En un comunicado enviado a medios, el director de la empresa asociada de Pemex, Roberto Francisco Campillo, aseguró que “todo el producto que distribuye proviene de canales oficiales nacionales establecidos de forma legal y transparente, lo que garantiza la trazabilidad y origen del combustible”.  

Agregó que Petroil conoció del operativo y colaboró con las autoridades en todo momento, y que ha presentado la documentación que acredita que el combustible fue adquirido en México “a través de canales oficiales, cumpliendo con todas las normas y regulaciones”.  

“Estamos en contacto permanente con las autoridades para aclarar esta situación y retornar lo más pronto posible a la operación normal en Guanajuato”, indicó la empresa a través de su director Roberto Campillo. 

En el comunicado, se resalta que Petroil, fundada hace 25 años por el empresario sinaloense Amado Sabás Guzmán, “es reconocida como uno de los principales distribuidores de combustible del país”; comienza señalando que la incautación del combustible se realizó “en las inmediaciones de las instalaciones de Petroil en la ciudad de Silao”. 

La empresa dice creer que las denuncias anónimas que derivaron en las investigaciones oficiales pudieron surgir de una confusión debida “a la sensibilidad de la gente al tema de contrabando de combustible, ampliamente difundido en medios”. 

El director Roberto Campillo precisó que Petroil tiene operaciones en esta entidad desde 2016, con la distribución de combustible a empresas de la región, y que la planta en Silao fue inaugurada en 2022. 

Actualmente, en ella laboran alrededor de 90 personas con empleos directos.  

Finalmente, Campillo dijo confiar en que las autoridades actuarán con responsabilidad y permitirán a la empresa reanudar sus operaciones en su sede de Silao.

Pero en realidad, los nombres de Petroil y Asamaz aparecen tanto en los tanques de almacenamiento como en los vehículos de carga que se encontraron dentro de la bodega que operaba al menos desde 2022, en el operativo efectuado por fuerzas federales y estatales encabezadas por la FGR el sábado 19 de octubre. 

Presuntamente, el inmueble pertenece a Petroil, del empresario Amado Sabás Guzmán, originario de Mazatlán y fundador de ésta y otras empresas afiliadas, dedicadas a la venta al mayoreo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. 

El periódico “Correo” publicó este martes que el predio perteneció al menos hasta 2022 a un empresario local del ramo del transporte; ese año habría sido adquirido por Petroil, mismo que comenzó a contratar personal como encargados de depósitos de combustible, operadores y otros, desde entonces. 

El nombre de esta empresa salió a relucir recientemente, a fines de septiembre pasado, en otro aseguramiento en Yucatán, en un almacén propiedad del exalcalde panista de Puerto Progreso, Julián Zacarías. 

En declaraciones a medios locales tras este aseguramiento, el exalcalde declaró haberlo rentado a Petroil, como aparece en una nota de “El Sol de Yucatán” del 22 de septiembre.   

En esa ocasión, otro operativo encabezado por la FGR, con Marina, Defensa y Seguridad estatal, intervino en el inmueble propiedad del exalcalde panista ubicado en la comunidad de Flamboyanes, donde aseguró unos 180 mil litros de combustible, contenedores y vehículos de carga.  

Mientras que Transportes y Equipos Asamaz es una empresa filial de Petroil, según información de su página web, donde se anuncia como “distribuidores plus y asociados de Pemex”.  

Asamaz es una de las empresas que cuenta con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para transporte por medios distintos a ductos de petrolíferos; su capacidad es similar a la de Pemex, según datos de la paraestatal.  

El lunes, el secretario de Seguridad y Paz, Mauro González Martínez, se negó a precisar quién es el dueño del predio asegurado en Silao; dijo que se conocerá “en el momento en el que la investigación lo permita”. 

Y afirmó que en el lugar había empleados, pero que no podía señalar en qué calidad fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, si como testigos o como imputados.  

Sin embargo, fuentes allegadas a la FGR informaron a Proceso que en el lugar sólo encontraron los contenedores y los camiones con el combustible. “Ninguna persona”, aseguró la fuente.

Al parecer, “el caso se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles”.

Se apuntó que en los informes policiales presentados, “el Ministerio Público Federal integró los indicios suficientes y solicitó a la autoridad judicial la emisión de una orden de cateo. Dicha orden fue ejecutada con estricto apego a la ley, respeto al debido proceso y observancia de los derechos humanos”.

Durante la diligencia se aseguro: un millón 675 mil litros de hidrocarburos, cuyo valor estimado supera los 30 millones de pesos conforme a los precios de referencia actuales. El total suma 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo.

Se detalló que el combustible se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y un millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

Además, se aseguró: maquinaria y equipo que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión; el inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados, “fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes”.

Se dijo que las investigaciones continuarán para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita.

Dicho trámite requería 10 días para que la CRE admitiera la solicitud y 90 días más para analizarla, de acuerdo con el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos.

La empresa consiguió la autorización 15 meses después de su creación. Mientras que en diciembre de 2019 consiguió contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proveer combustible en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, la Sedena le entregó 11 millones de pesos sin que existiera contrato que justificara la entrega de recursos públicos, lo que fue señalado en junio de 2022 como una irregularidad en la revisión de los gastos del AIFA, una de las obras prioritarias del expresidente López Obrador.

Siete meses después de la creación de Ecocarburante, en julio de 2019, fue nombrado como apoderado legal Miguel Castellanos Cruz, quien también fue representante de Petro Almacenes de Occidente, Mefre Fletes, Dalcrise; esta última también aparece como accionista de Impulsora de Productos Sustentables.

Dicha empresa es investigada por huachicol y tiene como socio a José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascención Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

Mientras que Eric Daniel Zamora Delgadillo, representante de Ecocarburante y apoderado de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó el pasado 20 de mayo que el expresidente municipal de Teuchitlán –quien ya está procesado y en la cárcel–, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ecocarburante forma parte de una red de empresas implicadas en el huachicol fiscal, es decir, la importación de diésel haciéndolo pasar por otro aditamento para no pagar impuestos, delito que ha sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las carpetas de investigación derivó en la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —excomandante de la 12 Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, y sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda— por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada en puertos y aduanas, como reveló el periódico Reforma el 6 de septiembre.

Entre los asesinatos que rompieron el récord histórico el mes pasado está el de la noche del 20 julio en la colonia Iturbe, en Tula, cuando un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Procuraduría dejó un agente de investigación muerto y dos más lesionados. Los agentes llevaban a cabo indagatorias relacionadas con un secuestro. 

Cuatro días después, el Gabinete de Seguridad estatal informó sobre la detención de cinco personas que, afirmó, eran presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo de Los H. El secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, dijo en conferencia de prensa que además de pelear por el control total de la organización, eran posibles responsables del asesinato del agente la noche del 20 de julio. Asimismo, atribuyó la violencia reciente a la pugna por el control criminal entre ésta y otras facciones criminales. 

Para situar el segundo mes más violento por asesinatos con dolo en los que se usaron armas de fuego en Hidalgo, hay que remontarse a julio de 2020, donde hubo 22 carpetas. 

Aquel 2020 fue el cuarto año de gobierno de Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega. Fue en el sexenio del entonces priista que Hidalgo se ubicó en el primer lugar nacional en robo de hidrocarburo a través de perforaciones a ductos (2018). Asimismo, 2020 también representó una pelea territorial entre cárteles por las válvulas, igualmente con formas de violencia y saña contra los cuerpos que las organizaciones criminales han mantenido. 

El tercer registro más alto data de junio de 2019, con 21 asesinatos violentos en los que los agresores usaron armas de fuego. Fue el año de la exposición de una “ordeña” a un ducto de Pemex en los límites entre Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, que dejó un saldo de 137 muertes: personas que recolectaban combustible regado en una canaleta tras días de sequía en las gasolineras estatales, después de que el gobierno federal determinara cerrar parcialmente ductos y cambiar rutas de traslado con la intensión de disminuir el huachicol. 

A partir de ese suceso se registró una serie de homicidios de presuntos líderes de organizaciones criminales. Las entonces autoridades locales lo denominaron un “ajuste de cuentas” entre huachicoleros. Comenzó con el asesinato de El Parka?–Julio César Zúñiga Cruz para inteligencia del estado y/o Héctor Baltazar Osorio Delgado para la Policía Federal–, el 20 de enero, dos días después del estallido en la parcela del ejido de San Primitivo, a la que se conoció como la exposición de Tlahuelilpan. 

Entre personas ultimadas dejadas en parajes, calles, con el tiro de gracia, impactos en más partes del cuerpo e incluso con algún tipo de desmembramiento, le siguió el ataque contra el?Talachas,?acaecido el 18 de mayo de 2019 en Santa Ana Ahuehuepan, Tula. Con base en los reportes de la policía, entraron a su casa en la calle Cuitláhuac y lo tirotearon cuando llegaba del rosario de su hijo, el?Puerco, que fue asesinado seis días antes. Ellos eran identificados como los jefes de la banda de Los Poblanos o Los Talachas. 

Aunque no fueron las únicas, esas dos muertes reconfiguraron los liderazgos del huachicol en Hidalgo, que cerró 2019 con 4 mil 71 tomas clandestinas mediante las cuales los grupos criminales robaron hidrocarburos, una cifra que representaba un crecimiento de 92 por ciento respecto a 2018, cuando hubo 2 mil 121 y fue el año a partir del cual la entidad, en ese momento bajo el mando de Omar Fayad, se convirtió en la más “ordeñada” del país. 

Este julio de 2021 enmarca otra disputa criminal, mientras la?Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sitúa a tres cárteles en la geografía hidalguense (Jalisco Nueva Generación (CJNG) –con mayor dominio territorial–, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el del Noreste (CDN)), e informes de la propia DEA, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras instancias estadunidenses, detectaron una operación en la que el combustible que es extraído en Hidalgo a través de tomas clandestinas, y robado de cargamentos que salen de la refinería de Tula, es traficado a Texas mediante intermediarios corruptos en ambos lados de la frontera, así como una red de empresas fachada. 

Las autoridades hidalguenses afirman que tras la detención el 15 de marzo pasado de Hugo Alberto M. M., “El H”, y el asesinato de su hermano José David tres días después, el grupo que lleva su mote se dividió en células que luchan por el control total, lo cual ha generado disputas armadas, asesinatos y violencia en la región de Tula, una de las más vulnerables al huachicol en el país. 

Aunque para el gobierno de la entidad la pelea es entre grupos locales, a nivel federal ven no sólo la presencia de cárteles, sino su alianza, precisamente, con agrupaciones más pequeñas que controlan giros delictivos específicos en sus territorios. 

Los H son una organización criminal que se dedica al robo de combustibles, al sicariato y al narcomenudeo. El gobierno federal sugiere, con la detención de dos personas en el Estado de México justo en julio pasado, el vínculo entre este grupo delictivo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); ambas agrupaciones se dedican al robo de gasolinas en el Valle de México. 

Durante agosto, los asesinatos violentos con armas han continuado: el 18, la policía municipal de Tula encontró dos cuerpos masculinos con impactos en la calle Felipe Ángeles de la localidad de Nantzha. Constató que ambos presentaban signos de tortura y que fueron asesinados con armas de uso exclusivo militar calibre .223.? 

Además, en otros incidentes de impacto social, el 11 de agosto, en las aguas negras del canal Requena en Tezontepec de Aldama fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. El mismo día, en Tlahuelilpan, otro cadáver masculino fue hallado en el canal de aguas negras del paraje Las Cadenas.

Los datos muestran que, en los dos años bajo el mando de Treviño, el robo de combustibles no solamente creció, e incluso se empezó a contabilizar la pérdida en barriles. 

En 2018 el promedio diario fue de 55.9 mil barriles, muy por encima de los 32 mil barriles registrados en 2017. 

Las pérdidas no operativas derivadas del robo de combustible ascendieron a 22 mil 945.4 millones de pesos en 2017 y 39 mil 439.1 millones de pesos en 2018.

El huachicol también se reflejó en las tomas clandestinas. Antes de su gestión, el máximo histórico era de alrededor de seis mil casos anuales; en 2016 se detectaron y sellaron seis mil 873.

Un año después, ya con Treviño al frente, la cifra se disparó a 10 mil 316, y en 2018 alcanzó las 14 mil 910. 

“Lo que representa un aumento de 50.1%”, documentó la petrolera.

Pemex atribuyó el repunte tanto al aumento de la vigilancia como al incremento de los intentos criminales por desviar combustibles.

Sin embargo, fuentes cercanas a Proceso señalaron que, en esos años, uno de los hombres cercanos a Treviño, era Luis Alberto Martínez Bravo, exdiputado federal del Partido Verde, conocido como Lord Huachicol, quien se desempeñaba como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

Estrategia

Ante el incremento de robos en Pemex, se implementó una estrategia que incluyó medidas internas. 

En 2017 la empresa del Estado canceló contratos de franquicia a siete gasolineras en Puebla, bajo sospecha de irregularidades en la comercialización y con inconsistencias fiscales. 

Un año después las sanciones llegaron a ocho empleados de la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex Logística en Chihuahua, con la acusación de operar dispositivos tecnológicos para alterar las mediciones de llenado en autotanques y desviarse de las rutas establecidas.

“Tres de estos empleados fueron despedidos e inhabilitados por un año para ocupar cargos en el sector público, y cinco fueron suspendidos. Tres de los ocho presentaron recursos para impugnar las resoluciones; una fue declarada nula, y los fallos definitivos sobre las otras dos impugnaciones estaban pendientes”, reconoció la empresa.

El dedo de Emilio Lozoya

Carlos Treviño fue el último director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una etapa marcada por la implementación de la reforma energética. 

Su nombre reapareció tras ser señalado por su antecesor en la petrolera, Emilio Lozoya Austin, en una denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su declaración, Lozoya acusó a más de una docena de exfuncionarios y legisladores de recibir sobornos para aprobar la reforma energética y favorecer a la constructora brasileña Odebrecht. 

Entre los señalados figuraron el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; los exsenadores panistas y gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés; y el propio expresidente Peña Nieto.

Treviño no fue el único que quedó vinculado a las acusaciones por corrupción y por el crecimiento del llamado huachicol durante el sexenio peñista.

Treviño encabezó Pemex de 2017 a 2018, tras ocupar en 2016 la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de la empresa, donde tuvo bajo su mando la gestión de bienes, áreas técnicas, supervisión y manejo de recursos humanos. 

Antes de su regreso a la petrolera, fue director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2014 y 2016, y director general de Financiera Rural de 2012 a 2014.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fungió como subsecretario de Egresos en 2012 y, anteriormente, como director general de Programación y Presupuesto de 2006 a 2010. 

Su paso por la administración pública también incluyó la Oficialía Mayor en la Secretaría de Economía (2005-2006) y en la Secretaría de Energía (2005), así como cargos en la Presidencia de la República, donde coordinó proyectos de planeación estratégica y competitividad en el sexenio de Vicente Fox.

En el sector privado trabajó en Estrategia Consulting Group (2003-2004) y en el sector académico colaboró durante siete años con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como profesor investigador y coordinador de proyectos.

Opacidad patrimonial

En su declaración patrimonial como servidor público, Treviño se negó a hacer públicos sus datos de bienes y posibles conflictos de interés. 

No obstante, el Registro Público de Comercio muestra que en 2002 constituyó en Nuevo León la empresa Visión y Lectura Digital, dedicada a servicios de asistencia técnica, ingeniería, supervisión, consultoría y desarrollo.

En 2019, ya fuera de Pemex, creó en Naucalpan la sociedad anónima de capital variable Capellia, cuyo objeto social es amplio, desde la compra, venta, importación y exportación de todo tipo de productos, hasta la adquisición de patentes, marcas y derechos de propiedad industrial; la participación en otras empresas, la emisión y suscripción de títulos de crédito, y la posesión y explotación de bienes muebles e inmuebles.

La compañía también está facultada para otorgar avales, obligarse solidariamente por cuenta propia o de terceros, y celebrar todo tipo de actos y contratos, tanto civiles como mercantiles.