El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que presentó una denuncia por daño moral y que solicitó medidas cautelares tras la publicación de dos columnas en las que se afirma que el mandatario protege a un hombre acusado de lavar dinero del narcotráfico.

“No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios”, mencionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se debe de penalizar la decisión de los consejeros del INE que votaron por suspender la revocación del mandato; señaló que debe ser el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial quienes resuelvan.

Aseguró que los consejeros electorales cometieron un error y lo tendrán que reconocer y rectificar porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática.

La consulta popular que se realizó este año para preguntar si se debían indagar delitos del pasado (y que fui promovida por el gobierno como un juicio a los expresidentes) no ha arrojado, hasta ahora, algún resultado. El 2021 cierra sin denuncias presentadas o investigaciones en curso a partir de dicho ejercicio cuyo costo superó los 500 millones de pesos.

La única nueva acción que se ha anunciado es la creación de una comisión de la verdad para indagar las violaciones a derechos humanos durante el periodo de la llamada “guerra sucia entre 1965 y 1990”. Sin embargo, dicho organismo aun no ha comenzado a operar y de acuerdo con Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, se trata de una “gran simulación”.

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, instruyó al organismo abrir una investigación con respecto a la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, debido a acusaciones de “anomalías” en su arresto.

“En días pasados, esta CNDH recibió una solicitud de intervención emitida por familiares del señor Del Río Virgen, quienes señalaron que existieron anomalías en su detención que deben ser investigadas con total imparcialidad, por lo que, en virtud de que los hechos citados inciden en la opinión pública nacional, esta Comisión Nacional abrió un expediente de investigación”, informó por medio de un comunicado.

El 22 de diciembre, agentes de la Fiscalía General de Puebla detuvieron a Rocío Pastrana González, integrante del campamento Resistencia y Lucha en Defensa de la Tierra y Agua de Malacatepec, que se opone a la expansión inmobiliaria de Grupo Proyecta, desarrollador del clúster de fraccionamientos Lomas de Angelópolis.

Pastrana González es acusada de extorsión junto con otros 18 pobladores de esa localidad que se han opuesto a que se vendan tierras comunales de Malacatepec al grupo inmobiliario de los Posada Cueto, donde Pedro Aspe Bernal, hijo del exSecretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, es Gerente de Ventas.

Hasta el 25 de diciembre, el último día posible para entregar firmas para una consulta de revocación de mandato, el INE ha contabilizado 1.3 millones en la APP –aunque 293 mil presentan inconsistencias-, pero aún le falta abrir alrededor de 2 mil cajas con apoyos en formato físico, de acuerdo con un informe preliminar al que Aristegui Noticias tuvo acceso.

Para que se pueda realizar el ejercicio, se necesitan reunir 2 millones 758 mil 227 firmas, distribuidas en, al menos, 17 entidades federativas.

Las investigaciones penales abiertas tanto en Estados Unidos como en México en contra de Genaro García Luna, Iván Reyes Arzate, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, todos ellos emblemas de la Policía Federal, han incrementado los cuestionamientos sobre la eficacia de la Guerra contra el narcotráfico emprendida hace 15 años.

Estos elementos —algunos de ellos considerados como modelos a seguir por Calderón— implementaron la estrategia de seguridad en el Gobierno panista de Calderón Hinojosa (2006-2012) y ahora enfrentan acusaciones por supuestamente facilitar y proteger operaciones de tráfico de drogas de México a Estados Unidos, que habrían estado relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

La crisis de derechos humanos en la que México se encuentra inmerso desde hace más de una década no se ha podido revertir en 2021, al igual que en los últimos años, debido a la persistente impunidad y violencia, señalaron organizaciones civiles a Efe.

La corrupción al interior de las cárceles de México creció, pero es poco denunciada debido a la normalización, al temor a represalias y a la desconfianza que existe hacia las autoridades, refiere la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (Enpol) del Inegi, estudio que también revela que más de una tercera parte de las personas privadas de su libertad han sido víctimas de algún delito como extorsión, hostigamiento sexual, robo, entre otros.

Para el doctor Víctor Hernández, coordinador del diplomado de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la encuesta demuestra que en México el sistema penal es garantista sólo en el papel, ya que, en la ley establece que las personas detenidas tienen derechos, sin embargo, en la practica de la política criminal las personas, sin importar si son culpables o no son torturadas.

Se cumplen 28 años del alzamiento zapatista, ese grito salido de las entrañas de la selva, las cañadas y los bosques de Chiapas que sorprendió y trajo esperanza al mundo. Surgió cuando la Guerra Fría había concluido, con la victoria del imperialismo estadunidense, el colapso soviético y el triunfo ideológico de un discurso que dictaba sólo un camino: el del capitalismo descarnado, neoliberal, rapaz, impune.

En los últimos tres años, 28 empresas privadas cometieron 31 delitos ambientales en comunidades indígenas, mestizas y Áreas Naturales Protegidas, revelan datos entregados a Contralínea por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Entre ellas están: Granjas Carroll, Volkswagen y Audi, que utilizaron “bombas antigranizo”. Además, figura en la lista el Banco Actinver Grupo Financiero, con el “cambio de uso de suelo en áreas forestales”; y la Minera San Xavier, por afectaciones al medio ambiente derivadas de su actividad.

De acuerdo con la autoridad, la industria más contaminante es la minería, seguida del sector turístico. En respuesta a la solicitud de información 1613100040021, la Profepa dio a este semanario un listado total de 37 delitos ambientales cometidos del 1 de diciembre de 2018 al 6 de abril de 2021. Además de las irregularidades de dichas compañías privadas (31), se identificó una de la Comisión Federal de Electricidad, dos de secretarías estatales (en Querétaro y Tamaulipas) y tres casos contra “quien resulte responsable”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador mostró este lunes el desayuno que tuvo con el empresario Carlos Slim, el hombre más rico del país, y reveló que su empresa insignia pagó miles de millones de pesos a la Hacienda pública.

Al menos 2 mil cuatro fosas clandestinas han sido localizadas en la presente administración federal —del 1 de diciembre de 2018 al 4 de noviembre de 2021— y se han recuperado 3 mil 335 cuerpos de estos lugares, de acuerdo con el más reciente informe presentado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, el pasado 13 de diciembre.

La situación que guarda el tema llevó a que horas antes de que fuera presentado este informe, activistas y colectivos de familiares de personas desaparecidas de Guanajuato se manifestaran afuera de Palacio Nacional bajo la consigna: “Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él”; para ello recrearon estos entierros.

La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará 2021 superando las 102 mil 830 víctimas de homicidio doloso, registradas desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre, de las cuales el 70.30 por ciento ( 72 mil 294) fueron victimadas con arma de fuego.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), con corte al 31 de noviembre, el mes de mayo del presente año fue el más violento de este 2021 y de lo que va de la actual administración federal, con 2 mil 997 personas asesinados, de las cuales 2 mil 004 se cometieron con un arma de fuego.