También renunció Hugo Patlán Matehuala, quien era encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el área que procesa las quejas y denuncias y sustancia los procesos sancionadores contra actores políticos. La salida de Patlán se da luego de que voces del oficialismo, y la propia presidenta, se quejaran por la contratación de “funcionarios ligados al PRI de Sonora” en la estructura del INE.

A estas salidas se suma una cuarta, la de Roberto Carlos Félix López, quien era el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, y que ahora ocupará provisionalmente la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que dejó vacante Miguel Ángel Patiño.

Ayer, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quiso minimizar la crisis en el instituto, afirmando que es normal que los funcionarios tomen decisiones personales después de un proceso electoral intenso.

Sin embargo, las renuncias presentadas en días recientes la obligaron a reestructurar su equipo y echar mano de la nueva facultad que le dio la reforma constitucional de 2024 para hacer nombramientos sin la aprobación del Consejo General.

A Taddei y a Beltrones, jefe de Patlán, los une el paisanaje. Ambos son de Sonora, donde el primero fue Gobernador y ahora Senador, y ella presidió el órgano electoral del estado.

La trayectoria de Patlán Matehuala no es ajena a los procesos electorales. En 2000, representó legalmente al PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dos años después, se desempeñó como Secretario técnico de la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno (CDPI) y subsecretario de Elecciones del CEN del PRI, en un proceso en el que resultó ganador el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, como dirigente nacional, y Elba Esther Gordillo Morales, como secretaria ejecutiva.

En junio de 2005, formó parte del grupo de trabajo para la fiscalización de la rendición de cuentas y la transparencia de las precampañas presidenciales del Revolucionario Institucional, justo cuando nació la corriente Unidad Democrática (UD), que también fue conocida como Todos unidos contra Madrazo (Tucom).

En ese entonces, la prensa destacó cómo este grupo fiscalizador integrado por Patlán Matehuala así como por Mariano Palacios Alcocer, Héctor Hugo Olivares, César Augusto Santiago, Raúl Cervantes, Morelos Canseco, Carlos Flores Rico, José Luis Stein, Carlos Armando Biebrich y Rafael Ortiz, en realidad obedecía a los intereses de la dirigencia de Madrazo.

De hecho, medio año después, en enero de 2006, Hugo Patlán Matehuala formó parte de la llamada “Nomenklatura” de Roberto Madrazo al igual que lo hicieron Mariano Palacios Alcocer, Héctor Hugo Olivares y César Augusto Santiago, que también habían integrado el grupo fiscalizador del proceso presidencial del PRI. Esa “Nomenklatura” también la conformó Manlio Fabio Beltrones, uno de los principales operadores de Madrazo y jefe político de Hugo Patlán.

A Patlán Matehuala se le comisionó en ese proceso como uno de los enlaces Regionales de Giras de la campaña en la que Madrazo quedaría en un tercer lugar con un 22.26 por ciento del total de los votos, detrás de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, quien se impuso en una elección que a la fecha es considerada fraudulenta.

Durante el Gobierno de Calderón, Hugo Patlán Matehuala fue asesor de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, que corrió de 2009-2012, cuando el coordinador era Manlio Fabio Beltrones. Posteriormente en 2013, ya con el regreso del PRI al poder de mano de Enrique Peña Nieto, Patlán Matehuala fue coordinador de asesores del subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, uno de los principales operadores políticos de Beltrones, quien en 2011 respaldó las aspiraciones presidenciales del sonorense.

De la Secretaría de Gobernación, encabezada en esos años por Miguel Ángel Osorio Chong, Patlán Matehuala pasaría a desempeñarse como director general adjunto de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes —de junio de 2013 a enero de 2015— que administró el hoy fallecido Gerardo Ruiz Esparza, uno de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto y en cuya gestión frente a esta dependencia tuvieron lugar dos de las principales tramas de corrupción que involucraron a OHL y a Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, el empresario constructor de la Casa Blanca de Peña Nieto.

Posteriormente, regresaría por un breve periodo —de septiembre de 2015 a febrero de 2016— a la Subsecretaría de Enlace Legislativo encabezada por Felipe Solís Acero, para después regresar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrones; lo haría como Subsecretario en la Secretaría de Acción Electoral, el órgano partidista encargado, entre otras cosas, de coordinar el proceso de registro de candidaturas y de los representantes ante la autoridad electoral, así como de planear y organizar el empadronamiento del partido.

Fue el 5 de junio de ese año cuando el PRI perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas que no habían conocido otro gobierno que no fuera de este partido: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Las otras tres entidades fueron Aguascalientes, Chihuahua y Puebla.

Ante el fracaso de la dirigencia de Beltrones en el PRI, Hugo Patlán Matehuala se sumó en 2016 como Gerente Senior de lo contencioso y consultivo fiscal de la Coordinación General de Recaudación fiscal del Infonavit, entonces presidido por David Penchyna, a quien su antecesor, el exgobernador Alejandro Murat, expriista afiliado a Morena, ha acusado de realizar pagos indebidos a una empresa la cual no entregó el servicio contratado y sin embargo fue indemnizada por cinco mil millones de pesos.

Patlán se mantuvo en su puesto hasta abril de 2019, es decir ya en la gestión de Carlos Martínez Velázquez, quien durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció los esquemas de corrupción que imperaron en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ese mismo mes de su salida se incorporó como coordinador de operación y evaluación estratégica del IMSS, ya entonces encabezado por Zoé Robledo, cuyo padre el exgobernador priista Eduardo Robledo es cercano a Manlio Fabio Beltrones y a Roberto Madrazo Pintado desde el sexenio de Carlos Salinas.

Hugo Patlán Matehuala dejó en julio de 2019 el IMSS para sumarse al Instituto Nacional Electoral de la sonorense Guadalupe Taddei, de quien fue su asesor para luego ser nombrado encargado de despacho de la Dirección Jurídica en junio de 2023, luego de que los consejeros no llegaron a un acuerdo para nombrar a un titular. Meses después, ya en octubre, ocuparía la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desde donde se han emitido sanciones a periodistas en el pasado proceso electoral.

Nuevas atribuciones

La Comisión Nacional Antimonopolio tendrá mayores alcances en su labor, con la facultad de realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta para sus funciones.

Entre los cambios destaca el incremento en las multas, de hasta 200 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por obstruir verificaciones de la autoridad.

La ley incorpora la facultad al nuevo órgano de inhabilitar de forma temporal a empresas en procesos de contratación pública por un periodo de seis meses hasta cinco años por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, al margen de las responsabilidades administrativa, civil o penal en que se incurra.

El documento también propone que empresas inmiscuidas en prácticas monopólicas podrán obtener una reducción de las multas si colaboran en las investigaciones.

La reforma facilita que los consumidores presenten “acciones colectivas” desde que la resolución administrativa de la Comisión quede firme,  sin necesidad de esperar a que se agote un juicio en tribunales.

Entre las nuevas facultades que tendrá la CNA están la de establecer, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mecanismos de cooperación y coordinación con autoridades de competencia económica en el extranjero en materia de investigaciones e intercambiar todo tipo de información.

En el terreno de las telecomunicaciones, la nueva Comisión podrá imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado o zona geográfica.

Además, tendrá la facultad de declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en esos sectores y emitir opinión respecto del impacto en materia de competencia económica de las medidas específicas impuestas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. 

La senadora Blanca Judith Díaz, de Morena, defendió el proyecto al señalar que busca romper con una visión elitista y tecnocrática de la competencia económica. 

“México requiere una política de competencia económica que no sólo atienda criterios formales sino que sea sensible a las realidades del país, capaz de reconocer que no existe una competencia auténtica cuando persisten asimetrías estructurales, concentraciones excesivas o condiciones históricas de desventaja para actores productivos, especialmente en regiones marginadas o sectores estratégicos”, dijo. 

El órgano tendría facultades ampliadas para combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos del país.

Oposición acusa “retroceso”

Senadores de oposición calificaron como un retroceso preocupante la reforma, al señalar que centraliza funciones clave y debilita a los órganos autónomos.

El legislador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma afecta la transparencia y la competitividad del país.

“Representa en realidad un grave retroceso para la autonomía, para la transparencia y la eficacia en el combate a las prácticas monopólicas en México. Desde Movimiento Ciudadano enfatizamos claramente nuestra posición, estamos en contra de esta reforma porque creemos firmemente que debilita nuestras instituciones, perjudica a los ciudadanos que representamos y deteriora la competitividad y productividad económica del país”, dijo.

El senador Miguel Ángel Riquelme, del PRI, calificó la reforma como un retroceso con el pretexto de implementar la simplificación administrativa. 

“La propuesta de centralizar estas funciones y crear una Comisión Nacional Antimonopolio subordinada al Ejecutivo representa un riesgo para la democracia económica, diluye su capacidad técnica, abre la puerta a presiones de intereses y reduce su incidencia independiente en las regulaciones y las leyes”, dijo.

En tanto, el panista Marko Cortés acusó a la coalición mayoritaria de concentrar el poder la Presidencia: “Le quitan atribuciones exclusivas al Poder Legislativo y le están dando más poder a la titular del Ejecutivo Federal, quitan los órganos autónomos con autonomía de gestión y crean brazos operadores dependientes del Ejecutivo Federal”

Algo que enfatizó el senador Emmanuel Reyes es la ampliación de los mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos como el T-MEC, lo cual facilitará investigaciones transnacionales sobre concentración o colusión empresarial.

También se extiende de uno a tres años el periodo para investigar concentraciones entre empresas y se promueve la transparencia, al establecer la publicación obligatoria de versiones estenográficas de las sesiones del pleno de la Comisión.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Por lo pronto, la Cofece continuaría en funciones de manera transitoria en tanto se conforma el pleno del nuevo organismo.

Aseguró que el Inegi tiene a personas variables y que la plantilla de trabajadores ronda entre los 15 mil empleados mientras que el Coneval tiene cerca de 50 plazas fijas y eventuales.

“Por el gasto de duplicidad (…) cada producto científico generado por el Coneval tiene un costo presupuestal cinco veces mayor a lo que nos costaría todas y todos los mexicanos producirlo desde el Inegi. Por eso decimos, en lugar de oficinas, programas, en lugar de nómina, becas, en lugar de burocracia, resultados”, dijo la legisladora.

Se requiere evaluación del Coneval para enfrentar desigualdad

En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, indicó que enfrentar la desigualdad y la pobreza “no es un asunto de buena voluntad”, sino que requiere de medición y evaluación, de una visión de Estado, con políticas públicas consistentes y con instituciones capacitadas, por lo que lamentó la extinción del Coneval.

En ese sentido, aclaró que el Inegi es una buena institución, pero “no tiene las condiciones” para realizar la tarea del organismo que es “desmantelado”.

Recordó que la actual jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, impulsó el desarrollo de Coneval.

“Impulsamos la creación de estas instituciones autónomas como parte de un México democrático que impulsara condiciones para un buen gobierno. Un gobierno que no pudiera solamente medir como lo hace el Inegi, una gran institución, sino también evaluar y poder marcar el rumbo de a dónde debíamos ir”, comentó la emecista.

Retroceso para México la eliminación del Coneval

El priista Ángel García Yáñez, sostuvo que el dictamen a discusión es un “grave retroceso” institucional, pues la extinción del Coneval es con la intención de “silenciar” la identificación y medición de la pobreza, pues la información que evaluaba era objetiva, “y no como los otros datos que siempre tienen el oficialismo”.

En resumen, su desaparición obedece a “ocurrencias y caprichos políticos”, pues la política social no es un botón electoral, es un compromiso de Estado.

“Representa un grave retroceso institucional, no se cansan de desaparecer organismos públicos y ya nos dejaron sin el Inai, Cofece y ahora van por el Coneval”, recordó.

Por su parte, el panista Agustín Dorantes Lámbarri, aseveró que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo que esta reforma es un acto “descarado” de opacidad, pues pretenden extinguir al Coneval, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa.

“Lo que no se mide, no se puede mejorar. Hoy Morena nos presenta una reforma que no es sino un acto descarado de opacidad. Pretenden extinguir el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa, porque mide la pobreza con rigor, porque evalúa programas con transparencia, no se presta a su propaganda. Y este gobierno ha tratado a las instituciones autónomas como obstáculos”, declaró.

Extinción de organismos

Sus funciones serán absorbidas por instituciones del gobierno: las del INAI pasarán a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno; las del Coneval, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); las de la CRE y la CNH, a la Secretaría de Energía, y las de Mejoredu a la SEP.

En el caso de la Cofece y el IFT, los diputados morenistas preparan un organismo descentralizado que los pueda sustituir, debido a que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos exige que haya una institución independiente que realice las actividades de esas dos dependencias.

También de manera simbólica, los trabajadores instalaron una mesa de información para que se conozca lo que les corresponde por su indemnización laboral. 

Arturo Dávila Ramírez, inspector verificador del IFT, quien también se manifestó en la Cámara Alta, explicó a Proceso que lo único que buscan es reunirse con un senador para tener la certeza que en la reforma propongan y aprueben la reserva que garantice sus derechos laborales. 

"Aunque desde la reforma constitucional se dice que se van a respetar nuestros derechos laborales y vamos a pasar al nuevo órgano regulatorio, en esta nueva iniciativa que todavía no se vota no se aclara la forma, el cómo y qué instancia sería la que atendiera eso. 

“Nos sentamos ya a trabajar con secretarios técnicos de las Comisiones Unidas que dictaminaron esta iniciativa y también con el equipo del senador Mier, con su secretario y algunos de sus asesores. Entonces, ya conocen nuestras demandas, me parece que ya son conscientes. Ahora lo que buscamos es cerrar o dar ese siguiente paso que es acordarlo con un senador que vaya eso para adelante.”, detalló. 

Resaltó que son alrededor de mil 200 trabajadores que están en la incertidumbre laboral sin que se les defina cómo se realizará la transición al nuevo instituto y si son despedidos qué organismo pagará sus liquidaciones. 

"En esta iniciativa hay un artículo transitorio octavo, donde habla exactamente de los derechos laborales de los trabajadores del Instituto. Ahí menciona que se respetarán los derechos de los trabajadores, pero no menciona el cómo o en qué instancia. Y de tal manera que la misma ley extinga el Instituto, pues entonces no sabemos quién realmente va a ser frente, quién nos va a responder una vez que salga esta ley para atender nuestros derechos laborales”, detalló. 

Para finalizar, Arturo Dávila reiteró que los trabajadores no están en contra de la reforma ni en contra de esta transición, solo piden claridad respecto a nuestros derechos y la certeza en la transición de la mejor manera de ellos.

El miércoles pasado, los trabajadores estuvieron afuera de las mismas oficinas por más de dos horas, ya que les habían prometido una reunión con autoridades de la SEP; sin embargo, no fueron atendidos, bajo el argumento de que hubo otra manifestación el mismo día.

Una semana después, inconformes, los servidores públicos volvieron para exigir ser atendidos, lo que no ha ocurrido, por lo que decidieron bloquear la avenida Coyoacán para presionar a la SEP.

Van dos cartas de los trabajadores de Mejoredu para Sheinbaum sin respuesta

Ante el silencio que han tenido por parte de la SEP desde que se concretó la reforma para desaparecer Mejoredu, los trabajadores han buscado en dos ocasiones que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga en su situación, pero tampoco han tenido una respuesta favorable por parte de su oficina.

El primer acercamiento que buscaron los trabajadores con la presidenta fue el 26 de marzo pasado, cuando acudieron a Palacio Nacional para entregar una carta en la que solicitaron su intervención en el intento de diálogo.

Aunque les recibieron el escrito y ese día se encontraba en el recinto el titular de la SEP, únicamente obtuvieron como respuesta la promesa de que su caso sería revisado.

Más de un mes después entregaron otra carta en la presidencia para hacer de su conocimiento el incumplimiento de compromisos por parte de la SEP y reiterar su solicitud para que apoye sus demandas.

“La situación afecta directamente el bienestar y proyecto de vida de las de 500 familias, sumiéndolas en una incertidumbre que no se corresponde con el humanismo mexicano que se promueve”, expresaron en el documento fechado el 2 de mayo pasado.

Sin embargo, tampoco hubo respuesta a esta segunda misiva. En cambio, desde la presidencia se les conminó a buscar información directamente en la SEP, sin tomar en consideración que en esta secretaría se les ha dejado de atender por completo.

El riesgo de quedar sin empleo ni indemnización

“Todos tenemos derecho a una vida digna, a un trabajo estable y a vivir en paz, pero ante el silencio de las autoridades los trabajadores vivimos con el temor de perder todo”, lamentó uno de los manifestantes, quien con un megáfono lanzó consignas para exigir la presencia de Ernesto Cabrera Brugada, funcionario de la SEP designado para atenderlos.

Molestos por la desatención que han recibido, los trabajadores insistieron en que es urgente que la SEP se pronuncie sobre su situación, ya que con cada día que pasa disminuye el presupuesto con el que cuenta Mejoredu para el pago de sus compensaciones económicas.

En entrevista con el medio, Florentino Castro, comisionado de Mejoredu, comentó que actualmente el organismo cuenta con un presupuesto de aproximadamente 150 millones de pesos, dinero suficiente para operar hasta el mes de julio y “con el que se podría indemnizar a todos con antigüedad desde 2019”.

Aún con esta posibilidad, Castro indicó que es urgente que la SEP se pronuncie sobre lo que ocurrirá con el personal de Mejoredu, ya que “esta cantidad todos los días se hace menos, porque seguimos trabajando y seguimos gastando”, lo que podría mermar los recursos para que la totalidad de los empleados reciban una compensación justa.

La otra alternativa para que se cubran todas las indemnizaciones es que cumpla con lo establecido en el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que señala que la Secretaría de Hacienda podrá establecer un mecanismo “para cubrir una compensación económica a las personas servidoras públicas por la terminación laboral como consecuencia de reestructuras o reorganización en las dependencias”.

Sin embargo, hasta ahora tampoco saben si esto ocurrirá. Animal Político consultó con la Secretaría de Hacienda si se implementará este mecanismo, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.

Pese al desánimo entre los inconformes por la falta de atención a su situación, afirmaron que continuarán realizando acciones en exigencia de sus derechos laborales, ya sea con la recontratación por parte de la SEP –como prometieron las autoridades cuando se promovió la reforma de simplificación orgánica– o con el pago de una liquidación conforme se establece en la ley.

De acuerdo con el medio, los trabajadores rechazan que, en el marco del proceso de extinción del IFT –producto de las reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que desaparecieron la mayoría de los organismos autónomos--, se entregue al gobierno federal los más de mil 715 millones de pesos que la instancia tiene en un fideicomiso. 

De acuerdo con el proyecto de ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado, las funciones del IFT pasarán a la Agencia Digital de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo dirigido por José Antonio Peña Merino. 

El autor del correo electrónico deploró que “los comisionados nos han dejado solos y no han mostrado la mínima empatía al comunicar qué sucederá con nosotros”, y los acusó de negociar con el gobierno federal para “negociar su incorporación a la agencia”. 

Por ello, planteó una serie de acciones para conseguir sus liquidaciones, incluyendo un “paro de brazos caídos el 5 de mayo”, la toma del edificio, y el cierre de la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México.

La angustia de los trabajadores de Mejoredu ante posibilidad del desempleo

La trabajadora detalla que su salario es el ingreso principal en su familia, por lo que ha expresado su interés en ser recontratada por la SEP, como ocurrió cuando desapareció el INEE y le ofrecieron trabajo en Mejoredu. En caso de que esto no ocurra, dice que le preocupa el hecho de que su hijo de dos años pueda quedarse sin el servicio de guardería, ya que esta es una de las prestaciones laborales que actualmente tiene.

“Antes, si dejabas de trabajar tenías tres meses en los que podías conservar el servicio médico y de guardería por seguridad social, pero ahora ya se nos mandó un aviso de que en cuanto dejemos el trabajo dejaremos de contar con ellos, y en mi caso eso implicaría pagar aproximadamente 7 mil 500 pesos mensuales por el cuidado de mi hijo”, lamentó Cristiana.

De acuerdo con la funcionaria, en Mejoredu hay varias mujeres que se encuentran en la misma situación, algunas de las cuales son madres solteras, por lo que esperan ser consideradas por la SEP para su recontratación, ya que por el perfil de especialización técnica en temas educativos que tienen será difícil que encuentren otro empleo en el que se aproveche su experiencia.

“A lo mejor podríamos trabajar en universidades, o en gobierno, pero justo estaba este organismo que aprovechaba el trabajo que hacemos en materia de educación, pero de pronto está en riesgo incluso que se respalden los materiales que realizamos como Mejoredu, porque no sabemos si se preservarán las páginas web donde se almacenan los acervos digitales, como tampoco sabemos qué pasará con nuestros trabajos y los ingresos para nuestras familias”, agregó.

Luis Enrique, quien también participó en la protesta, subrayó que desde que comenzó la discusión de la reforma para desaparecer a siete organismos autónomos, en Mejoredu intentaron ser escuchados, sin que las autoridades competentes aceptaran dialogar con ellos, por lo que a la fecha siguen en la incertidumbre, “y es algo que afecta a los 500 trabajadores que estamos aquí, pero también a nuestras familias”.

Al igual que Cristiana, Luis Enrique se incorporó a Mejoredu después de la desaparición del INEE. Aunque esta vez, a diferencia de entonces, la inminente extinción de Mejoredu no ha sido acompañada de un ofrecimiento de conservar su empleo, e incluso, lamentó que con esta reforma “ya no existe una institución que vele por la mejora de la educación en México”.

“Mejoredu no es un organismo autónomo, pero de todos modos nos metieron entre las instituciones que despareció la reforma, y desde entonces nos encontramos en la incertidumbre, no sólo porque van a desaparecer a la comisión, sino porque pareciera que no tenemos derechos laborales, a diferencia de cuando eliminaron al INEE, que existía un proceso marcado de lo que iba a pasar”, apuntó Luis Enrique.

“Nosotros brindamos herramientas, materiales y recursos que apoyan a la mejora continua de la educación, y me parece lamentable que se ha visto un estancamiento en la educación mexicana, y ahora no habrá herramientas para su evaluación”, subrayó.

Acerca de la posibilidad de perder su empleo, Luis Enrique indicó que como especialista en administración pública buscaría otro espacio en el cuál desempeñarse, aunque no es tan sencillo, y lamentó que aquellas personas que tienen una especialización más acotada a temas educativos tendrán mayor dificultad para encontrar un trabajo en el que puedan aplicar el conocimiento que tienen en educación.

Pese a protestas, SEP no da respuesta a trabajadores de Mejoredu

Este miércoles, los trabajadores de Mejoredu salieron por quinta vez a las calles para exigir certeza laboral, sin que hayan recibido más que la promesa de ser escuchados y de que se dará respuesta a su demanda de información.

Después de bloquear por dos horas las avenidas Insurgentes y Barranca del Muerto, entre consignas como “diálogo y solución al proceso de extinción” y “si no hay solución habrá movilización” los trabajadores marcharon de vuelta a las oficinas de Mejoredu, para continuar con su jornada laboral.