“Son 15 de 20 diputadas y diputados los que no han publicado nada a pesar de ser sujetos obligados”, indicó. 

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, en su Artículo 23, todos los congresos del país están obligados a hacer pública su información. En el ámbito estatal, las leyes locales retoman lo establecido en el Artículo 70, que determina qué datos deben estar disponibles para cualquier persona, incluyendo información sobre las y los servidores públicos y el monto de sus percepciones. 

A ello se suma lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que ordena a los sujetos obligados —entre ellos el Congreso local— poner a disposición del público toda su información de transparencia en la Plataforma Electrónica del IMIPE y mantenerla actualizada sin necesidad de una solicitud.  

Además, la fracción XII del Reglamento de Transparencia del Estado establece la obligación de publicar la versión pública de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial de las y los servidores públicos, tal como lo manda la Constitución estatal. 

La propia Ley de Responsabilidades Administrativas, en su Artículo 34, ordena que todos los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir verdad; el Artículo 35 fija los plazos obligatorios para la declaración inicial, la declaración de modificación y la de conclusión del encargo. 

Salinas explicó que únicamente cinco integrantes del Congreso tienen disponible su declaración de inicio. “Dos de ellas, porque están repitiendo como legisladoras, ya tenían publicada la de inicio: Andrea Gordillo y Tania Valentina”, precisó.  

Agregó que otros tres legisladores cumplen con esta obligación, mientras que el resto mantiene la información sin publicar. “Es lamentable que quince legisladores no tengan publicada la información”, señaló. 

Coordinadores parlamentarios en incumplimiento

Salinas advirtió que este patrón de incumplimiento se replica en el propio Congreso como institución. “Nos preocupa que el Congreso sea una de las instituciones que menos cumple con la publicación de la información; sobre todo cuando se trata de temas financieros, no les gusta transparentar”, afirmó. 

Agregó que los resultados evidencian una falta de compromiso con la rendición de cuentas. “Esto confirma que no hay realmente un compromiso en cumplir la ley… Es relevante que a quienes legislan no les interesa transparentar”, dijo. 

Finalmente, subrayó que la ausencia de declaraciones patrimoniales “es una alerta sobre legisladores que no cumplen con la ley y que no muestran disposición para transparentar su información”.

Entre los documentos rasurados están los reportes de las visitas que los auditores hicieron a hospitales y almacenes de Morelos con los que comprobaron los incumplimientos; las entrevistas con los funcionarios de los hospitales que confirmaron el desabasto; facturas emitidas por las empresas; archivos contables de Servicios de Salud de Morelos; reportes fotográficos de los servicios, y evidencia documental del suministro de medicamento a hospitales y clínicas.

Todo lo anterior fue mencionado en la auditoría de cumplimiento forense número 1355, hecha a Servicios de Salud de Morelos, en la que confirmaron que las empresas Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación incumplieron contratos.

Animal Político reveló que estas tres empresas están relacionadas entre sí por sus socios y representantes legales y compitieron en los mismos procesos de contratación, simulando competencia y obtuvieron contratos por actividades no contempladas en su objeto social.

Además, integrantes de estas empresas son socios de Christian Carmona, consejero estatal de Morena, quien fue allegado a Blanco durante su gobierno y también es primo hermano de Héctor Barón Olivares, el exdirector de los Servicios de Salud de Morelos, quien firmó al menos 11 contratos a favor de la red de empresas.

Con su experiencia de tres años en la ASF, Lozano Dubernard insistió en que “tú mandas a seguimiento todo el expediente completo, mandas todo, no mandas una parte. Lo digo porque estuvimos ahí. Nosotros terminamos la auditoría y enviamos el expediente completo”.

La instancia encargada de revisar y vigilar la actuación de la auditoría corresponde a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presidida por Javier Herrera Borunda, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este medio lo buscó para conocer qué medidas tomarían ante esto, pero no aceptó la entrevista.

Auditoría testa información clave

Además de entregar el expediente incompleto, la ASF testó datos clave de la investigación, como el nombre y el Registro Federal del Contribuyente (RFC) de las empresas que incumplieron con servicios, una información que tampoco está disponible en el informe público de auditoría. Sin embargo, para la investigación, Animal Político obtuvo los contratos y pudo confirmar el nombre de las compañías.

Ocultar los nombres de las empresas que reciben recursos públicos contraviene una tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el 19 de noviembre de 2021, en la que resolvió que no se puede ocultar los nombres de las empresas en los informes de la auditoría.

“La transparencia en la fiscalización de las operaciones relacionadas con recursos públicos no tendría sentido si se testara el nombre de los particulares involucrados, ya que son éstos quienes prestan los servicios que constituyen la materia del escrutinio”, resolvió la Suprema Corte.

El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, dirigido por Lozano Dubernard, detectó que el ocultamiento de las empresas es sistemático. En una revisión hecha a 20 informes de resultados de auditorías de la cuenta pública 2023, la organización encontró que en ningún caso se menciona el nombre de las compañías implicadas en presuntos hechos de corrupción.

Incumplimientos en el sector salud de Morelos

El pasado mes de septiembre, Animal Político reveló que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos entregó 323 millones de pesos a una red de tres empresas integradas por socios del consejero estatal de Morena, Joan Christian Carmona Barón, para la compra de medicinas y servicios a hospitales, pero los contratos no se cumplieron.

Esto afectó a pacientes de 238 clínicas y hospitales del estado que no recibieron antibióticos, oncológicos, ni los servicios de anestesia indispensables para realizarles cirugías. Tampoco hubo mantenimiento ni reparación para las máquinas de rayos X, incubadoras, ventiladores y desfibriladores para el corazón.

El monto desviado es sólo una muestra. Las tres empresas que incumplieron servicios recibieron 20 contratos del gobierno de Blanco por hasta mil 161 millones de pesos entre 2022 y 2023, según consta en los documentos oficiales.

Aunque la auditoría ocultó los nombres de las compañías en sus reportes, Animal Político accedió a los contratos y detectó la red conformada por Santek Health, Comercializadora Manhos y C&M Distribuidora de Medicamentos, empresas que entre los cinco y ocho meses de haber sido creadas empezaron a ganar contratos millonarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien actualmente es diputado federal de Morena.

Los recursos que recibió esta red de empresas provenían del gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y de la compra consolidada que hizo el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), institución que sustituyó al Seguro Popular, programa transexenal eliminado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al acusar supuesta corrupción.

La resolución se dictó siete años después de su detención y fue emitida por el Juez Sexto de Distrito en Coahuila, con sede en La Laguna, tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal. 

Miranda Gallegos tiene una trayectoria política consolidada en Amacuzac: fue presidente municipal de 2009 a 2012, posteriormente diputado local en Morelos de 2012 a 2015, y en 2018 regresó a la contienda electoral, resultando alcalde electo pese a encontrarse detenido. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Miranda Gallegos integraba la organización delictiva “Los Rojos” y participó, en junio de 2013, en el secuestro de una víctima en Amacuzac. 

Por estos hechos, fue detenido el 6 de mayo de 2018, a semanas del proceso electoral; pese a ello, nunca fue sustituido como candidato a la presidencia municipal y su nombre apareció en las boletas electorales. 

?Miranda Gallegos resultó ser el legítimo ganador de la alcaldía, al computarse casi el 100 por ciento de los votos, liderando la elección con 3 mil 672 sufragios bajo la bandera de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES). 

Miranda Gallegos y Miranda Abarca participaron en la elección sin realizar campaña, debido a que ambos se encontraban detenidos en ese momento. Miranda Abarca, principal competidor de Miranda Gallegos, pertenece a la familia política antagónica que ha alternado el control municipal con la familia de Miranda Gallegos a lo largo de distintos periodos, consolidando un patrón de dominación por trienios sucesivos.

A pesar de su situación legal, los partidos que los postularon no solicitaron la sustitución de los candidatos, aunque contaban con la posibilidad jurídica de hacerlo, según informaron en su momento autoridades del Impepac. 

Amacuzac, territorio de Los Rojos

Amacuzac ha sido históricamente un municipio estratégico para la operación de grupos delictivos en Morelos. Durante varios años, se convirtió en el centro de operaciones de “Los Rojos”, organización liderada por Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, quien nació en este municipio. Su ubicación, a 47.8 kilómetros del centro de Cuernavaca y fronteriza con Guerrero, lo convirtió en un punto clave para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que conectaban con la Ciudad de México. 

A partir de 2011, “Los Rojos” extendieron su influencia en Amacuzac y al menos siete municipios vecinos, incluidos Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango, consolidando su control mediante secuestros, extorsiones, robos, asesinatos y desapariciones. La organización surgió como escisión del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009, comenzó a operar de manera independiente, estableciendo en Amacuzac su base principal. Familiares de Santiago Mazari vinculados a la política local reforzaron su control territorial durante varios años. 

Durante su reclusión en el Centro Federal de Reinserción Social número 14 “CPS-Durango”, en Gómez Palacio, Durango, Miranda Gallegos habría mantenido comunicación con funcionarios municipales a través de terceros y operado mediante amigos y familiares, evidenciando la influencia política y criminal que mantenía en la región. 

El 3 de junio de 2019 llamó poderosamente la atención que, desde la cárcel y mediante una llamada telefónica, inaugurara la pavimentación de dos calles en la comunidad de Casahuatlán: Río Balsas y Miguel Hidalgo, felicitando a los vecinos de ambas vialidades. Cuatro meses después, el 15 de septiembre, realizó de manera similar su función como alcalde al dar el Grito de Independencia de Amacuzac vía telefónica. Desde el palco de la presidencia municipal, uno de sus hijos anunció que Alfonso Miranda Gallegos procedería a dar el Grito; a través del micrófono se escuchó la voz del exalcalde, con cierta interferencia inicial: “¡Mexicanas y mexicanos, vivan los Niños Héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Allende! ¡Viva Almada! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva el cura Miguel Hidalgo! ¡Viva la Independencia! ¡Viva la justicia y la democracia que nos da la libertad! ¡Viva el Estado de Morelos! ¡Viva México!”. Ambos actos, el de junio y el de septiembre, fueron videograbados y posteriormente difundidos en redes sociales, donde trascendieron ampliamente. 

 Aunque “El Carrete” fue detenido el 1 de agosto de 2019 y sentenciado a 20 años de prisión, su influencia histórica dejó una huella profunda en la dinámica delictiva de la zona. Con el tiempo, la presencia del grupo disminuyó y otras organizaciones comenzaron a disputar el territorio. 

 La sentencia de Miranda Gallegos pone fin a siete años de procesos judiciales que comenzaron con su detención en 2018 y marca un precedente sobre la interacción entre procesos electorales y situaciones legales de los candidatos en la región de Morelos.

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva por considerar que existen elementos que justifican esa medida. El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en tres meses. 

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando una mujer denunció haber sido agredida física y verbalmente por los tres policías y, presuntamente, violentada sexualmente por uno de ellos. El caso fue informado previamente por Proceso. 

Tras la denuncia, la Unidad de Delitos contra la Mujer realizó las investigaciones que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión, cumplimentadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

La institución detalló que los elementos municipales pertenecen a la Policía de Zacatepec, mientras que el tercero está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado. 

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó —el pasado 3 de noviembre —la detención de los tres policías y señaló que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos. 

Reiteró además que, por instrucción de la gobernadora, los delitos de violencia contra las mujeres son prioridad para el gobierno estatal y que habrá “cero impunidad” en estos casos. 

Las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Temixco mantiene activa desde 2015 la Alerta de Violencia de Género, decretada por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres registrados en la zona. 

A un año de gestión, el alcalde Israel Piña no ha informado cómo se están cumpliendo las medidas establecidas por dicha alerta para disminuir la violencia contra las mujeres. 

Durante la madrugada del lunes 27 de octubre, vecinos de la colonia Los Presidentes reportaron un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos. 

Al ingresar al inmueble, autoridades hallaron el cuerpo calcinado de una mujer identificada como Laura “N”, de 45 años, con visibles signos de violencia y una extremidad desprendida. 

De acuerdo con testimonios preliminares, un hombre habría agredido a la víctima antes de incendiar la vivienda y darse a la fuga. Personal de la FGE y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. 

Horas más tarde, en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ciudad Ayala, fue localizada otra mujer sin vida. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:10 horas, sobre el bulevar Emiliano Zapata, tras un reporte al número de emergencias 911. 

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron el deceso y acordonaron la zona, mientras agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue local para los procedimientos legales. 

Ciudad Ayala, gobernada por Nayeli Mares Mérida, de Morena, se encuentra a 61 kilómetros de la capital morelense. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial de Investigación del Delito de Feminicidio. 

Sin embargo, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, se ha pronunciado al respecto.

Este municipio forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca y actualmente es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, quien asumió la presidencia municipal por el partido Acción Nacional (PAN) en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Desde agosto de 2015, Jiutepec es uno de los ocho municipios donde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) debido a los altos índices de violencia y feminicidios que ocurren en estas localidades.  

Sin embargo, hasta el momento, lejos de disminuir la violencia, esta ha aumentado, ya que ninguna autoridad —municipal, estatal o federal— ha cumplido plenamente con las medidas que establece la AVG. Por ello, la situación de riesgo para las mujeres en Jiutepec continúa vigente. 

Este domingo, 26 de octubre, una mujer fue asesinada a balazos a plena luz del día en una zona transitada de la colonia Progreso. 

Según los reportes, vecinos de la calle Emiliano Zapata, cerca del campo deportivo Vicente Alcántar, escucharon detonaciones y dieron aviso a las autoridades. 

Elementos policiacos y paramédicos acudieron al lugar, donde encontraron a la mujer sobre el pavimento con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. 

Vestía sudadera negra y pantalón de mezclilla azul, y los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. 

La zona fue asegurada mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, y se desconocen los agresores y el móvil del crimen. 

Martes 21 de octubre

Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida dentro de una vivienda en la colonia Calera Chica. Vecinos de la calle Ignacio Alanís reportaron el ataque alrededor de las 19:10 horas. La policía encontró a las víctimas con heridas de bala; los paramédicos confirmaron que el hombre había fallecido, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital. 

Jueves 16 de octubre

Durante la madrugada, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Otilio Montaño. El ataque ocurrió alrededor de la 1:20 horas sobre la calle Francisco Villa. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones y encontrar a la víctima tirada en la vía pública. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. 

Viernes 4 de octubre

Una pareja fue atacada a balazos dentro de su domicilio en la colonia Campanario. La mujer perdió la vida y el hombre resultó herido. Testigos señalaron que dos sujetos armados salieron del inmueble y huyeron en motocicleta con dirección a la colonia Maravillas. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los cuatro casos investiga la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio. 

Hasta el momento, no hay detenidos y ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. 

En lo que va del mes de octubre se contabilizan, además, 10 homicidios dolosos. 

Hay que recordar que Jiutepec ocupa el quinto lugar en el delito de homicidio doloso, con 53 casos de enero a septiembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al llegar, elementos municipales encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala. Paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Durante las diligencias, las autoridades observaron dos vehículos estacionados —uno blanco y otro negro— sin que hasta el momento se tengan más detalles. 

Habitantes señalaron que hace aproximadamente un mes se registró un ataque similar en el mismo inmueble. Personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó las actuaciones correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense. 

En Temixco, alrededor del mediodía, dos hombres con casco negro irrumpieron en la base de la ruta 11, en la colonia 10 de Abril, y dispararon contra un chofer que se encontraba al interior de la unidad. Los agresores huyeron presuntamente a bordo de una motocicleta. 

Vecinos reportaron varias detonaciones, y al llegar los cuerpos de emergencia, confirmaron que la víctima había fallecido a consecuencia de los impactos de bala. El área fue acordonada mientras la Fiscalía realizaba las investigaciones correspondientes. 

Información extraoficial apunta a que el asesinato podría estar relacionado con intentos de extorsión al concesionario del servicio público, a quien presuntamente se le habría exigido el pago de “uso de suelo”. Según versiones del gremio transportista, el homicidio habría sido una advertencia tras el incumplimiento de dichos pagos. 

Líderes del sector han señalado la falta de atención del alcalde de Temixco, Israel Piña, a quien acusan de mantener una postura distante frente a las agresiones y amenazas que enfrentan los operadores. Hace algunos meses, su ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal lo señaló de supuestos vínculos con grupos delictivos; sin embargo, Piña negó tajantemente dichas acusaciones. 

Jiutepec y Temixco forman parte de la zona conurbada de Cuernavaca. Jiutepec está a 8.2 kilómetros de la capital y es gobernado por Eder Rodríguez Casillas, mientras que Temixco se ubica a 13.4 kilómetros y su alcalde es Israel Piña. Ambos municipios son gobernados por alcaldes emanados de la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Durante la madrugada del mismo día, una persecución policiaca culminó en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca. Un vehículo Volkswagen Golf azul, presuntamente vinculado con la colocación de lonas en distintos puntos de la ciudad, se impactó contra un poste. 

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que el operativo inició poco después de la una de la mañana sobre avenida Plan de Ayala y concluyó en Prolongación Morelos, cuando los ocupantes del automóvil huyeron en otra camioneta que los esperaba, disparando contra los agentes para evitar su detención. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades. 

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones sobre los homicidios ocurridos en Jiutepec y Temixco.

Personal del establecimiento detalló a las autoridades que el lunes 6 de octubre varias personas llegaron a bordo de un vehículo y rentaron dos habitaciones por un periodo de dos días. Estas abandonaron el lugar durante la madrugada del miércoles, y fue al revisar la habitación que se encontró el cuerpo del funcionario.   

Inmediatamente se dio parte a los números de emergencia, arribando al lugar elementos policiacos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y servicios de urgencias médicas, quienes confirmaron que Díaz se encontraba sin vida. 

Según reportes policiales, Alfonso presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y, de acuerdo con fuentes médicas, traumatismo craneoencefálico, lo que habría provocado su fallecimiento. 

De manera extraoficial se conoció que Díaz habría sido privado de su libertad días antes en Cuernavaca, cerca del panteón de Chipitlán. Durante ese tiempo, los presuntos responsables habrían solicitado un rescate, mismo que la familia pagó con la esperanza de lograr su liberación. 

Paralelamente, sus familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente por secuestro, a fin de que se iniciara la búsqueda y se intentara su rescate. 

Alfonso Díaz formaba parte del equipo de colaboradores del alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, quien llegó al poder mediante el Partido Acción Nacional y una alianza con el PRD y Redes Sociales Progresistas. 

Hasta el momento, la FGE no ha emitido información oficial; sin embargo, personal de la dependencia confirmó que se ha iniciado una carpeta de investigación y que se llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio, así como para identificar y detener a los responsables. 

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad del ayuntamiento de Cuernavaca ni del gobierno estatal se había pronunciado sobre el caso, prevaleciendo el silencio institucional.