NEGATIVA DE DESAFUERO DE CUAUHTEMOC BLANCO Y LIBERACIÓN DE LA PATRONA, MUESTRAS DEL NARCOESTADO PATRIARCAL QUE TIENE QUE CAER

En la última semana de marzo ocurrieron dos hechos de impunidad, que protegen a personas señaladas como responsables en el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, que demuestran de manera clara, la estructura de protección que el narcoEstado patriarcal de MORENA ejerce para encubrir a delincuentes a ojos vistos.

El rechazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados para la investigación del delito de violación cometido contra su media hermana, cobijado por decenas de diputadas federales de MORENA que le gritaban “no estas solo” y el descontento de la sociedad y en especial de movimientos y personas feministas, nos demuestra una vez más que la vía por la cual va a cambiar este país y se va hacer justicia, no es a través de las instituciones del Estado, por que solo se encubren entre sí o son utilizadas como disputas políticas de arriba para llegar a ser el próximo verdugo de abajo. Entre narcopolíticos, narcofuncionarios y narcopartidos se atacan entre sí, para tomar el puesto del próximo verdugo en el poder.

Además del pacto patriarcal del narcoestado que incluye a hombres y mujeres de arriba como la Presidenta que señala, “llegamos todas”, pero “todas las fuerzas corruptas y corrompibles que de por sí estaban en el poder”

Pero ¿Por qué proteger tanto a Cuauhtémoc? Porque no dejar que avance una investigación efectiva en su contra, justificarse con deficiencias en la carpeta de investigación es extralimitar las facultades del Congreso. Pero cualquier pretexto es bueno y válido si desde arriba lo enuncian y lo cobijan con banderas del pueblo como “No estas solo”, no les importa la razón, la lógica, ni mucho menos la justicia, les importa encubrirse.

Por que ¿Quién propuso el fallo para eximir a Cuauhtémoc Blanco? El que protegió a los asesinos de Acteal, el cómplice junto con Cuauhtémoc Blanco y la Patrona del asesinato de Samir Flores Soberanes: Hugo Erik Flores. Quien una vez mas protege al delincuente, que aunque este peleado con Cuauhtémoc Blanco, se saben cómplices del mismo delito y se protegen entre sí.

Violación no es el único delito por el cual es investigado o señalado Cuauhtémoc Blanco, sino también por el asesinato de Samir (aquí las Fiscalías tanto Estatal de Morelos como federal FEADLE se han negado a investigar), por sus vínculos con el crimen organizado, por la auditoria superior de la federación, y por todo se le protege. ¿Por qué? No creemos que por la figura y papel tan importante que desempeña Cuauhtémoc Blanco para la 4T, sino por lo que sabe y que si cae él, caen más con él.

Ese es el pacto narcopatriarcal que realmente esta detrás de la protección de Cuauhtémoc Blanco, que si cae, puede decir quien le pidió que organizara el asesinato de Samir. Protegiendo a Cuauhtémoc Blanco están protegiendo los actos oscuros de López Obrador contra la oposición al Proyecto integral Morelos y la consolidación del narcoestado en Morelos.

Y a la par que protegen a Obrador, que diga Cuauhtémoc contra el desafuero, liberan a Angelina “N”, alias “La Patrona”, líder de la célula criminal de “Los Aparicio”, grupo señalado de ser el autor material del asesinato de nuestro compañero Samir Flores. Angelina acaba de ser liberada a pesar de ser detenida con armas de uso exclusivo del ejército, con paquetes de diversas drogas para su distribución, y diversas investigaciones que la vinculan con el grupo criminal de “Los Aparicio”, sin embargo, se le eximio del delito de crimen organizado y ahora se encuentra libre después de menos de 6 meses de prisión. La misma historia que su hijo que fue detenido hace un año y luego liberado, la misma que el único detenido por el asesinato de Samir, Javier N, quien antes de ser presentado como detenido por el asesinato de Samir, ya había sido detenido y liberado por delitos relacionados al crimen organizado.

Y esa es la justicia que tanto defiende Claudia Sheinbaum, la ofensa y ataque político que denuncia la Presidenta es orquestada en contra de la 4T por el descubrimiento por las madres buscadores del centro de exterminio de Teuchitlán.

La búsqueda de la verdad y los desaparecidos es criminalizada por el Estado, el estado protege a violadores y asesinos, asesinan a defensores del territorio y los derechos humanos, el estado camina al lado de los criminales y los libera…

Por eso a todas las personas y corazones que estamos viviendo la indignación que causa la guerra de exterminio que este capitalismo salvaje hace a la madre tierra y la humanidad, nos abrazamos y nos decimos adelante, construyamos vida y justicia desde abajo en nuestros territorios, caminemos en común, el común.

¡Justicia para Samir! ¡Teuchitlán, nunca mas! ¡Justicia para l@s desaparecid@s!

¡Se va caer, se va caer, el narcoestado patriarcal se va caer!

T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Ante los jueces de la Corte regional, María de Jesús Alvarado Espinoza, quien en abril de 2018 rindió testimonio sobre la desaparición, alertó que de las 34 víctimas que fueron reconocidas en la sentencia, ocho han fallecido sin saber dónde se encuentran sus familiares y sin tener acceso a la resolución “por falta de apoyo del gobierno”.

Sin que hasta ahora haya un plan de investigación y búsqueda de los desaparecidos, María de Jesús contó que los sucesivos gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no han podido atender las demandas de vivienda digna  de tres núcleos familiares que se vieron desplazados por las amenazas que han recibido en búsqueda de justicia; tampoco se ha brindado apoyo a quienes regresaron a México después de que en Estados Unidos se les negó el asilo, por lo que su familia está fracturada, sin atención médica ni psicológica especializada, por la inconsistencia de las autoridades. 

“¿Cómo sanar todas esas heridas como familia? El dolor se ha agravado por la inacción del Estado, la falta de claridad, la impunidad, hace cada vez más difícil la situación en la que nos encontramos, no sólo hablo por mí, hablo por mis familiares, hablo por todos los familiares que no han llegado a una instancia como esta, que no tienen voz, privilegio que agradezco, porque el dolor de uno es el dolor de todos”, dijo entre lágrimas Alvarado Espinoza.

Acompañada de sus representantes, Alejandra Nuño y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), María de Jesús recordó a los jueces que “no estamos pidiendo nada que esta Corte no haya ordenado, por eso le pido a la honorable Corete que no nos deje solas, que siga acompañándonos y que nos ayude a que la sentencia sea cumplida”.   

Alejandra Nuño, recordó que en abril de 2018 también rindió testimonio Jaime Alvarado Herrera, quien se cuenta entre los ocho integrantes de la familia Alvarado que fallecieron sin alcanzar justicia ni mucho menos ser beneficiado de las reparaciones ordenadas por la Corte. 

La abogada resaltó que en su momento las sentencia fue celebrada no sólo por los familiares, sino que sirvió de base para “mantener el debate sobre la militarización de la seguridad ciudadana”, toda vez que el caso se enmarca en el Operativo Conjunto Chihuahua, que implicó el despliegue de tropas a esa entidad como parte de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón. 

Al señalar que durante estos años se han llevado a cabo 25 reuniones en las que no se ha logrado “una implementación mínima de la sentencia”, Nuño explicó que “la esperanza de verdad, justicia, reparaciones individuales y trasformadoras” de las víctimas se topó con “una actuación descoordinada, fragmentada, burocratizada e insensible de la mayoría del funcionariado público involucrado en el cumplimento de este fallo”. 

Recordó que la última reunión de cumplimiento de sentencia en la Corte IDH se llevó a cabo en septiembre de 2023 y fue dirigida por la jueza  Patricia Pérez Goldberg, sin que se haya cumplido con los compromisos de establecer un plan de investigación y de búsqueda de los Alvarado; no hay personas sancionadas por la desaparición, y a pesar de que 22 integrantes de la familia solicitaron tratamiento psicológico, “no han tenido buenos resultados” por la inconsistencia de las autoridades para brindar las terapias.  

De la misma manera, se expuso que a pesar de que en septiembre de 2019 los familiares presentaron un plan para llevar a cabo la disculpa pública, hasta ahora ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional la que se ha negado a participar alegando “la inexistencia de procedimientos conclusivos en las instancias de procuración y administración de justicia”, cuando se trata de una sentencia de la Corte IDH que determinó la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los Alvarado. 

La representante lamentó que no se haya cumplido con los estándares fijados por la Corte relacionados con el registro de personas víctimas de desaparición forzada, y que la prueba de ello es que el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sólo contabilice a 804 personas víctimas de desaparición forzada de 1965 a marzo de este año, de un universo de más de 126 mil personas desaparecidas, lo cual no es un dato creíble, mucho menos cuando en 2023 el gobierno cambió el estatus de “desaparecida” a “localizada” a 16 mil personas, “sin una metodología clara y transparente”. 

A ello se suma que, contra la sentencia, no existe una supervisión civil de las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Nacional debió a la reforma constitucional que militariza la seguridad pública. 

Gabino Gómez explicó que en cuanto a la resolución que obliga al Estado a ofrecer proyectos productivos, las únicas opciones presentadas han sido los programas del Bienestar, “para acceder a ellos no se necesita una sentencia de la Corte, cualquier ciudadano que cumpla con requisitos los puede tramitar, pero estás familias han perdido todo, sus viviendas, sus familiares, han dejado sus territorios, necesitan una atención especial”. 

“¿Cuántos años tienen que pasar para que ya no se esté reclamando justicia y reparación? Ya han fallecido ocho víctimas sin conocer la verdad ¿Acaso están esperando a que ya no haya víctimas a quienes reparar? ¿Qué ya no estemos sus representantes? Han transcurrido tres gobiernos de tres signos de distinta ideología y la justicia no llega”, resaltó Gómez. 

El defensor resaltó que ni el actual subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Félix Medina Padilla, ni la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, Sahagún, han accedido a sostener una reunión para abordar el cumplimiento de la sentencia. 

Incluso en asuntos que podrían resultar de fácil resolución, como la restitución de lugares dignos para vivir, el gobierno federal se ha resistido a proporcionar tres viviendas “a quienes perdieron otras, ellos tenían una vida normal, su vida se vio trastocada, nunca más volverán a la normalidad, no se está pidiendo una dádiva”. 

Contó las tres familias desplazadas están en viviendas provisionales proporcionadas por el gobierno federal, y que en una de ellas vivía José Alvarado, padre de José Ángel, quien se encontraba en una situación delicada de salud, pidió a una Karina, una de sus nietas que lo cuidara. Tras fallecer el 4 de febrero pasado, por falta de atención médica, Karina fue emplazada para desocupar la vivienda, cosa que “ni los aboneros ni los renteros hacen eso”.

Los jueces de la Corte IDH cuestionaron a los representantes del Estado mexicano, encabezados por el embajador de México en Costa Rica, Víctor Sánchez Colín, sobre la falta de resultados en la investigación, sobre los obstáculos para proporcionar las viviendas a las víctimas y dar atención psicológica, así como las propuestas hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre la militarización del país.

La jueza Patricia Pérez Goldberg, quien en septiembre de 2023 encabezó la última reunión de seguimiento, cuestionó a la representación del Estado, cómo era posible que desde entonces se informó que se realizarían acciones de búsqueda en el 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, y que a más de un año se vuelve a decir lo mismo. 

Nancy Desiderio, de la Secretaría de Gobernación, se vio imposibilitada a dar una fecha en la que se daría acceso a la instalación militar y pidió una prórroga de tres meses para notificar al respecto. 

Sobre los cuestionamientos de vivienda, el juez Alberto Borea Odría consideró que para un Estado como el mexicano era inverisímil que no se resolviera un asunto como de las viviendas que es algo que sería “casi inmediato de resolver”, por lo que urgió a los representantes el Estado a atender la demanda. 

“Ojalá que lo hagan, porque ayudan al sistema (Interamericano de Derechos Humanos) si eso pasa, pero si no pasa, deslegitiman al sistema em el que tanto colaboran. México siempre tiene candidatos a la Corte y a la Comisión, ahora mismo acaban de presentar un candidato a la Comisión, muy bien, hagan que la Comisión y la Corte funcionen respondiendo a las sentencias de estos organismos a los que ustedes tanto apoyan”, dijo el juez. 

La audiencia programada para dos horas, se extendió por más de tres, concluyendo con la convocatoria de los jueces a que las partes se reunieran para afinar los tiempos de cumplimiento de la sentencia, acuerdos que tendrían que ser del conocimiento de la Corte Interamericana.

“Nunca se dio nada. Es como si ya le hubieran dado vuelta la página, no pasó nada, no hubo culpables”, lamentó en una entrevista con EFE. “Aquí no importa la vida, no importan los números, no importa el origen, aquí lo que importa es el poder y la impunidad. Y punto”, agregó.

Las víctimas, incluyendo decenas de sobrevivientes con secuelas, son de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, que catalogó el hecho como un “crimen de Estado”.

Una cicatriz en la frontera

Ciudad Juárez, punto clave de la ruta migratoria hacia Estados Unidos, ha sido lugar testigo de la crisis por este fenómeno, pero Calvillo cree que el incendio es uno de los más trascendentales.

“En la historia siempre va a estar marcado eso, el haber pasado ese incidente, que murieron de una manera muy cruel, muy dolorosa y con algo que va a marcar mucho a Ciudad Juárez, difícil que se pueda quitar”, expresó el sacerdote.

En un recorrido por el sitio, EFE constató que aún conserva las cicatrices del incendio que marcó la tragedia. Las escaleras conducen a un interior con las huellas de los migrantes impresas en las paredes, como un testimonio mudo de la desesperación de aquella noche, en la que agentes del INM ignoraron los gritos de auxilio.

Hay marcas de manos impregnadas en las superficies y, al adentrarse en el recinto, se distinguen las puertas y las rejas, algunas de ellas aún aseguradas con cordones de cinta de precaución, como una escena de crimen sin resolver.

En la parte trasera del edificio, las carpas que alguna vez sirvieron para procesar a los migrantes deportados ahora lucen desgarradas, abandonadas a la intemperie.

El sitio entero está en ruinas, lo que migrantes y activistas han descrito como un recordatorio de lo que ocurrió y de lo que nunca debió haber pasado.

Futuro incierto para migrantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en diciembre una reforma al INM para “convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana”, pero no ha concretado el reemplazo de Garduño, a quien sustituirá Sergio Salomón, exgobernador del estado de Puebla.

En tanto, hay preocupación en la sociedad civil de Ciudad Juárez porque México ha recibido presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para endurecer las políticas migratorias y recibir migrantes ante las “deportaciones masivas”, lo que no borrará la crisis humanitaria en Ciudad Juárez, según Calvillo.

“Esto es una tacha o es un hecho que le va a pesar a México siempre y toda la vida”, sentenció el líder religioso.

Tras su detención -junto a otras tres personas-, en un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), se reportaron enfrentamientos armados en varios puntos de la cabecera municipal, así como bloqueos y quemas de unidades en Zacapu, Tzintzuntzan y Morelia.

Además, la Fiscalía General de la República informó que, tras la detención de “La Hamburguesa”, el cuartel militar de la Guardia Nacional (GN) -ubicado sobre la avenida de Las Rosas, en la carretera Zacapu a Villa Jiménez-, fue blanco de un ataque a tiros, causando daños a nueve vehículos oficiales, así como a muros, ventanas, puertas y cortinas del inmueble.

El gobernador de Michoacán y militante de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró, el 25 de febrero de 2025, la detención del presunto capo. Indicó que fue una operación ordenada desde la Ciudad de México y adelantó que había “muchas órdenes” de aprehensión que se estarían ejecutando en días próximos.

“Fue una acción que venía con planeación desde la Ciudad de México y por eso la respuesta [ataques y narcobloqueos] de este grupo delictivo, pero logró la captura del objetivo, que eso es muy importante, relevante en esa zona del estado”, apuntó el gobernador.

“Hubo un cateo y una detención de un objetivo criminal, acciones que están en conjunto con el Gobierno Federal, es una operación que se ejecutó directamente por la FGR por una orden de cateo federal, dimos el respaldo y se capturó a una persona que ya está siendo puesta a disposición de las autoridades federales”, enfatizó Ramírez Bedolla.

Juan Carlos Oseguera Cortés, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, criticó, el 5 de marzo de 2025, al juzgador y defendió la forma en la que se efectuó la detención del presunto lugarteniente del CJNG.

“La no vinculación a proceso de ‘El Chuy’, presunto líder de plaza de Zacapu, por parte de un juez federal, constituye un acto desmedido de irresponsabilidad por parte del Poder Judicial”, consideró el funcionario estatal.

“A pesar de haberse ejecutado la legal detención, que el objetivo está plenamente identificado y que se detuvo en flagrancia, el juez determinó dejarlo en libertad, poniendo en peligro a la población”, agregó Oseguera Cortés.

En contraste, durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó la vinculación a proceso de Miguel Ángel “N”, alias “El Cuchillo”, otro presunto líder del CJNG detenido en Michoacán, tres días antes de la aprehensión de “Don Chuy”.

“Con la vinculación a proceso del líder delincuencial Miguel Ángel ‘N’, alias ‘El Cuchillo’, detenido el pasado 22 de febrero [de 2025], en Álvaro Obregón, se consolida el avance de la estrategia interinstitucional en materia de seguridad en Michoacán”, afirmó Oseguera Cortés, quien también informó que en el mes de febrero del presente año fueron detenidos cinco objetivos prioritarios que operaban en las regiones de Zacapu, Tierra Caliente, Morelia y Pátzcuaro.