Boletín de prensa: PROFEPA clausura «El Nuevo Filos»

Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, Edo. de Guerrero a 16 de octubre del 2025

Poco duró el festejo del Sr. Darren Hall, director ejecutivo de Equinox Gold, por la inauguración del proyecto El Nuevo Filos con presencia de representantes del estado de Guerrero, así como del municipio de Eduardo Neri y las comunidades de Mezcala y Xochipala, el cual arrancó el 04 de septiembre del 2025. Desde la tarde de ayer la empresa Equinox y su proyecto «El Nuevo Filos», enfrenta una nueva realidad al ser CLAUSURADA por el gobierno federal, en específico por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Hasta donde tenemos información, se trata de la clausura de por lo menos 5 sitios en los que se encontró suficiente evidencia sobre los daños e incumplimientos de remediación que le han sido observados con anterioridad por parte de la autoridad federal ambiental. La clausura incluye observaciones a otros 15 o 18 sitios adicionales, mismos que de no atenderlos, suponemos también entrarán en clausura quizás en un lapso de entre 15 o 20 días más.

Para nosotros el acto de clausura por parte de la PROFEPA significa un hecho inédito, y nos da confianza en nuestra lucha porque a nivel federal se ratifica lo que hemos señalado desde hace mucho tiempo, Equinox trasgrede las leyes, no cumple la norma ambiental, utiliza su poder para intentar someter a las comunidades y pretende engañar -con argucias y contactos políticos- el marco legal en México. Basta recordar que llevamos seis meses y medio acampando afuera de la empresa esperando, de acuerdo a lo que dice la ley, nos entreguen las tierras rehabilitadas para continuar con nuestra actividad de ser campesinos o realicen un verdadero intento de establecer un proceso de nuevo convenio justo y no miserable como el que nos proponen con posturas racistas, sin justicia social y fuera de lo más básico de nuestros derechos.

Sr. Darren Hall, nuevamente le recordamos que:

“Es muy difícil porque siguen saliendo algunos compañeros, porque el trabajo que hay ahorita no nos da para todos. Se van a Caborca, hay gentes que migran a San Luis Río Colorado, a Tijuana, a San Quintín a buscarse la vida, porque aquí hay muy poco trabajo. Nos estamos turnando para vigilar el ejido. Se van, pero no se van, porque están yendo y viniendo. Eso es lo que hemos tenido que hacer para defender aquí”, dijo a Proceso Erasmo Santiago, uno de los ejidatarios de El Bajío.

Uno de los frentes de este conflicto han sido los tribunales. Los ejidatarios cuentan con 67 fallos que les otorgan la razón, lo que implica en primer lugar que la minera tuvo que salir del territorio y, en segundo lugar, que debe devolver la cantidad de oro y plata extraídas fuera de la ley. Pero la compañía encontró maneras de postergar la ejecución de las sentencias judiciales desde el 14 de noviembre de 2014.

De acuerdo con los ejidatarios, y con su defensa legal, la dilación de la justicia en este caso se relaciona con que Penmont es filial de Fresnillo PLC, que a su vez forma parte de Industrias Peñoles y del conglomerado que encabeza Alejandro Baillères, el cuarto hombre más acaudalado de México.

Pero la razón por la que decenas de ejidatarios tienen que buscar el pan en otras tierras, para luego volver y hacer guardia en las suyas, tiene que ver con el otro frente que se produjo durante la disputa por la tierra...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025

“Si sientes polvo en los ojos, no te talles, son metales microscópicos que pueden lesionarte la córnea”, se alerta a la reportera de Proceso antes de llegar a Carrizalillo.

Hacia las piletas “no es posible acercarse mucho porque los cañones de agua con cianuro que riegan los minerales pueden dañar la piel”, agregan los ejidatarios que hace 18 años tomaron la decisión de poner en renta sus tierras, destinadas para siembra y pastizales, para que se extrajera oro del subsuelo.

Difícil creer que donde ahora hay montañas de tierra con minerales que tienen que ser procesados y que contaminan el aire, el agua y el territorio ejidal, hace más de 18 años era una zona utilizada para sembrar maíz, frijol, calabaza, que había 13 manantiales, que en las partes altas había cedros, encinos, que había tejones, jabalíes y venados, amén de que ganado vacuno y caprino pastaba por lo que antes fueron cerros verdes, como se constata en algunas fotografías compartidas por los propietarios de la tierra.

El presidente del comisariado estaba por iniciar un recorrido por los patios de lixiviados con reporteros, debido a que ya habían transcurrido dos meses y 17 días desde que comenzó el plantón en la caseta principal para impedir los trabajos de la empresa. El objetivo del plantón era forzar un nuevo acuerdo, ya fuera para renovar el convenio de explotación minera —vigente de forma ininterrumpida durante 20 años— o para dar inicio al proceso de cierre. En ninguno de los dos casos hubo avances; la empresa se negó a aceptar la propuesta de convenio presentada por los ejidatarios.

Rodríguez Saldaña realizó varias llamadas para que desde la Casa de Salud enviaran la ambulancia al hospital y así trasladar al pueblo el cadáver de Silvia. La Casa de Salud de Carrizalillo operaba de manera independiente a la clínica institucional, como parte de los beneficios del convenio social que los ejidatarios mantuvieron con las empresas mineras que durante dos décadas explotaron oro en este ejido, perteneciente al municipio de Eduardo Neri. El subsidio para su funcionamiento provenía tanto de la empresa minera como del Comisariado Ejidal de Carrizalillo.

Al no avanzar la negociación con la empresa, uno de los principales riesgos es que la Casa de Salud en Carrizalillo deje de operar. Según la versión de los ejidatarios, Equinox Gold les ofrece un 60 % menos por la renta de casi 1,400 hectáreas que ocupaba en su ejido, en relación al último convenio que venció el 31 de marzo pasado.

El plantón que comenzó el 1 de abril pasado ahora es un campamento que parece una extensión del pueblo, porque los plantonistas construyeron pequeñas casas de madera o techados con esqueletos de herrería para mantener el movimiento. El personal que hace el turno de la noche en la Casa de Salud ofrece el servicio desde la carpa donde atiende el Comisariado Ejidal en el campamento.

La Casa de Salud, además de ofrecer los servicios médicos básicos, subsidia en un 50 % el medicamento para la mayoría de los habitantes, y en 100 % para quienes no pueden costearlo. En este sitio trabajan tres médicos, tres enfermeros y paramédicos, y tres administrativos que dejaron de recibir sueldo desde el término del convenio.

La médica calcula que, si acaso, pueden cubrir bien tres meses más, no seis ni un año; ya no compraron la lista completa de medicamentos y dejaron de pedir tratamientos para los pacientes crónicos, como diabéticos, hipertensos y asmáticos, que son las enfermedades menores por aquí.

La tumba de Sofía, una evidencia de los daños en la salud por la explotación minera

El martes 17 de junio, cuatro reporteros recorrimos Carrizalillo en el contexto del plantón —de otro modo habría sido muy difícil hacerlo—. El pequeño panteón del pueblo resultó una parada obligada a propósito de la muerte de Silvia. La primera tumba visible al ingresar era la de Sofía Peña Figueroa, fallecida el 4 de diciembre de 2010. Su muerte fue uno de los primeros casos documentados como consecuencia de la explotación minera.

Sofía había sido contratada por Goldcorp como afanadora. La empresa inició la explotación de oro en el ejido en 2007 —aunque desde 2005 comenzó la instalación del consorcio—. Poco después, fue asignada al manejo del equipo de absorción atómica en el laboratorio. Para operar ese equipo habría requerido una especialización, ya que implicaba procesos de separación del mineral de la roca y el uso de sustancias químicas como el cianuro. Sin embargo, su escolaridad llegaba únicamente hasta primero de secundaria. En marzo de 2008, la empresa la presentó como un caso de superación, aunque su salario semanal era de apenas 1,800 pesos.

Sofía murió con los pulmones destrozados, después de dos días continuos de vómitos y convulsiones, y tres meses sin comer, de acuerdo con lo que documentaron en su momento los periodistas Marlén Castro y Rogelio Agustín en el reportaje Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio.

En el momento de su muerte, apenas habían transcurrido tres años desde el inicio de la actividad minera en la comunidad.

La médica Nancy dijo que estaban a la espera del acta de defunción del caso de Silvia, pero ya tienen registradas dos muertes recientes por cáncer, las que asocia de manera directa con la actividad minera, que acumula ya 20 años de operación.

Enfermedades causadas por la explotación minera en comunidades de México

Todos estos años de explotación minera en el pueblo han ocasionado que, de algún modo, todos los habitantes de Carrizalillo estuvieran expuestos a enfermedades: los patios de lixiviado y la planta están cerca del perímetro habitacional, además de que se practica una minería a cielo abierto. 

“Todo el polvo tiene un grado de contaminación”, dice la médica con claridad. Expone que en el ejido han comprobado que los informes semestrales que les entrega la empresa sobre los contaminantes ambientales, que siempre son bajos, están manipulados.

Ella misma forma parte de sus estadísticas de consecuencias en términos de salud; tuvo un embarazo pretérmino reciente, su bebé de poco más de dos meses nació antes de las 37 semanas. Esto también afecta a las mujeres del pueblo, incluidas las pérdidas fetales.

Además, se registraron casos de anemias severas en menores y adultos, así como malformaciones genéticas y diagnósticos de síndrome de Down. Estos casos también ocurren en lugares donde no hay explotación minera, pero en Carrizalillo tienen relación con esa función.

A sus 34 años, Didecsi Robles es madre de cinco hijos. El menor tiene tres años, se llama Pedro, y nació con síndrome de down, fallas en el corazón, presión pulmonar y hace poco le detectaron problemas en la tiroides, además de las recurrentes complicaciones respiratorias. Todo esto tiene que ver, dice la médica Nancy, con el ambiente del pueblo.

Iris Peña tiene 24 años, es madre de dos niñas, la mayor es María Guadalupe, de cuatro años, quien comienza a decir sus primeras palabras. Dice el nombre de su hermana que es una bebé. Comenzó a caminar casi a los tres años. Padece también una anemia eritropoyética, que le causa un problema en la estimulación de la producción de glóbulos rojos, por lo que deben llevarla a consultas periódicas al Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México.

Lo común que hay entre estas mujeres, además de ser habitantes de Carrizalillo, es que sus esposos, padres de sus hijos, trabajaban en la empresa minera, lo que les ponía en contacto con los químicos que se usan para la separación de los minerales de la roca. También tienen en común que Equinox Gold los liquidó en el contexto del actual conflicto con ejidatarios y parcelarios.

La etapa en la que los habitantes de Carrizalillo enfrentan solos las consecuencias de la explotación minera en sus cuerpos apenas comienza.

A través de un comunicado, ejidatarios explicaron sobre la demanda señalada, que la empresa solicitó medidas cautelares para ingresar a las tierras, e incluso, como supuesta medida de compensación depositó una fianza que el magistrado del distrito 12 del Tribunal Unitario Agrario rechazó y calificó de “suma irrisoria y hasta burlesca”, ya que le correspondería 1.58 pesos mensuales a cada ejidatario.

Lo apremiante para el ejido es el plan de cierre y pos-cierre de la mina, sobre todo para tener garantías de remediación ambiental y a la salud para la comunidad, con vías a la recuperación del modo de vida campesino del Ejido, señalaron.

De acuerdo a lo informado, esta semana la empresa debe atender las primeras recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) luego que la semana anterior, la dependencia ingresó a los terrenos para inspeccionar los daños ambientales. Entre los hallazgos de esa diligencia, se encontró y desmanteló “el polvorín” que la empresa usaba para elaborar explosivos.

Del mismo modo, ejidatarios anunciaron que la semana anterior la Procuraduría Agraria (PA) inició la acción de deslinde agrario para tener claridad de la ubicación de las tierras de uso común, de cada parcela, y hacer los reclamos técnicos-tecnológicos de rehabilitación, así como los reclamos económicos por daños irreversibles, una vez que se presente el programa de cierre y post-cierre de la mina.