La declaración ocurrió tras una audiencia en la que tanto la Fiscalía como la defensa del exgobernador se centraron en debatir sobre el caso de desaparición forzada y su buena conducta en prisión para definir si puede o no salir en libertad anticipada. 

Sin embargo, dada la “complejidad del caso”, la jueza citó hasta el próximo viernes, a las 17:00 horas para definir sobre la solicitud de preliberacion. 

“¿Este es el nivel de la FGR?”: cuestiona Duarte

Durante la audiencia, el fiscal Quiroz Granados aseguró que el exgobernador presentó una denuncia contra uno de los testigos en su contra, Antonio Tarek Abdaá, y utilizó su cuenta de Twitter, ahora X, para amenazar a testigos del caso.

En respuesta, Duarte aseguró que desde el 13 de octubre de 2016 no tiene redes sociales, por lo que cuestionó el hecho de que la fiscalía intentara asegurar que los supuestos tuits son suyos. 

“En los 8 años y siete meses que llevo en prisión no he tenido ningún celular. Ninguna autoridad me ha sancionado por eso”, dijo. 

El fiscal Granados Quiroz también señaló a Javier Duarte por supuestamente robar 60 mil millones de pesos en desvíos de recursos públicos de Veracruz, razón por la cual aseguró que lo mínimo que podía hacer era dejar que cumpla con su pena.

En respuesta, Duarte pidió a fiscal dirigirse a él con “respeto y verdad” al señalar que en ningún proceso penal se le señaló por robar dinero, razón por la cual no hubo ninguna reparación del daño decretada por algún juez en este caso. 

“Habla de que me robé 60 mil millones de pesos, ¿de dónde lo saca? A mí no se me acusa de robarme un solo peso. ¿Este es el nivel de la FGR? Su dicho se me hace insultante, corriente y bajo”, sentenció.

En un argumento final, la FGR aseguró que existen víctimas y madres buscadoras en Veracruz que piden que el exgobernador no sea liberado, por lo que le pidió a la jueza dejar que cumpla con toda su condena. 

“Los que no pueden olvidarse de lo que hizo el señor Javier son las víctimas de todos los delitos que cometió, las madres buscadoras que aún buscan a sus hijos y que pidan que no salga… por eso le pido que no ceda a esta presión navideña”. 

“Y yo le pediría a la fiscalía que se vaya a otros estados donde también hay desaparecidos”, respondió Duarte.

🔴El abogado Pablo Campuzano, defensor particular de Javier Duarte, aseguró que “independientemente de cuestiones mediáticas o políticas” se encuentran confiados en que el exgobernador recuperará su libertad el próximo viernes.

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— Animal Político (@Pajaropolitico) November 20, 2025

Esto, dijo, “es muy desagradable” y evidencia cómo el paso del tiempo perjudica los procedimientos, por lo que hizo un llamado a los extrabajadores a presentarse, ya que, si bien el juicio podría continuar sin su declaración, es algo que “no queremos hacerlo”.

Con respecto a dicho juicio que enfrentan Javier “N”, expareja de Cecilia y presunto autor intelectual, y Jair “N” y Silvestre “N”, presuntos autores materiales, hoy se realiza la audiencia número 72.

Por otro lado, el juicio por violencia familiar, del cual el Cuarto Tribunal de Alzada de Puebla revocó la sentencia de seis años a Javier “N”, y que tendría una audiencia de reposición este martes, tampoco pudo llevarse a cabo debido a que la defensa del acusado no se presentó alegando cuestiones de salud.

“Se ha tenido que señalar una nueva audiencia, el 21 de noviembre, para este acto, y esto porque la defensa no ha querido venir (…) no ha querido venir y no hay ninguna consecuencia, y lo único que ha hecho es inventarse un parte médico, pese a que estaba perfectamente bien esta mañana en el juicio por feminicidio. Es una de esas cosas mágicas que pasan en México”, denunció.

Ante esta situación, colectivas, organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y activistas señalaron que la revocación de la sentencia por violencia familiar no se trata de un error, sino de “complicidad del Estado”, por lo cual exigieron justicia.

Por medio de un comunicado, diversas agrupaciones hicieron un llamado para que, dentro de los 23 días hábiles que le restan al calendario laboral del Poder Judicial de Puebla, se concluyan los juicios por feminicidio y por violencia familiar en contra de Javier “N”, quien fuera secretario de Gobernación con Mario Marín, y se le dicte la máxima condena.

“Hoy más que nunca debemos alzar la voz ante la injusticia y revictimización que el Tribunal de Puebla decide hacer sobre las mujeres y sus familias. El borrado institucional de la justicia para las mujeres está más presente que nunca y no debemos permitirlo; porque, en un estado donde una mujer es asesinada cada 28 horas, permitir estos retrocesos no es un error: es complicidad del Estado al servicio de los agresores, y eso también es violencia”, señala el documento.

Noemí Prisciliano Fernández, coordinadora de Gu’wa Kuma, explicó en entrevista que en lo que va de 2025, la Secretaría de Mujeres de Guerrero sólo ha cubierto los salarios del personal correspondientes a los primeros cuatro meses que fueron pagados en junio pasado, dejando sin cobertura los siguientes siete meses. 

“Hay muchas carpetas de investigación y algunos juicios de alimentos que se dejó de darle seguimiento por falta de recursos, justamente porque no dan recursos para el seguimiento a las usuarias, y se dejó de dar acompañamiento a las víctimas, porque no tenemos recursos para ayudarles un poco”, apuntó.  

Prisciliano Fernández es hija de Inés Fernández Ortega, mujer mep’haá que enfrenó al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por haber sido víctima de tortura sexual por parte de miembros del Ejército en 2002, lo que derivó en una sentencia en 2010 en la que se incluyó como parte de la reparación del daño, la creación de un centro comunitario para atender a mujeres indígenas violentadas y a infancias y adolescencias indígenas que se desplazaran de sus comunidades para estudiar en Ayutla.  

Noemí contó que a pesar de que es obligación del Estado mexicano la manutención de la Casa de los Saberes como parte de la sentencia, “el gobierno federal no ha querido asumir esa responsabilidad ni el compromiso que tiene con el centro comunitario. Todo deja a la mano del gobierno estatal, y el gobierno estatal argumenta que no cuenta con recursos para sostener este centro”.  

Desde Ayutla, Prisciliano Fernández destacó que precisamente como parte de la sentencia, su madre Inés, quien es prácticamente monolingüe, consideró necesario el establecimiento de un centro comunitario como el de Gu’wa Kumá en donde las mujeres víctimas de violencia fueran atendidas por mujeres profesionistas que hablaran su lengua materna, para evitar que además sufrieran la violencia institucional como le ocurrió a ella cuando denunció a militares que la violentaron,  

Abogada de profesión, Noemí apuntó que al menos 15 carpetas de investigación por violencia familiar y siete juicios contra deudores alimenticios a los que la Casa de los Saberes les da seguimiento se encuentran en suspenso debido a la imposibilidad de las profesionistas para atenderlos. 

“A las víctimas les pedimos su comprensión, qué más quisiéramos que darle seguimiento a sus casos, pero debido a que nosotros no contamos con recursos propios para movernos, no podemos continuar laborando hasta que las autoridades nos paguen a las profesionistas, a las embajadoras (representantes de las comunidades indígenas) y al chófer.  

“Es para nosotros muy preocupante porque damos acompañamiento a personas de escasos recursos, pues ahora sí que quedan desprotegidas, no cuentan con apoyo legal ni todo lo que conlleva un proceso legal”, apuntó.  

Noemí Prisciliano recordó que en julio pasado representantes de los gobiernos federal y estatal acudieron a la Casa de los Saberes para recabar las denuncias por la falta de pago al personal y por la falta de fondos para dar mantenimiento al espacio destinado para las mujeres y al albergue para atender a unos 45 adolescentes de las comunidades alejadas de la Montaña que quieren continuar sus estudios de nivel básico, medio superior y superior.  

“El 29 de julio justamente tuvimos una reunión aquí (en Ayutla) con la Secretaría de la Mujer estatal, también estuvieron de la Secretaría de las Mujeres federal y de la Subsecretaría de Derechos Humanos federal, tuvimos una mesa de trabajo y se comprometieron que a más tardar 15 días después de esa reunión nos iban a cubrir nuestro salario, pero hasta la fecha no se ha visto reflejado nada”, apuntó Noemí Prisciliano. 

Sobre papel membretado de la Secretaría de Gobernación federal y con la proclama de “2025 Año de la mujer indígena”, la minuta se titula “Visita al Centro Comunitario Gúwa Kúma (sic) ‘La Casa de los Saberes’. Sentencia Inés Fernández Ortega y otros vs México”, reunión en la que se trataron cuatro temas centrales relacionados con los “pagos a personas profesionistas y embajadoras; infraestructura del Centro Comunitario; pendientes en materia de salud y operatividad de la Casa de la Niñez”,  

En el documento, al que tuvo acceso Proceso, se consignó la inconformidad de Inés Fernández por el tiempo en el que ha mantenido su “lucha para que se haga justicia”, y que a pesar de que se han llevado a cabo varias reuniones “no se ha logrado generar compromisos claros” de ahí que “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está cumplida”. 

Al exigir que “el Centro Comunitario cuente con un recurso propio”, Inés Fernández pidió que se realizaran reuniones de supervisión “cada tres o seis meses” para revisar los avances en el cumplimiento de los compromisos. 

Después de hacer una relatoría de las principales necesidades de mantenimiento, de suministros médicos y de financiamiento del centro comunitario, pero ante todo la urgencia de solventar los salarios de las profesionistas en lenguas indígenas, la representante de la Secretaría de las Mujeres federal reconoció que persistía una “dilación” en la entrega de recursos a sus similares estatales, derivado de que la dependencia federal era de reciente creación.  

Entre los acuerdos se encuentra el compromiso de crear una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 denominada “Cumplimiento a la Sentencia Fernández Ortega y Otros vs México” para la operación del centro comunitario; realizar reuniones virtuales cada tres meses y visitas a la Casa de los Saberes semestralmente; terminar en septiembre de 2025 con las obras de infraestructura a cargo de la Secretaría de la Mujer estatal. 

Se consideró que, a partir de un diagnóstico de la Casa de la Niñez, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) valoraría la extensión de apoyos para atender a estudiantes los fines de semana; cursos de capacitación de la Secretaría de Salud  estatal sobre los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia, según la NOM 045 SSA2-2025, así como envío de una unidad móvil para dar cursos de salud sexual y reproductiva a los 45 niñas, niños y adolescentes que se encuentran de la Casa de la Niñez Indígena, en tanto que la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar “compartirán los enlaces del personal asignado para la atención inmediata de los casos que lleguen al Centro Comunitario”.  

“De esa minuta, nada se ha cumplido”, insistió Noemí Prisciliano, al recordar que desde hace dos años, en una audiencia privada, los jueces de la Co IDH han sido notificados de la falta de cumplimiento de la sentencia a favor de Inés Fernández, tanto en materia de la manutención de Gu´wa Kumá como en la atención médica de la familia Prisciliano Fernández.  

“En la audiencia con la jueza de la Corte Interamericana, le volvimos a exponer que el gobierno mexicano no ha cumplido completamente, no ha garantizado un fondo permanente para el funcionamiento del centro comunitario, y justamente en esa audiencia privada estuvieron las secretarias de la Mujer, federal  y estatal”, apuntó Noemí.  

Noemí Prisciliano lamentó que a pesar de los discursos oficiales de priorizar a las mujeres indígenas, en los hechos  no hay respaldo ni para las profesionistas que trabajan dentro del gobierno, como ocurre con las trabajadoras de Tlapa, ni mucho menos para aquellas que laboran dentro de la sociedad civil, como es el caso de las profesionistas y las embajadoras de Gu’wa Kumá.  

“A los tres niveles de gobierno realmente no le interesa proteger ni apoyar a las mujeres de la Montaña”, sostuvo Noemí Prisciliano al contar que no ha habido acercamiento de ningún representante gubernamental desde que iniciaron el paro de labores.

El documento fue presentado por el diputado Paulo García y, al igual que el discurso de la dirigente capitalina, argumentó que existieron convocatorias previas en redes sociales para derribar vallas y atacar instalaciones federales.  

El legislador atribuyó estas acciones a grupos vinculados a sectores conservadores que supuestamente tuvieron el objetivo de generar imágenes que muestren una respuesta represiva por parte del Gobierno capitalino. 

Aunque las autoridades ya informaron sobre la apertura de carpetas de investigación contra los manifestantes detenidos, el punto de acuerdo exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a realizar indagatorias sobre los agresores materiales y sobre posibles operadores políticos o financieros detrás de los grupos de choque.  

El punto de acuerdo también solicita investigar presuntas presiones hacia comerciantes y funcionarios de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para asistir a la marcha. Ambas demarcaciones son encabezadas por los opositores Mauricia Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, respectivamente.  

Los diputados morenistas apuntaron que en redes sociales se difundieron denuncias sobre posibles actos de coacción para incrementar artificialmente la participación. 

Como parte de la propuesta, la bancada guinda planteó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) conforme una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones sobre los hechos y sobre sus presuntos operadores políticos.  

Además, llamó a los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a condenar públicamente la violencia registrada y a deslindarse de cualquier vínculo con los grupos que participaron en las agresiones.  

Una vez más, como lo dijo la jefa de Gobierno, el punto de acuerdo señaló que la ausencia de un posicionamiento claro podría interpretarse como falta de distancia con respecto a los hechos.

Este martes, la jornada concluyó con un avance en la excavación de 40 centímetros y la recuperación de 90 fragmentos óseos, aunque las labores de la primera fase del Plan de Recuperaciones Controladas continuará hasta el próximo sábado y aún no hay fecha para que se concluya con la identificación de los restos.

Arturo Cervantes, titular del INCIFO, explicó que se trata de un proyecto piloto para identificar a personas enterradas en la fosa común como desconocidas, y que en algunos casos sus familias buscan desde hace años. De las personas cuyos restos serán rescatados en esta ocasión, los fallecimientos ocurrieron entre el 2013 y el 2015.

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, explicó que los trabajos para comenzar con este plan tomaron 7 meses. Hasta ahora, indicó, se ha identificado a 385 personas fallecidas que se encuentran en la fosa común del Panteón Civil de Dolores, y se ha notificado a 73 familias sobre la localización.

Al término de la ceremonia del inicio del plan, entre consignas como “¿Por qué les buscamos? Porque les amamos” y “Los seguimos buscando”, los colectivos hicieron un pase de lista de víctimas, entre ellas Karen Estefanía Domínguez, Roberto Quiroz, Héctor Javier Acevedo, Victoria Lizbeth Posada, Ángel Gerardo Ramírez, Daniela Mabel y Ricardo Luis Méndez.

“Nadie quiere encontrar aquí, yo busco a mi hijo con vida”

Araceli García busca desde septiembre de 2020 a su hijo Eduardo Ramírez y a su hermano Marcos, quienes desaparecieron luego de acudir a un bar en la alcaldía Álvaro Obregón. A pesar de que siete personas fueron detenidas por el caso, al día de hoy no tienen información de sus familiares, y tres de los presuntos implicados ya fueron liberados.

Como parte del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, Araceli llegó este día hasta la fosa común del Panteón Civil de Dolores con la esperanza de que entre los restos que se recuperen haya indicios sobre lo ocurrido con Eduardo y Marcos. Aunque con tristeza expresó que “nadie quiere encontrar aquí, yo busco a mi hijo con vida, pero desgraciadamente ya cuando pasa el tiempo tiene uno sentimientos encontrados”.

Pese a la tristeza de que se busque a su hijo en calidad de fallecido, Ana María dijo sentirse animada porque se comiencen las labores en la fosa común, “porque posiblemente mi hijo está ahí, esa es mi gran esperanza, ya que en el tiempo en el que desapareció no había un registro”.

“Hace rato le decía a Dios que me permita encontrar a mi hijo. Aunque esté aquí, que me lo preste un ratito para darle cristiana sepultura y yo se lo regreso inmediatamente. Nada más quiero saber dónde quedó y qué pasó con él“, apuntó.

Para otras personas, como Blanca García, el inicio de los trabajos en la fosa común es sólo un trámite para poder recuperar el cuerpo de su esposo, quien desapareció en enero de 2019 y un año después supo que lo enterraron en calidad de desconocido.

“Lo localizamos en el INCIFO, pero ya no alcanzamos a rescatarlo antes de que lo trajeran a la fosa común. Nos pidieron dinero, pero como no lo pagamos aquí se quedó, por eso mi objetivo es poder rescatarlo”, comentó.

La importancia del acompañamiento en colectivo

Verónica Morales pertenece al colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional. Su padre estuvo desaparecido durante cuatro años, hasta 2024, cuando lo localizó en la fosa común del panteón de Chimalhuacán, en el Estado de México.

Inicialmente se informó que su padre había fallecido por ahorcamiento, aunque después supo que fue víctima de un atropellamiento por el cual no hubo detenidos. Verónica continúa en búsqueda de justicia, lo que la ha mantenido activa en el acompañamiento de otras familias buscadoras.

“Yo lo encontré gracias al colectivo, porque ellos ayudan a que nos escuchen las autoridades, y en el caso de esta fosa común, hay dos integrantes de Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional que saben que sus familiares están aquí. Esperamos que pronto puedan recuperarlos”, agregó.

José Díaz, padre de crianza de Josefina Avellaneda, a quien busca desde octubre de 2016, dijo estar ahí sin esperar encontrar a su sobrina, pero con el compromiso de acompañar a sus compañeros del colectivo Una Luz en el Camino.

“Esta vez se piensa recuperar restos de personas fallecidas entre 2013 y 2015, y mi sobrina desapareció un año después de eso, pero existe la posibilidad de que más adelante puedan abrir otras fosas”, señaló, aunque “uno no está muy de acuerdo con que se les busque como muertos, pero ¿qué se le va a hacer?”.

Equipado con una mascarilla antigases, José fue uno de los familiares que participó como observador de las primeras labores de recuperación, un rol que será ocupado por diferentes personas en los siguientes días.

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, afirmó que para estas labores se integró un equipo interdisciplinario especializado, entre quienes están especialistas forenses y antropólogos, cuyo plan fue conversado con expertos independientes.

“Los grandes retos ahora son que la información documental que tenemos por el análisis de las carpetas de investigación, análisis del INCIFO y archivos del cementerio, se puedan corroborar con lo que vamos a encontrar en la fosa escogida, porque hay una gran cantidad de restos con hipótesis de identidad y que por su proceso de esqueletización se puede contar con información”, explicó.

Al día de hoy, en el país hay 133 mil 656 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las cuales 7 mil 348 fueron reportadas en la Ciudad de México.

La intervención se realizó tras denuncias anónimas sobre obras que invadían parte del embalse. Inspectores de la Profepa confirmaron que alrededor de 585 metros cuadrados habían sido modificados, utilizando material extraído del lecho de la laguna para construir un terraplén o relleno.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, cualquier obra dentro de cuerpos de agua de competencia federal requiere autorización o exención por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al no contar con el permiso correspondiente, la Profepa aplicó la clausura total temporal, que impide realizar cualquier actividad distinta a la conservación y protección del hábitat.

La Laguna de Tecocomulco, designada en 2003 como sitio Ramsar número 1322, es el último remanente del antiguo sistema lacustre de los lagos de Anáhuac. Con 1,769 hectáreas de extensión, ubicada entre los municipios de Cuautepec, Tepeapulco y Apan, cumple funciones clave como vaso regulador, zona de recarga de acuíferos y refugio de una amplia diversidad biológica.

La Profepa reiteró que mantendrá la vigilancia en la zona para proteger estos ecosistemas de alto valor ambiental y asegurar que todas las actividades cumplan con la normatividad vigente en México.

De acuerdo con reportes periodísticos, a los mencionados la autoridad judicial les permitió llevar su proceso en libertad, pero tendrán que acudir al Reclusorio para firmar cada quince días y no podrán acercarse ni comunicarse con los policías afectados.  

Sobre el caso de los cinco sujetos que serán sometidos al protocolo para la investigación de la presunta comisión de tortura, y al mismo tiempo permanecerán en el centro penitenciario, su defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez estableció la medida cautelar de prisión preventiva.   

El pasado 15 de septiembre, después de la protesta, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, notificó que 40 personas fueron detenidas en los disturbios.  

Dos días después, 18 detenidos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a pesar de que algunos de sus familiares intentaron impedir el paso de los vehículos oficiales y denunciaron que los jóvenes fueron golpeados.  

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya existen carpetas de investigación por 77 denuncias presentadas por uniformados de la SSC, así como de cuatro ciudadanos que dijeron haber sido agredidos en la marcha.  

En tres casos se presentaron cargos por tentativa de homicidio, en cinco por resistencia por parte de particulares, dos por lesiones y robo, ocho por lesiones y dos casos de denuncias relacionadas con agresiones contra periodistas, en las cuales se inició la carpeta de investigación sin detenidos. 

Las autoridades reportaron 100 oficiales lesionados y solo 20 ciudadanos con “heridas menores”.

En este caso el juicio de amparo 313/2025 en un principio permitió el cese de la construcción temporalmente, pero en la audiencia incidental el juez Villa Arnaiz determinó que no había un daño directo a la vida de las niñas y niños.

El 30 de octubre se realizó una inspección relacionada con el juicio de amparo, a la que acudió personal de la Sedena, además de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno estatal y municipal de Quintana Roo.

Al recorrido también fueron tutores de los menores que se sumaron a la acción legal por la defensa de sus derechos y una persona actuaria de los juzgados.

Se constató que el área fue rellenada metro y medio de altura, que se construyó una alberca al nivel de la laguna y cinco metros de distancia de ésta, es decir, excavaron el área. Además, ya levantaron los cimientos para otras edificaciones.

“Para el juzgador no fue suficiente que se haya señalado y demostrado que las niñas y niños nacieron y habitan en la comunidad de Bacalar. Lo más grave es que el juez determinó que no existía una afectación dentro de la laguna porque las obras no estaban dentro del agua, lo cual es un entendimiento limitado en términos del tema de la afectación ambiental”, explicó el abogado Rincón.

Fueron 12 mamás y dos papás de 23 niñas y niños bacalarenses quienes iniciaron el juicio de amparo 313/2025 con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Buscaban detener la obra porque los militares empezaron a drenar el agua y modificar el ecosistema lagunar.

Derechos ignorados

Otro de los actos reclamados era la militarización de la zona. Aumentó la presencia de soldados, incluso se establecieron durante meses en una cancha y las personas, particularmente los niños, dejaron de ir a jugar al espacio, por lo que se expuso que fueron afectados en sus derechos socioculturales.

“Lo preocupante no es sólo el tema del entendimiento del interés y el entendimiento tan limitado que va incluso en contra los criterios resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, comentó Daud.

Para los papás y mamás que acompañan a sus hijos en la lucha contra la supuesta casa de descanso militar, la reanudación de las obras fue una sorpresa y una tristeza.

“Tristes porque a pesar de las denuncias de todos los bacalarenses, ya iniciaron de nuevo los trabajos. Es una lástima que no se escuche la voz de la ciudadanía en este tema que ha afectado bastante”, comentó a Proceso uno de los papás que se sumó al amparo y que pidió reservar su nombre por temor a represalias.

La casa de descanso militar será de tres niveles, por lo que se cubrirá la vista principal desde el Fuerte de San Felipe, cuya infraestructura, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también resentirá los efectos del trabajo de la maquinaria pesada, como ha informado Proceso.

“Creímos que habría alguna otra revisión por parte de un perito y no ocurrió. Sí afecta porque es una de las mejores vistas de Bacalar y los niños no alcanzarán a ver porque la obra subirá nos dijeron que dos o tres niveles”, apuntó.

El sano desarrollo de la niñez es otra de las luchas, ya que se prevé aumente la presencia militar. “El detalle es que usan espacios donde juegan los niños de tarde y eso les causa temor”, agregó.

Ante la determinación judicial que autorizó que se reanuden las obras, el IFDP presentará el recurso de revisión en contra de negar la suspensión definitiva. En tanto, las mamás y papás se organizan para protestar en los próximos días.