Es difícil creer, o tal vez aceptar, que México va encanimado al totalitarismo, pero las acciones dicen más que los discursos. Con la mayoría calificada del partido oficialista Morena en el Poder Legislativo, este se ha transformado en una continuación del Poder Ejecutivo, al prácticamente servir (no de contrapeso en una división de poderes), de confirmador y aval de las iniciativas, los deseos y los designios de la presidencia de la República; desde ese frente compuesto por dos entes que deberían accionar con autonomía, y no unirse, ahora el partido oficial “legisla” para que desde el tercer poder, el Judicial, no se puedan controvertir ni ampararse ante las reformas a la Constitución propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles su estrategia educativa para el nivel superior, en donde se planea crear 330 mil nuevos lugares en universidades públicas y convertir en universidades nacionales a la Universidad Rosario Castellanos y a la Universidad de la Salud.

Respecto a la Reforma al Poder Judicial aprobada hace más de un mes, la iglesia pidió tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas representadas, escuchar a los especialistas en Derecho Constitucional, considerar las voces de la sociedad civil organizada.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) externó este miércoles sus preocupaciones ante la Reforma Judicial aprobada en septiembre, y que el INE y el Senado están en proceso de implementar. La iglesia manifestó que puede haber consecuencias graves para el Estado de Derecho ante la falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes sobre la votación popular de jueces, magistrados, y ministros.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó, el 22 de octubre de 2024, que Ricardo Márquez Blas, quien es funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue detenido por presunto abuso sexual a una de sus empleadas.

Según lo reportaron medios locales, Márquez Blas -quien se desempeñaba como titular de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la SCJN-, era superior de la supuesta víctima y habría realizado tocamientos en su centro de trabajo, catalogados como abuso sexual agravado.