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Enfrentamiento en Tula deja un agente muerto y dos más lesionados

El sábado, los cuerpos de dos hombres, desnudos y con signos de tortura fueron hallados en la comunidad de Tepojaco, Tizayuca.

Un agente de investigación muerto y dos más lesionados fue el saldo de un enfrentamiento entre un grupo de personas armadas y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en Tula.

La noche del 20 de julio, en la colonia Iturbe, los elementos llevaban a cabo indagatorias relacionadas con una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad, en agravio de un civil.

Tras el tiroteo, la PGJEH y corporaciones de seguridad municipal y estatal, en conjunto con la Guardia Nacional y el ejército implementaron un operativo en la región Tula-Tepeji.

La Procuraduría informó sobre el inicio de investigaciones por este enfrentamiento; además, dijo que "refrenda su compromiso con los elementos de su División de Investigación, así como con la población", por los ataques previos contra agentes en Pachuca y Tizayuca en las semanas previas.

El pasado 5 de julio, al notificar una medida de protección en favor de una víctima, dos agentes de la Policía Investigadora adscritos al Centro de Justicia para Mujeres fueron secuestrados y torturados en la colonia La Loma, en Pachuca.

Aunque –hasta la mañana siguiente– fueron rescatados con vida, en estado crítico, las lesiones les causaron la muerte.

Por los hechos, cuatro personas fueron detenidas, integrantes de la secta El Angelito Negro 666.

En tanto que el 11 de julio, tres elementos de la PGJEH y un defensor particular fueron heridos tras un ataque a tiros durante una inspección en la colonia El Cid, en el municipio de Tizayuca.

Tras un operativo de respuesta, cinco personas fueron detenidas por policías de investigación, también dependientes de la procuraduría.

En ambos casos, las personas detenidas fueron vinculados a proceso.

Ataques y asesinatos

El sábado, los cuerpos de dos hombres, desnudos y con signos de tortura fueron hallados en la comunidad de Tepojaco, Tizayuca.

Asimismo, un ataque armado en la colonia Guadalupe, en el municipio de Villa de Tezontepec, también al sur del territorio hidalguense y colindante con el Estado de México, dejó un muerto y dos heridos, después de que sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra dos hombres y dos mujeres.

Por ambos casos, la PGJEH inició carpetas de investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Sin orden de cateo, policía de Campeche allana domicilio, golpea y arresta a familia

Una mujer policía acusó a los hermanos de agredirla, tras lo cual, sus colegas ingresaron a la casa de la madre de Ángel, Alan, Eduardo, Jorge, donde fueron golpeados y arrestados, junto con su tío Miguel. Los cuatro actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos.

Policías estatales allanaron la casa de los hermanos Bastarrachea Puga en la colonia Lázaro Cárdenas, el 17 de junio; sin presentar una orden de cateo entraron al predio tras derribar el portón. Lanzaron gas lacrimógeno, dispararon al aire e hirieron a uno de ellos.

Pese a los elementos de prueba que la familia presentó sobre lo ocurrido, la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez determinó la legal detención.

Todas las agresiones de los policías quedaron grabadas en videos. Se observa a los policías estatales amenazarlos con las pistolas y macanas. Se escuchan los insultos, detonaciones de armas y los golpes al portón para entrar a la casa.  

“Me asusté muchísimo y me metí al cuarto pegadito a la sala y de ahí empecé a grabar cómo estaban alzando el portón. Estaban entrando todos los policías, eran muchos, no sé cuántos, pero sí eran bastantes policías”, declaró a Proceso la mamá de los hermanos Bastarrachea Puga y dueña de la casa, Leticia Puga. 

Los hermanos Ángel, Alan, Eduardo, Jorge y su tío Miguel actualmente están hospitalizados en calidad de detenidos, se les dictó prisión preventiva como medida cautelar. La próxima audiencia en la que se determinará su situación judicial será el martes 24 de junio.  

Eran alrededor de las 12:00 del día cuando Leticia y sus hijos escucharon los golpes contra el portón. La mujer, con mucho miedo, tomó su celular y grabó el momento en que derribaron la puerta de metal y se metieron a la casa.  

Una mujer policía se dirigió a los hermanos con insultos y los acusó de agredirlos en la calle.  

“¡Oye tiraron mi moto! ¡Hey! ¿qué hacen? ¡Están dentro de la casa!”, se escuchó decir a uno de los hermanos. 

“¡Están en el patio!”, gritó otro mientras grababa.  

La mujer policía señaló a uno de ellos. “¡Es ese pendejo! ¡Tú fuiste parte de eso!”, le reclamó.  

En otro de los videos la misma mujer policía insistió en las acusaciones. “¿Qué hiciste puta madre? ¡La cámara te grabó!”, se escuchó. 

Uno de los jóvenes alcanzó a cerrar la puerta de la casa, pero no fue suficiente para impedir a los policías ingresaran, los golpearan y arrestaran. Incluso, tuvieron que ser ingresados al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” para ser atendidos por las lesiones que les causaron. 

La familia escuchó varias detonaciones en el patio y grabó el momento en que también entraron policías por la parte trasera de la casa. Desde ahí les lanzaron gas lacrimógeno y en la confusión no alcanzaron a distinguir qué oficial disparó contra uno de ellos. 

Alan, uno de los hermanos Bastarrachea, tiene fracturado el pie y se encontraba en la casa por incapacidad laboral. Le dispararon en la espalda y aunque la herida no fue de gravedad, sí resultó con una lesión por las esquirlas.   

Mientras que a Jorge lo golpearon al punto que puede perder la vista y necesita una cirugía.

De la denuncia de los policías estatales, que presuntamente fueron agredidos por los hermanos Bastarrachea Puga, se inició la carpeta de investigación CI- 2- 2025- 914 por los delitos de ultrajes a la autoridad y lesiones calificadas.   

Los agentes denunciados son: que Carlos José Panti Chi, Miguel Dzul Chi, José Alberto López Rodríguez, Celina Anahí Pérez Santos, José Miguel Casanova Maldonado, Ramón Isidro Hu Panti y David Alejandro Uc. 

La audiencia de control para determinar sí fue legal o no la detención se realizó el viernes a las 9:30 de la mañana y terminó a las 23:00 horas. Durante 13 horas y media la defensa de los hermanos Bastarrachea Puga y la fiscalía debatieron sí era legal o no la detención. 

La carpeta judicial CJ-703/24-2025/JC quedó asignada a la jueza Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, quien, además, cambió de última hora el formato de presencial a virtual, para negar el acceso de medios de comunicación, a pesar de que se trataba de una audiencia pública.  

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) llevó la defensa de los policías y alegó que existieron dos momentos en que se cometieron delitos, lo que motivó que se allane la casa sin una orden de cateo y de aprehensión. 

En un primer momento se expuso ante la jueza que tres hombres, cuyas características eran parecidas a tres de los cuatro hermanos, apedrearon una unidad policial en la que iba la policía Giselle; huyeron y entraron a la casa con portón gris.  

Expusieron que minutos después, la policía Giselle vio a tres hombres distintos a los referidos afuera de ese predio, preguntó por ellos y le respondieron con insultos, además que a su compañero le rompieron una botella en la cabeza.  

La agente pidió refuerzos y acudió otra unidad en la que iba a bordo la policía Celina, a quien supuestamente Eduardo y Alan, en presencia de los demás oficiales, metieron a la casa y amagaron con un cuchillo. Según la defensa, esos hechos obligaron a los policías a entrar sin orden de cateo y arresto.  

El abogado Edwin Trejo representa a los hermanos Bastarrachea Puga; para él no fue sorpresa que la jueza determinó la legal detención. Expresó que después del motín de Koben, que tuvo como resultado que la gobernadora Layda Sansores desarticulara a la corporación, de ningún modo pueden reconocer que los policías actuales se equivocaron. 

“Si la jueza decretara ilegal la detención estaría avalando que la policía está actuando mal, que la Secretaría de Seguridad Pública está permitiendo que esta policía actúe mal y para la visión que tiene el gobierno del Estado, para su narrativa, esto ya no es permisible. Por eso la premura y la urgencia de que diga un juez que fue legal la detención. Para que salga el próximo martes, la secretaria de justicia, Marcela Muñoz salga a decir ´ya lo vieron, yo estoy deteniendo a delincuentes, todo estuvo apegado a derecho, un juez ya lo dijo”, manifestó. 

Para el abogado de los hermanos Bastarrachea Puga la versión de la FGECAM no tiene coherencia y mucho menos existe evidencia de sus dichos. “En serio quieren que creamos que tres personas salieron rodeadas de policías y metieron una policía dentro de la casa”, acotó. 

Denuncian robo de teléfono

Gloria es la hermana de Ángel, Alan, Eduardo y Jorge y sobrina de Miguel; durante el ataque de los policías a su casa, Alan alcanzó a llamarle y avisarle de los hechos. Sus compañeros de trabajo alcanzaron a escuchar los gritos del joven.  

Al cortar la llamada, sus compañeros ofrecieron acompañarla a la casa para ver qué ocurría. En el trayecto recibió una llamada de Leticia, quien le informó que los habían arrestado y que ya se dirigían a la FGECAM. 

Gloria llegó justo en el momento que subían a la patrulla a su tío Miguel. Se acercó a los policías, entre gritos preguntó por qué se los llevaban. A la joven la detuvieron tres hombres policías y, luego de someterla, una mujer policía intentó quitarle el celular que llevaba consigo, pero no lo consiguió. 

“Me detuvieron por agresión, hay un video en vivo donde se ve que no los agredí, sí me alteré, pero cualquiera en mi situación. Fui detenida por tres policías hombres y después por dos mujeres que llegaron, uno de los agentes usó mucha fuerza. Tenía mi celular en la mano, y lo metí a la bolsa del pantalón, creo que fue un error y me lo debí quedar en la mano, en el video se ve claramente que lo agarran”, declaró Gloria en entrevista para Proceso. 

En un segundo momento se acercó a la escena una segunda oficial, que coincidentemente era Celina Anahí Pérez Santos, la misma que presuntamente fue privada de su libertad en la casa, ésta le sustrajo el celular. 

A Gloria la llevaron directo al juzgado cívico; la policía la intentó acusar de desorden público, pero no había ningún delito que perseguir y la dejaron en libertad. 

Al salir intentó recuperar su celular y acudió a la Secretaría de Seguridad Pública, manifestó los hechos en Asuntos Internos y le dijeron que sería atendida por el jefe César Alegría. Sin embargo, nunca la recibió. 

Luego de tres horas se dirigió a la FGECAM, en donde interpuso la denuncia por robo. Gracias a una aplicación logró rastrear su celular y lo ubicó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. 

De la mujer policía, la FGECAM se negó a dar información, fueron ciudadanos quienes lograron ubicarla y revelar su nombre.  

En la transmisión de “Martes del Jaguar” del 17 de junio, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcela Muñoz y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores simplemente aseguraron que el robo del teléfono no ocurrió.  

La casa de Leticia Puga no fue asegurada, ni resguardada. Ella reitera que sus hijos no cometieron ningún delito. Después de ser atacados por los policías estatales, a la casa llegaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR). Uno se le acercó y le aconsejó que denunciara las agresiones que habían vivido. 

“Uno me dijo ‘No se preocupe, ya sabemos cómo se portan la policía. A nosotros no nos caen bien, los polis son muy prepotentes”, contó. 

Leticia recordó que ese día estaba feliz porque todos sus hijos estaban en casa y cocinaría para ellos. Hoy debe dormir en una casa destrozada, en la que no puede acomodar ni mover nada porque son evidencias de la investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Al menos 37 policías han sido asesinados en Sinaloa desde que estalló disputa del crimen organizado

Los ataques han sido en contra de agentes en diferentes circunstancias, ya sea en cumplimiento de su deber o en descanso, hacia agentes en activo o en retiro.

Desde el mes de septiembre del 2024, cuando estalló una pugna interna del Cártel de Sinaloa, en el estado han sido asesinados 37 agentes policiacos, desde municipales, estatales y hasta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Los ataques han sido en contra de agentes en diferentes circunstancias, ya sea en cumplimiento de su deber o en descanso, hacia agentes en activo o en retiro.

El primer registro que se tiene de homicidio de un agente fue el 11 de septiembre del 2024, en Las Tapias al sur de Culiacán, donde asesinaron a Raúl Demetrio Herrera, “El Brujo”, quien era subdirector de la Policía Municipal, y tenía alrededor de un año retirado.

A partir de ese día, hasta 36 uniformados más adscritos a corporaciones policiales, sin considerar elementos militares ni de Guardia Nacional, han sido asesinados.

Los mandos en la mira

En los meses de septiembre y noviembre, se registraron los asesinatos de cinco policías en Mazatlán, dos de ellos fueron exsecretarios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El 19 septiembre atacaron a balazos y quitaron la vida a un comandante de la Municipal en la colonia Francisco Villa, tras recibir hasta 30 impactos de bala dentro de su camioneta particular.

Los extitulares de Seguridad Pública de Mazatlán, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, cayeron asesinados los días 9 y 24 de noviembre, el primero en la colonia Juárez y el segundo en la colonia Hacienda Urías.

Mientras que en la capital sinaloense, en Culiacán, el 22 de noviembre un grupo armado irrumpió en una cafetería del sector Montebello y asesinó a Benjamín Villarreal Guerrero, exsubdirector de la Policía Municipal de Culiacán, quien seguía activo, pero ya no como mando.

También en Culiacán, el 28 de noviembre encontraron sin vida por La Costerita a Francisco Javier “N”, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa.

Las agresiones a mandos policíacos se extendieron a Navolato, el 28 de abril, cuando asesinaron a Marco Antonio “N”, comandante de la Policía Municipal, en las afueras de su domicilio.

Caídos en servicio

La noche del 25 de octubre del 2024, los oficiales Carmen e Iván Orlando, de la Policía Municipal de Navolato, se encontraban dentro de una patrulla estacionada afuera de un plantel del Cobaes en San Pedro, cuando hombres armados los asesinaron.

La mañana del 6 de diciembre, un grupo de policías estatales transitaban cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán para dirigirse a un festejo por el Día del Policía, los interceptaron y asesinaron a un elemento, además de herir a cuatro más.

El 23 de enero, dos agentes de la Municipal de Culiacán perdieron la vida tras un ataque a balazos frente al Parque 87, mientras transitaban dentro de una patrulla.

Tres elementos de la Policía Municipal de Culiacán atendieron un reporte en el sur del municipio el 28 de febrero, y reaparecieron asesinados hasta el 2 de marzo, en una brecha de terracería en la sindicatura de Costa Rica. Joel Alberto, Ezequiel y Petra Emilia presentaron huellas de tortura.

La noche del 7 de mayo, en el sector Pradera Dorada de Mazatlán, un comando armado atacó a balazos a un grupo de policías municipales, dicho atentado dejó a dos oficiales asesinados y cuatro más lesionados.

Ataques a domicilio

El 12 de noviembre del 2024, un oficial de la Municipal de Mazatlán fue asesinado apenas llegó a su vivienda en el fraccionamiento San Marcos.

En la capital, el 18 de noviembre privaron de la libertad a un Policía Municipal de Culiacán en la sindicatura de Quilá, y el 20 de noviembre lo hallaron sin vida en un camino de terracería en la sindicatura Costa Rica.

Patricio “N”, otro Policía Municipal de Culiacán, estaba en un local donde venden pollos en la colonia Progreso, cuando llegaron a asesinarlo a balazos el 15 de marzo del 2025.

El pasado 8 de junio, agresores irrumpieron en una vivienda en Cofradía de La Loma, municipio de Navolato, y quitaron la vida a Rafael “N”, policía estatal activo, junto con su hermano.

La otra violencia: agentes desaparecidos

De septiembre de 2024 al 10 de junio de 2025 la Fiscalía General del Estado ha registrado 17 desapariciones de personas con ocupación Policía Estatal o Municipal.

De los agentes desaparecidos, tres fueron localizados con vida y seis sin vida, mismos que se ubican dentro de los 37 policías asesinados.

La FGE estableció que continúan activas las búsquedas de ocho agentes, pues no han sido ubicados.

Uno de los casos reportados fue el 13 de septiembre del 2024, cuando quedó abandonado dentro del Parque 87 de Culiacán el vehículo de un policía estatal activo, quien fue privado de su libertad y horas más tarde lo localizaron sano y salvo en su domicilio.

Para el 26 de septiembre del 2024, ocurrió con un oficial de la Municipal de Mazatlán.

Asimismo, una custodio del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fue vista por última vez en el fraccionamiento Villa Bonita, en la capital. Pasó su periodo de descanso de 72 horas, pero ya no se presentó a trabajar.

La noche del 21 de noviembre del 2024, un agente de la Policía Estatal celebraba el cumpleaños de su padre en el poblado Estación Obispo, de la sindicatura Higueras de Abuya, en Culiacán. Sujetos armados irrumpieron en el convivio disparando al aire, luego asesinaron al padre del policía y a un amigo de la familia, y posteriormente privaron de la libertad al oficial y su hermano.

El caso más reciente registrado es el de Urías Hernández Pardiñas, policía municipal de San Ignacio y exmando de la misma corporación.

En la ficha de su desaparición se señala que no se sabe de su paradero desde la noche del domingo 8 de junio, cerca de las 21:30 horas, en la colonia Labastida Ochoa, perteneciente a San Ignacio.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/HUMBERTO QUINTERO.

Sheinbaum condenó que policías del grupo Pakal de Chiapas cruzaran Guatemala durante enfrentamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los hechos están siendo investigados y que próximamente dará mayor información.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el grupo de seguridad de Chiapas “Pakal” cruzó la frontera con Guatemala, lo cual consideró que “no está bien” e instruyó mayor investigación al respecto.  

“Todo parece indicar que sí, lo están investigando, y no está bien que eso haya ocurrido. Y mañana, si quieren, vamos a dar toda la información sobre esto, que lo pueda dar ya el secretario de Seguridad”, dijo.

Añadió que hasta esta mañana no había información de que elementos policiacos de Guatemala estuvieran coludidos con las organizaciones criminales, razón por la cual el grupo de seguridad en el sureste mexicano ingresara a territorio guatemalteco.  

“No tenemos información sobre ello. Y mañana podemos dar más información. Sí se dio el informe en el Gabinete de Seguridad, pero quedaron de… Les pedí, les instruí a que hicieran una mayor investigación”, afirmó.  

Esta mañana el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, publicó en su cuenta de X: “Sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala, es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia”.  

Agregó: “Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros seguiremos aplicando la ley con firmeza y sin distinción alguna. El pueblo de Chiapas vivirá en paz”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Siete policías en Michoacán son declarados culpables por la desaparición forzada de un agricultor

La víctima se encontraba trabajando en una huerta cuando los agentes, sin motivo alguno, lo golpearon, sometieron y subieron a una patrulla con rumbo desconocido.

Siete policías municipales de Ziracuaretiro, entre ellos una mujer, fueron declarados culpables de la desaparición forzada de un agricultor, ocurrida el 10 de septiembre de 2019, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con el organismo de procuración de justicia, durante el juicio oral el agente del Ministerio Público demostró que el día de los hechos el agricultor Isaac G. se encontraba en una huerta de aguacate, ubicada en la avenida 5 de mayo del municipio señalado, cuando llegaron los agentes imputados y sin motivo alguno golpearon a la víctima en diversas partes del cuerpo.

Posteriormente, el hombre fue sometido y subido a una patrulla en la que se lo llevaron con rumbo desconocido, sin ser puesto a disposición de alguna autoridad competente y desde entonces se desconoce su paradero.

Como resultado de las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se integró la carpeta de investigación y se estableció la posible participación de los entonces servidores públicos en el delito, quienes fueron presentados ante el Juez de Control que resolvió vincularlos a proceso.

Los detenidos fueron identificados como Juan José “N”, Raúl Ernesto “N”, Luis Ángel “N”, Marco Antonio “N”, Víctor Hugo “N”, Moisés “N” y Rocío “N”.

En audiencia, y luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio en contra de los acusados y será próximamente cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.

Según la FGE, las investigaciones continúan porque la víctima sigue sin ser localizada.

Apenas el 18 de mayo anterior tres policías municipales de Zamora habían sido condenados por la desaparición forzada de dos hombres y una mujer, el 4 de agosto de 2023.

Las víctimas habían sido detenidas cuando circulaban en un vehículo y presuntamente dieron una vuelta sin precaución, fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, adonde llegaron los agentes René “N”, Miguel “N” y Rubén “N”, quienes las esposaron e internaron en el área de “barandillas”, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Otro militar al frente de la Policía de San Felipe

El Capitán de Fragata, Omar Armando Valdés Neria, fue nombrado nuevo Director de la Policía Municipal de San Felipe, en sustitución de Marco Vinicio Tisnado García, el cual dejó el cargo luego de mantener la titularidad de la corporación desde que José Luis Dagnino se volvió presidente del Concejo Fundacional de San Felipe hace ya casi 4 años.

La modificación en el séptimo municipio obedece -oficialmente- a rotaciones normales dentro de la Secretaría de Marina, pues el ahora ex jefe Marco Vinicio Tisnado, está próximo a jubilarse y será enviado a una misión castrense en el Sur del país.

La renuncia fue presentada el pasado sábado 31 de mayo, pero se hizo efectiva al término de la jornada electoral del primero de junio, toda vez que ya estaba definido todo el plan de trabajo para garantizar la seguridad dentro la jornada.

Este lunes 2 de junio, el Cabildo de San Felipe, recibió tanto la renuncia como la propuesta de José Luis Dagnino, presidente municipal del puerto, para presentar al nuevo mando de la seguridad, el cual fue respaldado por los ediles.

Según el curriculum vitae, Omar Armando Valdés Neria, es Capitán de Fragata Infantería de Marina, Paracaidista, quien ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar, en 1999, como Cadete del Cuerpo de Infantería de Marina.

Cuenta con 24 años de experiencia de servicio al mando y manejo de personal, recursos financieros y materiales.

“Durante su desarrollo profesional se ha desempeñado como Oficial de cargo en diversas unidades de Infantería de Marina de la Armada de México, así como Comandante y Jefe de Grupo de Comando en Compañías y Batallones de Infantería de Marina; específicamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco; siendo su última comisión operativa, la de Jefe de Grupo de Comando del Batallón de Infantería de Marina Número 37 en Coatzacoalcos, Veracruz”, reza el documento público.

Cuenta con experiencia en áreas civiles, como cuando en 2019 fue nombrado Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, en La Paz, Baja California Sur.

Cuenta con “Diplomado en Políticas Públicas de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión de Defensa de la H. Cámara de Diputados, en la Ciudad de México”.

Cabe señalar que se ha hecho acreedor a las Condecoraciones de Perseverancia de Sexta, Quinta y Cuarta Clase por haber cumplido de 10 y 15 y 20 años de servicio activo en la Armada de México, también ha sido merecedor del Distintivo de Mando Naval.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

CDMX: Policías pedían 40 mil pesos a motociclistas para liberarlos, denuncian familiares

Para presuntamente extorsionar, los policías alegaban que los documentos de la moto eran falsos, pero se pudo comprobar su autenticidad

Tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron detenidos por su presunta participación en la detención injustificada de dos motociclistas, a quienes habrían exigido 40 mil pesos en efectivo a cambio de su liberación. 

La denuncia fue presentada por un familiar de las víctimas en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el informe oficial, el caso se reportó a través del Centro de Comando y Control (C2) Norte, tras una solicitud de apoyo en una plaza comercial ubicada en Othón de Mendizábal y Juan de Dios Bátiz. 

Al llegar al lugar, un hombre de 32 años informó que sus dos familiares habían sido detenidos por policías que patrullaban la zona, quienes les solicitaron la documentación de la motocicleta y afirmaron que los papeles eran falsos.

El denunciante agregó que, tras la revisión, los oficiales exigieron una suma de dinero para liberarlos. Ante el reporte, personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Subsecretaría de Operación Policial acudió al Ministerio Público para verificar los hechos.

En las instalaciones ministeriales se comprobó la autenticidad de los documentos presentados por los motociclistas.

Como resultado, los tres policías señalados fueron arrestados, se les leyeron sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Mientras avanza la carpeta de investigación administrativa interna, los oficiales permanecerán suspendidos de sus funciones. La SSC reiteró que colaborará con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Destituyen a comandante de FRIP en Chiapas por presuntos nexos con el crimen organizado

La destitución del comandante se da luego de que Francisco Ramírez Galindo, un exmiembro de la FRIP, realizara una denuncia en contra de José Carlos Lemus.

José Carlos Lemus Vidal fue destituido como comandante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) asignado al municipio de La Concordia, Chiapas, informó este sábado el gobernador Eduardo Ramírez.

Mediante un video difundido en su cuenta personal de la red social X, Ramírez dio a conocer que José Carlos Lemus fue denunciado por cometer presuntamente el delito de corrupción y complicidad con el crimen organizado.

“Por lo tanto, de inmediato se tomaron acciones y le pedí al fiscal General del Estado que garantice los derechos del denunciante. Además, instruí al secretario de Seguridad del Pueblo que separe de su responsabilidad al comandante de esta región para que pueda enfrentar una investigación legal y honesta”, apuntó el gobernador chiapaneco.

La destitución del comandante se da luego de que Francisco Ramírez Galindo, un exmiembro de la FRIP, realizara una denuncia pública en redes sociales en el que señalaba a José Carlos Lemus lucía en estado de ebriedad durante sus labores.

Asimismo, acusó a José Carlos Lemus de aceptar sobornos para proteger a delincuentes, así como solapar abusos sexuales dentro de la institución policiaca y, fabricar delitos.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez afirmó que su administración tomó con “mucha seriedad” esta denuncia pública y solicitó al fiscal garantizar los derechos del denunciante Francisco Ramírez Galindo.
“Seguiremos enfrentando a la delincuencia. Sé que hemos afectado intereses económicos y quisieran que fracasáramos en nuestra estrategia de seguridad. Ningún grupo delictivo verá sus ojos fracasar esa estrategia. En un gobierno que tiene autoridad moral, que no hace actos de complicidad con ningún grupo y de ninguna naturaleza la ley siempre será aplicada con transparencia y eso dará como resultado un paz en la que vivimos y en la que trabajamos todos los días”, subrayó.

“Chiapas ya sufrió mucha violencia y sangre, y me comprometo a que ese capítulo no se vuelva a repetir. En Chiapas garantizaremos la paz, porque la ley siempre se aplicará con transparencia”, concluyó el gobernador.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.