Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en una fosa clandestina el pasado 23 de febrero de 2023, en la zona de El Escoplo, en el Rancho El Refugio.

Caso de los jóvenes en Romita, Guanajuato

“Posteriormente por un grupo de Whats App, el comisionario de Seguridad Pública de Romita es informado del suceso. Momentos después el mismo comisionado arriba al lugar y procede a detener a la víctima que conducía el vehículo en estado de ebriedad, remitiendo al mismo a la estación de policía de Romita”, señala la plataforma.

Añadió que, en testimonios de los declarantes, el comisionario declaró a la víctima que ya lo estaban buscando y que sería entregado al crimen organizado.

“A la estación de policía arribaron los otros dos ofendidos, con la intención de averiguar qué había ocurrido con la primera víctima. Ambos son detenidos y remitidos a la jueza cívica, pero ninguna de las detenciones es registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, es archivada de manera física”, indicó.

Detalló que a las 23:00 horas de ese mismo día, arribó hasta las instalaciones de Seguridad Pública un vehículo de motor del cual descendieron varias personas y uno de ellos se identificó como el hermano de las víctimas, “que está ahí” para pagar la multa

“Pero que prefiere no entrar en las instalaciones”, refiere.

En ese sentido, dicho familiar entregó el dinero de las multas al elemento de la policía municipal y por mandato de una jueza cívica, son “liberados”.

“En esa la madrugada del día 20 de febrero, se presentan a la estación de policía los padres de los afectados, a los cuales se les informa que sus familiares ya fueron liberados por otro pariente. El comisario, al ser cuestionado por los padres asegura que no puede proporcionar más información de los eventos que acontecieron, ni del paradero de sus seres queridos”, aclaró la plataforma.

Según Valdez Alvarado, y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención.

Violencia en Guanajuato

El estado del bajío ha sido recrudecido por la violencia en los últimos días, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la localización de 17 cuerpos en fosas clandestinas en una vivienda en la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato.

En ese contexto, Guanajuato se mantiene a la cabeza como el estado más violento: en 2024 registró 3 mil 151 asesinatos y entre enero y abril de este año hubo mil 260, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La entidad junto con Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco, concentran más de la mitad de los homicidios en el país.

La violencia persiste a pesar de que a finales de marzo la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que, tras la visita del Gabinete de Seguridad federal, se acordó la creación de dos grupos especializados en materia de seguridad.

El primero de ellos, detalló, es liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se encarga de la ministerialización de las causas penales, esto significa que los operativos tengan como resultado más órdenes de aprehensión y más sentencias condenatorias.

El segundo, el cual es mixto y está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coordina operaciones especiales, principalmente en los municipios de atención prioritaria, y tiene apoyo del Grupo de Inteligencia Operativa del Estado.

La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo pasado en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña quien fue denunciada por Zaldívar en abril de 2024 por supuestamente interferir en la elección presidencial a favor de la excandidata panista, Xóchitl Gálvez.

“Este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal.

“Por tanto, las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento, teniendo como referente lo determinado en la presente consulta a trámite”, establece la resolución cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En su resolución el ministro precisó que la ley establece que los integrantes del Pleno cuentan con fuero que los protege contra acusaciones de responsabilidad política y penal e incluso frente a su propia renuncia, pero no especifica qué pasa con acusaciones de responsabilidad administrativa.

Añadió que el acuerdo General 9/2005 facultaba al Pleno de la Corte para investigar las acusaciones de posibles responsabilidades administrativas en contra de los ministros, pero que a partir de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó de tener vigencia debido a que esa facultad fue transferida al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que entrará en funciones el 1 de septiembre próximo y ni siquiera es aplicable a estos casos.

“Actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9/2005, tratándose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello es así, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, así como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse”, indica.

“No pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 97 constitucional en su redacción vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de que ‘Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada’. Sin embargo, esa disposición no puede ser interpretada de manera aislada, sino en correlación con el resto de las disposiciones que campean en la materia. Concretamente, tratándose de ministras y ministros, también debe observarse lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, en lo relativo a que las ministras y ministros de la Suprema Corte solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la propia Ley Fundamental, en correlación con el cúmulo de garantías judiciales especialmente reforzadas para tales impartidores de justicia”.

Es decir, que pese a que la facultad le fue conferida al TDJ para investigar a los ministros, estos sólo pueden ser removidos de sus cargos por causas graves y a través de un juicio político o declaratoria de procedencia.

“Sin que lo anterior implique dotar de impunidad alguna a dichos impartidores de justicia, pues como ya se destacó, sí pueden ser sujetos de responsabilidad penal en términos de lo previsto por el artículo 111 de la Constitución Federal, o bien, ser sometidos a responsabilidad política de conformidad con el diverso artículo 110 del mismo ordenamiento”, enfatiza el fallo.

“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se les ha conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a través de un Acuerdo General Plenario, como el 9/2005, que motivó la apertura de la presente consulta a trámite”.

Para diciembre de ese mismo año, y ante las presiones de la familia, la fiscalía estatal solicitó a la FGR que analice la carpeta de investigación del caso, pues, para entonces, ya existía una segunda necropsia y otra versión de los hechos proporcionada por los familiares del médico fallecido.

Desde agosto de 2024 la FGR señaló que no podía atraer el caso para continuar con la investigación porque no existían indicios sobre la comisión de delitos federales que son los que le competen investigar.

Ello, pese a que durante la revisión la delegación de la FGR en Tabasco envió a un policía federal ministerial que señaló que a unas casas del domicilio en el que Jorge Enrique Flores falleció, hay un punto de venta de droga.

Para noviembre de 2024, 11 meses después de recibir la carpeta de investigación, la FGR emitió diversos dictámenes periciales no concluyentes, pero en los cuales descartó todos los dictámenes aportados por la familia.

Entre ellos, la segunda necropsia en la que fueron halladas diversas lesiones en el cuerpo del doctor, además de la fractura de nariz y en la séptima cervical en las que se habían enfocado los peritos oficiales durante la primera necropsia y que fueron ignoradas por el Ministerio Público local.

Asimismo en esa segunda necropsia se evidenció la ausencia de un surco o marca en el cuello que indique que el joven médico se ahorcó, conforme a la versión oficial manejada por la fiscalía tabasqueña.

Dilación

La denuncia se encuentra radicada ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR que ya solicitó a la fiscalía de Tabasco la autopsia psicológica.

En tanto, en diciembre de 2024 Flores Mendoza también presentó una queja ante la CNDH en la que incluyó tanto a los funcionarios de la fiscalía de Tabasco como a los de la FGR, pues el caso de su hijo permanece estancado y las autoridades locales rechazan investigar cualquier posibilidad de que Jorge Enrique Flores Silva fue asesinado.

En su escrito de queja, el padre del médico fallecido acusa que “la carpeta sólo fue derivada a esta Fiscalía (General de la República) con la finalidad de ganar tiempo, de enfriar el caso ante la gran presión que se ejerció a través de medios de comunicación, marchas, redes sociales, por tanta irregularidad vertida en la carpeta por el personal de la FGE Tabasco.

“Ya se tenía preparado un plan que era declinarla, pregunto entonces, por qué la aceptaron, sin ningún fundamento jurídico que lo avalara o permitiera, solo basta leer el documento con el cual es remitida por la FGE Tabasco, para darse cuenta que no existía competencia jurídica, pero fue aceptada, inicia una carpeta y tarda 10 meses en emitir dictámenes”, expone el escrito consultado por Proceso.

“Lo cual nos hace ver que fue un favor el que hizo la FGR Tabasco a la FGE Tabasco, es evidente que se encargaron de enfriar la carpeta y esperar los tiempos, ya teniendo todo preparado, mientras que a nosotros nos decían que los dictámenes se encontraba aún en revisión e incluso en la FGR CDMX para su análisis”.

“Nuestras voces fueron silenciadas por las armas, fuimos obligados a ponernos como barrera humana en los enfrentamientos entre grupos delictivos, fuimos golpeados por quienes debían garantizar la seguridad de nuestros pueblos, nos vimos en la necesidad de huir de nuestras comunidades para salvar nuestra vida, regresamos, no porque hubiera condiciones de seguridad garantizadas por el estado sino por el temor de perder nuestro patrimonio ante el saqueo y robo”. 

En la ceremonia donde se expresó la indignación, la memoria y la denuncia de la violencia estructural que sufren las comunidades, los manifestantes aseguraron: “Vivimos tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que hemos sufrido y seguimos siendo víctimas”. 

Luego de una caminata, se colocó un altar maya con frutas y granos para rendir homenaje a las víctimas: Ignacio, Isidra, Teresita de Jesús, Rosalinda, Yojari Belén, Dolores, Alfonso, Azael, Urbano, Brandi y Joel. Al final del acto religioso realizado en el panteón donde se construyó una capilla para honrar a las víctimas, se leyó un pronunciamiento. 

“Nuestro corazón se duele por las víctimas inocentes masacradas en medio de la violencia”, manifestó el Pueblo Creyente al demandar una paz real, “no sinónimo de militarización”, sino basada en la justicia y la libertad. 

Fuimos silenciados por las armas

Los fieles manifestaron: “Mucho se ha dicho que la paz ha llegado a nuestros pueblos, pero desde nuestra fe y nuestra esperanza sabemos que la paz no es una simple palabra, sino que brota de la justicia. Como pueblos de Chiapas necesitamos una verdadera paz, que no es sinónimo de militarización, una paz donde los pueblos podamos ser libres de violencia, amenazas e intimidaciones, donde se restablece el estado de derecho para todos y cada uno”. 

Expresaron que el hecho de que “los pueblos ya no denuncien, no quieren decir que hay paz, las voces de nuestros pueblos han sido silenciadas, nuestros silencios son un grito al cielo, clamamos justicia, queremos paz verdadera como ha sido proclamada por el Papa León XIV”. 

Origen del conflicto, la minería: pobladores

El control y disputa de la minería es señalada por los habitantes, como una causa estructural de la violencia en la región. En el documento aseguran que “la minería ha sido causa concreta de los intereses de empresas y grupos delictivos para controlar el territorio”. 

Los manifestantes refirieron que a principios del pasado mes de abril, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y diversos cuerpos de seguridad anunciaron de manera informal la clausura de la explotación minera, por lo que pidieron a las autoridades competentes que “hagan el pronunciamiento y publicación oficial de la clausura de la minería en Chicomuselo, ya que esto es algo en lo que hemos insistido como comunidades y pueblos desde hace muchos años, lo que ha ocasionado que mujeres y hombres fueran asesinados por quienes tienen sus intereses en la explotación minera”.

“Mi hermana está atorada y él todavía voltea la camioneta e impacta contra las puertas, son como dos toneladas más de fuerza”, dice Daniel.

Además de esto, comparte el hermano, se encuentran las irregularidades cometidas en el traslado de Pamela a un hospital, por ejemplo, no llevarla a la Cruz Roja ubicada a cinco minutos del lugar de los hechos o al Hospital General que está a diez minutos para que ella pudiera ser atendida. En lugar de eso, fue trasladada al Hospital ABC, ubicado en Observatorio, Ciudad de México, ubicado a más de 100 kilómetros de Avándaro.

Otro punto que resalta la familia es que Pamela estaba vestida cuando la trasladaron al hospital, pero al llegar ya no llevaba ropa. 

Durante el trayecto de más de 3 horas para llegar al hospital también cambiaron de ambulancia a Pamela, porque supuestamente la primera que la recogió se quedó sin gasolina. Ambos vehículos de emergencia pertenecen a Chevra Hatzalah y fueron operados por voluntarios durante el traslado, a lo largo del cual alguien le inyectó a Pamela 7.5 miligramos de midazolam. 

Midazolam es un sedante utilizado antes de procedimientos médicos y cirugía. Según Medline Plus, la inyección de esta sustancia “puede ocasionar problemas graves para respirar o que podrían poner en riesgo la vida como una respiración superficial, lenta o temporalmente detenida que puede ocasionar una lesión cerebral permanente o la muerte”.

Pamela llegó viva al hospital el domingo 2 de mayo del 2021, pero tras sufrir seis paros cardiorrespiratorios murió a las 16:45 horas del lunes 3 de mayo.

Según cuenta la familia de Pamela, los doctores dieron aviso al Ministerio Público, pues ella llegó con graves heridas y marcas en muñecas, tobillos y piernas que la hacían ver como una víctima de secuestro.

El caso de Pamela fue inicialmente cerrado por la fiscalía del Estado de México, argumentando que fue “un accidente”, sin embargo, la familia apeló esta decisión y consiguió que el 22 de marzo del 2022 se reabriera el caso.

Tanto el ministerio público Manuel Torres como la jueza Laura Serrano Mellado son los responsables de que el caso se haya cerrado inicialmente, acusan los familiares, quienes presentaron denuncias por las omisiones de la primera investigación.

Luego de la reapertura del caso, la fiscalía del Estado de México aparentó buena voluntad para esclarecer los hechos, no obstante, ahora ya no les contestan las llamadas y las investigaciones se encuentran prácticamente paralizadas, señalan el hermano, la madre y el padre de Pamela.

“La fiscalía no ha hecho nada, absolutamente nada“, enfatiza Daniel Anaya. “Se ve cómo están inclinados hacia el lado de la persona que ocasionó la muerte de mi hermana”.

Para la familia, el posible favorecimiento de la fiscalía hacia Isaac Salomón “N”. se debe a su poder económico. 

El poder económico de Isaac Salomón “N.”

Isaac Salomón “N.” es un empresario mexicano de origen judío, con ascendencia polaca. Tiene una trayectoria de más de cinco décadas en el sector inmobiliario.

Nacido en la Ciudad de México, se trasladó a Monterrey, Nuevo León, donde fundó en 1973 la empresa Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de C.V., conocida como Casas Javer, misma que cotiza en la Bolsa y ha construido viviendas en diversos estados del país, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla.​

También es fundador de Nexxus, empresa privada de bienes raíces industriales con sede en Monterrey. Nexxus, establecida en 1991 como extensión industrial de Casas Javer, ha desarrollado siete parques industriales en el norte del país, invirtiendo más de mil millones de dólares y acumulando un extenso banco de terrenos en Monterrey.

Además ha sido miembro activo de diversas organizaciones empresariales, incluyendo la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) .​

Otro de sus proyectos ha sido El Pabellón M, construido en el centro de Monterrey.

En el 2016, le fue entregado por el Ayuntamiento de Monterrey el reconocimiento “Medalla al Mérito Emprendedor y Empresarial Lorenzo Zambrano Treviño”.

Se buscaron medios de contactos para contar con la postura de Isaac Salomón pero no fue posible localizarlos. Sin embargo, a lo largo de los años ha declarado a la prensa que todo se trata de un accidente.

Las contradicciones de Isaac Salomón “N.”

Aquel fatídico 3 de mayo de 2021 en que murió Pamela, Isaac Salomón “N.” cayó en una serie de contradicciones sobre los hechos que levantan sospechas para la familia de ella.

Según Daniel Anaya, Isaac dejó una carta en el hospital donde internó a Pamela en la cual explica que ella oprimió el botón de la puerta eléctrica donde quedó atascada, lo que se desmiente con los videos de aquel día y la explicación técnica sobre lo sucedido.

El hermano de Pamela también afirma que él habló por teléfono con el empresario. Durante la llamada, Isaac le habría dicho a Daniel que Pamela se había accidentado en unas puertas de cristal, pero que se encontraba bien– afirmaciones que resultaron falsas.

Para conocer la postura oficial de la Fiscalía del Estado de México, Aristegui Noticias envió solicitudes a los encargados de comunicación, pero no ha habido respuesta.

Antes del homicidio de Regina, 13 periodistas fueron asesinados. El caso que más impactó hasta entonces fue el del subdirector de Notiver, Milo Vela, y su familia, acribillados en su domicilio. 

El 27 de septiembre de 2011 Regina confió de manera anónima: “Vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro”.

Tres meses después, en diciembre de 2011, entraron a robar a su casa. Cuando llegó, los intrusos apenas se habían ido, el baño aún tenía vapor. Regina sintió el miedo recorrer su espalda y respirarle en el oído. 

De acuerdo con Martínez, la puerta de su domicilio no fue forzada, como cuando la asesinaron dos meses después en su casa.

A partir de entonces, el asesino intelectual ha gozado de 37 años de impunidad.

“El Gato”, como apodaban a Félix, era reportero, columnista y codirector fundador ZETA, este proyecto de periodismo libre de investigación, contestatario, de denuncia, y los empleados del Grupo Caliente lo mataron cuando tenía apenas 47 años.

El dueño del hipódromo cumplió 69 años el pasado mes de enero, todos vividos bajo el halo protector y la impunidad generada por la cuantiosa fortuna y las relaciones políticas generadas desde tiempos de su fallecido padre, el priista Carlos Hank González (1927-2001); le han permitido evadir cargos judiciales, cada vez que ha sido detenido e investigado por varios delitos, desde hace 34 años.

En 1991, en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México lo retuvieron por contrabandear perlas y artículos fabricados con partes de animales en peligro de extinción de Japón

El 10 de enero de 2009, por sospechas de conducta ilegal, le quitaron la visa para cruzar a Estados Unidos.

En junio 2011, fue aprehendido y liberado dos veces: la primera junto con 11 escoltas, por el acopio de 40 armas largas, 44 cortas (dos relacionadas con homicidios), y más de nueve mil cartuchos en el hipódromo; la segunda vez, por su presunta participación el homicidio de una joven de 24 años, novia de su hijo, cometido en 2009. En la misma carpeta se mencionó que hubo movimiento de droga en el centro hípico entre 2006 y 2010.

En 2012, eludió la acusación por el delito de traslado de las aves exóticas que se transportaron en el avión privado en el que llegó a Tijuana con su personal.

Los hechos no deben olvidarse.

Pero los beneficios en territorio bajacaliforniano los recibe desde 1985, porque los gobiernos federales le han autorizado el disfrute y explotación comercial de las decenas de hectáreas de terrenos de la nación, que albergan el casino Caliente, el Hipódromo, el zoológico, un estadio, un club hípico, una escuela de futbol, un residencia y un colegio, a través de una concesión pública. Y no se ha informado de ningún cambio.

Todavía más, en el México de la narcocultura, el país en el que todo es posible, el adinerado casinero fue alcalde de Tijuana y candidato a gobernador en tres ocasiones. Instituciones electorales y partidos políticos simplemente han decidido burlarse del requisito de la buena fama pública. De hecho, la actual gobernadora Marina del Pilar le ha mostrado su apoyo desde que lo invitó al festejo privado de su toma de posesión.

La historia del lado de los agresores contrasta con los antecedentes de la víctima.

En 1980, en Tijuana, el ejercicio del periodismo crítico y responsable provocó la ira de los gobiernos del PRI que terminaron despojando a Jesús Blancornelas y Héctor Félix de un periódico; en ese contexto fundaron ZETA, un medio de comunicación al que estos periodistas le apostaron su dinero y su vida, para ser los dueños únicos de la línea editorial.

Durante los primeros dos años de este Semanario, cuando la persecución política obligó a Blanco a vivir en San Diego, California, fue el trabajo de Héctor Félix, yendo y viniendo de uno a otro lado de la frontera, con información, con notas periodísticas, con instrucciones, incluso cruzando él los ejemplares del periódico, lo que permitió el nacimiento y la sobrevivencia del medio, a pesar de la persecución de políticos acostumbrados a comprar periodistas y voluntades.

Previo a que los sicarios le quitaran la vida, “El Gato” sólo pudo disfrutar durante 8 años y 9 días de la libertad periodística que él y su compañero de lucha crearon. Pero ese tiempo le alcanzó a Félix para que su lenguaje y actitud relajada, lo convirtieran en uno de los columnistas más importantes en el estado. Quien a pesar de su amistad con el empresario hípico, escribió que en sus fiestas había droga y algunas carreras se “arreglaban”.

Tras su asesinato, fueron cientos los ciudadanos y lectores indignados que se manifestaron marchando en las calles de Tijuana. Pero los reclamos de la sociedad sólo alcanzaron para que la investigación alcanzara a dos de los homicidas materiales, Victoriano Medina, escolta, y Antonio Vera Palestina, jefe de escoltas de Hank Rhon, detenidos tras mantenerse prófugos (10 días y 2 años respectivamente), fueron sentenciados a 25 y 27 años, penalidad que completaron en 2015 cuando fueron liberados. El tercer guardia, y presunto homicida, Emigdio Nevarez, no fue procesado porque fue localizado asesinado.

37 años y 10 gobernadores han pasado sin que el autor intelectual del homicidio de Félix haya sido detenido y procesado. Ante la ausencia de justicia, les recordamos para que no olviden. Contamos la historia para los nuevos lectores y junto con los ciudadanos que nos han apoyado a lo largo de los años, repetimos a la Fiscalía General del Estado lo que dijo el exgobernador Ernesto Ruffo: en esta muerte “todos los caminos conducen al Hipódromo”.

No habrá silencio, ni olvido. El reclamo de justicia es permanente. La impunidad es inaceptable.