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Trump cambia de mazo: desecha la DEA para usar al Pentágono contra el narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo a un lado a la Administración de Control de Drogas (DEA) en su combate a los grupos del crimen organizado y dio carta blanca al Pentágono para atacar y ejecutar sumariamente a quienes considere narcoterroristas.

La presencia en la frontera sur de Estados Unidos de 10 mil soldados bajo el mando del Comando Norte son una amenaza y advertencia velada del presidente Donald Trump a México de que si lo decide puede ordenar al Pentágono usar la fuerza letal en esa zona contra narcoterroristas mexicanos.

La autorización que dio Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y la posibilidad que analiza de ordenar al Pentágono atacar en tierra a narcoterroristas venezolanos, muestra que el presidente estadunidense está dispuesto a violar la soberanía de otros países.

La guerra contra las drogas que perdió la DEA, Trump la retomó y se la encargó al Pentágono evocando los Poderes de Guerra que le brinda la constitución de su país para usar la fuerza bélica contra los cárteles dedicados a trasegar drogas para consumo del mercado estadunidense.

En la primera semana de octubre de este año Trump notificó (no pidió permiso) al Congreso federal de su país que el Departamento de Guerra ejecutaría, por mar, cielo y tierra, a narcoterroristas al momento de transportar narcóticos dirigidos a Estados Unidos.
Hemos llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza (bélica) para defendernos y defender a otros contra estos ataques que llevan a cabo las organizaciones designadas como terroristas -se lee en la notificación que la Casa Blanca entregó al Capitolio.
El 20 de enero de 2025, tras iniciar su segundo y actual mandato presidencial, Trump firmó la orden ejecutiva con la que designó como grupos del terrorismo internacional, para el caso de México, al Cártel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al del Noreste, a la Nueva Familia Michoacana, al Cártel del Golfo y a Cárteles Unidos.

En la misma categoría fueron ubicados los grupos criminales venezolanos Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, y de La Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador.

Con los Poderes de Guerra evocados, Trump no tiene limitaciones para militarmente destruir lo que bajo su criterio categorice como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Exrector de la UAEM acusa a Graco Ramírez de su detención y denuncia persecución política

La audiencia de Jesús Alejandro Vera Jiménez fue diferida para mañana del 9 de noviembre, luego de que su defensa solicitó tiempo para revisar 13 tomos y 30 anexos de pruebas.

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, difundió una carta en la que responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu de su detención y lo acusa de haber emprendido una persecución política en su contra desde su administración. En el documento exige que se le garanticen sus derechos y un proceso justo. 

La carta, fechada en noviembre de 2025 y enviada desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue entregada a esta periodista por personas cercanas al exrector, quienes señalaron que el texto refleja la postura directa de Vera Jiménez sobre su situación jurídica actual. 

En el documento, el exrector sostiene: 

“Desde hace varios años he sido objeto de una persecución política originada durante el gobierno del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien públicamente ha reconocido en redes sociales haber iniciado las acusaciones en mi contra.” 

Vera Jiménez asegura que esa persecución derivó en procesos penales federales y estatales “construidos sobre señalamientos infundados y sin sustento jurídico”. Afirma que durante más de siete años ha enfrentado acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público, aunque —según dice— las resoluciones judiciales han demostrado que tales acusaciones fueron “instrumentos de represión y desgaste, no de justicia”. 

En su carta, detalla que promovió el juicio de amparo 819/2022-1, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cual el 15 de enero de 2024 dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra el 31 de octubre de 2020 dentro de la causa penal 400/2020. 

“El Juzgado determinó que dicha orden carecía de fundamentación y motivación suficientes sobre la necesidad de cautela y la probable intervención atribuida a mi persona”, señala. 

El exrector agrega que, aunque diversas autoridades interpusieron recursos de revisión, el Tribunal Colegiado no ha emitido resolución en más de un año, lo que —afirma— mantiene el asunto sub judice y prolonga una situación de persecución judicial. 

“Ello genera una afectación grave a mis derechos humanos, al mantener vigente una situación de persecución sin resolución definitiva”, subraya. 

También menciona los procesos iniciados por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, los cuales —según explica— fueron retirados o declarados improcedentes en 2024, tras demostrarse mediante amparos que “carecían de base legal”. 

“Dichos procesos se edificaron sobre acusaciones políticas impulsadas desde el poder, y no sobre pruebas objetivas ni procedimientos legítimos”, sostiene. 

En la parte final de la carta, Vera Jiménez enfatiza que su propósito no es evadir la ley, sino exigir un trato justo. 

“Después de tantos años de litigio, lo que solicito no es impunidad, sino justicia verdadera. Pido que las instituciones actúen con independencia, legalidad y respeto a la Constitución, y que los jueces ejerzan su función con plena autonomía frente a cualquier presión mediática”, concluye. 

Horas después de conocerse el contenido de la misiva, se llevó a cabo una audiencia judicial en el penal del Altiplano, programada para las 22:00 horas del 7 de noviembre, la cual inició con retrasos debido a que el Vera no se encontraba presente al inicio de la sesión. 

Durante la diligencia, la defensa particular solicitó un plazo para revisar 13 tomos y aproximadamente 30 anexos de pruebas incorporados al expediente. La autoridad judicial concedió la petición, por lo que la audiencia se reanudará a las 5:00 horas del 9 de noviembre de 2025. 

Graco Ramírez festeja la captura de Vera Jiménez

Previo a la difusión de esta carta, el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu celebró públicamente la detención de Vera Jiménez.  

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, recordó que durante su administración (2012–2018) “algunos actores políticos montaron una narrativa y campaña de que no se entregaba el presupuesto a la UAEM”, y afirmó que su gobierno denunció presuntos actos de malversación de recursos por parte del entonces rector, vinculados a la llamada “Estafa Maestra”. 

“Hoy se empezará a hacer justicia”, escribió el exmandatario. 

Vera Jiménez, quien fue uno de los principales críticos y adversarios políticos de Ramírez, enfrenta acusaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos durante su gestión al frente de la UAEM. Hasta el momento, las autoridades no han precisado los detalles de su detención ni los cargos formales que se le imputan. 

Tras su paso por la academia, Vera Jiménez también incursionó en la vida política. En 2018 buscó la gubernatura de Morelos bajo las siglas de Nueva Alianza, aunque meses antes de la elección declinó su candidatura para sumarse al proyecto de Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Con la llegada de Blanco Bravo al gobierno estatal, fue incorporado a su equipo como director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), cargo que ocupó hasta noviembre de 2019, cuando presentó su renuncia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

La FGR entrega a Martha "N" al Gobierno de Estados Unidos por asociación delictuosa

Martha "N" fue entregada a las autoridades de Estados Unidos en el AICM, por los delitos de asociación delictuosa, fraude, robo de identidad y lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes que entregó al Gobierno de Estados Unidos (EU) a la mexicana Martha “N”, quien es requerida por la Corte Federal de Columbia, por delitos de asociación delictuosa, fraude, robo de identidad y lavado de dinero.

En un comunicado difundido en redes sociales, la FGR precisó que esta medida se dio en cumplimiento con Tratado de Extradición firmado entre el Gobierno de México y su par de Estados Unidos, por lo que la ciudadana fue entregada a los agentes designados para su traslado al país antes referido, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CdMx).
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Martha "N" formó parte de una asociación delictiva, por medio de la cual defraudó a personas con residencia en los Estados Unidos propietarias de inmuebles vacacionales en México, por alrededor de 527 millones de pesos.

Apenas el 24 de octubre, la FGR informó sobre la extradición al Gobierno de Estados Unidos de Marco "N" por un caso distinto de asociación delictuosa, delitos contra la salud, tentativa para exportar artículos de defensa sin licencia y contrabando de bienes desde EU.

En este caso, el ciudadano fue requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de California, por lo que la Fiscalía puntualizó que este proceso, al igual que el de Martha "N", también se dio en cumplimiento con el Tratado de Extradición firmado entre ambos países.


En este sentido, la FGR detalló que Marco "N" formó parte de una organización delictiva situada en Baja California, entre los años 2018 y 2020. Dado lo anterior, el sujeto que fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses era el responsable de enviar metanfetamina y otras drogas a dicho país, así como armas de fuego desde Estados Unidos a México.
"El reclamado era el responsable de enviar metanfetamina y otras drogas a los EUA, además de armas de fuego desde ese país hacia México", señaló la FGR en un comunicado.
El sujeto fue detenido en Mexicali, Baja California, en febrero de 2024, para luego ser entregado en octubre de 2025 a los agentes designados para su traslado final en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Agricultura detecta caso de gusano barrenador en Jalisco; ampliaría alerta a mascotas

Con el fin de frenar la propagación del gusano barrenador en el país, la Secretaría de Agricultura planea ampliar la alerta para incluir a mascotas como perros y gatos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó este viernes que se detectó un caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco, el cual ya fue contenido y no representa un riesgo para la ganadería.

La dependencia informó en un comunicado que la presencia de la plaga se detectó en un bovino que fue llevado a un corral de engorda ubicado en el municipio de Encarnación de Díaz, en la entidad jalisciense.

El caso de gusano barrenador fue detectado durante la revisión de un cargamento de 80 bovinos proveniente del sur-sureste del país, cuando se identificó la presencia de larvas en uno de los ejemplares.
La Secretaría de Agricultura recalcó que la presencia de gusano barrenador en ganado de Jalisco se trata de un caso aislado y fue contenido, por lo que no representa un peligro para la ganadería en el estado.

Alerta por gusano barrenador incluirá a mascotas como perros y gatos

Ante la amenaza de que la plaga de gusano barrenador del ganado se extienda por todo el país, la Secretaría de Agricultura podría incluir en la alerta sanitaria a las mascotas como perros y gatos, por lo que tendrán que ser analizados para comprobar que no son portadores.

De acuerdo con un anteproyecto registrado por la dependencia, además de los ganaderos, cualquier persona que pretenda transportar animales de compañía por el interior del país o importarlos del extranjero deberá tomar las medidas necesarias para verificar que no existe presencia de la plaga en ejemplares, vehículos o contenedores.

Como parte de esta medida el operativo de revisión de animales que actualmente se aplica en siete estados del sur de la República se extenderá a todo el territorio mexicano.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Amenazaron a Grecia Quiroz la noche antes de asumir en Uruapan

Grecia Quiroz y otros políticos de Michoacán recibieron amenazas del CJNG vía WhatsApp una noche antes de que asumiera como nueva alcaldesa de Uruapan.

La noche antes de asumir como alcaldesa sustituta de Uruapan, hubo una amenaza por WhatsApp contra Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, atribuida, entre otros grupos, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta información salió anoche en el noticiero Imagen Noticias, durante la emisión conducida por Nacho Lozano, donde se difundió el mensaje de amenaza, que también iba dirigido a otros funcionarios y diputados locales.

“A grandes rasgos, dicen los integrantes de esta organización criminal, que tienen bajo control Uruapan, que ellos fueron los que mataron al alcalde Manzo y hablan de supuestos acuerdos con el Gobierno Federal que no se están respetando. Las amenazas también se hicieron extensivas a otros 40 funcionarios y trabajadores del gobierno municipal de Uruapan”, dijo el periodista Lozano.

Entre los amenazados, además de la alcaldesa, están tres diputados locales: Víctor Manriquez, de Movimiento Ciudadano; Guillermo Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, y Carlos Bautista, independiente y amigo de Carlos Manzo, a quienes les exigen renunciar.
La versión fue confirmada por el medio entre otros funcionarios.

Carlos Bautista Tafolla dijo en el programa: “Hemos recibido varias amenazas. Hay varias listas, digo, unas son textos, otras son listas. Pero sí en algunas las encabezo. Bueno, una la encabezo yo, esa me consta que la encabezo. A mí se me hace un poco tonto que el crimen organizado después de esto vaya y amenace a todos, pues se me hace un poco extraño. Pues es una cuestión de cuidado, porque en la segunda publicación ya empezaron a poner direcciones”.

Bautista Tafolla dijo que, por su parte, ya ha recibido apoyo de guardias, pero otros políticos amenazados todavía no. “Les pregunté si venían bien preparados para entrarle a los topes. porque Manzo traía 26 (guardias) y aún así le dieron. Esto ya no es un tema de cuántas escoltas traes. Ya no es un tema de cuántas escoltas traen en Michoacán”.

Grecia Quiroz aún no se había pronunciado al respecto. 

El día de la toma de posesión de la nueva alcaldesa, Bautista Tafolla pronunció un contundente discurso en el que dijo: “¡No es normal, no es normal que maten un doctor, no es normal que maten un taxista, no es normal que maten a un periodista, no es normal que que maten a un presidente municipal! Y que pretendan que nos debemos de acostumbrar a vivir entre la tragedia. A Carlos Manzo no lo asesinaron ¡ustedes dejaron que lo asesinaran. ¡Su muerte fue una ejecución anunciada!


“Uruapan está de luto, el mundo está de luto y Michoacán hace silencio de su omisión. Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbam Pardo. Usted no puede decir que no sabía. Carlos Manzo le pidió ayuda y usted no lo recibió y su silencio tiene nombre y apellido. Tiene rostro, tiene hijos y tiene viuda. Ustedes hablan de estrategias de inteligencia. Yo hablo de mediocridad de la indiferencia. Porque si una estrategia no protege la vida, no es inteligencia, es mediocridad institucional”.

FUENTE: EMEEUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aseguran más de 750 mil litros de diésel en operativos conjuntos en Ensenada

El Gabinete de Seguridad pública confirmó la ejecución de un careo conjunto en Ensenada, donde fueron cateados dos inmuebles y asegurados 753 mil 012 litros de diésel, además de 11 tanques contenedores de distintas capacidades.

De acuerdo con el reporte oficial, los cateos se efectuaron en centros de almacenamiento y oficinas pertenecientes a las empresas Rudametkin y SAHISA, ubicadas sobre la calle Obregón, entre Tercera y Cuarta, así como en la calle Novena, entre Blancarte y Castillo, en la zona centro.

Las acciones forman parte de los operativos coordinados para combatir el robo y tráfico ilegal de combustibles en la región.

Participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar) quienes informaron que el combustible asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas derivado de estos cateos. Las empresas involucradas pertenecen a familias de Ensenada que por años han operado estaciones de gasolina en localidad.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El Tren Maya no nos trajo desarrollo”: Fonatur incumple acuerdos con campesinos de Quintana Roo

Campesinos del ejido Felipe Carrillo Puerto denuncian que la base de mantenimiento del Tren Maya bloqueó el acceso a sus milpas y cultivos de cítricos. Aunque Fonatur firmó un convenio para construir rampas y caminos saca cosechas, sigue sin cumplir.

Para las 150 familias que tienen sus milpas y cultivos de cítricos alrededor de la base de mantenimiento del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, se volvió casi imposible entrar a sus parcelas y sacar sus cosechas.

Las instalaciones de esta base de mantenimiento —existen otras dos en la Península de Yucatán: en Xpujil y Puerto Morelos— comprenden un taller, un edificio administrativo, un destacamento de la Guardia Nacional y un gran estacionamiento completamente vacío.

Fueron construidas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en un terraplén de unas 14 hectáreas que es la única vía de acceso a las parcelas que las rodean, dejándolas hundidas un par de metros. Además, entre los cultivos y el terraplén Fonatur puso una malla que hay que brincar para entrar a las milpas.

“El 18 de junio de 2024, para resolver el problema Fonatur firmó un convenio durante una asamblea ejidal. Prometió construir unas rampas de acceso a nuestras parcelas y unos caminos saca cosechas”, dice Carlos Koyoc Pacab, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Felipe Carrillo Puerto. “Sin embargo, hasta el momento no ha construido nada”.

Información parcial durante el proceso de consulta indígena

Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019 se realizaron 15 asambleas regionales informativas y consultivas en los cinco estados contemplados para la construcción del Tren Maya. Unos 300 pobladores del municipio Felipe Carrillo Puerto se reunieron en la comunidad de X-Hazil Sur, en representación de 71 comunidades.

“En la asamblea dijeron que el Tren Maya iba a traer muchos beneficios, pero no fue así”, afirma Elías Be Cituk, quien entonces era comisariado ejidal de Felipe Carrillo Puerto. Lamenta que el megaproyecto atrajo muchos militares, pero ningún turista y, además, les generó problemas que las autoridades no mencionaron durante la asamblea.

De hecho, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) durante la etapa informativa del proceso de consulta indígena las autoridades hicieron referencia únicamente a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos.

“Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre los impactos sin obtener una respuesta clara y completa”, señaló la ONU. “La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”.

La consulta, previa a la publicación de los estudios de impacto ambiental

Elías Be Cituk afirma también que el 15 de diciembre de 2019, durante la asamblea en X-Hazil Sur, las autoridades nunca presentaron una copia de los estudios de impacto ambiental del Tren Maya, ni de las decenas de bancos de extracción de material pétreo que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) construyó en Felipe Carrillo Puerto.

Los “estudios [de impacto] no se han hecho, por eso esta es solo una consulta genérica sobre si va o no el tren. Después se harán consultas específicas en las comunidades sobre si hay afectación al medio ambiente y a la cultura”, afirmó en diciembre de 2019 Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, una vez que se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 6 del Tren Maya, en Felipe Carrillo Puerto no se realizó ninguna consulta específica. En los meses y años que siguieron a la asamblea de diciembre 2019, el acercamiento del gobierno a las comunidades fue más bien enfocado a tomar acuerdos conforme las necesidades que se iban dando. Entre ellos, el convenio que Fonatur firmó con el ejido de Felipe Carrillo Puerto el 18 de junio de 2024, tras los problemas que surgieron a raíz de la construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya.

Promesas incumplidas

Desde el puente vehicular que cruza las vías del Tren Maya, la base de mantenimiento del ferrocarril se ve como una mancha gris en un gran lienzo verde, formado por las milpas y cultivos de cítricos.

Justo debajo del puente, donde empieza el camino de terracería que lleva a las parcelas y que corre al lado de la base de mantenimiento, hay unas vallas con púas. Carlos Koyoc Pacab dice que las puso Fonatur para bloquear parcialmente el paso.

“Tenemos la preocupación de que cierren totalmente el acceso a este camino, que lleva a nuestras tierras. El tren no nos trajo desarrollo, fue un chasco para nosotros”, dice el agricultor. “El gobierno no cumplió sus promesas: no sólo no construyó las rampas de acceso a las parcelas, tampoco el puente para sacar nuestras cosechas y los pozos para el riego que habíamos pactado. Y falta que pague los daños que hizo durante las obras, cuando destruyó nuestras plantas de cítricos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

“Aquí nadie se salva de pagar cuota al narco”: así se vive con las extorsiones en Uruapan

Tras el asesinato, el 1 de noviembre, del alcalde Carlos Manzo, comerciantes, empresarios, taxistas y transportistas viven bajo amenaza de los cárteles y desconfían de que la llegada tardía de soldados y policías pueda protegerlos del pago de extorsiones a cuatro diferentes grupos criminales que operan en Uruapan

—En Uruapan ya no puedes emprender nada. En cuanto abres tu localito, de lo que sea, te llegan de volada a pedir la cuota los de la maña. Y si no les das lo que te exigen, pues ya sabes lo que te puede pasar…

Javier completa los puntos suspensivos formando con el pulgar y el índice de la mano derecha la silueta de una pistola imaginaria. Tiene menos de 30 años —su verdadero nombre se omite por seguridad— y habla desde un pequeño restaurante del que ruega que no se dé ningún detalle, mucho menos la ubicación. Tiene miedo, como la mayoría en esta ciudad michoacana de más de 300 mil habitantes, que el pasado sábado 1 de noviembre presenció en directo el asesinato a tiros de su alcalde, Carlos Manzo.

El edil caminaba con su hijo en brazos por el centro histórico durante la festividad del Día de Muertos, cuando un adolescente de 17 años se le acercó y le vació el cargador de su pistola. El atacante también fue abatido a tiros en un suceso que de inmediato saturó las redes sociales y los noticieros.

—Ya nos cobran cuota por todo —añade Javier—. Primero, llegan los mentados ‘Caballeros Templarios’ y te piden tanto. Luego ‘Los Viagras’, luego ‘Los Blancos de Troya’, y luego los de las ‘cuatro letras’—el Cártel Jalisco Nueva Generación—. ¡Ya son un chingo! —exclama con los ojos muy abiertos—. Y uno ya no se da abasto para pagarle a tanto malandro, pues.

De acuerdo con cifras oficiales, en Uruapan se registraron entre 2023 y septiembre de este año 158 denuncias por extorsión, dando un promedio de 52 al año. Pero cuando esos números se plantean a empresarios, comerciantes, restauranteros, taxistas o transportistas del municipio, todos niegan con la cabeza y sonríen con cansancio: el problema real es mucho mayor, apuntan.

—Las extorsiones en Uruapan crecieron a todos los niveles —asegura tajante Alicia, otra comerciante que pide omitir su verdadero nombre y el de su negocio—. Todos aquí tenemos el mismo problema: tenemos que pagar la cuota al narco.

Las cifras, dice, pueden decir una cosa, “pero aquí tenemos miedo de denunciar”.

—Una denuncia lleva tiempo, lleva un proceso, y ya sabemos que la Fiscalía del estado no va a hacer nada. Además, denunciar te pone más peligro con los malandros.

—¿De cuánto es la ‘cuota’ que tienen que pagar? —se le pregunta.

Alicia entrelaza los dedos sobre una libreta y encoje los hombros.

—Depende: del tamaño del sapo es la pedrada —responde con una sonrisa irónica—. A los que tienen, por ejemplo, salones de eventos para bodas, quince años y cosas así, no les piden diez pesos, ¿verdad? Les piden cientos de miles de pesos, hasta millones he llegado a saber. A los que tiene una panadería artesanal, quizá 15 mil. Pero sea como sea, es una afectación enorme, económica y psicológica. El estrés de que te amenacen a ti o a tu familia no te deja vivir.

La mujer añade que no solo el crimen organizado extorsiona a la población.

—Es que hay diferentes tipos de crimen —puntualiza—. Están los que te llaman y te dicen que son del SAT, que tienes un adeudo y que les deposites de inmediato para resolverlo. A esos los detectas rápido. Pero cuando es un grupo delictivo real, no te llaman: vienen a tu puerta. Te dicen ‘somos de las cuatro letras’ o ‘del cartel tal’, y te exigen el pago. Te intimidan, te amanazan.

Luego están “los chavitos reclutados” que comienzan su ‘carrera delictiva’ con la extorsión.

—Se presentan como del cártel y te exigen dinero en ese momento. Puede que lo sean o que solo sean el ‘achichincle’ de alguien. Pero, como sea, muchas veces les pagas para evitar problemas.

La situación, dice Alicia, está tan extendida que incluso en la Cámara de Comercio de Uruapan ya ofrecen capacitaciones para “prevenir” o saber cómo reaccionar ante un intento de extorsión telefónica. Pero eso, lamenta, no va a resolver nada.

—Una cámara de comercio debería exigir al gobierno garantías de seguridad a través de estrategias reales, tangibles, no solo cursos. Por ejemplo, políticas con presupuesto asignado para combatir la extorsión en Michoacán. En lugar de eso, lo que nos dan es un taller. Que está bien, pero no es suficiente.

Miedo y calles desiertas

Son las nueve de la noche del miércoles, cinco días después del asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Por las calles, especialmente de las del primer cuadro del centro histórico, aún se escuchan los corridos compuestos para recordar al edil independiente, los claxonazos de los viejos autobuses que protestan por el homicidio y los gritos de “Carlos no murió, el gobierno lo mató”, uno de los lemas más recurrentes estos días.

Pero a dos o tres cuadras de la alameda, el silencio es casi total. Muy pocos vehículos circulan, casi no hay peatones. Los comercios tienen la cortina metálica bajada, y las pocas taquerías que siguen abiertas están vacías.

La escena recuerda a otras ciudades golpeadas por la violencia, como Culiacán, sumida desde un año en una guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Entre los autos que dan vueltas en torno a la alameda está el taxi de Alejandro, un joven conductor. Mientras avanza, explica que a veces deben pagar hasta 900 pesos de ‘cuota’ al narco.

—Son 300 por grupo criminal, a veces más. Los malandros cobran a nuestras bases, y ellos nos lo cobran a nosotros, los choferes.

Por eso, dice que se sumará el paro de labores y a la Marcha por la Paz convocada para este viernes por comerciantes, transportistas, agricultores, gasolineros, y población en general. Quieren exigir justicia por el asesinato del alcalde, pero también seguridad y un alto a las extorsiones.

Andrés también es taxista, pero de Uber. Dice que como chofer de la app es más complicado que lo puedan extorsionar, aunque matiza que tampoco está exento. Nadie en Uruapan lo está, subraya.

—El empresario de aquí ya sabe que lo van a extorsionar, que tiene que pagar un dinero, sí o sí, al crimen organizado. Y eso provoca que la gente ya no quiera emprender en Uruapan, porque aquí no se vive a gusto ni tranquilo. Y pues nada más tienes que salir en la noche y mirar las calles: están desiertas. La gente vive con miedo.

El asesinato de Carlos Manzo ha añadido una dosis extra de incertidumbre, pese a que el gobierno federal ya anunció un nuevo ‘Plan Michoacán’ para recuperar la paz, y pese a que desde la toma de protesta de la nueva alcaldesa las patrullas del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal inundaron la ciudad.

Unas patrullas, no obstante, que a decir las personas entrevistadas llegaron tarde, y que tampoco les generan especial confianza, especialmente las de la Guardia Civil michoacana. De hecho, algunos ciudadanos lanzaron reclamos a los uniformados de esta corporación que custodiaban obras federales, como las del nuevo teleférico, que fueron vandalizadas tras el asesinato de Manzo con pintas en contra del gobernador Alfredo Bedolla, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

—¡Lo dejaron solo y ahora vienen a cuidar obras! —les gritaron.

 El alcalde independiente se había ganado el respeto de la ciudad por su discurso y su acción frontal contra el crimen organizado. Con una policía municipal reducida —unos 300 elementos— trató de depurar la corporación, equiparla, y combatir la corrupción. Pero su asesinato, luego de haber pedido ayuda hasta en diez ocasiones a los gobiernos estatal y federal, dejó a la población en shock y con una pregunta inevitable: si pudieron matar así al alcalde, frente a medio pueblo durante un evento en una festividad, ¿qué puede esperar el resto de los vecinos?

—Da  mucho miedo ver que él, por alzar la voz por todo el pueblo, lo mataron de esa forma, ante la vista de todos —admite Victoria, la mesera de un restaurante del centro—. Era una persona normal. Caminaba por las calles como cualquiera. Tenía escoltas, pero no sirvió de nada. Lo dejaron solo.

El miércoles Grecia Quiroz, la esposa de Carlos Manzo, asumió como nueva alcaldesa con el apoyo del Movimiento del Sombrero, o ‘la sombreriza’; el movimiento social que fundó Carlos Manzo. La mayoría de los entrevistados dice respaldarla. En el kiosco del centro histórico —a unos pasos de la jardinera donde cayó abatido Manzo y donde aún yace un sombrero en su honor— hay cartulinas con el mensaje: “No estás sola”.

Aún así, la incertidumbre persiste: ¿podrá mantener a raya a los grupos criminales y frenar las extorsiones, incluso las que puedan provenir de la propia policía municipal que Manzo trató de depurar?

—Carlos traía muy amarrados en corto a sus policías y a sus tránsitos —explica don Roberto, un adulto mayor que participo en la misa del miércoles del edil asesinado—. Ya no podían ir encapuchados, y eso daba confianza. Antes de Carlos, cuando iban cubiertos, se les hacía fácil pedir una mochada o plantar cosas para extorsionar a la gente. Con Carlos había más control.

—Ahora no sabemos cómo se vaya a manejar su esposa —añade—. Pero todos esperamos que se mantenga firme, porque ya estamos hartos: de tanta muerte, de tanta extorsión y de tanto desprestigio de Uruapan. Estamos hartos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.