En lo que va del año, las fuerzas federales y estatales han tomado el control de la seguridad pública de los municipios de Santa María Huatulco, donde desaparecieron un grupo de jóvenes y posteriormente aparecieron muertos en los límites con el estado de Puebla; en Juchitán, donde fueron incendiadas tiendas de conveniencia por no pagar el derecho de piso; en Pinotepa Nacional, por los recientes asesinatos y ahora Putla Villa de Guerrero, por su posible vínculo con células de la delincuencia organizada. 

Esta acción coordinada también permitió tomar control de los centros de Control y Comando del Municipio C2, el cual está integrado por más de 50 cámaras que ahora están bajo control del Estado, a través del C4. 

La Operación Sable es producto de trabajos de inteligencia criminal, los cuales permitieron detener a los cuatro elementos de la policía municipal por su posible vinculación con células delictivas locales. 

Además, que, a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública se aplicaron pruebas toxicológicas a las y los elementos de la policía municipal. 

Esta intervención permitió el aseguramiento de 13 armas, de las cuales no tienen autorización para portar, entre las cuales se encuentran escopetas y armas cortas, además de 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales no deberían tener acceso. 

En la Operación Sable, coordinada por la Fiscalía de Oaxaca en colaboración con el Gabinete de Seguridad, participan más de 600 elementos de las diferentes corporaciones, quienes tomaron el control de la seguridad en este municipio y permanecerán el tiempo que sea necesario para garantizar la tranquilidad de la población. 

Este operativo en materia de seguridad incluye patrullajes, instalación de filtros de seguridad, así como intervenciones tácticas en puntos críticos del municipio, con el propósito de localizar objetivos prioritarios de la región y a posibles responsables de delitos para presentarlos ante la autoridad correspondiente. 

La Operación Sable es una estrategia de seguridad interinstitucional que busca desarticular redes delictivas, así como lograr la detención de objetivos prioritarios generadores de violencia, por ello, se realizan intervenciones operativas que buscan atender y retomar el control de espacios estratégicos en materia de seguridad, además fortalece las capacidades de las autoridades municipales al tener la colaboración de instancias estatales y federales.

LOS POCO CONFIABLES POLICÍAS DE MÉXICO

México ha tenido, durante años, problemas con la integración de elementos de la policía al crimen organizado, lo que ha generado acciones drásticas en gobiernos federales y locales para depurar los mandos de seguridad. Sin embargo, desde la declaración de la Guerra contra el Narco del presidente Felipe Calderón, a la implementación de la Guardia Nacional durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el problema ha persistido.

El 26 de marzo de 2019 se oficializó la creación de la Guardia Nacional, para realizar labores de seguridad ante la desconfianza del gobierno hacia los policías locales. En septiembre de 2018, antes de asumir la presidencia, López Obrador habló de la falta de confianza hacia las fuerzas locales: “Desgraciadamente, también las policías ministeriales, con honrosas excepciones, están echadas a perder, y las policías municipales y estatales”.

Sin embargo, después de un sexenio, y con varios grupos del crimen organizado matanzas en estados como Sinaloa y Guanajuato, la desconfianza continúa. Por ejemplo, en Celaya, el gobierno local despidió en 2024 a 340 de sus más de 600 policías. El problema de este municipio ha sido la integración de los policías a la nómina del narco, como así lo señaló un reciente reportaje de Los Ángeles Times.

No es el único caso. En Ciudad Juárez, Chihuahua, han sido dados de baja cerca de 400 elementos en dos administraciones municipales. En Tlalnepantla también han ocurrido estas purgas, con 50 policías dados de baja durante 2025. En Ecatepec la historia no es diferente, con 415 policías dados de baja, según informó el municipio mexiquense en julio de 2025.

Los problemas no sólo recaen en la confianza que los uniformados tienen para ejercer sus labores de seguridad, sino también para la protección de la fauna y el medio ambiente. Un estudio de Frontiers in Conservation Science revela que las policías, primera línea contra el tráfico de vida silvestre, carecen de capacitación, conocimiento científico y coordinación para enfrentar este delito.

Parte del problema son los sueldos de los policías. El propio Secretariado señala que el 96.5% de los policías se encuentran en la escala salarial más baja, que es la que corresponde a la estructura jerárquica básica, y sólo el 3.5% tiene acceso a los sueldos más altos asociados a la escala de mandos medios y superiores.

El sueldo promedio de un policía es de 10 mil 434 pesos, y el de comisario, uno de los rangos más altos, alcanza los 49 mil 964 pesos. En la región sureste del país los sueldos pueden llegar a los 7 mil 938 pesos en promedio.

En los últimos años, México ha enfrentado casos impactantes de policías aliados con cárteles del narcotráfico, aprovechando su posición para facilitar actividades ilícitas.

Uno de los ejemplos más notorios es el de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. García Luna, inicialmente un alto mando en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en 2019 fue arrestado en Estados Unidos acusado de aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. Su juicio en 2023 reveló que recibió pagos para proteger cargamentos de cocaína y compartir información estratégica con capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico y conspiración, evidenciando la profundidad de la corrupción en las instituciones mexicanas.

Otro caso relevante es el de Luis Cárdenas Palomino, ex alto mando de la Policía Federal y mano derecha de García Luna. Desde 2010, su nombre ha estado vinculado al narcotráfico, aunque su detención en 2021 se dio inicialmente por cargos de tortura relacionados con un caso de secuestro. La periodista Anabel Hernández lo señaló como parte de una red de “narcopolicías” que colaboraban con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

En un caso más reciente, Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Estado de México, fue sentenciado en 2024 a 10 años de prisión por extorsión, un delito vinculado a su colaboración con La Familia Michoacana.

Detenido durante la Operación “Enjambre” en 2024, Cruz Solano usó su posición para extorsionar a comerciantes locales, demostrando cómo incluso funcionarios policiales de nivel municipal pueden convertirse en operadores de grupos criminales. Este caso, reportado en agosto de 2025, resalta la continuidad de la colusión entre policías y cárteles en contextos locales.

Los estados que siguieron en la lista con mayores enfrentamientos y agresiones registradas contra elementos de seguridad son Chiapas con 136, Zacatecas con 85, Nuevo León con 57, Michoacán con 55, Guerrero con 54, además de Jalisco y San Luis Potosí con 33 casos, cada uno.

En su informe sobre el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPFE), el organismo destacó que en particular para la Guardia Nacional la mayor cantidad de agresiones se presentó en Michoacán -estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla- con 42 casos.

De acuerdo con el censo, en 2024 se registraron 430 mil 196 puestas a disposición de personas ante autoridades, de estas 9 mil 777 fueron llevadas a cabo por la Guardia Nacional y 420 por las policías estatales. Esta cifra representó una disminución de 8.5 % frente al año previo.

En cuanto a la autoridad ante la cual se realizaron las puestas a disposición, 65.9 % fue ante la autoridad de Justicia Cívica y 34.1 %, ante el Ministerio Público, detalló el Inegi,

Gastan más

Respecto a 2023, el presupuesto de la Guardia Nacional se incrementó 35.2 %, en tanto, el gasto de las instituciones de seguridad pública estatales -sin considerar a la Ciudad de México- creció 11.7 %. A nivel estatal, el Estado de México concentró un 17.2 % del presupuesto total con 16 mil 966 millones de pesos.

En junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de Guardia Nacional para autorizar que esta institución tenga una estructura similar a la del Ejército, para que sus integrantes puedan competir por cargos públicos, y puedan realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados.

El detenido permanece parado atrás de un camión, bajo la custodia de los elementos de Fuerza de Reacción Inmediata (Pakal) y policías municipales. Son al menos dos golpes que recibe con la tabla, por lo que el joven se desploma y es levantado por otro uniformado.

La práctica de “tablear”, que históricamente ha sido atribuida al Ejército Mexicano y replicada por grupos criminales como forma de tortura o castigo, ha sido duramente criticada por organismos nacionales e internacionales

Luego de la difusión del video en redes sociales, la Fiscalía General del Estado informó que “se han iniciado las investigaciones y mientras se esclarecen los hechos, el elemento que actuó de forma indebida será separado de su cargo hasta deslindar las responsabilidades correspondientes”.

Viralizan en #RedesSociales de #Chiapas a elemento de #FRIP #GrupoPakal "tableando" a joven en el municipio de #Yajalón. @sspchiapas comunica que inicia investigaciones y deslindará responsabilidades. El titular @OscarAparicioA cuestionado también por exhibir sombreros texanos y… pic.twitter.com/yH8iseH5MM

— Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) August 12, 2025

Policía pasó exámenes de confianza: autoridades de Ciudad Juárez

Por su parte, autoridades de Ciudad Juárez, el alcalde y el secretario de seguridad, señalaron que “El Monster” no contaba con antecedentes penales y había aprobado los exámenes de confianza para formar parte de la corporación.

“Pasó sus exámenes de confianza y no teníamos ningún elemento o dato que pudiera advertirnos que fuera, como parece resulta ser, una persona muy peligrosa”, mencionó Cruz Pérez Cuellar en conferencia de prensa. 

De igual manera hizo un llamado a “revisar” el tema de los exámenes de confianza al señalar que la contratación de policías es algo “estructurado a nivel nacional” y que ninguna corporación puede contratar a alguien sin dichos exámenes acreditados.

Lo anterior fue respaldado por el secretario de Seguridad municipal quien detalló que al buscar el nombre de Galdino ‘N’ en Plataforma México no hubo resultados de que tuviera alguna órden de aprehensión, que acreditó sus exámenes de confianza y que la fiscalía estatal le otorgó una carta de antecedentes no penales.

“Bajo todos estos argumentos no tenemos nada que nos haga pensar que el elemento siquiera tuviera alguna bronca en alguna parte del país, motivo por el cual sí fue contratado”, señaló César Omar Muñoz.

Además, fue condenado al pago de diez mil días de multa e inhabilitado para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.

“La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Jesús ‘N’, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Municipal de Casimiro Castillo”, indicó el comunicado.

Con este caso se refrendan los esfuerzos de las autoridades estatales por sancionar severamente los delitos cometidos desde las instituciones de seguridad, destacó la FEJ.

“La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes cometan delitos que vulneren la vida y libertad de las personas y de garantizar que este tipo de conductas no queden impunes”, concluyó la dependencia.

La comunidad LGBT+ exigía justicia por este caso

La asociación civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise) informó que este caso refiere al ocurrido el 26 de agosto de 2020, cuando policías municipales de Casimiro Castillo detuvieron de manera arbitraria a Britany Jaqueline, mujer trans.

Confirmaron que fue entregada por policías a un grupo delictivo “para que la golpearan, regresándola lesionada a los separos de la corporación y entregada más tarde a sus familiares con graves lesiones que fueron la causa de su muerte.”

Según datos de la asociación, el 29 de agosto de 2020 la Fiscalía del Estado informó que el motivo de la detención de la joven, “fue un presunto robo de 15 mil pesos, también se informó que 4 policías fueron detenidos y puestos a disposición de un juez que les vinculó a proceso.”

Esta asociación y otras, exigieron justicia y el cese de este tipo de crímenes de odio en el país, principalmente en el estado de Jalisco.

El Gobierno de Los Cabos a través de su Secretario General de Gobierno, Alberto Rentería Santana dijo que por instrucciones del Alcalde, Christian Agúndez Gómez están colaborando con las autoridades estatales y federales para el esclarecimiento de los hechos, además de que no tolerarán esta clase de conductas que afectan la integridad de los ciudadanos.

“Redoblamos esfuerzos, no solo en capacitación interna, sino con la sociedad de este destino turístico en temas de prevención, porque nuestro interés es la seguridad de cada familia que contribuye a la fortaleza del municipio, así como de quienes nos visitan. La XV administración municipal refrenda su compromiso con la legalidad y no tolerará actos que vayan en contra de la salvaguarda y seguridad de todos los ciudadanos de Los Cabos, siempre en el marco de la ley y el respeto a sus instituciones”, indicó Alberto Rentería.