La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Salud por irregularidades, negligencia médica y omisiones que provocaron la muerte a un paciente en 2019.

La recomendación fue dirigida al secretario de salud Jorge Alcocer Varela por la falta de atención urgente y los diagnósticos contradictorios que recibió el paciente en el Hospital General Dr. Manuel Gea González y en el Hospital Nacional Homeopático.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio positivo a covid-19.

Fue el mismo secretario general quien informó su resultado positivo a través de su cuenta de Twitter, en donde también señaló que se aislará en su domicilio y se someterá a tratamiento médico, el cual no especificó.

La cuenta en Twitter de la lingüista mixe Yásnaya Aguilar Gil fue suspendida luego de que publicara un mensaje en el que cuestionaba el nombre de “servidores de la nación”, con el que se denomina a los funcionarios federales encargados de entregar los apoyos sociales del gobierno.

“Le llaman servidores de la nación a lo que en otros lados llaman agentes del estado. Qué obsesión del estado de querer ser una nación”, escribió la lingüista y defensora de las lenguas indígenas, a lo que agregó en otra publicación que el nombre era “bien cursi, eso sí, muy adecuado a la tradición nacionalista mexicana”.

Organizaciones y colectivos contra la violencia de género denunciaron frente al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la ONU que las acciones del gobierno mexicano «siguen siendo insuficientes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres».

Las organizaciones, entre las que se encuentra el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), indicaron que a pesar de que la mayoría de las medidas y recomendaciones emitidas a las autoridades para atender la violencia feminicida estuvo encaminada al funcionamiento de las políticas públicas ordinarias, «estas políticas fueron instrumentadas de manera deficiente, lo que derivó en que no garantizaran la vida e integridad de las mujeres, por no haberse implementado de manera efectiva».

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) decretó en alerta crítica al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas).

La declaratoria surte efectos a partir de este 16 de febrero de 2021y hasta nuevo aviso.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que la interrupción del servicio de energía eléctrica continuará de manera aleatoria y rotativa con el propósito de  “estabilizar” el sistema eléctrico nacional y evitar afectaciones mayores.

En un comunicado, informó, además, que hasta las seis de la mañana de este día se encontraban sin suministro 89 mil 183 usuarios de los estados de Chihuahua y Tamaulipas, que, subrayó, representan 0.21% de los usuarios totales en las entidades afectadas y 0.2% del total de usuarios de la CFE.

Como se recordará, la discusión se aplazó luego de que el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Patronal de la República Mexicana rechazaran la iniciativa del gobierno federal, bajo el falso argumento de que se perderían miles de empleos.

En realidad lo que defienden los patrones no son los puestos de trabajo ni, mucho menos, a las personas que dependen de éstos, sino sus propios intereses basados en un modelo de negocio que descansa en dos principios: 1. La máxima rentabilidad a partir de la explotación de la mano de obra precaria, y 2. El casi nulo reparto de la riqueza a partir de la elusión fiscal.

Un grupo de mujeres y colectivos feministas solicitaron por medio de redes sociales al Presidente Andrés Manuel López Obrador que “rompa el pacto patriarcal” con Félix Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero y ha sido denunciado por violación sexual.

Ni ahorro por evitar la corrupción, ni austeridad republicana.

Cuando López Obrador afirmó el viernes pasado, en Palacio Nacional, que “por no permitir la corrupción se ha ahorrado más de un billón de pesos” – sin comprobarlo con documentos ni dando mayores detalles financieros-, en realidad recurrió al cada vez más preocupante y abierto patrón de conducta presidencial: esgrimir mentiras.

La Ciudad de México arrancó esta mañana la vacunación contra la COVID-19 a domicilio para personas adultas mayores de 60 años que tienen imposibilidad para trasladarse a alguno de los centros de inmunización.

La Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló en su cuenta de Twitter que a partir de este miércoles 17 de febrero se movilizaron 27 brigadas de vacunación para acudir a asilos y a domicilios privados de población adulta mayor de 60 años que desee aplicarse la vacuna contra el nuevo coronavirus.

El Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán concedió tres suspensiones de obra del Tren Maya luego de admitir tres demandas de amparo contra la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Los delitos y la corrupción detrás de la operación de un grupo criminal de origen rumano dedicado a la clonación de tarjetas bancarias, el cual operaba desde Cancún, Quintana Roo, van en ascenso.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra de 15 personas y 15 empresas posiblemente fantasma, que conformaron una presunta red de lavado de dinero a través del cual se ocultaron millones de dólares provenientes del fraude en inversiones inmobiliarias y paraísos fiscales.

No es “correcto” ni “debido” que se tomen fotografías a los adultos mayores que acuden a vacunarse contra la Covid-19, consideró el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por esta razón, el organismo solicitará una reunión urgente con la Secretaría de Gobernación (Segob) para advertir sobre los riesgos que se corren al solicitar la presentación de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y la toma de fotografías durante la aplicación de las vacunas.

La Comisión de Energía aprobará el viernes el dictamen a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que, anticipa el proyecto, “terminará con años de saqueo y de privilegios a la generación privada que causó un grave perjuicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)” por la aplicación de un mercado “a modo” de las empresas particulares.

El documento, que se circuló esta mañana a los integrantes de la comisión, junto con la convocatoria a reunirse el viernes a las 10:30 horas, anticipa que la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pleno sustento constitucional y dará fin a un mercado donde CFE compra la electricidad a los particulares “el doble de precio y otorgar subsidios encubierto para mantener el sistema perverso de la práctica del dumping”.

Funcionarios de varias agencias estadounidenses y la multinacional Bayer presionaron al Gobierno mexicano para que reconsidere la prohibición del uso del glifosato, un herbicida muy usado en agricultura al que expertos y grupos ecologistas atribuyen efectos adversos sobre la salud.

Mediante solicitudes de transparencia, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) obtuvo correos electrónicos que revelan que funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) intercambiaron información con CropLife America sobre la postura de México respecto al uso del controvertido agroquímico.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó la mañana de este miércoles que se compraron tres barcos de gas licuado y no descartó adquirir más para que puedan trabajar las plantas eléctricas afectadas por la falta de combustible, importado desde Estados Unidos, lo que tiene hasta el momento a 89 mil 183 usuarios sin luz en Chihuahua y Tamaulipas.

Una Jueza en Milán falló que puede proceder el juicio en un caso en que sacerdotes y abogados de la orden católica Legión de Cristo están acusados de ofrecer dinero a la familia de una víctima de abuso sexual para que mintiera a los fiscales.

En una audiencia preliminar el martes, demorada durante casi un año debido a la pandemia de coronavirus, la Jueza Patrizia Nobile confirmó los cargos de intento de extorsión y obstrucción de la justicia y fijó el 13 de mayo como fecha del juicio a los cinco sospechosos, dijo Daniela Cultrera, abogada de la familia de la víctima.

Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y pobladores de Ocosingo, Chiapas, denunciaron la detención arbitraria y «con lujo de violencia y abuso de autoridad» de dos de sus miembros que se trasladaban a Palenque para la venta de café orgánico.

Los detenidos, Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, fueron interceptados el pasado 10 de febrero a la altura del crucero Peña Limonar por un grupo de cincuenta personas con «armas fuego, palos y machetes», liderados por el presidente del comisariado, el concejo de vigilancia, el secretario del comisariado y el agente auxiliar municipal de Ocosingo.

Familiares de niños con cáncer se concentraron frente a las puertas de Palacio Nacional para exigir medicamentos e insumos para los tratamientos y quimioterapias, pues llevan más de 839 días en desabasto, aseguraron.

“Para el gobierno federal los niños con cáncer no existen. Hoy el gobierno federal nos quiere borrar del mapa a como dé lugar, es evidente su actitud”, dijo el vocero de los familiares de los menores, Israel Rivas.

Seis personas, familiares de víctimas de desapariciones, feminicidios, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, se desangraron fuera de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para visibilizar la falta de acceso a la justicia, así como a una reparación integral adecuada.

Desde la mañana del lunes y hasta las seis de la tarde, Laura Kabata, Ana María Álvarez, Leticia Vélez Guzmán, Flora Marcelo Rojas, Guadalupe Montserrat Rojas Hernández y una persona que prefirió reservase su nombre, trasladaron la protesta que mantienen a las afueras de la Secretaría de Gobernación a la oficina de la ONU-DH.