Con una marcha desde la comunidad, ubicada el municipio Coyuca de Benítez, Guerrero, y un mitin político en el lugar de los hechos, donde se erige un memorial, este sábado 28 de junio, sobrevivientes de la masacre, acompañados de artistas y militantes de distintas organizaciones, llevaron una ofrenda floral y, con un pase de lista, exigieron justicia y verdad para sus compañeros campesinos ejecutados extrajudicialmente treinta años atrás.
Una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum es otra de sus demandas centrales, pues aseguran que a su antecesor López Obrador el caso no le interesaba y, al igual que todos los gobiernos anteriores, eligió el camino de la impunidad; por lo que demandan que la actual titular del ejecutivo federal, junto a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, les atiendan con miras a reabrir el caso y sancionar a los responsables políticos de la masacre, Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero en el año 1995, y el entonces presidente Ernesto Zedillo.
La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) surgió en la Costa Grande de Guerrero en el convulso año 1994, como respuesta de los campesinos de los municipios de Tepetixtla, La Unión, Petatlán, Atoyac, Coyuca de Benítez y otros más, ante las precarias condiciones del campo en esos años donde el TLC entró en vigor.
Sólo un año después de su fundación, la OCSS sufrió uno de los episodios de represión estatal que permanecen en la memoria colectiva del país e incluso en los libros de texto escolares. En el marco de jornadas de movilización de la organización, dos camionetas repletas de campesinos fueron interceptadas en el vado de Aguas Blancas por elementos de la policía motorizada de Guerrero, sometieron a sus tripulantes y dispararon contra ellos, terminando con la vida de 17 personas, dejando a 14 heridas y decenas de torturadas.
Cientos de personas de la comunidad se cuentan entre las víctimas indirectas de esta masacre, muchas de ellas viéndose forzadas al desplazamiento. Treinta años han pasado y las instituciones del estado mexicano no han dado justicia a las víctimas de Aguas Blancas; por el contrario, desapariciones, asesinatos y prisión política en contra de militantes de la OCSS ocurrieron en los años posteriores a la masacre.
Tres décadas después, las víctimas de Aguas Blancas y los militantes de la OCSS se reorganizan para exigirle a un gobierno autodenominado de izquierda, la libertad de su compañero Antonio Barragán y la reapertura del caso, como remarcaron en su mitin, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y los culpables deben ser castigados.
AUTOR: AXEL HERNÁNDEZ.
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