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Unidad de la FGE retuvo expediente contra el Terrible: asesor legal

Los abogados de la empleada de gobierno que denunció a Erik “Terrible” Morales de abuso sexual en su contra, no han tenido pleno acceso a la carpeta de investigación abierta desde el 9 de julio en la Fiscalía General de Baja California, de acuerdo con el asesor legal José Carlos Contreras.

A decir del litigante, en pleno proceso de integración el expediente se envió a la Coordinación de Delitos Sexuales, con la justificación de tratarse de un asunto “de interés para la fiscalía”; posteriormente fue remitido al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, en aras de procurar un arreglo entre las partes.

La víctima y su equipo legal rechazaron la propuesta. La carpeta volvió a quedar bajo resguardo de la Coordinación de Delitos Sexuales.

De manera que “no ha sido fácil tener el acceso que corresponde”, refirió a pregunta expresa el abogado. “O sea, lo hemos hecho de forma parcial, no de forma completa”, abundó.

Acusó que a 30 días de haberse emprendido las indagaciones ni siquiera se había practicado el dictamen pericial obligatorio, aun cuando por ley “a la víctima se le tiene que atender de forma rápida”.

Del envío de la carpeta a la Coordinación de Delitos Sexuales detalló que “la coordinadora” (a la que se refirió como Regina Handal) estableció que “se daba esa situación en razón de que no se filtrara algunos datos, alguna información”.

Contreras estimó que, con su resguardo en esa área, “hasta cierto punto” el expediente quedó retenido.
“Así es. Aunque consideramos que lo hacen para controlar la investigación, controlar los tiempos; y sobre todo es la forma de que la fiscalía decide cuándo avanza o se detiene o cuándo políticamente o mediáticamente conviene”, asentó.
José Carlos Contreras, quien dijo fungir como asesor, en conjunto con Sergio Enrique González Ibarra, sostuvo que posiblemente el 13 o el 14 de noviembre la carpeta quedaría en manos de una agente del MP “a efecto de poderla revisar y poder concretar qué es lo que le hace falta”. De ahí que se dijera a la espera de que se les informara “cuándo la van a judicializar o se va a desahogar alguna prueba pendiente”.

En entrevista con ZETA, el padre de la víctima, Rubén Hernández, expuso que aun cuando la Fiscalía General del Estado justificó el envío del expediente a la Coordinación con la relevancia que le atribuyó al caso, “ya son cuatro meses” de haberse abierto la investigación y “aun así no avanza”.

Conforme al testimonio que la denunciante proveyó a la FGE, el 4 de julio de 2025 Morales Elvira incurrió en abuso sexual en su contra en la oficina en la que el exboxeador despachaba como secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana. En virtud de que una persona tocó a la puerta, a la que el expugilista le había puesto seguro, la empleada adscrita a esa dependencia logró zafarse y abandonar el despacho del presunto agresor.

El 10 de julio presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal, tras lo cual Morales Elvira se apartó del cargo de secretario.

Rubén Hernández afirmó que fue hasta 40 días después de procederse ante la fiscalía que se hicieron los peritajes psicológicos. Opinó que el dictamen correspondiente debería ser suficiente para que el caso se judicializara.

A propósito del Dictamen en Psicología Forense para Delitos de Índole Sexual el abogado José Carlos Contreras estableció, vía telefónica: “Tiene que haber una categoría de cuánto es el alcance o el daño o si lo hubo o no. Eso sirve para determinar si básicamente existió el hecho, porque al igual hay gente que a lo mejor hace una denuncia falsa, que tiene algún otro interés y obviamente el resultado no debe de salir positivo”.

El padre de la denunciante afirmó que ambos han acudido en siete u ocho ocasiones a la FGE y que en ningún momento han tenido acercamiento directo con la fiscal especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Hortensia Noriega León.

“Siempre cuando vamos pues nos reciben las que están ahí en los cubículos de atención, para que los afectados y de ahí no hemos pasado”, mencionó.
“Hay una agente que fue la que nos entrevistó cuando recién se inició el proceso. Nos llamó a mi hija, a mí, a otro testigo también; pero ya después de allí la agente ministerial no se acercaba con nosotros”, manifestó.
Tampoco negó que la MP se haya abstenido de atender el caso: “Las pocas veces que (los abogados) han accedido a la carpeta de investigación, sí hay fotografías que fueron a la Secretaría, a tomar fotos del lugar de los hechos de todo eso; sí está allí en la carpeta de investigación”.

HOSTIGAMIENTO

De medidas a implementar en favor de la denunciante, Rubén Hernández aseveró que se comunicaron con ella de la Policía y le hicieron saber que se llevarían a cabo rondines; “pero pues nosotros en nuestro hogar nunca hemos visto nada”, aseguró, aun cuando la denuncia se acompañó con una solicitud de protección.

El asesor legal señaló que “a la víctima no se le habían dado todas las medidas de protección que el Código Nacional de Procedimientos marca”. Precisó que tan sólo se le concedió “una vigilancia policial a los alrededores” de su domicilio.

De acuerdo con el abogado, el equipo legal cuestionó ante la FGE “por qué no se le otorgaron las otras dos o tres medidas de protección que son importantes”, entre estas la prohibición de que el señalado la contactara.

Contreras afirmó que a fin de evitar que Morales Elvira se comunicara con la denunciante, los asesores tuvieron que solicitar esa medida vía comparecencia.

La empleada municipal refirió a este Semanario que, el 4 de julio, luego de incurrir en abuso sexual en su contra, Morales Elvira le habló por teléfono.

“Yo iba en camino a mi carro (justo después de salir de Palacio Municipal). Me acuerdo que en esa ocasión sí le contesté, pero yo estaba muy asustada y le contesté; y me dijo qué iba a hacer en la noche y que si quería cenar, y yo le dijo que no”, expuso y recalcó que en ningún momento el ex pugilista le ofreció disculpas.

“Creo que no había entendido que lo que hizo está mal”, prosiguió.
“Creo que es como una costumbre que él tiene porque nuestros abogados investigando nos dicen que en total son siete carpetas por el mismo delito, de las cuales otras cinco están detenidas, como se dice carpetazo, pero que dos sí están activas”, intervino Rubén Hernández.
El 9 de enero de 2024, justo cuando Morales Elvira figuraba como aspirante de Morena a la alcaldía de Tijuana, Martha Basilia García Hernández denunció al siete veces campeón del mundo de haberla agredido más de 10 años atrás en la modalidad de “abuso sexual, hostigamiento sexual y/o lo que resulte”. La agresión habría tenido ocasión en un gimnasio de box ubicado en la colonia Hipódromo, en el que la denunciante trabajaba como recepcionista.

En cuanto al caso de agresión en el Ayuntamiento, la empleada municipal relató que Morales insistió en contactarla telefónicamente: “Pasó tiempo, en donde después de lo sucedido no fui a trabajar. Necesitaba procesarlo. No quería regresar a ese lugar y me acuerdo que durante ese tiempo me habló; me estuvo hablando y era muy molesto, y bloqueé el número”.

Dijo haber ingresado al área de Comunicación y Difusión de la Secretaría de Bienestar desde los inicios de la administración encabezada por Ismael Burgueño Ruiz.

Sostuvo que tras haberse ausentado unos días en razón de la agresión que denunció, se reincorporó a sus actividades y sufrió “violencia laboral”.

Según detalló, encontrándose en una sección ocupada por cuatro empleados municipales, escuchó “como si dijeran: ‘A algunas personas les gusta venir aquí y no trabajar y no hacer nada, ¿verdad?’”. Afirmó que semejante comentario se hizo en lo concerniente a su persona.

La entrevistada aseguró que, en su mayor parte, el personal a su alrededor no se mostró empático con ella: “A pesar de que conocen lo sucedido no mostraron empatía, o al menos no lo sentí”.

Expuso que en una ocasión en la que tuvo acceso a la carpeta, leyó que dos empleadas que se habían dicho amigas suyas declararon en su contra y a favor del Terrible Morales.

“Ya no trabajan en la secretaría. Curiosamente ya no”, manifestó.

También aludió a la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Aracely Márquez Peña: “La directora no mostró empatía y yo la veía, la tenía en mi cara. Eso era lo que más me molestó. Que era reciente y estoy segura que ella ya sabía que era yo y no mostró ni hizo nada, y aquí veo también favoritismo”.

A mediados de julio, Márquez Peña negó conocer a detalle el caso. “El único conocimiento que hemos tenido es por parte de los medios”, declaró la funcionaria municipal. “Lo que hemos leído todos en redes sociales. No tenemos conocimiento de quién sea la persona, ni tampoco se ha acercado con nosotros; pero si así lo hiciera, claro, con mucho gusto. Estamos para atender, para servir a todas las mujeres de nuestra ciudad”, añadió.

La denunciante reconoció que “hubo personas que manejaron la verdad como fue”. A propósito, expresó: “Ni a favor ni en contra. Entonces, digo, mínimo se agradece porque fue la verdad, como es”.

De quien reemplazó a Morales Elvira en la titularidad de Bienestar, Wendy Ontiveros González, refirió: “Creo que ella en todo su momento sí ha mostrado empatía”.

Observó que Burgueño Ruiz fue quien destituyó a Morales Elvira. De ahí que comentara: “Entonces también sentimos respaldo. O sea, al menos sí, porque se accionó algo”.

El padre de la empleada del Ayuntamiento aseveró que su familia y él pertenecen a un grupo de corte cristiano denominado Unidad, y que con motivo del caso de abuso, el pastor Fermín García, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, acudió con el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, por iniciativa del propio funcionario.
“Se entrevistó con Fufo, y Fufo le dijo: ‘¿Qué es lo que quieres que hagamos?’; y él inmediatamente dijo: ‘Destitución inmediata’”, relató.
Agregó que Guerrero León dijo ser necesario denunciar en sindicatura y que, a un día de haberse interpuesto la denuncia, Morales Elvira dejó de estar al frente de la Secretaría de Bienestar.

El 4 de noviembre Rubén Hernández ofreció un posicionamiento referente a la carpeta de investigación, en la sede de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, bajo el auspicio de la Asociación de Periodistas de Baja California.

El entrevistado mencionó que por iniciativa de los asesores legales la rueda de prensa se planeó como una “estrategia mediática” para “llegar a los oídos tanto de la gobernadora (Marina del Pilar Avila Olmeda) como de la fiscal (Ma. Elena Ramírez) para que atendieran a este caso”.

En su conferencia semanal del 5 de noviembre, cuestionada sobre la carpeta en cuestión y otros expedientes, la gobernadora estableció: “En cuanto a la pregunta sobre la judicialización, ese es un tema del ámbito de la Fiscalía General del Estado, de las investigaciones como se desarrollan. La fiscalía es autónoma. Nosotros lo que podemos hacer es exhortar a las fiscalías, a ser más rápidas en esa parte, sobre todo cuando se trata de ese tipo de delitos que lastiman tanto”.

Se comprometió a preguntar sobre el avance de la investigación por la denuncia contra Morales Elvira. “¿Cuáles han sido los avances en cuanto a esta investigación? Siempre la postura del Gobierno del Estado es proteger a las víctimas, el de estar con las víctimas y de que se investigue trátese de quien se trate”.

Rubén Hernández observó que durante la conferencia semanal Marina del Pilar condenó los tocamientos de un individuo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales tuvieron lugar el 4 de noviembre en el Centro Histórico capitalino.
“Pero cuando se le lanza nuestra pregunta, ahí (actúa) como Poncio Pilato. Yo sentí que de alguna manera se lavó las manos y dijo: ‘Pues es la fiscalía, es autónoma, ellos están encargados, yo nada más lo único que puedo hacer es comentarle’”.
Previo a desempeñarse como secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento, Morales estuvo a cargo del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, en el gobierno de Avila Olmeda.

El padre de la denunciante señaló que celebrada la rueda de prensa bajo el auspicio de la asociación de periodistas de BC, “sale la nota y a las dos horas (en al menos dos medios locales) la bajan, la quitan de redes sociales”.

De modo que “sí me alarmó y sigo pensando por qué hicieron eso. A lo mejor una llamada de arriba, ‘Sabes qué, túmbame esa nota’. No sé. La verdad, no sabemos; pero sí, eso me presta a pensar que de alguna manera lo están favoreciendo”.

Ponderó que el 4 de noviembre la fiscal general del Estado se haya pronunciado sobre la investigación en curso.

“Ese mismo día la fiscal Ma. Elena Andrade tuvo una rueda de prensa también, donde habló de diversos temas y ahí una reportera o un reportero que estuvo en nuestra conferencia le lanzó la pregunta”, dijo y detalló: “(la titular de la FGE) respondió que este ha sido un tema muy delicado, que se manejaba, que ha ido muy avanzado. Negó que se haya frenado un poco la investigación y que está por resolverse”.

Hernández sostuvo que, de ser necesario, recurrirá a otras instancias legales. “No queremos que esto quede impune por el tipo de personaje”, argumentó.

Por lo pronto, concluyó, “doy un punto de confianza a la fiscalía de que sí van a hacer su trabajo como corresponde. Sin favoritismos hacia el gobierno”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDRUARDO ANDRADE URIBE.

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

La detención ocurre dos días después de que Omar García Harfuch informara que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Carlos Manzo fue asesinado.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Michoacán detuvo este viernes a siete de las escoltas de Carlos Manzo, el Alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre en un evento público, un caso que conmocionó al país.
"Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del Municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del Presidente Municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez", indicó la FGE en X, antes Twitter.
La detención de los individuos, que supuestamente velaban por la seguridad del édil, ocurrió en la Casa de la Cultura, en Uruapan, y fue realizada por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN).
"Los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario 'Lic. David Franco Rodríguez' y serán puestos a disposición del Juez de Control", añadió la institución.

El personal de seguridad había colocado un cerco en la zona del Centro de Uruapan para ejecutar las capturas.

Las aprehensiones ocurren dos días después de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informara que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien entrenó y luego coordinó a los tres jóvenes sicarios que operaron en territorio la tarde-noche en que Manzo Rodríguez fue asesinado.
Avanzan investigaciones del caso Manzo

Según la información presentada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los tres sicarios que participaron en el homicidio de Carlos Manzo fueron asesinados. Uno en el lugar de los hechos, el mismo día en que disparó al Alcalde, y los otros después, en condiciones aún no claras.

El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que “El Licenciado” fue quien los organizó. Los tres eran parte de una célula criminal dedicada al asesinato y la extorsión, y dependiente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La pistola con la que mataron a Manzo estaba relacionada con dos asesinatos previos, apenas de octubre.

En conferencia de prensa Harfuch dio a conocer que la identificación de Jorge Armando "N" se logró mediante el análisis de diversos materiales que se obtuvieron como parte de los trabajos de investigación que se han emprendido por parte de las autoridades estatales y federales, en las cuales se han utilizado herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos, así como la participación de cada involucrado.


Además de "El Licenciado" también se logró identificar a "dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel “N”, quien fue neutralizado al cometer el homicidio", indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fallo de la SCJN pone en riesgo el presupuesto 2026 para víctimas: Defensores DDHH

Los defensores de derechos aseguraron que se eliminó la garantía de las víctimas para no depender de negociaciones políticas o coyunturas electorales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, decisión que avala la eliminación del porcentaje obligatorio de presupuesto destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.

El fallo, que contradice una sentencia previa ya firmada por unanimidad por la antigua Primera Sala, fue interpretado por especialistas y organizaciones como una vulneración al principio de cosa juzgada y un retroceso en la garantía de derechos de las víctimas.

En la mesa de análisis, representantes de las organizaciones defensoras de derechos, Artículo 19, Fundar y el Centro Prodh señalaron que la Corte actuó con criterios políticos, revirtió su propio precedente y dejó en incertidumbre presupuestaria al sistema nacional de atención a víctimas.

Previamente, en sendos comunicados, las organizaciones afirmaron que la resolución de la Corte “implica un grave retroceso para los derechos de las víctimas” y que el tribunal “ha decidido darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas”.


Citaban que el fallo vulnera el principio de “cosa juzgada” y la garantía de “seguridad jurídica”, pues retoma un debate que la anterior integración de la Corte ya había resuelto.

También advirtieron que sin un porcentaje mínimo de presupuesto asegurado, las medidas de atención, asistencia, memoria, verdad y reparación “pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, explicó que el caso se originó en un amparo promovido por el Centro Pro después de la reforma de 2020, cuando se modificó el artículo 132 de la Ley General de Víctimas en el contexto de la desaparición de varios fideicomisos.

Recordó que la Primera Sala, con la antigua integración, “declaró por unanimidad la inconstitucionalidad” de la reforma por eliminar el mínimo presupuestal necesario para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitiera medidas de apoyo, asistencia, rehabilitación y reparación.

Maldonado señaló que ese criterio derivó en jurisprudencia.
Ya había jurisprudencia aprobada por unanimidad que habla de la progresividad que debe imperar en materia de derechos de las víctimas.
Sin embargo, la nueva integración del tribunal no sólo rechazó emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, sino que decidió reabrir el fondo del asunto.

Para él, la decisión afecta incluso a la propia Corte porque “reabre el debate y deja desprotegidas a las víctimas y entonces la pregunta es, ¿de dónde obtiene legitimidad una corte que le da la espalda a las víctimas?”.

También sostuvo que la legitimidad de un tribunal constitucional no deriva del origen electoral de sus integrantes, sino de sus resoluciones.
Las altas cortes logran legitimidad a partir de sus resoluciones, no a partir del voto popular.
Asimismo, Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, subrayó que la resolución tuvo una carga política visible durante la discusión y coincidió con Maldonado en que la eliminación de la garantía presupuestaria deja a las víctimas expuestas a decisiones anuales del Congreso.

Dijo que dicha garantía funcionaba como “un seguro que le garantizaba a las víctimas, un cierto monto de presupuesto de manera anual”, indispensable para no depender de negociaciones políticas o coyunturas electorales.

La decisión de la Corte, explicó, abre un escenario adverso porque “ahora las víctimas estarán en la incertidumbre porque si el Poder Legislativo así lo decide, podría aprobar un presupuesto menor progresivamente”.

Benumea, también criticó que algunas ministras justificaran la reforma bajo el argumento de que el Ejecutivo sigue asignando recursos.
No estábamos hablando de lo que hace el Poder Ejecutivo sino de qué le debía mandar la Corte al Poder Legislativo.
Mencionó que la Corte debió concentrarse en ordenar cómo restituir el presupuesto perdido, dado que la reforma ya había sido considerada inconstitucional por el propio tribunal.

“Lo que tenía que discutirse, fue cómo regresamos ese presupuesto que es indispensable para atender los derechos humanos de las personas”.

Por su parte, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro Pro, recordó que su organización presentó el amparo originalmente porque la CNDH, en ese momento, no utilizó la vía de acción de inconstitucionalidad.

Explicó que su impugnación se enfocó “exclusivamente en la medida regresiva de eliminar esta garantía de tener un mínimo de presupuesto” y no en cuestionar los fideicomisos.

Aseguró que la decisión de la Primera Sala fue coherente y garantista, pues pedía asegurar recursos aun cuando existieran recortes o cambios administrativos.

Aguilar sostuvo que la revisión del Pleno fue atípica porque “parece un levantamiento de la cosa juzgada, pues porque genera mucha incertidumbre”.

Sobre los argumentos esgrimidos durante la deliberación, afirmó que fueron “políticos, engañosos, insustanciales”, y que algunas ministras defendieron la eliminación de fideicomisos desde la óptica de su participación en la administración federal anterior.

Criticó que en el debate se subrayara que no había víctimas quejándose por falta de presupuesto y según la directora del Centro Pro, ese enfoque “no permitió una discusión sustantiva de cómo proteger más a las víctimas”.

También propuso una alerta más amplia sobre el funcionamiento del tribunal.
Si esta va a ser la práctica del Pleno de la Corte nos levanta muchas alertas alrededor de la poca imparcialidad y de cómo se pueden abrir decisiones que ya había de la Corte anterior.
También advirtió que los “principios de certidumbre jurídica están en juego” si este mecanismo de revisión se vuelve recurrente.

El panel coincidió en que la reapertura del caso y la validación de la reforma de 2020 crean un precedente regresivo, debilitan la arquitectura institucional del sistema de víctimas y comprometen la garantía de progresividad en derechos humanos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cae regidor de Chalco por presunto huachicol de agua

Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o "Jimy" también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy”, sexto regidor de Chalco, identificado como líder del “Sindicato 22 de octubre”.

La dependencia indicó que el sujeto fue detenido las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de orden de aprehensión en el marco de la segunda fase de Operación “Caudal”.


Resaltó que Christian Jesús “N” era un objetivo prioritario de dicho operativo al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Estado de México.

Añadió que “Gimmy” y/o “Jimy” también está señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo entre otros.

Fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

OPLES advierten que centralizar elecciones sería inviable; consejeras alertan riesgos operativos

Integrantes de los OPLES aseguraron que la magnitud de los procesos electorales estatales volvería inviable una operación centralizada.

Representantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) defendieron en la Cámara de Diputados que el país no puede transitar hacia un modelo donde el INE asuma todas las funciones electorales. Aseguraron que la magnitud y diversidad de los comicios estatales volvería inviable una operación centralizada y que el federalismo electoral ha permitido estabilidad y alternancia durante una década.

Paula Ramírez Höhne, presidenta del OPLE de Jalisco, recordó que la estructura constitucional del país impide uniformar la organización electoral. Señaló que “México es una república federal. Eso significa que sus 32 entidades tienen la facultad de darse su propio régimen interior”, y explicó que los OPLES responden a contextos sociales, políticos y culturales que una autoridad nacional no podría cubrir desde el centro.

Ramírez expuso que el volumen de trabajo que atienden los organismos locales demuestra la imposibilidad de centralizar las elecciones. Recordó que “en 2024 registramos más de 170 mil candidaturas, imprimimos más de 228 millones de boletas e instalamos 2 mil 26 consejos con más de 13 mil ciudadanas y ciudadanos vigilantes”, y advirtió que “la masividad, la diversidad y la complejidad de las realidades locales hacen materialmente imposible la centralización de las elecciones en México”.

La presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato, Brenda Canchola, sostuvo que no existe duplicidad entre las funciones del INE y las de los OPLES.

“No hay duplicidad de funciones, sino competencias distintas que obedecen a las particularidades del ámbito territorial”, y destacó que el conocimiento local permite resolver conflictos y diseñar procesos adecuados a cada entidad.

Por su parte, la presidenta del OPLE de Puebla, Blanca Yáscara Cruz García, alertó que un modelo centralizado sería más costoso, más lento y menos cercano a las comunidades. Afirmó que “difícilmente una sola institución podría encargarse del gran cúmulo de responsabilidades requeridas” y que una estructura nacional sobredimensionada estaría “alejada del contexto social y político de los municipios del país”.

Las consejeras también resaltaron avances impulsados desde lo local, como la paridad y la representación indígena. Ramírez recordó que “el 55 por ciento de las candidaturas locales fueron para mujeres y 21 congresos estatales quedaron integrados mayoritariamente por diputadas”, algo que atribuyó a reglas creadas por los propios institutos estatales.

Cruz afirmó que la próxima reforma electoral debe construirse con la firme convicción de “garantizar eficiencia, federalismo funcional, transparencia, profesionalismo, participación ciudadana y modernización tecnológica”, al insistir en que cualquier modificación debe preservar los principios del federalismo electoral.

El encuentro se dio en el Salón de Protocolo de San Lázaro, al que asistieron diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios y los titulares de los OPLE’s de los estados de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Oaxaca, Hidalgo, Baja California Sur, Baja California, Chiapas y Estado de México.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.

Organizaciones acusan a la Suprema Corte de “darle la espalda a las víctimas” ante el rechazo para recuperar presupuesto

Organizaciones, colectivos y víctimas calificaron la decisión de la Corte como un "grave retroceso" y exigieron al máximo tribunal del país garantizar los derechos humanos, recursos y acceso a la justicia.

Organizaciones y colectivos calificaron como un “grave retroceso” a los derechos humanos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que rechazó recuperar el presupuesto mínimo destinado para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país, el cual fue eliminado por el Congreso luego de la aprobación de una reforma en 2020.

La controversia surgió a raíz de que el máximo tribunal determinó reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas consideradas regresivas a la Ley de Víctimas y resolvió que es constitucional el cambio por el que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación.

En ese sentido, en un comunicado conjunto con más de 200 firmas, colectivos de búsqueda, madres buscadoras y organizaciones para la justicia sostuvieron que la Suprema Corte “le dio la espalda” a las víctimas.

“La decisión de esta Corte, recién instalada, representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación”, enfatizaron en el comunicado.

Asimismo, señalaron la gravedad de que la decisión se adoptó vulnerando el principio de “cosa juzgada”, pues se reabrió una discusión sobre constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas que ya había sido determinada por la Corte anterior.

Expusieron también que la medida también pone en situación de vulnerabilidad directo el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral.

“Sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.

Exigen asegurar recursos y acceso a la justicia para víctimas

Ante este panorama, las organizaciones hicieron una serie de demandas específicas:
  • Instaron a la Corte a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas.
  • Solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas, y exigieron que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de las víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos.
  • Demandaron a las autoridades federales y estatales que aseguren los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competentes y el acceso real a la justicia para las víctimas, sin dilaciones ni desmantelamiento de los instrumentos de asistencia y reparación.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que mantenga vigilancia sobre estos procesos y señale cualquier retroceso normativo o institucional que afecte los derechos de las víctimas.

Entre las múltiples organizaciones y colectivos firmantes se encuentran Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundación para la Justicia, Fundar, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red TDT, y numerosos colectivos de búsqueda como Buscadoras por la Paz Sonora, Colectivo por Amor a Ellxs, y Madres Buscadoras de Sonora.
El debate sobre el presupuesto para víctimas

El pasado 18 de noviembre, el pleno de la nueva Corte rechazo, por mayoría de cinco votos, recuperar el presupuesto mínimo destinado para víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país.

En contra de recuperar este presupuesto mínimo del 0.014% del presupuesto votaron las ministras y ministros Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra, quienes coincidieron en señalar que la reforma del 2020 otorgó una “mayor protección a las víctimas”.

Mientras que quienes votaron a favor de recuperar este piso mínimo de ayuda a las víctimas fueron los ministros Hugo Aguilar Ortiz -presidente de la Corte-, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía -ponente del asunto-, y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes apuntaron que la nueva reforma no garantiza un “presupuesto mínimo a las víctimas para su atención”.

De esta forma, tras un intenso debate, la Corte desestimó el proyecto de sentencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2024, en la que el ministro Figueroa Mejía declarar como violatoria de la Constitución la reforma al artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, que eliminó la garantía de un presupuesto mínimo para las medidas de “ayuda, atención y reparación” a víctimas del país.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ed Andrade, influencer señalado por recibir pago del PAN para apoyar la marcha de la Generación Z

La marcha de la Generación Z derivó en señalamientos hacia Edson Andrade por un contrato con el PAN y por la divulgación de sus datos personales, hecho tras el cual dijo que dejaría México.

Edson Saúl Andrade Lemus, abogado y creador de contenido, se colocó en el centro de la discusión pública tras ser identificado como una de las figuras visibles de la marcha de la Generación Z y por la difusión de un contrato que lo vincula con el Partido Acción Nacional (PAN) por más de dos millones de pesos. La movilización juvenil se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México y reunió a jóvenes que expresaron reclamos en materia de seguridad y participación política.

Contrato con el PAN y señalamientos por apoyo a la marcha

El 19 de noviembre de 2025, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, difundió un contrato en conferencia de prensa como parte de la exposición de información relacionada con la marcha de la Generación Z. El documento establece que el PAN-CDMX contrató a Andrade en febrero de 2025 por 2 millones 106 mil 810 pesos para la prestación de servicios de “estrategia digital y gestión de redes sociales” a lo largo de doce meses, con pagos mensuales cercanos a 175 mil 577.50 pesos. La divulgación del contrato generó señalamientos en torno a que el creador de contenido habría recibido recursos del PAN en un periodo que coincidió con la movilización juvenil.
En el proceso de ese debate público surgió la hipótesis de que el pago habría tenido relación con la difusión o visibilidad de la marcha de la Generación Z. Aunque no hay documentos que acrediten participación formal de Andrade como organizador, su presencia en redes sociales lo convirtió en uno de los perfiles más identificados con la movilización.

Reconocimiento del PAN sobre la relación con Edson Andrade

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reconoció que el partido contrató a Andrade para servicios en materia de comunicación digital. Señaló que el acuerdo corresponde a un servicio profesional y forma parte de las actividades regulares del partido.

Romero afirmó que el contrato no implica que la marcha de la Generación Z haya sido convocada o financiada por el PAN y explicó que la relación del partido con Andrade se circunscribió a tareas digitales. Sostuvo que la participación del creador de contenido en la movilización ocurrió de manera independiente a los servicios prestados al partido.

Filtración de datos personales y anuncio de salida del país

El 13 de noviembre de 2025, autoridades federales presentaron en conferencia matutina un análisis sobre la movilización juvenil. Durante la exposición se incluyeron fotografías, nombres y actividad en redes sociales de jóvenes identificados como impulsoras e impulsores de la marcha, entre ellos Edson Andrade.

Tras esa exhibición, Andrade declaró que sus datos personales quedaron expuestos y que personas ajenas accedieron a información sobre sus redes, fotografías, amistades y ubicaciones. Afirmó que la divulgación de esa información lo colocó en una situación de vulnerabilidad y señaló que “tendrá que irse del país” por motivos de seguridad. Indicó que seguirá apoyando la movilización juvenil, pero lo hará desde fuera de México.
Perfil digital y antecedentes de Ed Andrade

Andrade es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y orienta su contenido a reflexiones sobre política y participación ciudadana dirigidas a jóvenes. En TikTok supera los 178 mil seguidores y reporta un alcance de varios millones de visualizaciones. En Instagram mantiene alrededor de 32 mil seguidores.

En registros públicos aparece como proveedor de servicios para el PAN entre julio de 2021 y diciembre de 2022 en áreas relacionadas con comunicación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matan a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua; gobernó el municipio en tres periodos

El exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, fue localizado al interior de su vehículo con dos impactos de proyectil de arma de fuego.

Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 19 de noviembre, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el reporte oficial, a las 14:19 horas el radiooperador de Seguridad Pública notificó a agentes de la Agencia Estatal de Investigación sobre el fallecimiento de una persona del sexo masculino en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número, en dicho poblado.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron una camioneta tipo pick up Chevrolet Cheyenne, color gris, con el cuerpo de la víctima en su interior.

A simple vista presentaba dos lesiones producidas por proyectil de arma de fuego: una con entrada en el pómulo izquierdo y salida en el ojo derecho, y otra más en el cuello, del lado izquierdo, sin salida, detalló la FGE.

Como parte de las primeras diligencias, se entrevistó a un familiar, quien informó que el exalcalde había salido momentos antes de su domicilio para dirigirse a una bodega donde resguardaba mercancía, ya que operaba un negocio de venta de vinos y licores.

En la escena, personal de Servicios Periciales aseguró dos teléfonos celulares y dos casquillos calibre 9 mm, los cuales fueron embalados para su análisis. El levantamiento y traslado del cuerpo estuvo a cargo del personal del SEMEFO, donde se realizará la necropsia de ley.

Carrera política de Lauro Orozco

Lauro Orozco Gómez fue presidente municipal de Ignacio Zaragoza en tres periodos: 2004-2007, 2028-2021 y, el más reciente, 2021-2024.


Tras concluir su última gestión, fue candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, partido que condenó su homicidio:

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los habitantes de Ignacio Zaragoza, convencidos de que su trabajo perdurará en la memoria de quienes compartieron con él la misión de trabajar por el noroeste”.

Chihuahua es la segunda entidad más violenta del país, con 1,527 homicidios dolosos entre enero y octubre de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.