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La CNBV remueve a los administradores de CIBanco e Intercam, tras acusaciones de EU

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a CIBanco e Intercam por estar presuntamente involucrados en actividades de lavado de dinero para el crimen organizado, la junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que intervendrá en la gerencia de dichas instituciones.

La junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco S. A. e Intercam Banco S. A., esto después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) los considerara "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

A través de un comunicado, la CNBV informó que el decreto se llevó a cabo "con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores" de ambas instituciones.
"La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos", indicó la Comisión.
Asimismo, precisó que, pese a las acusaciones del Gobierno estadounidense, las autoridades financieras mantienen su confianza en "la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano", además de que seguirán trabajando de manera coordinada para "continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento" de dicho sistema.
EU pone en la mira a Vector, CIBanco e Intercam

El mensaje emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se da luego de que el Departamento del Tesoro de EU afirmara ayer que CIBanco e Intercam, con activos totales por más de siete mil millones y cuatro mil millones de dólares, respectivamente, junto con Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares, han desempeñado de forma conjunta un papel clave y prolongado el lavado de millones de dólares a nombre de cárteles con sede en México. Además, habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios en la producción de fentanilo.
“El Tesoro de Estados Unidos considera que facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en México.
“Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, se lee en el boletín.


A su vez, las autoridades estadounidenses detallaron que se trata de medidas que forman parte de una colaboración intergubernamental con México, con el objetivo de implementar sistemas financieros que cuenten con controles sólidos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y que protejan a las y los ciudadanos de ambos países de amenazas transnacionales asociadas al financiamiento ilícito.

Dichas acciones se emprenden después de que el Presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas para nombrar a al menos seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y/o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs), en donde las medidas implementadas –según explicó el Departamento del Tesoro– “complementan esas designaciones, con el objetivo de negar acceso al sistema financiero estadounidense a entidades vinculadas con los cárteles del narcotráfico”.

De acuerdo con lo establecido, las instituciones financieras cubiertas tendrán prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, incluyendo cuentas o direcciones de moneda virtual convertible asociadas a dichas entidades. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
En cuanto a CIBanco, se le señaló como una institución financiera extranjera que opera fuera de Estados Unidos y que representa una preocupación principal debido a su patrón sostenido de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que han facilitado operaciones delictivas relacionadas con opioides por parte de cárteles mexicanos, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. También se le atribuye la facilitación de adquisiciones ilícitas de precursores químicos provenientes de China.

Respecto a Intercam, Estados Unidos aseguró que también es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero por su prolongada relación con operaciones financieras que facilitaron el tráfico ilícito de opioides. Se le vincula específicamente con el CJNG y con el procesamiento de transferencias de fondos en dólares que habrían financiado la adquisición de precursores químicos en China.

México exige pruebas

Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México exigió pruebas a las autoridades estadounidenses sobre que los bancos y la casa de bolsa estarían involucrados en actividades de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
En una nota informativa sobre las investigaciones en el sector financiero, la SHCP dio a conocer que "el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones".
"Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto", precisó la dependencia.
Apuntó que "la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas". "No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales", aclaró.

Vector y CIBanco rechazan acusaciones

Por su parte, Vector Casa de Bolsa rechazó los señalamientos de narcolavado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y aseguró que, en sus 50 años de funcionamiento, ha operado bajo estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión de autoridades financieras nacionales.
"Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad Institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales", destacó en un comunicado.
Por su parte, en un posicionamiento, CIBanco aseguró que "no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad" y "reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes". Además, recalcó que la SHCP advirtió que no se han presentado pruebas al respecto.
"La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)", explicó.
EU no dio pruebas: Sheinbaum


El tema de los señalamientos por parte del Tesoro estadounidense también fue abordado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este 26 de junio, donde mencionó que EU alertó hace semanas sobre las acusaciones de lavado de dinero contra dos bancos y una casa de bolsa con sede en México, por lo que el Gobierno federal pidió más información de las operaciones que probarían la comisión de dicho delito, pero los datos nunca llegaron.
"Quiero hacer una posición sobre lo que salió ayer por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de estas sanciones administrativas a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda", dijo al inicio de su tradicional conferencia de prensa matutina.
De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibieron hace algunas semanas "información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCEN -que es la institución espejo, digamos, en Estados Unidos de la UIF- de estas tres instituciones financieras".
"La información que provenía en este comunicado que hacía el Departamento del Tesoro... Bueno, en el momento en que saben la UIF y la Secretaría de Hacienda, me lo comunican. En este comunicado, venía información muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero", detalló.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CAPUFE eliminará el cobro en efectivo en mayoría de casetas de cobro en autopistas

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) anunció, el 25 de junio de 2025, que “próximamente” la mayoría de los carriles en sus plazas de cobro dejarían de aceptar pagos en efectivo y operarían exclusivamente mediante la TAG IAVE, como parte de una estrategia nacional de modernización denominada “Cero Efectivo”.

“En CAPUFE nos modernizamos para ti. Próximamente el pago en la mayoría de los carriles de nuestras plazas de cobro será solo con TAG, lo que permitirá cruces más rápidos. Adquiere tu IAVE con anticipación y súmate al cambio. Agiliza tu cruce con IAVE”, informó el organismo público descentralizado, adscrito a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal.

Aunque algunos carriles seguirían disponibles para pagos en efectivo, estos serían minoría. Ante ello, CAPUFE recomendó a los automovilistas adquirir con tiempo el TAG IAVE, un dispositivo de prepago que se instalaba en el parabrisas del vehículo y permitía el cobro automático, sin necesidad de detenerse.

“El cambio forma parte de una transformación tecnológica para hacer más eficientes, ágiles y seguras las autopistas”, destacó el organismo público descentralizado de la SICT, que también invitó a los usuarios a facilitar su tránsito, usando el sistema de pago electrónico.

El TAG IAVE tenía un costo de 80 pesos, con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido y podía adquirirse directamente en línea, a través del sitio oficial de CAPUFE: https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE. Para obtenerlo, se debe llenar un formulario con datos personales, elegir el punto de entrega y confirmar el pedido.

Además del IAVE, también serían aceptados otros dispositivos electrónicos de pago como PASE y TeleVía, que funcionaban bajo esquemas de prepago o pospago vinculados a cuentas bancarias, o bien mediante recargas en tiendas autorizadas.

Estos TAG también podrían adquirirse y activarse en módulos de atención instalados en diversas autopistas del país, así como en establecimientos comerciales como OXXO, Walmart, Soriana, City Market, 7-Eleven, Radio Shack y Office Depot. La activación también podría realizarse en línea, por teléfono o de forma presencial.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

EU restringirá visas a familiares y socios de personas involucradas en el narcotráfico

Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) informó, el 26 de junio de 2025, que implementaría una nueva política de restricción de visas para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

“La crisis del fentanilo en Estados Unidos no tiene precedentes, y las sobredosis siguen siendo la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 44 años. Se informa que más del 40 por ciento de los estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por sobredosis de opioides, y en 2024 Estados Unidos registró un promedio de más de 220 muertes diarias por sobredosis”, recordó el DOS.

“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas, en virtud del artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que se aplicará a los familiares y socios personales y comerciales cercanos de las personas sancionadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a las personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas (OE 14059).”, indicó el funcionario federal estadounidense.

“La medida de hoy amplía las herramientas existentes, incluyendo las sanciones conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la prohibición de visas, conforme a la sección 212(a)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para los traficantes de sustancias controladas. Imponer restricciones de visas a los narcotraficantes, sus familiares y socios personales y comerciales cercanos no solo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de sus actividades ilícitas”, agregó Rubio García.

“El Departamento de Estado de EE. UU. utilizará todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos y dañan a los ciudadanos estadounidenses”, dijo el titular del Departamento de Estado de EE. UU.

El 18 de junio de 2025, el DOS emitió nuevas directrices para los extranjeros que quisieran estudiar en Estados Unidos, por lo que deberían hacer públicos sus perfiles en redes sociales, para que las autoridades de EE. UU. pudieran asegurarse de que carecían de contenido antiestadounidense.

El 20 de junio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México pidió a los solicitantes de visa de estudiante mantener sus perfiles de redes sociales públicos, para verificar su identidad y admisibilidad a dicho país.

A través de sus diversas cuentas en las redes sociales, la representación diplomática estadounidense advirtió que la adjudicación de visas era un tema de seguridad nacional, por lo que se tenían que checar los antecedentes de los solicitantes.

“A partir de ahora, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante tipo F, M o J deberán ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas personales en redes sociales a ‘pública’, con el fin de facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos”, señaló la Embajada de EE. UU.

Las visas F y M serían para estudiantes a tiempo completo en instituciones académicas y la J de visitante de Intercambio para programas culturales o educativos. La representación diplomática indicó que todos sus consulados en México ya podían agendar citas para obtener este tipo de documentos.

“Los solicitantes de visa deben incluir todos los nombres de usuario o cuentas de redes sociales de cada plataforma que hayan utilizado en los últimos 5 años en el formulario de solicitud de visa DS-160. Los solicitantes certifican que la información en su solicitud de visa es verdadera y correcta antes de firmarla y enviarla. Omitir información de redes sociales podría resultar en la denegación de la visa y la inelegibilidad para futuras visas”, comentó la Embajada de EE. UU.

“Si no hay una cita disponible antes de la fecha de inicio de tu programa en junio o julio, por favor solicita una cita urgente a través de nuestro sistema en línea. Si no hay una cita disponible antes de un programa que comienza en agosto o después, te pedimos paciencia y que estés atento a la apertura de nuevas citas próximamente”, detalló la representación diplomática estadounidense.

“Las citas de visa para estudiantes y visitantes de intercambio están reabriendo en nuestra Embajada y consulados. Mientras recibimos a futuros estudiantes, los EE. UU. mantienen su compromiso con procesos rigurosos para proteger su seguridad nacional y garantizar un ingreso legal y seguro”, escribió Ronald Johnson, titular de la Embajada de Estados Unidos en México.

En un decreto firmado el día de su investidura, el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump pidió una mayor verificación de antecedentes de las personas que entraran a Estados Unidos para garantizar que “no presenten actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales”.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum dice 'no tiene sustento' que EU vea a México como 'adversario extranjero'

“No, no tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la declaración de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien calificó a México como adversario extranjero por permitir que cárteles del narcotráfico operen con impunidad facilitando el tráfico de fentanilo a aquel país, “no tiene sustento”.

“No, no tiene sustento lo que dijo la secretaria del Departamento de Justicia (Bondi)”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos se dieron porque “no está muy informada”.

La mandataria responde así a Bondi, quien el miércoles durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado sobre el presupuesto 2026 incluyó a México en la lista de adversarios extranjeros junto a Irán, Rusia y China.

“No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, sino de Rusia, China y México. De cualquier adversario extranjero que esté tratando de matarnos físicamente, o por sobredosis a nuestros hijos, con drogas”, señaló la funcionaria estadounidense.

Bondi, además, indicó que México está gobernado por los carteles del narcotráfico y acusó a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación para que el fentanilo entre a Estados Unidos.

Al respecto, Sheinbaum recordó que están por firmar con Washington un acuerdo sobre seguridad y destacó que en los últimos meses “ha disminuido el cruce del fentanilo”, además de que ha habido un descenso en los homicidios en México, situación que ha sido reconocida por la agencia de aduanas y migración de EE.UU.

“La realidad es que hay cooperación, coordinación sin subordinación y vamos avanzando. Y la estrategia de seguridad en México está funcionando, con sus problemas cotidianos, pero está funcionando”, defendió.

El presidente Donald Trump ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos durante 2024, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, el Gobierno mexicano reportó la semana pasada que desde febrero, gracias a la ‘Operación Frontera Norte‘, acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar aranceles generalizados del 25 % a México, se han detenido a 4,619 personas y más de 40 toneladas de droga han sido confiscadas, incluyendo 1.14 millones de pastillas de fentanilo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senado aprueba reformas a la ley de lavado de dinero

Las reformas incorporan el financiamiento al terrorismo y amplían el alcance de la ley mediante nuevas definiciones clave, como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta.

El Senado de la República aprobó el miércoles reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero.

Los cambios aprobados con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones se da en un contexto marcado por los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas.

El dictamen avalado busca reforzar la coordinación interinstitucional para investigar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los cambios más relevantes, se amplía el objeto de la ley para incluir el financiamiento al terrorismo, se introducen nuevas definiciones clave —como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta— y se obliga a las entidades que realicen actividades vulnerables a identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.

El dictamen aprobado persigue mejorar la colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional y otras autoridades nacionales e internacionales para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Establece facultades para que participe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en la supervisión de las actividades vulnerables y exige a las entidades del sector financiero utilizar sistemas automatizados para el continuo monitoreo de sus operaciones con clientes de alto riesgo.

Asimismo, amplía de cinco a diez años el plazo de conservación de documentación relevante y permite auditorías proporcionales al nivel de riesgo.

En materia penal, se modifica el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y se mantiene la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera como instancia denunciante en casos de uso del sistema financiero para actividades delictivas.

El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral Jurado, destacó que la reforma no tiene carácter persecutorio, sino preventivo, y busca impedir que los recursos ilícitos contaminen al sistema financiero nacional.

Además, reiteró que estas adecuaciones responden a compromisos internacionales asumidos por México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo señalamientos contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por supuestos vínculos con operaciones ilícitas.

Las instituciones rechazaron los señalamientos, mientras la Secretaría de Hacienda explicó que, aunque el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha entregado pruebas que respalden los vínculos entre las instituciones y delitos financieros.

Hasta ahora, las entidades y el Gobierno mexicano han precisado que las únicas evidencias verificables son transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el contexto de un comercio bilateral superior a los 139.000 millones de dólares anuales.

La reforma aprobada será enviada a la Cámara de Diputados para su debate y posible aprobación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México legaliza un sistema de vigilancia masiva sin precedentes: Luis Fernando García

El abogado Luis Fernando García, cofundador y exdirector de la organización R3D, advirtió en 'Aristegui en Vivo' que se trata de un sistema de vigilancia 'propio de un régimen autoritario'.

Luis Fernando García, cofundador y exdirector de la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), alertó sobre la consolidación de un sistema de vigilancia masiva sin precedentes en México, tras la reciente aprobación de las leyes de Ley de Investigación e Inteligencia y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, aseguró que las reformas aprobadas ponen en riesgo derechos fundamentales de la población.

Además de las leyes aprobadas, enfatizó que se trata de un entramado de reformas —entre ellas, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley General de Población, y la legislación en materia de desaparición forzada— que en su conjunto permitirán el acceso en tiempo real a bases de datos públicas y privadas, sin control judicial.

“Se legaliza el espionaje militar que se ha llevado a cabo con ilegalidad todos estos años”, dijo,  y recordó la utilización del software espía Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos “con impunidad”.

García señaló que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública obliga a todo proveedor de servicios públicos y privados a compartir sus bases de datos, lo que implica que incluso acciones cotidianas como comprar un refresco o pedir un paquete en línea estarán vinculadas al registro oficial de la persona.

“Todo va a requerir que des tu CURP, y a través de ese elemento se va a poder cruzar toda la información. Toda la información va a estar agregada y disponible para autoridades en México, y el acceso a esa información no tiene ningún control absoluto”, apuntó.

Advirtió que el nuevo marco legal habilita a la Guardia Nacional, al Ejército, las fiscalías y el Centro Nacional de Inteligencia para tener acceso irrestricto y en tiempo real a esa información.

“Nunca te vas a enterar cuándo estén monitoreando tus datos. En realidad, es un sistema de vigilancia masivo propio de un régimen autoritario. Y suena muy escandaloso decirlo así, pero eso es lo que dicen las leyes”.


Para García, se trata de un “parteaguas histórico” que pone en riesgo la privacidad, el acceso a derechos y la no discriminación. Añadió que el sistema se está implementando en un contexto político especialmente preocupante, donde no existe una real división de poderes ni contrapesos.

“No hay división de poderes. El Poder Ejecutivo, Legislativo y ahora Judicial están concentrados en un mismo lugar […] No hay autoridad de protección de datos: la acaban de desaparecer. No hay órgano de transparencia, no es autónomo”.

Insistió en que quienes hoy callan o respaldan las reformas podrían lamentarlo en el futuro, incluyendo a simpatizantes del gobierno actual: “Este sistema, esta infraestructura digital autoritaria, va a estar disponible para cualquier gobierno en el futuro, incluyendo un gobierno de derecha, un gobierno con el que no simpaticen. Entonces, es una irresponsabilidad histórica tremenda”.

Asimismo, denunció la colaboración con el gobierno de Estados Unidos en materia de control migratorio y persecución de personas migrantes mexicanas, usando datos proporcionados por México.

“México parece dispuesto a entregar datos que quiere el gobierno de Estados Unidos para la persecución de personas mexicanas migrantes irregulares”.

En cuanto a la eliminación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consideró que se trata de un engaño, ya que está considerado en los proyectos de ley  aprobados y los que están por aprobarse. “El registro existe, lo hacen las empresas, todas las operadoras telefónicas, y las autoridades tienen acceso directo, en tiempo real, a toda la información”, dijo.

Por último, calificó de “traición” el uso político del dolor de las familias de personas desaparecidas, al referirse a la creación de la Plataforma Única de Identidad, inicialmente prometida solo para tareas de búsqueda, y ahora accesible por los servicios de inteligencia para cualquier fin.

“Ayer, de último minuto, agregaron a la Ley del Sistema de Seguridad e Inteligencia una modificación que dice que el Centro Nacional de Inteligencia va a tener acceso irrestricto a la Plataforma Única de Identidad, para cualquier fin”.

“Es verdaderamente un sistema de vigilancia masiva autoritario sin precedentes, que no existía, y que el gobierno va a usar todo tipo de trampas discursivas para intentar justificar”, concluyó.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobernación envía al Senado observaciones sobre ley de desaparición; colectivos insisten en parlamento abierto

La iniciativa, que se votará los próximos días, antes de que concluya el periodo legislativo extraordinario el 2 de julio, tendrá que ser ajustada con las observaciones de Gobernación y sigue sin ser aceptada por colectivos de personas buscadoras.

Ante la próxima aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición en México, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado un documento con las sugerencias que considera pertinente incorporar luego de diversas reuniones con colectivos. Sin embargo, personas que buscan a sus familias y aliados de todo el país aseguran que es insuficiente e insisten en un parlamento abierto.

De acuerdo con el documento “propuestas relevantes de modificaciones a la iniciativa de reformas a la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, remitido por la Consejería Jurídica el 18 de junio pasado, durante las mesas fueron presentadas más de 570 propuestas que quedaron plasmadas en solo 30 modificaciones a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el 27 de marzo.

“Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que atiendan con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática, y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, advirtieron más de 300 familiares, colectivos y personas aliadas este martes 24.

Recordaron, además, que la ley vigente en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a su dolor. “La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, continúa el documento difundido por colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Desde su perspectiva, la iniciativa no atiende la crisis en materia de desaparición y tiene como objeto imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de personas desaparecidas y puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México. Además, no partió de una consulta amplia y pública, por lo que no es respaldada por todos los colectivos y no responde a la problemática que enfrentan.

¿Qué ajustes propone Gobernación?

En un documento que retoma el articulado de la iniciativa de ley entregada por la presidenta Claudia Sheinbaum con las 30 modificaciones derivadas de las mesas, la Consejería Jurídica nombra a cada uno de los colectivos que impulsaron cada una de las propuestas.

Una de las primeras que se menciona, dado que forma parte de los primeros artículos, es sumar la disposición de que la Comisión Nacional de Búsqueda emita un Protocolo para la Activación de la Alerta Nacional, así como los mínimos que deberá contener.

A consideración del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, precisa la Consejería Jurídica, se agrega el concepto de familia social y nombre social en el artículo 4, pues en los casos de desaparición de personas LGBTTTIQ+, así como de quienes viven en situación de calle, esos conceptos son fundamentales pues esas redes afectivas son quienes realmente conocen, buscan y se preocupan por las personas desaparecidas.

Además, se contempla añadir un principio de proporcionalidad en el funcionamiento de la Plataforma Única de Identidad, para tratar solo los datos personales que resulten adecuados, relevantes y necesarios; a las fuentes de esta herramienta se suman también los registros de salud física y mental, asistencia privada y establecimientos residenciales de atención a las adicciones, así como un apartado que condiciona su uso a la existencia del folio único de búsqueda o del número de carpeta de investigación.

Por otro lado, se agrega una precisión en el sentido de que el acceso de la fiscalía general, las locales, la Comisión Nacional y las Comisiones Locales de Búsqueda a la Plataforma estará sujeto a las medidas de seguridad y niveles de acceso establecidos y protocolos de actuación, y se limita exclusivamente a fines de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Entre otros aspectos, las propuestas enviadas por Gobernación permiten también la participación de otras autoridades en la investigación, cuando sea necesario, y a quienes tengan acceso a mediciones generadas por satélites o aeronaves permitir su consulta solo a las fiscalías y comisiones de búsqueda –en este punto se omite a todas las instituciones de seguridad pública, como decía la iniciativa original–.

Otras sugerencias de adición apuntan a atender los más altos estándares científicos en materia de identificación humana, a la actuación de oficio para realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas antes de remitir a fosas comunes, a la actuación diligente de las fiscalías, a la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con voz y voto en el Sistema Nacional de Búsqueda, a la difusión pública de lineamientos, a no condicionar la búsqueda a la presentación de la CURP, al énfasis en los hijos e hijas de personas desaparecidas, a los planes para la seguridad y protección de las familias, a la sensibilización de la población en relación con prevención y mitigación de factores de riesgo, así como algunas sanciones específicas a autoridades que no cumplan las disposiciones a cabalidad.

El 4 de mayo pasado, Animal Político documentó que el Senado no había tenido ninguna participación en los diálogos con colectivos y familiares de personas desaparecidas. A petición de la presidenta Sheinbaum, el órgano legislativo solo estaba a la espera de las observaciones de Gobernación para dictaminar y aprobar el documento.

Desde entonces, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había asegurado en entrevistas que existía urgencia de que en el periodo extraordinario se contemplara la iniciativa para su aprobación inmediata. Al mismo tiempo, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación en esa Cámara, declaró que el Senado no tenía proyectado un proceso de parlamento abierto que nutriera la iniciativa con la participación pública de víctimas y especialistas, como ya habían demandado colectivos con anterioridad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Tres mujeres aspiran a presidir el Senado, pero Fernández Noroña no descarta reelegirse pese a la alternancia de género

Desde 2018, la presidencia del Senado ha sido alternada por personas de distinto género, por lo que al menos tres legisladoras se perfilan para tomar ese cargo.

Las senadoras Verónica Camino Farjat, de Yucatán, Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y Ana Lilia Rivera, de Tlaxcala, son algunas de las legisladoras de Morena que se perfilan para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República a partir de septiembre. Sin embargo, el actual presidente Gerardo Fernández Noroña no descarta reelegirse.

Por la alternancia de género, la reelección de Fernández Noroña resultaría algo atípico en los últimos siete años, ya que desde 2018 la presidencia de la Mesa Directiva se ha turnado cada año entre un hombre y una mujer.

En varias ocasiones, el senador Gerardo Fernández Noroña ha enfatizado que su gestión como presidente del Senado llegará hasta el 31 de agosto próximo, cuando concluye el primer año de la actual Legislatura, y que regresará a sus participaciones en tribuna; sin embargo, el pasado lunes 21 de junio advirtió que puede intentar reelegirse.

“Yo no he tomado ninguna determinación de buscar la reelección. ¿Eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco. Lo que estoy diciendo es que no he tomado ninguna determinación. Yo creo que a mí me hará, me va a resultar, muy ventajoso volver a mi condición de senador y volver al debate. Yo espero la decisión que toma el grupo parlamentario y esa la voy a apoyar”.

Las tres senadoras morenistas han sido integrantes de la Mesa Directiva ya sea en esta Legislatura o en periodos anteriores.

El nombramiento está a cargo del grupo parlamentario con más integrantes en la Cámara, que es Morena. Esa bancada deberá definir en agosto, previo al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, quién presidirá el Senado a partir del 1 de septiembre.

Las tres aspirantes a la presidencia del Senado

De acuerdo con las legisladoras, aún no hay acuerdos al interior de la bancada para iniciar con el proceso para definir la presidencia del Senado. 

Verónica Camino Farjat, senadora por Yucatán, reiteró este martes que una de sus aspiraciones es presidir el Senado, pero acotó que espera los tiempos que defina el coordinador de su bancada Adán Augusto López Hernández para formalizar la decisión.

“En agosto es cuando hacemos la plenaria y es cuando votamos para elegir a la persona que nosotros consideremos que puede ir a mesa directiva. Yo voy a esperar mucho los tiempos, que ya el coordinador Adán Augusto nos diga ‘ya pueden inscribirse formalmente’ y en ese momento lo haré, por supuesto que sí”.

En tanto, la senadora Imelda Castro ha reconocido con antelación que no descarta presidir el Senado en el siguiente periodo, algo que ya ocurrió en la la anterior Legislatura. 

El martes, ante medios de comunicación, la legisladora dijo que no tiene una decisión tomada y esperará; reconoció que es una de las posibles sucesoras de Fernández Noroña, pero dijo que apostará por una decisión derivada de la unidad.

“Las aspiraciones personales siempre tienen que estar acotadas a la decisión de un colectivo, que en este caso pues es Morena; obviamente, es un privilegio, es un privilegio ser presidente de la mesa. Yo he sido dos veces vicepresidenta y pues es muy interesante encabezar, digamos, la representación social de la Cámara Alta”.

La candidatura de la gubernatura de Sinaloa sería una de las razones que harían que Imelda Castro no contienda por la Mesa Directiva del Senado, ya que esa entidad es una de las 17 que  entidades en las que se renovará la gubernatura en 2017, uno de los cargos en los que la legisladora buscará contender. 

“Para la mesa, faltan dos meses y para la elección Sinaloa, dos años. Imagínense. También hay que tener responsabilidad en las decisiones. También hay que decir algo importante en ese tema: gobernar no es un día de campo, menos gobernar Sinaloa por la problemática, la crisis de seguridad que estamos viviendo; yo creo que no es un tema de ambiciones personales (…) En su momento también, bajo las reglas que el partido defina y los tiempos, vamos a tener una posición, ahorita hay mucho trabajo”.

La senadora Ana Lilia Rivera no descartó presidir la Mesa Directiva, pero advirtió este lunes que su prioridad será la gubernatura de Tlaxcala, que también se renueva en 2027.

“Hoy tengo una prioridad y mi prioridad es construir en Tlaxcala una oportunidad que el pueblo consense en mi persona para llegar a ese espacio. Falta tiempo, pero hoy esa es mi concentración y eso en eso estoy trabajando”.

Rivera dijo que una de las razones por las que volvería a presidir el Senado, como ocurrió en la pasada Legislatura, sería que fuese derivado de una decisión consensuada dentro de su bancada.

“Hoy no la tengo como fue hace un tiempo, que lo busqué con tiempo, que estuve consensuando, que hice un trabajo para posicionarme. Hoy no, hoy no estoy en esa intención.

—¿De qué dependerá, senadora?, se le preguntó.

—Que en mi Grupo considere que soy útil. Si no lo consideran así, me sumaré con mucho gusto de las alternativas a la que yo vea con las condiciones.

Defienden alternancia de género en la presidencia del Senado

Las tres legisladoras defendieron su derecho a que una mujer presida la Mesa directiva, por la alternancia de género que implementaron desde 2018.

“Estamos en una etapa de igualdad sustantiva que ya está en la Constitución, pues entonces el Senado pues tiene que cumplir eso y aparte es como tú lo dices, una tradición ya de por lo menos los 6 años de las últimas dos Legislaturas. Así ha sido y seguramente va a seguir siendo”, dijo Imelda Castro.

“En el sexenio pasado logramos no solamente la paridad en todo, sino en el cargo de los espacios de ejercicio de poder internos de gobierno, del Senado, la alternancia. Eso quiere decir que un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y yo estoy porque la alternancia se mantenga, es una lucha histórica en las mujeres. No le quitamos el derecho a alguien a volver a ser, pero no en este momento tendrá que dejar paso a que una mujer ocupe este espacio y si después el Grupo parlamentario considera que debe tener otra oportunidad por el género…”, agregó Ana Lilia Rivera.

La legisladora por Yucatán Verónica Camino Farjat también defendió el derecho de que una mujer sea la siguiente presidenta de la Mesa.

“Creo que los lugares donde las mujeres ya hemos ganado, los espacios que ya hemos ganado, no vamos a retroceder en ellos”.

Empuja perfil “sin protagonismos”

Sin dar nombres, Ana Lilia Rivera destacó que entre las características que se requieren para presidir el Senado son la moderación, la discreción y la prudencia.

“Que sea una compañera que tenga carácter para poder dominar desde ahí arriba a una oposición que muchas veces no discute razones, sino son posicionamientos políticos que nos ha llevado a un descrédito nacional. En la excentricidad en la que muchas veces se conducen quienes aquí son protagonistas políticos, el que menos protagonismo debe dar es el presidente”.

“Carácter, mesura, inteligencia, conocimiento. Y que tenga una una cualidad: representarnos a todos, que no tengan amistades, confrontación con los demás grupos, porque esa no es una posición de partido. Si es cierto que somos la mayoría, pero representa a todo el Senado”.

Andrea Chávez se descarta, dice que rechazará “los reflectores”

Ante cuestionamientos de reporteros, la senadora por Chihuahua Andrea Chávez dijo inicialmente que aún estaban conversando al interior de su grupo parlamentario para definir si buscaba presidir el Senado, pero finalmente este martes rechazó que busque el nombramiento.

La vocera de Morena en el Senado, quien durante el primer año legislativo ha promovido de manera constante en el territorio chihuahuense su imagen, declaró en un video que su atención está centrada en su estado natal, que también renueva la gubernatura en 2027 y en cuyo proceso la legisladora ha manifestado su intención de participar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Militar evade pensión y servicio médico para su hija con ayuda institucional

Francisco Javier Xala, teniente oficinista adscrito a la Sedena, ha evitado cumplir una sentencia que lo obliga a reconocer a su hija, pagar manutención e inscribirla al ISSFAM. Con respaldo de la institución militar, ha obstruido la justicia y violado los derechos de la menor.

En los últimos cuatro años el teniente oficinista Francisco Javier Xala Chigo, adscrito a la sección 3 del Estado Mayor conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha evitado cumplir con una sentencia que le ordena pagar la manutención de una hija que durante seis años se negó a reconocer e inscribirla al servicio médico que le corresponde, lo que ha logrado con el apoyo de la institución castrense.

Desde 2021 el juez Séptimo de Proceso Oral en materia Familiar de la Ciudad de México, Teófilo Abdo Kuri, condenó a Xala Chigo a reconocer la paternidad sobre una niña que tuvo desde 2013, pagarle manutención así como el retroactivo de los años que no la reconoció como suya e inscribirla ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para que reciba servicio médico gratuito como corresponde a todos los hijos de los militares.

En 2013 el teniente Xala Chigo llevaba casi un año viviendo con su entonces pareja sentimental, ocho años menor que él, quien por razones de seguridad solicitó resguardar su nombre.

Un buen día ella le dio la noticia de que tenía dos meses de embarazo, él no respondió nada inmediatamente, simplemente esperó a que ella saliera a trabajar para sacar sus cosas del departamento que compartían y cambiar las chapas del lugar para evitar que ella intentara ingresar nuevamente al que había sido su hogar en los últimos meses.

En entrevista, ella reconoció que inicialmente no insistió en pedir una explicación sobre lo que estaba pasando, pues le tenía miedo, ya que, asegura, el teniente Xala Chigo se caracteriza por ser un hombre agresivo.
Me dejó un recado con el vigilante de que yo no tenía nada que hacer ahí, que no regresara, no pude hacer nada, la verdad tenía miedo.
Con este cambio repentino llegaron otros problemas, como la pérdida de su empleo y la falta de recursos para tomar acciones legales contra su expareja de quien, además, desconocía si contaba con algún fuero castrense que lo protegiera de cualquier demanda.

“Yo no sabía si como militar lo podía demandar para que reconociera a mi hija y le diera lo que por derecho le corresponde, y cuando empecé a buscar abogados, pues los que sí saben, cobran carísimo y yo no tenía recursos”, explicó.

Durante ese tiempo ella se enteró de que el teniente era divorciado, hecho que le había ocultado, que tenía dos hijos mayores y que, poco tiempo después de que él la sacó del departamento, Xala Chigo inició una relación con la mujer que les hacía el aseo cuando vivieron juntos con quien ahora tiene dos hijos pequeños.

En 2019, cuando al fin tuvo recursos para pagar un abogado, demandó a Francisco Javier Xala Chigo el reconocimiento de la paternidad sobre su hija.

El caso fue admitido a trámite por el juez Abdo Kuri y en su respuesta a la demanda el teniente dijo que nunca fue informado de la existencia de la niña, pese a que su expareja presentó diversas pruebas para acreditar, no sólo que le informó del embarazo y nacimiento de la bebé, sino que hasta le solicitó ayuda para su manutención.

En septiembre de ese año Xala Chigo ofreció a su expareja llegar a un convenio en el que reconocería la paternidad sobre la niña y registrarla conforme a la ley.

Sin embargo, en enero del año siguiente, la madre de la niña tuvo que informar al juez que el teniente jamás se presentó a registrar a su hija, por lo que el juzgador ordenó continuar con el procedimiento.

Ante la negativa de reconocer la paternidad de la niña, en el juicio se ordenó la realización de una prueba de ADN bajo la advertencia de que, si el teniente no acudía al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia capitalino a realizarse la prueba, se declararía que es el padre de la niña de manera automática.

De nueva cuenta el teniente ignoró la orden del juez y no se presentó a la toma de muestras, por lo que su expareja solicitó que, además de declarar formalmente que el militar es el padre de la niña, se le condene al pago de una pensión alimenticia, el pago retroactivo de la misma por todos los años que él omitió cumplir con su obligación, e inscribirla ante el ISSFAM, pues la pequeña carece de servicio de seguro social porque su madre trabaja de manera independiente.

Con la pandemia de 2020 el caso se retrasó y en mayo de 2021, cuando el juez estaba por dictar su sentencia, el teniente informó que desde septiembre de 2019 le dio mil 300 pesos quincenales a la madre de la niña por concepto de pensión alimenticia, para que esta cantidad fuera tomada en consideración al momento de fijar un monto definitivo en el fallo.

Además, indicó que mantenía a sus hijos mayores, uno de 21 y 17 años de edad en aquella época, y a su madre, de 77 años.

En su sentencia el juez Abdo Kuri ordenó al teniente registrar a la niña como suya y para evitarle confusiones a la menor autorizó que se le pusieran primero los apellidos de su mamá, con los que siempre había vivido hasta ese momento, y después el apellido de su padre, Xala.

En su análisis del caso, Abdo Kuri afirmó que durante el juicio el teniente Xala Chigo obstruyó la justicia y violó los derechos humanos de su propia hija.

“El demandado pasó por alto una determinación judicial (por no ir a la toma de muestras de ADN). En ese tenor el demandado, con su conducta procesal, obstruyó la impartición de justicia violentando el derecho humano de la menor de edad de investigar por conducto de su progenitora, su origen, el cual es un bien jurídicamente tutelado por nuestra Constitución”, explicó el juez en el fallo.

Asimismo lo condenó a pagar 20% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios como integrante de la Sedena por concepto de pensión alimenticia en favor de su hija, que equivalen a poco más de cinco mil pesos mensuales y, como en septiembre de 2019 fue el propio Xala Chigo quien ofreció llegar a un convenio y aceptó registrar a la niña, reconociendo desde entonces su paternidad, el juzgador también lo condenó a pagar el retroactivo exigido por su expareja, cuyo monto sería calculado conforme a sus percepciones, el porcentaje de la pensión alimenticia y el tiempo desde el nacimiento de la niña hasta el dictado de la sentencia.

También le ordenó inscribir a la niña en el servicio médico que le proporciona la Sedena, es decir, ante el ISSFAM.

Burocracia verde olivo

Una vez que el fallo quedó firme, en julio de 2021, la primera y última vez que el teniente Xala Chigo vio a su hija fue el día que acudió al Registro Civil a registrarla como suya.

Para entonces la niña tenía ocho años, pese a ello, actualmente no se acuerda de su papá ni pregunta por él, pues éste jamás ha buscado tener un vínculo con ella.

Debido a que el registro ante el ISSFAM lo debe realizar personalmente el teniente Xala, su expareja ha encontrado diversos obstáculos para lograr que su hija reciba la atención médica que le corresponde.

Pese a que la sentencia quedó firme desde 2021, no fue sino hasta 2023 que fue expedida la credencial del ISSFAM a nombre de la niña, pero, casualmente, sus apellidos estaban mal.

Por ello, en noviembre de ese año el director general de Seguridad Social Militar, general de brigada Roberto Claudio del Rosal Ibarra, informó al juzgado que la expareja del teniente Xala debía regresar la credencial errónea para recibir una nueva.

“Yo fui, pero al llegar me dijeron que esa persona ya no estaba ahí y hasta ahora nadie sabe a quién le corresponde recibir la credencial y darme una nueva, el problema es que en la Sedena todo lo tengo que hacer mediante oficios emitidos por el juzgado y todo eso es muy tardado”, explicó la madre de la niña.
Yo sé que él tiene contactos para bloquear cualquier trámite en la Sedena, y como es muy agresivo yo ya temo por mi seguridad.
Aunque al teniente le descuentan el porcentaje de la pensión alimenticia directamente de la nómina, el descuento para el pago del retroactivo no ha podido ser una realidad, pues incluso desde la propia Sedena han incumplido con los informes requeridos por el juez para cuantificar el monto, lo que ya causó que el juzgador imponga multas tanto al teniente como a otros funcionarios de la institución.

Desde el 28 de mayo último el Poder Judicial de la Ciudad de México está en paro de labores, lo que ha ocasionado que casos como el de la hija del teniente Xala Chigo se vean afectados, pues hasta ahora la niña no ha logrado tener ni siquiera la atención médica que por derecho le corresponde.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Andrea Chávez se descarta para presidir el Senado

“Mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua”, dijo la legisladora morenista.

La senadora morenista Andrea Chávez se descartó para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

En un video en sus redes sociales, la legisladora afirmó que su prioridad es representar con compromiso y cercanía al Pueblo de Chihuahua.

"No he comunicado presidir el Senado de la República, porque no busco presidir el Senado de la República ... Esta es una decisión previsible y que tomé hace tiempo porque como es público, evidente y notorio, mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua que por primera vez depositó masivamente su confianza este pasado 2024 en la Cuarta Transformación", explicó.

La legisladora morenista resaltó que sería un gran honor presidir el Senado, pero implicaría callar una voz necesaria para denunciar el “desgobierno” en su estado natal, Chihuahua.

"A pesar del gran honor que representa encabezar uno de los poderes de la Unión, en este momento los actos protocolarios, el tener que llamar la atención de los maleducados panistas que gritan e insultan y la neutralidad discursiva no llaman demasiado mi atención, e implicarían apagar, atenuar o moderar una voz combativa, frontal y necesaria para denunciar el desgobierno en Chihuahua”, enfatizó.

Para finalizar, la legisladora afirmó que entre el pueblo y los reflectores prefiere el pueblo. Además anunció una gira de 60 días por su estado natal, Chihuahua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Caso "Kiki" Camarena: Pena de muerte para Caro Quintero sigue sobre la mesa

Hector Berrellez, ex agente de la DEA y encargado de la "Operación Padrino” para investigar el caso, ha asegurado a Proceso en múltiples entrevistas que en una de esas grabaciones se escucha la voz de Félix Rodríguez “El Gato”, exoperador de la CIA en México.

El Departamento de Justicia señaló que mantiene sobre la mesa la posibilidad de solicitar como castigo la pena de muerte para el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, e informó a la Corte del Distrito de Nueva York, que está empezando a compartir con la defensa del capo, información sensible sobre las grabaciones que se hicieron en el interrogatorio del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, quien fue secuestrado en febrero de 1985.

En una audiencia de procedimiento ante el juez federal Frederick Block, la fiscal del Departamento de Justicia, Saritha Komatireddy, dijo que su equipo está revisando los documentos referentes al caso, que involucra trasiego de drogas, el secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena hace 40 años.
“Nos encontramos en el procedimiento de revisar expedientes, interceptación de llamadas que tienen que ver con consignaciones de marihuana, cocaina, metanfetaminas, y las grabaciones sobre el interrogatorio al agente Camarena, así como documentos sobre múltiples asesinatos y autopsias”, explicó Komatireddy.
El juez de la corte federal en Brooklyn le preguntó a la representante del Departamento de Justicia si ya habían resuelto el tema de solicitar la pena capital como castigo para Caro Quintero, en caso de que se celebre un juicio y el capo sea declarado culpable.

“La pena de muerte sigue sobre la mesa”, respondió la fiscal al juez, estableciendo que se trata de un caso complejo y que para el el otoño, podrían tener una decisión respecto al tipo de castigo que solicitarían contra el acusado. 

Las grabaciones sobre la tortura a Camarena en una residencia en Guadalajara, Jalisco han sido mencionadas en múltiples procesos judiciales en diferentes cortes de los Estados Unidos, en donde han sido juzgados y sentenciados varios personajes acusados e involucrados en el homicidio del agente de la DEA. 

Hay información disponible al público de la transcripción de fragmentos de esas grabaciones, pero hasta ahora se desconocen en su totalidad.

Hector Berrellez, ex agente de la DEA y encargado de la "Operación Padrino” para investigar el caso, ha asegurado a Proceso en múltiples entrevistas que en una de esas grabaciones se escucha la voz de Félix Rodríguez “El Gato”, exoperador de la CIA en México y también señalado como uno de los agentes y operadores estadunidenses en la captura y el asesinato de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia. 

Elizabeth Macedonio, la abogada de oficio de Caro Quintero, argumentó ante el juez que por tratarse de un caso complejo que involucra la pena de muerte, ella se mantendrá en contacto con los fiscales para intercambiar documentos, expedientes y otras evidencias y estableció que es muy pronto para que ella presente una moción respecto a la solicitud de pena de muerte como castigo para su cliente. 

La próxima audiencia procediendo del caso en la Corte de Brooblyn quedó calendarizada para el 18 de septiembre a las 11:00 am.

A la audiencia de este miércoles Caro Quintero y su sobrino Ismael Quintero Arellano se presentaron ante el juez con el uniforme de reos color caqui, resguardados por cuatro alguaciles federales, a diferencia de las anteriores audiencia de procedimiento en esta ocasión no hubo tanta presencia de agentes d ella DEA; únicamente llegaron seis.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

En 2024, estados recortaron más de 8 mil millones de pesos en salud mientras duplicaron gasto en publicidad

A pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, los 32 gobiernos estatales hicieron recortes en 2024 a la función de salud, de acuerdo con una radiografía de la organización Política Colectiva.

En el 2024, gobiernos de los 32 estados del país recortaron más de 8 mil millones de pesos en la función de salud, a pesar de ser uno de los sectores más sensibles para la población, mientras que incrementaron su gasto en comunicación oficial a más del doble de lo inicialmente aprobado para ese año. Así lo revela la “Radiografía de la recaudación y el gasto de los estados en 2024”, un análisis del proyecto ‘Ojos al Gasto’ de la organización Política Colectiva.

El informe, basado en datos oficiales del cuarto trimestre de la Cuenta Pública de todas las entidades, muestra que los estados tenían un presupuesto aprobado de 2.8 billones de pesos, sin embargo, gastaron más de 240 mil millones adicionales, aumentando su proyección financiera a 3 billones de pesos.

Pese a que los gobiernos estatales gastaron un 8.6 % más durante el 2024, uno de los principales hallazgos de la radiografía que busca señalar opacidad y prioridades cuestionables, son los recortes en salud con una reducción por más de 8 mil millones de pesos a este sector.

Para dimensionar la magnitud de este recorte, Política Colectiva destaca que se trata de más del doble del gasto total que el Instituto Nacional de Cancerología tuvo en 2024, el cual ascendió a 3 mil millones de pesos.

Por el contrario, los estados tuvieron un aumento en publicidad oficial y comunicación, pues destinaron 9 mil 197 millones de pesos a espacios en medios para promocionar logros o programas de sus gobiernos.

Este monto representa más del doble de lo que se había aprobado inicialmente para este rubro en todas las entidades, de acuerdo con el análisis de Política Colectiva, el cual también subraya que cinco estados aumentaron su gasto en publicidad en más del 1000 %.

El comparador estatal y municipal de Cuentas Públicas, una herramienta que se encuentra en el sitio web de la organización, muestra que los cinco gobiernos estatales que incrementaron su gasto en servicios de comunicación social y publicidad fueron: Guerrero con una diferencia porcentual entre lo aprobado y devengado del 505, 567.62, seguido por el Estado de México con 1,994.09, Puebla en tercer lugar con 1,854.35, Tamaulipas con 1,723.48 y en quinto lugar se ubicó Veracruz con 1,272.35.

Otro hallazgos sobre el gasto de los gobiernos estatales

Política Colectiva revela que la deuda pública se disparó un 282 % en 2024 en cuanto a lo que planearon inicialmente los estados. De esta manera se alcanzaron los 90.8 millones, “una cifra similar al costo total del AIFA“.

El informe también muestra la deuda planeada y aprobada a inicios de 2024 y la deuda recaudada por los estados.

En este caso, señala que Oaxaca (12.05 mil millones de pesos), Tamaulipas (13.69 mil millones de pesos) y Quintana Roo (19.3 mil millones de pesos) fueron los tres estados donde más cambió la deuda recaudada, la cual no fue avalada en su planeación.

Por el contrario, Yucatán y Ciudad de México adquirieron una deuda menor a la que aprobaron al comenzar el año. La primera entidad avaló 3.06 mil millones de pesos y terminó con un endeudamiento de 1.63 mil millones, mientras que la capital del país aprobó inicialmente 2.5 mil millones y recaudó un adeudo de 2.41 mil millones de pesos.

Otro hallazgo es que las entidades invirtieron más en el pago de deuda que en obra pública con un 5.5 %, que representa 168.7 mil millones de pesos, contra un 4.6 %, que equivale a 139.1 mil millones de pesos del presupuesto.

“Esto refleja una baja inversión en infraestructura por parte de los estados, algo que contrasta con la idea de que los gobiernos gastan mucho en obra pública”, subraya Política Colectiva.

El informe también señala cómo y en qué gastan las entidades, contemplando principalmente que más de un 35 % del gasto de las entidades en 2024 se canalizó del gobierno estatal a través de transferencias a otros entes públicos, como son organismos descentralizados, autónomos, poderes legislativo  y judicial, así como fideicomisos y otros.

Para la organización, esta tendencia es importante de considerar, porque fragmenta la información presupuestal y complica su seguimiento y revisión.

Por otro lado, el 23.5 % del gasto total de entidades como Chiapas, Veracruz y Tabasco lideran la inversión en el rubro de nómina gubernamental, que se contempla como servicios personales en la cuenta pública.

Este rubro suele ser motivo controversial ante posibles retribuciones desproporcionadas a algunos cargos, apunta Política Colectiva, sin embargo, reconoce que se trata de “un gasto indispensable” debido a que ninguna administración estatal puede operar sin funcionarias y funcionarios.

 Con el análisis de estos hallazgos y anomalías, Política Colectiva busca abrir la conversación pública sobre los presupuestos estatales, así como visibilizar áreas de oportunidad y fomentar el involucramiento de la ciudadanía en decisiones que afectan a todas y todos.

Además, la organización enfatiza que “lo más grave no es cuánto se gasta, sino que no lo sepamos, no lo discutamos y no lo exijamos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEJANDRA GONZÁLEZ.

Construcción de un cuarto muelle en Cozumel dañará arrecife Villa Blanca, advierten habitantes; Semarnat revisa proyecto

Ciudadanos y gremio náutico en la isla de Cozumel denuncian que un cuarto muelle no es viable para la comunidad y amenaza la riqueza biológica del arrecife de Villa Blanca. La Semarnat informó que revisará el proyecto en materia de impacto ambiental.

La construcción de un cuarto muelle para ser terminal de cruceros en la isla de Cozumel, Quintana Roo, pondría en peligro un gran arrecife conocido como muro de Villa Blanca, valioso por sus corrientes de agua y diversidad biológica, advierten habitantes, ambientalistas y funcionarios locales del estado. Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisará el proyecto.

“No son dos, tres coralitos. Es un arrecife sano. Es un arrecife que sí tiene un valor ecosistémico muy importante”, dijo Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, en una entrevista con el Periódico Quequi.

Los habitantes de Cozumel consideran que no es necesario construir un cuarto muelle en la Isla pues ya cuentan con tres desembarcaderos que, a su parecer, proveen los servicios suficientes para la comunidad.

Además, la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC) ha denunciado las afectaciones que podría causar un cuarto muelle en la isla.

Con pangas (embarcaciones pequeñas) y manifestaciones en las calles, han solicitado entablar diálogo con el presidente municipal, José Luis Chacón, y expresarle su preocupación por este proyecto que amenaza la conservación marina de México.

Tras las denuncias de los posibles daños por la construcción de un cuarto muelle, la Semarnat atrajo el caso para revisar el proyecto.

La Semarnat revisará el resolutivo en materia de impacto ambiental, emitido desde el 7 de diciembre de 2021, tras la impugnación de los vecinos de la Isla.

Semarnat revisará proyecto de construcción de un cuarto muelle en Cozumel

La Secretaría del Medio Ambiente federal atenderá el recurso de revisión interpuesto por habitantes de la isla de Cozumel en contra del oficio resolutivo que autorizó el proyecto “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros”, conocido también como “cuarto muelle”.

Esta dependencia, encabezada por Alicia Bárcena, valorará el proyecto del cuarto muelle con base en la normatividad vigente, la protección del ecosistema arrecifal y el derecho de la población a un medio ambiente sano.

El 13 de junio pasado la Semarnat admitió a trámite un recurso de revisión, luego de que habitantes de Cozumel cuestionaron el resolutivo SGPA-DGIRA-DG-05859-21 que autorizó el proyecto.

Para el 18 de junio, la Secretaría notificó a las vecinas y a la empresa promovente que inició un procedimiento administrativo derivado de esa impugnación.

Los habitantes de Cozumel solicitaron la suspensión a efecto de que no se ejecute el proyecto, hasta en tanto se resolviera el procedimiento.

Ante este procedimiento, la Semarnat dio a conocer a las partes involucradas que para llevar a cabo la ejecución de la obras y actividades evaluadas se requiere el cumplimiento de los términos ordenados en la autorización de Impacto Ambiental.

En una autorización de Impacto Ambiental se obtienen las aprobaciones, concesiones, permisos federales, estatales y municipales correspondientes que se encuentran pendientes por emitir. 

La Semarnat informó que el recurso ya fue turnado al superior jerárquico para su substanciación quien deberá resolver con base en la normatividad aplicable, principios ambientales y principios que rigen el servicio público este procedimiento.

Gobierno de Quintana Roo reconoce importancia de arrecife de Cozumel

Oscar Rebora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y buzo, expresó en redes sociales su rechazo al proyecto cuarto muelle de Cozumel luego de bucear en la zona del arrecife Villa Blanca que podría ser afectado, invitado por el gremio hotelero.

Rebora comentó al Periódico Quequi que tras bucear por el arrecife encontró un ecosistema sano. También explicó que este ecosistema marino, aunque no se encuentra dentro de una área natural protegida sí se considera una zona de amortiguamiento marino.

Una zona de amortiguamiento es toda la carga que está recibiendo el arrecife. Por ello, se deja un espacio para que toda esa carga pueda irse y amortiguar, también, las consecuencias que va teniendo o cargas rebasadas que ya tiene el área natural protegida, explicó el funcionario local.

“Esta zona de amortiguamiento funciona para que no todo el impacto que se genera dentro de la ANP lo reciban directo los arrecifes que ya conocemos”, dijo en entrevista.

El secretario explicó que el proyecto lo propusieron empresarios para activar la economía local tras la pandemia por COVID-19. Sin embargo, señaló que cinco años después no es viable ante las consecuencias del cambio climático.

“Tomé la decisión de ir a bucear para ver qué nos encontramos allá abajo (…) y dar una postura para ver si está bien planteada esta Manifestación de Impacto Ambiental, ver qué se puede rescatar y cuál va a ser el impacto. Sabemos que todo desarrollo causa impactos y por eso son importantes las manifestaciones de impacto ambiental”, explicó.


De acuerdo con el funcionario, los empresarios señalaron que las barreras del arrecife de Villa Blanca tenía poco valor ecosistémico con algunas especies y contados corales.

Sin embargo, tras verificar la zona junto con activistas y empresarios, el secretario encontró que sí es un arrecife sano y con valor ecosistémico.

Protestas en Cozumel por proyecto de cuarto muelle en la Isla

Pobladores de Cozumel, el gremio náutico e integrantes de CIMAC marcharon pacíficamente el 20 de junio pasado desde Playa Mantarrayas hasta el Palacio Municipal.

El contingente lo integraron 100 personas a pie, más de 100 motocicletas y más de 50 automóviles en caravana de la sociedad cozumeleña que rechaza este proyecto.

Guadalupe Martín, presidenta de la organización Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, reconoció la respuesta de los habitantes de la isla por atender la convocatoria para protestar en contra del cuarto muelle.

“Gracias por demostrar que el puedo de Cozumel defiende al arrecife Villa Balanza y su ecosistema”, agradeció la cozumeleña en sus redes sociales. Además, dijo que continuarán manifestándose tras lograr la revisión de la MIA que la Semarnat estará analizando.

Tras la marcha, Margarita Vázquez Barrios, representante del presidente municipal, recibió a una parte del contingente de manifestantes, quienes comunicaron que han tenido una respuesta negativa de parte del ayuntamiento, derivado de la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental que inició la Semarnat.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.