La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León informó que cateó este martes un condominio en la Unidad Habitacional Condominios Constitución, en el centro de Monterrey, para buscar objetos personales de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, vista por última vez la madrugada del 9 de abril en la carretera a Laredo.

El cateo, ordenado por un juez en el marco de las investigaciones para dar con el paradero de la joven de 18 años, no arrojó resultados positivos.

Las autoridades de Querétaro difundieron una ficha de búsqueda para dar con el paradero de 26 personas presuntamente relacionadas con la riña que ocurrió durante el partido de futbol entre los Gallos Blancos contra el Atlas, el pasado 5 de marzo.

Entre las personas que destacan en la ficha, se encuentra una mujer que apareció en diversos videos portando una navaja dentro de la cancha del Estadio Corregidora para luego entregarla a otro aficionado el Querétaro.

La Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero acumula en tres años casos de alto impacto con investigaciones estancadas y críticas que ponen en duda su autonomía por actuar sólo en ciertos casos, sin lograr resultados significativos.

Los temas congelados de la FGR no sólo tienen que ver con presunta corrupción de prominentes políticos, como los sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, sino con organizaciones criminales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó pagar un monto de 2 millones 695 mil 985 pesos para librar la imputación que buscaba hacerle la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de defraudación fiscal.

Durante una audiencia realizada la tarde de este martes en el Reclusorio Sur —a la que Lozoya compareció de forma virtual—, el exfuncionario acordó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cubrir ese monto por daños al erario, con el fin de detener un posible proceso penal.

Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, denunció que el acuerdo reparatorio que Emilio Lozoya busca para cerrar sus procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados es ilegal, debido a que los daños que este causó ascienden a miles de millones de pesos.

En una carta enviada al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de la que este medio tiene copia, Treviño manifiesta su oposición a que tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cierren un pacto que, consideró, dejará en la impunidad los delitos que se imputan a Lozoya. 

Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Minera referente a la exploración y explotación del litio.

Apenas el lunes, el Senado recibió de la Cámara de Diputados la iniciativa para su análisis, discusión y votación. En tiempo récord de apenas un día, la iniciativa sobre el litio, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, fue aprobada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la suspensión de los contratos que entregaron sus antecesores a empresas privadas para explotar el litio, argumentando que “no tendrán ninguna posibilidad” de ser utilizados por los beneficiados.

Explicó que la modificación a la Ley Minera que envió al Congreso de la Unión y que ayer fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados federales, deja intactas las concesiones para la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales.

El pasado sábado 16 de abril, fue detenido Juan Miguel “N” (a) “El Johnny”, operador principal en el trasiego de droga procedente de Sudamérica, quien es considerado presunto integrante de "Los Rojos", que opera en Michoacán y mantiene presencia en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México.

Autoridades federales le imputan los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud en Estados Unidos, motivo por el cual contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia ese país.

A lo largo de los últimos dos años, México vivió un retroceso en materia de transparencia. Un informe elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que, entre 2019 y 2021, el país tuvo una caída en el Índice de Gobierno Abierto.

El descenso fue de 0.52 a 0.48, en una escala en la que 0 representa a un gobierno sin apertura y 1 a uno totalmente transparente y abierto. El documento advierte que esta regresión rompe con una tendencia positiva, pues de 2017 a 2019 México había subido de 0.38 a 0.52.

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal, informó, el 19 de abril del 2022, que las vacunas desarrolladas por el laboratorio estadounidense Pfizer (en conjunto con el laboratorio alemán (BioNTEch), así como la de origen cubano, Abdala, se prevén utilizar en la campaña de inoculación contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) en niños a partir de los cinco hasta los 11 años de edad.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal recordó que por medio del mecanismo COVAX se está negociando por biológicos, mismos que ya fueron pagados, que sean para menores de edad, aunque también han explorado otras opciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en acusar a empresarios, actores, cantantes y políticos, a quienes calificó de “seudo ambientalistas sin escrúpulos morales”,  de impulsar una campaña mediática subsidiada por organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos en contra del proyecto del Tren maya en el sureste de México.

Dijo que, hasta el momento, el gobierno federal no ha sido notificado sobre una nueva suspensión del tramo 5, otorgada por un juez federal de la ciudad de Mérida, Yucatán por supuestos daños ambientales y advirtió que van a responder por la misma vía para defender legalmente la obra emblemática de su administración.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó ante el Congreso de la entidad tres solicitudes de causa en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, relacionadas con los delitos ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación, y enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante una autoridad.

A las 11 de la mañana de este lunes, el vicefiscal, Edgar Núñez Urquiza, se presentó en las instalaciones del Legislativo morelense y presentó las denuncias relacionadas con igual número de carpetas de investigación. Las denuncias fueron presentadas por Enrique Paredes Sotelo, abogado morelense y por separado, otra fue presentada Gerardo Becerra Chávez quien hasta hace unos meses se desempeñaba como encargado de una unidad anticorrupción en el propio gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Desde entonces Claudia vive con estrés postraumático y otros problemas serios de salud física y mental; no tiene trabajo y está en desplazamiento forzado continuo por las amenazas que ella y su madre reciben en redes sociales con la advertencia de que la encontrarán “en una bolsa, degollada, destazada” si siguen con la denuncia.

El Comité en Defensa del Bosque Nixticuil realizó el fin de semana una jornada de limpieza en una cañada del bosque amenazada por los incendios, los desechos industriales y el gobierno de Zapopan, Jalisco.

La jornada de limpieza se realizó en uno de los límites del área protegida en la que el gobierno de Zapopan excluyó más de 3.5 hectáreas de ser protegidas, explicaron los defensores.

Pueblos y organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca exigieron la libertad inmediata e incondicional del defensor Fredy García Ramírez, vocero del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) y preso político desde noviembre de 2019 en el reclusorio de Taniveth, en Tlacolula de Matamoros.

Los pueblos, reunidos en el Concejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), denunciaron que además de la detención arbitraria de García, desde 2020 se limitaron las visitas a la cárcel y sus audiencias se aplazaron «utilizando el pretexto de la pandemia», de manera que su tercera y última audiencia se programó para mayo próximo, «violando así gravemente el principio de celeridad procesal y claramente sus derechos que como persona le corresponden».

Por ello, se manifestaron por la libertad inmediata de García Ramírez y llamaron a los pueblos a mantenerse atentos a las actividades que realizarán por el defensor, así como responsabilizaron al gobierno estatal de Alejandro Murat de cualquier represión física o psicológica en su contra.

En marzo de 2022, el 66.2 por ciento de la población mexicana consideró que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo señaló que dicho porcentaje no representa un cambio significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8 por ciento, respectivamente.

Agentes de Fuerza Civil realizaron un cateo en la empresa de transporte ubicada sobre la carretera a Laredo en el kilómetro 15, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde supuestamente Debanhi Escobar habría ingresado el día de su desaparición, el pasado 9 de abril.

Ayer por la tarde se dio a conocer que cámaras de seguridad habían captado a la joven de 18 años de edad entrar a una empresa de transporte llamada “Transportes Internacionales Alcosa”.

Un youtuber conocido como “El Compa Jorge”, fue asesinado a balazos este lunes cuando llegaba a su domicilio a bordo de un vehículo marca Toyota.

Según un reporte policial, Jorge Luis “N”, de 35 años de edad, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones con armas cortas calibre 9 milímetros, para después escapar con rumbo desconocido.

El Comité Eureka dijo que el mejor homenaje que se puede hacer a Rosario Ibarra de Piedra es que el gobierno cumpla los compromisos en materia de desapariciones y justicia para las víctimas de la violencia, sobre todo de la represión del Estado. 

Sin embargo, el comité alertó que las garantías de no repetición se contradicen “con el poder otorgado a las fuerzas castrenses”.