FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Lejos de pacificar al país, lo ensangrentó. En vez de cohesionar a las fuerzas federales que enfrentan la potencia de fuego y el poder corruptor de la delincuencia organizada, Felipe Calderón dividió al Ejército y a las corporaciones policiacas, además de confrontar al Poder Judicial para mantener impunes a sus incondicionales y hundir a quienes consideraba sus adversarios. Al seguir el hilo de la fabricación del caso del general Ángeles Dauahare, se recorre toda esta trama de ilegalidades en que el expresidente basó su guerra contra el narco.
Apenas ocurrió el cambio de poderes se empezó a evidenciar de manera oficial que la violación al debido proceso fue una constante en el gobierno de Felipe Calderón. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez, se empezó a derrumbar otro de los grandes “éxitos” del sexenio pasado: La detención del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango acusado dentro de la “guerra al narcotráfico” del expresidente.
A la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le resultará difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Por sus servicios en la PGR, donde ha hecho parte de su carrera de servidor público, sobre todo en el sexenio pasado, Calderón ascendió a Vargas Tirado al grado de coronel del Ejército en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre, 10 días antes de que acabara su gobierno.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Lejos de pacificar al país, lo ensangrentó. En vez de cohesionar a las fuerzas federales que enfrentan la potencia de fuego y el poder corruptor de la delincuencia organizada, Felipe Calderón dividió al Ejército y a las corporaciones policiacas, además de confrontar al Poder Judicial para mantener impunes a sus incondicionales y hundir a quienes consideraba sus adversarios. Al seguir el hilo de la fabricación del caso del general Ángeles Dauahare, se recorre toda esta trama de ilegalidades en que el expresidente basó su guerra contra el narco.
A la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le resultará difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.
Por sus servicios en la PGR, donde ha hecho parte de su carrera de servidor público, sobre todo en el sexenio pasado, Calderón ascendió a Vargas Tirado al grado de coronel del Ejército en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre, 10 días antes de que acabara su gobierno.
Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.
