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PAN conmina a ciudadanos a sumarse a amparo colectivo contra la denominada “Ley Espía”

El Partido Acción Nacional puso a la disposición de la ciudadanía un formato para la promoción de un juicio de amparo indirecto contra el paquete de reformas aprobado en el anterior período extraordinario de sesiones y con el que, a decir del dirigente panista Jorge Romero, el gobierno podrá espiar a los mexicanos sin mediar una orden judicial.

En un comunicado emitido este domingo 20 de julio el Comité Ejecutivo Nacional del PAN señaló que, además de la localización geográfica, el gobierno podría intervenir las comunicaciones de los ciudadanos en la modalidad de llamada o mensajes de texto, así como la información contenida en los dispositivos móviles y que igualmente tendrá acceso a los datos personales, a saber: nombre, domicilio, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes.

“No podemos permitir que el gobierno utilice la tecnología para espiar a las y los mexicanos sin justificación y sin orden de un juez. La ciudadanía no tiene nada que temer si nada debe, pero el Estado sí tiene límites y esos límites los marca la Constitución”, indicó el presidente del CEN, Romero Herrera.

A inicios de julio el dirigente nacional manifestó en rueda de prensa celebrada en Mexicali que en razón de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en el Congreso de la Unión autoridades de seguridad y de procuración de justicia podrían solicitarles a las telefónicas la ubicación de la ciudadanía en tiempo real sin que mediara una orden judicial.

Durante la misma conferencia el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, indicó que la Ley General de Población obligará a entregar la CURP biométrica a la hora de hacer un trámite ante el gobierno o ante un particular. “Con teclear tu CURP van a poder saber dónde estuviste, qué compraste, dónde te hospedaste, a dónde viajaste”, abundó.

A su vez, el coordinador de los diputados federales Elías Lixa denunció que con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública los datos de la población pueden ser compartidos con gobiernos extranjeros, con el uso de mecanismos de interconexión.

El 4 de julio, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que se pudiera geolocalizar a los ciudadanos sin orden judicial de por medio. Aseguró que el “artículo 183” obligaba a los operadores de las compañías a colaborar “en términos que establecen las leyes”.

Ante ello Romero reviró: “Usted dice que mentimos porque señala que ese artículo refiere que se hará según las leyes aplicables, nada más que con ese mismo argumento yo le digo cuál es otra ley igual de aplicable: la nueva Ley de la Guardia Nacional que ustedes también volvieron a votar recién en estos días, y que en su artículo 9 claramente antes de esta reforma señalaba que para geolocalizar personas se ocupaba de una previa autorización judicial, ustedes acaban de quitarle precisamente esa parte”.

El formato de amparo, disponible en el portal del Partido Acción Nacional, apunta a la protección de la justicia federal contra diversas normatividades: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Ley General de Población, Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Como autoridades responsables refiere a la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la titular del Poder Ejecutivo federal y el director general del Diario Oficial de la Federación.

Romero Herrera reiteró la invitación a sumarse al amparo colectivo. “No se trata sólo de un tema partidista sino de un derecho que le pertenece a toda la ciudadanía”, mencionó.

Aseguró que, con leyes como tales, Morena tiene pretensiones de “normalizar el espionaje político y social”, tentativa que consideró como un riesgo para la democracia en el país.

“El gobierno debe servir a las personas, no vigilarlas ni intimidarlas”, remató.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO ANDRADE URIBE.

“Para mi fue suficiente”: diputada pide a Tribunal Electoral frenar disculpas públicas de ciudadana tras ocho días

El Tribunal Electoral resolvió que la ciudadana Karla María Estrella debe pedir disculpas públicas a la diputada Diana Karina Barreras por 30 días.

La diputada federal Diana Karina Barreras pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconsiderar el falló emitido por el cual la ciudadana Karla María Estrella debe pedirle disculpas públicas por 30 días, esto tras cometer violencia política de género en su contra luego de que la cuestionó en sus redes sociales.

“Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mi fue suficiente. Ni siquiera necesitaba que fuera pública; lo que realmente me importaba era el reconocimiento de la vulneración que sentó”, escribió en su cuenta de X.

La legisladora dijo creer en la libertad de expresión pero también en el derecho a “vivir una libre vida de violencia”, por lo que consideró que en el contexto actual, “donde las redes sociales amplifican lo emocional”, se debe aprender a “compaginar estos dos derechos”.

También dijo creer “en la capacidad de reconocer, de rectificar y de aprender”, por lo cual solicitó al Tribunal reconsiderar la sanción en contra de la ciudadana Karla María Estrella al señalar que el “agravio” quedó saldado desde la primera disculpa emitida.

“Cierro este capítulo desde la serenidad de quien sabe que actuó con convicción y respeto. Lo cierro con la tranquilidad de haberme defendido sin agredir, con los medios legales que la ley me otorga; de haber puesto un límite sin renunciar al diálogo”, mencionó.

Cabe destacar que al ser cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un “exceso” la resolución del Tribunal Electoral: “es un exceso, el poder es humildad, no soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”.

La resolución del Tribunal Electoral

El TEPJF determinó sancionar en junio pasado a la ciudadana y ama de casa, Karla María Estrella, tras haber cuestionado en redes sociales a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, publicó Karla María Estrella en sus redes sociales el 14 de febrero de 2024.


Posteriormente, el 27 de febrero, la Unidad Técnica Ejecutiva del INE notificó a Karla de la queja de la diputada Barreras Samaniego por su publicación. La institución le refirió que debía contestar “cuál era el objetivo” de su tuit y presentar “documentación que justifique” las afirmaciones.

De acuerdo con Proceso, el 11 de abril la Sala Regional Especializada del TEPJF resolvió que si bien el mensaje no constituía calumnia, sí configuraba violencia política de género, ya que sugería que la candidatura de Barreras Samaniego obedecía únicamente a su relación con un hombre, en menoscabo de sus capacidades.

La diputada mencionó que lo que se dijo sobre ella “jamás se habría dicho de un hombre”, por lo que el buscar esta sanción en contra de la ciudadana fue también para que “ninguna mujer —sin importar su historia, su origen o su camino— tenga que vivir violencia de ningún tipo. Ni física, ni verbal, ni simbólica”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Soy tabasqueña”, dice Sheinbaum en gira tras polémica por exsecretario de Seguridad; anuncia inversión en el estado

Durante la inauguración de la ampliación de un hospital del IMSS Bienestar en Tabasco, Sheinbaum dijo que el estado la "adoptó" y que no le hará falta nada, sin embargo, en su gira omitió hablar de la crisis por presuntos vínculos criminales del exjefe policiaco.

En su tercera visita a Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue adoptada por el estado, por lo que ya es “tabasqueña” y aunque no hizo referencias a las recientes polémicas por la presunta relación del exsecretario de Seguridad local con un grupo delincuencial, aseguró que su gobierno va “requetebien”.

Como parte de sus giras de fin de semana, la mandataria visitó Tabasco, estado natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del exgobernador y actual senador, Adán Augusto López, quien ha estado envuelto en cuestionamientos por los supuestos vínculos criminales de Hernán Bermudez, extitular de seguridad durante su mandato y quien ha sido señalado como presunto líder de “La Barredora”.

En el evento, Sheinbaum aseguró que en los siguientes tres años habrá una inversión de 2 mil millones de pesos para el sistema de Salud del IMSS Bienestar de Tabasco y dijo que se va a atender “lo que le haga falta” al estado.

“No le va a faltar nada a Tabasco, no solamente porque queremos mucho (al gobernador) Javier May, sino también a todas y a todos los tabasqueños; además, ya me adoptaron, soy tabasqueña, y vamos bien, vamos muy bien, como diría nuestra compañera Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, vamos bien con el segundo piso de la Cuarta Transformación, ‘requetebién’”.

La mandataria no hizo referencias al tema de seguridad en la entidad.

Mientras que en su intervención, el gobernador Javier May, aseguró que en Tabasco “hay coordinación, convicción, rumbo y autoridad”.

“Entre todas y todos vamos a devolver la paz a nuestro querido Tabasco y nos hemos sumado a la estrategia contra la extorsión impulsada por la presidenta. (…) Tabasco cuenta con la presidenta y la presidenta con Tabasco”, dijo sin hacer mención a las recientes polémicas.

Exsecretario de Seguridad de Adán Augusto vinculado con “La Barredora”; Morena busca expulsarlo del partido

Tres años después de ser identificado como operador de un grupo criminal y tres días después de que se confirmó que huyó del país, Morena inició un proceso para la posible expulsión de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López Hernandez en Tabasco.

De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 2022 —revelados por Sedena Leaks—, Bermúdez Requena fue uno de los mandos en Seguridad nombrados por el actual coordinador de los senadores de Morena, que estaban presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información recabada entre 2019 y 2022 por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste identificó que el grupo formado por esos funcionarios, conocido como La Barredora, estaría implicado en robo y venta de combustible, extorsión y trasiego de droga.

Bermúdez Requena, sin embargo, continuó como titular de Seguridad en la entidad después de que López Hernández se incorporó como secretario de Gobernación al gabinete de Andrés Manuel López Obrador en 2021.

Cuando salieron a la luz los reportes de Sedena Leaks, AMLO minimizó las acusaciones y defendió a su entonces secretario de Gobernación.

Bermúdez Requena se mantuvo en el cargo hasta que una ola violenta con asaltos y bloqueos con automóviles por parte de grupos criminales lo orillaron a renunciar, en enero de 2024.

No obstante, después de que los presuntos vínculos criminales del exfuncionario salieron a la luz, el partido Morena lo incorporó en sus filas, el 20 de marzo de 2023, de acuerdo con el padrón que está en manos del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, en medio de los cuestionamientos sobre la inacción del coordinador de Morena en el Senado sobre el caso de su exfuncionario, el 17 de julio Morena suspendió los derechos políticos de Hernán Bermúdez Requena como militante de esa organización. 

Con lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) prepara la expulsión como militante del exfuncionario de Tabasco.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena alista una maquinaria territorial de 357 mil 705 operadores, al estilo del viejo PRI

En su Congreso Nacional, Morena votará la creación de 71 mil 541 comités permanentes que promuevan el voto y las políticas de ese partido en todo el territorio nacional, bajo el control de la Secretaría de Organización que encabeza Andrés Manuel López Beltrán.

Con casi siete años en el poder, el partido Morena aspira a conformar una estructura territorial similar a la que tuvo el PRI en su época de partido de Estado. Este domingo, el Congreso Nacional morenista aprobará un plan para crear comités de al menos cinco personas en cada una de las 71 mil 541 secciones electorales del país, para promover el voto a su favor e impulsar las políticas de ese partido.

Los integrantes de estos comités tendrán la tarea de promover el voto y la defensa electoral antes, durante y después de los procesos electorales federales o locales, con vecinos con quienes compartan la misma sección electoral.

De acuerdo con los Lineamientos que Morena prevé aprobar en su octavo Congreso extraordinario, las tareas de los Comités serán promover y difundir los valores, principios y programas de ese partido, impulsar y coordinar actividades de formación política y participación de la militancia, incluyendo la organización de círculos de debate y estudio.

Además, apoyarán las actividades de afiliación de otras personas a su partido, conforme a la estrategia que defina la Secretaría de Organización, que busca llegar a los 10 millones en este 2025.

También estarán encargados de distribuir el periódico Regeneración en esas secciones.

La estructura morenista de despliegue territorial

Un representante de cada Comité participará en los Consejos municipales o distritales realizados en los procesos internos del partido y buscarán establecer una red con otros comités de su localidad, además de otras organizaciones sociales.

Cada semestre, los Comités deberán presentar en su sección un informe de sus actividades realizadas y mantener actualizados los registros de sus integrantes.

Morena busca que sus comités estén conformados por al menos cinco personas, con una presidencia y una secretaría ejecutiva, elegidas en una asamblea por votos secreto, que se mantendrán en ese puesto durante tres años.

De acuerdo con los lineamientos, las personas que integren los comités no recibirán ninguna remuneración por formar parte de esa estructura.

La Secretaría de Organización a cargo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llevará el control y registro de cada uno de los Comités seccionales.

Los integrantes de los Comités podrán ser requeridos para formar parte de delegaciones con misiones específicas que determine la presidenta Luisa María Alcalde.

En sus Estatutos, Morena ya contempla los “Comités de Defensa de la Transformación” como base de su estructura; sin embargo, no clasifica su existencia a partir de cada sección electoral, sino que pueden corresponder a un barrio, colonia, comunidad, pueblo, municipio o alcaldía, y en las comunidades de mexicanos en el extranjero. Ya establece que al menos deberá contar con cinco integrantes.

“Van a girar con la membresía de los programas sociales”

Cuando se dio a conocer la intención de Morena sobre la creación de sus comités territoriales nació la comparación con la Estructura Territorial del PRI, que se integra de acuerdo con sus estatutos por comités en cada una de las secciones en que se dividen los distritos uninominales del país.

De forma paralela, ese partido tiene en su Movimiento Territorial —creado por Luis Donaldo Colosio Murrieta— una estructura nacional enfocada en asentamientos urbanos y de zonas periféricas, que al igual que la propuesta de Morena está conformada por Comités de Base, que se conforman con un mínimo de cinco integrantes.

El priista Rubén Moreira, coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, reconoce que la estructura que busca consolidar el partido Morena parece similar a la que en su momento creó su propio partido, pero acusa a Morena de querer consolidarse como partido hegemónico, con el soporte principal en los programas sociales.

“El PRI no tuvo una plataforma de programas sociales como la que hoy vemos que estuviera vinculada con el partido, eso no existió (…) Hoy están tratando de vincularlos a través de los Siervos de la Nación, a través de los famosos superdelegados que todavía existen, a través del levantamiento de estos padrones masivos con compromisos que ya habíamos dejado atrás por ilegales, como el del SNTE de Alfonso Cepeda Salas, de ofrecer públicamente el registro de personas a Morena. Entonces no, no es lo mismo. Ellos tratan de construir, y lo digo con respeto, su dictadura”, comentó el también exgobernador de Coahuila.

En febrero pasado, Alfonso Cepeda Salas, senador por Morena y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguró que su organización podría aportar 5.5 millones de nuevos afiliados al partido guinda.

Moreira asegura que los comités tendrían la responsabilidad de que los beneficiarios de programas sociales voten por el partido Morena, a través de una idea interiorizada entre la población.

“Van a girar a partir de la membresía de los programas sociales, que es una enorme diferencia con lo que era el PRI. El PRI funcionaba a partir de una reivindicación social. ¿Tuvieron éxito o no? Esa es otra historia; pero cuando tú revisas qué se hizo en tiempos de Lázaro Cárdenas, pues era la movilizar a quienes tenían un reclamo social. Ahora no, ahora no hay esa lucha social, lo que hay es una membresía de programas sociales que se utiliza para hacer esto. Lo que quiere hacer Morena no es hacerse como el PRI, si no es hacerse un partido totalitario, un partido único, en un contexto que no es de eso”, afirma Moreira.

El coordinador priista acusa que con estos comités que estarán bajo el control de la Secretaría de Organización, Morena busca consolidar un proyecto que beneficiaría al titular de esa área, Andrés Manuel López Beltrán.

“Es evidente que hay un proyecto transexenal de López Obrador papá y que lo trata de concretar a través de Andy. Si no es así, pues parece que sí… Recordemos que Morena es una organización mesiánica. (…) La presencia es tan clara que ahí va a seguir y es la organización que él está realizando a través de Andrés, su hijo Andy.”.

“Van a participar en las decisiones del partido”

Gabriel García, quien fue secretario de Organización del partido Morena, destaca en entrevista que los comités no son algo nuevo en su movimiento. Para la elección de 2018, señala, alcanzaron a tener 65 mil en todo el país. Sin embargo, admite que por la dinámica de la organización es fundamental mantener una actualización al menos cada tres años.

Durante su gestión, explica, ya existían los comités por sección electoral y otros correspondientes a sectores sociales como trabajadores, de la diversidad sexual o grupos de migrantes…

—¿Cuál sería la principal diferencia con la propuesta que van a evaluar este fin de semana?

—Más que diferencia, son las nuevas cualidades de los comités. Ahora se está planteando, además de ampliar porque crecieron el número de secciones electorales, van a tener responsables que van a participar en las decisiones del partido y eso es un cambio cualitativo para democratizar más.

La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, ha señalado que busca que los comités tengan representatividad y participación más activa en el partido.

Morena prevé que estos comités tengan voto en las asambleas donde se definirán los perfiles de posibles candidaturas a un puesto público.

“De tener una estructura bien conformada, la aportación que se pudiera hacer es que los comités tuvieran voz y voto en las asambleas electivas de candidaturas. Pero eso es otro momento, ahorita lo que necesitas es primero tener la organización durante este año, para que el siguiente estemos discutiendo cuáles van a ser los mecanismos de elección de candidaturas”.

Gabriel García, creador de los Siervos de la Nación, rechaza que los comités busquen condicionar los programas sociales con votos a favor de su partido. Argumenta que si los aspirantes no tienen trabajo directo en territorio los beneficios sociales gubernamentales no determinarán los comicios.

“Esa es una vieja historia, de la cual me atribuyeron muchos mitos, porque yo fui el coordinador de los programas. Yo les puse Servidores de la Nación, pero fíjate que no, porque el trabajo que hacen estas personas ahora es directo con la ciudadanía”.

El diputado, sin embargo, reconoce la influencia de los programas sociales a la hora de salir a votar.

“Aunque quisiéramos hacerlo, ya la gente tiene una evolución y si no se tiene cercanía, te mandan a la quinta de Palenque. Es distinto, realmente no hay manera. Lo que ahora está votando la gente no es porque se lo diga un Servidor de la Nación. La gente está votando por el reconocimiento al proyecto, los beneficios sociales; si mejoraron tu calidad de vida, tú votas por ese proyecto”.

Para el convencimiento de los votantes en territorio, señala, su partido requiere un ejército organizado.

“Hay esta versión de que esto es para afianzar, para que los servidores de la nación y los gobiernos que ya estén hagan algo impenetrable. No es cierto. Es la consolidación de la organización. Y yo le digo el regreso a la esencia”.

La diferencia con la estructura del PRI, argumenta, es el corporativismo de las organizaciones sociales que derivaban en decisiones verticales.

“La diferencia es que ahora es organización a nivel territorial, microrregional, pero con libertad de autodeterminación. Entonces puede ser —y eso esperemos que así sea— que a veces las decisiones o posturas generales de las y los dirigentes de Morena se cuestionen, como por ejemplo la incorporación de alguien a las filas del partido que cause desánimo. Por eso te digo que esta posibilidad de sujetarse a las decisiones mayoritarias de la organización partidaria hace bastante diferente al verticalismo que se vivió durante muchos años con el PRI”, explicó el operador morenista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Bermúdez Requena 'tendrá que rendir cuentas a la justicia': gobernador de Tabasco

Javier May afirmó que los procesos judiciales siguen su curso y que no se abordó el tema durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tabasco.

El gobernador de Tabasco, Javier May, declaró que el exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena —actualmente prófugo y presuntamente vinculado al grupo criminal “La Barredora”— “tendrá que rendir cuentas a la justicia”.

Así respondió el mandatario al ser cuestionado por medios de comunicación en el aeropuerto de Villahermosa, sobre la situación del exfuncionario del gobierno de Adán Augusto López Hernández.

“Tendrá que rendir cuentas a la justicia de sus acciones, cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que actúe la ley, que se aplique la ley”, expresó. Agregó que todos los exfuncionarios tabasqueños detenidos en relación con este caso ya enfrentan procesos judiciales.

“Todos los que han sido detenidos han sido vinculados a proceso y están en proceso en la Fiscalía o en el Tribunal Superior de Justicia”, indicó.

Sobre el caso de Bermúdez Requena, May subrayó que se trata de un asunto que compete a la fiscalía. Afirmó que en Tabasco “hay cero impunidad” y que se aplicará la ley a quienes cometan delitos.

El gobernador negó que durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tabasco, el sábado 19 de julio, se haya abordado el tema. También descartó haber tratado el asunto con López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, con quien dijo haber conversado  “de las reformas” recientes.

El pasado viernes, tras varios días de ausencia, y luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum considerara “pertinente” que el senador ofreciera su versión, Adán Augusto López Hernández publicó un mensaje en X donde defendió su actuación como gobernador y aseguró estar a disposición de cualquier autoridad que requiera su presencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Adán Augusto López reaparece en Congreso de Morena tras polémica por su exsecretario

“No me desaparecí”, sostuvo el senador, y se limitó a decir que las autoridades deben hacer su trabajo y que él ya había informado lo que consideraba necesario.

El senador, Adán Augusto López Hernández, reapareció este domingo en el Consejo Nacional de Morena, tras varios días de ausencia en medio de la polémica por su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presuntamente vinculado con el grupo criminal ‘La Barredora’.

Al llegar al evento en la Ciudad de México, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado evitó hacer declaraciones extensas, aunque rechazó tajantemente los señalamientos de que se encontraba ‘desaparecido’.

“No me desaparecí”, sostuvo, y se limitó a decir que las autoridades deben hacer su trabajo y que él ya había informado lo que consideraba necesario. 
Yo lo que tenía que decir ya lo dije. Espero que las autoridades harán su trabajo, su investigación.
López Hernández defendió su gestión como gobernador durante un mensaje anterior y afirmó estar a disposición de cualquier autoridad que requiera su presencia.

En días recientes, circuló en redes sociales una carta falsa atribuida a López Hernández, en la que se anunciaba su renuncia como coordinador parlamentario de Morena, alegando “presiones indebidas”. 

Senadores afines a la Cuarta Transformación, como Gerardo Fernández Noroña, Juan Carlos Loera y Víctor Mercado, desmintieron la autenticidad de este documento y señalaron que se trata de una maniobra para generar confusión y división.

Ante la polémica, la bancada de Morena en el Senado emitió un pronunciamiento de respaldo institucional y político a López Hernández, subrayando que no existe investigación judicial ni señalamiento formal en su contra, y calificó las acusaciones como intentos para debilitar al proyecto político del partido.

Bermúdez Requena continua prófugo de la justicia y cuenta con una orden de aprehensión por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Cienfuegos, un expediente que ahora persigue al gobierno de Sheinbaum

Cuando parecía que el rocambolesco caso Cienfuegos estaba guardado en un cajón tras su exoneración en 2021, la confrontación del actual gobierno federal con el abogado de Ovidio Guzmán trae de vuelta al debate nacional las circunstancias en las que el general fue liberado y devuelto a México.

A solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará, de nueva cuenta, un informe sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue capturado el 15 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, a petición de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), y liberado el 18 de noviembre de ese año tras la intervención de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora la posición del gobierno mexicano, con Claudia Sheinbaum, es que EU liberó al general porque es inocente, aunque documentos en el incipiente proceso judicial en ese país indican que fue dejado en libertad por cuestiones de política exterior.

Aún más, están las declaraciones del propio López Obrador que confirman su intervención en el caso: “Sentí que se estaba cometiendo una injusticia”, dijo. 

En octubre de 2020 el gobierno federal maniobró para que el secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto fuera liberado en México. El acuerdo con EU es que sería investigado en nuestro país basándose en la información que Washington había compartido con las autoridades mexicanas. Sin embargo, el general fue exonerado en enero de 2021.

Reaparición polémica

En febrero de este 2025, durante la Marcha de la Lealtad, Cienfuegos volvió al debate público tras aparecer en el presídium del evento. Meses más tarde reapareció en la conversación nacional a propósito de las declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán –hijo del Chapo Guzmán–, capo que en días pasados logró un acuerdo con la justicia estadunidense.   

“La idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación o decisión (sobre Ovidio), es absurda. Basta con pensar en el caso del general Cienfuegos, un caso bastante reciente”.

El asunto de Cienfuegos inevitablemente lleva a recordar las declaraciones contradictorias del entonces presidente López Obrador sobre el general de Peña Nieto cuya responsabilidad quedó en una presunción porque el proceso en su contra en territorio estadunidense fue interrumpido, contrario a la suerte del superpolicía del entonces presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado y encarcelado en EU por narcotráfico. 

El 15 de octubre de 2020 AMLO se expresó así en el contexto de la captura del general: “Estamos ante una situación inédita porque está detenido (Cienfuegos) por la misma acusación que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (García Luna).
Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen -dijo AMLO-, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Siempre dije que no era sólo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás.
López Obrador dijo que “tenemos que seguir insistiendo, y ojalá también sirva para comprender que el principal problema de México es la corrupción”.

Dos días después el entonces presidente morenista también consideró que, si en el juicio en Estados Unidos “el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se les castigue. En el caso de García Luna, lo mismo”.
Por si fuera poco, el entonces presidente descartó utilizar cualquier recurso de su gobierno para la defensa de Cienfuegos y remitió el caso a la asistencia consular. “Cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les apoya, hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad, yo creo que se está iniciando apenas el juicio”, dijo.

Ese mismo día el general Cienfuegos, quien recomendó a su sucesor (Luis Cresencio Sandoval) con el entonces presidente electo López Obrador, le escribió una carta al tabasqueño, misiva que incluyó en su libro A la mitad del camino. 

En el escrito, redactado desde el encierro en territorio estadunidense, el general afirmó que fue víctima de “una detención arbitraria, injusta y humillante, enfrente de mi familia, por las autoridades del combate a las drogas de este país”. 

Cienfuegos aseguró que los cargos de los que fue acusado eran falsos, por lo que “le solicito su superior intervención para que el juicio que se me impone sea agilizado y pueda demostrar mi inocencia. Me parece sumamente grave, no solo para mí y la familia, lo que está sucediendo, es un asunto que va más allá de mi persona o lo que represento o representé (...) lo importante es que hay una gran injusticia, me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país (...) Quedo en espera de su alta determinación”.

Entonces, la posición del presidente López Obrador cambió 180 grados y se convirtió en defensor del general de Peña Nieto.

En favor de Cienfuegos su caso transcurrió paralelo al desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos. En ese contexto, si bien fueron escasas las declaraciones públicas de López Obrador sobre ese tema, por debajo de la mesa pública, reveló el exmandatario, hubo una serie de llamadas y labor del gobierno federal para traer de vuelta al general. 

Entonces, vino la serie de exposiciones sobre la intervención del Estado mexicano para el retorno de Cienfuegos.

López Obrador no tuvo dificultad en afirmar: “Lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. 

“Esto va más allá de lo legal, no quiere decir que no sea legal, existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer y fue, en el caso que nos atañe, violado porque nosotros no tuvimos ninguna información. 

“Hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición (...) sentimos que no se había cuidado el procedimiento”.

AMLO: “Sí hubo una intervención”

En octubre de 2020 la labor de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, bajo el amparo de un acuerdo existente, derivó en que el Departamento de Justicia solicitó a la jueza Carol Amon desestimar los cargos contra Cienfuegos –por motivos de política exterior–, lo cual no se traduce en declarar la inocencia del general. 

Esta decisión complació al presidente mexicano:
Quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar.
En México la FGR, como parte del acuerdo con EU, inició una investigación y en sólo un par de meses Cienfuegos quedó exonerado.

Para López Obrador estaba de por medio el prestigio del Ejército, institución fundamental para el Estado y su proyecto gubernamental... “Y no es cualquier cosa, no podemos permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales; además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano”, dijo el tabasqueño en aquella ocasión.

Ahí mismo López Obrador fue claro: “Entonces, como es un asunto importante para México, en todo sentido, por eso se intervino y, sí, lo que se mencionó en ese comunicado, que hubo una intervención diplomática. Sí la hubo. Tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores con el fiscal, y habló con el embajador de Estados Unidos, se mandó una nota. Sí hubo una intervención para lograr un acuerdo también”. 

Esto confirma que Estados Unidos no permitió el traslado de Cienfuegos a México porque fuera inocente, sólo desestimó sus pruebas la cuales fueron enviadas a la autoridad mexicana para que éstas investigaran al general. 

Lo dicho por el Departamento de Justicia a la jueza fue que “hay asuntos o materias que tienen que ver con política exterior y reconocemos una sociedad muy fuerte entre México y Estados Unidos para combatir la criminalidad, incluyendo el tráfico de drogas, y por eso hemos considerado o pedimos que se desestimen estos cargos para que el general Cienfuegos se traslade a México y sea México, en primera instancia, el que resuelva la condición de legal (...) Para permitir la investigación en México y su potencial procesamiento en primera instancia en México”, leyó entonces Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio pasado, hoy secretario de Economía.



Choque con la DEA

Tras la exoneración del general Cienfuegos se desarrolló una confrontación del gobierno mexicano con la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que esa oficina fabricó delitos contra el militar. 

La respuesta no tardó en venir del otro lado del Río Bravo, el propio Departamento de Justicia dio a conocer: “Estamos profundamente decepcionados por la decisión de México de cerrar su investigación y compartir la información que le fue compartida de forma confidencial”. 

Y es que el enojo de la DEA también fue detonado porque el gobierno mexicano dio a conocer parte de los datos confidenciales que el gobierno estadunidense compartió sobre el general. Lo que “pone en cuestión si Washington puede continuar compartiendo información para apoyar las investigaciones criminales de México”.

Todavía en 2023 el presidente López Obrador aseguró que “la inconformidad en el fondo (en EU) es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza”. 

Incluso destacó su defensa a Cienfuegos: “Así como salí yo a defender al general Cienfuegos porque percibí que era una injusticia, en política se tiene que tener instinto certero, y a mí me ha funcionado eso. Entonces, así como salí a defender, de decir: a ver, tráiganme todo, está muy raro esto (...)  si Calderón dice que García Luna es inocente, ¿por qué no lo ayuda, si es abogado Calderón, y se mete y lo defiende? ¿Por qué se queda callado?”

Ya en total libertad, el general Cienfuegos gozaba de condecoraciones recibidas de manos del propio presidente López Obrador, e invitaciones al presídium con motivo de la Marcha de la Lealtad en 2025, la primera encabezada por la presidenta Sheinbaum.

Contradicciones

El 10 de febrero pasado, al ser cuestionada por la presencia de Cienfuegos en un acto presidencial, Sheinbaum aseguró que Estados Unidos liberó al general porque no hubo pruebas; y cuando se le recordó que su liberación en México fue por el acuerdo y compromiso de que sería investigado, la mandataria federal rechazó ese apunte.
–Sabemos que Cienfuegos fue regresado a México, pero por una intervención del gobierno mexicano –le recordó esta reportera a la presidenta Sheinbaum–, en el que se hablaba de temas que tienen que ver con la relación bilateral México-Estados Unidos, pero no propiamente porque se le haya llevado un juicio allá y en el que se comprobara o no que él estuviera coludido con el crimen organizado.

–La fiscalía de Estados Unidos en aquella época (todavía era el primer periodo del presidente Trump) no tuvo elementos (...) ¿Tú crees –preguntó Sheinbaum a esta reportera– que si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido realmente algo contra el general Cienfuegos, lo hubiera liberado?

En otro momento del intercambio de preguntas y respuestas la mandataria federal expuso:

“No, discúlpame. No hubo causas, no hubo pruebas suficientes, esa fue la razón de la liberación”.

–En México, ¿no? –se le aclaró a Sheinbaum.

–Y en Estados Unidos –reiteró la mandataria.

En la conferencia mañanera del día siguiente el intercambio de preguntas y respuestas fue de esta reportera con el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

“Si el gobierno de Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México”, dijo el fiscal.

–¿Hubo una comunicación formalmente en la que dijeran: “Pues sí, nos desistimos porque, en efecto, no hubo pruebas”?

–A ver, compañera, por favor... Cuando uno notifica oficialmente a una persona moral, y en este caso a un Estado, que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de “sí” o “no” aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. ¡Lo aceptó!, compañera, por favor.

En ese momento, el fiscal Gertz Manero aseguraba que el caso en México estaba concluido y que no recibieron por parte de Estados Unidos ninguna queja. Lo que nunca pudo asegurar fue la existencia de un documento en el que oficialmente Estados Unidos expresara que no tenía pruebas y que por ser inocente dejaba en libertad al general Salvador Cienfuegos, lo cual, de hecho, no sucedió porque lo ocurrido fue que delegó la investigación a la FGR. 

El gobierno mexicano aseguró que sus afirmaciones eran la verdad y no su versión oficial, pese que a que en la realidad la posición de Estados Unidos no fue explícita en asegurar que Cienfuegos era inocente, además de que, como confirmó en varias ocasiones López Obrador, sí hubo una intervención de su administración que derivó en la libertad del general Cienfuegos en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Capturan en Sonora a “El Comanche”; ofrecían 1 millón de pesos de recompensa

Era considerado un objetivo prioritario acusado del delito de desaparición forzada, por lo que tenía activas cuatro órdenes de aprehensión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que fue detenido Isaías Valentín “N”, alias “El Comanche”, considerado un objetivo prioritario por su presunta responsabilidad en diversos delitos de alto impacto.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante la audiencia inicial ante el juez se le formuló imputación por el delito de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, en perjuicio de Massiel Adrián “N”.

Por ello, se determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

La audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 23 de julio.

La detención

La captura se llevó a cabo sobre el Camino del Seri, a la altura del bulevar Quiroga, luego de que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora interceptaron un vehículo Toyota Corolla gris con placas de Baja California.

Según el comunicado, dichas placas eran “similares a las utilizadas en recientes hechos delictivos en los que sujetos armados se ostentaron como elementos de la AMIC”.

“Tras realizar las diligencias correspondientes”, se confirmó la identidad del detenido como Isaías Valentín “N”, originario de Culiacán, Sinaloa, y presunto integrante de un grupo criminal con operaciones en la región.

La Fiscalía de Sonora informó que sobre él pesan cuatro órdenes de aprehensión vigentes, además de una ficha de búsqueda activa, con recompensa de un millón de pesos.

Los delitos por los que se le señala incluyen desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, con mandamiento judicial emitido el 22 de diciembre de 2023; desaparición cometida por particulares agravada, con orden del 27 de mayo de 2024, y otra más por desaparición cometida por particulares, fechada el 22 de septiembre de ese mismo año.

Asimismo, se le vincula con los hechos ocurridos en enero de 2024 al interior del bar Jakarta Clublife, en Hermosillo, donde se registraron tres homicidios.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La Sedena busca tirar 259 hectáreas más de selva para hacer rentable el Tren Maya

La deforestación de selva maya permitirá una terminal con almacenes de autopartes, químicos y tanques de combustible. El proyecto, de siete mil 700 millones de pesos, busca hacer rentable el megaproyecto mediante el transporte de carga.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) planea deforestar otros 259 hectáreas de la selva maya para construir una terminal multimodal del Tren Maya, destinada a cargar y descargar mercancías en tráileres, la cual tendrá un costo calculado en siete mil 700 millones de pesos.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que la Sedena entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la nueva terminal tendrá, entre otros, un almacén de residuos peligrosos, un alojamiento para la Guardia Nacional y otro para los tripulantes, un edificio aduanal, zonas de almacenamiento de combustible, e implicará la “remoción de vegetación forestal” en 259.59 hectáreas.

En el documento, la institución castrense indicó que la terminal multimodal servirá como “almacén temporal destinado a depositar la carga proveniente de vías terrestres de autotransportes para seguir su traslado por medio de vías férreas en el sureste mexicano”; se prevé que 117 personas trabajarán en ella durante su fase de operación, incluyendo 27 soldados de la Guardia Nacional.

Esta terminal multimodal, que no estaba contempladas en el programa original del Tren Maya, forma parte de la segunda etapa del megaproyecto, que consiste en la infraestructura para transportar carga en los más de mil 500 kilómetros de vías del tren. 

En abril último, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de esta segunda fase, que contemplará terminales en Poxilá y Progreso, en Yucatán; Chetumal y Cancún, en Quintana Roo, y en Palenque, Chiapas, donde se conectará con el Tren Interoceánico; la presidenta informó que el gobierno planea invertir 40 mil millones de pesos en esta infraestructura.

Estas obras aumentarán el costo del Tren Maya, una de las más onerosas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que en diciembre de 2024 ya había costado 470 mil 428 millones de pesos, según documentó Proceso en su edición de junio.

Rentable con la carga

Con el transporte de carga, el gobierno federal pretende hacer un poco más rentable el Tren Maya y llegar a un “punto de equilibrio” en 2030, del que se encuentra muy lejos: en 2024 la empresa que opera el tren reportó ingresos propios de apenas 275 millones 831 pesos, un monto que no cubrió ni 10% de los dos mil 837 millones de pesos que informó como gastos de operación.

“Por eso es muy importante que hayamos iniciado ya la construcción de las instalaciones de carga, para que en 2027-2028 ya estemos generando muchos más ingresos que nos permitan absorber los costos operativos”, dijo Óscar David Lozano Águila, el director de la empresa castrense, durante la conferencia matutina del viernes.

Al preguntarle sobre el costo total del Tren Maya, el general aseveró que no tenía el “dato preciso”; reconoció que el megaproyecto apenas está en “etapa de maduración” y requiere que “se le inyectan recursos”; recordó que “muchas empresas mueren en los primeros tres años”, pero que “nosotros tenemos la ventaja del apoyo del gobierno federal”.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros “Felipe Ángeles”, de la Sedena, explicó que la institución castrense terminará las cuatro terminales “más rentables” en un año y medio, incluyendo la de Cancún, con el compromiso de tener una ruta ferroviaria de carga del sureste hasta Nogales, Sonora, a finales del sexenio.

Vallejo agregó que la terminal multimodal de Cancún estará conectada a la red ferroviaria del Tren Maya por una “vía secundaria” que permitirá “que los viajeros que viajan por la línea férrea del Tren Maya no vean estos inmensos patios de carga donde se pierde gran cantidad de vegetación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

BC, mujeres empoderadas sin sororidad

Mujeres del poder de Baja California dejan sola a víctima que denuncia abuso sexual de Erik Morales, exsecretario de Bienestar en Tijuana

En su lucha para alcanzar candidatura de elección popular y puestos directivos de los tres órdenes de gobierno, las mujeres de la política mexicana pugnaron y, tras muchos años, lograron que los partidos de un país machista aprobaran leyes que los obligaran a designaciones y asignaciones de cargos públicos con paridad de género.

Aunque estas reformas no garantizaron la llegada de las mejores mujeres afiliadas a las instituciones políticas, porque las conexiones partidistas siguen siendo determinantes, es innegable que los cambios representaron un importante avance.

Algunos de los argumentos público-sociales esgrimidos para lograr esta paridad, y los nombramientos de damas en importantes áreas de la administración pública, han sido que las mujeres son más honestas, sensibles y sororas. El tema aquí es que ningún estudio ha probado que estos rasgos sean inherentes a la biología del sexo femenino, porque son temas de personalidad, educación, formación y valores.

Y hoy, en Tijuana, Baja California, se está viviendo un ejemplo de que aún con muchas mujeres en puestos claves de poder, las víctimas femeninas continúan padeciendo la ausencia de solidaridad.

El 11 de julio del 2025, se hizo pública la salida de Erik Isaac Morales Elvira de la titularidad de la Secretaría de Bienestar del XXV Ayuntamiento de Tijuana, después que una muchacha en sus temprano 20 lo denunciara el 10 de julio, y relatara cómo el día 4 del mismo mes, ese hombre de 48 años, muchos kilos, 1.73 metros de estatura y entrenamiento de box, siendo superior jerárquico, la encerró en su oficina, privándola de la libertad y la abusó.

La joven, apoyada por psicólogos, hizo una descripción descarnada de cómo el funcionario la llamó a su oficina con motivo de trabajo, y después le manoseó incluyendo sus zonas íntimas, la besó por donde pudo, se le friccionó y la estrelló de manera soez y agresiva, a pesar de que ella lo rechazó de viva voz; le dijo que por favor se detuviera, y que no lo hiciera.

Cierto es que una denuncia no significa culpabilidad y el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en cuanto a la presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Tampoco se trata de linchar al exfuncionario y exboxeador identificado como El Terrible Morales, aunque antes, en enero de 2024, él ya había tenido otra denuncia por otro delito similar, y esa carpeta sigue sin resolverse después de 18 meses.

Pero lo que hicieron el puñado de mujeres empoderadas en Baja California y adheridas a los gobiernos locales fue dejar sola a la víctima veinteañera y generarle un vacío. Todas se quedaron calladas, como si la causa de la joven no fuera parte de sus obligaciones y estuviera en contra de sus intereses.

El 14 de julio, tres días después que se hiciera pública la salida de Morales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda -quien junto con su esposo Carlos Torres, promovió al expugilista como precandidato a la alcaldía de Tijuana, pero fue superado por el actual presidente municipal Ismael Burgueño, a quien la mandataria terminó imponiéndole al Terrible como funcionario-, fue cuestionada respecto al tema de su otrora protegido;  respondió simplemente que no sabía de las denuncias y luego, a pesar del evidente desinterés, se atrevió a repetir su acostumbrada línea de “nuestro apoyo siempre a las mujeres”.

Caso similar el de Candelaria Aracely Márquez Peña, titular del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) en el Ayuntamiento de Tijuana: no buscaron a la víctima para brindarle apoyo, ni le ofrecieron otro tipo de soporte en lo público o lo privado, y cuando se le preguntó por la denuncia el día 14, también dijo: “No tenemos conocimiento de eso”, y se dio la vuelta evitando responder más preguntas del tema.

Teresita Balderas Beltrán, Síndico Municipal tijuanenses que recibió la denuncia el 10 de julio, tardó seis días en dar la cara y lo hizo a través de un boletín publicado en redes sociales: “Ante las denuncias que recibimos en contra de un funcionario del Gobierno Municipal actuamos con transparencia y estricto apego a legalidad atendiendo con perspectiva de género y cuidando en todo momento la integridad y los derechos de la persona denunciante. Nuestro compromiso en claro: actuar con firmeza y sensibilidad ante situaciones que vulneren la dignidad humana. En este gobierno, la justicia y el respeto a los derechos de las mujeres son principios irrenunciables”, concluyó el comunicado.

De las otras damas del poder no se supo nada: ni de la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez; ni de Hortensia Noriega León, fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; tampoco Mónica Vargas Núñez, titular del Instituto de la Mujer del Estado de Baja California (INMUJER); o de Magdalena Bautista Ramírez, directora del Centro de Justicia para las Mujeres; menos de Dunnia Montserrat Murillo López, presidente de la mesa directiva de la XXV Legislatura de Baja California; y de Rosina del Villar, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, partido al que ha representado Morales Elvira como diputado federal, funcionario estatal, precandidato a la alcaldía de Tijuana y secretario de Bienestar municipal.

Son tantas mujeres acomodadas en puestos públicos, con buenos sueldos, que tienen la consigna y obligación de proteger a las víctimas femeninas, y al final, en medio de la crisis, tan poco apoyo y tan grande la sensación de indefensión.

PD.- Los hombres del poder no reaccionaron mejor: intolerable y vergonzante el silencio del alcalde Ismael Burgueño y del secretario general Arnulfo Guerrero, ambos responsables de las relaciones y las políticas del Ayuntamiento.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Denuncian a un periodista cada tres semanas en México; litigios buscan restringir libertad de expresión, advierte Artículo 19

Entre el último año del sexenio de AMLO y los primeros dos meses del de Sheinbaum se registraron 21 denuncias contra periodistas que incluyen demandas por daño moral y por violencia política de género, de acuerdo con un informe de Artículo 19.

Una jueza en Campeche ordenó que el medio Tribuna de Campeche cuente con un censor oficial y que el periodista Jorge Luis González Valdez sea supervisado en sus coberturas, como parte de medidas cautelares en un proceso penal por presunta incitación al odio tras publicaciones sobre la gobernadora Layda Sansores.

Estas medidas han sido rechazadas por González Valdez, quien sostiene que constituyen una forma de censura.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, consideró en entrevista con Animal Político, como te contamos en esta nota, que estas medidas son un exceso y ponen en riesgo la libertad de expresión tanto en Campeche como en el país.

“No tiene ninguna base, es una aberración jurídica, es un ataque directo a la Constitución por parte de esta jueza. Y evidentemente eso pues tiene que ser revertido de inmediato por parte de los tribunales federales en el caso de que acuda al juicio de amparo”, dijo Maldonado.

Sin embargo, el caso entre Sansores y Valdez no es el único en el que se han utilizado denuncias penales contra periodistas como mecanismos para restringir la libertad de expresión.

Desde 2018 se han documentado 158 casos de acoso judicial contra periodistas, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19. La organización señala que los procedimientos judiciales son utilizados como mecanismos para restringir la libertad de expresión.

En el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron 21 casos de denuncias en contra de periodistas, que incluyen litigios con demandas por daño moral y acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticos, según el informe “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información” de Artículo 19.

En promedio en 2024 se inició un proceso contra periodistas cada tres semanas. “El 28.57% de estas denuncias sucedieron en el marco electoral por violencia política de género”, indica el documento. Seis de éstos fueron por denuncias de presunta violencia política de género en contra de candidatas a un cargo de elección popular. “Lo que implica que las candidatas que hicieron estas denuncias hayan aprovechado esta medida para proteger intereses propios”, aseguró la organización en el informe.

En mayo de este año se dio un caso similar que afectó al periodista Héctor de Mauleón. La entonces candidata al Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras, denunció violencia política en razón de género y calumnia, por una columna de opinión en la que Mauleón denunció que Contreras mantenía nexos con una red de corrupción. 

Ante estas acusaciones, el tribunal local ordenó al periodista abstenerse de escribir sobre ella, además de su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

Contreras será magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó su elegibilidad y triunfo tras desechar las impugnaciones del PAN y una ciudadana.

Sin embargo, las denuncias contra periodistas no se limitan a las presentadas por autoridades, ya que particulares también han acudido a las fiscalías para promover investigaciones contra comunicadores que consideran incómodos.

El caso más conocido de este hostigamiento fue cuando Grupo Salinas y Banco Azteca interpusieron una denuncia en contra de 20 usuarios de la red social X, entre ellos había periodistas y comunicadores que cubrían el desempeño empresarial del conglomerado. Los procesos judiciales fueron iniciados por una presunta “campaña de desprestigio y terrorismo financiero”.


En un caso similar entre los promovidos por particulares, el 15 de enero de 2025 Animal Político fue notificado de que el medio y una de sus periodistas habían sido demandados por la vía civil por un ginecobstetra prófugo de la justicia que ha sido señalado por más de 30 mujeres.

La historia, enmarcada en la problemática generalizada de violencia obstétrica, fue publicada por el medio desde marzo de 2023, y condujo a la formación del colectivo Con Ovarios, que presentó diversas denuncias penales contra el médico.

Ante la demanda civil que él promovió contra el medio y la periodista, la jueza Ana Mercedes Medina Guerra, del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, favoreció al denunciante quien tiene una orden de aprehensión activa desde diciembre de 2024, concediéndole medidas cautelares que impiden a este medio seguir publicando sobre el caso. Organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en el sentido de que se trata de un caso más de acoso judicial con fines de censura previa.

Periodistas sufren agresiones, pero no denuncian

En contraste, pese a que las agresiones contra periodistas no cesan, solo uno de cada tres presenta una denuncia ante una fiscalía estatal o federal, según otro informe, también de Artículo 19, titulado “Derechos pendientes”, publicado en 2024.

Lo anterior responde a que son las propias autoridades públicas las que en el 45 % de los casos cometen agresiones físicas contra las y los periodistas, también de acuerdo con el mismo informe.

Solo en 2024 se documentaron 639 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, de los cuales 287 (que representan el 44.91 %) fueron ordenados directamente por funcionarios públicos, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas; 145 casos (22.70 %) fueron ordenados por particulares; seguido de partidos políticos con 28 agresiones (4.38 %) e integrantes del crimen organizado con 21 casos (3.29 %). Los 158 casos restantes no pudieron ser corroborados. 

Además, existe una gran desconfianza en las autoridades. El 84.77 % de casos de violencia llevados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), permanecen en impunidad.

Esto en un contexto en el que los funcionarios públicos, incluidos alcaldes, policías y miembros del Poder Judicial, son señalados por sus presuntos vínculos directos con las organizaciones delictivas, lo que facilita que los crímenes en contra de periodistas permanezcan impunes y que cada vez sean menos denunciados, dice el informe.

Además, se tiene registro de 47 periodistas asesinados y 31 desaparecidos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con el gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han registrado al menos 10 asesinatos de periodistas desde octubre de 2024 hasta abril pasado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES.

El Grupo Texcoco gana la elección judicial en Edomex; candidatos ligados a Delfina Gómez presidirán el Tribunal Superior

El grupo político del que surgió la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, colocó a dos de las tres personas que presidirán el Tribunal Superior de Justicia durante los seis años siguientes.

La presidencia rotativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México recaerá en dos juristas de Texcoco, paisanos de la gobernadora Delfina Gómez; uno de ellos, impulsado en los “acordeones” repartidos en la entidad y otro ligado al obradorismo; además, de una magistrada cercana a la mandataria.

El próximo presidente del máximo órgano del Poder Judicial en la entidad, que asumirá el cargo en septiembre y estará ahí hasta 2027, es Héctor Macedo García, originario de Texcoco, quien ganó la elección judicial con 272 mil 98 votos, cuyo número de candidatura fue colocado en los “acordeones” difundidos en la entidad.

El triunfo de Macedo García como presidente del Tribunal corresponde a las indicaciones señaladas en los acordeones difundidos tanto en el municipio de donde es oriunda la gobernadora Delfina Gómez, como en otras localidades.

En Texcoco, se trató de “acordeones” digitales elaborados por el propio ayuntamiento gobernado por el morenista Nazario Gutiérrez Martínez —de acuerdo con testimonios recabados el día de la jornada electoral en la localidad—, que guiaron la votación a favor del hoy presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien contendió con el número 08.

La candidatura número 08 de Héctor Macedo García también se encontró como la indicación de voto en “acordeones” impresos repartidos en otros municipios mexiquenses, como Valle de Bravo y Temascaltepec.

El máximo tribunal del Estado de México tendrá una presidencia rotativa con alternancia de género y dos años de duración, en función de las candidaturas que hayan obtenido más votos.

La siguiente magistrada en ocupar la titularidad del TSJ es Erika Icela Castillo Vega, quien encabezará el organismo a partir de septiembre de 2027, tras haber obtenido el 10.4 % de las votaciones, por lo que será la primera mujer que presida este Tribunal.

La magistrada destacó su condición de género durante su campaña, con frases y referencias a la presidenta Claudia Sheinbaum y su movimiento político, a quien respaldó de forma pública en mensajes en redes sociales.

Castillo Vega ha manifestado su cercanía con la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, con quien suele tomarse selfies y a quien en su pasado cumpleaños felicitó con un mensaje en sus redes digitales.

“Mi querida Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez, celebro su vida y deseo desde el fondo de mi corazón, que continúe plena, feliz; colmada de éxitos y del cariño que sentimos por Usted los Mexiquenses. Feliz cumpleaños”.

Previo a la elección judicial, con la etiqueta “magistrada de territorio”, Erika Icela Castillo Vega presumió fotografías en sus redes sociales con la mandataria mexiquense, el secretario de Gobierno Horacio Duarte o el diputado morenista José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México.

El 9 de julio pasado, en el marco de la celebración del Día del Abogado, Castillo Vega también coincidió con otros candidatos ganadores cercanos a la llamada “Cuarta Transformación”, la ministra Lenia Batres y el magistrado mexiquense Luis Fernando Camacho Lupercio, en el Corporativo Internacional Universitario en Atlacomulco, Estado de México.

Otro magistrado texcocano y obradorista

A partir de 2029, la presidencia del TSJ en el Edomex recaerá en otro jurista de Texcoco, Luis Fernando Camacho Lupercio, ganador de una magistratura penal en las pasadas elecciones y del segundo lugar entre hombres contendientes por encabezar el máximo tribunal mexiquense, con 133 mil 129 (8.16 %).

Antes de la elección, el magistrado electo ha sido agente de ministerio público federal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la región Texcoco.

Defensor de la reforma judicial, durante su campaña, Camacho Lupercio hizo explícita su afinidad con el movimiento obradorista y la autollamada “Cuarta Transformación”. Frases como “Con el pueblo todo y sin el pueblo nada” no fueron extrañas en sus participaciones públicas y discursos. El magistrado también ha planteado la realización de “Mañaneras judiciales”.

Camacho Lupercio mostró su respaldo a magistrados electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificados con el gobierno federal, como Hugo Aguilar y Lenia Batres, con quien ha compartido eventos públicos luego de la elección judicial.

La presidencia del TSJ tendrá cuatro periodos de dos años cada uno, con alternancia de género, con la condición de que hayan ganado la elección de regional de magistraturas. Sin embargo, de las tres participantes mujeres, sólo la magistrada electa Erika Icela Castillo obtuvo triunfo regional, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México declaró vacante la presidencia del periodo 2031 a 2033.

‘Adelitas’ apapachan a presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial

La primera presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar a las personas juzgadoras en la entidad, estará a cargo de la magistrada Maricela Reyes Hernández, respaldada por liderazgos locales del partido Morena en la entidad.

El pasado 6 de julio la magistrada electa participó en una gira de agradecimiento que realizó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres en el Estado de México, luego de la elección judicial. Fue recibida por parte de María Esther Rodríguez Hernández, coordinadora estatal de Las Adelitas, organización de mujeres morenistas que respaldaron también la campaña de la hoy gobernadora Delfina Gómez.

En la reunión también estuvo el magistrado penal electo en la entidad Luis Fernando Camacho Lupercio, afín al obradorismo.

De acuerdo con los criterios establecidos, la presidencia del organismo es rotativa, con alternancia de género, con base en las candidaturas con más votos, por lo que Reyes Hernández ocuparía el cargo debido a sus 345 mil 632 votos a su favor.

El 4 de septiembre, está programado que tome posesión de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia Maricela Reyes Hernández hasta 2027, cuando llegaría el turno de Jesús Ángel Cadena Alcalá por dos años más y posteriormente Karla Ivonne Díaz Iniesta.

La magistrada electa, sin embargo, podría ser relegada debido a una impugnación que existe en su contra, por realizar un tipo de “cierre de campaña”, durante una misa católica celebrada en un templo de Atizapán de Zaragoza, lo que podría derivar en la anulación de esos votos.

Jesús Ángel Cadena Alcala se sitúa en el segundo lugar, con sólo 107 votos menos que Reyes Hernández. El Tribunal Electoral local debe definir si se concreta la presidencia.

Cadena Alcalá cuenta con una carrera judicial. Fue secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aspiró sin éxito a una magistratura en la una Sala Regional del mismo Tribunal.

Karla Ivonne Díaz Iniesta, quien obtuvo el tercer lugar (332 mil 947 votos), y ocuparía la presidencia del nuevo órgano a partir de 2031, cuenta con una carrera dentro del Poder Judicial local y fue funcionaria en la Consejería Jurídica del gobierno estatal, en la supervisión de Oficialías del Registro Civil.

El cuarto magistrado es Alejandro Jaime Gómez Sánchez, exfiscal del Estado de México en los sexenios de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo. Pese a que sus 284 mil 171 resultan menores que algunas aspirantes mujeres al cargo, como Kenia Núñez Bautista ( 299 mil 575 votos), la paridad de género le permitió recibir la constancia de mayoría.

La quinta integrante del Tribunal es Nancy Flores Mendoza, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial durarán seis años en el cargo. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos obtenidos en la elección.

Comité del Poder Ejecutivo define a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial

Las cinco personas que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México fueron propuestas por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo, que a su vez estuvo conformado por dos funcionarios del gobierno estatal, dos académicas y una notaria pública.

Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” de Delfina Gómez; Alberto Cervantes Juárez, director del Instituto de la Defensoría Pública, órgano desconcentrado de la Consejería Jurídica del gobierno mexiquense; María José Bernáldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y  exaspirante a rectora de esa institución; la investigadora Fátima Esther Martínez Mejía, directora de la Red de Académicas Feministas, y Ana Cecilia Baltazar Reyes, titular de una notaría pública en Ocoyoacac.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

La Fiscalía de Sonora detiene a "El comanche", lugarteniente del Cártel de Sinaloa

Isaías Valentín “N”, integrante de un grupo criminal generador de violencia ligado a Los Chapitos, contaba con una ficha de búsqueda activa y se ofrecía una recompensa de un millón de pesos para dar con su paradero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer ayer que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) logró la captura de Isaías Valentín “N”, alias "El Comanche" y "El Cardenal", un hombre de 30 años considerado un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad del Estado, y señalado como lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

Valentín "N" estaría ligado a Los Cazadores, una célula criminal que trabajaba para Los Chapitos de dicho cártel hasta finales de 2023, por lo que figura como responsable de delitos de alto impacto en el municipio.
"En audiencia inicial ante el Juez se formuló imputación por el delito de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte, en perjuicio de Massiel Adrián “N”, motivo por el cual se determinó prisión preventiva justificada mientras se realiza la continuación de audiencia de vinculación a proceso, prevista para el 23 de julio", explicó la Fiscalía.
La institución señaló que la detención ocurrió sobre el Camino del Seri y bulevar Quiroga, tras interceptar un vehículo Toyota Corolla color gris con placas de Baja California. De acuerdo con la Fiscalía, dichas características eran similares a las utilizadas en recientes hechos delictivos en los que sujetos armados se ostentaron como elementos de la AMIC para cometer secuestro.
En el sitio, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal confirmó la identidad del sujeto como Isaías Valentín “N”, originario de Culiacán, Sinaloa, e integrante de un grupo criminal generador de violencia.

El hombre cuenta con cuatro órdenes de aprehensión vigentes y una ficha de búsqueda activa con recompensa de un millón de pesos ofrecida por la FGJES.

Una orden de aprehensión en contra del presunto criminal, emitida el 22 de diciembre de 2023, comprende varios delitos de alto impacto, como desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.
"Así como por desaparición cometida por particulares agravada, con fecha de mandamiento del 27 de mayo de 2024; y desaparición cometida por particulares, con orden judicial emitida el 22 de septiembre de 2024", añadió.

Además, Valentín "N" está relacionado a tres asesinatos registrados en enero de 2024 al interior del bar Jakarta Clublife, en Hermosillo.

Después de su detención, el vehículo asegurado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación correspondiente a un hecho reciente ocurrido en la colonia Jerez del Valle, donde se reportó la privación ilegal de la libertad de dos personas por sujetos que se ostentaron como agentes ministeriales.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia, desarticulando estructuras delictivas generadoras de violencia", finalizó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.