MÉXICO, DF, (apro).- La familia de Guillermo Vélez Mendoza, torturado y asesinado por elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) el 29 de marzo de 2002, al acusarlo dolosamente de secuestro, tuvo que esperar 12 años para recibir la indemnización correspondiente por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

En cumplimiento de un mandado judicial emitido en 2006, la PGR entregó al padre de la víctima, Guillermo Vélez Pelayo, 9 millones y no los 11 millones 968 mil 500 pesos de pesos ordenados por el juez por daño moral. La diferencia en la indemnización estriba en que la madre de Guillermo falleció en 2008 hasta el momento no existe una sucesión, por lo que no hay un albacea o herederos legales para pagarles su parte proporcional.

Vélez Pelayo, y su abogado José Antonio Ortega Sánchez dieron a conocer una carta dirigida al procurador Jesús Murillo Karam en la que le agradecen el cumplimiento de la sentencia judicial emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de esta capital.

MEXICO, DF (apro).- Un pelotón de soldados del Ejército irrumpió la tarde del miércoles 23 en la funeraria Gayosso de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde familiares y amigos velaban el cadáver de Samer José Servín Juárez, El Rigoberto, operador financiero de Enrique Kike Plancarte, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios muerto en un enfrentamiento con infantes de Marina en el municipio de Colón, Querétaro.

Según fuentes que conocieron del hecho, los soldados se llevaron el cuerpo de El Rigoberto en una camilla ante la sorpresa de los asistentes, quienes no pudieron hacer nada para impedirlo.

“Lo que sabemos es que el nombre de Servín Juárez apareció en el obituario de Gayosso, ubicada en Paseo de La Republica, y que sería cremado el miércoles a las 18:00 horas. Sin embargo, a las cinco de la tarde llegaron los militares con una camilla, sacaron el cuerpo del féretro y lo subieron a un vehículo para desaparecer con él”, según comentaron los familiares a las autoridades.

Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Federal Electoral, y Eduardo Huchim, ex consejero electoral del DF, coincidieron en que la fiscalización de los partidos es un eje fundamental de la reforma político-electoral, sobre la que ahora se elaboran sus respectivas leyes, por lo que los legisladores deben cuidar este asunto.

En entrevista para Aristegui CNN, Figueroa señaló que en estas definiciones estará el “carácter y el tamaño democrático del presidente Enrique Peña Nieto, si lo que vamos a advertir en las próximas semanas es el ejercicio de dos contra reformas, las fundamentales,  en las leyes secundarias, lo que estaremos viendo es que las preocupaciones sobre regresiones autoritarias en el país pueden concretarse a partir de intentos o de modificaciones constitucionales importantes pero de ejercicios de regresión absoluta desde el punto de vista de la legislación secundaria, así que esta es la hora donde este gobierno va a definir talante democrático para los próximos años, porque tengo claro que ese frenesí va a terminar culminando con las elecciones que tendremos intermedias (en 2015)”.