Zerón Martínez llega a Sinaloa luego de ocupar el mismo cargo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

Es general brigadier de Estado Mayor en el Ejército y es maestro en Administración Pública y maestría en Seguridad Nacional.

También fue Jefe de Estado Mayor de la Trigésima Zona Militar en Villahermosa, Tabasco.

Humberto Zerón toma el cargo en medio de la guerra entre las facciones de "los Chapitos" y "Mayos", que desde el 9 de septiembre han emprendido y que ha dejado un cierre de año sumamente violento en el estado, con más de 650 muertes desde esa fecha.

Las directoras de las casas del migrante en dichos municipios de Coahuila coinciden que durante varios días previos a la Navidad se vio saturada la capacidad para atender a la gente que busca llegar al vecino país.  

María Concepción Martínez Rodríguez, directora del albergue Jesús Torres en la ciudad de Torreón, señaló que debieron ampliar su horario de servicio para las 24 horas por la cantidad de personas que están llegando y saturando el lugar y la responsable de Frontera Digna en Piedras Negras, Isabel Turcios, señaló que las autoridades de Estados Unidos han reforzado la vigilancia con sobrevuelos a lo largo de Río Bravo.

Durante el domingo, alrededor de las 2:30 horas, un grupo de tres mujeres adultas acompañadas de una niña de siete años y un bebé de meses y originarias de Honduras y Venezuela fueron rescatadas por el Grupo Beta cuando quedaron atrapadas en el río; aseguraron que les lanzaron gas lacrimógeno.  

El grupo de migrantes fue llevado al Hospital General para ser atendidos y posteriormente los dejaron en el albergue que dirige Turcios. 

“Lo que hemos observado es que el helicóptero que ellos (autoridades de Estados Unidos) tienen no deja de sobrevolar el río para ver qué movimiento hay, porque la gente está buscando otros puntos por dónde pasar.  

“Hubo días previos a la Navidad que tuvimos más de 300 personas diariamente, descansaron un poco y salieron en diferentes grupos; algunos regresaron mojados y no alcanzaron a pasar porque les tiran balas de goma o esas bombas lacrimógenas”, expresó. 

Fortalecen operativos 

Para llegar a la frontera los migrantes siguen usando el ferrocarril que sale de Torreón, pero la intensificación de los operativos los obliga a bajarse en la comunidad Nueva Rosita, perteneciente a San Juan de Sabinas, para caminar por carretera o brechas hasta Nava si no logran encontrar otro transporte. Se trata de una distancia de más de 260 kilómetros más otros 40 para llegar a Piedras Negras. 

Aunque el gobierno de Coahuila asegura que disminuyó en el mes de diciembre la llegada de migrantes en un 70 por ciento, de acuerdo con un comunicado emitido la madrugada de este lunes, las encargadas de los albergues reportan lo contrario. 

“Nosotros tenemos 30 camas y 30 colchonetas. Diariamente atendemos entre 80 a 120 personas, pero de 60 a 70 son los que se quedan a dormir hasta en cartones y nuestro comedor se convierte en dormitorio por las noches porque lo que quieren es estar en un lugar seguro, pero muchos no se quedan porque lo que quieren es irse y llegar rápido a la frontera”, expresó Martínez Rodríguez.

La directora del albergue de Torreón manifestó que en esta zona, que ahora es utilizada por los migrantes para llegar en los trenes y usarlos también para acercarse de Piedras Negras, se han fortalecido los operativos contra los extranjeros de tal forma que consideró que se trata de una cacería. 

“Ya inició otra vez aquí en Torreón esos retenes tan severos. Ellos se sienten cazados, así literalmente lo manifiestan: ‘nos estaban cazando, nos estaban esperando y es una correteadera tremenda’. Porque los retenes del Instituto Nacional de Migración se ponen en lugares donde bajan los migrantes de los vagones al aire libre”, manifestó. 

Persecución por todos lados

Los extranjeros, principalmente de nacionalidades de países de Centro y Sudamérica, le han manifestado que en Coahuila es muy difícil el tránsito, porque la persecución del INM, la Guardia Nacional y policías del estado está por todas partes. 

“Ellos se preguntan por qué les hacen esto si no piensan quedarse en el estado y buscan llegar a los Estados Unidos después de semanas de caminar o viajar sobre vagones desde el sur del país. Ellos se sienten asustados, acosados y perseguidos”, agrega y asegura que aunque les piden que hagan las denuncias, sobre todo quienes tienen que enfrentar “cosas más terribles”, los migrantes lo único que quieren es estar del otro lado del río antes del 20 de enero. 

Turcios, por su parte, señala que varias mujeres que han llegado al albergue deciden desistir de cruzar el río, por temor de que se ahoguen sus hijos menores y algunas han retornado al sur de México. 

Refuerzan retenes

En el comunicado que emitió el gobierno de Coahuila se adjudican declaraciones al secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, quien reconoce que aumentó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad en los puestos de control migratorio y se trabaja de forma conjunta con la empresa Ferromex para evitar que los vagones sean usados como medio de transporte, además de apoyar al Instituto Nacional de Migración para el traslado y resguardo de personas. 

“El funcionario estatal resaltó que, a lo largo de este año, se han intensificado las acciones de este operativo, enfocándose en el reforzamiento de los puntos de control y en la investigación para desmantelar redes criminales que operan en el tráfico de personas”, precisa el boletín del gobierno de Coahuila.

Diariamente el grupo operativo integrado por autoridades federales como INM, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia,  así como por el gobierno de Coahuila, analiza las condiciones del flujo migratorio para establecer las acciones a realizar, entre las que se encuentran “la instalación de siete filtros fijos de control migratorios, uno de procesamientos migratorios y seis denominados de rescate humanitario itinerantes”. 

La información oficial señala que el año pasado en la frontera de Coahuila con Texas se registraron mil 081 cruces diarios de migrantes y en el 2024 se estima un promedio de 316, además de que en la última semana no se han registrado cruces de grupos de más de cien personas.

“El CPJ se enteró de una manta colocada hace días en Tijuana, estado de Baja California, con una amenaza contra el semanario de investigación @ZETATijuana en aparente respuesta a una historia el crimen organizado publicada por la revista”, indicó dicha ONG, en su cuenta de la red social X.

“El CPJ llama a las autoridades estatales de Baja California y federales mexicanas a investigar la amenaza y urge al @Mecanismo_MX a tomar todas las medidas apropiadas para brindar protección a la revista y su personal”, enfatizó el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“RSF alerta sobre la seguridad de Adela Navarro, directora del Semanario Zeta, y su equipo, tras la amenaza el 29/12 en Tijuana, luego de un reportaje sobre el cártel Arellano Félix”, señaló, por su parte, Reporteros Sin Fronteras, también en X.

“RSF exige al @Mecanismo_MX garantizar protección urgente para el equipo periodístico y sus instalaciones. La @FGEBC debe investigar los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, solicitó la ONG de origen francés, con sede permanente en París.

Un día antes, la Oficina para México y Centroamérica de la organización no gubernamental internacional Artículo 19 hizo un “llamado urgente”, a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) y a la Fiscalía General de la República (FGR), para realizar las investigaciones “necesarias y con debida diligencia”, para esclarecer las amenazas en contra del semanario ZETA de Tijuana.

El 29 de diciembre de 2024, personas no identificadas -y no detenidas- dejaron una manta con un mensaje criminal en la calle Cuauhtémoc de la colonia Libertad, en la delegación Otay en Tijuana, en la que hicieron referencia a periódicos y específicamente al semanario ZETA, cuyos directores generales son Adela Navarro Bello y César René Blanco Villalón.

El confuso mensaje refiere traiciones, bandos y un grupo criminal hasta ahora desconocido: “las flechas”, cuyo origen, según asumieron algunos investigadores, citados por ZETA, tendrían que ver con Brayan Corona, cuyo alías sería “El Apache”.

“Esto va para todos los lacras CDS traicioneros y periódicos las flechas no tienen que ver con los hermanos ni tregua ni nada, esta guerra es entre cabrones no contra mujeres y niños como lo hicieron en SD y en TJ. No an podido (sic) ni podrán X [dos flechas entrecruzadas] 19 100% FLECHAS los comerciantes que han matado es por el cobro de piso de los mismos [Cártel de Sinaloa] CDS. Quieren calentar a las flechas periódico ZETA dónde quedó tu reputación ahora tus notas son sin fundamento Tijuana para los tijuanenses. Atte: La FEA [Fuerzas Armadas Apache]”, se leía en la manta.

En la última edición de ZETA, la que está en circulación a partir del viernes 27 de diciembre de 2024, en el reportaje de portada titulado ‘Pagó 300 mil dólares por huir’ y fue ilustrado con una fotografía de Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito’, se publican entre otros temas, dos premisas que surgieron a partir de investigaciones de inteligencia oficiales.

La primera, la probable reunión de “El Flaquito”, miembro aun del Cártel Arellano Félix [CAF], en un casino propiedad de Jorge Hank Rhon, con algún miembro de la célula de los hermanos Zambada, del cártel de Sinaloa.

Además la pugna interna que sostendrían en el CAF, la célula de Brayan Corona, con la de Huerta Nuño, de la cual ha habido resultados fatales, y que “se ha recrudecido en el último semestre del 2024, han destacado las muertes o ataques armados en contra de algunos comerciantes, casa-cambistas, así como hombres y mujeres en la delegación La Mesa, y las colonias Libertad, Postal, Independencia, Gabilondo, Chapultepec y Playas en Tijuana, quienes ha resultados ser integrantes de ambas células criminales de diferentes niveles”.

“Según un testimonio del semanario, e información recabada por esta organización, ninguna autoridad al momento se ha puesto en contacto con el personal del medio de comunicación, para establecer rutas que garanticen su protección e integridad”, indicó Artículo 19, en un comunicado.

Ante ello, la organización no gubernamental internacional recordó a las diversas autoridades, de todos los niveles, que el semanario ZETA ha enfrentado diversas agresiones, desde su fundación hasta la fecha.

“Esto ha incluido previas agresiones por integrantes de grupos criminales quienes han atentado contra la vida de las y los periodistas de ZETA provocando pérdidas irreparables a la integridad, la vida y al equipo entero del semanario. Desde el 2020 esta organización ha documentado al menos 19 agresiones contra el medio, resaltando la continuidad de la violencia a la que se enfrenta no sólo ZETA, sino el ambiente en general que viven los medios en Baja California”, destacó Artículo 19.

“La Comisión interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha indicado que “fenómenos como el aumento de grupos altamente violentos de delincuencia organizada (que no solo amedrentan a la población sino que, incluso, tienen la capacidad de atemorizar e infiltrar a las propias autoridades) han amenazado, de manera muy preocupante, el ejercicio del periodismo”, recordó la ONG internacional.

“Ante estas situaciones, es preciso que las autoridades de todos los niveles tomen acciones urgentes para investigar los hechos, prevenir mayores agresiones contra la prensa, y terminar con la impunidad de los casos de amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación”, exigió Artículo 19.

“A la Fiscalía General de la República coordinar esfuerzos con la Fiscalía General del Estado de Baja California, iniciar de forma urgente las investigaciones en acorde al Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión y así, esclarecer los hechos”, solicitó la ONG internacional.

“Al gobierno del estado de Baja California, mantener comunicación con las y los representantes del semanario ZETA para coordinar y aplicar las medidas necesarias para garantizar la integridad del personal del semanario de forma inmediata”, finalizó Artículo 19, cuyo director regional de la Oficina para México y Centroamérica, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.