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CPJ exige a autoridades proteger a Adela Navarro y a todo el equipo de ZETA Tijuana

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades correspondientes, el 23 de mayo de 2025, implementar medidas para la protección de la periodista Adela Navarro Bello, codirectora general del semanario ZETA -”una de las revistas de investigación más respetadas de México”, según dijo-, medio con sede en Tijuana, Baja California, así como de todo su equipo de trabajo y colaboradores.

“Las autoridades mexicanas deben investigar de inmediato una serie de llamadas telefónicas amenazantes dirigidas a Adela Navarro, directora editorial de la revista semanal ZETA, con sede en Tijuana, y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de ella y de su equipo, dijo este viernes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)”, indicó, a través de un comunicado, la organización no gubernamental, con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial.

“Las amenazas contra Adela Navarro, en un contexto de aumento de la violencia contra periodistas en México desde principios de año, son profundamente preocupantes. Las autoridades mexicanas no pueden quedarse de brazos cruzados y dejar a periodistas como Navarro vulnerables ante este tipo de amenazas”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, citado en el comunicado.

“Navarro, quien fue reconocida por el CPJ con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa en 2007, por su labor al cubrir temas de crimen y corrupción en Tijuana, dijo al CPJ que la revista ha recibido un total de ocho llamadas entre el 29 de abril y el 16 de mayo. En cada ocasión, un sujeto masculino no identificado llamó a la recepción de la revista y únicamente dijo ‘dile a Adela Navarro que se cuide’, antes de colgar, según relató”, agregó el Comité para la Protección de los Periodistas.

“Navarro afirmó que cree que las llamadas podrían estar relacionadas con un artículo publicado por ZETA el 28 de abril, tanto en línea como en su versión impresa, en el que se sostiene que autoridades estatales ocultaron información sobre una fosa clandestina en Tijuana presuntamente utilizada por el crimen organizado para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas”, narró el CPJ.

“Navarro y ZETA, una de las revistas de investigación más respetadas de México, son blanco frecuente de ataques, amenazas y hostigamiento tanto por parte de autoridades como del crimen organizado. En enero, la revista reportó haber recibido amenazas a través de una llamada ‘narcomanta’, un mensaje colgado en el barrio La Libertad de Tijuana. La policía atribuyó el mensaje, que contenía una advertencia sobre la reputación de Zeta, al crimen organizado”, señaló la ONG.

“Varios periodistas de la revista han sido asesinados, entre ellos el cofundador Héctor Félix Miranda en 1988, el editor Francisco Ortiz Franco en 2004, y el fotógrafo Margarito Martínez en 2022, mientras que el otro cofundador de Zeta, Jesús Blancornelas, sobrevivió a un intento de asesinato en 1997”, recordó la organización no gubernamental.

“El CPJ contactó a Laureano Carrillo Rodríguez, secretario estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, a través de una aplicación de mensajería, pero hasta el momento no ha recibido respuesta”, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

“El Mono Muñoz”, presunto lavador de dinero de Los Zetas, detenido en Coahuila por supuesto “huachicol”

El mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, presunto responsable de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales para el Cártel de Los Zetas en Europa, fue detenido, el 22 de mayo de 2025, dentro de una agencia del Ministerio Público de la Federación (MPF), ubicada en la colonia Luis Echeverría Álvarez, de Torreón, Coahuila.

Según lo reportó el diario Milenio, el 23 de mayo de 2025, la madrugada de un día antes, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila y la Policía estatal coahuilense, detuvieron dos pipas en el municipio de Torreón, que transportaban miles de litros de combustible ilegal o “huachicol”.

Los conductores fueron puestos a disposición de una agencia del MPF. Luego, alrededor de las 06:50 horas del 22 de mayo de 2025, después de esta detención, el empresario gasolinero Muñoz Luévano, arribó al lugar, para intervenir en favor de los conductores de dichas pipas, quienes trabajaban para él.

“Trascendió que, a raíz de un comportamiento violento por parte del empresario y de sus escoltas, estos fueron detenidos por las autoridades. Ante la detención, presentó condiciones toxicológicas y se le encontró droga entre sus pertenencias”, afirmó el citado rotativo, citando a fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Gobierno Federal.

“De acuerdo con fuentes consultadas por Milenio, en este momento se encuentra en un proceso legal en el que enfrentará cargos por violencia, así como por posesión y consumo de drogas, además del inicio de investigaciones por parte de la FGR, en relación con el delito de huachicol”, agregó el mismo diario.

“Aunque se desconoce su edad, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND), ‘El Mono’ Muñoz es un hombre de complexión delgada, tez morena clara y cabello cano. Al momento de su captura vestía una camisa azul con figuras de color dorado, un pantalón de mezclilla azul y botas gris”, detalló Milenio.

El 20 de mayo de 2019, el empresario mexicano, alias “El Mono Muñoz”, presunto responsable de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales para el Cártel de Los Zetas en Europa, se declaró culpable en Estados Unidos, de cargos federales de lavado de dinero, que a decir del juez David Alan Ezra, de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas -con jurisdicción sobre varios condados, incluyendo Austin, El Paso, Midland y San Antonio-, provenían de transacciones ilegales del narcotráfico.

Según el diario texano San Antonio Express News, la audiencia en la que se le dictó sentencia a “El Mono Muñoz” se realizó el 25 de noviembre de 2019. Sin embargo, los abogados del empresario mexicano pedían que su cliente saliera libre bajo fianza.

Muñoz Luévano se declaró culpable únicamente de conspiración de lavado de dinero, de los cuatro delitos que se le imputaban, después de que Russell Leachman, fiscal auxiliar de Estados Unidos, reemplazó la acusación inicial, con un documento llamado información criminal, que solo dejaba intacto dicho cargo.

El rotativo texano indicó, además, que “El Mono Muñoz” se convirtió en informante del Gobierno de Estados Unidos, para ayudar a los fiscales estadounidenses a capturar objetivos mexicanos, como Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, de diciembre del 2005 a marzo del 2011, y ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para convertirse en informante, Muñoz Luévano alcanzó un acuerdo con los fiscales y el juez Ezra, en la Corte Federal de San Antonio, para cooperar como testigo, a cambio de beneficios en su condena, misma que pudiera ser una pena menor a 20 años de prisión.

El 5 de marzo de 2019, Muñoz Luévano se declaró inocente de seis cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante la jueza Elizabeth Chestney, de la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas, quien ordenó mantener preso a “El Mono”, y sin derecho a fianza, mientras se determinaba fecha para el juicio en su contra, proceso que tomó varios meses.

El presunto enlace de los Zetas en Europa presentó su declaración por escrito, mediante un formato por el cual renunció a su derecho de comparecer en audiencia pública ante la Corte Federal para escuchar los cargos en su contra, así como a su derecho de oponerse a la petición de la Fiscalía de EE. UU. para mantenerlo en prisión.

El 7 de enero de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés), había presentado una acusación contra Muñoz Luévano, que desde entonces se conservó bajo reserva, hasta que el 21 de marzo de 2016, tras el arresto de “El Mono” en Madrid, España, se ordenó su publicación.

El “indictment”, de cuatro cuartillas, fincaba a Muñoz Luévano seis cargos penales: cuatro por posesión, importación y distribución de cocaína, uno por uso de armas para mantener una empresa criminal, y otro por lavado de dinero obtenido del narcotráfico.

Muñoz Luévano, detenido en Madrid el 18 de marzo del 2016, se encontraba en prisión en España acusado de delitos de blanqueo y narcotráfico. Fue a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el Gobierno español decidió entregarlo a EE. UU. el pasado 1 de marzo, donde se le consideraba sospechoso de liderar una organización de tráfico de estupefacientes.

Según la justicia de ambos países, dicha organización estaría asociada al cártel mexicano de los Zetas, que se dedicaba a la importación de cocaína desde México hasta los Estados Unidos, desde 1999 hasta el 2015.

Además, la organización dirigida por “El Mono” Muñoz, utilizaba armas de fuego adquiridas al cártel de Los Zetas para controlar los pasillos de introducción y distribución de la droga en territorio estadounidense, y blanqueaba el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, a través de varios negocios de su propiedad utilizados para tal fin.

Alias “El Mono Muñoz” guardó documentos en casa de su hijo, ubicada en un suburbio de Madrid, España, en donde se desvelan el trasiego de 2 mil 100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares, en una operación que duró tan sólo seis días: entre el 11 y el 17 de febrero de 2012.

Muñoz Luévano, según lo aseguró el diario español El País, en octubre del 2016, guardó en dos computadoras intervenidos en su domicilio, detalles de 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje, maletas, y hasta en cajas de cartón, a los jefes de la organización en distintos hoteles de la zona centro de la Ciudad de México.

Según la contabilidad guardada por “El Mono”, el dinero se había recaudado en solo seis días mediante la venta de 2 mil 100 kilogramos de cocaína en Europa, de los que se repatriaron alrededor de 63 millones de euros a los Zetas, organización criminal de la cual, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), consideraba a Muñoz Luévano un miembro importante.

En diciembre del 2016, el mismo rotativo difundió un informe de la Policía española, basado en intervenciones telefónicas hechas por varios meses, en el que se indicó que alías “El Mono” Muñoz, estaba supuestamente relacionado con políticos y funcionarios, entre ellos, los hermanos Moreira Valdés: Rubén y Humberto.

Además, del, en ese momento, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria; así como con Adrián Emilio de la Garza Santos, ex alcalde de Monterrey, Nuevo León, y que de 2011 a 2015 fue procurador General de Justicia de dicha entidad.

Además de Jesús Torres Charles, ex fiscal de Coahuila y ex consejero jurídico en los gobiernos de los Moreira Valdés, quien dejó su cargo tras las acusaciones de que Los Zetas pagaban millonarios sobornos a funcionarios para recibir protección. Sin embargo, todos los personajes involucrados negaron de forma rotunda los supuestos nexos con Muñoz Luévano.

Las intervenciones telefónicas, de las que dio cuenta El País, dieron cuenta de las órdenes de Muñoz Luévano a sus sicarios: palizas, secuestros, amenazas y hasta asesinatos en México. Incluso un supuesto plan para asesinar a una Fiscal en Coahuila, del que España avisó a las autoridades mexicanas sin recibir respuesta.

En octubre del año pasado, el diario Reforma informó que a pesar de ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) como operador de una red de robo de combustible a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto otorgó a Muñoz Luévano, permisos y concesiones para transportar y vender gasolina.

El rotativo abundó que el 16 de marzo del 2017, un año después de ser detenido en España acusado de lavar dinero para Los Zetas y ser requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó la autorización para operar una gasolinera en un ejido de Saltillo, Coahuila.

“Este permiso autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para expender gasolina Magna, Premium y Diésel en la estación de servicio ubicada en Carretera Zacatecas-Saltillo No. 20915, La Encantada, en Saltillo, Coahuila […] De conformidad con la Resolución Núm. RES/406/2017, emitida por la Comisión Reguladora de Energía el 16 de marzo del 2017”, establecía el texto firmado por Ingrid Gallo Montero, actual Secretaria Ejecutiva de la CRE.

En enero del 2016, dos meses antes de su detención en España, ese mismo organismo le otorgó a “El Mono” una concesión a 30 años para transportar combustibles en la región Laguna, mismo que permite a Muñoz Luévano movilizar combustible en la zona de Mapimí, entre Durango y Torreón, así como en los municipios de San Pedro, Matamoros y Viesca, en Coahuila.

“Este permiso definitivo de transporte por autotanque de gasolina y diésel autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para realizar la actividad transporte de conformidad con la Resolución Núm. RES/010/2016 emitida por esta Comisión Reguladora de Energía el 14 de enero del 2016”, se leía en el documento firmado por Luis Alonso Marcos González de Alba, entonces Secretario Ejecutivo del organismo.

Según el citado rotativo, el área concesionada a “El Mono” estaba catalogada por la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como de alta incidencia de robo de combustible en ductos de PEMEX.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Familia de Cecilia Monzón busca pena máxima contra Javier López por violencia familiar

A tres años del asesinato de la abogada feminista, la familia Monzón expresó su agradecimiento a las activistas feministas y sociedad civil que han dado su apoyo en demanda de justicia a lo largo de estos años.

Este 26 de mayo, un Tribunal de Enjuiciamiento dictará sentencia en el juicio por violencia familiar que interpuso en vida la abogada feminista Cecilia Monzón en contra del político priista Javier López Zavala. 

En un comunicado, la familia de la activista informó que junto con la Fiscalía General del Estado solicitarán se imponga una condena de 20 años, la pena máxima para este delito, contra el exfuncionario marinista, quien fue candidato a la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2010.

Refirió que este juicio comenzó en 2024 a raíz de la denuncia hecha por la propia Cecilia Monzón en vida y que durante abril y julio de ese año, la Fiscalía y la asesoría legal de la familia Monzón presentaron pruebas para sustanciar las acusaciones, quedando únicamente pendiente de realizar las conclusiones orales.  

“Sin embargo, hasta ahora no ha podido dictarse sentencia. La demora para la celebración del juicio, desde su inicio, obedece a las solicitudes de amparo planteadas por la defensa de Javier N. -ya desechadas por los organismos competentes-, que tenían la finalidad de dilatar el procedimiento bajo el falso pretexto de la supuesta competencia del Estado de México (Toluca)”, señaló la familia en su escrito. 

Agregó que se espera que se conozca el fallo de este procedimiento el 27 de mayo. En tanto que el juicio por feminicidio aún se encuentra en proceso. 

Por otra parte, al haberse cumplido este 21 de mayo tres años del asesinato de la abogada feminista, la familia Monzón expresó su agradecimiento a las activistas feministas y sociedad civil que han dado su apoyo en demanda de justicia a lo largo de estos años. 

“Deseando compartirles próximamente una sentencia condenatoria por violencia familiar, que contribuya al camino de la justicia de las mujeres en México”, recalcó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Elección judicial: INE descarta dar resultados el 1 de julio; promete "estimaciones de porcentaje"

“Estimamos que a más tardar a las 11 de la noche (...) estaremos informando lo del avance del cómputo, pero no podemos dar el cómputo al 100% porque dependemos de la distancia que hay entre el paquete más lejano a la cabecera municipal”, señaló la consejera presidenta.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), descartó que den resultados de la elección judicial el mismo 1 de junio, sin embargo, informó que habrá estimaciones del porcentaje de participación para “dar tranquilidad al país”.  

La consejera presidenta explicó que la lentitud para conocer los resultados, se debe a las largas distancias entre sedes distritales que se deben recorrer para realizar el cómputo de las boletas electorales.

Así que, durante la noche del 1 de junio, únicamente se ofrecerán estimaciones de la participación de la ciudadanía y un porcentaje de avance del conteo:  

“Estimamos que a más tardar a las 11 de la noche (...) estaremos informando lo del avance del cómputo, pero no podemos dar el cómputo al 100% porque dependemos de la distancia que hay entre el paquete más lejano a la cabecera municipal”, señaló Taddei en conferencia de prensa, después de la sesión extraordinaria del Consejo General. 

Explicó que el ejercicio de estimación lo realizará el Registro Federal de Electores, por su dirección ejecutiva “muy sólida (...) de estadística y proyecciones”, que prevé “la cantidad de padrón y lista nominal que vamos a tener”.  

Asimismo, detalló que es una captura sencilla sin costo adicional, porque utilizarán las herramientas tecnológicas que ya tienen. 

Taddei comentó que las estimaciones de cuántas personas participaron, van a “dar tranquilidad al país en la noche del proceso electoral que viene el 1 de junio”. 
“Al siguiente día, y estamos por definir a qué horas, ya el 2 de junio, podríamos salir con el primer resultado y conforme se vayan terminando los cómputos, estaremos entregando los resultados en los siguientes días”, añadió. 
La funcionaria reiteró que, pese a las complicaciones, los ciudadanos podrán seguir el proceso completo en línea, que también se trasmitirán en vivo a través de las redes oficiales del INE:

“Cualquier ciudadano o ciudadana puede estar siguiendo los cómputos del estado que le interese, del distrito que le interese y, por supuesto, de todo el país. Eso lo vamos a tener en línea y se va a estar transmitiendo”. 

¿Dónde y cuándo se conocerán los resultados de la elección?

Los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 establecen que la sesión de cómputos distritales será pública y tendrá una duración máxima de 10 días naturales, del 1 al 10 de junio de 2025.  

Sin embargo, debido a la complejidad del conteo de votos de estas elecciones, se establecieron plazos máximos para concluirlos, así como medidas extraordinarias en caso de algún retraso.  

El Consejo General realizará la sumatoria final y asignará las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.   

Como dijo Taddei, los mexicanos podrán conocer el avance de los cómputos distritales a través del portal de resultados que estará disponible en la página oficial del INE, donde además se podrán consultar las actas con la votación obtenidas en cada casilla. 

La funcionaria dijo que el INE contará con un sistema de cómputo para que cualquiera pueda consultar los resultados de su zona o distrito en tiempo real, a través de una herramienta informática implementada por el instituto, que “ha sido funcional y muy bien entendida por quienes han formado parte de los simulacros”. 

Además, garantizó la seguridad informática ante cualquier intento de hackeo durante la jornada:  

“Los temas de seguridad del instituto están altamente blindados. (...) Garantizado que no hay hackeo, que no hay bloqueo, que no hay interferencia, que no hay vulnerabilidad, hasta el día de hoy, esa garantía tenemos, para el día de la jornada electoral. Me parece que hay que estar tranquilo, no hay que seguir con estas elucubraciones que no hay seguridad informática”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El narco en Sinaloa desaparece personas ahora en fosas sépticas

En medio de la guerra entre Chapitos y Mayos, familiares de desaparecidos buscan ahora entre excrementos a sus seres queridos, guiados por un sobreviviente de ese infierno. Esto sucede en Tacuichamona.

“Es la deshumanización”, dice María Isabel Cruz Bernal. Mira hacia una losa de concreto, la cual cubre una fosa séptica. La mañana del viernes 16 sacaron de ahí tres cuerpos. “A uno de ellos todavía se le veía la expresión de miedo, de dolor”, explica la madre buscadora.

Después de los preparativos reanudan la búsqueda. Han tenido cinco días consecutivos con resultados “positivos”; desde una falange a una osamenta o un fragmento de costilla y omóplatos. Restos óseos de seres humanos sumergidos en excrementos.

Es la nueva forma en que el crimen organizado desaparece personas, en esta guerra que tiene sumida a Sinaloa en una crisis generalizada.

Esto ocurre en Tacuichamona, sindicatura al suroriente de Culiacán. Este pueblo, como casi todo el territorio de la capital del estado, es una zona de silencio. Nadie ve nada y nadie oye nada, pero todo sucede ahí.

Son en total 13 losas en el complejo de fosas, cada una con capacidad de 3 mil 300 litros. En los cinco días de búsqueda han hallado restos humanos. Un camión “váctor” evacua el exceso de agua y lo drena sobre una planicie. Ahí, como gambusinos, dos hombres con un rastrillo buscan pedacitos de huesos.

Del otro lado, varias mujeres revisan el fondo del pozo. Hallaron un omóplato y una costilla. Los acomodan sobre uno de los trajes que utilizan para no contaminarse de heces. El color blanco de la prenda destaca lo ennegrecido de los huesos por la mierda. El olor es indescriptible, pero te acostumbras, explican las mujeres, todas con cubrebocas.

Las desapariciones forzadas escalaron otra vez en Sinaloa poco antes del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos. Al principio, las madres buscadoras se limitaron a pegar carteles y emitir fichas de búsqueda, pero los casos escalaron tanto que tuvieron que volver al campo, a pesar del peligro que significa por sí misma la actividad, incrementado con los constantes enfrentamientos en zonas enmontadas o agostaderos en las afueras de Culiacán.

“Cuando nos contaron de este punto no podíamos creer el testimonio”, advierte Isabel sobre la historia que está a punto de compartir. El sitio es un predio que pertenece al municipio, son instalaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac). El cárcamo da pie a una planta tratadora de aguas negras y ahí casi nadie se acerca. Casi nadie.

Isabel revela cómo un hombre hizo contacto con el colectivo de madres buscadoras Sabuesos Guerreras. Les explicó que en la fosa séptica de Tacuichamona hay cadáveres. ¿Cómo lo supo? Pues porque él estuvo flotando ahí, en aguas negras, explica la mujer.

En octubre, les contó, viajaba junto a otras cuatro personas a trabajar a Mazatlán en una obra de construcción. Sobre la carretera Internacional México 15, en Tacuichamona, se detuvieron en una tienda de conveniencia. Al salir los siguieron y metros adelante hombres armados los bajaron de la camioneta.

Después los llevaron a un predio. Isabel explica que el sobreviviente le reveló que les taparon los ojos, pero él tuvo idea del sitio donde estaban por los reductores de velocidad y porque conoce la zona. Los bajaron en la losa de concreto, los desnudaron y quemaron sus prendas para luego abrir fuego contra ellos. ¿El motivo? Estar en el lugar equivocado a la hora equivocada.

Los cuerpos fueron lanzados al interior de las losas que conforman la fosa séptica, que después taparon. Esta persona estuvo flotando en las heces casi durante 24 horas hasta que los hombres armados se marcharon. Cuando pudo salir, estaba oscuro y comenzó a caminar siguiendo las torres de energía eléctrica distribuidas en esa zona rural.

Finalmente llegó hasta Las Flores, comunidad perteneciente a Tacuichamona. Ahí le brindaron ayuda. Estaba desnudo, con costras de sangre en el cuello y cabeza por la herida de bala que de milagro no lo mató. Su cuerpo cubierto de mierda seca. Acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer denuncia. Pasaron los meses y nadie encontraba los cuerpos.

Luego, la buscadora Isabel recibió su llamada. “Yo sabía que íbamos a encontrar algo aquí, pero no lo puedo creer, esto es perder toda humanidad”, insiste. La madre buscadora explica que cuando dio aviso a la Fiscalía que realizaría esta búsqueda, la dependencia le comunicó que ellos ya habían acudido y el resultado era negativo y la información, falsa.

“Pero no, si hubieras escuchado al muchacho entenderías que no estaba mintiendo y entonces vinimos. En cuanto abrimos la primera fosa un cuerpo flotó y luego otro y otro”.

Al día siguiente volvieron con más personal y maquinaria. Desde entonces los pequeños fragmentos de huesos no han parado de brotar.

Desapariciones que se multiplican

La violencia ha significado alrededor de mil 400 carpetas de investigación por desaparición forzada de personas, según datos de la Fiscalía. De ese total, más de 65% permanecen sin ser localizadas, mientras que el 35% restante ya han sido ubicadas, aunque el 10% de ellas sin vida.

A mediados de abril, en el poblado Mezquitillo, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica (al sur de Culiacán), fue ubicado un cementerio clandestino por este mismo colectivo. Ahí rescataron 13 cuerpos.

El colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa ha realizado otros hallazgos en el norte de Culiacán, en la sindicatura de Tepuche y la comunidad de Palos Blancos. Todos ellos, suponen, de cuerpos de personas que no tienen más de ocho meses de haber fallecido.

La crisis se explica también con los resultados en procuración de justicia. Durante 2023, la impunidad fue de casi cien por ciento y para 2024 esta cifra se hizo absoluta. Ese año se registraron mil 610 casos de desaparición y ninguno terminó por resolverse.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) realizó un comparativo acerca de esta cantidad de personas desaparecidas, la cual equivale a ocho aviones Boeing 737-800 para 189 pasajeros.

La crisis se acrecentó en el último cuatrimestre con 911 casos en ese lapso. Eso significa tres veces más que cualquier otro año en el estado. Y al corte, desde el 9 de septiembre, la cifra supera los mil 400 casos, número que corresponde únicamente a casos denunciados.

Y ahora las madres buscadoras no solamente buscan con palas, picos y uñas rasgando la tierra. Ahora también buscan en fosas sépticas, en aguas negras, como lo explica Isabel Cruz.

“Es la deshumanización, mira, mira a tu alrededor”, insiste la madre buscadora mientras el sonido del “váctor” avisa que está por expulsar más mierda y, tal vez, más restos humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Sheinbaum dice que INE y el Tribunal Electoral deben intervenir en caso de “acordeones” para la elección judicial

Personajes públicos y cercanos a Morena utilizan las redes sociales para difundir sus acordeones para la elección judicial del 1 de junio, en los que favorecen a candidatos cercanos al partido guinda.

Ante la difusión de “acordeones” en redes sociales y en chats para favorecer a candidatos cercanos a Morena o que indican por quién votar en la próxima elección judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que en caso de que se esté actuando mal tienen que intervenir los organismos electorales.

“Libertad, libertad, libertad, quien garantiza una lección democrática siempre es el pueblo, entonces a todas y a todos, voten libremente”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre los “acordeones”.

“También por ahí salió una lista de la derecha, entonces quién sabe quién está haciendo eso”, destacó.


–En caso de que se esté actuando mal, presidenta-cuestionó una reportera durante la conferencia matutina.

“Tienen que intervenir los organismos electorales, el INE, el Tribunal Electoral, pero libertad, voto libre, secreto y directo”, respondió Sheinbaum.
Morenistas difunden acordeones para favorecer candidatos en elección judicial

El 16 de mayo Animal Político publicó que personas cercanas a Morena, y cuentas que simpatizan con el gobierno federal, utilizan las redes sociales para recomendar por quién votar, en su mayoría por exfuncionarios de gobiernos morenistas o candidatas que tienen abierta simpatía hacia el partido guinda.

Los “acordeones” han sido elaborados por personajes reconocidos como Pedro Salmerón Sanginés, exfuncionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también por numerosas cuentas que en redes sociales suelen compartir información de Morena y del gobierno federal.

Lenia Batres, hermana del director del ISSSTE y afín a Morena, es una de las más favorecidas en los acordeones difundidos.  Otras de las candidatas favorecidas en los acordeones para la Suprema Corte son María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia cuando López Obrador gobernó el país entre 2021 y 2024; Loretta Ortiz, exdiputada federal de Morena, y Yasmín Esquivel, quien no esconde su simpatía con el partido guinda.


En la elección del Poder Judicial los votantes se enfrentarán a boletas inéditas: por primera vez no habrá recuadros con partidos políticos para tacharlos, sino que habrá una lista con varios nombres y cada uno estará ligado a un número. La gente deberá anotar en la parte posterior el número que tiene el candidato de su preferencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó que cada persona se podría tardar hasta 10 minutos en votar, debido al nuevo formato de las boletas electorales y porque la mayoría de las candidaturas a jueces, magistrados y ministros son desconocidas por la población.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las advertencias a ZETA

En “la era de la criminalidad” que ya anticipaba antes de 2009, año en que falleció el escritor y periodista Federico Campbell, en torno al ejercicio del poder, el crimen, la injusticia, la descomposición social, en 2025, como en aquel año, y acaso en 1980, cuando se fundó ZETA, el riesgo para el ejercicio del periodismo de investigación persiste.

En los últimos días, a propósito de reportajes que denuncian la omisión, por incapacidad, complicidad o impunidad, de la Fiscalía General del Estado en la excavación de unas fosas clandestinas, esta redacción ha sido objeto de advertencias por parte de criminales anónimos. “Dile Adela Navarro que se cuide”, fue la frase dicha una y otra vez, a partir del 29 de abril y hasta el 16 de mayo de este 2025.

Sin ampliar detalles sobre qué o de qué se tiene uno qué cuidar, la voz anónima, masculina, hizo la advertencia a las líneas telefónicas del Semanario. Primero a un número antiguo y en desuso, posteriormente al conmutador principal de la recepción de ZETA. Al principio, quienes integramos el Consejo Editorial del Semanario decidimos mantener la información de manera interna, pero sí elaborar fichas de tiempos, horas, días y formas de las llamadas.

Lo que sí se consideró desde aquel 29 de abril, fue informar de ello al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo. Una autoridad que pudiera emprender una investigación al contar en su infraestructura con una “policía cibernética”, que se supone posee las herramientas para investigar y rastrear llamadas telefónicas como las que se recibieron en ZETA. Pero no.

El General nos dijo de entrada que investigaría, pero que sin un número de llamada entrante le parecía muy difícil poder rastrear el registro de comunicaciones. Y ahí quedó el tema.

Intentamos con Telnor, la compañía que provee el servicio de comunicación telefónica al semanario, pero la respuesta fue negativa. No entregan registros de llamadas entrantes, ni a los poseedores de la línea telefónica, a menos que una autoridad ministerial se los solicite.

Al tiempo, nada sucedió. Ni avances de la investigación que dijo el secretario de Seguridad que harían, ni nada más. No es de extrañarse en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad y la corrupción, caldo de cultivo para los cárteles, las organizaciones criminales y los grupos que abusan de su poder, sea público o privado. De hecho, el 30 de diciembre de 2024, cuando en una narcomanta colgada en la zona fronteriza de Tijuana, fue mencionado el Semanario ZETA, tanto la FGE como la FGR respondieron, a pregunta expresa, que habían abierto carpetas de investigación, por terrorismo, aseguraron, porque se supone que el mensaje criminal es para causar eso, terror; pero tampoco, a la fecha, ha habido el desarrollo de investigaciones ministeriales, y por supuesto no conocemos de los avances de las mismas.

Cuando el 16 de mayo las llamadas anónimas a ZETA se reactivaron, con el mismo mensaje, con la voz masculina diciendo “Dile a Adela Navarro que se cuide”, fue entonces que decidimos en el Consejo Editorial hacerlo del conocimiento a Artículo 19, una organización de defensa y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, donde de la mano de su director, Leopoldo Maldonado, decidieron a manera de protección, hacer públicas las condiciones en que este Semanario realiza su trabajo: bajo amenaza… una vez más.

Todo esto quedó consignado en la alerta que emitió Artículo 19 el miércoles 21 de mayo, que tuvo como resultado una escalada de apoyos locales, nacionales e internacionales hacia ZETA, a quien esto escribe y al periodismo que en el Semanario, fundado por Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda, se realiza desde hace 45 años, recién cumplidos el 11 de abril de 2025.

Aparte del importante y vasto apoyo de medios, colegas, analistas, organismos de la sociedad civil, de defensa y protección de los periodistas, llegaron también algunos institucionales. El primero fue del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, quien se comunicó -y así lo recalcó- a nombre de la gobernadora Marina Ávila, para apoyar en lo que fuera necesario. Se le explicó que lo mejor sería que investigaran los hechos, para encontrar a quienes amenazan a los periodistas y ponen en riesgo la libertad de expresión, para que sean juzgados por ello. Que con ello se combate la impunidad.

El secretario de Seguridad, una vez más, se comunicó para informar que continuarían con la investigación de los hechos que él tuvo conocimiento desde el 29 de abril, cuando sucedieron por primera vez. La gobernadora, como suele hacerlo, mostró su apoyo a través de las redes sociales. En Facebook escribió: “Estaremos de cerca brindando el acompañamiento que requiera. Amenazar a una periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada. Eso, en Baja California, no lo vamos a permitir. Proteger a la prensa es proteger la libertad de expresión, y en nuestra Administración ésta siempre tendrá un lugar. La defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa es una causa que nos une a todas y todos”.

También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, se unió a la solidaridad con ZETA. Su presidente, Jorge Álvaro Ochoa, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Baja California investigar y esclarecer amenazas telefónicas. Como lo hicieron organizaciones de defensa de periodistas y libertad de expresión, medios, periodistas, y actores locales y nacionales, todos a quienes desde esta redacción agradecemos su acompañamiento, confianza y solidaridad.

Desafortunadamente, no es la primera ocasión en que ZETA es amenazado. Ha sucedido muchas veces desde 1980 cuando se fundó, y ha llegado al atentado en tres ocasiones, cobrando la vida de dos de los fundadores y poniendo en peligro la de uno más. Es el riesgo de hacer periodismo de investigación en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad, la corrupción y el crimen, y existe un desdén apabullante para quienes ejercen la libertad de expresión.

En ZETA, seguimos haciendo periodismo de investigación, aun en un clima hostil, libres como el viento ayer, hoy y siempre. Gracias a todos nuestros lectores por su apoyo al semanario. Nuestro compromiso con ustedes es inquebrantable.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

El Gobierno federal administrará el Parque Bicentenario. Entra la Guardia Nacional

La Secretaria de Cultura, Claudia Curiel, explicó que el Parque Bicentenario operará bajo un nuevo esquema, pero aseguró que promotores podrán seguir haciendo uso del espacio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes que el Gobierno de México recuperó la concesión del Parque Bicentenario, tras el fallecimiento de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el Festival Axe Ceremonia el pasado 2 de abril. La Guardia Nacional ya se encuentra resguardando el lugar.
"El día de hoy fue recuperado el Parque Bicentenario. Ya está en manos de la Secretaría de Cultura", dijo la mandataria federal al iniciar su conferencia matutina.
Por su parte, la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que la recuperación de este recinto se logró gracias a la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indavi), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la secretaría que dirige, las cuales expusieron razones de utilidad pública, acceso a la cultura, el resguardo del patrimonio y el rescate de espacios públicos enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo.


A la par, precisó que el Parque Bicentenario quedará en manos de la Secretaría de Cultura y operará bajo un esquema mixto en el que promotores y promotoras podrán hacer uso de este espacio bajo los lineamientos establecidos por Protección Civil. También indicó que será el Gobierno de la Ciudad de México el que coordinará esta nueva modalidad.
"[Vamos a] a recuperar este espacio en un esquema también mixto como lo hablábamos con la Presidenta. Promotores, promotoras, bajo los lineamientos de protección civil van a poder operar en coordinación con la Secretaría de Cultura, pero vamos a fortalecer la parte pública que tiene este lugar para trabajar con el Gobierno de la Ciudad de México que nos ayudará a coordinar este nuevo esquema de trabajo y facilitar este tipo de oferta para el público, facilitar otro tipo de oferta y trabajar de manera responsable de manera que el beneficio sea colectivo", explicó.
Curiel de Icaza añadió que este mes se llevará a cabo un inventario en el lugar de la mano de las instituciones involucradas, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual se encargará de los siete ecosistemas que hay en el sitio.


También recordó que la concesión del Parque Bicentenario se otorgó en los últimos momentos de la administración de Enrique Peña Nieto, esta incluía la administración de 55 hectáreas a un costo de alrededor de un millón y medio de pesos al año "por poder operar un lugar que tiene muchas oportunidades de lucro, porque tiene muchos espacios para renta".

Este mismo viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria del retiro de la concesión del recinto a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V. Esto luego de la caída de una estructura metálica decorativa que colapsó durante el Festival Axe Ceremonia, realizado el pasado 2 de abril y que cobró la vida de dos fotoperiodistas.
"Declaratoria de rescate por causas de utilidad e interés público del Título de Concesión otorgado a la persona moral 'Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V.', para el uso, aprovechamiento y explotación del bien inmueble de propiedad federal denominado 'Parque Bicentenario'", se lee en el documento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detienen a coordinador del Sistema Penitenciario de Sonora tras fuga de ‘El Ponchis’ del Cereso de Hermosillo

Tras la fuga de Salú Francisco ‘N’, alias ‘El Ponchis’, líder del grupo criminal Los Cazadores, del Cereso de Hermosillo, fue detenido este jueves el coordinador del Sistema Penitenciario de Sonora.

Autoridades estatales confirmaron la captura del alto funcionario la tarde de este 22 de mayo en la ciudad de Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora informó que Gerardo ‘C’ quedó a disposición de la autoridad judicial para que se resuelva su situación legal.
Si bien la Fiscalía no indica el nombre del “alto funcionario” detenido, en el Registro Nacional de Detenciones aparece información sobre su captura, realizada este jueves por la mañana en la colonia Periodista de la capital de Sonora.


Cabe recordar que ‘El Ponchis’, líder de Los Cazadores, grupo de Los Chapitos en Sonora, se fugó la noche del domingo 4 de mayo del Centro de Reinserción Social 1 en Hermosillo, apenas semanas después de su detención.

Además de Gerardo ‘C’, hay otras 5 personas detenidas que estarían vinculadas a la fuga del criminal, según han informado las autoridades desde entonces.

FUENTE: PROYECTO PUENTE.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grupo armado ataca a candidato a regidor de Tantoyuca y a militantes del PAN

El candidato a la presidencia municipal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés condenó el ataque y dijo que los hechos sucedieron en la carretera hacia la localidad de El Terrero.

Un candidato a regidor de Tantoyuca y militantes del PAN sufrieron un ataque armado la noche del miércoles, que dejó como saldo una persona herida. 

El candidato a la presidencia municipal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés condenó el ataque y dijo que los hechos sucedieron en la carretera hacia la localidad de El Terrero, a la altura del paraje conocido como “Dos Caminos”.

Detalló que tres camionetas con hombres armados interceptaron a los simpatizantes, resultando una persona herida. La víctima, se señala, podría ser familiar o amigo de los implicados en la campaña.
“Rechazamos enérgicamente lo sucedido y pedimos al INE, pero sobre todo al Consejo General del OPLE, que atiendan de inmediato esta situación”, señaló. 
Ante la gravedad del ataque, el PAN solicitó la intervención de la Guardia Nacional y la Sedena para proteger el proceso electoral local.

“Esta campaña no debe convertirse en un proceso donde se consumen más actos violentos que atenten contra la vida de las personas”, advierte. 

Esta semana de visita en Veracruz, el líder nacional del PAN, Jorge Romero dijo que en Veracruz “han recibido amenazas más de un par de candidatos” y adelantó que han solicitado protección formal, a una semana de la jornada electoral del 1 de junio. 

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés es exdirigente del PAN, ha sido diputado federal y local y es la cuarta vez que contiende por el cargo. 

Renuncias e investigaciones

También, La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación tras la detención de Francisco “N”, de 33 años de edad, quien fue asegurado durante un evento proselitista del candidato de Movimiento Ciudadano, Jesús Uribe Esquivel, en Las Choapas.

Al detenido se le decomisaron dos armas cortas calibre .22 y .38, junto con seis cartuchos útiles, mientras circulaba en una motocicleta cerca de la colonia San José del Carmen. De inmediato, fue entregado a elementos de la Policía Municipal, y posteriormente trasladado a disposición de la FGR por portación ilegal de armas de fuego.

En este contexto de creciente violencia, la candidata del PT en Las Choapas, Luz del Carmen Bautista López, presentó este jueves su renuncia formal ante el OPLE, tras anunciar su decisión días atrás. 

El trámite se hizo oficial la tarde del 22 de mayo, con la entrega de la documentación, lo que deja al PT sin representación en ese municipio, a menos de dos semanas de las elecciones.

El ambiente electoral en Veracruz está marcado por asesinatos y amenazas. Hasta ahora se han reportado dos candidatos muertos —Yesenia Lara (Morena, Texistepec) y Germán Anuar Valencia (Morena, Coxquihui). 

Hasta la fecha, al menos 123 aspirantes han pedido medidas de seguridad; el gobierno de Veracruz anunció protección para la mayoría.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México rechaza acuerdo para reforzar seguridad en frontera con EU

El Pentágono anunció que tomaría control sobre una estrecha franja de terreno a lo largo de la frontera que pasará a formar parte de la base de Fort Bliss.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este viernes que la decisión de los Estados Unidos de reforzar la seguridad en su frontera sur, al designar ciertas zonas como áreas de defensa nacional, haya sido un acuerdo con su homólogo Donald Trump para frenar la migración.

“Nosotros no vamos a hacer un acuerdo de ese tipo. Ellos tienen derecho a hacer en su país lo que determinen. Nosotros también tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante se refirió así a la decisión del Gobierno de Estados Unidos, que a principios de mes anunció la creación de una segunda zona militar restringida en la frontera con México.

En concreto, el Pentágono anunció que tomaría control sobre una estrecha franja de terreno a lo largo de la frontera, con una extensión de más de 100 kilómetros, y pasará a formar parte de la base de Fort Bliss, cerca a El Paso.

El jueves, la embajada de los Estados Unidos en México advirtió a los migrantes que cualquier persona “no autorizada” que ingrese a ciertas zonas de la frontera sur de ese país será objeto de “multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento”.

En ese sentido, Sheinbaum expresó su desacuerdo y recordó que la migración es un tema social “fundamentalmente”, por lo que insistió que atender esta problemática requiere de cooperación para el desarrollo.

“Nosotros tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo, pero ellos han tomado esa decisión de poner más presencia militar en su frontera sur para evitar la migración. Nosotros creemos que la orientación debe ser distinta y lo planteamos siempre, pero de ninguna manera nosotros, imagínense, vamos a acordar una cosa así”.

La toma de control de partes de la frontera sur por el Ejército de Estados Unidos se suma a la cada vez mayor presencia del Pentágono en la gestión de los organismos de migración.

El número de personas detenidas cruzando de manera irregular la frontera sur de EE.UU. se ha desplomado desde que el republicano llegó a la Casa Blanca, con menos de 30 mil arrestos en el mes de febrero, en comparación con los 124.000 que se registraron en diciembre, mientras el expresidente Joe Biden seguía en el poder.

Desde su llegada a poder, Donald Trump ha militarizado la frontera, ha ordenado redadas en varios puntos del país, ha revocado beneficios migratorios para varias nacionalidades y ha conseguido que México despliegue 10 mil elementos de su Guardia Nacional para controlar el flujo de drogas y personas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Otorga FGR 'criterio de oportunidad' a los Weinberg en proceso penal contra García Luna

El criterio de oportunidad fue otorgado por la FGR a ​​Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López y Natan Wancier Taub.

La Fiscalía General de la República (FGR) llegó a un acuerdo con tres integrantes de la familia Weinberg para otorgarles un criterio de oportunidad en el proceso penal que se le sigue en México a Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública federal, su esposa y cinco familiares más por los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 5 mil 112 millones de pesos.

El criterio de oportunidad otorgado por la FGR a ​​Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Mauricio Samuel Weinberg López y Natan Wancier Taub fue presentado en audiencia ante un juez de control para su autorización.

La audiencia no concluyó, por lo que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, Gregorio Salazar Hernández, determinó continuar el debate hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana.

En la causa penal que se sigue contra Genaro García Luna también aparecen como imputadas su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, sus hermanas Esperanza, Luz y María, todas de apellidos García Luna, su hermano Humberto y su sobrino Oswaldo Luna Valderrabano, así como más de 30 ex servidores públicos.

El criterio de oportunidad otorgado por la FGR a los Weinberg coincide con la sentencia dictada el pasado mieécoles en la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida, en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, por el presunto desvío de dinero público.

La sentencia definitiva de ese caso se deriva de la demanda civil que presentó el Estado Mexicano en septiembre de 2021, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en contra de “la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por García Luna”, tras la asignación irregular de contratos públicos para la construcción de penales federales.

Por lo anterior, la jueza de la causa, Lisa Walsh, condenó a Garcia Luna a un pago de 748 millones 829 mil dólares por concepto de la cantidad reclamada por el demandante, mientras que su esposa deberá hacer un pago por separado de 1,740 millones de pesos por el mismo concepto.

La UIF explicó que de acuerdo con la Ley de Florida, la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero que el Gobierno de México reclamaba a ambos demandados originalmente.

En el comunicado de las autoridades mexicanas se advierte que la sentencia final “es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio”

La UIF también dio a conocer que ya se ejecutaron algunas de esas sentencias de culpabilidad, por lo que México logró una recuperación de activos por un monto de un millón 970 mil dólares estadounidenses, así como la transmisión de un bien inmueble valuado en 555 mil dólares.

Tras vencerse una hipoteca por otro inmueble en posesión de una empresa de García Luna, el gobierno mexicano también logró recuperar otros 275 mil dólares.

“Los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta”, señaló la UIF.

La acusación en México

De acuerdo con la carpeta de investigación, Genaro García Luna dirigía una organización criminal desde que fungía como Secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, en la cual participaban funcionarios de otros organismos de seguridad como el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Aprovechando su cargo, García Luna presuntamente “conformó una extensa red de socios comerciales” para obtener contratos ilegales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)”, obteniendo así cientos de millones de dólares en “ganancias”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.

Marina asegura 1.28 toneladas de cocaína en costas de Michoacán con valor de 310 mdp

La Secretaría de Marina (Semar) coordinó un operativo frente a las costas de Michoacán en el que se logró recuperar 1.28 toneladas de cocaína.

La Secretaría de Marina(Semar) encabezó un operativo marítimo en el que se decomisó cerca de 1.28 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán.

En el operativo encabezado por la Marina participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El aseguramiento de la presunta droga se logró luego de patrullajes marinos y aéreos, en los que fueron localizados 64 bultos con mil 291 piezas de ladrillo que contenían la presunta cocaína con un peso aproximado de mil 285 kilogramos.

En un comunicado conjunto las autoridades aseguraron que mantienen la coordinación en materia de seguridad con el fin de inhibir la acción delincuencial y garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

La droga decomisada fue puesta a disposición de la autoridad competente, con el fin de integrar las carpetas de investigación correspondientes. A la par destacaron que en lo que va de la presente Administración suman aproximadamente 38.5 toneladas de aparente cocaína asegurada en la mar lo que representa un cálculo de 2.5 millones de dosis.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la droga asegurada al narcotráfico representa una “afectación económica de 310 millones 409 mil 375 pesos”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Batres reclama a SCJN quitarla de caso Salinas Pliego sólo por animadversión personal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la Ministra Lenia Batres para participar en un juicio de amparo de la empresa Elektra.

La Ministra Lenia Batres Guadarrama confirmó que fue declarada impedida por sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para participar en la votación de un recurso legal promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego, relacionado con un adeudo fiscal sobre el pago de impuestos.

La Primera Sala de la SCJN resolvió el impedimento 30/2024 promovido por Grupo Elektra, que solicitó excluir a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel Mossa del análisis de un amparo relacionado con un adeudo fiscal superior a mil 431 millones de pesos.

Sin embargo, los ministros determinaron no declarar legal el impedimento contra Esquivel Mossa, pero legal contra Lenia Batres. Esto tras declarar que la togada mantiene una “animadversión personal” contra Salinas Pliego, lo cual podría comprometer su imparcialidad en el caso.

Ante la decisión del máximo tribunal, la Magistrada Batres Guadarrama afirmó que el impedimento contra su participación en la votación de un asunto de la empresa Elektra, buscaba, "sin mucho ruido", que no participara en los demás juicios en los que la empresa de Salinas Pliego busca no pagar impuestos.
Por medio de una tarjeta informativa, la juzgadora destacó que la Sala se basó en publicaciones que ella hizo desde el año 2014, en las que se ha pronunciado en el sentido de que Salinas Pliego pretende no pagar impuestos respecto del lucro que obtuvo al vender acciones de su propia empresa.
"Este caso podría convertirse en el primero a resolver por el Tribunal de Disciplina Judicial", indicó la candidata para como Ministra desde su cuenta oficial de X, antes Twitter.
En el mismo argumento, Lenia Batres señaló que la Segunda Sala utilizó sus declaraciones para impedirla de votar otro amparo de Salinas Pliego, con el que el magnate impugnó la solicitud que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo a todas las entidades financieras y casas de bolsa para conocer su información patrimonial.
“En ese caso, además, la enemistad manifiesta que tendría que acreditarse, suponiendo sin conceder, que procedería por esta causal, no sólo contra uno de los dueños de la empresa sino contra sus múltiples propietarios, es decir, el resto de accionistas del grupo empresarial, lo cual, obviamente, no sucede. Si no fuera contra los accionistas, la enemistad tendría que acreditarse contra la persona moral Elektra, caso que tampoco sucede”, sostuvo Batres.
Por otra parte, la Ministra acusó a la Primera Sala de la SCJN de no aplicar el mismo criterio utilizado en casos similares, donde se determinó que emitir opiniones no compromete la objetividad para resolver un expediente, como ocurrió en los impedimentos 39/2024, 40/2024, 42/2024, 7/2025 y 8/2025.

“La sentencia propuesta por el Ministro Pardo Rebolledo contradice lo que ya ha sostenido la SCJN, en ambas Salas, al cuestionarse la objetividad de la Ministra Lenia Batres derivado de la libertad de opinión que ejerció años antes de convertirse en ministra”, concluyó.

Salinas Pliego teme una corte adversa

A inicios de marzo, la juzgadora Lenia Batres Guadarrama aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene prisa de que el órgano jurisdiccional deseche las sentencias sobre el pago de impuestos por más de 34 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto ante el temor de enfrentarse a una Corte adversa tras la elección judicial que se llevará a cabo el próximo mes de julio.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, destacó que el dueño del conglomerado Grupo Salinas, ha presentado durante meses recursos legales para retrasar la resolución, pero ahora que está cerca la celebración de la elección judicial, la cual renovará a los integrantes de la Corte, Ricardo Salinas ha empujado para que se resuelva el proceso.


"Esta persona está interponiendo estos recursos para alargar los procesos. De repente le entró prisa, que eso no deja de llamar la atención, a partir del día de hoy yo creo que es un punto de quiebre, seguramente ya valoró una posible Corte adversa que puede entrar en septiembre o una Corte que él crea que no le resolverá a su favor y por eso le entró una prisa, eso puede ser una razón por la cual los ministros resolvieron así".

La Ministra aseguró que esta prisa responde a los intereses de Salinas Pliego de que los miembros de esta Corte resuelvan a su favor.

"Fue un acto muy atropellado por eso es que lo ligo con los propios intereses de esta persona. Además de manifestar una prisa inusitada después de haber estado consintiendo. Llevo meses solicitando que se le multe a esta persona porque interpone impedimentos que no son procedentes", indicó.

Pese a las denuncias, la Segunda Sala de la SCJN determinó que Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Salinas Pliego.
De acuerdo con la Corte, existe falta de objetividad por parte de la Ministra, debido a manifestaciones previas que hizo desde su cuenta de X donde arremetía contra los presuntos paraísos fiscales del empresario y exigía que pagara los impuestos "que le debe al país".

Sin embargo, Lenia Batres mencionó en aquella ocasión que Ricardo Salinas Pliego tiene temor de que la nueva Corte sí esté apegada a derecho y lo obligue a pagar su deuda millonaria con el SAT.

"Yo digo que tiene que ver el fin de esta era, esta época, seguramente yo creo que si alguien tiene temor cómo va a resolver una siguiente Corte, por lo menos apegada a derecho, sí hay ese temor, pues muestra mas que un punto a favor de la reforma y que los ministros no van a resolver por consigna, subordinados a intereses personales", aseveró.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exalumno del Poli es condenado a 5 años de prisión por delito de pornografía infantil

Diego "N", exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue sentenciado a cinco años de prisión tras editar fotografías de sus compañeras con Inteligencia Artificial para venderlas.

Un Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Diego "N", exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), una sentencia de cinco años de prisión y una multa de 103 mil 740 pesos, tras declararlo culpable por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

De acuerdo con la resolución, el exalumno del Poli es acusado de editar fotografías de sus compañeras con Inteligencia Artificial para venderlas con fines sexuales.

Desde el 6 de octubre de 2023, en un salón de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital encontraron en el celular de Diego más de 50 mil desnudos de mujeres creadas con la herramienta tecnológica, las cuales fueron comercializadas por internet.

Según datos de la Asamblea de Justicia Digital IPN, al menos 40 por ciento del material real o alterado son estudiantes de la ESCA, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 25 años.

A raíz de las pruebas, el agresor fue detenido desde el 26 de octubre de 2023, luego de que se cumplimentó una orden de cateo en la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Sin embargo, el juicio comenzó en noviembre de ese mismo año y, dos años después, fue sentenciado a prisión hasta 2030, respectivamente.

En México, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en 2023, 21 por ciento de la población usuaria de internet –18.4 millones de personas de 12 años y más– vivió alguna situación de ciberacoso. El mismo año, 22 por ciento de las mujeres y 19.6 por ciento de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso.

El caso de Diego "N" es el primero que trasciende con la "Ley Olimpia", la cual sanciona en cualquier acto que viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.


A raíz de sus acciones, y tras el dictamen del Juez, el joven del IPN permanecerá en prisión en la sede del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

“Seguimos en lucha para que nuestras carpetas puedan avanzar correctamente y recibamos justicia” compartió la Asamblea Colectiva Justicia Digital del Politécnico, que dio a conocer la sentencia a través de sus redes sociales el 22 de mayo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CNTE bloquea T1 y T2 del AICM

El AICM recomendó a los pasajeros que tengan vuelos programados para este viernes  que salgan con antelación, consideren rutas alternas o utilicen el transporte público en la medida de lo posible, ya que el acceso en vehículo privado podría estar comprometido.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen bloqueadas con un plantón la Terminal 1 y la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El AICM recomendó a los pasajeros que tengan vuelos programados para este viernes que salgan con antelación, consideren rutas alternas o utilicen el transporte público en la medida de lo posible, ya que el acceso en vehículo privado podría estar comprometido.

Asimismo, el AICM indicó que para salvaguardar la integridad de los pasajeros, usuarios, sus bienes y la infraestructura, se mantiene el dispositivo de seguridad con elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Secretaría de Marina, del Servicio de Protección Federal.

Así como de empresas de seguridad privada del aeropuerto , quienes de manera coordinada, se encuentran resguardando los accesos en ambas terminales.

La subsecretaría de Control de Transito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) dispuso de algunos vehículos para facilitar el traslado y acceso de las y los usuarios a las terminales del aeropuerto capitalino.

Aerolíneas activan política de protección a pasajeros ante bloqueos de la CNTE

Aerolíneas, como Aeroméxico y Viva Aerobus activaron la política de protección para las y los pasajeros que tienen vuelos desde o hacia la Ciudad de México.

Por su parte, Viva Aerobus señaló que ante la presencia de la CNTE en inmediaciones del AICM, y, reforzando nuestro compromiso con nuestros pasajeros, contamos con la política de Flex – Sí – bilidad disponible en nuestro sitio web, la cual aplica para los vuelos operados y afectados el día de hoy, 23 de mayo.

No hubo cancelación de vuelos; solo demoras

Fuentes federales afirmaron a Aristegui Noticias, no fue afectado ningún vuelo.

“Si hay vuelos demorados por la situación pero se está haciendo todo lo necesario para que todos los vuelos salgan”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.