La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este martes su “preocupación” por una reforma en Puebla, estado del centro de México, que criminaliza con hasta tres años de cárcel el “ciberasedio”, lo que “podría derivar en censura encubierta” y “castigar críticas incómodas”, según el organismo.

La organización, con sede en Miami, advirtió en un pronunciamiento de que se “limitaría gravemente la libertad de expresión en entornos digitales” con la reforma al Código Penal de Puebla, el quinto estado más poblado de México con más de 6,5 millones de habitantes.

La medida, ya vigente, crea el delito de “ciberasedio” para “quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño”.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación de México, negó este martes durante la conferencia mañanera que el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación busque la censura de medios de comunicación. Esto, tras la polémica iniciada en Puebla por la llamada “ley censura”.

Publicada el viernes, la reforma al Código Penal estatal crea el delito de “ciberasedio”, para “quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emociona”.

Establece cárcel de 11 meses a tres años.

Desde su publicación la semana pasada, el gobernador poblano convocó a foros para analizar la reforma que ya publicó en el Periódico Oficial del Estado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

La cuarta exhumación en las fosas de Jojutla avanza con graves fallas técnicas, falta de personal especializado y bajo presión constante para acelerar los trabajos, poniendo en riesgo la recuperación adecuada de restos y limita la identificación de las víctimas, denunciaron colectivos de buscadoras.

Las fosas, ubicadas en el panteón “Pedro Amaro” de Jojutla, usadas entre 2007 y 2014 para inhumar de forma irregular a decenas de personas, han sido objeto de diligencias desde 2017.

La última comenzó el 26 de mayo y debía concluir el 13 de junio, pero fue hasta hoy que la Fiscalía informó oficialmente que la fecha se extenderá hasta el 20 de junio, aunque para las víctimas y sus familias, esta ampliación resulta insuficiente.

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, recibió a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegó a su país como una de las invitadas a participar en la Cumbre del Grupo de los siete (G7) que se celebra en estos momentos en Kananaskis.

El recién nombrado Primer Ministro canadiense extendió una invitación el pasado 27 de mayo a Claudia Sheinbaum para asistir a la reunión de este grupo selecto de países que representa a las siete economías más influyentes del mundo: Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Japón y Canadá.

Sheinbaum tiene previsto participar en este foro y sostener conversaciones con el Primer Ministro canadiense, así como con otras personalidades políticas de diversas regiones del mundo que también fueron invitadas a esta Cumbre.

Gracias al primer ministro de Canadá, @MarkJCarney, por la invitación a la Cumbre del G7. pic.twitter.com/hbHVxd26gL

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 17, 2025

Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, fue asesinada a balazos junto a su esposo en un ataque armado al exterior de su domicilio, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió al mediodía de este martes 17 de junio y también resultó herido un hijo de la edil, quien fue trasladado a un hospital para ser atendido.

Guillermo Valencia, dirigente estatal del PRI, confirmó el asesinato de la presidenta municipal y señaló que se trató de un “ataque directo” en su contra.

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia. Estas reformas proponen legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, una práctica que hemos advertido y documentado ampliamente por sexenios- como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo ilegalmente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos con impunidad.

A través del artículo 29, fracciones XXI a XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública General, esta reforma propone facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones.

Adicionalmente, si bien la Ley de Guardia Nacional vigente no incluye salvaguardas suficientes en la realización de actividades de investigación e inteligencia, la reforma propuesta no sólo no las incorpora, sino que representa un retroceso a los controles existentes. Por ejemplo, el artículo 9 fracción XXVI de la redacción propuesta  genera confusión respecto de si la Guardia Nacional requiere autorización judicial para acceder a los datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real.

Estas reformas son parte de un paquete de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión que configuran -de manera individual y conjunta- un panorama peligroso para los derechos humanos. Por ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública plantean la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales tanto públicas como privadas sin los controles necesarios, así como la creación de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil. La Ley de Telecomunicaciones propone también este registro obligatorio de usuarios de telefonía y la obligación de las empresas de conservar y compartir datos, incluyendo la geolocalización en tiempo real. Además, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real. 

El incremento de las facultades de vigilancia sin control para la SEDENA y el debilitamiento de controles para la Guardia Nacional planteadas en estas reformas, así como las propuestas legislativas mencionadas en el párrafo anterior son presentadas en un contexto de debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales. En esencia, esta legalización de la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército expone gravemente la intimidad de la población y plantea importantes riesgos a la protección de datos personales y los derechos humanos.

Esta reforma, aunque se presenta bajo el título “en materia de Guardia Nacional”, rebasa este ámbito y le da facultades de vigilancia sin controles al Ejército. Por ello, denunciamos enérgicamente ésta y las demás propuestas legislativas -promovidas por el Poder Ejecutivo Federal- que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para desechar estas reformas en beneficio de la población mexicana y analizar este tipo de propuestas desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en el establecimiento de controles democráticos a la vigilancia. 

De igual manera, hacemos un llamado a la resistencia a todas las personas comprometidas con los derechos humanos para visibilizar los intentos de legalización de la vigilancia de comunicaciones practicada por el Ejército. Es necesario seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas y garantías de no repetición ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican estas prácticas intrusivas.

Firman

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

Social TIC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonará por adelantado la Cumbre de Líderes del G7, en el resort canadiense de Kananaskis, en Alberta, Canadá, la noche del lunes 16 de junio de 2025, para regresar de inmediato a la capital estadounidense Washington D.C., debido al conflicto bélico entre Israel e Irán.

“El presidente Trump tuvo un día excelente en el G7, e incluso firmó un importante acuerdo comercial con el Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer. Se logró mucho, pero debido a la situación en Oriente Medio, el presidente Trump se marchará esta noche después de cenar con los jefes de Estado”, informó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en su cuenta de la red social X.

Ello luego de que Trump publicara un mensaje en su cuenta de la red social Truth, advirtiendo de evacuar la capital iraní de Teherán inmediatamente. El magnate neoyorquino dejará pendiente una agenda de encuentros, incluyendo una reunión bilateral con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

“Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. ¡Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas! En pocas palabras: ¡IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR! ¡Lo he dicho una y otra vez! ¡Todos deberían evacuar Teherán de inmediato!”, escribió Trump, en Truth Social.

La presidenta de México aseguró, el 9 de junio de 2025, que asistiría a la Cumbre del G7, que se llevaría a cabo en Kananaskis, Canadá, del día 15 al 17 del mismo mes y año, además de que dijo que “es muy probable” que allí se reuniera de forma bilateral con su homólogo de EE. UU.

Según la agenda oficial difundida por la Presidencia de México, Sheinbaum Pardo y Trump sostendrían, entre las 15.40 y las 16:40 horas, del martes 17 de junio de 2025, su primera reunión bilateral que duraría una hora, en el marco de la Cumbre del Grupo de los 7, llevada a cabo en Canadá.

Incluso, el 16 de junio de 2025, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó que en la reunión que sostendría Sheinbaum con Trump en la Cumbre del G7, se apostaría por tener una relación respetuosa.

“Dijimos que había una relación de respeto con todos los mandatarios del mundo y que tenemos a la mejor representante de México allá en esa reunión del G7”, comentó la funcionaria federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo Federal arribaría, la tarde del 16 de junio de 2025, al Aeropuerto Internacional de Calgary, para luego sostener un encuentro privado con el Consejo Empresarial de Canadá.

Un día después, Sheinbaum Pardo participaría en la fotografía oficial del G7 y en una reunión trilateral con el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Al mediodía dialogaría con el primer ministro de India, Narendra Modi, para luego asistir a la plenaria de la Cumbre, donde podría tener una participación. Tras su bilateral con Trump -que se canceló-, sería recibida en privado por el anfitrión, el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Por su parte, al llegar a Calgary, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que la presidenta de México presentaría a su homólogo de Estados Unidos, un balance sobre los esfuerzos de su Administración en el combate al crimen organizado.

“Yo creo que la presidenta va a dar una participación de lo que estamos haciendo, de lo que se ha hecho”, afirmó el funcionario federal, entrevistado por el diario Reforma, antes de la reunión que sostendría Sheinbaum Pardo, con el Consejo Empresarial de Canadá.

García Harfuch confió en que el encuentro bilateral permitiría incrementar la cooperación de ambos países, para hacer frente al problema de inseguridad. Sin embargo, insistió en que la colaboración debería darse con pleno respeto a la soberanía de ambos países.

“Sí, tenemos una muy buena relación, trabajamos de manera continua y permanente con el Gobierno de Estados Unidos, siempre respetando la soberanía y cada quien en su territorio”, respondió el titular de la SSPC Federal.

Andrea Genaro, de 52 años, tenía un dolor en el estómago que no la dejaba estar en paz. Acudió a la Clínica 5, de los servicios de salud de la Ciudad de México, donde atienden a personas sin seguridad social como ella. Para su sorpresa, esperó poco para ser atendida por una médica y tres días después recibió los resultados de los estudios de sangre y orina que le mandó a hacer.

Al regresar a consulta, la doctora le dijo que tenía infección en las vías urinarias, pero no tenían medicamento para darle. “Me seguí sintiendo mal. Y (pensé) si ya me hicieron el estudio y no me dieron nada, pues mejor voy a otro lado. Y fui al Similar”. 

Pagó 60 pesos por la consulta y la doctora nuevamente le mandó a hacer estudios, pero esta vez, Andrea tuvo que pagar 350 pesos en un laboratorio de la misma cadena de farmacias. Gracias a eso le detectaron una bacteria en el estómago y le recetaron antibióticos por los que pagó otros 200 pesos.

Desde el 22 de mayo, Animal Político preguntó a la Secretaría de Salud sobre el incremento de servicios privados de salud durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero no hubo respuesta. Al final de esta nota podrás ver el cuestionario enviado.

Los más pobres pagan por atención médica

A través de solicitudes de información, Animal Político obtuvo la estadística de los nuevos “Avisos de Funcionamiento”, un permiso que cualquier establecimiento privado que quiera dar servicios de salud debe tramitar ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 

Se trata de consultorios que un médico puede abrir incluso en su casa, consultorios adyacentes a farmacias, consultorios en torres médicas, e incluso de atención dental.

El número de nuevos registros no se puede contabilizar en acumulable, puesto que algunos establecimientos dejan de operar. De ahí que hasta 2023 funcionaban 18 mil consultorios adyacentes a farmacia. Lo que representó un crecimiento de 38 % en comparación con los 10 mil que había en 2013, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).

A lado de Gabriela está María Palma, octogenaria, que acude para tratar su gripe. Ella trabajó como modista y su esposo, ya fallecido, era mesero. Nunca tuvieron seguridad social, aunque algunos años se atendió en los centros de salud de la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular, pero tras su eliminación y sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), desaparecido a los dos años de su creación, dejaron de atenderla. 

Así lo explica Luis Gustavo Jiménez, amigo de su marido, quien la acompaña. “La señora tuvo Seguro Popular durante muchos años. Cuando cambia de nombre ya tuvo dificultades. También iba aquí al hospital de Xoco y ya no la atendieron y yo no tuve la oportunidad de ver por qué. Entonces la traemos acá (consultorio de farmacia). Esta es la salvación. Esta es la solución”, dice Luis. 

Sin embargo, tiene la esperanza de que las promesas del expresidente se cumplan. “Mientras esto siga siendo así, hasta que funcione bien el IMSS-Bienestar, que es para la gente que no tiene seguridad social, yo creo que esto (los consultorios de farmacia) va a atenuarse. Porque mientras no tengamos ya un servicio de salud como el que queremos, esto es lo que va a seguir aliviando al país lamentablemente”, remata Luis. 

María sólo vive de la pensión para Adultos Mayores, el principal programa social impulsado por el expresidente López Obrador, y utiliza parte de esos 6,200 pesos bimestrales para pagar el médico y medicinas en farmacias que venden medicamentos genéricos.

Estos establecimientos también ayudan a aminorar el impacto del desabasto de medicamentos en el servicio público, que, de acuerdo con cifras oficiales, al menos 15 millones de recetas no fueron surtidas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Bertha Mercedes, jubilada de 63 años, es una de ellas. Es hipertensa y necesita medicación permanente que no siempre consigue en el IMSS. “Cuando no hay medicamentos en el seguro, los vengo a comprar aquí porque es más económico. Por ejemplo, el mes pasado no hubo. Si lo compro aquí son como 200 pesos. Si lo compro de patente, un medicamento me sale en 600 pesos. Y desde la pandemia ya no trabajo, entonces, pues está más difícil el asunto”. 

Andrea, Gabriela, María y Bertha son sólo una muestra de un patrón creciente en el país: los mexicanos gastan cada vez más no sólo en pagar una consulta, sino en las medicinas para tratar sus padecimientos. 

La compra de medicinas aumentó en 39 % entre 2018 y 2022 a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del INEGI. Pero al desagregar por ingreso, nuevamente los más pobres gastaron más. Su desembolso pasó de 211 pesos en 2018 a 427 pesos en 2022, prácticamente el doble. 

¿Dónde termina ese dinero? 

La iniciativa privada, el gran ganador

Si bien estos establecimientos tuvieron aún mayor demanda durante la pandemia, el primer gran incremento ocurrió en 2010, cuando las autoridades mexicanas regularon la prescripción de antibióticos que previamente se vendían sin receta médica. Esto provocó que las personas buscaran atención médica en mayor medida y los consultorios adyacentes a farmacias fueron la oferta a esa demanda.

Así lo explica el estudio “Utilización de servicios de salud en México: cascada de atención primaria en 2022”, del Instituto de Salud Pública. “Aunque este tipo de establecimientos a menudo cuentan con instalaciones muy básicas, y el hecho de ser anexos que pertenecen a las farmacias plantea un potencial conflicto de interés para los médicos que atienden en ellos, la población los utiliza con frecuencia”. 

Entre los motivos para acudir a estos establecimientos está el acceso como la ubicación o el horario, en 71 %; 21 % tiene relación con la calidad y 8 % con otros motivos.

Sin embargo, aunque resuelven una necesidad, estos establecimientos únicamente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana 005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica ambulatoria de pacientes, vigente desde el 16 de octubre de 2010; y el  Aviso de Funcionamiento de la Cofepris.

Entre estos requisitos está, por ejemplo, tener un aviso de responsable sanitario con título profesional, rótulo donde indique el horario de su asistencia, así como el horario de funcionamiento del establecimiento, título profesional del médico que brinda la atención médica a la vista del público, y otros referentes a infraestructura.

Además, la Cofepris realiza inspecciones para revisar el cumplimiento de estos requisitos. Sin embargo, no hay ningún otro mecanismo sobre la práctica médica, sobre todo para identificar que los tratamientos recetados estén relacionados con la mejor decisión de atención y no con un componente comercial alentado por la empresa propietaria de las farmacias. 

De ahí que incluso el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señaló “la necesidad de crear un régimen que supervise y controle la expansión de este sistema privado, particularmente por su rápido crecimiento en el sector, y considerando su accesibilidad geográfica y burocrática, con el fin de garantizar los requerimientos mínimos de calidad en la provisión de salud y minimizar los incentivos negativos para sobremedicar a los pacientes”.

Cuestionario solicitado a la Secretaría de Salud

Este es el cuestionario íntegro enviado por Animal Político desde el 22 de mayo a la Secretaría de Salud. 

1) ¿Cuál es el diagnóstico de la Secretaría de Salud sobre el incremento de servicios privados de salud, sobre todo relacionados a la primera atención en consultorios adyacentes a farmacias y a viviendas? ¿Cuáles son los motivos que encuentran para explicar este incremento?

2) ¿Además del aviso de funcionamiento, qué otro elemento existe para que el Estado vigile la atención prestada en estos establecimientos?

3) ¿El incremento de este tipo de establecimientos es considerado un problema o ayuda para el Estado en la atención de primer nivel de la población?

4) Otro indicador es que los mexicanos gastaron 39 % más en la compra de medicinas en 2022 que en 2018, en términos reales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. ¿A qué le atribuyen este incremento?

5) Sobre los seguros privados de salud, también hubo un incremento, al pasar de casi 1.7 millones de personas con este tipo de servicio contratado en 2018, a 8.3 millones en 2023, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). ¿Cuáles serían los motivos de este incremento, de acuerdo a la Secretaría de Salud?

6) Tenemos casos de médicos especialistas del sector público y que optan únicamente por prestar servicios privados. ¿La Secretaría de Salud ha identificado esto como un fenómeno/patrón? ¿Tienen estadística sobre el número de especialistas que ha renunciado entre 2012 y 2024? 

7) ¿Estos indicadores comprobarían que la salud en México se está privatizando?

8) ¿Cuáles son las estrategias de la Secretaría de Salud para aumentar la atención pública de primer nivel y cuáles son las metas y para qué periodos?

Casillas con más votos que votantes, casillas “zapato” o con sufragios por un solo candidato, boletas que no se doblaron pero aparecieron marcadas en los cómputos, robo de paquetes electorales, coacción del voto y el reparto masivo de acordeones. Éstas son algunas de las irregularidades ocurridas en la elección judicial que, sin embargo, no fueron consideradas determinantes por el Instituto Nacional Electoral (INE) para invalidarla.

Las consejeras y consejeros del INE decidieron excluir del cómputo nacional 818 de las 84 mil casillas instaladas el 1 de junio. Y, durante tres horas, discutieron el impacto de las “gravísimas” irregularidades; pero aun así declararon la validez general de la elección judicial y, anoche mismo, entregaron las constancias de mayoría a las cinco ministras y cuatro ministros electos, quienes llegarán a la Suprema Corte de Justicia en septiembre próximo.

Elección judicial: un viaje al pasado electoral de México

La aprobación de los acuerdos en los que el INE confirmó la sumatoria de los votos obtenidos por las candidaturas a la SCJN, la declaración de validez de la elección judicial y la emisión de constancias de mayoría a las nuevas ministras y ministros, provocó un agrio debate en el Consejo General.

De un lado, y a propuesta del consejero Arturo Castillo, algunos integrantes se pronunciaron en contra de que el INE declarara la validez del proceso, dada la cantidad de irregularidades.

“Existe un importante cúmulo de indicios que documentan posibles irregularidades graves y generalizadas, que desde mi perspectiva generan una duda razonable sobre su validez, de ahí que proponga no declarar la validez”, explicó Castillo.

Pero sólo cuatro integrantes más acompañaron su propuesta: Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera y Martín Faz.

Del otro lado, la consejera Guadalupe Taddei hizo una defensa de la limpieza y legalidad del proceso y del trabajo de la estructura del INE para llevarlo a buen puerto. Con ella, votaron por aprobar la declaración de validez de la elección de la Suprema Corte los tres integrantes de la Comisión organizadora de la elección, Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López, además de Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quien hizo una dura crítica a las prácticas detectadas en esta elección, pero terminó votando con el bloque de Taddei.

Las consejeras y consejeros hicieron su propio relato de una polémica elección que llegó a su fin, por lo menos en lo que toca al INE, con un sinfín de referencias al “paleolítico electoral” de México. 

“Encontrar esas evidencias y huellas de fraude fue para mí como un viaje al pasado”, dijo el consejero Jaime Rivera, quien hizo ver que en algunas casillas se encontraron una cantidad de votos que sólo hubieran podido depositarse si la jornada electoral hubiese durado 29 horas, y no las 10 que marca la ley.

“En esta elección vimos renacer muchas conductas que yo pensé que estaban enterradas en el pasado, conductas que a mí no me tocó vivir en mi juventud, pero que personas mayores que yo sí las vivieron”, dijo la consejera Dania Ravel, una de las que se pronunció por no dejar impunes actos que mancharán para siempre el sistema electoral mexicano y que, según ella, recuerdan los tiempos en los que se hablaba de “ratón loco”, “urnas embarazadas”, “casillas zapato” y “boletas planchadas”.

La consejera Claudia Zavala advirtió que la aparición de acordeones, las casillas zapato, las boletas que no se doblaron y nunca entraron a una urna, las boletas marcadas con la misma caligrafía y la existencia de casillas con 100 % de participación o incluso con más votos que votantes registrados en la Lista Nominal dejan ver una operación que debió financiarse con cuantiosos recursos.

Pero fue más allá, al asegurar que pretender no declarar la validez es intentar manchar el trabajo de todos los que hicieron posible la elección.

“Yo sí voy a defender el trabajo de este Instituto”, expresó, “no admito que se ponga en duda por 818 casillas contra más de 80 mil, ni la integridad, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la responsabilidad, ni el efecto correcto. Aceptémoslo, colegas, tuvimos un proceso electoral excelente. El INE cumplió y cumplió bien”.

Un joven empresario y emprendedor fue asesinado anoche presuntamente por negarse a pagar "derecho de piso", lo que causó una ola de indignación en las redes sociales.

La víctima, Antonio Magaña Cupil, conocido como "Niñón Jr.", tenía cuatro restaurantes de butifarras, un embutido originario del municipio de Jalpa de Méndez.

El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Lázaro Gambino Espinoza, fue asesinado en Zapopan, Jalisco, el domingo 15 de junio.

El funcionario estuvo ligado al Partido Sinaloense (PAS) y a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), llegando a la función pública junto a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exaliado del gobernador Rubén Rocha Moya asesinado en julio del año pasado.

El próximo periodo extraordinario del Congreso está previsto para llevarse a cabo del 23 al 30 junio, de acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas.

Sin embargo, el Senado de la Republica busca que, al tener, al menos 23 reformas por aprobar, se termine el 3 de julio.

La perrita Luna olfatea la tierra húmeda del rancho Las Pitayas,  en el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas. Da unas vueltas y luego se sienta en el hoyo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) acaba de abrir con un pico. Allí, se halló el retazo de un informe militar quemado.

“Si hubiera algún cadáver o resto óseo, Luna estaría escarbando. Está entrenada para reconocer el olor de descomposición en el suelo” explica un integrante de Protección Civil de Chiapas. 

El pasado 11 de junio se realizó la cuarta búsqueda que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda, la Protección Civil y familiares de personas desaparecidas realizan en este rancho. Durante la primera revisión, el 11 de diciembre de 2024, encontraron restos óseos calcinados.

La activista también critica a la FGE por no avanzar con la investigación de los casos que se van acumulando en los estantes de sus oficinas, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) por no brindar apoyo adecuado a las buscadoras chiapanecas. Al mismo tiempo, señala unas mejoras en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), que está auxiliando a su colectivo con personal y herramientas tecnológicas. Señala también un logro importante que Madres en Resistencia alcanzó tras años de lucha: a mediados de mayo, el Congreso de Chiapas creó una comisión para avanzar en la conformación del Consejo Ciudadano, órgano que, de acuerdo a la ley, hubiera tenido que crearse en 2019.

“El Consejo Ciudadano permitirá la participación de las familias en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas”, explica Isabel, cuya hija Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, fue desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Se la llevaron de un salón de fiestas durante la boda de Isabel unos hombres armados que llevaban en el pecho las siglas de la FGE. Sucesivamente, el celular de Cassandra fue geolocalizado en el rancho Aurora Buenavista mientras que el de Isabel, que los secuestradores también se llevaron, fue geolocalizado en el rancho Las Pitayas.

Los restos óseos calcinados, que han sido hallados en diciembre de 2024 en una fosa séptica del rancho Las Pitayas, están en tan mal estado que podría ser difícil sacar su perfil genético e identificarlos. Sin embargo, en un primer momento, las autoridades dijeron que se trataba de tres osamentas, de tres personas distintas y los medios afirmaron que pertenecían a los integrantes del grupo de siete personas que desaparecieron el 23 de noviembre de 2024, mientras viajaban en una Urvan que fue encontrada a pocos kilómetros del rancho. En realidad, la Colectiva Cereza tiene dudas de que los restos óseos les pertenezcan, pues la geolocalización de sus celulares no lleva al rancho Las Pitayas, aunque sí estuvieron en la colonia 20 de noviembre, que está cerca de allí.

“Me la pasé muy mal por la noticia que difundieron los medios amarillistas, era de noche y estuve marque y marque a la Fiscalía, pero no me contestaba”, dice Kenia García Chulín, joven de 19 años que desde aquel día busca a sus papás y a su hermanito de 12 años.

Junto con los familiares de otras personas que viajaban en aquella Urvan, el pasado 11 de junio Kenia acompañó la revisión del rancho Las Pitayas. Presionaba a las autoridades para que buscaran minuciosamente, les señalaba pozos, rincones y un punto en el pasto donde había ceniza: allí, encontraron el uniforme militar quemado.

“¿A qué tanta profundidad se pueden encontrar restos?”, le preguntó a un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, que excavaba en el punto quemado indicado por Kenia. “Sesenta-setenta centímetros, no se toman la molestia de excavar más”, le contestó. 

Poco más allá, a lado de la fosa séptica donde se hallaron los restos óseos y de una pochota cuyo tronco está lleno de impactos de bala, la FGE encontró dos tambos de metal que sospecha pudieron haber sido utilizados para quemar cuerpos, y que serán analizados en un laboratorio. 

“No siento que haya mucha transparencia por parte de la FGE. Hay hilitos sueltos en la reconstrucción de los hechos que no ha podido coser: un día nos da una información y al otro día nos da otra, donde salen detalles que no se mencionaron en las anteriores reuniones”, dice Kenia. “Las familias que llevamos siete meses en esta búsqueda pudimos detectar algunos vacíos. Creo que para nosotros y ante las instituciones es muy importante caminar de la mano como familiares, que más que culpables estamos buscando a nuestros seres queridos desaparecidos”.

Los Alegres del Barranco lanzaron “El Consejo”, una nueva canción con mensaje positivo y con la cual se abre la posibilidad de que se suspenda el proceso en su contra por su presunta apología a la violencia en un concierto en Zapopan, Jalisco, en el cual interpretaron canciones y proyectaron imágenes alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Nos hemos dedicado a contar historias y probablemente esta historia que queremos contar es la más importante. Hicimos una canción a partir de la invitación que nos hizo el señor gobernador Pablo Lemus, para incitar a toda la juventud, a toda la sociedad en hacer las cosas bien, en irse por el buen camino”, señalaron en un video.

Esto ocurre luego de que el mandatario jalisciense señaló hace unos días que no quería ver al grupo musical en la cárcel, por lo que los invitó a hacer “una intervención ciudadana, pública, gratuita en contra de la apología del delito”.

Lemus también dijo que si la agrupación musical “tenía una actitud positiva hacia los jóvenes de Jalisco para invitarlos a seguir un camino de bien”, podría haber “consideraciones” con ellos.

En “El Consejo”, Los Alegres del Barranco alertan sobre los riesgos que implica involucrarse con grupos del crimen organizado y “merece ser escuchada con mucha atención”, señaló el gobernador y la compartió en sus redes sociales.

Se podría suspender proceso a Los Alegres del Barranco: fiscalía