crítico, denunció públicamente que durante las charlas y plenarias del encuentro hubo acoso policial. Patrullas y camionetas de la Policía Estatal vigilaban el lugar y las personas que transitaban del encuentro hacia sus casas eran seguidas y vigiladas en camionetas de la Policía Estatal.

“Se nos ha criminalizado, pero no vamos a victimizarnos y a decir que no somos nosotros. Les queremos decir que el gobierno de la 4T no es un gobierno de izquierda y  lo demuestra todos los días con su cinismo y desfachatez, con su corrupción y demagogia, se los queremos dejar claro, somos una generación de jóvenes  y colectivos no somos igual que ustedes”.

Construir nuevas formas de habitar las ciudades

A pesar de las estrategias mencionadas, los participantes de este encuentro sostienen que es importante reconocer la resistencia, pues es donde se articulan los saberes, “nuestra lucha es colectiva, autónoma y creativa, no buscamos solo frenar estos procesos sino construir nuevas formas de habitar”.

Esmar enfatizó que en medio de una crisis total: climática, social y ecológica, la organización es la única manera en que se le puede hacer frente a los problemas que nos aquejan como humanidad.

“La organización es la base, el corazón de nuestros pueblos y se van a seguir organizando gobierne quien gobierne. Ese es el mensaje y eso vamos a seguir difundiendo estemos donde estemos”, dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ROCÍO FLORES.

Hernán Bermúdez espera amparo de juzgado federal de Tijuana

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como Comandante H y presunto fundador de la organización criminal “La Barredora”, hoy ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, espera obtener un amparo y protección de un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.

La demanda de garantías fue promovida por el equipo legal de Bermúdez a los dos meses de que le fue dictada la orden de aprehensión por la que se mantiene prófugo desde el 12 de febrero de 2025 por su presunta participación en el referido grupo delictivo dedicado al narcotráfico, extorsión, robo de combustible y tráfico de personas migrantes.

El Comandante H reclama la orden de captura no solo de autoridades judiciales de Tabasco, con residencia en Villa Hermosa, sino también posibles actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta frontera y sus homólogos en Ciudad de México y otras ciudades.

Además, el quejoso señala a autoridades ejecutoras como son titulares de fiscalías federales y estatales, entre ellos los de esta entidad, así como los comisarios de diversas corporaciones policiales.

En el juicio de amparo iniciado en Tijuana en el mes de abril, a Hernán Bermúdez le fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado, tras exhibir una garantía de 16 mil pesos, protección que no será válida si le son reclamados delitos graves. Debido a la falta de diversos informes previos y justificados aún no se resuelve sobre la suspensión definitiva.

Hasta esta fecha han respondido con sus informes: el Comisionado de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Tijuana; el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1 Tijuana, de esta entidad; el administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Tabasco, con residencia en Villahermosa; y el Juez de Control de la Región Nueve, con sede en Centro, Tabasco.

Otros que han remitido sus informes al juez de amparo son las administradoras de los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente y el Reclusorio Sur, además del administrador del centro similar que tiene su asentamiento en el Reclusorio Norte.

Ante la falta de diversos informes no solo se ha diferido la audiencia incidental para fallar sobre la suspensión definitiva, sino también se ha pospuesto en tres ocasiones la audiencia constitucional para resolver el fondo del juicio de derechos fundamentales.

Originalmente la audiencia constitucional estaba prevista para el 21 de mayo, pero se difirió al 20 de junio; después, la fecha cambió al 18 de julio; y finalmente la nueva fecha está programada para el 20 de agosto.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, emanado del partido Morena y a la postre secretario de Gobernación, en 2021 en el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

El llamado Comandante H siguió en el cargo tras la partida de Adán Augusto, tras ser ratificado por el gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos. Este caso ha generado cuestionamientos sobre la gestión de López Hernández (hoy senador de la República), su posible conocimiento de las actividades ilícitas de su colaborador y las implicaciones políticas para Morena.

Entre los nuevos señalamientos públicos en contra de Hernán Bermúdez y La Barredora, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), advierte que existen reportes de inteligencia militar que vinculan al personaje y el grupo delictivo con el suministro de combustible robado (huachicol) para las obras del Tren Maya, cuyos tramos 4 y 5 fueron coordinados por Raúl Bermúdez Arreola, sobrino del Comandante H, que fue destituido de su cargo por acusaciones de corrupción.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.

Me dieron a mi hijo “sin tráquea y sin lengua”, el testimonio de una madre sobre la crisis en el Incifo

Empleados, madres y activistas dan sus testimonios sobre lo que ocurre en el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses de la CDMX: cadáveres maltratados, donados ilegalmente, falta de insumos, autoridades omisas y revictimización de familiares.

La crisis que enfrenta el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses (Incifo) pasa por la falta de insumos, déficit de personal, maltrato de cuerpos y acumulación de cadáveres no identificados, problemas que han sido denunciados públicamente por personal de la propia institución sin que hasta el momento haya una solución. 

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de México han evitado pronunciarse de fondo sobre las condiciones en que opera el organismo forense.

El deterioro del funcionamiento del Incifo afecta la atención y dignidad de las víctimas directas e indirectas en la capital mexicana, quienes además denuncian prácticas cuestionadas, como la donación de cuerpos no identificados a instituciones educativas fuera de los tiempos legales establecidos. Esa situación agrava la vulnerabilidad de los restos humanos bajo custodia estatal y representa un nuevo nivel de revictimización al dificultar la identificación de personas desaparecidas y el acceso a la justicia, mientras la falta de insumos y personal sigue retrasando necropsias vitales para esclarecer homicidios, suicidios y accidentes.

En las instalaciones del Incifo el déficit de personal y las cargas excesivas de trabajo no sólo se reflejan en documentos apilados, también en cadáveres acumulados, con una tendencia a aumentar. 

Un perito forense, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, compartió en entrevista: “Lo que hace como tres años eran cinco mil, en 2023, por ejemplo, fueron de seis mil 459 y en 2024, siete mil necropsias anuales. Si va a seguir aumentando tienen que prevenirlo”. 

Al mismo tiempo los cuerpos acumulados en la institución corren el riesgo de ser donados, sin ser identificados y fuera de los tiempos legales, a una institución educativa, o incluso que se vulnere su derecho a ser tratados con dignidad en las propias instalaciones de la institución. 

Existen pruebas de lo anterior: a finales de junio último, mientras los trabajadores del Incifo se encontraban en una protesta para exigir mejores condiciones laborales y solidarizarse con el paro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en redes sociales se filtraron videos con imágenes que evidencian el maltrato de cadáveres por parte de algunos peritos, entre ellos Andrés Oriol Morales, actual subdirector de Tanatología.

Los videos trascendieron en medios de comunicación, pero no fue así entre las autoridades del Poder Judicial, encargado del Incifo. De acuerdo con el perito entrevistado, ante sus inconformidades los trabajadores recibieron una “respuesta tibia” que se centró en un aumento salarial de 5% y no atendió las causas en profundidad; incluso, permitió que las violaciones a la dignidad de los cadáveres continúe impune, ya que el presidente magistrado, Rafael Guerra, sólo declaró al respecto que los videos fueron tomados hace un año.

“Parece que se le olvidó (a Guerra) ajustar las cuentas de los involucrados, o no quiso”, lamenta el perito sobres las irregularidades denunciadas. 

“No hemos tenido ningún llamado por parte de la Contraloría para las quejas que se han metido. De hecho, Andrés Oriol, que ha salido en estos vídeos sobre maltrato de cadáver, igual continúa en sus funciones”, aseguró el profesional de las ciencias forenses que se dijo indignado ante la indiferencia de las autoridades. 

Además alertó que, si la situación no es atendida, “estallará una crisis que no podrán negar ni esconder” en la que los principales afectados serán las víctimas directas e indirectas de la capital mexicana: 
A veces no se dimensiona, pero nuestro trabajo está relacionado directamente con la atención a las víctimas. Hacemos todas las necropsias judiciales que están relacionadas con homicidio, suicidios, accidentes, aquellas que están relacionadas con fallecimientos de personas no identificadas.
Familias buscadoras, revictimización 

Para las familias buscadoras no es una novedad la crisis que atraviesa el Incifo, pues desde hace más de un año denuncian maltrato por parte de los funcionarios que forman parte de la institución, así como la falta de personal y la poca ética en el manejo de cuerpos no identificados.

Después de la difusión del material gráfico que confirma los señalamientos, ante las víctimas indirectas de desaparición el Poder Judicial de la CDMX también mantiene silencio, así como el gobierno de Clara Brugada y la Fiscalía General de Justicia local. 

El 8 de julio último, integrantes de los colectivos Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia, Hasta Encontrarles CDMX y Una Luz en el Camino presentaron una denuncia en la Fiscalía capitalina y una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable de los actos vejatorios, contenidos contra cuerpos y restos humanos bajo resguardo del Estado en la capital del país. 

Al cierre de esta edición, no hay avances en las indagatorias del recurso legal que presentaron las familias.

La madre buscadora Jaqueline Palmeros consideró en una conversación con Proceso que el Instituto de Ciencias Forenses requiere de una reestructuración institucional profunda que “no se está dando”. 

Aún más, la también activista dijo que, con la situación actual en el instituto, los colectivos ven poco realistas los compromisos en materia forense que asumió la administración de Clara Brugada con la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, presentada en abril último ante la presencia del magistrado presidente. 

Para la hermana buscadora Yadira González, el maltrato de cadáveres no es la única violación institucional de la que son víctimas las familias buscadoras: 
Hay una práctica sistemática de donar los cuerpos sin tener una identificación plena, tenemos la información de que se estuvieron donando por muchos años o se siguen donando desde hace muchos años cuerpos con uno, dos o tres meses de haber llegado al Incifo, incluso tenemos algunos datos de días de haberse donado. 
El cuerpo de su hijo fue donado

Sobre la donación de cuerpos fuera de los parámetros legales por parte del Incifo a instituciones educativas, Laura Cabañas acudió a las instalaciones de Proceso para dar testimonio sobre el caso de su hijo, Julio César Cervantes Cabañas, un hombre de 47 años, que desapareció el 20 de septiembre de 2021. 

Aunque Cervantes Cabañas fue encontrado sin vida sobre la vía pública de la alcaldía Coyoacán en enero de 2024, su madre nunca fue notificada sobre el traslado del cuerpo al Incifo y pasaron 10 meses para que lograra localizarlo, sin el apoyo de las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas.

“Nunca me avisó ni la Fiscalía, ni el Incifo. Quien me avisó fue una persona del Instituto Nacional Electoral que tenía las huellas de mi hijo y las fue a cotejar al Incifo para ver si estaba ahí. Efectivamente, ahí estaba, ahí estuvo porque a los cinco días lo echaron para la escuela de medicina (del Instituto Politécnico Nacional IPN), lo donaron, lo traficaron, no entiendo”. 

Laura Cabañas compartió que, después de recibir la visita del funcionario del INE, salió “corriendo” hacia las instalaciones del Incifo, ahí fue atendida por una doctora que le notificó que el cuerpo de Julio César Cervantes Cabañas había sido donado y le dijo: “Pero no se preocupe, dele gracias a Dios de que no fue echado a la fosa común”. 

Frente a las cámaras, el rostro de la madre se descompuso y su voz se quebró en el momento en el que comenzó a describir las condiciones en las que recibió el cuerpo de su hijo: “Lleno de reactivos, negro, sin tráquea, sin lengua”. 

“No ha habido justicia para mi hijo, ni por su asesinato, ni por el maltrato que sufrió después”, asegura la madre, para quien es necesario que las autoridades “aprendan de memoria el concepto de dignidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

Vinculan a proceso en Nayarit a tres presuntos operadores del CJNG

Las autoridades realizaron un operativo que derivó en la detención de los tres sujetos en donde les fueron aseguradas armas de fuego, drogas, dinero en efectivo, entre otros objetos.

Un juez federal vinculó a proceso a Tomás “H”, alias "Max", Gabriela “M” y José “A”, presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y portación de armas. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el juez de Distrito en Nayarit, con sede en Tepic, dictó la vinculación a proceso contra los tres por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo; Tomás “H” y José “A” por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y para Gabriela “M” por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de posesión y cohecho.

A los tres les fue impuesta la medida de prisión preventiva y el juez concedió a las partes tres meses para la investigación complementaria. 

La FGR detalló que la detención de los tres sujetos supuestamente vinculados al CJNG derivó de una denuncia en la que se hizo del conocimiento de las autoridades de la comisión de probables hechos delictivos en la localidad de Heriberto Jara, en Ahuacatlán, Nayarit. 

Al dar seguimiento a la denuncia, se realizó un operativo del que derivó la detención de los tres sujetos en un inmueble en donde les fueron aseguradas armas de fuego, drogas, dinero en efectivo, entre otros objetos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Corren a funcionaria de Celaya que amenazó de muerte a un ciudadano

Corren a funcionaria de Celaya que le dijo “a mí me cuesta 2 mil pesos que te desaparezcan” a un ciudadano. El alcalde morenista se deslinda.

Las imágenes de una funcionaria del sistema de aguas de Celaya, Guanajuato, amenazando de muerte a un ciudadano, se volvieron virales este lunes, por lo que las autoridades tomaron cartas en el asunto e iniciaron el proceso para dar de baja a la agresora. 

“A mí me cuesta 2 mil pesos que te desaparezcan”, dijo la funcionaria de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) de Celaya, Guanajuato, al amenazar a un ciudadano en un negocio. 

La Jumapa informó que ya inició un proceso para dar de baja a la servidora pública, bajo el argumento de que no tolerará ningún tipo de violencia o intimidación por parte de su personal.

En Celaya, Guanajuato, el organismo encargado del sistema de agua y alcantarillado es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (Jumapa), un organismo descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de prestar los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.

No obstante, forma parte de la estructura del gobierno municipal.
De acuerdo con El Sol del Bajío, en palabras del presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez (de origen morenista), la funcionaria agresora, de quien no se ha proporcionado nombre, fue despedida desde el viernes. 

“¿Cómo vas a desaparecer a una persona con 2 mil pesos? eso es una súper amenaza,  nosotros ya la dimos de baja, no venía con nosotros, era de las anteriores administraciones”, dijo el alcalde. 

Mientras que Saúl Trejo Fuentes, director de la Jumapa, señaló que la ahora exempleada ingresó en 2022 en el departamento de atención al cliente. Desconoció si la situación se judicializará y agregó que el afectado es hijo de un exalcalde y hermano de una exdiputada del PAN.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a exalcalde Izamal, Yucatán, por presunta evasión de presos en pandilla y robo con violencia

En 2024, el exalcalde de Izamal, Yucatán, y otras personas se enfrentaron a policías estatales y liberaron a presos que eran trasladados.

Warnel “N”, exalcalde de Izamal, Yucatán, fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de evasión de presos cometido en pandilla, daño en propiedad ajena cometido contra un institución pública y robo con violencia.

Los hechos ocurrieron en junio de 2024 cuando el entonces presidente municipal, acompañado del director de la Policía y tres o más personas, enfrentaron con violencia a policías estatales que trasladaban a detenidos y los liberaron.

También es probable responsable de daños a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), del robo de un radio policial y de los celulares de ciudadanos que grabaron los hechos.

La orden de aprehensión librada por un juez de control, fue ejecutada este sábado 19 de julio por elementos de la SSP y de la Fiscalía General del Estado.

Hasta este momento, las autoridades no han dado más detalles sobre los otros funcionarios y personas que participaron en los hechos en los que el Warnel “N” presuntamente estuvo involucrado.

De acuerdo con medios locales, el exalcalde fue detenido en un primer momento por policías estatales por presunto robo de ganado en Peto, pero el juez declaró ilegal su detención y ordenó su liberación.

Al salir del Centro de Justicia Oral del Tercer Distrito Judicial, el exfuncionario fue capturado nuevamente por su presunta responsabilidad en los delitos de evasión de presos cometido en pandilla, daño en propiedad ajena cometido contra un institución pública y robo con violencia.

Warnel “N” es el segundo priista detenido en una semana en el estado, luego de que el viernes 11 de julio fuera detenido Rafael Echazarreta Torres, dirigente del PRI en Mérida, a quien se le acusa del delito de fraude específico.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Kateo: lo capturan enfiestado

De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, la captura de Diego Abel Miranda Rodríguez alias “El Kateo”, operador y cabecilla criminal del Cártel Arellano Félix (CAF) en Baja California, de 32 años, se registró a las 06:50 horas del domingo 13 de julio; “iba saliendo de un restaurante bar” en Jalisco.

Al ser interrogado, el detenido dio un nombre y credencial con identidad falsa, diciendo ser Luis Mier Luna.

Los reportes oficiales indican que el pasado domingo, las autoridades de Zapopan fueron alertadas de la presencia de un sujeto armado en un negocio ubicado en los cruces de Valle de Atemajac y Avenida Servidor Público en la colonia Jardines del Valle.

En el lugar, agentes detuvieron al Kateo al salir del local y localizaron el arma Aka 47, de uso exclusivo del Ejército, en el vehículo Jeep que Miranda iba abordar; de todo este proceso el abogado del presunto traficante de drogas y personas, presentó videos.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, solicitó los antecedentes delictivos del detenido en Baja California, pero la FGE no envió nada, y la FGR local remitió los datos de una captura fallida del 2021, y otros cargos por falsa identidad.

El 15 de julio se venció el término para que el Poder Judicial definiera su situación legal. La fiscalía lo presentó ante un juez que declaró legal la detención, la defensa solicitó ampliación del término, y será entre el 19 y 20 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia y definan si queda o no vinculado a proceso, en libertad o en prisión preventiva.

No es la primera vez que Miranda es detenido en circunstancias similares.

Como parte de los grupos encabezados por el recientemente detenido -17 de junio del 2025- Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, Miranda Rodríguez ascendió en el organigrama criminal del CAF alrededor del año 2020 y en esa época decidido trasladarse a Jalisco, y convertir ese estado en su zona de seguridad para evitar ser capturado en Baja California.

Pero las áreas de inteligencia bajacalifornianas detectaron su regreso al estado la segunda quincena de julio de 2021, cuando asistía en calidad de padrino a un lujoso festejo matrimonial, en un rancho en la localidad poco habitada en El Coronel en Ensenada; helicóptero, drones, las Fuerzas Armadas, fueron usados para detenerlo, y procesarlo por la posesión de otro rifle que traía en un Jeep que usaba para transportarse. Y el juez Alejandro Baltazar Chávez decidido liberarlo de manera inmediata porque -dijo- no se acreditó la posesión flagrante del arma, y no le fincaron ningún cargo adicional a pesar de su historial delictivo.

De acuerdo a datos proporcionados por las áreas de inteligencia de las corporaciones bajacalifornianas, Miranda inició su actividad delictiva en el CAF siendo adolescente, y en su temprana juventud fue detenido por corrupción de menores e investigado por secuestro.

En 2018, el Gobierno de Estado Unidos lo incluyó en sus cartelones de búsqueda como traficante de personas y de droga y solicita información que pueda llevar a su captura. Ese mismo año sobrevivió a una balacera en su contra.

ZONA NORTE, CENTRO, HASTA DELEGACIÓN PLAYAS

En noviembre del 2021, las autoridades de la Mesa por la Paz y Seguridad de Baja California actualizaron el organigrama criminal y reiteraron la identificación de Miranda como uno de los cabecillas de célula del CAF; definieron su área de operación en la Zona Norte, Centro y Playas de Tijuana con extensión a la zona de Otay, porque se ocupaba del territorio que colinda con la franja fronteriza.

También lo señalaron como uno de los responsables de las más de mil 500 homicidios cometidos en la ciudad ese año, relacionados con la venta de droga al menudeo.

Refirieron su alianza como el resto de los integrantes del Cártel Arellano con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con Javier Adrián Beltrán Cabrera, cabecilla del grupo homicida de Los Erres.

También investigaron la participación de la célula de Miranda en los narco-bloqueos que los días 12 y 13 de agosto del 2022, resultaron en el incendio de 24 vehículos en cinco de los siete municipios bajacalifornianos, Mexicali, Tecate, Ensenada, Tijuana y Rosarito.

Sus operadores en Playas de Tijuana fueron identificados como los responsables del homicidio de el exdirigente del Partido Nueva Alianza, Juan Pablo Rodríguez Gil, baleado el 28 de septiembre del 2022.

HOMICIDIO DE AGENTE DE LA FESC

En el año 2023, cinco de los presuntos homicidas detenido por el homicidio de Dalia Consuelo Espinoza Suszek, elemento de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, cometido el 19 de octubre del 2023, fueron identificados como subalternos de Diego Abel Miranda Rodríguez.

De acuerdo a la indagatoria, el ataque se había ordenado por un presunto robo de droga cometido en un grupo de agentes estatales el 25 de agosto de 2023 en la zona de Otay. Fueron contra la oficial porque ella fue una de las que firmó un Informe Policiaco Homologado relacionado con el caso. (Ver ZETA, edición del 20 de octubre del 2023)

SECUESTRO Y COBRO DE PISO EN 2019

Antes, la señora Soledad Anabel y sus dos hijos Samuel y Ángel, de 14 y 8 años de edad – familia de un traficante de personas que delinquía en la zona del Mirador-, fueron secuestrados del estacionamiento de Walmart sucursal Jauja, en Tijuana, el 12 de marzo; llamaron exigiendo pago de rescate con amenazas de muerte.

Los siguientes tres días enviaron videos de cómo desnudaron a dos de las víctimas y las golpearon con cinchos plásticos, en espalda, glúteos y piernas; también los asfixiaron, grabando sus gritos y súplicas. Además, la familia recibió fotos de los secuestrados con huellas de torturas mientras les apuntaban con arma.

El 16 de marzo fueron rescatados por elementos de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro (UEDS), en la casa con el número 4, en Calle Monte Casino, colonia Lomas Conjunto Residencial La Mesa en Tijuana; en la casa de seguridad encontraron otras dos víctimas femeninas del mismo delito y detuvieron a varios criminales.

En la investigación descubrieron que los habían secuestrado delincuentes del mismo cártel con el que operaban y habían ejecutado el secuestro por haber dejado de “pagar piso” a la célula criminal encabezada por Diego Abel Miranda Rodríguez “El Kateo” y los hermanos Toscano.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES)
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Lutnick confirma que Trump renegociará T-MEC en 2026; quiere que autos se hagan en EU

El regreso de Donald Trump ha estado marcado por una intensa guerra comercial, la cual desató con la imposición de aranceles a nivel global.

El Presidente Donald Trump renegociará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2026, afirmó Howard Lutnick, Secretario de Comercio estadounidense, durante una entrevista transmitida el domingo en CBS News.
“Creo que el Presidente [Trump] definitivamente va a renegociar el tratado, pero eso será dentro de un año”, comentó al medio.
“¿Debería esperarse que renegociemos el T-MEC? Tiene perfecto sentido para el Presidente hacerlo”, sostuvo Lutnick. “Trump no quiere que se fabriquen autos en Canadá o en México cuando pueden construirse en Michigan o Ohio”, explicó.
Trump, que asumió nuevamente la Presidencia en enero de 2025, ha puesto en su agenda el tema del "comercio justo" y la reindustrialización de Estados Unidos (EU). En particular, ha señalado al T-MEC por considerar que no ha protegido suficientemente los empleos estadounidenses.
“Se trata de comercio justo. Comercio recíproco. ¿Por qué tener nuestro país abierto mientras otros están cerrados? Este es un error de 80 años que el Presidente Trump está tratando de arreglar”, dijo Howard Lutnick.
Aunque el T-MEC tiene una revisión programada para 2026, el equipo de Trump ya prepara estrategias con presiones comerciales que podrían generar conflictos entre los tres países socios.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"No se cubre a nadie" en caso Bermúdez: Claudia; pide evitar "linchamiento mediático"

Claudia Sheinbaum reiteró que Hernán Bermúdez Requena es investigado y que tiene una orden de aprehensión en su contra.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió la mañana de este lunes en que no se cubrirá a nadie que tenga vínculos con grupos criminales o que haya cometido actos de corrupción, sin embargo, destacó que debe haber pruebas para hacer señalamientos contra Adán Augusto López Hernández, quien ha sido cuestionado en días recientes sobre su relación con Hernán Bermúdez Requena, ya que fue Secretario de Seguridad cuando se desempeñó como Gobernador de Tabasco y ahora se encuentra prófugo de la justicia porque ha sido identificado como fundador de “La Barredora”.
"No vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia, o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas, y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces esa va a ser nuestra posición siempre", dijo.
Sheinbaum Pardo recordó que Adán Augusto ya dio a conocer el viernes pasado que si las autoridades que llevan el caso lo citan, él irá a declarar. "Es hasta ahí lo que se conoce y si sigue la investigación, que siga la investigación. Y si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o con un acto de corrupción, pero tampoco respondemos a linchamientos mediáticos o de las redes sociales", aseguró.


Durante su conferencia de prensa matutina, habló sobre la comparación que se ha hecho de este caso con el de Genaro García Luna, el súper policía de Felipe Calderón Hinojosa, pues también se ha considerado poco creíble que el expresidente no supiera de los nexos de su entonces Secretario de Seguridad Pública con el narcotráfico, motivo por el cual fue condenado a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos (EU).
"Yo creo que lo importante aquí es lo siguiente y además para que se vea la diferencia. En este caso, esta persona que fue Secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República, muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos", comentó Sheinbaum.
De acuerdo con sus propias palabras, en cuanto se tuvo conocimiento de presuntos vínculos con el crimen, se abrió la carpeta de investigación y se consiguió la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena. "Eso es lo primero y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación", afirmó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Luisa Alcalde advierte: "No protegeremos a nadie que incurra en prácticas corruptas"

La dirigente nacional de Morena subrayó que las y los militantes del partido vinculados con actos de corrupción "deberán responder por sus actos".

Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, aseguró este domingo que su partido no protegerá a militantes u otras personas que incurran en actos de corrupción.
"Morena no encubre a nadie que incurra en prácticas corruptas o que actúe en contra de los valores que sostienen a nuestro proyecto de transformación nacional”, sostuvo durante la Vlll Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional.
Estas declaraciones se dan en medio del escándalo de corrupción que involucra al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, un militante morenista señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora" y quien fue nombrado en el cargo por Adán Augusto López Hernández durante su Administración como Gobernador.


En el marco de dicha polémica, Alcalde Luján denunció que existe una campaña con falsas narrativas orquestada por la oposición. El tema salió a relucir en el discurso que pronunció en el Consejo Nacional de Morena, celebrado en el Hotel Barceló de la Ciudad de México (CdMx).
"No somos iguales, y lo decimos con firmeza: Morena es distinto porque se guía por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", aseveró frente a la militancia.
Finalmente, la dirigente morenista sentenció que cualquier integrante del partido señalado por corrupción "deberá responder por sus actos”. Además, recalcó que las autoridades serán las responsables de determinar las responsabilidades en cada caso.


Noroña acusa "ofensiva mediática" contra Adán Augusto

Por su parte, el Senador Gerardo Fernández Noroña se refirió este día a las denuncias contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, las cuales calificó como una "ofensiva mediática terrible" en contra de Adán Augusto López, quien puso a Bermúdez Requena en el cargo.

Al ser cuestionado sobre las comparaciones que se hacen con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, el morenista rechazó cualquier similitud y lo consideró como algo "absurdo".

Cabe mencionar que durante el Consejo Nacional de Morena, las y los asistentes manifestaron su respaldo a López Hernández, a quien gritaron "¡No estás sólo!" en repetidas ocasiones.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a Kevin "N", el presunto feminicida de Karla en Jalisco

“Hace unos momentos fue detenido Kevin N, el presunto responsable del feminicidio de Karla", informó el gobernador Pablo Lemus.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó en su cuenta de X que fue detenido Kevin “N”, el presunto feminicida de Karla Bañuelos, a quien habría disparado a quemarropa con un rifle AR-15 tras una discusión la madrugada del 12 de julio.

“Hace unos momentos fue detenido Kevin N, el presunto responsable del feminicidio de Karla, ocurrido el fin de semana pasado en la colonia Balcones de Oblatos. En Jalisco el que la hace la paga. En unos momentos más la @SSeguridadJal y la @FiscaliaJal estarán brindando más información”.
En la madrugada del sábado 12 de julio de 2025, en Guadalajara, Jalisco, una joven identificada como Karla, de 28 años, fue asesinada a sangre fría por quien medios locales refieren como su expareja tras una discusión en su domicilio. 

Según publicaciones en X, el incidente ocurrió después de una acalorada disputa en la que Karla, en un momento de frustración, golpeó el auto del sujeto con una escoba y le gritó: “¡Saca tu puto R!”. En respuesta, el sujeto, cuya identidad no ha sido revelada por autoridades, utilizó un rifle AR-15 para dispararle, causándole la muerte.

El 14 de julio se dio la localización del vehículo al realizar un recorrido de vigilancia en la Colonia Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. “Es resultado directo de las diligencias ministeriales y los trabajos de inteligencia, y representa una pieza clave en la integración de la carpeta de investigación”, dijeron autoridades.

El vehículo localizado es tipo SUV de la marca Chevrolet, Equinox, modelo 2010 en color blanco con placas del estado de Chihuahua.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mujeres representan 70% en el sector salud, pero solo una cuarta parte ocupa puestos de liderazgo

Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza laboral en el ámbito sanitario, sin embargo los espacios de toma de decisiones siguen estando dominados por hombres; a nivel global, las profesionales de la salud representan el 70 por ciento del personal sanitario y social, pero solo ocupan el 25 por ciento de los puestos de liderazgo, tanto en funciones asistenciales como de gestión.

Esto fue revelado en el informe El liderazgo de las mujeres en la salud de las Américas: por una gobernanza sanitaria paritaria e inclusiva, elaborado por la Task Force Interamericana sobre Liderazgo de las Mujeres.

Hay que recordar que históricamente las mujeres han sido relegadas de los espacios de toma de decisiones, entre ellos, el sector de salud. De acuerdo con el reporte, Entre 2018 y 2022 el número de ministras de sanidad, encargadas de dirigir y coordinar las políticas y acciones relacionadas con la salud pública disminuyó del 31% al 25% a nivel mundial y la proporción de delegaciones de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) dirigidas por mujeres bajó del 27% al 23%.

Las áreas donde predomina el personal femenino suelen estar vinculadas al cuidado, con funciones que históricamente han sido feminizadas. A nivel mundial, las mujeres representan el 90% de la fuerza laboral en enfermería y obstetricia, pero son minoría en especialidades como la cirugía. Estas ocupaciones, generalmente de menor jerarquía y peor remuneradas, están marcadas por estereotipos de género que limitan el acceso de las mujeres a puestos mejor valorados.

Esta desigualdad también se refleja en la distribución del personal entre instituciones públicas y privadas. Mientras los hombres acceden con mayor frecuencia a empleos mejor remunerados en el sector privado, como los de médicos (49.2 %), las mujeres predominan en ocupaciones peor pagadas, como el cuidado personal, también dentro del sector privado (81.8 %).

Los espacios asignados socialmente a las mujeres suelen ofrecer salarios más bajos en comparación con aquellos dominados por hombres, o incluso carecen de retribución. Además, presentan peores condiciones laborales y menor acceso a protección social, como pensiones o servicios de salud, lo que impide a muchas mujeres alcanzar una vida plena y digna.

Por otro lado, el 83% de las delegaciones ante la samblea Mundial de la Salud, en las últimas siete décadas estuvieron compuestas por una mayoría de hombres, y ninguna tuvo más de un 30% de mujeres como Delegadas Jefe. Según sitios oficiales de gobiernos de 32 países de América Latina y el Caribe, a mayo del 2024 solo el 31% tenía mujeres como máxima autoridad en los ministerios de salud. 

En América Latina y el Caribe, la brecha salarial es persistente: en 2019, por cada dólar que percibieron los hombres, las mujeres ganaron apenas 58 centavos. En el sector salud y asistencial, la diferencia salarial bruta entre hombres y mujeres ronda los 20 puntos porcentuales, cifra que aumenta a 24 puntos al considerar factores como la edad, el nivel educativo y el tiempo de trabajo.

Esta brecha salarial no responde a supuestas diferencias en las características o capacidades entre hombres y mujeres, indica el informe, sino que obedece a factores como la segregación ocupacional por género, la baja representación de mujeres en los puestos mejor remunerados, la alta proporción de mujeres en trabajos de medio tiempo y la persistente “penalización por maternidad”.

Asimismo, es importante señalar que muchas mujeres se ven obligadas a aceptar empleos de tiempo parcial debido a la división sexual del trabajo, que históricamente les ha asignado las tareas de cuidado. Estas tareas incluyen actividades cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida: cuidado en salud, del hogar, de personas dependientes y del propio autocuidado.

Datos de 16 países de América Latina y el Caribe muestran que entre el 12% y el 25% del tiempo de las mujeres se destina al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que en el caso de los hombres ese rango se sitúa entre el 3 % y el 13 %. En promedio, las mujeres dedican entre 22.1 y 42.8 horas semanales a estas labores, frente a las 6.7 y 19.8 horas que destinan los hombres

Acoso sexual y laboral

Las mujeres que trabajan en el ámbito sanitario no están exentas de enfrentar acoso sexual, lo que genera consecuencias negativas para su salud física y mental. Esta situación se agrava cuando el género se cruza con otras condiciones de desigualdad, como en el caso de jóvenes becarias, mujeres migrantes y mujeres de poblaciones históricamente discriminadas. La segregación laboral que relega a las mujeres a puestos de menor jerarquía e ingresos también incrementa el riesgo de sufrir violencia.

En México, el 26% del personal de enfermería reportó haber sufrido acoso sexual, y una de cada tres víctimas señaló repercusiones en su salud mental y emocional. En estos casos, los factores asociados fueron: tener una edad mayor al promedio, no tener pareja y contar con menor escolaridad. Cabe destacar que, aunque la investigación incluyó a hombres, solo las mujeres reportaron haber sido víctimas de acoso.

Además, en muchos entornos laborales, las trabajadoras sanitarias no cuentan con mecanismos eficaces para denunciar abusos cometidos por colegas varones de alto rango sin temor a represalias. A esto se suma el miedo a la estigmatización, la exposición pública, la vergüenza e incluso el enjuiciamiento, lo que desalienta a muchas víctimas de violencia sexual a levantar la voz.

“Era un tema complicado porque, a pesar de que había denuncias, no sabían cómo darles seguimiento. En las personas encargadas de resolver los casos ni siquiera había perspectiva de género, y no estoy hablando sólo de acoso sexual, también había hostigamiento laboral, que a veces se empalman”.

Quienes ocupan cargos de liderazgo también se enfrentan a diversas formas de violencia y acoso, como insultos, amenazas, difusión de noticias falsas y campañas de desprestigio. Estas agresiones buscan provocar que las víctimas abandonen sus empleos, vean truncadas sus oportunidades de ascenso o incluso deserten de sus trayectorias profesionales.

¿La falta de liderazgo de mujeres en el sector salud cómo nos impacta?

Los estigmas que cuestionan la capacidad de las mujeres para liderar, sumados a las brechas salariales y el acoso que enfrentan en sus espacios laborales, provocan que muchas se vean forzadas a desertar de sus carreras profesionales. Esta exclusión repercute en la ausencia de mujeres en puestos de toma de decisiones, lo que a su vez genera una falta de inclusión de sus perspectivas y necesidades en la formulación de políticas públicas, en las investigaciones científicas, en los tratamientos médicos y en el desarrollo de medicamentos.

El informe destaca que, históricamente, numerosos estudios clínicos han excluido a las mujeres como sujetos de prueba. Un ejemplo alarmante ocurrió entre 1997 y 2000, cuando el 80% de los medicamentos retirados del mercado en Estados Unidos lo fueron debido a efectos adversos en mujeres, quienes no habían sido incluidas en los ensayos clínicos que evaluaban su seguridad y eficacia.

Contrario a lo que se podría esperar, la inversión en investigaciones centradas en la salud femenina no ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Veinte años después de aquel episodio, apenas el 1% de los recursos destinados a investigación e innovación sanitaria se invirtió en afecciones específicas de las mujeres fuera del campo de la oncología. Esta desatención ha contribuido a una peor calidad en la atención médica para las mujeres, lo que se traduce en un mayor riesgo de enfermedad y muerte.

Recomendaciones

Como primera instancia para asegurar participación igualitaria en la toma de decisiones se propone garantizar la paridad en todos los niveles del sistema de salud, desde hospitales hasta ministerios, con normativas que aseguren igualdad laboral, protección ante el embarazo y licencias equitativas. También se sugiere incorporar procesos de selección sin sesgos y mecanismos de denuncia seguros ante violencia y discriminación.

En cuanto a la educación, se plantea integrar la perspectiva de género en la formación profesional, fortalecer el liderazgo femenino, promover programas de mentoría, y eliminar barreras como los topes de edad y la falta de accesibilidad lingüística en la capacitación.

Para visibilizar y erradicar las desigualdades e incidir en la agenda pública se solicita impulsar la producción de datos desagregados por género e interseccionalidad, así como la difusión de investigaciones sobre brechas salariales, violencia laboral y salud mental de las lideresas. 

Por otro lado, en el informe se propone la creación de sistemas integrales de cuidados que alivien la carga sobre las mujeres, profesionalizar ese trabajo y fomentar políticas laborales flexibles que permitan conciliar la vida personal y profesional.

Finalmente, pidieron presupuestos con enfoque de género, inclusión de comadronas y saberes tradicionales, inversión en infraestructura y participación activa de las mujeres en puestos de liderazgo.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: PAOLA PIÑA.

Más denuncias salen del interior del TFJA: hostigamiento, despidos, acoso laboral...

A pesar de su relevancia en la resolución de controversias entre particulares y la administración pública —incluidas aquellas que involucran grandes cantidades de recursos públicos—, el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad, violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados.

En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), órgano que no fue incluido en la reciente Reforma al Poder Judicial al depender del Ejecutivo federal, siguen acumulándose denuncias de irregularidades, hostigamiento, violencia laboral y despidos, prácticas cuestionables dentro de esa institución que está encargada de resolver litigios millonarios en materia administrativa y fiscal.

A pesar de su relevancia en la resolución de controversias entre particulares y la administración pública —incluidas aquellas que involucran grandes cantidades de recursos públicos—, el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad , violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados.

En SinEmbargo se le ha dado seguimiento a diversas denuncias internas por violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia. Estas situaciones son parte de la realidad que se ha instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ahora dos denuncias más se agregan a la serie de señalamientos en dicho Tribunal, éstas involucran o señalan a dos magistrados, Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Gerardo Brizuela Gaytán, por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo por parte de Gutiérrez Vargas, así como actos de violencia laboral, hostigamiento y despido presuntamente injustificado hacia una trabajadora por parte de Brizuela Gaitán.

Una fuente cercana a los casos explicó que la Junta de Gobierno, quien se encarga de dar seguimiento y resolución a las denuncias, mantiene un patrón de conducta que tiende a dejar en el olvido los casos, pues asegura que una vez que se presenta una queja en contra de un Magistrado o por actos de corrupción, le inician un procedimiento de responsabilidad a quien presenta la denuncia.

Desde el pasado 2 de julio, SinEmbargo consignó una denuncia que daba cuenta cómo la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, que encabeza Guillermo Valls Esponda, ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia y amenazas y por otras prácticas que violan el propio “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.

Guillermo Valls Esponda trabajó en la Procuraduría General de la República (SAT) de Felipe Calderón Hinojosa y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Enrique Peña Nieto. Como él, hay otros magistrados que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Cevallos; Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón así como el exsenador Carlos Chaurand Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones, y la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, propuesta por Calderón en 2012.


Irregularidades en adscripción de plazas

Un nuevo caso documenta una denuncia presentada el 31 de enero de 2025 a través del portal de la Secretaría de la Función Pública, dirigida a la Dirección de Denuncias y Atención Ciudadana de la Dirección General de Investigación de la Unidad de Combate a la Impunidad y compartida. En ésta se acusan posibles actos de responsabilidad administrativa cometidos por el Magistrado Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, titular de la Segunda Ponencia de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a quien se le acusa de un manejo irregular en una plaza que está pendiente por una prejubilación.

La denuncia señala que el Magistrado Gutiérrez Vargas, usando su posición como integrante de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, se adscribió el 31 de diciembre de 2024 a una ponencia cuya plaza se encontraba desocupada por prejubilación, a pesar de que un juez federal había otorgado una suspensión a la Magistrada anterior para que permaneciera en su cargo hasta la conclusión del juicio de amparo promovido en su defensa.

La denuncia también involucra al Magistrado presidente Guillermo Valls Esponda, a quien se señala de haber dado anuencia para que dicha adscripción ocurriera, pese a que el 13 de diciembre de 2024 ya se habían dado por concluidas las sesiones de la Junta de Gobierno.

De acuerdo con la parte denunciante, la plaza en cuestión no debió ocuparse sino hasta que finalizara el proceso de prejubilación o, en su defecto, hasta que concluyera un juicio de amparo promovido por la Magistrada en funciones, pero no fue así.

Además del presunto nombramiento irregular, la denuncia también destaca que el Magistrado Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, se ausenta con frecuencia, lo que —según indica el denunciante— entorpece la tramitación de los juicios asignados a su ponencia. Y es que, de acuerdo con la denuncia, el Magistrado emite instrucciones a través de una secretaria de acuerdos que no está adscrita a su sala, sino que pertenece a la Sala Superior del Tribunal

Eso se constata en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Tribunal correspondientes a diciembre de 2024, publicados en el portal institucional y en el Diario Oficial de la Federación, así como los reportes del sistema electrónico del Tribunal usados para el control de juicios en enero de 2025, donde se pueden advertir las fechas de turnado de asuntos y los retrasos en la tramitación.

Violencia laboral

Otra denuncia por violencia laboral se le suma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de un escrito dirigido a la Junta de Gobierno del propio tribunal el 27 de septiembre de 2024 en Tijuana, Baja California, donde la denunciante señala que fue víctima de actos de violencia laboral por parte del Magistrado Gerardo Brizuela Gaytán durante los días 19, 25 y 26 de septiembre del mismo año, cuando fue presionada para que firmara su renuncia, aunque ella no quería, y finalmente la despidieron.

La denunciante alude que fue un despido injustificado y que, además, los días posteriores a su despido, cuando fue a recoger sus pertenencias, fue tratada como delincuente.

La queja refiere que desde la llegada del Magistrado Gerardo Brizuela Gaitán se marcó un deterioro progresivo en su ambiente laboral, y que, pese a contar con capacitación para promover una cultura de derechos en el trabajo, fue víctima de un trato autoritario, excluyente y violento.  La denuncia detalla una serie de eventos que, según la víctima, constituyen un patrón de hostigamiento, humillaciones y presión indebida para forzar su renuncia.

El jueves 19 de septiembre de 2024, a través de su secretaria particular Yomara Sainz Landeros, el Magistrado en mención la mandó llamar a su oficina “a privado”, se lee. Durante la reunión, el Magistrado le expresó su desacuerdo con un proyecto de sentencia, la denunciante pidió la presencia de la oficial jurisdiccional que había elaborado los proyectos previos, para verificarlo, pero el Magistrado se negó a esto y exigió a la denunciante que lo elaborara nuevamente, advirtiéndole que tenía hasta el 25 de septiembre para entregarlo. La trabajadora relató que ella le pidió más tiempo para evitar errores por la premura, el Magistrado se negó a concederle plazo, por lo que el 20 de septiembre a las 2 de la tarde, la denunciante entregó el proyecto en mano.


Sin embargo, el 25 de septiembre, fue llamada de nuevo al privado del Magistrado, quien —según la denuncia — la recibió con reclamos por errores ortográficos en el documento y la interrumpió mientras intentaba señalarle que sí había revisado el documento, pero que por la premura en la que se lo solicitaron se podrían ir errores, ademas de justificar las fallas por la falta de herramientas tecnológicas. En esa reunión, el Magistrado le sugirió cambiarla de ponencia y le insinuó que debía renunciar, a lo que ella respondió que no pensaba renunciar, defendió su trabajo y denunció que sus expedientes eran los últimos en salir del despacho, pese a entregarlos primero, y que sufría restricciones arbitrarias como no poder hablar, reír o prestar expedientes a sus compañeros.

De acuerdo con la denuncia, de manera insistente la volvió a presionar para renunciar, pero ella se negó a hacerlo, por lo que le solicitó el expediente para corregirlo, pero él se negó a entregárselo, y –al no lograr que ella renunciara– le dijo que estaba despedida. “Nos vemos en los tribunales”, fue la respuesta de la trabajadora al salir del despacho.

Ese mismo día, según la denuncia, la trabajadora trató de comunicarse con el Magistrado visitador Jorge Octavio Gutiérrez Barrugas, pero fue atendida por su personal. A su vez, ella solicitó al Magistrado que le diera oportunidad de seguir en su puesto hasta la visita oficial, del Visitador Gutiérrez, la cual estaba prevista entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, como medida de protección a sus derechos laborales y de género, pero no recibió respuesta.

Al día siguiente, jueves 26 de septiembre, a las 9:08 horas, la denunciante acudió a su lugar de trabajo, pero al intentar ingresar, el guardia de seguridad le impidió el acceso por órdenes del magistrado Brizuela y de la delegada administrativa, quien habría ordenado al personal operativo que sacara sus pertenencias hasta el lobby del edificio, negándole incluso el acceso al sistema para tomar sus pertenencias y realizar la entrega formal de su puesto.

Sus compañeras de trabajo le ofrecieron apoyo moral durante el desalojo, y ella insistió en que no se había cumplido con el debido proceso para una remoción e insistió en que le permitieran ingresar y usar una computadora para redactar el acta de entrega. Finalmente logró que le permitieran usar un equipo de cómputo, hizo el acta de entrega, pero –se establece en la denuncia– el Magistrado se negó a firmarla como superior jerárquico.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

En Culiacán, Harfuch afirma que se ha debilitado al Cártel de Sinaloa

Harfuch afirmó que los operativos en Sinaloa son para “darle tranquilidad a la ciudadanía”, luego de que en septiembre de 2024 iniciara una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo de los resultados obtenidos por parte del Gabinete de Seguridad Nacional en Sinaloa, estado que concentra el 54 % de los homicidios en el país.

En conferencia de prensa, el titular de la SSPC detalló que en este territorio se han detenido a 1,487 personas, decomisado 3,003 armas de fuego, desmantelado 91 laboratorios de producción de metanfetamina y asegurado más de 53,602 kilogramos de droga -entre la que se detectan pastillas de fentanilo-, durante el periodo del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio del presente año.

También destacó que el aseguramiento de armas en esta entidad “representa más del 20 % del total confiscado en el país”.

Asimismo, recordó que estos operativos constantes son para “darle tranquilidad a la ciudadanía”, luego de que en septiembre de 2024 iniciara una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, enfrentamiento que ha dejado más de 1,500 muertos en Sinaloa.

“Esa situación que comenzó en el estado de Sinaloa, esta situación de violencia provocada por dos grupos delictivos -que se conocían perfectamente- es lo que justamente estas operaciones e investigaciones que a diario realiza el Gabinete de Seguridad son para revertir esto que estos mismos delincuentes provocaron”, sentenció.

En cuanto a las organizaciones criminales, Harfuch subrayó que “han sido mermadas”, pues “al inicio del conflicto veíamos los convoys de varias camionetas en Culiacán (capital), hoy no tenemos registro de eso, cada vez son menos frecuentes”.

“No quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos es que no son iguales, no tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales”, afirmó.

Por su lado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, negó la presencia de otros cárteles en Sinaloa, y resaltó el despliegue de 11,000 elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) en la entidad.
Todos los días, desde octubre del 2024, se han incrementado las operaciones y poco a poco, pero con acciones contundentes, se han ido debilitando estas estructuras.
“No hemos encontrado indicios de otro cartel, al sur de Sinaloa algunos grupos han colocado mantas donde buscan generar esa idea, pero del personal que ha detenido o de material, armamento, drogas que se han asegurado, no se ha encontrado algún indicio que apoye esa teoría”, respondió descartando posibles alianzas con Los Chapitos.

Al ser cuestionado por la detención Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘el Chapo’, ocurrida en enero de 2023 en Culiacán, Harfuch presumió que fue una operación realizada 100 % por autoridades mexicanas.

“Recordarle a la ciudadanía quién detuvo a Ovidio, cómo se detuvo (…) La detención fue 100 por ciento por autoridades mexicanas, mueren 10 militares en operativo, es el Gobierno de México quien lo envía, se extradita, y hasta ahorita se hace un acuerdo para mencionar a otras personas de su grupo delictivo”, manifestó sobre este detenido que recientemente se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico en EE.UU..

Por órdenes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad del país visitará cada 15 días el estado con el objetivo de restablecer la paz en la región.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Funcionaria en Celaya bajo investigación por amenaza: “Con 2 mil pesos te desaparezco”

La denuncia fue presentada ante las instancias correspondientes después de que un video donde se escucha la amenaza se viralizara en redes sociales.

Una funcionaria pública de Celaya está siendo investigada por autoridades locales luego de que presuntamente amenazara con desaparecer a un hombre a cambio de 2 mil pesos.

Medios locales reportan que la denuncia fue presentada ante las instancias correspondientes después de que un video donde se escucha la amenaza se viralizara en redes sociales.

En el audio, la mujer señala que con una cantidad económica específica podría hacer desaparecer a la persona, lo que generó la apertura de una carpeta de investigación por posibles delitos de amenazas e intimidación.

Se reporta que instancias judiciales y de seguridad han iniciado procesos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades legales.

La identidad de la funcionaria y el afectado no han sido reveladas debido a protocolos de privacidad y seguridad.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Chapito” y “El Ratón” traficaban y fabricaban armas, con ayuda de Chávez Jr: La Jornada

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, una facción del Cártel de Sinaloa (CDS), junto a su hermano, Ovidio Guzmán López, “El Ratón” -ambos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo- dirigían una organización que traficaba ilegalmente explosivos, armas de grueso calibre y cartuchos de Estados Unidos a México, mismos que una vez que ingresaban a territorio mexicano, los utilizaban en la fabricación de armas.

Así lo señaló el diario de circulación nacional La Jornada, en una nota titulada ‘Chapitos’ fabricaban armas tras copiar las que traían desde EU’, firmada por el periodista Gustavo Castillo García, quien citó supuestas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.

“En algunos de los casos, se procede a desarmar los objetos bélicos adquiridos con el propósito de copiar sus componentes y fabricarlos en talleres clandestinos, refieren investigaciones de la Fiscalía General de la República, y en las cuales se ha señalado el involucramiento del boxeador Julio César Chávez Carrasco”, afirmó el citado rotativo.

“La indagatoria señala que las armas eran entregadas en gran número a sicarios de la organización delictiva conocida como cártel de Sinaloa. Las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que por lo menos desde 2018, el grupo de traficantes de armas era encabezado por Martín León Romero, quien contaba con la colaboración de ciudadanos estadunidenses que adquirían las armas, los explosivos y los cartuchos en Tucson, Arizona, y los trasladaban a Nogales, Sonora”, agregó La Jornada.

“León Romero fue detenido en diciembre de 2024 y ese mismo mes quedó vinculado a proceso penal por un juez con sede en Hermosillo, Sonora, tras concluir que desde 2018 dirigía una organización de más de tres personas, cuyo centro de operaciones se estableció en Nogales, Sonora, teniendo además actividades en Nogales y Tucson, Arizona, Estados Unidos, pero cuyo centro de mando se encuentra en el estado de Sinaloa”, abundó el diario.

“Por estas operaciones, el Ministerio Público Federal obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 13 personas, incluido Julio César Chávez Carrasco (hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez [González]), y fueron descubiertas en noviembre de 2019, cuando un elemento de la Agencia de Investigación y Seguridad Nacional, perteneciente a la Dirección de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE/HSI), presentó una denuncia ante la FGR”, detalló La Jornada.

“La célula delictiva tenía integrantes que se dedicaban a reclutar a más personas para la compra de armas de fuego (en Tucson, Estados Unidos). Su forma de operar consiste “en que varios miembros de ésta contactan a otras a cambio de dinero, les piden que usen sus tarjetas de crédito y proporcionen sus domicilios para que reciban los pedidos de compras de armas de fuego y cartuchos que se realizan por Internet y puedan llegar a esos domicilios en Estados Unidos, y de ahí son recogidos por miembros de la organización criminal comandada por Martín León Romero”, explicó el rotativo.

“Y, una vez que se tienen físicamente las armas y los cartuchos para armas de fuego, éstas son ingresadas ilegalmente a Nogales, Sonora, y es el propio Martín León Romero quien las recibe en esa ciudad fronteriza, revisa la calidad y la cantidad de los productos, los reempaca, los transporta a través de autobuses, para posteriormente ser enviados a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para ser entregados a Iván Archivaldo y a otros miembros de la organización delictiva conocida como Cártel de Sinaloa”, abundó La Jornada.

“Entre los objetos bélicos adquiridos en Estados Unidos se detectaron granadas de calibre 44 milímetros y cañones lanzagranadas modelo M203 para calibre 40 milímetros. Durante las indagatorias de Estados Unidos se aseguraron 97 mil cartuchos y 19 armas de fuego, y en 2019 se imputó el delito de tráfico de armas a 14 personas en aquel país”, finalizó el diario.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.