De manera definitiva el juez octavo de distrito rechazó el amparo que había interpuesto Emilio Lozoya Austin en contra del aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de la residencia que el exdirector de Pemex adquirió con dinero del soborno recibido por el empresario Alonso Ancira, por la compra de la planta de Agronitrogenados.

Se trata de la residencia ubicada en la calle de Ladera 20, colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, que Lozoya compró en 38 millones de pesos con el dinero que presuntamente le dio el dueño de Altos Hornos de México por promover la compra a sobreprecio de Agronitrogenados.

A la orilla del río Puxcatán está Macuspana, cuyas calles huelen a drenaje pues la crecida del afluente devolvió los detritus a los habitantes por sus cloacas; algunas son intransitables por las inundaciones; otras, por los costales de arena que las bloquean por doquier. 

Y en las vialidades de esta localidad, por las que transitó y creció durante su infancia y juventud Andrés Manuel López Obrador, todas las escuelas están habilitadas como albergues, iglesias y otros inmuebles del gobierno municipal y del estatal.

Una investigación y su resultado serán presentados hoy mismo para aclarar la participación de una prima del presidente Andrés Manuel López Obrador en negocios con el gobierno.

La posición presidencial fue insistente en lo que ha venido planteando desde el inicio de la administración: que no se pertenece, que como presidente no tiene familiares ni amigos, que no recomienda a nadie para contratos y que en su gobierno no son iguales a las pasadas administraciones.

Hace algunos días me llamó la atención una afirmación del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que su Gobierno impulsa un cambio de mentalidad en la sociedad mexicana.

Mi sorpresa se debió, primero que nada, a que tal propósito del Presidente es algo imposible si se intenta o se pretende hacer desde el púlpito presidencial –la conferencia mañanera –, por decreto o por el simple hecho de desearlo.

No dudo que ese “cambio de mentalidad” social pueda realizarse, pero el Gobierno de la Cuarta Transformación carece de las herramientas para llevar a cabo tamaña revolución en el pensamiento de la gente. Esta tarea no consiste en enganchar adeptos que piensen como el Presidente quiere. Para nada.

Bajacaliforniano de nacimiento, aunque se diga sinaloense, pero mexiquense por adopción del Grupo Atlacomulco. Uno de los Luis en la vida del expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Vega Aguilar (Mexicali, 1969), colaboró tanto con Peña como con Luis Videgaray Caso desde el Gobierno de Arturo Montiel Rojas (1999-2005), donde también laboró el otro Luis, Miranda Nava. De diferentes frentes, al exsecretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal y nacional se le señala de participar en la Operación Zafiro, en los sobornos de Odebrecht, en el caso Fertinal y de beneficiarse con contratos públicos.

Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ganado contratos con Pemex durante el gobierno actual, por más de 365 millones de pesos.

La ley que regule el outsourcing (terciarización) será producto de la negociación tripartita entre el gobierno, empresarios y dirigentes de trabajadores, puntualizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana negó que el dialogo con los sectores involucrados esté roto, por el contrario, se mantiene en busca de consenso.

“Hay diálogo, no está roto el diálogo, estamos buscando acuerdos, un consenso, y se va a seguir con los encuentros, se tiene que invitar a participar a los representantes de los trabajadores, tiene que ser un acuerdo tripartito, y no queremos imponer nada. Queremos convencer, y hay la actitud favorable de los empresarios, en el sentido de que no debe hacer prácticas irregulares, que no se debe afectar a los trabajadores con la subcontratación.

El diálogo con el sector empresarial, para explicar la iniciativa de reforma sobre la subcontratación, es necesario porque se les ha infundido miedo debido a la falta de información, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ataques armados por el grupo paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, contra las comunidades tsotsiles de Aldama “se han convertido en una imparable rutina de terror, violencia generalizada, despojo, desplazamientos y sufrimiento”, denunció la Comisión Permanente de los Comuneros de Aldama y de Desplazados del mismo municipio, en Chiapas.

La Comisión señaló que desde 2018 a la fecha se han documentado 22 heridos de bala en Aldama por los constantes ataques de los paramilitares de Chenalhó, sin que haya una intervención efectiva del gobierno para solucionar el conflicto agrario entre los municipios.

La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Víctimas para garantizar que niñas y niños en orfandad por el feminicidio de sus madres, o el homicidio de sus padres, tengan acceso a salud, educación, atención psicológica y accedan a los fondos de ayuda para víctimas.

En México no hay un registro oficial de cuántos menores de edad han quedado en orfandad a causa del feminicidio, por eso la reforma aprobada este 2 de diciembre, también obliga a crear un padrón permanente y actualizado de niñas, niños y adolescentes que están en esta condición, en el  Registro Nacional de Víctimas.

El sector público, privado y social tienen que trabajar juntos para lograr la recuperación económica, pues son los tres en conjunto los que permiten el crecimiento económico, la creación de empleos, el bienestar , la paz y la tranquilidad, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó durante una entrevista con La Jornada que “está claro” que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía de los mecanismos que efectuaron el desvío de miles de millones de pesos durante su Gobierno.

Nieto Castillo, quien lleva la batuta de la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), resaltó que “no había posibilidades” para que Peña Nieto no conociera las redes de corrupción que se formaron.

La operación del Gobierno de la Ciudad de México se reducirá al mínimo la próxima semana, incluidos organismos autónomos, con lo que se cerrarán incluso oficinas de atención al público, anunció este viernes Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien informó además que la capital del país se mantiene en Semáforo Naranja en Alerta al límite y a un paso de retroceder a Semáforo Rojo.

El aumento en las hospitalizaciones de enfermos por COVID-19 obligó a las autoridades capitalinas a tomar nuevas medidas y acciones para evitar los contagios del virus, y evitar retroceder al Semáforo Rojo, lo que sería otro fuerte golpe contra la economía de la capital.

El sistema de procuración de justicia del Estado de México enfrenta fallas estructurales que se agravaron con la pandemia de COVID-19, lo que, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional (AI), afecta las investigaciones sobre feminicidios y la desaparición de mujeres.

En el informe Como anillo al dedo. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de procuración de justicia del Estado de México, AI señala que esta situación ha causado violación a los derechos humanos de las familias de las víctimas, por la revictimización que sufren y por la impunidad que queda en muchos casos.

Este primero de diciembre, el gobierno de la CDMX anunció que para evitar largas filas en la aplicación de las pruebas rápidas, estas estarán disponibles en 117 centros de salud, 50 macro quioscos y 33 quioscos de la salud, ubicados en la explanada de las alcaldías y estaciones del metro y en las colonias de atención prioritaria. 

Un juez de control volvió a librar una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

La nueva orden de captura fue girada por el juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, dentro de la causa penal 211/2019 que la Fiscalía General de la República (FGR) instruyó contra Emilio Lozoya, su hermana Gilda y el socio principal de Altos Hornos de México (Ahmsa), Alonso Ancira, por el caso Agronitrogenados.

Expertos y relatores de derechos humanos de Naciones Unidas llamaron a cuentas al Estado mexicano por los actos de represión, a manos de elementos policiales, contra madres de personas desaparecidas y activistas de Guanajuato que participaron en una manifestación, en julio pasado.

Alfonso Romo Garza seguirá siendo su principal enlace con el sector privado y la Oficina de la Presidencia de la República desaparecerá, fueron los dos mensajes que, en torno a la renuncia del acaudalado empresario al gabinete, planteó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, el mandatario dio a conocer en sus redes sociales la renuncia de Romo Garza, considerado el principal enlace de la administración con el empresariado desde el período de campaña, quien inició la administración como jefe de la Oficina de la Presidencia, por lo que Gustavo de Hoyos Walter, dirigente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) y diferentes analistas, consideraron se había roto el principal vínculo del gobierno con la iniciativa privada.

Un juez revocó la condena de 22 años de cárcel por desaparición forzada impuesta a cinco marinos debido a fallos en la formulación de la acusación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde la puesta en marcha de la Guardia Nacional, 47 de sus elementos han sido detenidos y remitidos ante distintas agencias del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos que van desde el robo de una bicicleta o el asalto a un taxista, hasta hechos graves como pornografía infantil, violaciones, secuestro e incluso feminicidios.

Los primeros casos se remontan a julio de 2019 cuando inició el despliegue de esta nueva fuerza policial que hoy acumula más de 70 mil militares transferidos a sus filas, la mayoría de los cuales carecen de evaluaciones: 7 de cada 10 no ha sido sometido a las pruebas de control de confianza y el 100% carece del certificado que avala que son aptos para desempeñar el cargo.