Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, ha gastado cada vez más en la policía de su estado, pero cada vez hay menos arrestos, según revela una investigación realizada por EMEEQUIS. 

Según información conseguida a través de transparencia, el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán sufrió varios cambios a lo largo de la administración Bedolla, que inició en octubre de 2021. 

Ese año, se invirtieron 4 mil millones 76 mil pesos aproximadamente en esa Secretaría. Para el siguiente año, el gobernador morenista decidió bajar el presupuesto para seguridad. 

En 2022, el presupuesto para la institución fue de 3 mil millones 545 mil pesos, es decir, bajó casi 500 millones de pesos el total del dinero asignado a la policía estatal. En 2023, el presupuesto fue de 3 mil millones 931 mil pesos, mayor que el año anterior, pero sin llegar a alcanzar la cantidad del primer año en que entró Bedolla al gobierno michoacano. 

En 2024, el presupuesto fue de 5 mil 192 millones de pesos, es decir, un aumento importante para la institución. Meses más tarde, según información oficial, en 2025, se destinaron 6 mil 4 millones de pesos a la policía estatal.

Por si fuera poco, durante los años que ha gobernado Bedolla, ha destacado la gran cantidad de policías sancionados en la entidad, como así lo muestra esta casa editorial luego de un análisis de los casos en transparencia. 

En total, se han sancionado a cerca de 348 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de 2021 a 2025. 

De esos, dos fueron absueltos; otros cinco fueron “amonestados”; hubo dos arrestos, además de 156 remociones del cargo y otros 119 casos de “remolque” del cargo; y 64 más fueron suspendidos temporalmente, lo que dibuja parte de la dinámica de la corporación.

Estos números son preocupantes debido al avance de la delincuencia en el estado. El 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, frente a su familia. Su esposa, Grecia Quiroz, ahora ocupa el cargo, pese a las amenazas de muerte que ha recibido junto con su equipo. 

Por si fuera poco, luego de las manifestaciones en memoria del político, se han suscitado momentos de represión en lugares como Morelia, aunque también destaca la Ciudad de México, dirigida de igual forma por un gobierno morenista. 

El 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán”, que busca pacificar el estado ante incidentes violentos y el avance del crimen organizado. Aún está en el aire la moneda, ¿esta nueva estrategia servirá o será otra política de seguridad que no logrará acabar con la violencia en Michoacán

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que durante la marcha de la Generación Z el sábado 15 de noviembre se identificaron “18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales”.

En conferencia de prensa afirmó que esto incluyó episodios de posible uso excesivo de la fuerza.

Adelantó que ya están en curso investigaciones administrativas internas para realizar entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias.

Desde el sábado se difundieron en medios y redes sociales escenas de presuntos abusos policiales, en las que elementos de la Policía golpearon a ciudadanos ya sometidos o que no representaban ningún peligro.

Según Pablo Vázquez, de acuerdo con los protocolos de actuación, personal de la Dirección General de Asuntos Internos realizó un análisis de los videos, imágenes e información disponible tanto en fuentes abiertas como en los registros de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En conferencia de prensa dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana a su cargo mantuvo estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los organismos garantes de derechos humanos para coadyuvar en las indagatorias derivadas de estos hechos.

“No se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como institución. Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados, y se buscará que la información que se recabe o derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional”, dijo Vázquez Camacho.

Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y medio de prisión por homicidio, como resultado de la Operación Enjambre mediante la que fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de diversos municipios mexiquenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado y/o de alto impacto.  

Los condenados, cinco hombres y dos mujeres, responden a los nombres de Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

Tres policías en activo —uno estatal y dos municipales de Zacatepec— fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones agravadas y abuso de autoridad. Uno de ellos, Jesús “N”, también enfrenta cargos por violación. 

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez de control escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía Regional Sur Poniente, que acreditó indicios suficientes para iniciar proceso penal contra los tres elementos.

Tres policías capitalinos fueron detenidos e ingresados a un reclusorio, al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 4 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes en un comunicado, que derivado de dicha situación el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección de Asuntos Internos de la SSC recibió una denuncia ciudadana por la desaparición de un joven de 21 años de edad.

#TarjetaInformativa | Personal de la Dirección General de #AsuntosInternos de la #SSC de la #CiudadDeMéxico tomó conocimiento de una denuncia ciudadana por una persona desaparecida, la cual probablemente había sido detenida el pasado 4 de noviembre por policías en @A_VCarranza,… pic.twitter.com/lmiNF68tLs

— SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 7, 2025

Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

La Policía Estatal Preventiva (PEP) sufrió un nuevo ataque armado, en el que un agente perdió la vida y además resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional (GN) que se encontraban de civiles. 

El agente asesinado viajaba en una patrulla de la corporación cuando esta fue presuntamente atacada por tripulantes de un vehículo, y en el fuego cruzado resultaron heridos los guardias.

Estos agentes iban de civiles en un auto particular color blanco de la marca Mitsubishi. En un primer momento se habló de una confusión entre corporaciones, sin embargo, luego del ataque, la SSPE emitió un comunicado en el que afirmaron que los agentes de la GN fueron víctimas ajenas a la agresión.

#SSPSinaloa informa que este viernes 10 de octubre de 2025 se suscitó un hecho de seguridad sobre la calzada Aeropuerto, a la altura de la colonia Bachigualato, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde resultó un policía estatal fallecido y, además, dos elementos de la Guardia…

— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 10, 2025

El ataque se dio en la colonia Bachigualato, alrededor de las 3:00 horas sobre sobre la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Culiacán.