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Trump va a Capitolio a cabildear impuesto a remesas; Senado mexicano envía comitiva a Washington

El presidente Donald Trump visitó el Capitolio de Estados Unidos, el 20 de mayo de 2025, para instar a los congresistas republicanos, a llegar a un acuerdo respecto a aprobar el gravamen de 5 por ciento a las remesas que enviaban los migrantes al extranjero, como parte del proyecto de ley denominado ‘The One, Big, Beautiful Bill’ -presentado por el legislador republicano Jason Smit-, que debería ser discutido en el Pleno de la Cámara de Representantes estadounidense y eventualmente en el Senado de EE. UU.

El magnate neoyorquino concluyó su reunión -que duró alrededor de una hora- con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declarando que su partido tenía una “unidad increíble”, por lo que les imploró que dejaran atrás sus diferencias sobre el proyecto de ley y lo aprobaran lo antes posible.

Asimismo, Trump elogió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien había estado trabajando para reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley ‘The One, Big, Beautiful Bill”, que esperan llevar a votación el jueves 22 de mayo de 2025. “Soy su mayor admirador; adoro a este tipo”, dijo el magnate neoyorquino, antes de la reunión.

La noche del 19 de mayo de 2025, el Senado de República mexicano informó que el día 20 del mismo mes y año arribaría a Washington D.C. una comitiva compuesta por integrantes de todos los grupos parlamentarios, para dialogar sobre el impuesto a las remesas, con legisladores estadounidenses.

“Esta visita tiene por objeto dar a conocer el posicionamiento del Senado de la República sobre la propuesta para gravar impositivamente las remesas de nuestros paisanos al 5 por ciento, medida que rechazamos, pues dañaría a millones de familias trabajadoras, y generaría un impacto importante en la economía tanto de México, como de los Estados Unidos”, indicó la Cámara Alta, en un comunicado.

Entre los senadores que integrarían la comitiva estaban Moisés Ignacio Mier Velasco, Andrea Chávez Treviño, Alejandro Ismael Murat Hinojosa y Karina Isabel Ruiz, de la bancada de Morena, así como Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT).

También acudirían a Washington D.C., los senadores Ruth Miriam González, Mauricio Vila Dosal, Cristina Ruiz Sandoval y Amalia Dolores García Medina, de los grupos legislativos de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), respectivamente.

El Senado de la República mexicano apuntó que la tarde del 19 de mayo de 2025, los integrantes de la comitiva mantuvieron una reunión de trabajo con el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez y con el Jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según detalló la Cámara Alta del Congreso de la Unión, la agenda oficial de los senadores -quienes estarían acompañados por Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Embajada de México en Washington D.C.- concluiría el jueves 22 de mayo de 2025.

“Dimos un paso crucial para aprobar el ‘Gran y Hermoso Proyecto de Ley’, para hacer realidad la visión de América Primero del presidente Trump para el pueblo estadounidense. Así que, sigamos adelante y cumplamos lo que le prometimos a Estados Unidos”, enfatizó Jodey Arrington, el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de EE. UU., la noche del 18 de mayo de 2025.

Sin que hubiera discusión en torno al gravamen a las remesas al exterior, dicho Comité logró la aprobación del plan fiscal y gastos de Trump, con 17 votos a favor, todos republicanos, y 16 en contra, todos de congresistas demócratas.

Del total de mil 116 páginas que componían el plan fiscal y de gastos de Trump, sólo 9 de ellas se referían a la propuesta para gravar las remesas que envían los extranjeros radicados en EE. UU., a sus países de origen.

El 16 de mayo de 2025, 24 miembros del Grupo Hispano del Congreso -el llamado ‘caucus hispano’, compuesto por miembros del Partido Demócrata- rechazaron la iniciativa de gravamen del 5 por ciento a remesas y coincidieron con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, en considerarlo como un proyecto “dañino”.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, más de 20 congresistas hispanos le solicitaron que no se aprobara la iniciativa impulsada por legisladores republicanos.

Además, los congresistas hispanos calcularon en más de 40 millones el número de personas que podrían ser afectadas por dicho impuesto. Asimismo, advirtieron que la medida representaba una traición a valores estadounidenses y dijeron que la mandataria mexicana tenía razón en oponerse, porque afectaría a los migrantes.

“La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya condenó públicamente esta propuesta, calificándola como económicamente dañina para ambos países y una traición a los valores estadounidenses. Tiene razón […] Un impuesto a las remesas no solo afecta a las familias más necesitadas, también socava los esfuerzos por reducir la migración irregular”, señalaron los legisladores hispanos, en su misiva.

El mismo día, entrevistada por representantes de diversos medios de comunicación, tras una reunión con familiares de los mineros que quedaron atrapados en la mina del Pinabete, en Sabinas, Coahuila, la presidenta mexicano advirtió que el hecho de que aún cuando se hubiera reprogramado la discusión del impuesto a las remesas en el Congreso de EE. UU., su Gobierno permanecería atento al proceso legislativo.

“Está planteado que lo van a volver a discutir y vamos a seguir para evitar que pueda haber este este impuesto, que es muy injusto y además viola un convenio que se tiene con Estados Unidos […] Bueno, no se aprobó, pero hay que estar pendientes”, subrayó Sheimbaum Pardo.

“Pues sí, que nos ayuden todos los paisanos a contactar a su congresista para decirle que es injusta esa medida y aparte pues nosotros con el Congreso [de Estados Unidos], vamos a estar muy atentos”, insistió la titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano.

El 17 de mayo de 2025, Sheinbaum Pardo atribuyó el freno que la Cámara de Representantes de EE. UU. hizo a la propuesta de un impuesto del cinco por ciento a las remesas, a la unión del Gobierno mexicano con “el pueblo” y a la solicitud ella hizo para que los paisanos en dicho país mandaran cartas y presionaran en redes sociales a los legisladores estadounidenses.

“Recientemente se anunció por parte de congresistas de Estados Unidos que quieren ponerle impuestos a las remesas que se envían a nuestro país y a otros lugares del mundo. ¿Y qué fue lo que dijimos? No se puede gravar dos veces a quien ya paga impuestos”, expresó la mandataria mexicana.

“Y entonces convocamos a que desde aquí, que nuestros paisanos en Estados Unidos, envíen cartas, correos electrónicos o redes sociales a los congresistas, a decir que las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos trabajan honestamente y todos pagan impuestos, independientemente de su situación migratoria”, agregó la presidenta de México.

“Y vamos logrando poco a poco. El día de ayer, 24 congresistas dijeron ‘no debemos votar a favor de los impuestos a las remesas’. Y eso es lo que logramos cuando trabajamos juntos por el pueblo de México y muchas otras acciones que ha habido”, afirmó Sheinbaum Pardo, en un discurso durante el arranque de obras de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San José del Cabo, Baja California Sur.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

CSP dice que habló con Embajador de EU sobre comercio, migración, seguridad y remesas

Claudia Sheinbaum buscará el diálogo con el nuevo Embajador, Ronald Johnson, para profundizar en temas como seguridad, migración, comercio y remesas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) informó la mañana de este martes que, durante su encuentro con el nuevo Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hablaron sobre comercio, migración, seguridad y remesas.

Sheinbaum destacó una vez más la buena relación que el Gobierno de México desea mantener con los Estados Unidos (EU), de manera que los acuerdos y temas que se han venido tratando con el país vecino puedan continuar y profundizarse.

“Hablamos de algunos temas que han ocupado nuestro tiempo en los últimos meses: el tema comercial, el tema de migración, el tema de seguridad”, remarcó la Presidenta.

Esta reiteración la hizo en la conferencia de prensa matutina al responder varias preguntas de un reportero que cuestionó a la mandataria respecto a la reciente acreditación del Embajador de EU, Ronald Johnson.

Al referirse al encuentro que tuvo con Johnson, Sheinbaum recordó la entrega de las cartas credenciales a distintos embajadores, entre ellos al de Estados Unidos, y sostuvo que el encuentro con el Embajador, quien fue acompañado por su esposa, se desarrolló con cordialidad.

“Les enseñamos el Palacio Nacional. Fue una reunión muy cordial. Hablamos de la importancia de la relación México-Estados Unidos o Estados Unidos-México, y de tener comunicación permanente”, informó la Presidenta.

Sobre el seguimiento de la relación México-EU, reafirmó que “hay una buena coordinación y queremos mantener esta coordinación, esta colaboración”. También señaló que el Embajador “fue muy respetuoso en reconocimiento al trabajo que ha hecho el Gabinete del Gobierno de México", por lo que cree que "va a ser una muy buena relación entre el Embajador y el Gobierno”.

En cuanto a los temas de seguridad, la Presidenta se mostró interesada en que las reuniones entre ambos gobiernos y sus respectivos gabinetes de seguridad puedan seguir realizándose sobre la base del buen entendimiento y el respeto.


“Los invitamos a que en esta ocasión puedan venir a México a tener la reunión aquí en nuestro país”, precisó. “Y lo que se firmó en aquella ocasión, cómo le damos seguimiento. Nada en particular nuevo, sino más bien cómo le damos seguimiento al trabajo que hemos venido desarrollando”, insistió la Jefa del Poder Ejecutivo.

Por último, Claudia Sheinbaum volvió a tocar el tema del impuesto a las remesas y manifestó su desacuerdo con esta medida. Informó que el día de hoy “un grupo de senadores va a reunirse con legisladores de Estados Unidos para explicarles nuestras razones de por qué no es una buena idea gravar las remesas”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Universitarios de Zacatecas acusan impunidad en caso de exrector, acusado de abuso

Rubén de Jesús “N”, entonces rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue detenido el 9 de mayo después de ser denunciado en la Fiscalía estatal por violación equiparada agravada a una menor de edad.

Rubén de Jesús Ibarra Reyes, vinculado a proceso por abuso sexual a una menor de edad, presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas en medio de señalamientos de la comunidad universitaria de estar protegido por el Poder Judicial, la Universidad y el Gobierno de David Monreal.

La comunidad de estudiantes, docentes y el Movimiento Feminista de Zacatecas encabezaron este lunes un paro de labores en la mayoría de los planteles de la universidad para exigir no solo su renuncia, sino su inhabilitación como académico y para solicitar una revisión a la sentencia del Juez Alfredo Sánchez que reclasificó el delito a uno no grave.
“Como todo hombre de poder, y que lo ha hecho claro y manifiesto, está totalmente protegido por el Ejecutivo, el señor David Monreal. Cuando fue la represión del movimiento 8M en 2024, que fueron detenidas y torturadas 17 compañeras por parte de Seguridad Pública, al siguiente día el señor Ibarra se paseaba plácidamente en un evento con el Secretario general de Gobierno. Es muy cercano a la familia de los Monreal; claro que lo iban a proteger”, recordó en entrevista Cristela Trejo, académica de la UAZ.
Rubén de Jesús “N” fue detenido el 9 de mayo después de ser denunciado el año pasado en la Fiscalía estatal por violación equiparada agravada a un menor de edad.

Las autoridades de la UAZ declararon que el procedimiento legal está relacionado con su vida personal y no académica.

Estuvo siete días en prisión preventiva en el centro de Cieneguillas. Pero el viernes pasado, después de una audiencia de más de 20 horas, el juez Alfredo Sánchez lo vinculó a proceso solo por abuso sexual, un delito no grave, por lo que obtuvo libertad condicional. Una de las condiciones es no acercarse a la víctima.
“La primera exigencia es la destitución del señor Rubén Ibarra no solamente como rector, sino inhabilitación en cualquier función de nuestra universidad. La renuncia le deja todos sus derechos y privilegios a salvo dentro de la universidad y él puede seguir caminando impunemente como la venido haciendo después de su liberación”, dijo la académica de la UAZ. 
Y sobre la sentencia agregó: "Vamos a trabajar en los criterios que tomó el juez y generar un proceso administrativo para hacer una revisión puntual de la responsabilidad del juez en esta reclasificación del delito y por qué no la impugna la Fiscalía local para saber cómo se tejió esta red de influencia".

Su defensa legal, Darío Gamón Rodríguez, informó a la prensa local que el exrector aceptó ser culpable de abuso sexual a cambio de recibir una pena de cuatro años de prisión en libertad condicional.

“Esta decisión la tomó por una tranquilidad y paz familiar, por supuesto personal y sabiendo quién es, también por la universidad”, dijo el abogado.

"La UAZ encubre violadores"

Este lunes facultades de la Universidad Autónoma de Zacatecas amanecieron en paro de labores para exigir que Rubén de Jesús “N” sea destituido de sus credenciales como docente.

“Destitución no, renuncia”, “Rescisión total de contrato laboral” y “Las niñas no se tocan. La UAZ encubre violadores” son algunos de los reclamos manifestados en cartulinas colocadas en las puertas de la universidad.

“Lo que ocurrió en esa audiencia, encabezada por el Juez Alfredo Sánchez, es exactamente lo que el sistema patriarcal está hecho para hacer: proteger a los hombres, pero sobre todo a los hombres con poder”, manifestó en un comunicado el Movimiento Feminista de Zacatecas.
“Nosotras sabemos de su cercanía, desde el poder judicial hasta la fiscalía y el poder ejecutivo (David Monreal). Se construye una red de poder que hoy ha transformado una acusación de violación equiparada –delito que nuestro código persigue hasta con 20 años de prisión– en ‘abuso sexual’ que, con un procedimiento abreviado, quedará en condena simbólica y libertad condicional”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA, MONTSERRAT ANTÚNEZ.

Sicarios disparan y matan a la secretaria particular de Clara Brugada y a su asesor

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor, perdieron la vida durante una agresión directa en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, de la Alcaldía Benito Juárez.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Clara Brugada Molina confirmaron la mañana de este martes que asesinaron a Ximena Guzmán y a José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), durante un ataque directo.
"El Gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, Asesor, en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, de la Alcaldía Benito Juárez", anunció primero Brugada Molina.
A través de una tarjeta informativa, detalló que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión.


Además, Brugada explicó que las autoridades están trabajando en el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona "para identificar a los probables responsables que, se sabe, viajaban a bordo de una motocicleta".
"No habrá impunidad. Los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia", aseguró la mandataria capitalina en el boletín que difundió por medio de sus redes sociales.
Finalmente, aprovechó para enviar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas, a quienes se les brindará todo el apoyo necesario.

Casi de inmediato, la Presidenta de México se pronunció sobre el tema en Palacio Nacional. Dijo que ya había tenido oportunidad de verificar la información que recibió unos minutos antes, razón por la cual estuvo dialogando con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras se presentaba un informe, hecho que llamó la atención de los medios de comunicación.

 


"Quisiera dar una información muy, muy relevante. Por eso nos estábamos comunicando con el Secretario [de Seguridad]. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa", declaró durante su conferencia de prensa matutina.
Posteriormente, Sheinbaum Pardo leyó el documento, y afirmó que "desde el primer momento Omar [García Harfuch] giró instrucciones" para que las autoridades capitalinas tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Subsecretaría de Inteligencia de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con sus palabras, el Gobierno federal brindará "todo el apoyo que requiera la Jefa de Gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no haya impunidad".
"Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares. Todo el apoyo que requiera la Jefa de Gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Nuestro apoyo incondicional a la Jefa de Gobierno", insistió Sheinbaum.
"Y por supuesto nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos. Nuestra solidaridad con sus familias, a Clara y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México", agregó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más desfalcos de Duarte: 276 mdp para factureras que burlaron el radar de las autoridades

La administración duartista en Veracruz desvió 276 millones de pesos a empresas fantasma que no fueron incluidas en las denuncias de la ASF. Algunas de las compañías fachada también hicieron negocios con otros gobiernos, incluido el de AMLO.

Que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, contrató empresas fantasma es un asunto conocido. Por eso fue condenado a nueve años de prisión —de los cuales, ya ha purgado siete— y a una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo, quedaron algunos casos sin considerar. Más de ocho años después de que abandonara su cargo y huyera a Guatemala, donde fue detenido, salen a la luz contrataciones con compañías fachada que, hasta la fecha, no han sido incluidas en las 71 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra su administración.

Este nuevo capítulo de la larga historia del político que gobernó Veracruz de 2010 a 2016, se escribe a partir de los hallazgos en una base de datos de contratos realizados entre el gobierno y Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), creada por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México y Quinto Elemento Lab.

Su análisis permitió descubrir 95 convenios con 16 compañías que facturaron 276.6 millones de pesos de recursos federales, y que pasaron desapercibidos para los auditores. Esta cantidad de dinero equivale a poco más de lo que cuesta construir y equipar un hospital regional en Veracruz para brindar servicio a 35 mil habitantes. 

La mayoría de estas empresas fachada eran veracruzanas, un par se constituyó en Puebla y una en Guadalajara; algunas tenían direcciones fiscales en viviendas de zonas populares, o socios de bajo perfil o ilocalizables; otras recibieron contratos al poco tiempo de haber sido creadas, pero todas tenían al menos una cosa en común: ninguna pudo refutar los señalamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, por esa razón, fueron incluidas en la lista definitiva de EFOS. 

Los recursos entregados a las factureras procedieron, sobre todo, de secretarías estatales —Educación, Desarrollo Social, Salud—, entre las que destaca la de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que les destinó 237 millones de pesos.

Además, las empresas obtuvieron 81 millones de pesos adicionales por contratos con dependencias federales, principalmente con la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, y la Secretaría de la Función Pública, además de los gobiernos de Hidalgo, Morelos y Oaxaca. Firmaron también convenios con las siguientes administraciones, incluida la de Andrés Manuel López Obrador.


De áreas prioritarias a bolsas fantasmales

Los contratos de la SIOP debían servir para una cancha de usos múltiples en Tantoyuca, la remodelación del parque Reino Mágico en Veracruz, pavimentación de calles en Xalapa, un estudio para el manejo de la basura en municipios del sur, y 79 obras carreteras en todo el estado. 

Para estos proyectos se destinaron recursos federales, que tenían que invertirse en educación, salud, infraestructura social y seguridad pública.

La SIOP justificó en el papel su aplicación a proyectos de infraestructura, pero en la práctica, las transferencias federales fueron a parar a siete empresas fantasma: Infraestructura en Construcción, Inmobiliaria Gomgo, Grupo Inmobiliaria Frabersa, Consorcio de Ingeniería Petrolera, Comercializadora y Constructora Gora, Antep y Grupo de Servicios Gamyt.


Infraestructura en Construcción se llevó 118 millones de pesos mediante 25 contrataciones. En esa compañía, Quinto Elemento Lab y AVC Noticias encontraron que un albañil y un jardinero figuraban como socios, aunque la persona que solía encargarse de los convenios era el representante legal, el arquitecto Ramón Montano Hernández, quien junto con su familia  formaba parte de otras dos constructoras contra las que a veces simulaba competir para ganar licitaciones.


Casi todas las obras eran para trabajos carreteros del norte al sur de Veracruz. La SIOP respondió por Transparencia que no halló los expedientes de cinco contratos y, de otros 19, admitió que existían, pero condicionó su revisión a que fuera presencial y solo si se acreditaba pertenecer a la empresa. Sobre uno más, relacionado con el parque Reino Mágico, la secretaría indicó que no podía entregar información porque estaba en medio de un juicio administrativo.

La dependencia también recibió un cuestionario por escrito, pero no contestó a las preguntas para este reportaje.

El enorme parque inaugurado a finales de los ochenta era como un pequeño Chapultepec para los veracruzanos: tenía una gran zona arbolada con áreas de juegos infantiles, teatro al aire libre, un trenecito y toboganes, y albercas para enfrentar las épocas de intenso calor. De aquello queda muy poco.

Cuando Duarte gobernaba la entidad, la SIOP encargó a Infraestructura en Construcción que hiciera dentro de Reino Mágico una pista de patinaje de categoría internacional, destinada a ser sede de una competencia de velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014. La obra, que actualmente se encuentra deteriorada, costó 22 millones de pesos; de acuerdo con la prensa local, la administración duartista no pagó a la constructora.


Los contratos también llegaron a Inmobiliaria Gomgo y Grupo Inmobiliaria Frabersa, que se encargaron de 49 obras carreteras por más de 80 millones de pesos. Gomgo fue creada un par de semanas antes de que Duarte tomara posesión como gobernador, mientras que Frabersa se constituyó durante su primer año de mandato.

Ambas registraron sus domicilios fiscales en casas de colonias populares en Coatzacoalcos; donde supuestamente alguna vez estuvo Gomgo ahora hay una barbería, cuyo dependiente dijo que no había escuchado hablar de la empresa. Tampoco contestaron al cuestionario que se les envió por correo electrónico.


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Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que es una irregularidad común de las factureras que sus domicilios no tengan coherencia con el giro de la compañía: “Lo que muestran los antecedentes de empresas fantasma es que se utilizan viviendas de personas colaboradoras, de trabajadores cercanos, como prestanombres de vivienda de esta empresa”.

Las coincidencias entre las firmas tampoco son casualidad: pertenecen a la misma red —donde hay más de un centenar de contratistas o de EFOS—, formada por compañías que comparten accionistas, administradores, representantes legales o comisarios, según la reconstrucción hecha por Quinto Elemento Lab a partir de registros de comercio.

Una red que, de acuerdo con una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, obtuvo contratos en el sexenio de Duarte por más de 3 mil 600 millones de pesos.

Los nexos entre Gomgo y Frabersa son visibles a través de Yajaira Sánchez Hernández, quien en 2011 era una joven veinteañera con roles de administración y representación legal en Frabersa. Sánchez era parte de, por lo menos, otras nueve empresas con las que se tendía un puente hasta Gomgo. El suyo no es el único caso, pues otras personas están también simultáneamente vinculadas con muchas compañías.

“En general, las empresas fantasma funcionan en red. […] Si acaso sancionas a una,  no estás viendo todo el esquema”, afirma Janet Oropeza, especialista de Fundar, organización civil que analiza políticas e instituciones públicas.


AVC Noticias acudió al domicilio de Hernández, indicado en los registros comerciales de las empresas. Se encuentra en la colonia Formando Hogar, una zona de viviendas populares contigua al puerto de Veracruz. En la visita, realizada a principios de noviembre de 2024, uno de los vecinos dijo que no vivía ahí desde hacía años.

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La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) contrató a cinco firmas que acabaron en la lista de EFOS definitivas. De los 25 millones de pesos de este rubro que se entregaron a factureras, Sistemas Avanzados Deportivos —constituida en Guadalajara— recibió 9.5 millones de pesos, mientras que Comercializadora Masa de Córdoba —cuyo domicilio es un local donde se venden dulces— obtuvo 5.9 millones de pesos. Fueron contratadas por la SEV para la compra de computadoras y artículos deportivos.

El sector salud estatal también utilizó de forma irregular las transferencias federales. En total, 5.9 millones de pesos que deberían haber sido utilizados para terminar un centro de salud en Cerro Azul, al norte de la entidad, y darle mantenimiento a una docena de clínicas en comunidades de la zona sur, acabaron en manos del Corporativo Administrativo Piraya, una EFOS conformada en Puebla.

Las dependencias mencionadas recibieron un listado detallado de preguntas vía Comunicación Social, pero no brindaron un posicionamiento sobre los hallazgos de este reportaje.

Uno de los extrabajadores de esta empresa es el actual subdirector de Programación, Seguimiento, Control y Evaluación Técnica de Obras Públicas de la SIOP, Jesús Eduardo Ruiz Bermúdez. La información fue proporcionada por el funcionario en su reseña curricular, como parte de las obligaciones de transparencia. Se buscó al funcionario vía telefónica y por correo, aunque no contestó el cuestionario enviado.

Para el académico de la Universidad Veracruzana, Víctor Andrade Guevara, experto en estudios políticos y sociales de la región, el problema de la contratación pública de empresas fantasma en Veracruz está lejos de haber terminado, pero destaca que “tuvo su punto más alto en el periodo de Javier Duarte, donde se convirtió en un verdadero mecanismo de extracción de recursos de la administración pública, totalmente planificado: este es un mecanismo sistémico de corrupción”.

Negocios sin consecuencias

Aunque la ASF tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales, ninguno de los 95 contratos detectados por Quinto Elemento Lab y AVC Noticias ha sido incluido en las denuncias que enfrenta la administración duartista, según la revisión de 45 informes del órgano fiscalizador que derivaron en 71 procedimientos penales. 

De estas denuncias, apenas 14 se han presentado ante un juez, en cuatro casos no se continuó la investigación, y 53 están en la etapa de integración.

Consultado para este reportaje, el exauditor del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, explica que es probable que no se hayan detectado los convenios del gobierno de Veracruz con las EFOS porque el personal es insuficiente para examinar todas las contrataciones. 

“Todo es a base de muestras”, aclara. “Tú no tienes una bolita de cristal para saber en qué auditoría te vas a encontrar una irregularidad”. Esto hace que obras o compras pequeñas “de 3 millones o de 4 millones” comúnmente queden fuera de la revisión, precisa Lozano. La mayoría de los contratos fantasma que el gobierno de Duarte otorgó con dinero de transferencias federales está por debajo de ese rango. 

La dependencia estatal que más dinero entregó a las EFOS, la SIOP, en respuesta a solicitudes de información de Quinto Elemento Lab y AVC Noticias, aseguró que no hubo ninguna sanción administrativa ni denuncias por los contratos con empresas fantasma. En cambio, hubo factureras que sí emprendieron demandas contra el gobierno estatal. 

En respuestas enviadas por Transparencia, el Gobierno de Veracruz —en el periodo de Cuitláhuac García Jiménez— reconoció que Infraestructura en Construcción exigió el cumplimiento de un adeudo por 16.4 millones de pesos relacionado con 20 obras contratadas entre 2009 y 2015. Según un oficio entregado por la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad, la administración no había pagado a la empresa fantasma. La dependencia no respondió al cuestionario por escrito que se le envió.

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Infraestructura en Construcción siguió obteniendo contratos con recursos federales: el último, en la administración de López Obrador a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la firma ya no pudo cobrar el dinero ni iniciar la obra porque el SAT la había inmovilizado tras catalogarla como empresa fantasma.

Otra compañía que logró subsistir, aunque con distinto nombre, fue E&E Production. Esta facturera recibió 3.9 millones de pesos de la SEV para organizar eventos culturales en 2014, cinco años antes de que el SAT la clasificara como EFOS. 

Posteriormente, su socio fundador, Ernesto Carvajal del Puerto, se mantuvo activo como contratista gubernamental.

En respuesta a esta investigación, Ernesto Carvajal dijo vía telefónica que E&E Production era una microempresa sin trabajadores, donde solo se encontraban él y otro socio. “De ahí en fuera todo, todo lo subarrendábamos”. Por el impedimento para facturar, explicó que actualmente trabaja como persona física, pero opera como tal como lo hacía con la empresa: “Hacemos lo mismo (…).  Bueno, hemos crecido, hemos comprado algunas cosas, tenemos activos y todo”.

El Gobierno de Veracruz lo contrató en 2019 para conseguir a los artistas musicales de las Fiestas Patrias y obtuvo casi 30 millones de pesos por adjudicaciones directas para la realización del Festival de la Salsa en 2022 y para la instalación de los escenarios en la edición de 2023. En 2024 se encargó —también por adjudicación directa— de montar un escenario en el fuerte de San Juan de Ulúa para festejar los 200 años del Congreso de Veracruz y para el Sexto Informe de Gobierno de García Jiménez.

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Dentro del contrato con el Congreso de Veracruz, en el apartado de los datos del proveedor se menciona la página web de la empresa inmovilizada. Sobre esto, Carvajal mencionó: “No tengo nada que ocultar de la empresa. Nos quedamos con el nombre comercial, así quedamos. Y las páginas y  las redes sociales siguen siendo las mismas”. Respecto al hecho de haber recibido la mayoría de los contratos por adjudicación directa, argumentó que es porque prestaba un servicio especializado, “no es que yo tenga un amigo, un compadre, un familiar o nada de eso”.

Carvajal también fue proveedor de al menos 15 eventos políticos de Morena para la campaña de Rocío Nahle García por la gubernatura de Veracruz y para las visitas al estado de Claudia Sheinbaum durante la carrera presidencial. Documentos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral permitieron comprobar que el empresario no figuraba en la lista del SAT como contribuyente que simula operaciones. 

El actual gobierno del estado contestó brevemente por escrito a una lista de preguntas enviadas para este reportaje. Negó conocer la información de las contrataciones previas con E&E Productions y confirmó que Carvajal fue contratado en la campaña electoral de Nahle con las facturas correspondientes, sin embargo, indicaron que “no conocíamos los antecedentes que se mencionan de Ernesto Carvajal”.

Casos como este son posibles gracias a que no existe un supuesto legal que invalide a los socios de una facturera, explica Denise Tron, experta fiscal de la organización Justicia Justa, aunque por los antecedentes que llevaron a que una compañía fuera enlistada como EFOS considera que el SAT “tendría que investigar a las otras empresas en las que participan los mismos accionistas o representantes legales”.

Frente a este panorama, el académico Víctor Andrade concluye que, a pesar del transcurso de los años, poco ha cambiado la situación en Veracruz. Cuando lo dice, está por terminar el primer gobierno morenista del estado, con García Jiménez. “Es algo similar en muchos sentidos. Retornamos a las prácticas a las que se recurría en el periodo de Javier Duarte”.

NOTAS:

* Inmobiliaria Gomgo y Grupo Inmobiliaria Frabersa se fundaron en domicilios de colonias populares en Coatzacoalcos al inicio de la gubernatura de Javier Duarte. Fotografías extraidas de Animal Político: Cortesía para Quinto Elemento Lab; imagen: Google Maps

** El domicilio señalado por Yajaira Sánchez en los registros de comercio de las EFOS se encontraba en una zona popular del puerto de Veracruz. Vecinos dijeron que la mujer ya no vivía ahí. Imagen: Captura de pantalla de Google Maps

*** De entre un grupo de EFOS inmovilizadas por el SAT, solo Infraestructura en Construcción ha reclamado adeudos al Gobierno de Veracruz. La administración estatal no ha confirmado que el pago se haya realizado. Imágenes: SIOP y SEFIPLAN, respuestas de Transparencia

**** Imágenes: SIOP y SEFIPLAN, respuestas de Transparencia

***** El gobierno del Estado de Veracruz ha continuado contratando como proveedor a Ernesto Carvajal, quien fuera socio fundador de una empresa boletinada por el SAT. Imágenes: Secretaría de Turismo, AVC Noticias

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/QUINTO ELEMENTO LAB/AVC NOTICIAS.
AUTOR: /VIOLETA SANTIAGO, FLAVIA MORALES.

Gestión de AMLO instruyó beneficiar a gobierno de Cuba; pagó 111 mdp por medicamentos caducos y que no llegaron a hospitales

Por orden de su entonces director, Birmex benefició a una empresa del gobierno de Cuba con la compra de millones de gotas para los ojos sin permisos sanitarios y que resultaron de mala calidad y caducas.

Mientras pacientes reclamaban la falta de medicinas para atender sus enfermedades, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó beneficiar a la empresa representante en México del gobierno de Cuba, con contratos directos para la adquisición de medicamentos que sumaron 111 millones de pesos en 2022 y 2023.

Entre las compras estuvieron 3.4 millones de gotas para los ojos por las que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) pagó 80 millones de pesos, aunque resultaron de mala calidad, caducas y sin permisos sanitarios. Mientras que de Cisplatino, tratamiento para cáncer, sólo llegó 65 % del pedido, de acuerdo con información oficial obtenida por transparencia. 

El proveedor fue Neuronic Mexicana, S. A. de C. V., representante en México de Laboratorios AICA, que a su vez forma parte de Biocubafarma –un conglomerado de 48 compañías dedicadas a la investigación y comercialización de fármacos– propiedad del gobierno cubano.

La instrucción de beneficiar a esta empresa habría venido del general en retiro Jens Pedro Lohmann, quien entonces era el director general de Birmex, según declararon exfuncionarios de Birmex a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión a sus adquisiciones de 2023. 

“En la historia de Birmex no se había comercializado ese tipo de medicamentos, no fue hasta la licitación de compras consolidadas 2023-2024 que se instruyó por parte de la dirección general de Birmex de beneficiar al proveedor Neuronic Mexicana y que Birmex participara con diferentes claves de medicamentos que manejaba el proveedor con el Laboratorio Cubano AICA”, dijo un exfuncionario a la Auditoría.

Esta declaración contenida en el informe de la Auditoría se confirma con los datos: la compañía sólo había ganado 419 mil pesos en contratos con el gobierno entre 2009 y 2015, pero sus ganancias se incrementaron exponencialmente en la administración de AMLO, de acuerdo con datos oficiales de Compranet y de solicitudes de información.

La empresa fue beneficiada a raíz de la instrucción del expresidente de importar medicamentos sin permiso sanitario de la Cofepris o sólo con la validación de agencias de otros países. Orden que se materializó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2020. 


Neuronic Mexicana lo reconoció así en respuesta al cuestionario enviado por Animal Político: “La diferencia con años anteriores es que la importación de esos productos se realizaron bajo el Acuerdo del 28 de enero de 2020 en el que se establece la equivalencia de requisitos sanitarios para algunas Agencias Regulatorias extranjeras reconocidas por la OMS o de Referencia de la Región (en este caso clasifica la AR de Cuba el CECMED certificada por la OMS). Ese acuerdo permitió la importación sin Registro Sanitario (RS) en México, pero cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la COFEPRIS, por ejemplo que se deben analizar y liberar cada lote por un tercero autorizado”. 

En tanto, Birmex recibió el cuestionario de Animal Político desde el 29 de abril pasado y la Secretaría de Salud el 8 de mayo, en el cual se preguntó la razón para beneficiar al gobierno de Cuba y los incumplimientos de calidad y entregas de los productos, pero no hubo respuesta.


Empresa cubana incumplió entregas

Uno de los primeros contratos de medicinas ocurrió en 2022, cuando Birmex entregó 1 millón 950 mil pesos a Neuronic Mexicana por la adquisición de Aminofilina, tratamiento para enfermedades pulmonares, y Fluorouracilo, tratamiento contra el cáncer. 

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró que 54 mil dosis de Aminofilina no tenían comprobación de entrega o estaban dañadas; y lo mismo ocurrió con 10 mil dosis de Fluorouracilo.

Aún con esos incumplimientos, Birmex contrató nuevamente a Neuronic Mexicana el año siguiente, con un contrato directo por 109 millones de pesos. Mismo que fue firmado por las principales autoridades de la institución: la representante legal de Birmex, Sandra Gómez Ríos; el director de Comercialización, Manuel Arizpe Diez Martínez; el gerente de Adquisiciones, Ignacio Cruz Zúñiga y la autorización de la directora de Administración y Finanzas, Diana Soto Araballo.

La mayor parte del contrato correspondió a la compra de 3.4 millones de gotas para los ojos: Cloranfenicol, Prednisolona, Pilocarpina, Atropina y Diclofenaco sódico, por 80 millones de pesos. Todas, parte del catálogo principal de Laboratorio Cubano AICA, en su línea de producto llamada “soluciones oftalmológicas”.  

Además, el gobierno mexicano habría comprado en excedente. El pedido hecho en 2023 es mayor a la necesidad anual de 2.6 millones de piezas, como se observa en la demanda de compra de 2025-2026. 

Y una vez más, Neuronic Mexicana incumplió con el pedido, como se demuestra en los registros de entrega a los almacenes de Birmex obtenidos por transparencia. De acuerdo a la información oficial, la empresa únicamente entregó 2.2 millones de gotas oftalmológicas.


De las 192 mil piezas de Cisplatino previstas en el contrato, sólo se registró la entrega de 123 mil. Es decir, habría un incumplimiento en 35 % de la adquisición. 

Luego de la recepción en almacenes, Birmex debe enviar los productos a los hospitales, pero de acuerdo a los reportes entregados, la proporción fue ínfima. Sólo hay prueba de distribución de 32 mil de las 105 mil dosis de Atropina entregadas por la empresa; y 1,922 piezas de Cisplatino, de las 123 mil piezas compradas. Del resto de medicamentos no entregaron registro por transparencia.

Además, la Auditoría ya había analizado una muestra por 48 millones de pesos de este contrato y detectó una serie de irregularidades, como la falta de permisos sanitarios, incumplimiento de entregas, productos caducos que debieron ser destruidos o cuya mala calidad provocó rechazos de los hospitales. 

Neuronic Mexicana fue elegida para la adquisición de los medicamentos pilocarpina, atropina, cloranfenicol, diclofenaco, y prednisolona sin tener los permisos sanitarios. Incluso, fue Birmex quien se encargó “del trámite de importación y liberación de los medicamentos”, según detectó la Auditoría. 

Un exfuncionario de Birmex explicó a la Auditoría la calidad de los productos cubanos: “Muchos de los empaques venían en mal estado y el área de calidad de Birmex los identificaba y apartaba con la finalidad de que éstos no se distribuyeran. En otras condiciones, este tipo de deficiencias a cualquier otro proveedor se le hubiera regresado. Sin embargo, la instrucción fue de recibirlos y de acondicionarlos (aproximadamente un millón de unidades) para su venta y distribución, lo cual generó un gasto adicional para Birmex por la materia prima y la mano de obra utilizados”.

Otro punto, agregaron funcionarios de Birmex, fue que el proveedor no cumplió con las fechas de entrega pactadas en el contrato ni con las cantidades solicitadas, además de que no pasó la prueba de volumetría realizada por la Cofepris en algunos lotes de los medicamentos: Atropina, Cloranfenicol y Diclofenaco. 

Aún así, “se instruyó a la Dirección de Calidad de Birmex que se hiciera la liberación interna del medicamento y emitiera el Dictamen de Cumplimiento Regulatorio para que se continuara con el proceso de distribución, por lo que algunas instituciones de salud rechazaron la entrega derivado de que dichos medicamentos no aprobaron la prueba de volumetría realizada por Cofepris”, se lee en las declaraciones ante la Auditoría.

Además, dichos medicamentos “no se encontraban aprobados en el Compendio Nacional de Insumo para la Salud, y de los cuales se identificaron diversos rechazos por parte de las instituciones hospitalarias”. 

Ante esta información sobre incumplimientos, Neuronic Mexicana negó que sus productos fueran de mala calidad y respondió a Animal Político que “se pagaron todas las penalidades establecidas por entrega tardía, por los envases que llegaron dañados por la transportación, por corta caducidad”. Mientras que por medicamentos caducos “se emitieron las notas de crédito o se devolvió el dinero a Birmex”, respondió la representante comercial de la empresa vía correo electrónico.

Sobre los productos que vendieron pese a no tener registro sanitario, informaron, “la responsabilidad recayó sobre BIRMEX y el análisis y la liberación la realizó el laboratorio de COFEPRIS. Ese era el proceder no solo para Neuronic Mexicana, era lo establecido”.

Sin embargo, al preguntar cuál fue el monto de penalidades y notas de crédito que la empresa pagó por incumplimientos, dejó de responder. 

La empresa también confirmó que no existe ninguna investigación en su contra por parte de alguna institución de gobierno. Esto porque “se procedió según las leyes establecidas en México. Neuronic Mexicana no le debe nada a BIRMEX. Se emitieron las notas de crédito y se devolvió el dinero en correspondencia con las penalizaciones emitidas. No se favoreció a Neuronic Mexicana, se procedió según fuera el caso”.

Insumos para los más pobres que no llegaron

Aún con los incumplimientos, Neuronic Mexicana fue contratada nuevamente por el IMSS Bienestar para la “adquisición de kits 11,768 individuales para la estrategia de atención proactiva en las unidades de salud de primer nivel del IMSS-Bienestar”; es decir, las clínicas en las zonas más marginadas del país. 

El 5 de julio de 2024, el IMSS Bienestar, entonces dirigido por Alejandro Calderón Alipi,  explicó que haría una adjudicación directa en lugar de una licitación para “evitar cubrir costos financieros, materiales y humanos que pueden generarse por la realización del procedimiento”. 

Ese mismo día notificó a la empresa que le asignaba el contrato por 273 millones de pesos (y con IVA sumaba 316 millones de pesos) para la compra de 11, 778 kits de atención médica con un costo unitario de 23 mil 184 pesos.

Cada paquete contendría una mochila, estuche de contención, estetoscopio de cápsula doble, esfigmomanómetro portátil digital, fonodetector portátil de latidos fetales, glucómetro, oxímetro de pulso, estuche de diagnóstico hospitalario, kit de instrumentos para curación, suturas, y parto, martillo clínico, termómetro digital y un estimulador eléctrico portátil. Aunque, al buscar cada producto en tiendas comerciales, el costo aproximado total ascendería a 18 mil pesos. 

Sin embargo, aunque el contrato se firmó en septiembre de 2024, hasta diciembre, la empresa no había entregado los productos y no podría cumplir con la contratación. De ahí que el IMSS-Bienestar solicitó la cancelación anticipada argumentando un “caso fortuito o fuerza mayor”. 

“Como consecuencia de los fenómenos naturales que afectaron directamente a la producción, importación y distribución de los bienes. Aunado a que no se cuenta con la capacidad institucional de almacenamiento y distribución de los bienes, ya que no cuenta con una partida presupuestal para tales fines”, establece el acuerdo entregado por el IMSS-Bienestar.


Más cerca de Cuba que de Dinamarca

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en al menos 70 ocasiones durante su administración que el sistema de salud mexicano sería como el de Dinamarca. Sin embargo, las cifras oficiales demuestran que la atención médica, sobre todo la dirigida a los más pobres del país ha decrecido. 

El gobierno de AMLO dejó a seis millones de bebés sin vacunas, puesto que no las compró; se dejaron de hacer medio millón de cirugías y aumentó cinco veces las recetas no surtidas en comparación con el gobierno anterior. Todo, resultado del objetivo de ahorrar recursos en todos los rubros, incluida la salud, como parte de su política de austeridad.

Al mismo tiempo, la gestión del morenista favoreció al gobierno de Cuba entregándole al menos 2 mil millones de pesos a través de diferentes mecanismos, provenientes del presupuesto de salud para los mexicanos.


Uno de ellos, con la contratación de médicos cubanos para integrarlos a los hospitales mexicanos. El gobierno mexicano erogó 472 millones de pesos a la empresa cubana Comercializadora de Servicios Cubanos SA por salarios de los médicos, de acuerdo a una investigación de El Universal. 

Incluso, Neuronic Mexicana S. A. de C. V. también participó en este caso, toda vez que recibió depósitos del IMSS como parte del servicio de los médicos, según consta en el convenio de cooperación firmado por el Instituto en septiembre de 2022. 

Mientras que en los contratos por la adquisición de medicamentos por parte de Birmex, y que fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, ésta solicitó información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


En sus cuentas encontró transferencias a Laboratorios AICA y Biocubafarma Tesorería, y al preguntarle a la empresa, ésta justificó que hizo esos pagos porque es la “representante legal y mercantil de Laboratorios AICA en México y que ambas empresas forman parte de Biocubafarma, el cual es un grupo empresarial cubano”.

Otro de los contratos fue por la vacuna Abdalá contra la Covid-19, creada por Inmunoensayo, otra empresa que forma parte del conglomerado de Biocubafarma. México compró millones de dosis por mil 453 millones de pesos, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación. 

El gobierno de López Obrador, además, hizo público su apoyo al presidente Miguel Díaz Canel, al recibirlo cuatro ocasiones en México entre 2018 y 2023. En ellos, indicaron en comunicados oficiales, se estrecharon lazos de cooperación en diferentes áreas, como la reanudación con más frecuencias en vuelos Ciudad de México-Varadero y Cancún-Cayo Coco, o la firma de acuerdos entre el Servicio Postal Mexicano y Correos de Cuba para facilitar el envío de paquetería entre ambos países.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Cambio de diseño en boletas favorece a candidatos a juzgadores cercanos al gobierno de Mara Lezama

La abogada Fabiola Cortés, de Somos tus Ojos, afirma: la elección es legal, pero va a ser ilegítima. 48 candidatos llevan ventaja porque sus nombres están repetidos en las boletas; tienen 100% de posibilidades de ganar, pues se votará por el bloque y no por la persona.

La elección judicial local está marcada por la intervención del gobierno de la morenista Mara Lezama Espinosa, ya que por medio de una impugnación que interpuso su Consejería Jurídica logró cambiar el diseño original de las boletas electorales. Con esto, diversos candidatos, muchos de ellos relacionados con funcionarios de alto nivel de los poderes locales, tienen asegurado su lugar como próximos jueces y magistrados.

Perfiles con parentesco están involucrados no sólo en las candidaturas, sino también en las distintas instancias y tribunales donde se solicitó y se autorizó el cambio de las boletas.

Rosalba Maribel Guevara Romero y Deyliana Avilés Demeneghi, esposa y hermana del presidente del Tribunal Electoral del Estado, Sergio Avilés Demenegui, aparecen entre las candidatas beneficiadas, pues sus nombres se repiten en las tres listas contendientes luego del cambio forzado por el recurso.

La impugnación ganada por la Consejería Jurídica de la gobernadora Mara Lezama Espinosa fue presentada por Carlos Felipe Fuentes del Río, quien es hijo de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Estas maniobras provocaron que en el estado iniciara una campaña de anulación del voto de la elección judicial local.

Campaña de anulación

La abogada Fabiola Cortés Miranda, fundadora de la asociación civil Somos tus Ojos, inició una campaña de anulación del voto en la zona de juzgados civiles y familiares de Playa del Carmen.

“Van a elegir por bloques, en las boletas están integrados nombres de jueces palomeados por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial (...) usted va a elegir a los jueces por bloque, ésa es la peculiaridad de la elección en Quintana Roo, ni siquiera va a elegir por nombre, no se preocupe ni siquiera en saber los nombres (...) hay nombres que se repiten en las tres boletas”, explicó Fabiola Cortés.

En total, 48 candidatos se ven en condiciones ventajosas en la elección porque aparecen sus nombres repetidos en las boletas.

La abogada Cortés Miranda enumeró cada una de estas anomalías que se ha vivido en el proceso electoral judicial local y ha invitado a la ciudadanía a anular su voto para no legitimar la elección. La campaña se replicará en las principales ciudades de esta entidad y con mayor actividad jurisdiccional.

“Salga a votar, pero anule su voto, que le demuestre su repudio a los gobernantes, que le demuestre su rechazo a todos aquellos que le están forzando a usted, que puede ser legal, porque la elección es legal, pero va a ser ilegítima”.

La trampa

La entidad es una de las 19 donde se desarrollará una elección judicial local, a la par de los comicios para la elección de miembros del Poder Judicial de la Federación, aunque para esta última elección los nombres de los candidatos aparecen en un solo listado.

Pero en el caso de Quintana Roo, por la impugnación ganada por el Ejecutivo, el día de la elección los ciudadanos electores recibirán dos boletas: uno para la elección de magistrados y otro para jueces locales.

Ambas papeletas cuentan con tres listas de candidatos o bloques, cada uno emanado del Comité de Evaluación que los postuló: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

Sin embargo, seis candidatos a magistrados aparecen en los tres listados; mientras que 42 candidatos a jueces se encuentran en la misma situación. Por ello, tienen prácticamente un 100% de posibilidades de ganar, porque se votará por el bloque y no por la persona.

Además, en algunos casos aparecen hasta dos veces en las listas, contra otros aspirantes cuyos nombres aparecen en una sola ocasión.

El 31 de marzo, el Instituto Electoral de Quintana Roo publicó el primer diseño de boletas electorales que contemplaba una sola lista de candidatos para juez y otra para magistrado.

En un principio el diseño de las boletas estaba contemplado para que los candidatos aparecieran en una sola lista, es decir, el elector tuviera así la oportunidad de elegir de un sólo grupo los candidatos de su preferencia para ser juez y en otro, para magistrados.

El 3 de abril Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero Jurídico de Mara Lezama, presentó una apelación también como secretario del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. En el escrito de demanda expuso que el Instituto Electoral de Quintana Roo carecía de facultades para determinar un diseño de las boletas en un solo listado, además de que creaba confusión.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo le dio la razón y ordenó al órgano local electoral modificar el diseño de las papeletas.

El 10 de abril se cambió el diseño de las boletas, lo que ha provocado la controversia pública.

En la entidad se aceptaron 148 candidaturas para juez de primera instancia en diversas materias y 19 para magistrados que buscan integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Quintana Roo y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.

Los nombres de Rosalba Maribel Guevara Romero y Deyliana Avilés Demeneghi, esposa y hermana de Sergio Avilés Demenegui, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se repiten en las tres listas contendientes.

Sergio Avilés resolvió uno de los recursos de apelación que obligó a cambiar el diseño de las boletas.

El 11 de abril, Carlos Vega, candidato a juez civil y familiar, presentó un Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales contra las determinaciones de los órganos electorales quintanarroenses, alegando intromisión de la Consejería Jurídica al no estar legitimada para impugnar porque su función en el Comité de Evaluación de Candidatos por parte del Poder Ejecutivo concluyó con la selección de los mismos.

La impugnación llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la que forma parte Felipe Alfredo Fuentes Barrera, padre del consejero Jurídico de Mara Lezama. El magistrado se excusó de resolver la impugnación. La Sala encabezada por Mónica Aralí Soto Fregoso aceptó su decisión.

Los magistrados restantes dieron la razón a la exigencia de Carlos Vega, al determinar que la injerencia del consejero Jurídico de Mara Lezama, como representante del Comité de Evaluación del Ejecutivo, no era válida, es decir, no estaba legitimado para interponer la impugnación que cambiaría el diseño de las boletas como lo aceptó el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Sin embargo, esta demanda finalmente fue desechada luego de que Sergio Arturo Ramírez Moxca, candidato a juez penal, acudió con un escrito oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (sin que se explicara cómo lo obtuvo sin ser funcionario) con el que argumentó que obligar a cambiar el diseño de las boletas iba ocasionar un daño al presupuesto aprobado para la elección, por más de 67 millones de pesos, por el inicio de la impresión de las boletas.

El tribunal admitió dicho argumento y avaló que las boletas quedaran con los cambios aprobados.

Pero Proceso encontró que Ramírez Moxca hace todavía unos meses se desempeñaba como director de área dentro de la Consejería Jurídica de Quintana Roo, bajo las órdenes de Carlos Felipe Fuentes del Río.

Esta información fue corroborada en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde Ramírez Moxca aparece con un último sueldo en dicha área de octubre del año pasado por 43 mil 165 pesos.

“Manipuló la interpretación de la ley, sesgó la interpretación y se le dio la razón al consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, a pesar de que no contaba con las facultades para impugnar. Se puede estar posiblemente en un abuso de autoridad porque no tenía facultades para impugnar o ejercer una apelación ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo”, expuso en entrevista Carlos Vega.

Con el cambio de diseño la población no podrá acceder a un verdadero ejercicio democrático, dijo. Y remató:

“Se viene es una elección sesgada, sesgada por ciertos personajes de la vida política pública, donde han cambiado la boleta electoral para evitar que los ciudadanos conozcan a los candidatos, seleccione a los mejores candidatos (...) sesgaron mal la votación porque hay personas que están inscritas en las tres planillas”.

Proceso buscó la postura del gobierno del estado sobre su intervención, pero no hubo respuesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

Denuncian ante CNDH negligencia en investigación de muerte de médico tabasqueño

La familia del médico Jorge Enrique Flores Silva acudió a la CNDH para denunciar el presunto encubrimiento de la Fiscalía de Tabasco y la FGR en la investigación de su muerte (2022). Pese a evidencias de homicidio, autoridades lo declararon suicidio y desestimaron pruebas clave.

La familia del médico tabasqueño Jorge Enrique Flores Silva llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el caso en el que acusan a la Fiscalía Estatal de Tabasco y a la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar dar carpetazo a la investigación sobre la muerte del joven, ocurrida el 31 de diciembre de 2022.

Proceso informó el 7 de octubre de 2023 que, pese a la existencia de elementos que apuntan a un posible homicidio, la fiscalía estatal declaró en un inicio que el joven médico se suicidó.

Para diciembre de ese mismo año, y ante las presiones de la familia, la fiscalía estatal solicitó a la FGR que analice la carpeta de investigación del caso, pues, para entonces, ya existía una segunda necropsia y otra versión de los hechos proporcionada por los familiares del médico fallecido.

Desde agosto de 2024 la FGR señaló que no podía atraer el caso para continuar con la investigación porque no existían indicios sobre la comisión de delitos federales que son los que le competen investigar.

Ello, pese a que durante la revisión la delegación de la FGR en Tabasco envió a un policía federal ministerial que señaló que a unas casas del domicilio en el que Jorge Enrique Flores falleció, hay un punto de venta de droga.

Para noviembre de 2024, 11 meses después de recibir la carpeta de investigación, la FGR emitió diversos dictámenes periciales no concluyentes, pero en los cuales descartó todos los dictámenes aportados por la familia.

Entre ellos, la segunda necropsia en la que fueron halladas diversas lesiones en el cuerpo del doctor, además de la fractura de nariz y en la séptima cervical en las que se habían enfocado los peritos oficiales durante la primera necropsia y que fueron ignoradas por el Ministerio Público local.

Asimismo en esa segunda necropsia se evidenció la ausencia de un surco o marca en el cuello que indique que el joven médico se ahorcó, conforme a la versión oficial manejada por la fiscalía tabasqueña.

Otro dictamen desestimado fue el de la autopsia psicológica en el que la perito designada por la familia, Patricia Rodríguez Reyes, destacó que no hubo un resguardo apropiado de la escena del crimen por parte de la fiscalía de Tabasco y se omitieron pruebas halladas en la casa del médico.

Por ello, en diciembre de 2024, Jorge Enrique Flores Mendoza, padre de la víctima, presentó una denuncia contra los funcionarios y peritos de la FGR que revisaron la carpeta de investigación de la fiscalía estatal y desestimaron las evidencias de un posible homicidio.

“Los ciudadanos agentes del Ministerio Público de la federación, adscritos a la célula 1-3 de Villahermosa, Tabasco, señalados con antelación, fueron omisos en emitir una determinación en la carpeta de investigación con el número FED/TAB/VHS/0001299/2023”, dice la denuncia de la que Proceso posee una copia.

“Los peritos que fueron convocados mediante solicitud del fiscal encargado, a efecto de que emitieran sus opiniones periciales, solicitudes que fueron aceptadas sin ostentar la experticia requerida, realizaron sus planteamientos retardados”.

Dilación

La denuncia se encuentra radicada ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR que ya solicitó a la fiscalía de Tabasco la autopsia psicológica.

En tanto, en diciembre de 2024 Flores Mendoza también presentó una queja ante la CNDH en la que incluyó tanto a los funcionarios de la fiscalía de Tabasco como a los de la FGR, pues el caso de su hijo permanece estancado y las autoridades locales rechazan investigar cualquier posibilidad de que Jorge Enrique Flores Silva fue asesinado.

En su escrito de queja, el padre del médico fallecido acusa que “la carpeta sólo fue derivada a esta Fiscalía (General de la República) con la finalidad de ganar tiempo, de enfriar el caso ante la gran presión que se ejerció a través de medios de comunicación, marchas, redes sociales, por tanta irregularidad vertida en la carpeta por el personal de la FGE Tabasco.

“Ya se tenía preparado un plan que era declinarla, pregunto entonces, por qué la aceptaron, sin ningún fundamento jurídico que lo avalara o permitiera, solo basta leer el documento con el cual es remitida por la FGE Tabasco, para darse cuenta que no existía competencia jurídica, pero fue aceptada, inicia una carpeta y tarda 10 meses en emitir dictámenes”, expone el escrito consultado por Proceso.

“Lo cual nos hace ver que fue un favor el que hizo la FGR Tabasco a la FGE Tabasco, es evidente que se encargaron de enfriar la carpeta y esperar los tiempos, ya teniendo todo preparado, mientras que a nosotros nos decían que los dictámenes se encontraba aún en revisión e incluso en la FGR CDMX para su análisis”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Elecciones municipales en Veracruz, marcadas por rupturas, violencia y nepotismo

En vísperas de las elecciones para renovar 212 alcaldías, el estado concentra la mayor parte de los incidentes de violencia política del país, debido a disputas entre cárteles y al intento del crimen organizado de cooptar gobiernos locales.

Entre violencia, acusaciones de nepotismo y cambios de partido, transcurre el proceso electoral para renovar las 212 presidencias municipales en Veracruz, en una elección histórica que se efectuará el 1 de junio, ya que por primera vez en años, PRI y PAN no van en alianza y Morena rompió con el Partido del Trabajo. 

El inicio de la contienda se ha visto marcado por el asesinato de dos candidatos de Morena en los municipios de Coxquihui y Texistepec -uno del norte y otro en el sur del estado-. En este último se cometió una masacre, con cinco personas muertas y al menos tres heridas.

Mientras que en Actopan, a unos 50 kilómetros de la capital, fueron asesinados exalcalde y regidor después de asistir a mitin político de Morena.

 A dos semanas de la elección, 75 candidatos han solicitado medidas de seguridad para sus actos proselitista y se han identificado más de 30 focos rojos de seguridad en todo el estado.

A esto se suma la polémica interna en Morena por el tema del nepotismo. La propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la ley contra nepotismo -que será vigente hasta el 2030- y que prohíbe la herencia de cargo político a familiares hasta el cuarto grado, se aplique en esta elección.  Pero los cacicazgos de partidos como el PAN y el PRI parecen perpetuarse en sus bastiones tradicionales.

La elección del próximo domingo 1 de junio podría significar para Morena su consolidación como la primera fuerza política del estado. Su crecimiento fue exponencial en la última elección municipal del 2021,  cuando pasó de gobernar 17 ayuntamientos a 131 en total. 

En esa elección desplazó al PRI y PAN de varios bastiones históricos. Y ganó 13 de los municipios con más habitantes y más presupuesto del estado. Aunque Veracruz y Boca del Río -sedes del poder empresarial- se conservaron en manos del PAN y del grupo político de la familia Yunes, lo cual podría cambiar en las próximas elecciones. 

Para el acádemico Rafael Vela, esta elección también representa para Morena una prueba de su forma de gobernar Veracruz: “Todo poder desgasta. Me parece que no en todos lo casos se generaron las condiciones para el desarrollo municipal. El crecimiento de los últimos seis años fue cercano al 0%; fue un sexenio perdido”.

Consideró que en ese contexto, hay ciudadanos inconformes con quienes fueron sus autoridades municipales “Es posible que no vayan a repetir el triunfo aquellos municipios donde ganó y exista una alternancia”.

Conflictos por candidaturas

El senador Manuel Huerta y otros actores internos de Morena han denunciado prácticas graves de nepotismo en las candidaturas del partido. Para demostrarlo, el senador entregó una carpeta con al menos 100 casos que lo evidenciaban, y señaló directamente al dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta, de solapar e incluso alentar estas candidaturas.

El ejemplo más evidente fue Alberto Gómez Cazarín, hijo del actual alcalde de Hueyapan de Ocampo, Juan Gómez Martínez, y hermano del delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín. Aunque al final no fue incluido como candidato suplente, sí va un familiar, Miguel Cazarín Figueroa, actual director del DIF municipal. 

Otro caso ocurre en Sayula de Alemán, donde Modesta Clemente acusó a la dirigencia estatal de Morena de ignorar su designación desde el Comité Nacional y permitir en su lugar la candidatura de una familiar de la actual alcaldesa Lorena Sánchez.

La lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, defendió al partido y aseguró que estas prácticas no existen donde Morena va solo, sin alianza. 

Pero la realidad es que esta práctica es común en todos los partidos, por ejemplo:  en Lerdo de Tejada, la candidata por el Partido del Trabajo, Flor María Sosa, es madre del actual presidente, Fabián Cárdenas Sosa.

En Alto Lucero, en medio de una pugna familiar, fue postulado como candidato del PT Constantino Aguilar Aguilar, cuyo sobrino, Luis Vicente Aguilar, es diputado local y alcalde con licencia. El padre de Luis Vicente y hermano del actual candidato es líder petista.

Ruptura de alianzas y nueva configuración electoral

La ruptura de alianzas también ha reconfigurado el panorama electoral. El PT decidió ir solo en estos comicios, luego de que no logró negociar candidaturas, mientras que Morena y el PVEM van juntos solo en 166 municipios.

El PRI rompió la alianza con el PAN y va solo en 192 demarcaciones, al igual que Movimiento Ciudadano. El PVEM postuló candidatos en 42 municipios. 

Esta será la primera elección donde el PRD no participará luego de perder su registro.

La pelea por las candidaturas también derivó en renuncias y cambios de partido. Uno de los más escandalosos es el de Hipólito Deschamps Falcón, exdiputado y exalcalde por el PAN y excandidato a la gubernatura de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Deschamps renunció al PAN en 2024 para ser candidato por MC, y a principios de marzo pasado defeccionó de ese partido para saltar a Morena, donde fue postulado como candidato a presidente municipal de Alvarado. 

El exdiputado Raúl Zarrabal renunció al PRI para pasarse a Movimiento Ciudadano y ser candidato.  Luis Vicente Aguilar Castillo- hijo del dirigente estatal del PT- renunció al partido tras 20 años de militancia y se sumó a Morena. 

La diputada del PAN, Monserrat Ortega, también renunció al partido para sumarse al PRI.  

 En el actual proceso, el PAN conserva algunos bastiones familiares, como es el caso de Joaquín Guzmán Avilés en Tantoyuca. El exlíder panista ha conservado el poder en la familia en los últimos años, ha sido tres veces alcalde y ahora nuevamente va como candidato. 

Mientras que el PRI postuló nuevamente en Cosoleacaque a Cirilo Vázquez Parissi, heredero de una dinastía política en la zona sur. Cirilo y su hermano Ponciano se han alternado el poder, tanto en la presidencia municipal como en diputaciones del distrito local y federal. Ambos son hijos de Cirilo Vázquez Lagunes, el líder ganadero asesinado en 2006. Ha sido dos veces presidente municipal, 

La joya de la corona

Veracruz y Boca del Río es donde se concentra parte del poder económico y político del estado, por lo que son consideradas las joyas de la corona de la elección y ahí la contienda se vuelve especialmente simbólica.

En estos municipios el PAN mantiene presencia y estructuras ligadas a la familia Yunes Linares. En el puerto de Veracruz ha gobernador Fernando Yunes -hijo de Miguel Ángel Yunes- y actualmente gobierna Patricia Loberia -esposa del senador Miguel Ángel Yunes Márquez-, el senador que dio su voto a Morena para lograr la reforma judicial y pretendió ingresar a este partido, con el rechazo expreso de militantes como la propia gobernadora Rocío Nahle. 

Mientras que Boca del Río, un municipio que antes también fue gobernado por Miguel Ángel Yunes Márquez, es gobernado por Juan Manuel Unanue, del grupo político de los Yunes.

Las candidatas del PAN en estos municipios son cercanas al grupo Yunes: en Veracruz la exsenadora y diputada con licencia Indira Rosales y en Boca del Río, la diputada federal con licencia María Josefina Gamboa. 

La pasada elección del 2024, donde se eligieron diputados locales, federales, la gubernatura y la presidencia, son un ejemplo de la presión que hay en estos dos municipios. Fueron las únicas diputaciones locales y federales que el PAN conservó.

Y aunque en ambos distritos perdió Morena, el resultado de la votación no le dio tanto margen de holgura.

Elección violenta

Desde que inició el proceso electoral en Veracruz en noviembre del 2024, más de diez funcionarios y políticos han sido asesinados en Veracruz. 

El proceso también ha estado marcado por renuncias de candidatos, quienes han señalado que fueron presionados para no contender o se vieron en riesgo.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, denunció que un candidato de su partido renunció tras recibir amenazas del crimen organizado y al menos cuatro más han pedido protección.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), ha aprobado desde el inicio de la contienda electoral 405 renuncias y cambios de candidaturas.

La gobernadora Rocío Nahle reconoció la existencia de 32 focos rojos y 75 solicitudes de protección por parte de candidatas y candidatos de distintos partidos. Movimiento Ciudadano encabeza la lista con 24 solicitudes, seguido del PT con 11, y la coalición Morena-PVEM-PT con 14.

Sobre los incidentes, el subdirector de Integralia, Carlos Rubio, advirtió que Veracruz concentra la mayor parte de los incidentes de violencia política del país, debido a disputas entre cárteles y al intento del crimen organizado de cooptar gobiernos locales. De enero a marzo se registraron 13 incidentes graves, incluidos cuatro homicidios y cuatro secuestros.

Tras el asesinato de dos candidatos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que la violencia electoral en Veracruz tiene una relación directa con la operación de células criminales en distintas regiones del estado. 

Señaló que aunque los ámbitos de seguridad general y electoral puedan parecer distintos, ambos confluyen en territorios donde grupos delictivos ejercen control.

 En este contexto, confirmó que el asesinato de la candidata de Morena en Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, motivó un reforzamiento inmediato con más de 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la entidad, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la diputada federal del PRI e integrante del comité nacional, Lorena Piñón Rivera, advirtió que los 3 mil 500 elementos de seguridad anunciados por el Gobierno federal son insuficientes para garantizar la seguridad durante el proceso electoral en Veracruz, dada la magnitud de la violencia y el número de secciones electorales.

Como ejemplo del nivel de violencia que se ejerce sobre candidatos, la diputada citó el caso de Amatlán de los Reyes, en el centro de Veracruz, donde el PRI tuvo que cambiar siete veces de candidato por amenazas.

También denunció la insuficiente protección otorgada al candidato del PRI en Álamo, Javier Pérez Roldán, a quien, tras sobrevivir a un atentado, se le ofrecieron escoltas sin recursos para traslados ni viáticos.

Por su parte, el dirigente del PAN, Federico Salomón, pidió de forma urgente que los partidos sean incluidos dentro de la mesa de coordinación de seguridad para atender las peticiones.

“No sabemos cómo va a terminar la elección. Tenemos diez candidatos amenazados, pero la seguridad para los candidatos cuesta. Si les asignan a un elemento de seguridad tienen que pagar hospedaje y comida para que los cuide. Estamos evitando concentraciones grandes, eventos anunciados con mucha anticipación, porque estamos en un proceso electoral donde el crimen organizado está presente”, señala en entrevista Adolfo Ramírez, dirigente estatal del PRI.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, dijo que tienen detectados focos rojos en regiones del territorio veracruzano en esta campaña electoral para la renovación de los 212 ayuntamientos.

Carbonell de la Hoz detalló que se tienen detectados focos rojos en Pueblo Viejo, El Higo, Juan Rodríguez Clara, Isla, Ixhuatlán del Sureste, entre otros municipios.

Se harán “elecciones libres”: Nahle

Sobre el tema, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que se ha blindado al estado y garantizará que las elecciones se realicen de forma tranquila y en paz.

Confirmó que sólo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Alvarado se han desplegado 300 elementos de seguridad para garantizar la seguridad; esto luego del ataque a dos elementos de la FGR, y dijo que se reuniría con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar la situación.

“Todos los días en la mesa de Seguridad hablamos del tema, reforzamos seguridad. Invitamos a los candidatos a que hagan denuncias formales, aunque estamos brindando seguridad a todos”, dijo Nahle. Y pidió: “No caigamos en las campañas de miedo y de intimidación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.