El colectivo de “Madres Buscadoras” de Sonora denunció que luego de la localización de “un campo de exterminio, con múltiples restos óseos calcinados y varias osamentas de muy poco tiempo” el pasado 22 de enero, sufrieron un atentado en el municipio de Santa Ana, al norte de Sonora, cuando se dirigían al lugar donde les habían informado que se encontraba el hijo de una de sus integrantes; no obstante, al avanzar, las buscadoras observaron que les habían puesto varias “ponchallantas” para evitar que siguieran, dijo en entrevista con Cimacnoticias, la vocera de Madres Buscadoras, Ceci Patricia Flores Armenta.

Ante el miedo de ser atacadas, el colectivo no pudo continuar su camino y Flores Armenta llamó en sus redes sociales a los tres niveles de gobierno para auxiliarla, y de nuevo pidió al gobernador de la entidad, Alfonso Durazo (con quien se reunió en enero pasado para exigir seguridad en las búsquedas) que las autoridades les garanticen su seguridad y sus derechos.

Desde hace más de un año, el líder pescador Sunshine Antonio Rodríguez Peña, permanece preso en un penal de Hermosillo, Sonora, en espera de una audiencia para determinar su posible responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, supuestamente, por pertenecer a una agrupación dedicada al tráfico de totoaba.

En noviembre del 2020, Rodríguez Peña fue capturado en un operativo realizado por autoridades federales en el puerto de San Felipe y Mexicali, donde detuvieron a varios presuntos operadores del conocido como “Cártel del Mar”.

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, negó este miércoles que la empresa del Estado haya favorecido a la compañía Baker Hughes tras el escándalo de que un hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador vivió en una casa en Texas de un contratista.

El Gobierno de México anunció esta mañana que fueron detenidos tres presuntos autores materiales del homicidio de María Guadalupe Lourdes Maldonado López, periodista mexicana que cubría temas de corrupción y políticos en Baja California, quien fue asesinada de un tiro en la cabeza frente a su casa del fraccionamiento Las Villas, en Tijuana, el 23 de enero de 2022.

El Gobierno de la Ciudad de México se encuentra en el centro de la polémica después de que la revista digital de divulgación científica SocArXiv retirara un artículo en el que funcionarios capitalinos respaldaron el uso de la Ivermectina a pacientes con COVDI-19, el cual repartió esta administración por un año a miles de ciudadanos que contrajeron la enfermedad.

Siendo consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra aprovechó sus facultades legales y sus influencias en el gobierno federal para frenar una investigación que concluía que fue ilegal la concesión del Viaducto Bicentenario, que el gobierno del Estado de México, en la gestión de Enrique Peña Nieto, otorgó a la constructora española OHL, hoy Aleática.

A pesar de que la Secretaría de Salud federal, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Food and Drugs Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) no recomiendan usar ivermectina como tratamiento para COVID-19, en la Ciudad de México se sigue recetando ivermectina para tratar la enfermedad.

Oficialmente, la Secretaría de Salud local informó que desde septiembre del año pasado dejaron de entregar kits médicos con este medicamento a pacientes que resultaron positivos a COVID-19, sin embargo, esto no ha sido limitante para en centros de salud a su cargo se continúe prescribiendo este fármaco no recomendado ni aprobado para tratar al virus.

Damnificados por la inundación en Tula ocasionada por el desbordamiento de ríos del 6 y 7 de septiembre del año pasado quemaron colchones donados por el gobierno municipal, al denunciar que son piezas reconstruidas que desprenden un olor pestilente y en las que, al abrirlos, encontraron capas de los forros anteriores con residuos de sangre y orina. 

La compra de 743 colchones para ser donados, de acuerdo con solicitudes de acceso a la información, costó cerca de un millón de pesos, por lo que las familias afectadas, que consideraron una ofensa la entrega de estos artículos en mal estado, pidieron investigar posibles actos de corrupción en estas adquisiciones por parte de la administración del alcalde perredista Manuel Hernández Badillo.

Desde la madrugada hasta el amanecer de este martes, esta capital y los municipios aledaños de Villa de Álvarez y Coquimatlán vivieron una jornada de terror con balaceras prolongadas, ejecuciones y mensajes amenazantes que aparecieron en las zonas urbanas.

Frente a la incertidumbre, varias escuelas públicas y privadas suspendieron clases presenciales, mientras que el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, declaró que se respetarían las decisiones de los consejos técnicos y direcciones de los planteles, para evitar poner en riesgo a estudiantes y docentes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar equiparada, derivada de la información difundida en medios sobre el maltrato hacia menores en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), del gobierno capitalino.

A través de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, la fiscalía se puso en contacto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la ciudad, para investigar de manera coordinada los hechos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, defendieron al gobierno de la Ciudad de México por usar ivermectina para atender a pacientes con COVID-19, a pesar de que ni Salud federal ni organismos internacionales lo recomendaban.

El uso de ivermectina en pacientes contagiados de covid-19 no fue un experimento por parte de la administración capitalina, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“No fue un experimento, es falso, absolutamente falso”, respondió la funcionaria respecto de la polémica surgida el fin de semana, luego de que el sitio web SocArXiv decidió retirar un informe de funcionarios de la CDMX sobre el uso de ese medicamento para tratar el coronavirus, al calificarlo de engañoso.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, advirtió que si la Secretaría de Gobernación pospone por tercera ocasión las mesas de diálogo sobre la reforma energética y política, el partido cancelaría su participación.

“Si ésta vuelve a posponerse, nosotros daríamos por cancelado este ejercicio de diálogo por la falta de seriedad”, señaló.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a los gobiernos federal y estatal, así como a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a establecer una mesa de diálogo, tras el enfrentamiento en la Autopista del Sol, ocurrida el viernes 4, que dejó un saldo de seis policías estatales, 14 integrantes de la Guardia Nacional y seis estudiantes lesionados.

Como parte de las agridulces celebraciones por su vigésimo aniversario, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) llevó a cabo una serie de conversatorios virtuales en materia de libertad de expresión y sociedades democráticas. Dichos foros abordaron la ineludible discordia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y toda figura que represente un tope para su movimiento.

Este 9 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionará para dar resolución al amparo directo en revisión 2359/2020, que discutirá la libertad de los presos políticos José Antonio Jiménez y José Luis Jiménez Meza, integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán.

La detención arbitraria, la criminalización y las violaciones al debido proceso son algunas de las afectaciones a los derechos humanos de los dos miembros del gobierno autónomo de Nahuatzen, quienes llevan tres años y tres meses en prisión.

La Fiscalía General del Distrito Este de Nueva York solicitó al Juez Brian Cogan que imponga una condena de 10 años de prisión a Iván Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal y ligado a Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa.

La defensa de Reyes Arzate solicitó ante Juez Cogan que la condena no supere los cinco años de prisión bajo el argumento que una pena más larga crearía disparidades con sentencias aplicadas a “otros funcionarios corruptos”.

Morena y sus partidos aliados (Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México) están a la cabeza en las preferencias para renovar gubernaturas en Oaxaca y Quintana Roo, con un respaldo de 41 y 35 por ciento, respectivamente, así lo reveló este martes una encuesta de El Financiero.

El estudio escrito por el reportero Alejandro Moreno indica que el porcentaje del respaldo en Oaxaca da una ventaja considerable a Morena sobre los partidos o alianzas de oposición, que alcanzan entre nueve y 16 por ciento de apoyo en la entidad.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la versión pública de los documentos que autoridades de Estados Unidos entregaron al Gobierno de México sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Al presentar el caso ante el pleno, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que el caso Ayotzinapa es emblemático, debido a que se refiere a crisis en materia de violaciones graves de derechos humanos que sufre México, por lo que consideró que el pleno debe de aprovechar todas y cada una de las oportunidades posibles para visibilizarlo.