Por ello el Gobierno federal presentó una demanda en 2021 en una corte de Florida contra Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (Grupo Weinberg), Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
Sin embargo, también participaron otros funcionarios públicos, actualmente inhabilitados. De 2006 a 2012, en el Gobierno de Calderón, los integrantes de la Policía Federal Preventiva que suscribieron cinco contratos por un total de 83 millones 600 mil dólares fueron el comisionado Rodrigo Esparza Cristerna; el comisionado Facundo Rosas Rosas; el titular de la División de Seguridad Regional Luis Cárdenas Palomino; la Directora general de recursos materiales servicios generales e infraestructura, Sonia Vargas Terreros (trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal); el jefe de la división de fuerzas federales Rafael Avilez; y el director general de apoyo técnico Humberto Martínez González.
La UIF detalla sobre los dos contratos a NUNVAV Inc:
“A la empresa NUNVAV Inc fueron otorgados dos contratos por parte de la Policía Federal, a cargo del comisionado Esparza y en uno de los cuales intervino el Comisionado Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional. El monto de los contratos ascendió a un total de 14 mil 500 dólares y, en general, su materia versó sobre la instalación, administración y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad, telecomunicaciones y sistemas complementarios para el servicio integral de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones”.
En cuanto los tres contratos de la Policía Federal a Nice Systems Ltd, la UIF expone: “Fueron otorgados por parte de la Policía Federal, a cargo entonces del comisionado Rodrigo Esparza Cristerna, mismos que ascendieron a un monto total de 69 mil 100 millones de dólares. En general la materia de los contratos fue la instalación de sistemas de localización de comunicaciones GSM, UMTS y CDMA, así como de un centro de rastreo de localización de comunicaciones y localización de redes celulares”.
Esparza Cristerna tuvo una carrera en el Gobierno federal. Fue delegado en la Procuraduría General de la República, el CISEN, en la Secretaría de Seguridad Pública y Comisionado en la Policía Federal y el organismo de prisiones. Incluso fue Coordinador de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad.
Además, también durante el Gobierno de Calderón y con García Luna en la Secretaría de Seguridad, el organismo de prisiones (OADPRES) dio a NUNVAV Inc cinco contratos por 233 millones 75 mil dólares con la participación de Gonzalo Villareal Guerra como coordinador general de Centros Federales y con el General Eduardo Enrique Gómez García a cargo del organismo de centros penitenciarios (OADPRES).
Los cercanos a Peña Nieto
Asimismo, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, los que suscribieron 19 contratos millonarios por 410 mil 101 dólares y 363 mil 866 millones de pesos fueron los dos directores generales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN): Eugenio Ímaz Gispert (que después estuvo en la Embajada de México en España sin título de licenciatura) y Alberto Bazbaz Sacal (procurador del Edomex en el caso Paulette y parte de la defensa de Raúl Salinas de Gortari). Así como el comisionado del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán.
El CISEN, cuando estaba a cargo de Eugenio Ímaz, dio ocho contratos a NUNVAV Inc por 44 millones 219 mil dólares y 15 millones de pesos; y cuando comandaba Alberto Bazbaz se dio otro contrato a dicha empresa por 52 mil 200 millones (no especifica moneda). En general los contratos fueron para adquirir equipos de comunicación especializada e instalación de plataforma de seguridad nacional.
También el CISEN, cuando estaba Ímaz, benefició a NUNVAV Technologies con un contrato por 208 millones 832 mil dólares para adquirir bloqueadores de comunicación para penales estatales.
Durante el sexenio de Peña Nieto, el organismo de prisiones a cargo de Eduardo Guerrero dio cuatro contratos por 157 mil 050 dólares a NUNVAV Inc y uno más por 270 mil pesos para obtener equipo de seguridad para centros de readaptación social incluyendo un sistema contra drones.
En cuanto al contrato millonario del Gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Miguel Ángel Mancera, participó Enrique Salinas Romero, el Director general de política y estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX.
La Procuraduría General de Justicia, en tiempos del mandato del Procurador Edmundo Garrido Osornio, benefició a la empresa Glac Security Consulting, Technology, Risk Managment –propiedad directa de García Luna– por un convenio de reconocimiento de adeudo por 26 millones 666 mil pesos por servicio de consultoría y procesamiento de información estratégica. Quien firmó el convenio fue Salinas Romero.
En marzo de 2023, el Gobierno de Estados Unidos le aseguró a la red de Genaro García Luna mansiones lujosas con elevador incluido, departamentos en rascacielos en Miami frente al mar o el océano Atlántico y diversas propiedades en las zonas más exclusivas.
Gobierno federal gana demanda
La mañana del jueves 22 de mayo, la jueza Lisa Walsh de una corte de Florida sentenció a Genaro García Luna a pagar al Gobierno federal 748 millones 829 mil dólares y a Cristina Pereyra a pagar mil 740 millones de dólares, por ley, tres veces la cantidad de dinero por la que México los demandó originalmente en 2021 por la triangulación de recursos públicos mediante los 30 contratos.
“No son operaciones distintas, son los mismos contratos promovidos por ambos. Los contratos los hacía una empresa equis que se había constituido en Panamá”, aclaró el titular de la UIF Pablo Gómez, en entrevista con Los Periodistas.
“Pereyra fue demandada por una cantidad mayor (mil 740 mdd) porque el momento de la demanda no fue el mismo, ya se conocían más cosas, ya habíamos descubierto otros contratos, entonces la cantidad subió”.
García Luna, informó el titular de la UIF, ya pagó 2 millones de los 748 millones que debe pagar al Gobierno federal.
Previamente, también por orden de la jueza, ya fue ejecutada una sentencia respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó en una recuperación de 1 millón 970 mil dólares, los cuales fueron ingresados a la Tesorería Pública; así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble valuado en 555 millones 800 mil dólares, que será vendido por el Gobierno federal.
Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca de un inmueble otorgada a un tercero por la misma empresa Delta Integrator, ya se obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares.
