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Los Torres, investigados en EEUU y México

Al momento un párrafo fue certero, preciso y premonitorio en el texto publicado por Carlos Torres Torres el sábado 10 de mayo de 2025 en su página personal de Facebook:
“Lamento profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien -a pesar de no haber provocado nada- la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”, escribió casi al final de su diatriba para informar de la revocación de su visa de turista provista por el gobierno de los Estados Unidos.
Efectivamente, la gobernadora Marina Ávila Olmeda fue, de entrada, el daño colateral de la revocación de la visa B1/B2 para ingresar a los Estados Unidos a su esposo, pues en una medida consecuente, a ella, “a pesar de no haber provocado nada”, también le revocaron el documento para el cruce migratorio a los Estados Unidos.

Sin embargo, en el asunto de la cancelación de documentos migratorios a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a su esposo, Carlos Torres, hay dos certezas: mientras que Torres está siendo investigado en los Estados Unidos y México por la posible comisión de delitos, la mandataria estatal también podría estar en la mira de la autoridad norteamericana, tras ordenar el cese de excavaciones en fosas halladas en el Cañón de las Carretas en abril pasado.

JUSTIFICACIÓN SIN SUSTENTO

Carlos Torres justificó la prohibición hacia su persona para internarse en la Unión Americana, como “una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado. Cabe señalar que mi conciencia está tranquila y estoy seguro que se resolverá la situación de manera favorable. En la actualidad, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común, y como tantos otros, estoy incluido en ese universo”.

Una fuente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, explicó que no fue así la revocación de la visa de Carlos Torres Torres, la cual ocurrió primero que la de la gobernadora del Estado, sino que es la consecuencia inicial de una investigación que se lleva a cabo en aquel país, por actos que pudieran encuadrarse en “delitos de lavado de dinero y conspiración para la comisión” de otros, confió el funcionario a ZETA.

Pero Carlos Torres Torres no está solo en esa investigación. Aunque su esposa, la gobernadora Marina Ávila, no aparece en la novel indagatoria, sí ha sido mencionado su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, quien en el pasado panista de la familia Torres, ocupó cargos públicos, el más notorio de ellos en la época del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, como administrador de la Aduana de Tijuana.

En la Fiscalía General de la República, informó un investigador de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) que prefirió reservar su identidad para efectos de este reportaje, los nombres de los dos Torres Torres, Luis Alfonso y Carlos, aparecen en una carpeta de investigación donde los delitos que se presume cometieron, junto a otras personas, son: evasión fiscal, corrupción, huachicoleo, daño a la nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.


Efectivamente, como escribió Torres, la gobernadora Marina Ávila no ha provocado investigación en su contra, como sí la hay contra su esposo y cuñado.

Aunque elementos de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, actúan con reservas al considerar -dijeron de manera extraoficial- que fue la mandataria estatal quien ordenó detener la exploración y excavación de una denunciada fosa clandestina en el Cañón de las Carretas en Tijuana, el 14 de abril de 2025, situación que pudo contribuir a la decisión de revocarle la visa, algo que nunca antes había sucedido ni en México ni en Baja California: que a un gobernante en funciones le fuese retirada la visa de turista para entrar a los Estados Unidos.

PRIMERO REVOCARON SENTRI, LUEGO VISAS; LA INVESTIGACIÓN

Lo primero que le revocaron a Carlos Torres Torres, una semana antes de la visa de turista en la Garita de San Ysidro, fue la tarjeta Sentri (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection, por sus siglas en inglés), una tarjeta de viajero confiable que le permite al usuario cruzar los puertos fronterizos por unas garitas especiales que, ante la pre aprobación de la solvencia moral y económica del tarjetahabiente, agilizan el cruce al minimizar la revisión de documentos y vehículo, haciendo que esperas de dos, tres o cuatro horas en líneas normales, se reduzcan a minutos.

Para obtener la tarjeta Sentri, el Departamento de Seguridad Nacional recibe las solicitudes y realiza una exhaustiva investigación de los antecedentes de la persona, como la dependencia lo explica: “Todos los solicitantes pasarán por una rigurosa revisión de sus antecedentes y una entrevista personalmente”. En tal inspección participan corporaciones fiscales, de antecedentes penales, corporaciones policíacas de investigación, antidrogas y migratorias. El objetivo es que la persona compruebe no sólo la solvencia económica, para demostrar que no solicita el documento para residir en la Unión Americana, sino que no ha tenido problemas con la Ley, que no es sujeto de investigaciones y que no se ha relacionado con personas o grupos ilícitos. Cualquier cambio registrado en estos temas, es motivo de la revocación para el cruce preferente.


Oficiales del Departamento de Estado de la Unión Americana, confirmaron a ZETA que la Sentri fue lo primero que se revocó a Carlos Torres y posteriormente a la gobernadora Marina Ávila. Esta notificación, explicaron, sí llegó por la vía digital, pues el solicitante y tarjetahabiente debe tener una cuenta activa en el sistema de informática del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security, en su idioma original), donde llena los formatos de solicitud y provee un correo electrónico para recibir las notificaciones del estado de su solicitud, renovación de la tarjeta del programa de viajero confiable, o cambios en el status. Y así sucedió, a Torres, dijeron, pues le llegó un correo electrónico notificándole de la revocación de su tarjeta Sentri.

Una semana después (que, de acuerdo a las fuentes de ZETA en la Unión Americana, se situaría cerca del 30 de abril), Torres Torres intentó cruzar desde Tijuana y hacia los Estados Unidos, por el puerto fronterizo de San Ysidro. A pesar que en su posicionamiento público personal mediante su cuenta de Facebook, Carlos Torres informó: “En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”, esto no fue así.

Una fuente del Departamento de Seguridad Nacional explicó a ZETA cómo sucedió:

Torres Torres llegó al puerto fronterizo y al entregar su visa de no migrante para cruzar a la Unión Americana, en la computadora del oficial del CBP (Custom and Border Patrol, por sus siglas en inglés) la autoridad fronteriza recibió una alerta del Departamento de Estado que indicaba que a esa persona, el esposo de la gobernadora, le debía ser retirada la visa de no migrante, siendo destruida.

En la puerta de entrada de revisión de documentos, el oficial del CBP le dijo a Carlos Torres que debía pasar a una inspección secundaria, la cual se realiza en unos patios exprofeso. Una vez escoltado al área de segunda inspección, otro elemento del departamento de seguridad le informó a Carlos Torres que le quitaría la visa; éste debía entregarla para ser destruida en el acto, y regresar al mexicalense a México por una vía especial para ello.

La fuente explicó a ZETA que las visas B1/B2 de no migrante no se revocan vía notificaciones de correo electrónico; a diferencia de la tarjeta de viajero confiable Sentri, la visa de cruce fronterizo debe ser retirada de forma física y posteriormente destruida.


En ese sentido, horas después de que su esposo hubiera informado de la revocación de su visa de turista para cruzar a los Estados Unidos, en su “Posicionamiento personal sobre medida consular en EE. UU”, como tituló su publicación Torres (aun no siendo claro con la realidad de cómo sucedieron los hechos), la gobernadora Marina Ávila hizo lo propio.

También en su página personal de la red social Facebook, la gobernadora Marina Ávila Olmeda, primero respaldó a su esposo y aclaró que tal acción “no es sólo personal, es moral y es político”. En el segundo párrafo de su texto, la mandataria estatal escribió: “Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.

La realidad, dijo la fuente del Departamento de Seguridad Interior a ZETA, fue distinta.

Mientras a Carlos Torres Torres le retiraron su visa de manera física a finales del mes de abril, esto no sucedió de manera inmediata con la gobernadora. De hecho, explicó que las autoridades de la Unión Americana sopesaron si revocarle la visa también a ella o no, y que la consideración final para hacerlo, fue el hecho de tener conocimiento de que la gobernadora había detenido la exploración de una fosa del crimen organizado descubierta a mediados de abril en Tijuana y de la cual el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos tenía no sólo conocimiento de su existencia, sino de la cantidad de restos ahí enterrados de manera clandestina por un cártel de la droga.

Por eso determinaron en Washington seguir el procedimiento de revocación de visa de no migrante a la gobernadora, al igual que previamente había sucedido con su esposo. Pero en su caso, explicó la fuente, por razones institucionales y respeto a si investidura como gobernadora constitucional del Estado de Baja California, y miembro de la clase política nacional, sí le dieron la concesión y cortesía de notificarle personalmente.

El emisario del gobierno de los Estados Unidos con la gobernadora Marina Ávila fue el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal. “Él fue quien, por cortesía, para no hacerla pasar un momento incómodo en la garita internacional en caso que decidiera cruzar a los Estados Unidos, le notificó vía consular, y personalmente, de la revocación de su visa de no migrante”.


El jueves 8 de mayo, dos días antes de que Carlos Torres y Ávila informaran en Facebook la revocación de sus visas, y por lo menos dos semanas después que se la retiraran a su esposo en la garita internacional de San Ysidro, la gobernadora Ávila publicó una foto con el Cónsul Tiel en su cuenta de Instagram, la que acompañó con el siguiente texto: “Hoy me reuní con el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación en temas clave como seguridad, desarrollo económico y derechos humanos, siempre en beneficio de ambas naciones”.

En ambos casos, tanto a Carlos Torres en los patios de inspección secundaria del CBP como a la gobernadora por vía consular, no se les proveyó de mayor información, relató la fuente a ZETA, sobre los motivos de las revocaciones; primero de las tarjetas del programa de viajero confiable Sentri, y posteriormente de las visas de no migrante. En todo caso, explicaron, esa información la podrían solicitar por los canales institucionales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

La misma fuente reveló a ZETA que la revocación de la visa a Carlos Torres es a consecuencia de una investigación en Washington, la capital norteamericana, con información de una carpeta que ha sido elaborada por corporaciones de investigación en la frontera sur de los Estados Unidos y del norte de México.

EL CONTROL DE LAS ADUANAS Y EL HUACHICOL

Más allá de los dichos de empresarios que se han reunido con Carlos y Luis Torres Torres para negociar inversiones, concesiones, contratos y citas con entidades de gobierno, la primera vez que sus nombres aparecieron formalmente en una carpeta de investigación fue a raíz de la investigación iniciada el 26 de marzo de 2025, cuando Fuerzas Federales localizaron en Ensenada un predio con contenedores de almacenamiento de Diésel: cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo. Huachicoleo a gran escala.

La investigación oficial correspondió a la Fiscalía General de la República, y para ello se apersonaron en el lugar, realizaron peritajes y entrevistas a personas de interés, servidores públicos de aduanas y otras dependencias. Uno de ellos, reveló lo siguiente, y así fue integrado a la carpeta de investigación:
“En Ensenada se nos obliga a quedarnos callados, a pesar de todas las cosas que vemos que hacen, ya que, se dice, se encuentran apoyados por un grupo de políticos del Estado, como ya se vio los Noveló (propietario del predio donde estaban los contenedores), el mismo presidente municipal de Ensenada, que ahora es senador Armando Ayala, y los hermanos Torres, que dicen que ellos tienen todo controlado, incluso hasta las autoridades federales, lo cual después de la muestra que nos acaba de dar la defensa (el descubrimiento del predio del huachicol), la Guardia Nacional y la fiscalía general nos hace ver que no es cierto que han sido puras mentiras para mantener amenazadas a todas las personas que queremos trabajar bien, y que nos obligan a estar consintiendo todos sus actos de corrupción. Por eso es que queremos hacer esta denuncia”.
Explicaron el modus operandi en lo que consideraron un “fraude a la Nación”: el Diésel llegaba en buques al puerto de Ensenada; en la aduana portuaria, había arreglos, aparentemente realizados por Luis Torres, dado la red de servidores que maneja en las Aduanas debido a su conocimiento y paso por la titularidad de la Administración General de Aduanas de Tijuana en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Un investigador de la FGR colaborador de la investigación, explicó a ZETA:
“El buque llega a la aduana conteniendo el Diésel que es traído de los Estados Unidos, pero se le dice a la tripulación en qué momento llegar y quién los va a atender en la aduana; de esta forma se concreta el acto de corrupción. Mientras que el contendor del buque está cargado con el combustible, ya hay un arreglo para que al momento de la inspección se especifique en los formatos que se trata de otro líquido y no de hidrocarburo; el agente aduanal, que ya está apalabrado, consta que se trata de un líquido distinto, llena el papeleo y lo deja internarse a tierra. Entonces no queda huella en documentos oficiales que se trata de Diésel, porque ya hubo un acuerdo para el tráfico del combustible”.
En este caso, informó la fuente a ZETA, la carpeta de investigación que se inició en Baja California, fue atraída por la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), dependiente de la Fiscalía General de la República. Al conocerse los hechos en que los hermanos Torres, y otros políticos de Baja California fueron mencionados, la carpeta fue del interés no sólo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien tiene conocimiento de la misma y dio seguimiento inicial a la indagación, sino que también se le participó la información al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch.

El investigador de la FEMDO reveló que fue incluso Harfuch quien condujo las investigaciones con la colaboración de los Estados Unidos, pues de acuerdo al seguimiento del buque y el combustible ilícitamente internado a México vía Ensenada, éste fue adquirido en el estado de Texas, en la Unión Americana.

El procedimiento irregular para traficar combustible de los Estados Unidos a México, se hacía de manera sistemática, pues aun cuando al momento del operativo de aseguramiento del predio del huachicoleo el 26 de marzo de 2025 en Ensenada, se encontraban casi ocho millones de litros de Diésel en los contendores; el combustible era transportado diariamente en pipas especiales y vendido a los centros de gasolina en los municipios de Baja California, Tijuana, Rosarito, y Ensenada, de manera primordial, pero no exclusiva.

En este contexto, informó el investigador de la FGR, la carpeta de investigación atraída por la FEMDO está en proceso de integración por, entre otros, los delitos de: corrupción, huachicoleo, evasión fiscal, falta a la Ley Federal de Hidrocarburos, delitos ambientales, daño a la Nación, faltas a la regulación de Petróleos Mexicanos, y delincuencia organizada, dado que se trata de una acción que utiliza insumos peligrosos, se realizó en un lugar público, participaron varias personas, grupos delictivos, y se obtuvo un beneficio ilícito.

Uno de los informantes de la FGR, y así consta en la carpeta de investigación, explicó la forma del ilícito negocio: “Compran el hidrocarburo en Estados Unidos, pero que no pasa su control de calidad; lo meten como desecho, pero en México lo venden como bueno. Cuando lo presentan en las aduanas, estas se hacen de la vista gorda, y pueden decir que simplemente es aceite aunque están introduciendo al país hidrocarburo ilegal, que además venden en las gasolineras de Pemex”.

Actualmente, la investigación sigue su curso en la FEMDO, aun con el hermetismo del fiscal Gertz Manero y el secretario García Harfuch.

LA GOBERNADORA: NO QUERÍA OTRO TEUCHITLÁN

Entre muchos, un tema llamó la atención de las autoridades de los Estados Unidos que, desde el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado, realizan análisis de información de hechos de inseguridad y corrupción en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos: el descubrimiento de una narcofosa en el conocido como Cañón de las Carretas en Tijuana, el 14 de abril de 2025.

Aquel día, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Baja California detuvieron a un grupo de narcomenudistas, uno de los cuales accedió a convertirse en testigo y delatar algunos ilícitos, entre ellos, la existencia de una fosa clandestina en las faldas del cerro Venustiano Carranza, en el Cañón de las Carretas. De hecho, proporcionó un número aproximado de cuerpos ahí enterrados clandestinamente; más de 20, dijo.

Además aportó detalles que fueron publicados en la edición de ZETA que salió a circulación el viernes 25 de abril, unos cinco días antes que le fuera revocada la visa a Carlos Torres Torres, y otros días más de que sucediera lo mismo con la de la gobernadora Marina Ávila.

En la edición del Semanario, se publicó la lista que el testigo reveló de algunas de las personas que estaban ahí enterradas:

*“Una familia de cuatro integrantes”. Los jóvenes detenidos dijeron haber atestiguado esto, cuando convivían con la célula criminal que se apropió del inmueble.

*“También mataron al ingeniero”, José Alonso Guerrero Chávez, y a su ayudante Rubén Ramírez Rojas, ambos desaparecidos el 27 de marzo de 2024.

*“Y a la muchacha que violaron”. Se refiere a Mariana, la joven en calidad de desaparecida, y quien envió videos a su madre, los cuales sirvieron de evidencia para detener a una familia de pepenadores de basura: Ana Laura, su esposo Marco Antonio (apareció muerto el 22 de junio), el hijo de ambos, Bryan de 20 años, y Miguel Ángel, hermano de Antonio, por la desaparición de los ingenieros.

*“Un primo del Guasón por un pleito de terrenos”. Por “El Guasón”, se refirió un criminal aún no identificado por nombre y apellidos por las autoridades.

Pero de forma extraña e irregular apenas a tres días de haberla localizado, la Fiscalía General del Estado detuvo la exploración de la zona denunciada. En ese lapso solamente escarbaron en un punto, en el cual localizaron tres cuerpos. Pero después nada. La operación se detuvo.

Autoridades investigadoras de los Estados Unidos, indagaron por sus medios en el análisis binacional que realizan sobre el comportamiento de los cárteles de la droga, la inseguridad y la violencia, y pudieron confirmar que, en efecto, en esa zona del Cañón de las Carretas había más de 20 cuerpos en una fosa clandestina. Esta información fue proporcionada a ZETA, y confirmada por elementos de la FESC, que proveyeron información y dijeron no entender cómo y porqué se detuvo la excavación del lugar.

Se enterarían los estadounidenses más adelante del motivo del paro de la excavación. Poco más de un mes atrás, el 6 de marzo de 2025, un grupo de buscadores de desaparecidos, Guerreros Buscadores de Jalisco, había localizado un rancho llamado Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, donde localizaron restos humanos, huesos, y centenares de piezas de uso personal, calzado, ropa, mochilas, enceres diversos. La investigación en el predio y la ubicación de zonas de control, los llevó a determinar que se trata de un lugar de exterminio.

Por supuesto, la noticia trascendió Jalisco y México. El conocido como rancho del exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación fue nota internacional y requirió de la atracción de la investigación por parte de la FGR titulada por Alejandro Gertz Manero, quien ha intentado por todas las formas de indagación pericial, ministerial y científica, demostrar que no se trata de un centro de exterminio sino de un centro de adiestramiento, efectivamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre el caso, entre los detenidos, y bajo cargo de desaparición forzada entre otros, está el ahora ex alcalde de ese municipio, José Ascencio Murguía Santiago.

Por cierto, en el caso del huachicol en Ensenada, en cuya carpeta de investigación aparecen los nombres de los hermanos Carlos y Luis Torres Torres, se refiere la participación de una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos, petrolíferos y materiales peligrosos, cuya razón social es Mefra Fletes, S.A. de C.V., cuyo administrador general fue identificado como José Isabel Murguía Santiago, quien se presume es hermano del ex alcalde de Teuchitlán, ahora preso.

De vuelta al 16 de abril, cuando se detiene la exploración de la denunciada narcofosa en el Cañón de las Carretas, y las autoridades norteamericanas, que tienen información a su saber confiable sobre el entierro de más de 20 personas en el lugar, indagan el porqué de que la FGE decidiera detener los trabajos de excavación, fueron informados que esa decisión la tomó directamente la gobernadora Marina Ávila Olmeda.

Miembros de la Mesa de Seguridad de Baja California, confirmaron a ZETA, que, efectivamente, Ávila Olmeda le dijo a la fiscal general del Estado, María Elena Andrade que tuviese cuidado con ese tema, pues no quería “un Teuchitlán” en Baja California. Y los trabajos, hasta el 30 de mayo, se detuvieron tras la localización de seis cuerpos. El terreno continúa sin ser explorado en su totalidad a pesar del testimonio que les indicó que ahí había más de 20 cuerpos enterrados.

Esta acción, confirmada por testigos de la Mesa de Seguridad, y en conocimiento de autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, fue determinante para proseguir, luego de la revocación de la visa a Carlos Torres, con la de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, de acuerdo a una fuente de dicha institución en la Unión Americana, consultada por ZETA.


FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
FECHA: 19 MAYO DEL 2025.

FGE oculta información de narcofosa

Más de 10 días han transcurrido desde que la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado recibieron la denuncia de que, en un predio del Cañón de las Carretas en Tijuana, había una fosa con varios cuerpos enterrados.

Sólo tres cadáveres han sido localizados. Sin embargo, a pesar de las demandas extraoficiales sobre la ubicación de más restos, la búsqueda fue suspendida al tercer día.

El 14 de abril, elementos de la FESC detuvieron a un grupo de narcomenudista, y uno de ellos, en calidad de testigo, les informó que varias víctimas de homicidio estaban bajo el terreno de una casa localizada en la falda del cerro de la calle Venustiano Carranza, en el Cañón de las Carretas en Tijuana.

Ese mismo lunes, la FGE obtuvo la orden de cateo, pero no la ejecutó hasta el martes 15 de abril, suspendió la exploración de la tierra la tarde del miércoles 16. Sólo escarbaron en un único punto debajo de una loza de cemento, y ahí encontraron los tres cuerpos. Ese hecho, sin embargo, no sería suficiente para continuar excavando y localizar al resto de las víctimas que, señalaron, ahí se encontraban enterradas.

En el terreno de 80 metros cuadrados, tampoco utilizaron escáner para indagar si hay más restos ocultos entre la tierra y la maleza. En diez días, lo que ha hecho la FGE es ocultar la información, y abandonar la exploración. El 15 de abril enviaron un comunicado indicando que habían encontrado dos cadáveres, pero hasta esa información oficial ha sido imprecisa, pues en entrevistas de prensa posteriores, dijeron que fueron tres cuerpos los ahí localizados.

Desde la tarde del martes 16 de abril, la casa cateada fue abandonada. Tampoco se dejó personal para la vigilancia. Uno de los vecinos comentó a ZETA: “…estuvieron aquí hasta el miércoles; el jueves que empezó la Semana Santa ya no regresaron, y no dejaron a nadie vigilando”.

La indiferente reacción de la FGE contrasta con los testimonios vertidos por uno de los detenidos, que les delató el ocultamiento de cuerpos en ese predio, y con denuncias extraoficiales entregadas a funcionarios de la fiscalía sobre la existencia de más cuerpos en la zona.

A pregunta expresa de ZETA, Fidel Corvera Gutiérrez, fiscal de Unidades Especiales, en la Fiscalía general del Estado (FGE) de Baja California, dijo que “después” continuarían el rastreo de restos humanos. Sin precisar fecha para continuar con la exploración, justificó: “…se paró con esa búsqueda y ya se tuvieron que hacer ciertas diligencias, pero el lugar lo dejamos custodiado. Ahorita hay personal de resguardo ahí y vamos a continuar”.

Sin embargo, una visita de reporteros y fotógrafos de ZETA en las inmediaciones del predio en el Cañón de las Carretas, confirma que la zona está abandonada, sin custodia oficial ni equipo para la exploración.


“MÁS DE 20 CUERPOS”; DENUNCIANTES ESTÁN DESAPARECIDOS

La búsqueda y exploración del predio se detuvo a pesar que dos de los detenidos e informantes de la fosa clandestina, fueron liberados por la autoridad, y ahora se encuentran en calidad de desaparecidos.

Un miembro de la Mesa por la Seguridad y la Paz de Baja California, confirmó a ZETA: “Los detenidos que hablaron (informaron) de los terrenos (y la fosa) eran dos jóvenes, uno menor de edad; los liberaron, y ya no encuentran”.

Antes de liberarlos, cuando proporcionaban información a las autoridades para llevarlos hasta el predio del Cañón de las Carretas, los detenidos explicaron que “su jefe era ‘El Guasón’, y que en esa casa ordenó y se ejecutaron las muertes” de varias personas, entre ellas:

*“Una familia de cuatro integrantes”. Los jóvenes detenidos dijeron haber atestiguado esto, cuando convivían con la célula criminal que se apropió del inmueble.

*“También mataron al ingeniero”, José Alonso Guerrero Chávez, y a su ayudante Rubén Ramírez Rojas, ambos desaparecidos el 27 de marzo de 2024.

*“Y a la muchacha que violaron”. Se refiere a Mariana, la joven en calidad de desaparecida, y quien envió videos a su madre, los cuales sirvieron de evidencia para detener a una familia de pepenadores de basura: Ana Laura, su esposo Marco Antonio (apareció muerto el 22 de junio), el hijo de ambos, Bryan de 20 años, y Miguel Ángel, hermano de Antonio, por la desaparición de los ingenieros.

*“Un primo del Guasón por un pleito de terrenos”.

En total, los dos detenidos delataron que en el predio había más de 20 muertos enterrados, explicó el funcionario de la Mesa de Seguridad, y complementó: “Puede ser verdad o no; el problema es que limitaron, detuvieron la búsqueda que puede aclararlo”.

Con lo que coincidió un funcionario de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, quien participó al inicio de la búsqueda y exploración: “Extrañamente detuvieron la búsqueda. Escarbaron en un sólo lugar, a pesar de que el perro, canino de apoyo, ladró en otro punto; y eso se informaron a la Ministerio Público, pero la coordinara del operativo repitió: ‘aquí y ya’, y se negó a ampliar la búsqueda”.

Sobre el hecho que quien denunció aparentemente dijo que había más de 20 cuerpos enterrados en siete diferentes áreas del predio, el fiscal Corvera Gutiérrez dijo: “Hasta donde yo tengo entendido, lo que me comentaron ahí las personas que lo tomaron la entrevista, no señaló tantos puntos… Dijo que había varios cuerpos, pero no especificó cuántos. Señaló otro punto, cerca del primer predio; es el lugar que estamos por agotar también”, mencionó en referencia a un segundo predio que parece un yonque, y está localizado al final de la calle Aquiles Serdán en la misma colonia, que también fue asegurado el martes 15 de abril.

De igual forma sin precisar cuándo y cómo se iniciarán las exploraciones en ese predio, o se reactivarán las del anterior, Corvera sentenció: “Probablemente también encontremos uno o dos cuerpos, pero por el momento es lo que estamos analizando”.


TRES CUERPOS EN EL PRIMER CATEO

El terreno cateado presuntamente entre el 15 y el 16 de abril en la falda del cerro del Cañón de las Carretas, mide 8 por 10 metros. Contiene dos pequeñas casas color rosa en medio, y un patio, el cual tenía una losa de cemento, justo debajo de la cual fueron localizados los restos de tres personas.

Corvera Gutiérrez informó: “Se descubrió primeramente lo que es una osamenta completa, y ya se siguió buscando en ese mismo domicilio; ahí mismo cerca del área donde se encontró esa osamenta se encontró una segunda, un segundo cuerpo que estaba en estado de putrefacción este cuerpo y mutilado: el dorso, la cabeza, por un lado, los brazos, las extremidades, se determinó que era parte del cuerpo ese que se localizó en estado de putrefacción”.

Agregó:

“Se volvió al siguiente día -16 de abril- para seguir con las búsquedas y se realizó un tercer hallazgo ahí mismo también de una osamenta… Cuando se levantó la pequeña plancha de cemento… comenzaron a salir olores fétidos”.

— ¿Pero no buscaron en ningún otro punto del terreno?

“…como ya más o menos se tenía el lugar ubicado… ahí y comenzaron a cavar. Ahí donde se tenía la presunción de que estaban los cuerpos y por eso no se ocupó el escáner”.

“Fue un perito antropólogo también, como son fragmentos de huesos, para determinar si se trataba de la misma persona; fue también personal de la Comisión Local de Búsqueda especializado nos acompañó a escarbar; y fue personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas”, describió el fiscal de Unidades Especiales.

DOS TERRENOS

En la zona denunciada destaca el desorden urbano con casas amontonadas con accesos complicados, en las que los vecinos debieron ver o escuchar “algo”, pero por su seguridad decidieron permanecer callados.

Desde la avenida principal, llamada Flores Magón, se ingresa al área por la calle Vicente Guerrero, que termina justo en el punto de entrada a la Venustiano Carranza, que es una callecita corta que se abre como cuchilla. Por esta breve vialidad, los residentes acceden a través de escaleras de cemento y otras de llantas, a cientos de domicilios construidos hacia abajo, en las faldas de un cerro.

Al primero predio que la fiscalía aseguró el martes 12 de abril se entra por la calle Carranza, “por unas escaleras de llanta en las que descienden alrededor de 15 metros hasta un pasillo de tierra a mano derecha, que da a otras escaleras en las cuales se bajan como 5 metros hasta un inmueble con dos casas pintadas de color rosa, que era el punto denunciado”, detalló un investigador. Para llegar se atraviesan decenas de casas habitadas.

El segundo predio se ubica sobre la misma vialidad, aproximadamente 400 metros en dirección al sur, pero en ese rumbo cambia de nombre a Aquiles Serdán; la propiedad vigilada está localizada hasta donde topa. Es un terreno muy extenso: a la entrada un portón de metal y un pequeño cuarto de madera; parece un deshuesadero porque tienen carros desmantelados, pero un letrero indica que el inmueble no es yonque, tampoco recicladora, ni está en venta, y al final tiene un número de teléfono.

De manera extraoficial se compartió que en ese punto hubo tres detenidos, pero las autoridades se han negado a informar al respecto.


COLECTIVOS EN EL CAÑÓN DE LAS CARRETAS

Considerada una zona de alta incidencia criminal, complicada por la presencia del basurero y la topografía, en el Cañón de las Carretas “hasta el 2020, los grupos delictivos ponían retenes para evitar el acceso de patrullas y delincuentes de grupos contrarios”, y “los policías casi no entran porque saben que es balaceras seguras”, expuso un agente de inteligencia.

A pesar de los peligros, durante años ha sido una zona de búsqueda para los diversos colectivos de familias de desaparecidos.
“Ahorita nos preocupa bastante que las autoridades no nos están permitiendo saber qué es lo que se estado localizando, porque tememos nos oculten o nos malversen la información”, reclamó Paula Sandoval, presidenta del colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, e integrante de la Unión de Colectivos de Baja California, ante la opacidad en operativo de búsqueda de cadáveres en fosa del Cañón de las Carretas en Tijuana.
“No quieren decir nada, por eso los presidentes de colectivos estamos analizando convocar a una rueda de prensa; ya solicitamos una reunión a puerta cerrada con fiscalía, a través de un oficio firmado por los representantes de 10 colectivos, desde el viernes -18 de abril-, y aún estamos esperando respuesta”, requirió Zaria Valeria Gordian, quien encabeza el Colectivo Armadillo Búsqueda y Rescate Tijuana.

“El miércoles 23 recibimos información anónima de que en esa fosa podrían haber más de 20 cuerpos”, agregó la buscadora, “…además, una de nuestras familias nos informó que desde el año 2020, cuando reportaron la desaparición de uno de sus miembros, les informaron que esa casa donde encontraron la fosa el 14 de abril, era uno de los lugares donde podían haberlo llevado… Ya pasaron cuatro años, pero no investigaron”.
“Desde que yo tomé posesión del colectivo hace un año, hemos realizado como cinco búsquedas en el Cañón de la Carretas. La primera vez localizamos restos, y un día después -Eddy- Carrillo (Fundación Todos Somos Erick Carrillo) localizó restos calcinados en una alcantarilla”, recordó Zaria Gordian.
“Hemos realizado búsquedas ahí porque tenemos desaparecidos de miembros de nuestro colectivo; son cinco desaparecidos: tres fueron privados de a libertad violentamente cuando estaban juntos; el cuarto fue aparte; y el quinto se lo llevaron en el 2020, pero la familia se acaba de acercar, porque esta víctima está relacionada con la casa donde acaban de encontrar la fosa. Nos dijeron que la fiscalía ya tenía conocimiento desde el año 2020, pero la FGE no hizo nada hasta ahora”.

Por su parte, Paula Sandoval explicó: “En los anónimos que a nosotros (Familiares Unidos) nos mandan, nos dicen que ahí fueron tirados los cuerpos de los tres muchachos que nosotros estamos buscando desde el 25 de febrero del 2020 en el Cañón de las Carretas; fueron privados en un departamento, entraron hombres armados y se los llevaron”.
“Hicimos las búsquedas en esa zona por denuncias anónimas que recibieron las familias, inclusive con videos donde les dicen que fueron tirados ahí los cuerpos de los tres muchachos; esos videos se le entregaron a la fiscalía”.
“Yo ya solicité la confronta de los cuerpos localizados con las tres familias que pertenecen a mi colectivo y me dicen que sí se van a hacer, que están esperando nada más la muestra de los de los cuerpos localizados, pero nos preocupa bastante el hecho de que nos los oculten”.

Ambas buscadoras señalaron estar conscientes de que el tiempo de espera para las confrontas de ADN será extenso. “Imagínese, toda la gente piensa que su desaparecido está en esa zona”.

EL GUASÓN

Consultadas las áreas de inteligencia de la Mesa de Seguridad, informaron que la actividad criminal de la célula del Guasón fue identificada en el Cañón de las Carretas el año pasado, relacionada con temas de homicidios “asesinan vendedores de droga para alinearlos, ejecutan y ocultan”.

Desconocen su nombre, tampoco tienen fotografías, pero saben que fue operador del Cártel Arellano, con quienes aún conserva relaciones. Aunque actualmente opera presuntamente con Sinaloa, y es colaborador cercano de Pedro Herrera Jelinek “El Peter”, con quien ha apoyado el ingreso a la zona de matones procedentes de Sonora -algunos detenidos-, enviado por Franklin Ernesto Huezo Hernández “El Ranchero”.

Su área de influencia delictiva se ubica al norte de Rosarito y en Santa Fe, al sur de Tijuana, pero las investigaciones de algunos homicidios han evidenciado que su grupo de sicarios opera también en el Cañón de las Carretas, en Tijuana, y Primo Tapia, en Rosarito.

Otros apodos conocidos de El Guasón son “El Comanche y “El Mani”. El matón considerado segundo al mando de este grupo fue identificado sólo con el apodo de “El Marino”. Algunos miembros de esta célula ya habían sido detenidos en flagrancia agosto del 2024 como sospechosos de homicidio, pero fueron liberados.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES)
AUTOR: 
FECHA: 28 ABRIL 2025.

Amenazan a la periodista Adela Navarro tras revelar ocultamiento de información de narcofosas

Artículo 19 condenó las amenazas contra la periodista Adela Navarro, directora general del semanario ZETA en Tijuana, Baja California, que comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información sobre una narcofosa por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la información de A19, Navarro recibió ocho llamadas telefónicas entre el 29 de abril y el 16 de mayo, en las que una voz masculina repite el mensaje «Dile a Adela Navarro que se cuide». Las llamadas han sido tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que por décadas ha cubierto temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado.

Las amenazas tras la publicación de la nota sobre las narcofosas, explicó la organización, se intensificaron luego de «revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal». Posteriormente, el semanario publicó un reportaje sobre la revocación de visas e investigaciones a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.

Tras recibir las llamadas, Navarro informó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, «sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva», precisó Artículo 19. «La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público», agregó.


La organización exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que inicie «de forma urgente» una investigación «diligente, imparcial y con enfoque de género» para identificar a los responsables de las amenazas, así como llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar medidas de protección inmediatas para Navarro y el equipo de Semanario ZETA, «considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones».

De acuerdo con A19, tan sólo en 2024 se documentaron 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.

COMUNICADO:

ARTICLE 19 – Oficina regional para México y Centroamérica condena las amenazas dirigidas contra la periodista Adela Navarro, directora general del semanario ZETA, medio con sede en Tijuana, Baja California, que desde hace décadas realiza cobertura sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado. 

La periodista ha recibido ocho llamadas telefónicas con amenazas entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025. En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato. Los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con identificador de llamadas, lo cual ha dificultado conocer el origen de éstas.

De acuerdo con el testimonio de la periodista compartido con ARTICLE 19, en las primeras llamadas se escuchaba un eco notable, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía. En las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento, con ruido de viento similar al de una motocicleta. Esto pudiera también implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples.

Cabe mencionar que las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE),  en torno a una narcofosa y se han intensificado luego de revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal. Entre otras publicaciones recientes del semanario ZETA se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres.

Es preciso señalar que Navarro informó estos hechos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado una respuesta efectiva. La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público.

A lo largo de 2024, ARTICLE 19 documentó un total de 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales, la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.

De acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación y amenazas a comunicadores, así como la destrucción de medios, violan los derechos fundamentales y restringen gravemente la libertad de expresión”. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha señalado que estas acciones provocan un efecto de autocensura que obstaculiza el ejercicio periodístico y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a obtener y difundir información e ideas de cualquier tipo.

Ante ello, ARTICLE 19 exige:

–   A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE): iniciar de forma urgente una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables.

–   Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: otorgar medidas de protección inmediatas para Adela Navarro y el equipo de Semanario ZETA, considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CDMX tiene una estrategia de seguridad 'sólida': Clara Brugada

Para Brugada el asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz un representa "un aumento en la inseguridad" en la capital.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró este jueves que la capital tiene una estrategia de seguridad “sólida” con un descenso en los homicidios en los últimos meses, pese al asesinato a balazos de dos de sus colaboradores cercanos este martes en una concurrida avenida de la capital.

En una conferencia de prensa, Brugada agradeció las condolencias que ha recibido tras el crimen contra su secretaria particular, Ximena Guzmán, y su coordinador de asesores, José Muñoz, e indicó que abordará “claramente” este tema.

“Tenemos en la Ciudad de México una estrategia de seguridad sólida, que no es nueva, que ha dado resultados”, afirmó la jefa de Gobierno de la capital, quien asumió el cargo en octubre de 2024.

“Y actualmente, en mi gobierno, también ha dado resultados”, agregó.

Brugada afirmó que “el lamentable acontecimiento de esta semana”, donde fueron asesinados sus colaboradores cercanos, “se da en medio de un descenso de los homicidios y de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México”.

“No significa, como algunos he visto que han publicado, un aumento en la inseguridad o ante la ola de homicidios que la ciudad tiene. No. Es un hecho sumamente lamentable y se enmarca(…) en estos números”, apuntó en conferencia de prensa.

Señaló que mayo de 2025 ha sido el mes con menos homicidios en la Ciudad de México, con un promedio de 1,8 crímenes diarios, cuando de enero a abril de 2025 habían 2,2.

Además, indicó que en los primeros tres meses de 2024 hubo 2,5 homicidios diarios, cuando en el mismo periodo de 2019 hubo 4,4.

“Así que la estrategia de seguridad en la Ciudad de México es una estrategia que es fuerte, es interinstitucional”, sostuvo.

Ximena Guzmán, de 42 años, y José Muñoz, de 52, fueron acribillados la mañana del martes en la avenida Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez en un crimen que ocurrió a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

Brugada pidió además esperar el resultado de las investigaciones sobre el caso, donde la Fiscalía capitalina informó el miércoles de la detención de cuatro presuntos responsables.

“Estoy segura que vamos a tener resultados(…) debe quedar claro que no va a haber impunidad”, insistió.

Este es el ataque a funcionarios de más alto perfil en la capital mexicana, desde el atentado contra el Secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020, entonces, secretario de Seguridad Ciudadana de la principal ciudad del país, con la presidenta, Claudia Sheinbaum, como jefa de Gobierno (2018-2023), y donde fallecieron dos de sus escoltas y una mujer que circulaba por la zona.

El crimen contra los funcionarios cercanos a Brugada sucede también en medio de una ola de violencia que vive el país, pese a que el Gobierno mexicano asegura que los homicidios han caído un 24,9 % en los primeros siete meses de la Presidencia de Sheinbaum.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum acuerda con empresarios precios de acero y concreto para construir hogares

Viviendas para el bienestar se centra en facilitar el acceso a hogares dignos y de calidad, así como en mejorar las condiciones habitacionales de familias con bajos ingresos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este miércoles que tuvo un encuentro con fabricantes de acero y concreto para buscar acuerdos en precios de materiales para el programa Viviendas para el Bienestar, que busca la construcción de un millón de casas en el sexenio.
"Nos reunimos en Palacio Nacional con fabricantes de acero y concreto para acordar precios accesibles en el programa Vivienda para el Bienestar", comentó Sheinbaum en su cuenta de X, antes Twitter.
"Vivienda para el Bienestar" es un programa federal del Gobierno de México, impulsado por la Secretaría del Bienestar y la Comision Nacional de Vivienda (Conavi), que busca garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente para sectores vulnerables de la población.

Al construir viviendas, el programa busca facilitar el acceso a hogares dignos y de calidad, así como mejorar las condiciones habitacionales de familias con bajos ingresos.
Las convocatorias y la difusión del programa se realizarán exclusivamente en zonas de muy alta marginación y alto riesgo, previamente definidas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estas zonas comprenden polígonos de atención prioritaria, pueblos, colonias y barrios con alta vulnerabilidad social.
"Las viviendas construidas en el marco de este programa tendrán un diseño que favorece la densidad urbana y la convivencia familiar. Cada unidad tendrá un mínimo de 60 metros cuadrados, con tres recámaras, y estarán pensadas para ofrecer comodidad y funcionalidad a las familias mexicanas", explica el sitio oficial el programa.
Además, se destinará un 20 por ciento de las viviendas al esquema de renta accesible, pensadas principalmente para jóvenes que estudian o trabajan, con subsidios y pagos ajustados al 30 por ciento del ingreso familiar, con una tasa de interés del cero por ciento.


El pasado 14 de abril, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, apuntó que en febrero se preveía la construcción de 20 mil 564 viviendas; en marzo, 13 mil 798; y en abril, 17 mil 983. Esto sumará un total de 52 mil 345 acciones de vivienda que generarán 235 mil empleos directos y 353 mil indirectos.

Recordó que en 2025 está proyectada la construcción de 125 mil viviendas, para lo cual ya se tiene una reserva territorial de 322 predios, que quiere decir el 100 por ciento de la meta, con dos mil 260 hectáreas.

Destacó que ya se han elaborado 31 mesas de coordinación con gobiernos estatales y municipales; 19 convenios de colaboración; y que se cuenta con 200 proyectos ejecutivos en proceso y una obra en Los Cabos, Baja California Sur.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Republicanos en la Cámara aprueban 3.5% de impuesto a remesas de inmigrantes

Bajo la ley presupuestal y de impuestos del presidente Trump, los republicanos aprobaron un 3.5% de impuestos a las remesas que envían inmigrantes.

Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron una imposición del 3.5% de impuesto a las remesas que inmigrantes envían a sus familias en el exterior.

El plan original era del 5%, pero hubo presión de compañías financieras y de varios gobiernos, lo que llevó a reducir la propuesta que, de ser aprobada en el Senado, significará un golpe a las finanzas de los inmigrantes.

El plan busca acorralar a los inmigrantes indocumentados, pero también afectará a otros con visas e incluso con Green Card, ya que la única excepción son quienes sean ciudadanos estadounidenses, nacidos o naturalizados.

En la sesión de la Cámara de este miércoles, el representante demócrata Jesús “Chuy” García (Illinois), se opuso expresamente al impuesto.

“Me levanto para oponerme al doble impuesto a las remesas impuesto por la Administración Trump, parte de una guerra más amplia contra los inmigrantes de clase trabajadora que castiga a quienes más contribuyen a nuestra economía nacional”, dijo.

Destacó que esto afectará a familias en México, Nigeria y Filipinas, entre otros países.

Previamente, García y el representante Adriano Espaillat (Nueva York), presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), se reunieron con una comitiva de políticos mexicanos, liderada por el embajador de México en EE.UU., Esteban Moctezuma Barragán.

El impacto del impuesto de las remesas sería a nivel mundial, ya que el informe anual del Departamento de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo señala que, en 2024, el volumen total de remesas desde EE.UU. a países de América Latina y el Caribe fue de $160,900 millones de dólares.

Los mayores receptores son México con $64,700 millones de dólares y Guatemala, con $21,500 millones de dólares.

FUENTE: LA OPINIÓN.
AUTOR: JESÚS GARCÍA.

Rocío recupera a su hija de 14 años, después de 18 meses separadas por ayudarla a abortar

La adolescente tenía 13 años cuando se enteró que estaba embarazada, no quería ser madre, así que acudió con su mamá para ir al médico, ella terminó en un centro para menores desamparados, donde fue violentada sexualmente, y su madre acusada de tentativa de feminicidio, entre otros delitos.

Durante un año y medio, Rocío estuvo luchando para recuperar a su hija Mariela, de 14 años. En noviembre de 2023, la adolescente quedó bajo la tutela del Estado, luego de someterse a un aborto, pues acusaron a su madre de tentativa de feminicidio, aborto y hechos posiblemente delictuosos.

Tras un amparo resuelto a su favor, Mariela está de nuevo en casa con Rocío, pues le fue entregada por orden judicial el miércoles 21 del presente.

En un primer momento, Mariela fue enviada al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE) y posteriormente, a Casa Otoch, en donde el viernes 16 de mayo fue agredida sexualmente por dos de sus compañeros. 

“Quiero que me la devuelvan y me dijeron que no, que porque tienen protocolos (pero) mi hija está expuesta a que le pase cualquier cosa. Uno de los chicos que la tocó se supone que saldría ya porque tiene 18 años, pero no se ha ido. Ellas reconocieron que él es un muchacho que no respeta”, declaró en entrevista el martes 20, mientras esperaba la resolución del amparo. 

Rocío apoyó la decisión de su hija Mariela de abortar cuando le pidió ayuda. La adolescente tenía 13 años cuando se enteró que estaba embarazada, no quería ser madre, así que acudió con su mamá para ir al médico. 

En noviembre de 2024, Rocío y Mariela acudieron juntas a una consulta con el doctor de una farmacia. Adquirieron misoprostol y siguieron las instrucciones médicas.  

Tres días después la menor tuvo dolor y sangrado intenso. Se asustó. Su madre estaba trabajando, así que le pidió ayuda a su abuela, quien la llevó a urgencias a la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58.

Mariela fue enviada al hospital de la T1 del IMSS en Mérida; fue ahí cuando un doctor, al ver llegar a Rocío, le advirtió que la policía iría a buscarla.

“Mi hija tenía apenas un mes y unos días de embarazo, por eso es que decidimos hacerlo. Yo había leído y sabía que ya no era un delito en el país”, relató, al referirse al fallo de la Corte que declaró inconstitucional penalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, resolución emitida a principios de septiembre de 2023. 

A pesar de ello, a Rocío le abrieron dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) por tentativa de feminicidio, que ya fue cerrada y otra más, la UNATD 709/2023, por aborto y hechos posiblemente delictuosos.

Mariela estuvo ocho días en el hospital y un día antes de su alta médica, citaron a su mamá en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del estado (Prodennay). Declaró sobre lo que ocurrió con su hija y al día siguiente que fue por ella, le dijeron que no podía llevársela.

La lucha por Mariela

En Yucatán se legalizó el aborto en abril de 2025, las mujeres y personas gestantes pueden interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas.

Rocío y Mariela no están solas. Un equipo de asesores legales, que trabajan para defender a las mujeres y personas gestantes de la criminalización de sus derechos sexuales y reproductivos, las acompañan.

Mariela no sólo fue separada de su mamá en una condición de vulnerabilidad. Los primeros seis meses tenían prohibidas las visitas. Con apoyo de la abogada en derecho Amelia Ojeda Sosa, interpuso cuatro amparos –todos resultaron a favor de ambas– para poder verla.

Fue hasta el cuarto, el 596/2024, que se resolvió en el Juzgado Primero de Distrito en Mérida, Yucatán, que la Prodennay no tuvo más opción que permitir las visitas entre Mariela y su mamá Rocío. 

“Presentaron un recurso de queja en contra la admisión del amparo y todos los recursos los perdieron porque no hay una argumentación válida para eso. La suspensión provisional que se concedió para que la señora pueda ver a su hija la cumplieron porque les iban a imponer multas por no cumplir con la suspensión definitiva que fue dictada por el juez de distrito”, explicó Ojeda. 

A partir de la agresión que vivió Mariela, en la que dos compañeros de Casa Otoch la agredieron sexualmente en los pasillos del Centro de Asistencia Social (CAS), Rocío se reunió con el personal de la Prodennay este lunes, pero se rehúsan a regresarle a su hija.

La asesora legal de Rocío explicó que contra ella no hay delito que perseguir e incluso, la carpeta por tentativa de feminicidio ya fue cerrada y en la de hechos posiblemente delictuosos no hay actos de investigación. 

Aun así, la Prodennay le pidió a Mariela que se desista del amparo.

“Lo que argumentan es que tiene que desistirse porque hay una orden de autoridad judicial que dice que todo debe mantenerse en ese estado y eso es una interpretación errónea de la orden del juez. El amparo puede resolverse de dos formas: con la sentencia dictada sobre el juez o el sobreseimiento para que no haya razón de ser sobre el amparo, ¿y cuál sería la forma de que se resuelva? que restituyan a su hija, de esa manera le informan al juez de distrito que ya no habría material sobre la cual juzgar, se sobreseería”, apuntó Amelia. 

“Si nos querían castigar, ya nos castigaron mucho. Desde hace más de un año está mi hija lejos, solo pido que me la devuelvan porque también ahora tengo miedo por su integridad”, lamentó Mariela. 

Del caso de Mariela y Rocío se solicitó al DIF Yucatán conocer su postura sobre el tema, hasta antes de la publicación no hubo respuesta. 

El 21 de mayo, Amelia Ojeda y un equipo de personas abogadas, ganaron una lucha contra la criminalización por aborto en el estado. Madre e hija ya están juntas en casa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

“No vamos a caer en provocaciones”, dice Sheinbaum tras bloqueo de CNTE en Palacio Nacional; hay diálogo permanente, asegura

Sheinbaum dijo que hay una posibilidad de reunirse con las y los maestros inconformes el próximo viernes. Mientras tanto, los secretarios Gobernación y Educación los atenderán.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno “no caerá en ninguna provocación” tras el bloqueo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional que impidió el paso a funcionarios y periodistas a la conferencia matutina de este miércoles. 

La mandataria aseguró que su gobierno mantiene un diálogo permanente con las y los maestros inconformes y será a través de éste que se resuelvan sus demandas. 

“No vamos a caer en ninguna provocación, eso es muy importante. No vamos a reprimir porque no creemos en eso, creemos en el diálogo y vamos a encontrar una salida. Eso es lo que un Gobierno de la Cuarta Transformación hace, encontrar salidas a través del diálogo y sin caer en provocaciones”, sostuvo. 

Esta mañana, miembros de la CNTE rompieron las vallas de seguridad colocadas en las inmediaciones de Palacio Nacional y se colocaron en las puertas del recinto para impedir el paso a periodistas y medios de comunicación que acudieron a cubrir la mañanera. 

Las acciones forman parte de la séptima jornada de protestas de los maestros que iniciaron el pasado 15 de mayo, fecha en la que también instalaron un plantón indefinido en el Zócalo capitalino.

Ante esta situación, la conferencia se llevó a cabo sin la presencia de la prensa y la sesión de preguntas y respuestas se realizó a través de una plataforma de videoconferencias.

Posible reunión de Sheinbaum con CNTE el viernes

Cuestionada al respecto, Sheinbaum dijo que hay una posibilidad de reunirse con los docentes inconformes el próximo viernes 23 de mayo como acordaron ayer representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) con autoridades durante la mesa de diálogo que sostuvieron en la Secretaría de Gobernación. 

“El día de ayer se reunieron con Secretaría de Gobernación, la propia secretaria estuvo ahí, el secretario de Educación Pública estuvo también presente y su equipo estuvieron trabajando con ellos, también estuvo la Secretaría de Hacienda presente a través del área de pensiones”, dijo la mandataria. 

“Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo y lo que planteamos es la posibilidad de que nos reunamos el viernes, entonces no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto, es decir, para eso hay un gabinete, no todo se tiene que resolver con la presidenta”, afirmó. 

Por lo pronto, Sheinbaum indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación, Mario Delgado, se reunirán nuevamente con las y los maestros este miércoles.
La mandataria considera que las medidas anunciadas por su gobierno en días recientes como el aumento salarial del 9 %, la ampliación del periodo vacacional para docentes de educación básica y la sustitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), representan avances en las demandas del magisterio, sin embargo, señaló que hay un grupo que permanece insatisfecho. 

“Aún hay un grupo de maestros que quieren todavía avanzar más. Lo que hemos dicho es que todo depende del presupuesto que se tiene. Entonces, hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo. Y pues vamos a esperar estos días”, señaló. 

Entre las exigencias de la CNTE destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de Afores y el regreso a un sistema de pensiones solidario que esté a cargo del Estado. También demandan que para su jubilación se tomen en cuenta sus años de servicio y no su edad: 28 años en el caso de las mujeres y 30 en hombres.

Asimismo, han expresado su rechazo al reciente aumento salarial anunciado por Sheinbaum y han advertido que continuarán exigiendo un incremento del 100 % sobre su sueldo base.

Agresiones a la prensa

Durante el bloqueo de esta mañana, miembros de la prensa denunciaron agresiones por parte de los manifestantes que se encontraban en Palacio Nacional, sin embargo, Sheinbaum hizo un llamado a no generalizar. 

“Primero yo creo que hay que decir que no fueron los maestros porque en todo caso son algunos maestros”, precisó y condenó las acciones violentas ejercidas contra la prensa y los medios de comunicación. 

“Por supuesto que condenamos esto y no estamos de acuerdo, para no generalizar porque si no fueron personas que decidieron manifestarse afuera de Palacio Nacional, pero no estamos de acuerdo en que haya agresión a nadie y no hay que caer en provocaciones”, reiteró.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Le tenemos pánico a las minas”: muere otro agricultor de limón tras pisar explosivo; va una víctima cada 14 días en Michoacán

Un campesino murió al pisar accidentalmente una mina antipersonal que se encontraba oculta en la tierra en la que trabajaba en Apatzingán, Michoacán. Se trata de una víctima más de los explosivos que siembran los cárteles de la droga que se disputan la zona.

Eran las 10 de la mañana de ayer martes, bajo el intenso sol de la región michoacana de Tierra Caliente. Juan, un campesino de apenas 29 años cuya verdadera identidad queda protegida, se encontraba trabajando en un pedazo de huerta de limón en la comunidad de El Alcalde, una pequeña localidad rural ubicada a unos 40 minutos de la cabecera municipal de Apatzingán, cuando a unas escasas dos horas para terminar la jornada pisó una mina antipersona que estaba oculta en la tierra.

A diferencia de lo sucedido tan solo una semana atrás, cuando otro grupo de agricultores de limón que viajaban a bordo de un vehículo salvaron la vida milagrosamente tras activar otra mina oculta en el paraje La Angostura, muy cerca de El Alcalde, o lo acaecido poco más de un mes antes, el pasado 16 de abril, cuando otro campesino de limón, también de 29 años, se salvó del ‘minazo’ porque iba a bordo de un tractor que lo protegió, Juan no tuvo suerte y falleció en el acto. 

Apenas un mes y medio antes, el 2 de abril, otro agricultor de limón murió tras accionar otra mina antipersona mientras trabajaba en una parcela de la comunidad Puerta de Alambre, a escasos kilómetros de El Alcalde y El Guayabo, dos comunidades donde al menos 500 personas salieron huyendo el pasado 15 de marzo luego de que dos cárteles se disputaran sendas localidades en un enfrentamiento que duró toda la noche, y para el que utilizaron armas de grueso calibre, así como minas explosivas y también drones que dejaban caer bombas artesanales sobre las casas que los sicarios de ambos bandos utilizaban para ocultarse. Los dos pueblos quedaron prácticamente vacíos, ‘fantasma’, tal y como narró Animal Político en esta crónica a partir de un recorrido por la zona el viernes 4 de abril.

Juan es, a la fecha, la última víctima de la terrible estadística que está contabilizando el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, la cual señala que en menos de cinco meses de este 2025 van al menos 10 personas que han sido víctimas de las minas explosivas en la región de Apatzingán-Buenavista, ya sea como víctimas mortales (7), o como lesionados de diferente consideración (3). 

O en otras cifras: en la región, cada 14 días se registra una víctima de las minas antipersona ‘plantadas’ por los cárteles de la droga que se disputan esta zona de Michoacán rica en cultivos de limón. 

“Los caminos de Apatzingán no solo se están volviendo ‘caminos de terror’, sino que es una causal de que la gente abandone su lugar de residencia y que queden abandonados los pueblos porque no es posible vivir ni prosperar en un contexto de violencia así”, planteó una persona integrante del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, que pidió anonimato por motivos de seguridad. 

Esta persona activista también señaló que al menos un 40 % de los casos de víctimas por minas antipersona que tienen documentados en la región son de trabajadores del campo, especialmente de los agricultores de limón, lo cual también está provocando que las huertas se estén quedando vacías en mitad del enfrentamiento armado entre los dos grupos criminales antagónicos, los cuales no solo están minando los caminos rurales y de terracería para impedir el avance del grupo rival, sino también los propios campos de cultivo.

“Esto está trayendo otra consecuencia, y es la pérdida de cosechas. En El Alcalde, por ejemplo, ya se perdieron hectáreas enteras de cosecha por la ausencia de las personas que mejor decidieron huir para salvar sus vidas y las de sus familias”, apuntó la persona activista. Sobre esto, cabe recordar que luego del éxodo masivo de al menos 500 personas que huyeron de El Alcalde y El Guayabo el 15 de marzo, se había producido en “retorno parcial” a ambas localidades, que ayer martes vivieron con consternación el fallecimiento de otro agricultor de limón, Juan.


“Y seguramente, en la huerta donde ocurrió este último evento por una mina, pues no se podrá trabajar durante un tiempo, y esa huerta será considerada de riesgo por los agricultores. De ahí que, por un lado, se están perdiendo vidas, y por el otro, se están perdiendo trabajos y modos de vida, así como inversiones agrícolas”, agregó la persona integrante del Observatorio. 

Además de la decena de víctimas registrada en lo que va de año en Apatzingán por las minas antipersona, este problema también se ha dado en otras regiones de Michoacán. Por ejemplo, en diciembre de 2024 dos militares perdieron la vida en el municipio vecino de Buenavista. Mientras que en 2022 otro jornalero agrícola murió en el municipio de Aguililla, también víctima de los artefactos explosivos ocultos en la tierra. 

“Llevamos más de dos años con este problema y no ha habido solución”, lamenta la persona activista del Observatorio, que apunta que, si bien es cierto que periódicamente las autoridades estatales y del Ejército anuncian el decomiso de explosivos –en enero pasado, por ejemplo, desactivaron en Apatzingán más de 200 minas y bombas artesanales para dron, mientras que apenas en abril fueron decomisados otros 116 fusiles y armas de asalto–, lo cierto es que la situación actual se ha vuelto “un círculo vicioso”.

“No ponemos en duda de que existen cuerpos especializados, tanto en el Ejército como de la Guardia Civil michoacana, para atender esta situación de las minas; de hecho, honramos también la memoria de quienes han perdido la vida en estas actuaciones para desactivar los explosivos”, planteó la persona activista. 

“Pero, lo que sucede es que, así como las vienen desactivando las autoridades, así las viene reinstalando los grupos criminales. De ahí que, una posibilidad, sería que se llevaran a cabo acciones de desmantelamiento de las líneas de suministro que permiten la elaboración de estos artefactos, y no solo la confiscación de los mismos. Se necesita también la aprehensión de quienes fabrican estas minas y explosivos, y también de quienes fabrican las bombas artesanales para los drones que utilizan estos grupos, y rastrear a quién o quiénes les proporcionan esos drones, porque no creemos que los grupos tengan la capacidad de fabricarlos ellos mismos. Y todo esto se debería llevar a cabo a través de inteligencia civil y militar”, planteó la persona activista.

Asimismo, esta persona recordó que México suscribió desde 1997 el Tratado de Ottawa, por el que el país se comprometió a eliminar todo tipo de minas antipersona de su territorio, y a aplicar las políticas que sean necesarias para evitar la fabricación, acumulación y el uso de estos artefactos explosivos. 

“No se tiene que inventar nada nuevo. Los parámetros de cómo actuar frente a esta problemática ya están dados desde hace tres décadas, y por eso nuestra reivindicación es que se lleve a la práctica la aplicación de ese tratado”, concluyó.

“Les tenemos pánico a las minas”

Mientras se aplica ese protocolo, la ciudadanía es la principal afectada por el uso de las minas antipersona y de drones por parte de los grupos criminales. 

“No hay palabras para explicar cómo nos sentimos. Estamos mal, no podemos ni dormir. Son noches enteras en vela porque no tenemos tranquilidad. Escuchamos cualquier ruido y nos espantamos, nos tiramos al piso, corremos a escondernos. Nos quedamos muy traumados”, dijo en entrevista desde una casa en la ciudad de Apatzingán una vecina de El Guayabo, que salió huyendo de su pueblo tras el enfrentamiento de la noche del 15 de marzo.

“Le tenemos pánico a las minas”, añadió otra mujer desplazada, que vive en la misma casa donde, al menos, hay 10 familias desplazadas de El Alcalde y El Guayabo. 

“No se puede ni ir a trabajar por todas las minas que hay plantadas por los caminos. Mi esposo sí tiene que ir al huerto, porque dependemos de eso para que podamos comer, pero no sabemos si va a volver”, agregó la mujer con lágrimas en los ojos.

“Es el temor nuestro de todos los días: salir a la huerta y pisar una mina. Pero no hay de otra; tenemos que salir a trabajar para comer y darle escuela a los niños”, comentó otro agricultor de limón en el sepelio del campesino fallecido el 2 de abril tras pisar con su moto una mina, el cual era originario de la comunidad de ‘Holanda’. 

La activista y ahora integrante del cabildo de Apatzingán como regidora, Carmen Zepeda, ha lamentado en reiteradas ocasiones públicamente que ninguna autoridad, de ningún nivel de gobierno, esté tomando el tema de los desplazamientos forzados y las minas explosivas con la seriedad que requiere la problemática.

Por el contrario, criticó, “pareciera que quieren minimizar el asunto”, pues el pasado 18 de marzo, tres días más tarde del ‘éxodo masivo’ de al menos 500 personas de El Alcalde y El Guayabo, el secretario de Gobierno michoacano habló ante los medios de comunicación para referir que únicamente tenían reportes de unas 15 familias desplazadas en la zona, lo cual generó enojo entre los desplazados y la propia regidora. 

En este contexto, cabe recordar que desde el pasado 9 de marzo un juez del primer Distrito del estado de Michoacán ordenó mediante un amparo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de la entidad, Alfredo Ramirez Bedolla, a reiterar y localizar lugares donde existan minas terrestres utilizadas por el crimen organizado.

De acuerdo con el amparo 272/2025, el juez consideró que hay una omisión por parte del Estado mexicano de desplegar acciones para identificar los sitios de instalación de minas terrestres. 

“Deberán elaborar un programa nacional de desminado con el objeto de determinar la extensión y ámbito del problema de las minas en la zona de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, y sus zonas aledañas”, indicó el documento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MANU URESTE.

Maestros de la CNTE bloquean accesos a Palacio Nacional; mañanera de Sheinbaum va por redes

La presidenta llevó a cabo su conferencia de prensa a través de sus redes sociales desde el salón Tesorería, sin la presencia de los medios de comunicación.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen esta mañana bloqueados los accesos a Palacio Nacional, como medida de presión para ser atendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante tal situación, la presidenta llevó a cabo su conferencia de prensa a través de sus redes sociales desde el salón Tesorería.

Alrededor de las 7:45 horas, la presidenta Sheinbaum comenzó su conferencia sin la presencia de periodistas, quienes no pudieron entrar a Palacio Nacional debido al bloqueo de la CNTE; la prensa hará preguntas a la mandataria vía virtual.

Sheinbaum calificó su conferencia como "distinta" debido a una manifestación, sin hacer mención a la CNTE.

La protesta de la CNTE, que inició desde las 5:15 horas, se trata de las diferentes secciones de la disidencia magisterial que han exigido una reunión con la jefa del Ejecutivo federal.

Desde dos calles alrededor de la sede presidencial se cerraron los accesos con elementos de la policía capitalina y, para evitar fricciones con los docentes, se dio un aviso de que no habría acceso a la conferencia.

En el anterior gobierno también se impidió la entrada en varias ocasiones, por diversas manifestaciones, pero sí lograban entrar algunos medios de comunicación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

EU sanciona a dos líderes del Cártel del Noreste bajo acusaciones de narcoterrorismo

Los dos implicados son responsables de acciones narcoterroristas y de la violencia que impera en la región entre Nuevo Laredo y Laredo, según la Oficina para el Control de Bienes Extranjero.

El gobierno de Estados Unidos acusó de narcoterrorismo y sancionó a Miguel Ángel Anda Ledezma y a Ricardo González Sauceda, dos líderes del Cártel del Noreste (CDN) antes Los Zetas, por delitos de huachicoleo, trasiego de drogas, armas y personas.

La Oficina para el Control de Bienes Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que los dos implicados son responsables de acciones narcoterroristas y de la violencia que impera en la región entre Nuevo Laredo y Laredo.

“Estas sanciones subrayan nuestro compromiso de combatir al Cártel del Noreste y a otros cárteles involucrados en el tráfico de drogas, de personas, de armas y otros crímenes atroces que ponen en peligro al pueblo estadunidense”, indicó la OFAC.

Respecto a Anda Ledezma y González Sauceda, el gobierno de Donald Trump también establece que estos dos narcoterroristas están involucrados en el robo de combustible en México, al que pasan a Estados Unidos a través de Laredo, Texas.

Además de aplicarles sanciones económicas y financieras, a los dos líderes del Cártel del Noreste, el gobierno estadunidense los designó como “narcoterroristas significativos”, con lo que en automático se incrementan las acciones gubernamentales en contra de ellos.

De Anda Ledezma, la OFAC indica que vive en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que es el encargado de supervisar los cargamentos de armas y municiones para el Cártel del Noreste, y es quien paga la compra del arsenal en Estados Unidos.

Respecto a González Sauceda, la OFAC apunta que también reside en Nuevo Laredo y que previo a su detención en febrero de 2025, era el segundo en el mando del Cártel del Noreste, a cargo de sicarios y de organizar y dirigir el tráfico de armas, personas y de drogas.

“El Cártel del Noreste es una organización terrorista asentada en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, involucrada en el tráfico de narcóticos, de personas, armas, lavado de dinero, robo de vehículo y de petróleo”, acotó el Departamento del Tesoro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Peso cede ante cautela de los inversionistas y en espera del proyecto fiscal de Trump

La moneda venía de marcar un nuevo mínimo en el año, y ahora, como suele pasar después de una racha positiva, llegó el momento de la corrección.

El peso mexicano arrancó la jornada de este 21 de mayo con el pie izquierdo. Registra una depreciación de 0.31% y se cotiza en alrededor de 19.33 pesos por dólar, según datos de Bloomberg. 

La moneda venía de marcar un nuevo mínimo en el año, y ahora, como suele pasar después de una racha positiva, llegó el momento de la corrección.

“La depreciación del peso se debe a una corrección, luego de que en la sesión de ayer el tipo de cambio alcanzó un nuevo mínimo en el año, lo que ha elevado la compra anticipada de dólares y la toma de coberturas cambiarias”, explicó Banco Base en su análisis matutino. 

Es decir, ante la sospecha de que el peso no pueda sostener por mucho tiempo ese nivel tan fuerte, varios inversionistas decidieron adelantarse y protegerse, comprando dólares y contratando seguros contra una posible subida en el tipo de cambio.

Pero además de este ajuste técnico, hay otro tema que mantiene atentos a los mercados, que es el debate en Estados Unidos sobre un nuevo paquete fiscal, bautizado como The One, Big Beautiful Bill.

Este proyecto comenzó a discutirse el martes por la noche en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y podría traer cambios importantes en el sistema tributario estadounidense, lo que a su vez influye en las decisiones de inversión y en el ánimo de los mercados.

De hecho, el propio líder republicano de la Cámara, Mike Johnson, reveló que ya alcanzaron un acuerdo clave dentro de su bancada.

“En las últimas horas han alcanzado un acuerdo para aumentar las deducciones de impuestos estatales y locales de 10,000 dólares a 40,000 durante un periodo de 10 años”, sostuvo el análisis.

Se espera que en las próximas horas terminen de pulir los detalles del proyecto y que este sea sometido a votación tanto en el Comité de Reglas como en el pleno de la Cámara antes de que termine la semana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Consejo de la Judicatura no tiene recursos para pagar indemnizaciones a jueces y magistrados, pese a que es su derecho

El Consejo de la Judicatura notificó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que no cuenta con los recursos económicos para realizar el pago de las indemnizaciones de quienes declinaron participar en la elección judicial.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a jueces y magistrados que no tiene los recursos económicos necesarios para pagar la indemnización extraordinaria a quiénes declinaron a participar en las próximas elecciones del 1 de junio, un derecho laboral establecido en el decreto de reforma judicial publicado el 15 de septiembre de 2024.

Así lo informó Israel Fernando González Reyes, secretario técnico A de la dirección general de recursos humanos del CJF, en respuesta a una solicitud de recursos presentada por la jueza Juan Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

En su petición, la jueza Juana Fuentes había solicitado a las autoridades jurisdiccionales que, de manera inmediata, realizaran el pago contemplado en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.

En dicho artículo -añadido a la Constitución luego de las protestas de las y los trabajadores del PJF- quedó establecido que las personas magistradas y juezas que concluyeran su encargo por haber declinado su candidatura serían acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho.

Sin embargo, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo de 2025, el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal informó que la secretaría general de la Presidencia sometió a consideración del Pleno el oficio firmado por la directora de la Jufed, donde se concluyó que no había recursos para pagar las indemnizaciones.  

“Hago de su conocimiento que mediante oficio DGAJ/3845/2025 de 30 de abril de 2025 dónde se realizó una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, está manifestó, que: ‘… no se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a Poder de la Tesorería de la Federación, como se dispuso en el mismo Décimo Transitorio del Decreto’”, señala el escrito firmado por el CJF.

Lo anterior ocurrió pese a que en ese mismo artículo plasmado en la Constitución quedó establecido que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.

De acuerdo con la Jufed, esta indemnización debió haber sido cubierta en diciembre pasado, por lo que la falta de presupuesto no debería ser un impedimento para cumplir con su pago.

Las declinaciones y los fideicomisos del Poder Judicial

En octubre de 2024, unas horas antes de que cerrara el plazo establecido en la Constitución, 845 magistrados y jueces, además de ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), formalizaron su declinación a participar en la elección de sus cargos por voto popular.

La declinación se hizo aún más evidente cuando unos días después, decenas de juezas y magistrada se reunieron afuera del Senado de la República para encabezar un acto simbólico en el que declinaron a participar en la elección judicial, en el que hicieron un repaso de sus trayectorias.

Meses después, la Suprema Corte informó que Nacional Financiera (Nafin) rechazó cumplir con la reintegración de más de 16 mil millones de pesos de 10 fideicomisos del Poder Judicial, con el argumento de que se encuentran vigentes diversas suspensiones definitivas otorgadas por órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, de forma unilateral en abril de 2025 Nafin informó que envió al menos 10 mil 247 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), por lo que el CJF advirtió que impugnaría la decisión.

Tras el reclamo de la Judicatura, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los recursos de los fideicomisos que Nacional Financiera entregó a la Tesorería se usarían para mejorar los servicios del ISSSTE.

“Que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte, sus salarios y todo, pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades, que ha dicho, que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte”, dijo la mandataria federal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.