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Empresa minera deja a comunidad sin apoyo para enfrentar secuelas en salud tras años de extracción de oro en Carrizalillo

En Carrizalillo, Guerrero, funciona una Casa de Salud que depende de las aportaciones de Equinox Gold, donde se brinda atención médica a personas con padecimientos asociados a la explotación minera, pero el servicio en esta clínica está en riesgo sin el subsidio de la empresa.

Silvia, quien rondaba los 30 años, llegó quejándose de un agudo dolor en el abdomen el pasado lunes por la noche al campamento de los ejidatarios y parcelarios de Carrizalillo, instalado en una de las casetas que tenía la minera canadiense Equinox Gold en el camino hacia el pueblo. Al día siguiente murió en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, por un probable tumor en el estómago del que nunca supo.

La médica Nancy Olivia Guzmán, una de los tres doctores que atienden la Casa de Salud en Carrizalillo, dijo que la muerte de Silvia pudiera tener alguna relación con enfermedades asociadas a la explotación minera.

El de Silvia fue un deceso rápido e intempestivo. El presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña, recibió ese martes la noticia por teléfono y exclamó con sorpresa: “¡Se murió!”. Para ningún habitante es una información ajena, porque si no son familia, seguro se conocen.

El presidente del comisariado estaba por iniciar un recorrido por los patios de lixiviados con reporteros, debido a que ya habían transcurrido dos meses y 17 días desde que comenzó el plantón en la caseta principal para impedir los trabajos de la empresa. El objetivo del plantón era forzar un nuevo acuerdo, ya fuera para renovar el convenio de explotación minera —vigente de forma ininterrumpida durante 20 años— o para dar inicio al proceso de cierre. En ninguno de los dos casos hubo avances; la empresa se negó a aceptar la propuesta de convenio presentada por los ejidatarios.

Rodríguez Saldaña realizó varias llamadas para que desde la Casa de Salud enviaran la ambulancia al hospital y así trasladar al pueblo el cadáver de Silvia. La Casa de Salud de Carrizalillo operaba de manera independiente a la clínica institucional, como parte de los beneficios del convenio social que los ejidatarios mantuvieron con las empresas mineras que durante dos décadas explotaron oro en este ejido, perteneciente al municipio de Eduardo Neri. El subsidio para su funcionamiento provenía tanto de la empresa minera como del Comisariado Ejidal de Carrizalillo.

Al no avanzar la negociación con la empresa, uno de los principales riesgos es que la Casa de Salud en Carrizalillo deje de operar. Según la versión de los ejidatarios, Equinox Gold les ofrece un 60 % menos por la renta de casi 1,400 hectáreas que ocupaba en su ejido, en relación al último convenio que venció el 31 de marzo pasado.

El plantón que comenzó el 1 de abril pasado ahora es un campamento que parece una extensión del pueblo, porque los plantonistas construyeron pequeñas casas de madera o techados con esqueletos de herrería para mantener el movimiento. El personal que hace el turno de la noche en la Casa de Salud ofrece el servicio desde la carpa donde atiende el Comisariado Ejidal en el campamento.


Es por eso que Silvia llegó al lugar. Quienes la vieron y escucharon cuentan que gritaba de dolor. En la Casa de Salud atendieron algunas veces a Silvia por la diabetes que padecía. Pero esta vez era algo más grave y el personal la trasladó durante la madrugada al hospital de Chilpancingo, unas horas después murió.

La Casa de Salud, que atiende diariamente entre 10 y 20 personas, depende en este momento en un 100 % del Comisariado Ejidal de Carrizalillo. El financiamiento de las acciones de la mesa ejidal está vinculado a su relación con la empresa, por lo que el funcionamiento de los servicios de salud se sostienen, en realidad, con las reservas presupuestales que la mesa tiene previstas para este año.

El presidente del comisariado, en una actitud optimista, cree que pueden mantener los gastos de la Casa de Salud por seis meses o, quizá, un año, pero en un golpe de realidad, la médica Nancy le dice que los tratamientos que ofrecen son costosos, porque atienden padecimientos derivado de la contaminación por la explotación minera. 

Cada mes, dice la médica, se podrían gastar en medicamentos hasta 700 mil pesos, de esos, la empresa daba unos 200 mil, y la mesa ejidal ponía el resto.

Las enfermedades más comunes en el pueblo son las respiratorias, de la piel y las oculares. “Una tos te dura normalmente una semana, es el ciclo normal de la enfermedad, aquí nuestros pacientes duran hasta tres meses, no les funciona un jarabe, una pastilla, los tenemos que nebulizar. Es una de las preocupaciones ahora que no tenemos el ingreso de la mina, son medicamentos caros; las ampolletas nada más para nebulizarte cuestan casi 600 pesos, además de los aparatos e insumos de ese tratamiento” agrega.

La Casa de Salud, además de ofrecer los servicios médicos básicos, subsidia en un 50 % el medicamento para la mayoría de los habitantes, y en 100 % para quienes no pueden costearlo. En este sitio trabajan tres médicos, tres enfermeros y paramédicos, y tres administrativos que dejaron de recibir sueldo desde el término del convenio.

La médica calcula que, si acaso, pueden cubrir bien tres meses más, no seis ni un año; ya no compraron la lista completa de medicamentos y dejaron de pedir tratamientos para los pacientes crónicos, como diabéticos, hipertensos y asmáticos, que son las enfermedades menores por aquí.

La tumba de Sofía, una evidencia de los daños en la salud por la explotación minera

El martes 17 de junio, cuatro reporteros recorrimos Carrizalillo en el contexto del plantón —de otro modo habría sido muy difícil hacerlo—. El pequeño panteón del pueblo resultó una parada obligada a propósito de la muerte de Silvia. La primera tumba visible al ingresar era la de Sofía Peña Figueroa, fallecida el 4 de diciembre de 2010. Su muerte fue uno de los primeros casos documentados como consecuencia de la explotación minera.

Sofía había sido contratada por Goldcorp como afanadora. La empresa inició la explotación de oro en el ejido en 2007 —aunque desde 2005 comenzó la instalación del consorcio—. Poco después, fue asignada al manejo del equipo de absorción atómica en el laboratorio. Para operar ese equipo habría requerido una especialización, ya que implicaba procesos de separación del mineral de la roca y el uso de sustancias químicas como el cianuro. Sin embargo, su escolaridad llegaba únicamente hasta primero de secundaria. En marzo de 2008, la empresa la presentó como un caso de superación, aunque su salario semanal era de apenas 1,800 pesos.

Sofía murió con los pulmones destrozados, después de dos días continuos de vómitos y convulsiones, y tres meses sin comer, de acuerdo con lo que documentaron en su momento los periodistas Marlén Castro y Rogelio Agustín en el reportaje Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio.

En el momento de su muerte, apenas habían transcurrido tres años desde el inicio de la actividad minera en la comunidad.

La médica Nancy dijo que estaban a la espera del acta de defunción del caso de Silvia, pero ya tienen registradas dos muertes recientes por cáncer, las que asocia de manera directa con la actividad minera, que acumula ya 20 años de operación.

Enfermedades causadas por la explotación minera en comunidades de México

Todos estos años de explotación minera en el pueblo han ocasionado que, de algún modo, todos los habitantes de Carrizalillo estuvieran expuestos a enfermedades: los patios de lixiviado y la planta están cerca del perímetro habitacional, además de que se practica una minería a cielo abierto. 

“Todo el polvo tiene un grado de contaminación”, dice la médica con claridad. Expone que en el ejido han comprobado que los informes semestrales que les entrega la empresa sobre los contaminantes ambientales, que siempre son bajos, están manipulados.

Ella misma forma parte de sus estadísticas de consecuencias en términos de salud; tuvo un embarazo pretérmino reciente, su bebé de poco más de dos meses nació antes de las 37 semanas. Esto también afecta a las mujeres del pueblo, incluidas las pérdidas fetales.

Además, se registraron casos de anemias severas en menores y adultos, así como malformaciones genéticas y diagnósticos de síndrome de Down. Estos casos también ocurren en lugares donde no hay explotación minera, pero en Carrizalillo tienen relación con esa función.

A sus 34 años, Didecsi Robles es madre de cinco hijos. El menor tiene tres años, se llama Pedro, y nació con síndrome de down, fallas en el corazón, presión pulmonar y hace poco le detectaron problemas en la tiroides, además de las recurrentes complicaciones respiratorias. Todo esto tiene que ver, dice la médica Nancy, con el ambiente del pueblo.

Iris Peña tiene 24 años, es madre de dos niñas, la mayor es María Guadalupe, de cuatro años, quien comienza a decir sus primeras palabras. Dice el nombre de su hermana que es una bebé. Comenzó a caminar casi a los tres años. Padece también una anemia eritropoyética, que le causa un problema en la estimulación de la producción de glóbulos rojos, por lo que deben llevarla a consultas periódicas al Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México.

Lo común que hay entre estas mujeres, además de ser habitantes de Carrizalillo, es que sus esposos, padres de sus hijos, trabajaban en la empresa minera, lo que les ponía en contacto con los químicos que se usan para la separación de los minerales de la roca. También tienen en común que Equinox Gold los liquidó en el contexto del actual conflicto con ejidatarios y parcelarios.

La etapa en la que los habitantes de Carrizalillo enfrentan solos las consecuencias de la explotación minera en sus cuerpos apenas comienza.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/AMAPOLA PERIODISMO.
AUTOR:                           /MARGENA DE LA O.

Minera Equinox Gold demandó a Carrizalillo y a 125 ejidatarios por “despojo”

La demanda no ha procedido por carecer de fundamentos legales, informan ejidatarios.

Habitantes del Ejido Carrizalillo, municipio Eduardo Neri, Guerrero, informaron que la minera canadiense Equinox Gold, decidió demandar por “despojo” al ejido, así como a 125 ejidatarios en demandas individuales; sin embargo, las demandas no han procedido por carecer de fundamentos legales, añadieron.

Desde el 31 de marzo, la comunidad retomó la posesión de la tierra donde durante 17 años se asentó la minera, ante la negativa de la empresa a negociar la continuidad del arrendamiento en condiciones dignas para el ejido, y ante el anuncio de “suspensión indefinida” hecho por Equinox Gold.

A través de un comunicado, ejidatarios explicaron sobre la demanda señalada, que la empresa solicitó medidas cautelares para ingresar a las tierras, e incluso, como supuesta medida de compensación depositó una fianza que el magistrado del distrito 12 del Tribunal Unitario Agrario rechazó y calificó de “suma irrisoria y hasta burlesca”, ya que le correspondería 1.58 pesos mensuales a cada ejidatario.

Lo apremiante para el ejido es el plan de cierre y pos-cierre de la mina, sobre todo para tener garantías de remediación ambiental y a la salud para la comunidad, con vías a la recuperación del modo de vida campesino del Ejido, señalaron.

De acuerdo a lo informado, esta semana la empresa debe atender las primeras recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) luego que la semana anterior, la dependencia ingresó a los terrenos para inspeccionar los daños ambientales. Entre los hallazgos de esa diligencia, se encontró y desmanteló “el polvorín” que la empresa usaba para elaborar explosivos.

Del mismo modo, ejidatarios anunciaron que la semana anterior la Procuraduría Agraria (PA) inició la acción de deslinde agrario para tener claridad de la ubicación de las tierras de uso común, de cada parcela, y hacer los reclamos técnicos-tecnológicos de rehabilitación, así como los reclamos económicos por daños irreversibles, una vez que se presente el programa de cierre y post-cierre de la mina.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comunidades de Puebla exigen que minera canadiense pague por daños al ambiente

Almaden Minerals inició un arbitraje contra el gobierno de México por la cancelación del proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, cuyos habitantes solicitan reclamarle por los daños ocasionados.

Luego de que la firma canadiense Almaden Minerals inició un arbitraje para exigir al gobierno mexicano una indemnización por la cancelación de su proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, comunidades de ese municipio piden que, a su vez, México exija a la trasnacional que repare el daño que causó al medio ambiente, a los derechos humanos y al tejido social de esas localidades.

En un pronunciamiento, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, respaldada por 15 organizaciones, demanda ser escuchada en este arbitraje internacional que inició Almaden Minerals para exigir al gobierno de México el pago de al menos 200 millones de dólares luego que se cancelaron sus concesiones de extracción de oro y plata en esta entidad.

En Sonora acusan a minera de saquear 50 millones de litros de agua diarios

Pobladores de Bacoachi señalaron que se deja a miles de habitantes en la región sin agua para consumo humano y actividades productivas.

Campesinos y pobladores a las orillas del Río Sonora denunciaron este jueves que la minera Grupo México está despojándolos de 50 millones de litros de agua al día para la explotación de sus yacimientos de cobre, plata y oro.

Los pobladores de Bacoachi, en Sonora, también mencionaron que se deja a miles de habitantes en la región sin agua para consumo humano y actividades productivas, en medio de una de las sequías más extremas en el noroeste de México.

Vinculan a proceso a dueño de carbonífera; funcionarios y caciques quedan impunes

Desde 2022 se detectó que en Sabinas la Minera Fuga operaba en condiciones peligrosas para sus empleados, ilegalidad que también denunció la Familia de Pasta de Conchos, no obstante, gracias a la CFE, reanudó operaciones y un año después dos mineros murieron en un accidente.

Hace un año, el 19 de julio de 2023, en Sabinas, Coahuila, dos trabajadores de la Minera Fuga murieron cuando el malacate del pocito de carbón en el que trabajaban se reventó y la canastilla se los llevó en caída libre unos 70 metros.

Minera Grupo Fresnillo enfrenta demanda de ejidatarios por explotación ilegal de sus tierras

Desde 2013 unos 76 ejidatarios de el Bajío demandaron ante un Tribunal Agrario a la minera Grupo Fresnillo plc por la ocupación de sus tierras y ganaron el litigio. Ahora, queda pendiente determinar la reparación del daño que debe pagar la compañía minera a los campesinos por la extracción ilegal de oro, pero los abogados de la empresa pretenden evitar el pago que se calcula en cerca de 300 millones de dólares.

Grupo Fresnillo plc cumplirá  con la sentencia que ordene el Tribunal Agrario en el juicio  que disputa con la comunidad del Ejido el Bajío, como ya lo hizo devolviendo los terrenos cuando lo ordenaron las autoridades, informó su director ejecutivo, Octavio Alvídrez Ortega, en la asamblea anual de accionistas que se llevó a cabo en esta ciudad.

La asamblea se celebró el pasado 21 de mayo y fue presidida por Alejandro Bailléres, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fresnillo plc, en la cual  se presentaron los estados financieros del año fiscal 2023 del corporativo minero, el  más grande de México en la extracción de oro y plata.

Procuraduría Agraria divide a las comunidades para favorecer mineras en Oaxaca, denuncian defensores

La Procuraduría Agraria detiene actas de asamblea de nombramiento de autoridades y genera documentación agraria «errónea» para retener los procesos de acreditación e inscripción de actas y así «favorecer a Fortuna Silver Mines» en las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, denunció el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.

Los defensores precisaron que los ejidos mayormente afectados son Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel, pues se encuentran alrededor del proyecto minero San José, que desde hace dos años no cuenta con los permisos ambientales correspondientes.

Amenazas de minera y persecuciones, el transfondo en las desapariciones de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Durante más de una década, los comuneros de Aquila han exigido a Ternium México un pago justo de regalías por la extracción de hierro de la minera Las Encinas. Cuando aumentó la presión contra la empresa y algunas reivindicaciones de los pobladores iban camino de solucionarse, atentaron contra Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca.

Treinta y cuatro días antes de su desaparición, el líder comunal y maestro Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Lagunes Gasca fueron amenazados en el pueblo nahua de Aquila por directivos de Ternium México, concesionaria de la mina Las Encinas, tras un año en el que padecieron también la persecución de sujetos no identificados.