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La organización Las Abejas acusa a ministros de la SCJN de “corrupción” a 16 años de liberar a implicados en Acteal

Las Abejas reiteraron la acusación contra el gobierno mexicano de crimen de Estado por la masacre en Acteal, de la que responsabilizan al expresidente Ernesto Zedillo y el Ejército Mexicano.

La sociedad civil Las Abejas conmemoró este 12 de agosto el 16 aniversario de la liberación, por parte de la Suprema Corte, de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, ocurrida en 1997, y exigieron juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales, con el fin de evitar que hechos como este se repitan en el país.

Durante el acto simbólico y conferencia de prensa llevado a cabo en la Casa de la Memoria y la Esperanza —centro ceremonial de Acteal que honra a las 45 víctimas de la masacre—, calificaron a los ministros de “corruptos y cómplices de impunidad” por la liberación de paramilitares bajo el argumento de fallas en el debido proceso

“Estos ministros serán recordados en nuestra historia verdadera, en la historia misma de los crímenes de lesa humanidad. Sus nombres ya están pintados en nuestros comunicados, en nuestro libro, en nuestros videos, que son verdaderos cómplices de la masacre de Acteal, quienes son cómplices de corrupción e impunidad y resolvieron a favor los señores ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas”, afirmó una joven integrante de la organización, que dio lectura a un comunicado.

Reiteran acusaciones contra el expresidente Zedillo y el Ejército

Las Abejas reiteraron su acusación al gobierno mexicano de crimen de Estado por la masacre en Acteal, de la que responsabilizan al expresidente Ernesto Zedillo, funcionarios federales y el Ejército Mexicano.

“No conocimos a nuestras abuelas y abuelos por culpa de Ernesto Zedillo Ponce de León, por culpa de los paramilitares, por culpa del Ejército Mexicano, por culpa de la guerra de contrainsurgencia. No vamos a permitir que la muerte de nuestras abuelas y abuelos queden en el olvido. No dejaremos libre a Zedillo, ni a sus cómplices y ni a su Ejército”, afirmaron.

Exigieron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros, sobre la masacre de Acteal, que tiene en proceso desde hace 10 años, y “que hasta la fecha no lo ha emitido a pesar de solicitarle desde hace varios años, y que por ello ha hecho que la impunidad se haya profundizado y escalado a una grave crisis de violencia generalizada en nuestra región”.

Condenan ataques contra activistas en Chiapas

Sobre la denuncia de la violencia en Chiapas, mencionaron los asesinatos de defensores como Simón Pedro Pérez López y el padre Marcelo Pérez, crímenes que atribuyeron a “la falta del Estado”.

También condenaron las amenazas y ataques contra Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), por lo que exigieron a la CIDH “obligar al Estado mexicano a garantizar la vida de todo el equipo del Frayba y se realice una investigación de los responsables”.

Por último, expresaron su apoyo al pueblo palestino y condenaron el ”genocidio” que atribuyen a Israel y Estados Unidos: “Si nos unimos todas y todos a levantar la voz para que se pare el infierno en Palestina, podremos salvar la vida de mucha gente, ¿verdad?”.

La masacre de 1997

La matanza de Acteal sucedió el 22 de diciembre de 1997 y en ella murieron 45 personas. La versión oficial dice que la tragedia fue resultado de un conflicto religioso y territorial entre comunidades chiapanecas, pero la versión de organizaciones civiles que representan a las víctimas asegura que fue un crimen orquestado desde el gobierno y llevado a cabo por paramilitares.

En ese entonces, de los detenidos y encarcelados, varios resultaron inocentes. De los 84 sentenciados, 36 fueron liberados por la Suprema Corte y a 22 se les abrió proceso después de que se comprobó que la fiscalía cometió violaciones graves al derecho de defensa de los acusados.

Lo que se detectó fueron confesiones bajo tortura, pruebas falsas y la no provisión de traductores a indígenas que no hablan español.

El expresidente Ernesto Zedillo fue acusado ante la Corte Federal de Estados Unidos por una decena de personas que se presentaron como sobrevivientes anónimos de la matanza de Acteal.

De acuerdo con la acusación, la masacre de Acteal ocurrió a raíz de la implementación por parte del gobierno mexicano del Plan de Campaña Chiapas 94, descrito como una estrategia secreta del gobierno para aplastar el movimiento insurgente zapatista de la década de 1990.

En octubre de 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación de las personas que trataron de demandar al expresidente mexicano por su responsabilidad parcial e intento de encubrir los hechos ocurridos en Acteal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

A 11 años del derrame tóxico en el Río Sonora, Comités denuncian abandono del Gobierno Federal

Los Comités de Cuenca del Río Sonora señalaron al gobierno de Sheinbaum de "cobardía" al no atender a la población afectada tras la contaminación del agua.

A once años del derrame de tóxicos en el Río Sonora, ocasionado por una mina de cobre propiedad de Grupo México, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de replicar la “indolencia”, “cobardía” y “falta de voluntad” para atender a la población afectada por la contaminación del agua y el ambiente que ha provocado daños graves a su salud. 

En un pronunciamiento dado a conocer este miércoles, los CCRS lamentaron que durante los últimos tres gobiernos desde que ocurrió el accidente, y lo que ha habido ha sido “continuidad de la simulación” en los sexenios de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum Pardo.

Los afectados emplazaron a la presidenta a conocer de viva voz lo que ocurre con la población afectada por el derrame de tóxicos, ya que, a pesar de que los avances manifestados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada del caso, “sus funcionarios no le están diciendo la verdad”.  

Desmintieron la existencia de planes de trabajo y de propuestas reales, y denunciaron que funcionarios de dependencias encargadas de operar el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, han roto compromisos y negado la urgencia de actuar, ante la evidencia de daños a la salud.  
“Es por esto que en su gestión también existe un abandono, e incluso retroceso, que debería preocuparle a su oficina y a todo México”, consideraron los CCRS.
“Desde los Comités de Cuenca Río Sonora les decimos que no vamos a aceptar estas reuniones simuladas, que juegan con nuestro dolor. ¿Por qué? Porque la utilizan para rendir informes de ‘avances’ que nada tienen de realidad. Porque avance no es venir a decirlos lo mismo una y otra vez”, reprocharon.

Tras criticar que gobernador Alfonso Durazo se haya presentado con los CCRS cuatro años después de haber tomado posesión, a petición del gobierno federal, denunciaron que el mandatario sonorense “ha decidido priorizar los contratos con empresas privadas sobre el bienestar e las comunidades”, lo que se advierte en la contratación de empresas privadas para la instalación de plantas potabilizadores, sin tener información de la calidad del agua por lo que es claro “el propósito de evitar la participación ciudadana y la rendición de cuentas a la que tienen derecho las comunidades”.  

Al señalar que solo operan seis plantas potabilizadoras privadas para 30 comunidades afectadas, lo CCRS exigieron a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cumplir con el compromiso de proporcionar agua potable a cada una de las comunidades afectadas y no reducir el número a 22, como se pretende.  
“La población merece saber que mientras nos niegan agua limpia por falta de presupuesto y voluntad política, sí hay dinero y tiempo para construir presas”, pues en pocos mees “han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes, de manera opaca, para el proyecto de construcción de presas que impactarían en nuestro territorio sin consenso de las poblaciones afectadas”, acusaron.
El señalamiento se refiere al proyecto aprobado durante el gobierno de López Obrador de construir tres presas, en Sinoquipe, sobre el río Sonora, y en Puerta del Sol y Las Chivas, sobre el río San Miguel de Horcasitas, para suministrar de agua a Hermosillo.  
“Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo”, consideraron los afectados.  
Reprocharon que, si bien se ha reconocido que el derrame de tóxicos es responsabilidad del Grupo México, que se ha mantenido impune por “sus prácticas corporativas y su capacidad tan grande de intervenir en la política”, los integrantes de los CCRS consideraron vergonzoso que los gobiernos estatal y federal evadan sus facultades para atender el problema.
“La vergüenza debería caer sobre el gobierno estatal y federal, que nos han venido a dar montones de discursos sobre su compromiso con las comunidades, para que luego se den la vuelta y tomen decisiones que en nada nos benefician”, señalaron los afectados.  
Contaron que entre las justificaciones que las autoridades han sostenido para “no empezar a trabajar” es porque “dicen que no están en sus facultades tomar acciones, o que no tienen presupuesto porque Grupo México no ha pagado”, argumentos que funcionarios de los tres últimos gobiernos han sostenido para no dar respuesta a la población afectada.
“A estas alturas, escudarse en que Grupo México no quiere responder, como ya lo han hecho en cada sexenio, es n acto de cobardía y de  falta de voluntad; es no aceptar que ellas y ellos como funcionarios deben garantizar nuestros derechos humanos y deben obligar a la empresa a pagar, porque en este momento Grupo México está por encima del Estado”, acusaron.  
Recordaron que durante el gobierno de López Obrador se demostró la corresponsabilidad entre empresa y funcionarios para simular la reparación de los daños y dar carpetazo al caso, y que hace cuatro años se obtuvieron “la evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población el Rio Sonora y hace dos años cuentan con un dictamen oficial de la Semarnat que comprueba la presencia de la contaminación ambiental”.

Los afectados por el derrame exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar de la contaminación del río Sonora y poner en evidencia a Grupo México, para hacerlo pagar por el daño ambiental y acatar las sentencias de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque el consorcio minero “disfruta tener un río Sonora destruido, porque construye su riqueza a costa de nuestras vidas”.  

Denunciaron que “el Estado mexicano está incumpliendo su deber de proteger a la población y está permitiendo que una empresa como Grupo México siga operando sin castigo, sin reparación del daño y con el respaldo de su silencio”.  

A once años del derrame de tóxicos lo integrantes de los CCRS exigieron la construcción de un hospital de tercer nivel con la capacidad de atender enfermedades provocadas por los desechos tóxicos; la instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en el municipio de Ures.  

Asimismo, piden que se instalen las 30 plantas potabilizadoras adaptadas con filtros para metales pesados; programa de remediación del río con base científica y con la participación de la sociedad civil, que se asigne presupuesto y a funcionarios institucionales, con un cronograma publico de cumplimiento.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

11 años del derrame tóxico de Grupo México: comités de Cuenca Río Sonora denuncian abandono y retrocesos

Durante la velada y protesta pacífica en el Antimonumento Río Sonora, integrantes de Comités de Cuenca recordaron a miembros que han fallecido por la contaminación directa de este derrame. Además, denunciaron que la empresa minera Grupo México no ha mostrado compromiso para reparar y remediar el Río Sonora.

Este 6 de agosto se cumplen 11 años del derrame tóxico de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa minera Grupo México, el cual afectó a los habitantes de ocho municipios en ese estado. 

Para conmemorar esta fecha, ante la falta de justicia y voluntad por parte de la compañía para la reparación de daños a las familias y personas afectadas por esta tragedia ambiental, miembros de Comités de Cuenca Río Sonora protestaron pacíficamente en el Antimonumento Río Sonora que se ubica en la plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo, Sonora.

Los integrantes de Comités de Cuenca junto con Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización que ha acompañado en estos años a las personas afectadas, realizaron una velada en memoria de las personas que han fallecido por consecuencia de la contaminación a los ríos.

La velada fue dedicada a la maestra Martha Patricia Velarde, una de las voces más fuertes en los Comités de Cuenca, quien falleció el 15 de febrero de 2025, por consecuencia de los metales presentes en su cuerpo al ser una de las afectadas directas por este derrame.

Además, recordaron a dos integrantes más: Francisco Ramón Miranda Córdova, habitante de la comunidad Aconchi y miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora y Norberto Bustamante.

Grupo México sin compromiso para la reparación integral

El derrame provocado por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México es considerado “el peor desastre de la minería en México” y, según denunciaron los miembros de Comités de Cuenca Río Sonora, la compañía no ha mostrado compromiso para reparar y remediar las afectaciones de este desastre ambiental.

Fernanda Hopenhaym Cabrera, codirectora de PODER, estuvo presente en la protesta pacífica acompañando a los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora. 

Durante la conferencia de prensa reflexionó sobre el significado de estos once años para las personas afectadas por el derrame y llamó a la remediación integral y urgente. 

Martín Valenzuela, representante de los comités, leyó el pronunciamiento de las comunidades afectadas, en él recalcó los once años de abandono y retrocesos para la población.

“No existe compromiso para reparar el río Sonora a once años de que Grupo México contaminara las aguas y la tierra (…) denunciamos a la empresa, al gobierno estatal y federal por el desinterés y el abandono e incluso el retroceso que vivimos las comunidades de Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Cananea, Huépac y San Felipe de Jesús”, denunciaron en el comunicado.

A once años sin justicia ambiental, los Comités de Cuenca levantaron la voz ante la simulación y el discurso oficial que promete justicia, pero que, al mismo tiempo, les da la espalda.

Los integrantes evidenciaron que esta negligencia ha resultado en que, a once años del derrame, continúan bebiendo agua contaminada, no tienen acceso a un sistema de salud especializado y no hay remediación ambiental adecuada, por lo que, las secuelas sociales aumentan cada año.

“Lo que es aún más grave es que esto sucede con total indiferencia de las autoridades que están más preocupadas por construir presas para llevarse el agua del Río Sonora que en atender la urgencia ambiental que prevalece en la cuenca”, señalaron.

Aunque señalaron que el responsable de este derrame es la empresa Grupo México por sus prácticas corporativas y su capacidad de intervenir en la política; recordaron que, por su parte, el gobierno federal y estatal solo ha acudido al territorio para darles discursos sobre su compromiso con las comunidades para después, tomar decisiones que en nada beneficia a la población afectada.

Piden a Sheinbaum hablar de la contaminación del río

Integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora se dirigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que sus funcionarios no están diciendo la verdad sobre la situación de la cuenca en Río Sonora.

“No hay trabajos serios de potabilización para tomar agua libre de metales pesados, no hay atención especializada para la salud (…) nuevamente la Semarnat y la Conagua están incumpliendo su promesa de construir plantas potabilizadoras en cada comunidad reduciendo la cantidad de plantas a 22. Esto suena identico al momento en que el gobierno de Claudia Pavlovich anunció la primera reducción de plantas prometidas por el fideicomiso Río Sonora”, manifestaron.

Los Comités de Cuenca denunciaron que, hasta ahora, solo hay seis plantas potabilizadoras y ninguna de ellas da garantía de separación de metales pesados.

En once años, recordaron, las autoridades han sido incapaces de resolver la problemática del caso del Río Sonora y, en cambio, en cuestión de meses han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes de manera opaca para el proyecto de construcción de presas que impactaría en el territorio sin consenso de las poblaciones afectadas.

“Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones, más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo”, denunciaron.

Por ello, pidieron a Sheinbaum hablar de la contaminación del Río Sonora en las conferencias matutinas, que evidencie a Grupo México y se pronuncie al respecto para que paguen.

Además, llamaron a que se posicione como experta en temas ambientales sobre las afectaciones que dejó la contaminación y los posibles daños que podrían causar las presas que buscan construir sobre el Río Sonora.

Al finalizar la conferencia de prensa, miembros de Comités de Cuenca Río Sonora y la organización PODER realizaron una velada al pie del Antimonumento Río Sonora, donde colocaron velas y tres retratos correspondientes a Martha Patricia Velarde, Norberto Bustamante y Ramón Miranda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

No están solos…

En Morena, la protección entre compañeros prevalece sobre la rendición de cuentas. Desde Adán Augusto hasta los hijos del expresidente, pasando por gobernadores, exfuncionarios y alcaldes, los escándalos por corrupción, violencia o vínculos criminales no provocan investigaciones, sino respaldos públicos. La consigna es clara: nadie está solo, ni aunque lo rodeen pruebas.

En Morena nadie está solo. Por más escándalos, por más pruebas, por más delitos, la consigna es proteger al compañero. Da igual si se habla de huachicol, narco, desvíos, violaciones o censura. Cuando un morenista es señalado, no se le investiga: se le arropa. 

NO ESTÁ SOLO ADÁN AUGUSTO

Hoy es señalado porque su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, es buscado por liderar el grupo criminal La Barredora, involucrado en huachicol, trata, extorsión y tráfico de migrantes. Además, su hermano, Humberto Bermúdez, está bajo sospecha de lavado de dinero, y su sobrino, Gerardo Bermúdez, bajo arresto domiciliario en Paraguay.

NO ESTÁ SOLO CUAUHTÉMOC BLANCO

Hoy está acusado de tentativa de violación contra su media hermana, corrupción en contratos públicos, daño a las finanzas por más de 6 mil millones de pesos y presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, mantiene el fuero.

NO ESTÁ SOLO CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ

La Auditoría Superior de la Federación le detectó irregularidades millonarias, incluyendo anomalías por más de 3 mil millones de pesos en gasto público. Sin embargo, la Presidenta defiende que es una persona honesta.

NO ESTÁ SOLO RUBÉN ROCHA MOYA

Tiene señalamientos por presuntos vínculos con Los Chapitos y por una violencia fuera de control: 1,723 homicidios dolosos y 1,400 personas desaparecidas en un año tras la captura de El Mayo Zambada.

NO ESTÁ SOLO FÉLIX SALGADO MACEDONIO

Ha sido acusado múltiples veces de violencia sexual, con casos documentados desde 1998. Aun así, sigue siendo respaldado políticamente y no pierde esperanzas de ser gobernador de Guerrero.

NO ESTÁ SOLO IGNACIO OVALLE

Encabezó Segalmex durante el saqueo de más de 20 mil millones de pesos, incluyendo contratos con empresas fantasma y desvíos confirmados por la ASF. Dejó la administración federal sin mayor preocupación. Hasta cursos de finanzas públicas da.

NO ESTÁ SOLO MANUEL BARTLETT DÍAZ

De larga trayectoria política, arrastra denuncias por fraudes electorales, propiedades no declaradas valuadas en millones y hasta sospechas de estar implicado en el asesinato del agente Kiki Camarena.

NO ESTÁN SOLOS LOS HIJOS DE AMLO

José Ramón, Andy y Bobby López Beltrán fueron señalados en la investigación El Clan por tráfico de influencias y corrupción. Coordinaban una red que favoreció con contratos millonarios a amigos y primos en obras como Tren Maya, Dos Bocas, Pemex e IMSS-Bienestar.

NO ESTÁ SOLA LAYDA SANSORES

Usó su poder para censurar al periodista Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna. Incluso, una logró que una jueza les ordenara no publicar sobre ella sin revisión previa de un censor judicial.

NO ESTÁ SOLA DATO PROTEGIDO

Denunció a Karla Estrella por presunta violencia política de género. Resultado: disculpas públicas por 30 días, multa económica y su nombre inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas hasta 2027.

NO ESTÁ SOLA ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ

La Auditoría estatal la denunció por no comprobar el uso de 898 millones de pesos de un fondo federal.

Además, la alcaldesa denunció al medio Acapulco Trends junto a su director, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, por violencia política de género. Resultado: multa de 22 mil pesos, disculpas públicas por 15 días y difusión obligada de la sentencia por 30 días.

NO ESTÁ SOLO ALEJANDRO ARMENTA

Impulsó en Puebla la llamada Ley Censura, que criminaliza insultos en redes como “ciberasedio”. Organizaciones como Artículo 19, la ONU, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron que puede usarse para silenciar críticas y castigar la libertad de expresión.

NO ESTÁN SOLOS. PORQUE EN ESTE PAÍS, LA IMPUNIDAD CAMINA CON ELLOS.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)

Liberan al Kateo por ineficiencia del Ministerio Público Federal

El recientemente detenido en Zapopan, Jalisco, Diego Abel Miranda Rodríguez, el Kateo, que fuera lugarteniente de Pablo Edwin Huerta Nuño, el Flaquito, líder del Cártel Arellano Félix (CAF), fue liberado de un Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en funciones de Juez de Control, con residencia en Puente Grande.

Pifias en la puesta a disposición por parte del Ministerio Público de la Federación solo consiguieron que el presunto narcotraficante estuviera menos de una semana en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara (Comisaría de Prisión Preventiva) y recibiera un auto de no vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El sujeto detenido cuando presuntamente se hallaba enfiestado al amanecer del domingo 13 de julio último, en el restaurante bar La Reina de Mazatlán, ubicado al cruce de las avenidas Valle de Atemajac y Servidor Público, en Jardines del Valle, por la Policía Municipal de Zapopan, fue registrado con el nombre de Luis Mier Luna, misma identidad que prevaleció para quedar enlistado en el Área de Filiación del penal y en la promoción de una demanda de amparo.

LOS HECHOS

La captura ocurrió poco después de las 06:00 horas cuando la pareja de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez acudió a recogerlo a bordo de un vehículo de la marca Jeep; sin embargo, la impericia de la mujer provocó que chocara levemente con alguna estructura, lo que advirtieron policías municipales, que al aproximarse a la unidad observaron un fusil AK-47 en el interior. El ahora liberado salió del establecimiento de mariscos y defendió a la joven, asegurando que ella no tenía broncas y que las cosas que había en el automotor eran suyas.

Pese a que la mujer tripulaba la unidad donde estaba el arma de fuego larga, los uniformados dejaron ir a la mujer y pusieron a disposición de autoridades ministeriales al apodado el Kateo. La Fiscalía del Estado no tenía asunto que perseguir al individuo, o al menos eso trascendió, del que por qué no lo investigaron a fondo, y entonces lo remitieron a la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR). De ahí le ejercitaron acción penal por la portación ilegal del arma de uso de las Fuerzas Armadas.

La defensa del imputado alegó una detención ilegal, sin embargo, el Juez de Control decidió dictar la medida cautelar de prisión preventiva y dejar que la defensa hiciera su trabajo durante el término constitucional ampliado. El argumento legal del equipo legal de alias el Kateo fue que su cliente no estaba dentro del automotor donde estaba el arma larga asegurada por los policías zapopanos e incluso presentaron un video sobre el momento del arresto que lo evidenciaba.

El Ministerio Público Federal adscrito no tuvo la capacidad de enderezar la carpeta de investigación ni de aportar pruebas que permitieran un auto de vinculación. Tampoco la voluntad de que compañeros de la Fiscalía General de la República, ya sea de la Delegación de Tijuana, o de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentaran carpetas de investigación existentes en Baja California por la pertenencia de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez al Cártel Arellano Félix y en los últimos tiempos aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

CRÍMENES EN BAJA CALIFORNIA

Es de dominio público, y ZETA lo ha documentado, que Diego Abel Miranda, el Kateo, además de ser líder de las células criminales referidas, está señalado de ser el autor intelectual del asesinato de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Dalia Consuelo Espinoza Suszek, el 3 de noviembre de 2023. El móvil del homicidio de la mujer policía estaría ligado a una detención y dos robos, uno de 30 kilos de cocaína y otro más de 20 armas ejecutado por agentes estatales en un lapso de dos a tres meses.

Al Kateo también se le imputan acciones en diversas carpetas de investigación, en México y Estados Unidos, por tráfico de drogas de Jalisco a San Diego, secuestros, trata de personas migrantes, homicidios y el incendio de 19 automotores el 12 de agosto de 2022. Antes, ya estuvo detenido por intervención de un grupo de inteligencia en julio de 2021, durante una boda realizada en un rancho en la zona de El Coronel, en Ensenada, donde era el padrino del evento; sin embargo, esa vez también fue liberado por un juez federal.

AMPARO POR SI LAS DUDAS

Debido a que quien se hace llamar Luis Mier Luna aún seguía preso el domingo 20 de julio, en el penal de Puente Grande, su abogada Tania Guadalupe Domínguez Campaña, quien llegó desde Tijuana para asesorar jurídicamente al imputado, presentó una demanda de amparo en su favor alegando actos de privación ilegal de la libertad de parte del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco y otras autoridades. El juicio de garantía fue radicado con el número de expediente 678/2025 en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la entidad, con el complejo penitenciario.

Dado el señalamiento de actos violatorios de derechos humanos como lo sería la retención prologada del imputado, seguramente dando tiempo al Ministerio Público Federal para que impidiera su excarcelación, el juez de amparo comisionó al actuario Judicial adscrito a ese tribunal para que acudiera a las instalaciones del penal, a efecto de localizar al directo quejoso Mier Luna, para pormenorizar los detalles que pudiese apreciar de la condición física del individuo e incluso lo cuestionara sobre su estado de salud.

En la misma diligencia, el actuario judicial de la adscripción tenía que notificarle la demanda de amparo promovida en su nombre, para que en ese momento, o bien, dentro del término de tres días, manifestara si ratificaba o no dicho escrito. El Kateo fue localizado en la prisión pero manifestó “No ratifico la demanda de amparo promovida a mi favor”. Además, se hizo constar que no se advirtieron golpes en su cuerpo y al ser cuestionado sobre su estado de salud, “refirió que se encuentra bien”. Por lo anterior, se tuvo por no presentada la demanda en el juicio de amparo. Ya estaba destinado que recuperaría en breve la libertad.

BIEN REPRESENTADO

La defensora de Mier Luna y/o Miranda Rodríguez cuenta con experiencia en el ámbito penal federal, pues años atrás, a inicio de la década se le ubicaba como Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, Posteriormente se dedicó al litigio atendiendo casos relevantes de delitos contra la salud, llevando defensas como la del ex agente federal Édgar Luciano Beristáin Ávila, detenido junto con otros sujetos por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, en posesión de un cargamento de droga en 2016.

La profesionista también ha sido abogada de personajes como Pedro Herrera Estrada, el Viejón o Peter, identificado por autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad como cabecilla de la célula de Los Erres, que presta sus servicios al CJNG.

Por lo pronto, Diego Abel y/o Luis, el Kateo, quien abandonó el penal de Puente Grande a las 12:00 horas del lunes 21 de julio, seguirá moviéndose entre Guadalajara, Tijuana y San Diego, pues no existe impedimento legal para que lo haga.

Al solicitar información en la Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República, en Guadalajara, solo se obtuvo evasivas y entretención para no dar a conocer el fracaso ministerial, bajo el argumento de “las investigaciones sobre este caso y la persona continúan”. En los próximos días se conocerá si dicha autoridad apela a la resolución o muestra su conformidad como aparentemente lo hizo al no aportar pruebas que lograran la vinculación a proceso.

FUENTE: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES)
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Mayoría del TEPJF rechaza investigar reparto de acordeones de Morena y Gobierno de CDMX

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, el 10 de julio de 2025, la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) de desechar una denuncia contra Morena y el Gobierno de la Ciudad de México, relacionada con el uso de acordeones en la elección de integrantes del Poder Judicial, realizada el 1 de junio de 2025.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Sala Superior sostuvo que la queja no contenía elementos mínimos, como circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni identificación de responsables, para abrir una indagatoria. Los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Madeline Otálora Malassis respaldaron el proyecto, mientras que Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra.

Según la argumentación del proyecto elaborado por De la Mata Pizaña, la denuncia carecía de pruebas suficientes. El documento presentado por la organización civil Justicia Común incluía publicaciones periodísticas, entre ellas una investigación que vinculaba a funcionarios públicos y brigadistas con la entrega de guías de votación, presuntamente financiadas con recursos públicos.

Rodríguez Mondragón advirtió que el análisis del INE no fue exhaustivo, al limitarse a una revisión preliminar de la información presentada. Señaló que la autoridad pudo solicitar información a la Policía Cibernética, al banco emisor de los cheques referidos en las denuncias o incluso al medio que publicó la investigación. Reiteró que las notas periodísticas debieron presumirse veraces y suficientes para iniciar una diligencia formal.

En contraste, Fuentes Barrera afirmó que no correspondía iniciar procedimientos sancionadores sin indicios claros, y consideró que las publicaciones no superaban el umbral de prueba mínima exigida por la ley electoral. La presidenta del TEPJF, Soto Fregoso, coincidió con esa postura.

En paralelo, la organización Defensorxs denunció que su impugnación contra la elección de los magistrados Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho fue indebidamente retenida por el TEPJF. Miguel Alonso Meza señaló que, conforme a la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debía resolver ese recurso, no el propio Tribunal Electoral, al tratarse de la elección de sus integrantes.

El recurso, de 274 páginas, incluía señalamientos respecto a coacción del voto, uso de recursos públicos, encuestas dirigidas y propaganda ilegal. Defensorxs exigió que la denuncia sea remitida a la SCJN antes del 28 de agosto de 2025, fecha límite para resolver más de 300 impugnaciones relacionadas con el proceso judicial.

La Sala Superior del TEPJF afirmó que continuará evaluando los recursos que cumplan con los requisitos legales y reiteró su disposición al escrutinio público.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Pegasus: diez años de corrupción y espionaje impunes

Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto.

Desde 2015, México se convirtió en laboratorio del uso masivo del spyware Pegasus, desarrollado por NSO Group. Esta arma silenciosa invade teléfonos, graba conversaciones, rastrea ubicaciones y roba datos sin dejar huella visible. Casi una década después, su uso está más que documentado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado que se condene a un sólo responsable. 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), Pegasus se usó como herramienta para vigilar a periodistas, activistas y opositores. Esta semana, una disputa legal en Israel entre los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Neria —líderes de KBH y BSD, respectivamente— reveló que, desde 2012, se habrían pagado hasta 25 millones de dólares para "invertir" en Peña. Ambas empresas estaban directamente involucradas en la venta de equipos y sistemas de seguridad al Gobierno mexicano durante el sexenio de EPN. La red KBH sirvió como intermediaria de NSO Group para introducir Pegasus en México.

En nuestro país, los registros de la FGR confirman la existencia de esta red. Un testigo protegido, identificado como "Zeus", ha señalado desde 2019 a Peña Nieto, Osorio Chong y Eugenio Ímaz como los responsables directos del aparato de espionaje. A pesar de contar con contratos, facturas y testimonios, la FGR sólo ha judicializado un caso, el de Juan Carlos García Rivera, quien fue absuelto en 2024, pese a que el propio Juez reconoció que sí hubo espionaje contra Carmen Aristegui… por investigar y publicar sobre la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador prometió terminar con el espionaje, pero los datos lo desmintieron. Según documentos del litigio WhatsApp/Meta contra NSO Group, en mayo de 2019 se detectaron 456 infecciones con Pegasus. México concentró el 37  por ciento de los casos globales en esa muestra. Citizen Lab, organización experta en ciberseguridad, identificó múltiples dispositivos infectados entre 2019 y 2022, incluyendo los de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios del propio gobierno obradorista.

La Sedena adquirió Pegasus desde 2019, a través de Comercializadora Antsua, empresa ligada a la red KBH, la misma que habría sobornado al Gobierno anterior. Los contratos fueron ocultados bajo el pretexto de "seguridad nacional". Sólo tras una orden judicial en 2024, se obligó al Ejército a entregarlos. Aun así, la opacidad persiste y no se han entregado.

Pese a las pruebas —documentos, análisis forenses, testimonios— la FGR no ha avanzado en una sola carpeta de investigación abierta  por los casos ocurridos en este sexenio. La Sedena niega a la institución investigadora la existencia de contratos que ya fueron exhibidos. En resumen: nadie ha sido nombrado, nadie ha sido juzgado, nadie ha rendido cuentas.

México tiene derecho a saber: ¿quién ordenó espiar?, ¿a quiénes?, ¿para qué?

Para nada resulta increíble que desde el periodismo de investigación, el trabajo de la sociedad civil organizada y la academia se haya avanzado más en el esclarecimiento de los hechos sobre un caso tan complejo. Lo que sí resulta inverosímil es que, pese a tantos hallazgos que se han traducido en pruebas en el marco de investigaciones formales, se siga diciendo desde el discurso de la FGR que “faltan pruebas”.  

Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto. Hay evidencia y hay víctimas concretas. Por eso: no, no faltan pruebas. Lo que falta es voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias, cosa que el Fiscal Gertz no ha hecho hasta ahora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

Tribunal absuelve a excomandante acusado de torturar a Lydia Cacho

El Tribunal consideró que no hay pruebas suficientes que vinculen a Juan Sánchez Moreno con el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal absolvió a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales de la Policía Judicial de Puebla, de la condena en su contra por siete años de prisión, al considerar que no hay pruebas suficientes que lo vinculen con el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. 

Al conceder un amparo liso y llano, el pasado 4 de julio, el tribunal con sede en Quintana Roo ordenó emitir sentencia absolutoria y la libertad inmediata de Sánchez Moreno, quien estaba preso en el Centro Penitenciario Benito Juárez, de esa entidad.

El 13 de abril de 2021 se condenó al excomandante a siete años de prisión, acusado de humillar, intimidar y amenazar a Cacho durante?su traslado de Cancún a Puebla en 2005. 

No obstante, su defensa apeló esta sentencia, que derivó en este fallo emitido por el Tribunal Colegiado que consideró que no había “evidencia fehaciente que destruya la presunción de inocencia o demuestre, sin duda razonable, que el acusado instigó a terceros para perpetrar el delito”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.