Este fin de semana quedaron detenidos dos expolicías de Tala que tenían órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada de un hombre que fue entregado a las personas que controlaban el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Estas detenciones se suman a la aprehensión del exjefe de la policía, vinculado y detenido por el mismo caso en octubre pasado.

Seis homicidios dolosos y un hallazgo de restos humanos se registraron entre este viernes 21 y sábado 22 de marzo en Tijuana. Todas las víctimas fueron hombres.

El primer homicidio doloso se registró a las 05:11 horas de la mañana del viernes cuando fue localizado el cadáver de un joven de 26 años sobre la calle 6 de junio esquina con Fraternidad, de la colonia Antorcha Campesina. Según el reporte la víctima tenía lesiones en el área del rostro.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la mañana de este sábado la detención de José Gregorio ‘N’, alias ‘Lastra’, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Resultado de investigaciones de gabinete y campo desarrolladas desde hace meses, en una acción de el Gabinete de Seguridad fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio “N”, alias “Lastra”, líder de la célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el CJNG.

Presentaremos más información sobre esta detención el próximo lunes“, se lee en la publicación de Harfuch en X.

En seguimiento a líneas de investigación y resultado del análisis de gabinete y campo desarrollados “durante meses de trabajo en torno a esta organización criminal con presencia en el estado de Jalisco”, los agentes de seguridad identificaron a uno de los operadores del grupo, dedicado al reclutamiento de personas en campos de adiestramiento.

El Movimiento para Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigió “la integración de las familias y colectivos a los diversos procesos de búsqueda, identificación, localización, restitución y planeación de políticas públicas”, en la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender está crisis humanitaria, en la que se contabilizan al menos 120 mil víctimas. 

A través de un comunicado, las familias que integran el MNDM se sumaron al reclamo de otros colectivos de familiares de personas desaparecidas de “¡Sin las familias, no!”, luego de que Sheinbaum informara de una serie de modificaciones legislativas.

Dos policías del municipio de Paraíso, ubicado a 74 kilómetros de la capital Villahermosa, fueron ejecutados esta mañana cuando salían de su guardia. 

Los hechos ocurrieron en la ranchería Moctezuma segunda sección, del municipio donde se asienta la refinería de Dos Bocas. Los uniformados iban en una motocicleta de color rojo, la cual quedó tirada a un costado de la vialidad.

Un comandante y un agente estatal de investigaciones adscritos a la Fiscalía General de Oaxaca fueron detenidos por la misma autoridad tras las desapariciones que han ocurrido en la región de la costa, principalmente por los 9 jóvenes oriundos de Tlaxcala.

“Las dos personas del sexo masculino detenidas son trabajadores -de diferentes áreas- dentro de la institución encargada de la Procuración de Justicia, quienes desempeñaban labores en esa región de la entidad”, informó la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con reporteros locales, se trata del comandante Miguel A.C.G y del agente A.G.V. quienes son los presuntos involucrados en diferentes hechos ocurridos en esta región de Oaxaca.

La fiscalía detalló que estas detenciones forman parte de las indagatorias que se realizan en esta región de la costa derivado de la desaparición de personas, tras actuar de manera omisa en las investigaciones que se llevan a cabo.

La titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, se comprometió a entregar compensaciones económicas a la totalidad de trabajadores del INAI, tras la extinción del organismo este jueves 20 de marzo.

Además, aseguró que el nuevo organismo llamado Transparencia para el Pueblo tendrá poco más de 400 plazas, y para ocuparlas llamaría a los exfuncionarios del INAI. Esto significa que el gobierno adelgazaría la nómina y únicamente tendrá 52% de los trabajadores que estaban en el organismo autónomo.

El acuerdo al que se comprometió la funcionaria federal implica entregar tres meses de sueldo, más 20 días por año laboral para todos los funcionarios, independientemente del tipo de contratación, es exactamente la misma propuesta que había realizado el comisionado presidente, Adrián Alcalá, en una sesión del martes, pero que las comisionadas Norma Julieta Del Río, Blanca Lilia Alcalá y Josefina Román votaron en contra argumentando una supuesta ilegalidad.

El cuerpo sin vida de Laura Aguilar, agente de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautepec, Hidalgo, que había sido reportada como desaparecida, fue localizado en un camino hacia el ejido de Tlajomulco, en el municipio de Zempoala. 

Como probable responsable del feminicidio fue detenido su expareja sentimental, Francisco Javier N., quien, con base en información obtenida, habría laborado como policía en Tulancingo.

Durante el sexenio anterior, “periodo tan atroz”, se profundizó en Chiapas la crisis de derechos humanos por la disputa del territorio entre bandas del crimen organizado que entre el caos gubernamental y los caminos de la lucha y resistencia han dejado cientos de desaparecidos y más de 15 mil 780 personas desplazadas, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

Al presentar su informe anual “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal” que describe la situación en ocho capítulos, el Frayba señala que la violencia ha alcanzado niveles, por el “absurdo negacionismo del sexenio anterior hacia el discurso de conceptos vacíos, reconociendo lo caótico del gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón, y la parafernalia del poder bajo un espectáculo mediático del gobierno actual” de Eduardo Ramírez.

La apertura a la prensa y a creadores de contenido digital del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fue para que cada quien saque sus conclusiones, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. 

“Me pareció muy bien que el fiscal (Alejandro Gertz Manero) haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones”, dijo esta mañana en la conferencia presidencial.

La mandataria federal reiteró que su gobierno nunca se va a confrontar con los familiares de las víctimas.

El jueves 20 de marzo, al igual que la prensa y creadores de contenido digital, personas buscadoras ingresaron al rancho Izaguirre y calificaron la visita al sitio como un "circo, burla, farsa" por el tono de "tour" que se le dio al recorrido de un lugar de dolor, en donde hubo sufrimiento y en el que presuntamente se cometieron graves delitos.

El exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, fue detenido por ser presunto responsable de abuso sexual en contra de una niña de 14 años.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmaron que la orden de aprehensión ejecutada durante la tarde del jueves corresponde a una solicitud ante la Interpol vinculada con la carpeta de investigación 377/2024.

El exmagistrado Édgar Danés fue capturado en el Valle de Texas en una operación binacional encabezada por la fiscalía estatal. La familia de la víctima presionó después de interponer la denuncia ante el Ministerio Público en julio del año pasado en Nuevo Laredo.

Erika entró a trabajar al Tribunal electoral como oficial judicial en abril de 2022. Danés Rojas se desempeñaba en ese momento como magistrado. Siete meses después, cuando fue designado presidente, empezó el acoso, denunció.

“Me empezó a hablar para que pasara a su oficina; primero tomaba temas en cuestión del trabajo y en intermedios empezaba a hablar con palabras que me intimidaban”, detalló.

“No fue en una ocasión, fueron varias veces que me estuvo insinuando que tuviera una relación con él, más allá del trabajo, y que iba a ser ocasionalmente esas salidas, y a cambio iba a tener todo su apoyo y respaldo”, dijo la denunciante.

Al inicio, Erika tuvo miedo de denunciar para no perder su trabajo. Compañeros de trabajo le advirtieron que “tuviera mucho cuidado” porque Danés Rojas era una persona “con mucho poder”.

“Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”, denunció Patricia Sotelo, quien desde hace cuatro años busca a su hija desaparecida Fanny Areli, tras la visita que colectivos y medios de comunicación realizaron al Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ofrecida por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Este 20 de marzo, madres buscadoras y colectivos denunciaron que las autoridades manipularon el predio donde el 5 de marzo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron más de 400 indicios de víctimas de desaparición, hornos clandestinos y restos humanos, de los que hoy “no hay nada” en el campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.

“Es una burla. Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas”, señalaron las madres buscadoras tras la visita en el predio. “No hay absolutamente nada de lo que intentábamos encontrar. Esto según está acordonado, pero está limpio, hasta el piso está limpio, no hay ni hojas tiradas, se nota que barrieron”, dijo una de las madres a la agencia de noticias EFE.

Los familiares que buscan a sus seres queridos acusaron que las autoridades no permitieron recorrer todo el rancho, sino únicamente a determinadas zonas, además de que no les dieron oportunidad de hacer preguntas a los peritos que trabajan en el lugar.

“Se nota que hicieron su buen trabajo para traernos aquí (para simular) no sé para qué. Entramos 10 o 15 minutos y vas como a un ‘tour’ porque estás todo acordonado y tienes que seguir en los espacios que ellos te tienen asignados y no hay absolutamente nada”, añadió la mujer que por seguridad prefirió el anonimato.

Antes de que las familias entraran al predio fueron dejadas afuera del rancho bajo el sol. La periodista Marcela Turati, a través de su cuenta de X, narró que “cuando la entrada al rancho Izaguirre se hizo embudo, las primeras madres salieron llorando; gritaban traumatizadas que el gobierno se había llevado de Teuchitlán las evidencias que tenía que mostrarles, que no había ropas, que las engañaron, que ya no sabrían de sus hijxs”. “La fiscalía había levantado todo”, añadió Turati en su publicación sobre la visita.

La visita que ofreció el Fiscal Gertz al rancho de #Teuchitlán para familias buscadoras y medios, se convirtió en una exhibición de desprecio, crueldad y maltrato a las víctimas. Lo que se les hace en lo oscurito ahora quedó televisado/1 pic.twitter.com/h12oqGvauK

— marcelaturati (@marcelaturati) March 20, 2025

Hace unos años, tu información personal se podía comprar en Mercado Libre por 500 pesos. Sí, así de fácil. El gobierno de Calderón había creado un padrón de celulares para combatir el crimen, pero su base de datos acabó en manos de delincuentes. ¿Qué hicieron con esos datos? Extorsiones, fraudes, amenazas. Hoy quieren repetir la historia, pero en versión recargada.

La Cámara de Diputados se prepara para avalar dos reformas de seguridad que darán al gobierno acceso sin restricciones a datos personales de todos los mexicanos. Se creará una megabase de información con tus registros telefónicos, fiscales, biométricos, vehiculares e incluso bancarios. Cualquier autoridad podrá acceder a ellos sin orden judicial, sin regulación, sin rendición de cuentas.

En las últimas semanas, México ha sido sacudido por el descubrimiento de un centro de reclutamiento forzado y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron restos humanos y objetos personales que apuntan a una tragedia de dimensiones inimaginables. Este hallazgo ha puesto de relieve, una vez más, la profunda crisis de desapariciones que azota al país, con más de 124 mil personas desaparecidas según datos oficiales.

A pesar de la atrocidad patente, cualquier intento de crítica o cuestionamiento a la eficacia de las medidas tomadas por este y el anterior Gobierno en materia de desapariciones, ha sido rápidamente desestimado por la administración y sus simpatizantes, calificándolos como parte de una supuesta campaña orquestada por la oposición. Este enfoque defensivo no sólo limita el debate público necesario en una democracia saludable, sino que también invisibiliza las voces de las familias de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que buscan respuestas y justicia.

A pesar de que la Presidenta cambió su actitud inicial y este lunes presentó una “estrategia” para atender la grave crisis, al mismo tiempo ella y los suyos mantienen una narrativa que insiste en achacar la indignación social a una fantasmagórica oposición.

Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la llamada Cuarta Transformación (4T) ha adoptado una postura beligerante contra la crítica, desacreditando sistemáticamente a periodistas, académicos y defensores de derechos humanos que cuestionan su administración. Según el informe sexenal Derechos pendientes de Artículo 19, durante el Gobierno de AMLO se documentaron 248 campañas de desprestigio contra la prensa y otros sectores críticos.

Este clima de hostigamiento evidencia cómo, cuando el Gobierno pierde el control de la narrativa, sus redes de apoyo se tornan más virulentas y agresivas. Las campañas de difamación y los ataques en redes sociales no sólo buscan desacreditar las críticas legítimas, sino que también intimidan a quienes intentan visibilizar las fallas del Estado en la crisis de derechos humanos que enfrenta México.

A lo largo de la campaña presidencial del oficialismo, la lucha de las familias de los desaparecidos fue relegada a un segundo plano. Mientras se eludía el tema, miles de madres seguían cavando la tierra con sus propias manos, buscando a sus hijos en fosas clandestinas. Como siempre, los tiempos de la política y los políticos son completamente ajenos a los de las víctimas.

Ahora las mujeres que encabezan esta lucha han sido doblemente castigadas: no sólo por la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y la revictimización desde las instituciones, sino por la brutalidad con la que son atacadas en redes sociales cuando exigen justicia. Los insultos, la descalificación y la violencia digital han intentado acallar sus voces, con la virulencia que caracteriza a las cuentas progubernamentales en las redes sociales. En otro ámbito, medios de comunicación inescrupulosos pretenden convertir en un talk show las contradicciones y disputas entre colectivos de búsqueda. Al final, todo abona a la estigmatización de las víctimas. Así nos mostramos como un país que no les da paz ni justicia a las víctimas, sino que las carga con todas las culpas de su propia situación.

Esta criminalización de las víctimas no es un hecho aislado, sino una estrategia que está vinculada a tendencias autoritarias dentro de cualquier sociedad. Como señaló Theodor Adorno en La personalidad autoritaria, culpar a quienes sufren, minimizar su dolor y convertirlos en enemigos públicos es una táctica que históricamente ha servido para justificar abusos de poder y reforzar regímenes autoritarios, e incluso, fascistas.

Es imperativo que el Gobierno, en lugar de descalificar las críticas, las escuche y las tome en cuenta para implementar políticas públicas efectivas que aborden la crisis de desapariciones. Es aún más apremiante que se ponga el énfasis en lo que importa. No son Loret, ni Ciro, ni López Dóriga, ni Reforma. No son las supuestas campañas millonarias “expuestas” con dudosas evidencias y metodologías. Son ellas y ellos, quienes luchan por encontrar a los suyos, quienes deben de importar. Mucho se avanzaría con recibirles y abrazarles en Palacio Nacional en lugar de vituperarles, vincularles a febriles complots -como los que Ramírez Cuevas y sus acólitos insisten en acusar- y mirarles con desconfianza.

Las víctimas consideran que la respuesta del Gobierno dada el lunes en voz de la Presidenta refleja desconocimiento, falta de compromiso real y un intento de presentar como “novedosas” medidas que ya deberían estar en marcha pero han sido bloqueadas por la falta de voluntad política.

Ni modo, de eso se tiene que hacer cargo el Gobierno. Esas críticas, duras, difìciles de digerir desde el poder, son las que se tienen que escuchar. Esos sapos y otros más hay que tragar. Si de verdad hay superioridad moral del oficialismo respecto a la oposición, deben hacer las cosas distintas a como se hicieron antes. Eso implica escuchar con humildad ante el infierno personal y colectivo que se ha dejado crecer por décadas por todos los gobiernos. Y, sobre todo, poner punto final a la tragedia ¿O entonces para qué querían concentrar tanto poder?

Sólo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia se podrá honrar a las víctimas, y brindar paz a sus familias. Sólo así esta sociedad desgarrada podrá curar sus heridas. Sólo así seremos viables como país.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo a Brayan Alberto “N”, presunto responsable del feminicidio de Gilda Guadalupe, cuyo cuerpo fue encontrado en una jardinera de Tlatelolco.

Brayan Alberto “N” fue detenido el día de ayer en Querétaro con apoyo de la Fiscalía local. Autoridades lo identificaron como el principal sospechoso del asesinato de Gilda Guadalupe, hallada sin vida el 8 de marzo en la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco.

De acuerdo con la FGJ-CdMx, el hombre posiblemente se ocultaba con familiares en Querétaro. Tras su captura, fue trasladado a la capital para su certificación médica y puesta a disposición de las autoridades.

Gilda Guadalupe, de 26 años, fue reportada como desaparecida el 5 de marzo en la colonia Buenavista. Días después, su cuerpo fue encontrado dentro de un bote de plástico en una jardinera de Tlatelolco. Su familia confirmó su identidad cuatro días más tarde.

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— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 21, 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó este viernes la decisión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de abrir las puertas del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, a medios de comunicación y madres buscadoras, pues consideró a esta una medida necesaria para que cada quien saque sus conclusiones.

Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal aclaró que la historia del país ha cambiado y actualmente la desaparición no tiene que ver con un asunto de Estado, como han difundido algunos medios de comunicación.

"Está vinculada, ahora la desaparición -y eso es muy importante- principalmente a la delincuencia organizada, porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado, el Gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del Gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora y en efecto muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas que tiene un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellas, para ser víctimas de una narrativa", sostuvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, el 21 de marzo de 2025, que ahora tocaba a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar, “a fondo”, lo que sucedió en el rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento y crematorio clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que la indagatoria también debería hacerse con la información que otorgara la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Familiares de Enrique “Kiki” Camarena presentaron, el 19 de marzo de 2025, una demanda civil, en la Corte Federal de San Diego, California, contra Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino” o “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” cofundadores del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México-, para exigir pago de daños y perjuicios a los tres capos sinaloenses, a los que acusan de “actos de terrorismo”, por el secuestro, tortura y ejecución del del agente especial de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), en 1985.

Los afectados -entre ellos nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos-, demandaron a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permitía a cualquier estadounidense afectado por este tipo de actos, demandar a los extranjeros supuestamente responsables de dicho delito.