El Poder Judicial de la Federación admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por no haber puesto en operación el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), violentando la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el pasado 31 de diciembre, el Juzgado de Distrito Décimo Primero en Materia Administrativa en la Ciudad de México dio entrada para su análisis de fondo a una demanda de amparo presentada por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, quien reclamó “diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de creación y operación del BNDF”.

Este miércoles una narcomanta apareció en Morelos en la que se lanzan amenazas contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien supuestos líderes de grupos criminales, advierten de que en caso de “desconocer los acuerdos” soltarán “datos exactos de la muerte de Samir Flores”.

Un juzgado de distrito admitió un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la omisión de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, que debió comenzar a operar desde enero de 2019.

La ley general en materia de desaparición de personas −publicada en noviembre de 2017−, ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparición de personas en México, entre ellas la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que hasta ahora no ha entrado en operación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la desaparición del Instituto de Desarrollo Social (Indesol) al asegurar que servía para entregarle dinero a las llamadas organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones civiles.

Acusó que no rendían cuentas y supuestamente apoyaban a causas sociales.

El sitio donde se reportó el cuerpo semienterrado de una mujer, sería una fosa clandestina, informó la fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas.

El pasado viernes tras recibir el reporte, personal de la fiscalía acudió a un predio que se ubica en la avenida Adolf Horn y La Grana, en el poblado La Esperanza, Tlajomulco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo confiar en que los miembros de la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos denominada Administración de Control de Drogas (DEA) y que operan en México, no cometan actos ilegales que efectúen la soberanía nacional.

Trastorno por estrés postraumático, emociones desbordadas y sin control, insomnio, amnesia, estado de shock, problemas con la pareja y la familia, entre otros, son algunas de las afectaciones detectadas por Verónica Belén Rodríguez Hevia, sicoterapeuta privada y perito en psicología jurídica, en algunas de las víctimas a las que da tratamiento profesional.

Cuatro personas privadas de la vida, fue el saldo de una jornada violenta ocurrida en las últimas horas en Tijuana.

De acuerdo a información obtenida por ZETA, esta mañana de miércoles, un hombre fue ejecutado a tiros cuando circulaba en su vehículo en las inmediaciones de la colonia Libertad. El hombre quedó sin vida al interior de un automóvil Chevrolet Impala, color plata, sobre la calle Pino Suárez y 21. El occiso, sin identificar, tenía varias lesiones por arma de fuego.

Integrantes de la tribu yaqui interpusieron un amparo contra el Plan de Justicia Yaqui impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante la falta de especificaciones sobre el manejo del agua y las inconsistencias en el decreto de creación del Distrito de Riego 018, informó el expreso político yaqui Fernando Jiménez Gutiérrez, del pueblo de Vícam, Sonora.

“Vimos algunas inconsistencias referentes al tema del agua, como que no se aclara quién será la figura que la manejará ni los volúmenes que sustentarán a la tribu”, explicó Jiménez Gutiérrez, quien agregó que las faltas “están protegiendo” el proyecto del Acueducto Independencia, contra el que el pueblo yaqui ha luchado por más de diez años.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha resultado muy respetuoso de la autonomía de los Estados, o de las decisiones de los gobernadores emanados de Morena, el partido que fundó y por medio del cual seis hombres y cinco mujeres ganaron la elección en sus estados en el 2021.

Conocida, y probada, la política pública del presidente de conceder cada vez más responsabilidades civiles a miembros de la milicia mexicana, como administrar las aduanas, los puertos, el aeropuerto, distribuir medicamentos, edificar parte del tren Maya, los bancos del bienestar, establecer estrategias de seguridad en Petróleos Mexicanos, o trasladar e incluso aplicar las vacunas contra la Covid19, entre otras, también les entregó la seguridad.

La noche de este martes se dio a conocer que la casa de gestión del diputado morenista Armando Zertuche Zuani, en Tamaulipas, fue atacada por un grupo de personas armadas.

Zertuche es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas, y los hechos fueron dados a conocer por el mismo legislador a través de sus redes sociales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó este miércoles el apoyo de los hoteleros de la Riviera Maya a que colaboren con el Gobierno federal para permitir la construcción de un nuevo trazo del Tren Maya que pasaría a espaldas de los complejos turísticos instalados en la playa.

En su conferencia matutina, López Obrador informó que le pidió al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajar a Quintana Roo para dialogar con los empresarios hoteleros sobre la modificación en la ruta y evitar que se detengan las obras.

Integrantes de la Santa Iglesia de Potam y la tropa Yoremia de la etnia yaqui denunciaron ser víctimas de discriminación, hostigamiento y abuso de poder por parte de funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

En un comunicado, los integrantes de la tribu yaqui asentada al sur de Sonora, señalaron que funcionarios a cargo del titular del INPI, Adelfo Regino Montes, "han fomentado la confrontación, la mentira, el miedo, el odio y el desequilibrio en la vida interna, dentro de nuestras comunidades indígenas asentadas en Huirivis, Rahum y Belem, pero especialmente en el pueblo de Potam".

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México, confirmó la sentencia de un juez federal, quien negó un amparo al abogado Juan Collado Mocelo contra la acusación que le formuló la Fiscalía General de la República (FGR), por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que lo mantiene en prisión preventiva justificada desde 2019 en el Reclusorio Norte de la capital.

“Se confirma la sentencia recurrida. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto. Tercero. Queda sin matera el recurso de revisión adhesivo hecho valer, tanto por el Director de Área en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como por la agente del Ministerio Público de la Federación”, señalaron los magistrados del colegiado, quienes no hicieron pública los motivos de la determinación ni el expediente.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que este mes se anunciará un paquete de inversiones junto con la patronal del país con tal de impulsar el crecimiento económico.

La Senadora Susana Harp, aspirante al Gobierno de Oaxaca, acusó a Morena de simular la elección de candidaturas estatales para los comicios de 2022 y con ella relegar a las mujeres en las entidades donde tienen menos posibilidades de ganar, con lo que —dijo— el partido viola el principio de igualdad sustantiva.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una condena de hasta 39 años de prisión para Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho, según confirmaron este miércoles a EFE fuentes judiciales.

El escrito de acusación fue presentado ante un Juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y en un plazo máximo de cinco días se debe informar a la defensa, que a su vez procederá con el “descargo de pruebas”, agregó la fuente.

El 31 de diciembre se hizo oficial el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el Instituto de Desarrollo Social (Indesol), órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, pero sin la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados, y el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día. 

En entrevista con Animal Político, Fabiola Alanís titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dijo que esta se haría cargo del PAIMEF a partir de este año. Sin embargo, las reglas de operación del programa para 2022 fueron emitidas por la Secretaría de Bienestar y se encuentran en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desde el 11 de diciembre pasado.

A las 10:45 de la mañana de este lunes 3 de enero ya no hay posibilidad de hacerse una prueba COVID-19 en el Centro de Salud T-II Tezozomoc, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Solo había 35 pruebas disponibles para este día y las fichas ya se repartieron. 

“Ahorita ya no hay pruebas. Ya se repartieron las fichas para hacerlas. Venga mañana. La gente empieza a formarse desde las 6”, dice el policía de la entrada, mientras una de las enfermeras lo escucha, parada detrás de él, y confirma lo que dice. 

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, minimizó haberse tomado una fotografía con tres presuntos líderes del narco en la entidad porque, dijo, se ha tomado muchas con distintas personas desde que era futbolista y no dudó de que saldrán más. Por el contrario, dijo que esto se trata de un nuevo en su contra de parte de "narcopolíticos".