Desde Fox hasta AMLO, el gobierno mexicano firmó 3 mil 529 contratos con más de 800 empresas inexistentes.
Se trata de compañías que no contaban con la capacidad operativa ni los recursos para cumplir con los servicios que prometían. Sin embargo, accedieron a grandes sumas de recursos públicos por el equivalente a 1.5 millones de pesos diarios a lo largo de 20 años.
Al mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7 mil 239 millones de pesos en impuestos a estas mismas empresas, debido a cancelaciones o condonaciones de adeudos fiscales.
Por primera vez, una investigación cuantifica de forma global cuántos recursos federales se entregaron a empresas fantasma a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Quinto Elemento Lab, en colaboración con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó este análisis a partir de una base de datos en la que se cruzaron los contratos federales disponibles en CompraNet (2002–2022) con el listado más actualizado del SAT de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023. Dado que este registro se actualiza periódicamente, algunas empresas consideradas como definitivas al momento del análisis podrían haber sido excluidas en versiones posteriores.
Esta investigación revela un sistema de contratación que permitió —y toleró— la participación de empresas fachada durante dos décadas, sin consecuencias reales para los responsables, con pocas sanciones y menos denuncias: un fenómeno transexenal de consecuencias públicas.
En sus conferencias matutinas el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en varias ocasiones a las empresas fantasma y las facturas falsas, pero como hechos que ocurrían en administraciones pasadas . Diseño: Omar Bobadilla
Sin embargo, no ocurrió así. Esta investigación revela que en el sexenio pasado se contrató a empresas inexistentes y se repitieron las irregularidades administrativas de los gobiernos del pasado. En muchos casos eran compañías que habían recibido contratos en administraciones anteriores.
Entre 2018 y 2022, la administración lopezobradorista asignó 87 contratos a 34 proveedores fantasma por 182.8 millones de pesos (mdp), a través de 23 dependencias federales, cinco universidades, cuatro oficinas estatales y un ayuntamiento en Tabasco. Lo que equivale a 100 mil pesos diarios otorgados a EFOS en los primeros cinco años de su mandato.
Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México cruzaron el listado de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023 con los contratos de CompraNet realizados entre 2002 y 2022. El análisis de esta base de datos permitió identificar a las empresas fachada contratadas por la pasada administración.
Como el SAT actualiza este registro periódicamente, es posible que en archivos más recientes haya empresas que no se consideraron en la investigación, así como EFOS definitivas contabilizadas aquí, que podrían haber quedado excluidas de los nuevos listados.
La revisión de los 87 contratos con empresas fantasma –definitivas hasta el corte de enero de 2023– evidenció que en el sexenio de AMLO se mantuvieron prácticas del pasado en las adquisiciones con factureras, como compras de excepción, ocultamiento de contratos o facturas, pagos a proveedores que confirmaron tener escasos trabajadores, carencia de constancias fiscales y de seguridad social, pruebas de cumplimiento únicamente documentales y contratación de empresas multiusos.
Además de posibles sobrecostos o pérdida de recursos, las consecuencias fueron más allá: se abandonó la construcción de carreteras y algunos hospitales sufrieron desabasto de equipo médico especializado. Todo esto mientras el gobierno lopezobradorista emprendía una persecución penal contra las factureras, a la vez que detectaba menos EFOS que sus antecesores.
Domicilios inexistentes y EFOS del pasado
En una tarde de mayo de 2024, sobre la calle Vicente Suárez, en la ciudad de Puebla, de una antigua casa de clase media con un despacho en la planta baja sale una mujer mayor. Se asombra al escuchar la pregunta de si conoce a Medical & Technical Books, una EFOS que se dedicaba a la venta de libros y publicaciones especializadas. Desde un balcón del segundo piso, adornado con macetas y figuras religiosas, un hombre —también de apariencia mayor— responde que la firma estuvo ahí hace unos cinco años.
Los casos de compañías que dan domicilios inexistentes o en viviendas se repiten en otras partes del país.
Para poder emitir facturas, toda empresa debe registrar un domicilio. Pero muchos de los reportados por las 34 factureras contratadas en el gobierno de AMLO corresponden a casas o locales con pocas señales de que ahí opere alguna compañía.
Este tipo de direcciones son una alerta, advierte Denise Tron, de la organización Justicia Justa, pues el “domicilio fiscal no puede ser la casa de uno de los socios o del representante legal, o un domicilio que dio un prestanombres, está regulado en el Código Fiscal de la Federación”.
“Estos domicilios son un problema relacionado con la materialidad porque implican que no tienen las condiciones básicas de infraestructura física, de mobiliario o de elementos tecnológicos para operar y cumplir con la actividad que supuestamente realizan”, agrega Natalia Campos, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Domicilios fiscales de algunas compañías fantasma contratadas en el sexenio de AMLO se encontraban en viviendas o en locales desocupados u ocupados por otras empresas.
A las direcciones irregulares se suma el hecho de que, mientras 13 proveedores fantasma se estrenaron como contratistas con AMLO —destacan Cookout Party, Servicios de Limpieza Ecoclorx, Estructuras Arquitectónicas Tholoi, Cubso Construcciones y Productos Mobeqt por haberse constituido en 2018, la mayoría entre noviembre y diciembre—, 21 EFOS eran viejas conocidas de los sexenios de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, e incluso un par recibió contratos en tiempos de Fox.
Por ejemplo, Construcción Instrumentación y Servicios, compañía imposible de localizar en su domicilio de Agua Prieta, Sonora, y que recibió 92.7 millones de pesos en el periodo de López Obrador para ampliar una carretera en ese estado —que dejó abandonada—, en los sexenios de Calderón y Peña se encargó de pavimentaciones y obras hospitalarias por 11.2 millones de pesos.
López Obrador incluso llegó a exhibir a Peña Nieto, su antecesor, por el uso indebido de facturas falsas, “esas que ahora estamos prohibiendo”. Sin embargo, en su sexenio se mantuvieron tratos con empresas fantasma heredadas del peñanietismo, como Interacción Biomédica o Credimosa.
Fundada en 2012 en un domicilio ubicado junto a las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Toluca, Interacción Biomédica pasó a la historia como la empresa fantasma que más dinero público ha obtenido del área de salud.
De acuerdo con un informe elaborado por la organización Impunidad Cero, hasta 2019 la firma facturó a gobiernos de todos los niveles más de mil 600 millones de pesos, la mayor parte con el sistema de salud del Estado de México. Y en el sexenio pasado recibió contratos que sumaron 14.5 millones de pesos.
Mientras que Credimosa —una firma dedicada a la venta de llantas y refacciones que dejó el domicilio que tenía en el edificio donde opera la Fiscalía Regional de Naucalpan para mudarse a un penthouse localizado a 15 minutos a pie de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, obtuvo con Diconsa y las Fuerzas Armadas en el lopezobradorismo 7 millones de pesos, que se agregaron a los 73.7 millones recibidos en la época priista.
Según contratos y registros de comercio, detrás de la llantera fantasma está Marcelo Óscar Reyes Jiménez, subdirector de Recursos Materiales del DIF de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard. La empresa también proveyó de llantas a dependencias capitalinas desde la gestión de Miguel Ángel Mancera hasta la de Claudia Sheinbaum.
En respuesta a esta investigación la Semar dijo que el procedimiento de contratación de Credimosa se apegó a los lineamientos de CompraNet y que la entrega de los bienes se acreditó mediante actas de entrega-recepción. Reyes y Credimosa respondieron a la consulta de este equipo periodístico.
Fantasmas que no desaparecen
Desde el punto de vista de especialistas consultados, que la cantidad de EFOS contratadas en el sexenio pasado parezca baja se debe a que muchas factureras posiblemente aún no han sido detectadas por la autoridad fiscal.
“El SAT dejó de ejercer esta facultad de poder investigar si los contribuyentes realmente realizaban las operaciones o solo las simulaban”, explica la especialista fiscal Denise Tron. “No es que haya menos empresas fantasma, es que hay menos empresas dentro del listado. Y pues no, no tenemos un dato del número que existe en la realidad”.
Para Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la falla en la detección de factureras también refleja la poca confianza en las autoridades, pues dice que hay un déficit de las denuncias ciudadanas que les permiten enterarse de que “había alguien que estaba haciendo tratos con una EFOS”.
No es posible precisar si la caída en la detección de EFOS es porque ya no existen este tipo de compañías o porque no se les están identificando, pero los expertos coinciden en que se trata de la segunda razón. El mismo planteamiento y otros hallazgos de esta investigación se presentaron al SAT para conocer su posicionamiento, pero la autoridad fiscal no entregó una respuesta.
Y mientras la inhabilitación de empresas fantasma se desplomaba, las EFOS también encontraban la manera de sortear las resoluciones del SAT.
Esta investigación encontró que tres de las 34 empresas fantasma que contrataron en el periodo de AMLO incluidas en la base de datos al corte de enero de 2023, actualmente se encuentran fuera del listado vigente de definitivas y aparecen en un registro público del SAT denominado de “sentencia favorable”, el más reciente, con fecha de actualización del 5 de febrero de 2025.
Una de ellas es Limpieza y Mantenimiento Xielsa. En el gobierno lopezobradorista obtuvo contratos que sumaron 19.8 millones de pesos por servicios de limpieza, adicionales a los 25.8 millones que recibió en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
De los servicios contratados en el sexenio de AMLO por los Centros de Integración Juvenil y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez las pruebas de los servicios son una relación de fechas escritas a mano e información testada.
En una condición similar está Proyectos y Construcciones Roxi, empresa oaxaqueña invitada en 2019 directamente por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a la licitación de la rehabilitación de la Casa del Comedor de la Niñez Indígena “Josefa Ortiz de Domínguez” en Agua de Niño, localidad perteneciente a San Lucas Zoquiápam, uno de los 100 municipios con mayor rezago social en el país..
La obra consistía en una fosa séptica, una cisterna, cercados y el comedor —junto con la instalación eléctrica, y el levantamiento de muros y encimeras—. La justificación del instituto era que la empresa tenía tres contratos similares en CompraNet
Según dijo la dependencia en respuesta a este reportaje, en el proceso de contratación “no se encontraron irregularidades por parte de la empresa” y cuando se le contrató entregó una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, es decir, no era EFOS definitiva.
Quinto Elemento Lab obtuvo por Transparencia el expediente de contratación con la investigación de mercado, la convocatoria, una guía técnica con especificaciones, el contrato y los comprobantes de pago. Por esa misma vía el INPI no entregó pruebas de la realización de la obra porque negó que hubiera tratos con la constructora.
Sin embargo, los documentos confirmaron que en cinco ocasiones el instituto depositó o expidió cheques por un total de 4 millones 595 mil 478 pesos. El último pago fue de 421 mil pesos y se realizó en agosto de 2021, un año ocho meses después de la fecha en la que debía concluirse la obra y a nombre de otra empresa oaxaqueña. Para entonces el SAT ya había incluido a Proyectos y Construcciones Roxi en su lista de EFOS definitivas por ausencia de activos y personal, falta de infraestructura e incapacidad material.
Antes de publicar esta investigación, por correo electrónico el INPI reconoció que el contrato existía y que la obra se realizó, pero sobre todo destacó que la empresa había salido del listado de EFOS definitivas.
Tanto Limpieza y Mantenimiento Xielsa como Proyectos y Construcciones Roxi se encontraban en calidad de EFOS definitivas cuando se realizó el análisis para esta serie de reportajes. Se buscó a ambas compañías sin recibir una contestación.
Estas firmas salieron del listado de definitivas luego de interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las razones por las que una empresa le “gana” al SAT, dicen especialistas consultados, pueden ser varias: desde acreditar que sí realizó las operaciones facturadas hasta errores en el procedimiento, en los plazos de notificaciones, de alguna firma o cómo se realizó la visita del SAT, por ejemplo.
Si bien la resolución por la que se les declaró definitivas se invalida, para el SAT no significa que la empresa se libere de la responsabilidad de haber emitido facturas “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal”, advierte el órgano.
Irregularidades de origen
Cuando López Obrador inició su mandato, el Gobierno federal llevaba al menos cuatro años detectando e inmovilizando EFOS. En 2018 ya se conocían tramas de corrupción gubernamental que las involucraban y se habían revelado algunas de sus características, así como de las constantes irregularidades bajo las que eran contratadas.
La asignación de contratos por adjudicación directa y por invitación restringida (cuando los proveedores que participan son convocados por la dependencia) son considerados procesos de excepción por las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, permitidos únicamente cuando se trata de compras muy especializadas o de seguridad nacional.
El procedimiento legal consiste en que, por lo general, las contrataciones ocurren mediante licitaciones, concursos públicos en los que cualquier compañía presenta una propuesta y el contratante elige a la mejor en calidad y precio.
No obstante, el 78.2 por ciento de los contratos a empresas fantasma en el sexenio pasado se entregaron mediante procedimientos de excepción, una proporción casi igual que con Peña Nieto y mayor que con Calderón. Solo 19 convenios se hicieron por licitación pública, pero que los ganaran EFOS hace sospechar de procedimientos con irregularidades, opinan las especialistas entrevistadas.
“El gobierno, cuando da esas licitaciones, esos concursos, realmente son como para decir: sí, cualquier empresa puede concursar. Pero no, realmente ya están otorgadas”, señala Tron, de Justicia Justa.
“Lo que le interesa a quienes permitieron que ocurriera esta contratación es que (…) siga siendo proveedor del Estado”, concuerda Pérez, del SNA. “Para que esto ocurra, una autoridad es responsable”.
Infraestructura en Construcción, una empresa veracruzana que obtuvo más de 124 millones de pesos en la época de Peña Nieto y que también había trabajado con el gobernador Javier Duarte, ganó en 2019 un contrato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tras simular una competencia con otra compañía con la que compartía socios y pese a carecer del personal especializado requerido por la convocatoria. Ya había sido inmovilizada por el SAT cuando firmó el convenio.
Casi una tercera parte de los tratos con EFOS en el sexenio de López Obrador se otorgaron cuando estas empresas ya habían sido catalogadas como definitivas o mientras estaban bajo investigación del SAT como presuntas factureras, y exhibidas también en un listado público. De entre la decena de dependencias que las contrataron destacan la SICT, el ISSSTE, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Al mismo tiempo, sobre aquellas firmas que todavía no eran sancionadas por la autoridad fiscal había sospechas que se asomaban en los procesos de contratación, pero pasaron desapercibidas para los funcionarios, por ejemplo, durante la revisión de las constancias de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social del IMSS, y de Obligaciones Fiscales del SAT, útiles para advertir si las compañías tienen su situación laboral y fiscal en regla.
Quinto Elemento Lab requirió por Transparencia ambos documentos en los 87 contratos. Solo de la mitad se localizaron constancias positivas del SAT y, en apenas siete casos, las dependencias entregaron el documento de seguridad social, que las empresas estaban obligadas a proporcionar por ley.
Según estos documentos, Credimosa, con solo dos empleados, llegó a venderle al gobierno millones de pesos en refacciones y llantas. Mientras que la empresa Electro Riegos, con un trabajador registrado, fue contratada por 2.6 millones de pesos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para trabajos de rehabilitación de válvulas de emergencia y del tablero de control, así como para la compactación y repavimentación de una superficie de 4 mil 500 metros cuadrados en la presa José López Portillo en Sinaloa.
Electro Riegos quedó inhabilitada por el SAT el mismo día que inició su contrato en agosto de 2019, pero sus dos socios continuaron como contratistas de la Conagua mediante Estudios y Proyectos del Campo, compañía de giro similar, a la que en 2022 y 2023 la dependencia calificó de “empresa confiable” e incluyó en el padrón de un programa de devolución de pagos por suministro de agua en distritos de riego.
En el caso de Interacción Biomédica, la facturera mexiquense que firmó contratos con el IMSS y el ISSSTE para proveer material de curación, insumos y equipo médico, según la constancia de seguridad social resultó tener apenas nueve trabajadores.
Entre las irregularidades también resaltan las compañías con múltiples actividades empresariales y las que se constituyeron bajo un objeto distinto al rubro para el que eran contratadas.
En 2019, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Progreso, la terminal marítima más importante de la costa yucateca, adjudicó dos contratos a Servicios Profesionales BSB para trabajos de configuración y reparación de sensores para el control del acceso vehicular, así como servicios de desmontaje de torres e instalación de cámaras y radios.
BSB ya estaba bajo sospecha del SAT, porque según su objeto social —descrito en su acta constitutiva— se dedicaba a asesorías corporativas, venta de bienes y maquinaria, y cobranza, entre muchas otras cosas, que no incluían servicios de electrónica o informática.
La Asipona Progreso no presentó convenios ni pruebas del trabajo de BSB, a pesar de las solicitudes de información, pero sí entregó comprobantes de pago y facturas. En estas figura el domicilio que reportó la empresa: el 221 de la calle 13 de la colonia Chuburná, en Mérida, una casa que entre 2018 y 2019 exhibía un letrero con el logotipo de BSB y de otra compañía con la que compartía el inmueble, pero que actualmente ya no está señalizada.
Y hay muchos otros casos.
La hidalguense Comercializadora Hisor fue contratada con recursos federales para construir un distribuidor vial en Pachuca, pero igual fue requerida por la delegación de Puebla del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que le proveyera insumos de papelería.
Alyfranz recibió tres contratos por adjudicación directa de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México del ISSSTE, lo mismo para suministrar alcohol de curación, termos sublimados, tazas y vasos conmemorativos, que fólderes, opalinas, cintas de colores con pegamento y hasta líquidos para la prueba de Papanicolaou, fundamental para detectar el virus del papiloma humano relacionado con el cáncer cervicouterino.
El ISSSTE, bajo la administración de AMLO, contrató a Perylsa Suministros y Productos del Antequera para adquirir material didáctico para las estancias del Bienestar, además de alcohol, abrelatas, aspas de licuadora, utensilios de cocina y otros enseres para las unidades médicas. La empresa con domicilio en Oaxaca tuvo dos contratos con la delegación de su estado y también fue requerida por el ISSSTE de Puebla para comprarle alcohol.
En el Estado de México, la Universidad Politécnica de Tecámac utilizó recursos federales para comprar equipos de cómputo a HV MN Tecnología México, una empresa capitalina de marketing y publicidad en redes sociales.
Y la Fiscalía General de la República (FGR) adjudicó un contrato a la mexiquense Servicios Empresariales Neo-Net para que le preparara box lunch de emparedados frescos en la delegación del Estado de México, mientras que el Instituto Mexicano del Transporte le dio un contrato para el servicio de su comedor en Ciudad de México, y el Servicio Postal Mexicano la requirió para hacer trabajos de limpieza en Querétaro.
Ninguna de las dependencias o universidades mencionadas contestó los cuestionamientos de Quinto Elemento Lab respecto a estas contrataciones.
Mucha opacidad, poca fiscalización
Hay poca evidencia de que se haya sancionado a quienes cometieron estas irregularidades.
Quinto Elemento Lab envió solicitudes de información a todas las dependencias que contrataron EFOS en el sexenio pasado. De 87 convenios, en 55 no hubo inconformidades, en dos casos se rescindió el contrato, en uno se aplicó una multa, y para el resto no hubo respuesta.
Este reportaje no pudo precisar el esfuerzo gubernamental para sancionar los convenios públicos con empresas fantasma. La FGR no proporcionó información estadística sobre cuántas carpetas de investigación inició por delitos relacionados con la contratación de firmas inexistentes en el sexenio de López Obrador.
En cuanto a las faltas administrativas, la Secretaría de la Función Pública —actualmente, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— se limitó a sugerir la consulta del listado de servidores públicos sancionados. Pero la revisión no arrojó coincidencias. La dependencia tampoco atendió un cuestionario con el que se buscaba saber, entre otras cosas, si puede medir la incidencia y el tamaño del fenómeno de la contratación pública de EFOS y qué acciones realiza para su combate.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió por Transparencia que, entre 2014 y 2023, inició 2 mil 343 querellas por defraudación fiscal —el delito por el que suele perseguirse a las empresas fantasma, mas no a los funcionarios—, pero únicamente 17 fueron a juicio, en 123 casos no se siguió el proceso, y el resto está en trámite. De los casos llevados ante un juez, solo una sentencia resultó condenatoria.
A la falta de quejas se suma el hecho de que las dependencias no cancelaron contratos o tardaron en hacerlo, pese a la evidente falta de cumplimiento de los proveedores.
En obras carreteras de Veracruz y Sonora, la SICT rescindió contratos con empresas fantasma, pero lo hizo después de la fecha máxima de entrega de la obra y a pesar de que en visitas previas se comprobó que no había avances. En Sonora, la SICT pagó por adelantado 36 millones de pesos, que no ha recuperado.
Y el ISSSTE no canceló contratos con Interacción Biomédica, a pesar de que en respuesta a solicitudes de información admitió que hubo problemas en la atención a pacientes porque la facturera no entregó aparatos y provisiones médicas pactadas en Coahuila.
De las 34 EFOS contratadas en el sexenio de AMLO, las únicas inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública fueron Interacción Biomédica y Limpieza y Mantenimiento Xielsa. Y solo tres compañías fantasma han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por alguno de los convenios revisados por Quinto Elemento Lab. Además, 14 fueron dadas de baja del Registro Nacional de Proveedores del INE —el padrón de empresas que contratan los partidos políticos—.
El único procedimiento administrativo que se encontró donde se menciona a una facturera fue una multa que el INE le impuso a Morena en Jalisco. El partido presentó facturas por servicios que sumaban 1.1 millones de pesos, supuestamente realizados por Cookout Party, que ya había sido boletinada por el SAT.
Cookout Party también fue contratista federal en el sexenio de AMLO con la Secretaría de Bienestar en Nayarit, donde operaba como delegado Manuel Isaac Peraza Segovia. Aunque la dependencia trató de negar la existencia de un contrato de alimentos para el personal, Quinto Elemento Lab lo consiguió vía Transparencia.
Esta EFOS hacía de todo. Además del contrato con Bienestar, se localizaron convenios que no se celebraron con el Gobierno federal, pero que dan muestra de su versatilidad: en 2019 cobró 56 mil pesos por el brindis y el servicio de meseros para el primer informe de gobierno del municipio de Arandas, Jalisco; un año después, ganó un contrato de la Universidad de Guadalajara (UDG) de medio millón de pesos por armar, empaquetar y entregar kits de bienvenida, y de protección y sanitización personal.
En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) también se indica que fue proveedora de alimentos del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, impartió un seminario de titulación para la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UDG, y le rentó baños móviles a la Secretaría de Administración del gobierno de Jalisco.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, la empresa jalisciense tenía nexos con un trío de compañías señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ni los contratantes de Cookout Party ni la compañía proporcionaron una postura a Quinto Elemento Lab.
Empresas fantasma, obras fantasma
Los millones de pesos asignados a contratos con empresas fantasma debieron materializarse en obras, servicios o adquisiciones en 21 estados del país, principalmente en mejoras hidráulicas en Oaxaca, servicios en oficinas federales, equipo e insumos en unidades médicas de Michoacán y Coahuila, y carreteras en Sonora y Veracruz.
Mediante la PNT, Quinto Elemento Lab requirió facturas y documentos probatorios de los 87 convenios firmados con EFOS durante el sexenio de AMLO. Las dependencias confirmaron la existencia de facturas en 60 por ciento de los contratos fantasma, pero sólo del 39 por ciento se entregaron pruebas de cumplimiento, principalmente bitácoras o listas.
Por ejemplo, para demostrar la adquisición de libros y revistas especializados con Medical & Technical Books, una EFOS de Puebla, las universidades de Guanajuato y Autónoma de Yucatán enviaron fotos de los ejemplares, mientras que las universidades Veracruzana y Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de la Frontera Norte proporcionaron únicamente listas con los títulos.
La Universidad Veracruzana (UV) respondió que estas contrataciones corresponden a libros de ciencias médicas adquiridos en el periodo de la exrectora Sara Ladrón de Guevara. Los contratos eran firmados por funcionarios que dejaron el cargo en 2021: el abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes –actual presidente municipal de Xalapa–, Eric Jesús Galindo Mejía, director de Recursos Materiales, y el Secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso.
De acuerdo con la UV, Medical & Technical Books cumplía los requisitos exigidos en las licitaciones. “Sin embargo, se desconoce si la contrataron por recomendación o indicación”, aclaró la institución.
Un caso muy similar es el del ISSSTE en Coahuila, que mediante comprobantes documentales –como listas de materiales– sostiene que Interacción Biomédica, la facturera más grande del ramo de salud, le entregó equipo médico especializado para apoyo en cirugías, y administrar sangre, alimentos o quimioterapias.
Los documentos probatorios de la compra de llantas y filtros de aire adquiridos a Credimosa que la Semar proporcionó por Transparencia son recibos en los que la única garantía de la entrega de las refacciones son las firmas de tenientes, capitanes y contralmirantes, junto con sellos de la Oficialía Mayor y del Almacén General.
En cuanto a las obras licitadas por la SICT en Chiapas y Oaxaca, las pruebas son reportes, uno fotográfico, en los que la diferencia entre el “antes” y el “después” es bastante difusa y los nombres de los trabajadores y las firmas fueron cubiertos con rectángulos negros. Sobre dos contratos más, la dependencia ni siquiera entregó escritos probatorios, a pesar de que la Ley de Obras indica que debe hacerse un seguimiento detallado mediante bitácoras.
En algunos casos, hubo pruebas de que se pagaron los contratos, pero no de que se cumplieran. La Conagua admitió haber saldado cuatro facturas a Electro Riegos por trabajos en una presa de Sinaloa, pero no hay constancia de la obra. Diconsa, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) incluso negaron haber tenido tratos con EFOS, aunque existen convocatorias, contratos y comprobantes de pedidos firmados.
Desde su experiencia como fiscalizador de contrataciones públicas, el exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, pone en entredicho la validez de este tipo de pruebas “de papel” por su falta de trazabilidad. “Si tú me dices: ‘Oye, aquí hay unas hojitas de papel ahí con una firma’, esa no es suficiente evidencia”. La trazabilidad, explica en entrevista, es un registro más extenso, que da seguimiento a las diferentes partes de un proceso, desde la solicitud hasta la aplicación de los bienes o la ejecución de la obra.
Pero más allá de la falta de pruebas que amparen la existencia de obras o compras, lo que queda expuesto son las afectaciones a la ciudadanía.
Pobladores de Veracruz y Sonora no cuentan con los caminos que desde hace tiempo esperaban para conectar sus regiones porque la SICT seleccionó empresas fantasma que abandonaron las obras. Y en Coahuila, el resultado de que el ISSSTE contratara a una facturera fue que el Hospital General de Saltillo y media decena de clínicas se quedaron sin equipos especiales para infundir sangre, soluciones o quimioterapias para combatir el cáncer de pulmón, ovario o mama.
Cómo detener a las fantasmas
La ley no es clara respecto a cómo dejar a las factureras fuera de los concursos de contratos públicos.
“Esta figura de empresas fantasma no solo la usan los contribuyentes para pagar menos impuestos, sino que también la han usado y la siguen usando dependencias de gobierno, pero para otra finalidad, que es el desvío de recursos públicos, o sea, robarse el dinero”, expone Denise Tron, de Justicia Justa.
“Requieren tener alguna relación con una autoridad o parte del gobierno que esté colaborando para que puedan obtener contratos”, coincide Vania Pérez, del SNA.
De acuerdo con la especialista de Justicia Justa, el Gobierno federal ha permitido la proliferación de contratos públicos con EFOS desde que, a más de una década de que se creara este concepto como un problema fiscal para el SAT, “en todas las normas que regulan las contrataciones públicas no se ha incluido esta figura de empresas fantasma”.
Aunque Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar, reconoce los avances normativos para limitar el uso de EFOS en el país, señala los vacíos legales en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si bien se sanciona como falta grave la contratación indebida, solo aplica cuando las empresas ya están inhabilitadas o impedidas legalmente en el momento de la asignación del contrato.
Hasta la fecha, ninguna ley castiga la contratación de factureras con dinero público. No hay, dice Salvatierra, “una norma o algo que establezca de manera muy concreta que se prohíbe realizar contrataciones con las empresas que son parte del listado que establece el SAT”.
Los delitos de corrupción en los que pueden incurrir los servidores públicos, según el Código Penal Federal, tampoco mencionan de forma explícita a las EFOS. Si se comprueba el pago de contratos por servicios, obras o adquisiciones que no se realizaron –en los que comúnmente intervienen empresas fantasma–, las autoridades investigan los casos como peculado (desvío de recursos).
Una respuesta de la FGR disponible en la PNT indica que, entre 2022 y mayo de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició mil 957 carpetas por delitos de corrupción, de las cuales 472 fueron por peculado. De todas las investigaciones abiertas, apenas 138 llegaron a un juez. La FGR no quiso informar en cuántas hubo una sentencia condenatoria.
Pérez también destaca que el sexenio lopezobradorista concluyó sin cumplir uno de los grandes pendientes de la administración pública federal: una Ley General de Contrataciones Públicas.
La iniciativa de Ley propuesta por la SNA y organizaciones como Transparencia Mexicana y el IMCO, entre otras, contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas para homologar regulaciones en el país, pues actualmente existen cerca de 111 marcos legales que dictan cómo se deben realizar los procedimientos de contratación.
También mencionaba la necesidad de aumentar las investigaciones de mercado, contar con un plan anual de compras centralizadas y limitar al 30 por ciento del presupuesto la entrega de contratos mediante procesos de excepción. Sin embargo, la iniciativa tampoco apuntaba de forma explícita al tema de la contratación de EFOS.
La propuesta se llevó al Congreso en 2021, pero no avanzó entre los legisladores, confirman dos representantes de las organizaciones promoventes.
“Para el sexenio de Claudia Sheinbaum deberíamos tener una Ley General de Contrataciones Públicas”, insiste Pérez. “Se había prometido en otros sexenios que íbamos a tener herramientas que iban a estar concentradas desde la Función Pública, hoy la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.
Hasta ahora, las referencias de Sheinbaum a las EFOS han sido mínimas. En su tercer día de gobierno mencionó que mantendría el “combate contra cualquier evasión fiscal” de la mano del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero su comentario no se refirió a los contratos públicos.
Lo que sí ha ocurrido es que, en marzo de 2025, la presidenta envió a la cámara de diputados un par de iniciativas para expedir o reformar leyes sobre adquisiciones y obras públicas. Algunos de los cambios propuestos son la sustitución del sistema CompraNet por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, incorporar testigos sociales que vigilen las contrataciones y dejar fuera de esta regulación a las Fuerzas Armadas cuando se encarguen de construir obras.
“Es lo más próximo que hemos estado de una Ley General de Contratación Pública”, dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
El IMCO analizó las propuestas y encontró que el mayor desafío, aun con la implementación de una plataforma tecnológica, todavía es evitar la contratación de empresas riesgosas como las Efos. “Hasta ahora no se ha logrado terminar con este fenómeno”.
Para las especialistas en temas anticorrupción, fiscales y de rendición de cuentas, la solución es clara: vigilar las contrataciones públicas, identificar a los verdaderos beneficiarios finales de las firmas contratistas y mucha transparencia.
“Que la regla no sea estarle dando contratos a empresas recién creadas o que tienen un historial de corrupción en los gobiernos anteriores”.
AUTOR: /VIOLETA SANTIAGO.
