Al momento un párrafo fue certero, preciso y premonitorio en el texto publicado por Carlos Torres Torres el sábado 10 de mayo de 2025 en su página personal de Facebook:
“Lamento profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien -a pesar de no haber provocado nada- la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”, escribió casi al final de su diatriba para informar de la revocación de su visa de turista provista por el gobierno de los Estados Unidos.
Efectivamente, la gobernadora Marina Ávila Olmeda fue, de entrada, el daño colateral de la revocación de la visa B1/B2 para ingresar a los Estados Unidos a su esposo, pues en una medida consecuente, a ella, “a pesar de no haber provocado nada”, también le revocaron el documento para el cruce migratorio a los Estados Unidos.
Sin embargo, en el asunto de la cancelación de documentos migratorios a la gobernadora Marina del Pilar Ávila y a su esposo, Carlos Torres, hay dos certezas: mientras que Torres está siendo investigado en los Estados Unidos y México por la posible comisión de delitos, la mandataria estatal también podría estar en la mira de la autoridad norteamericana, tras ordenar el cese de excavaciones en fosas halladas en el Cañón de las Carretas en abril pasado.
JUSTIFICACIÓN SIN SUSTENTO
Carlos Torres justificó la prohibición hacia su persona para internarse en la Unión Americana, como “una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado. Cabe señalar que mi conciencia está tranquila y estoy seguro que se resolverá la situación de manera favorable. En la actualidad, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común, y como tantos otros, estoy incluido en ese universo”.
Una fuente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, explicó que no fue así la revocación de la visa de Carlos Torres Torres, la cual ocurrió primero que la de la gobernadora del Estado, sino que es la consecuencia inicial de una investigación que se lleva a cabo en aquel país, por actos que pudieran encuadrarse en “delitos de lavado de dinero y conspiración para la comisión” de otros, confió el funcionario a ZETA.
Pero Carlos Torres Torres no está solo en esa investigación. Aunque su esposa, la gobernadora Marina Ávila, no aparece en la novel indagatoria, sí ha sido mencionado su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, quien en el pasado panista de la familia Torres, ocupó cargos públicos, el más notorio de ellos en la época del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, como administrador de la Aduana de Tijuana.
En la Fiscalía General de la República, informó un investigador de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) que prefirió reservar su identidad para efectos de este reportaje, los nombres de los dos Torres Torres, Luis Alfonso y Carlos, aparecen en una carpeta de investigación donde los delitos que se presume cometieron, junto a otras personas, son: evasión fiscal, corrupción, huachicoleo, daño a la nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Efectivamente, como escribió Torres, la gobernadora Marina Ávila no ha provocado investigación en su contra, como sí la hay contra su esposo y cuñado.
Aunque elementos de seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, actúan con reservas al considerar -dijeron de manera extraoficial- que fue la mandataria estatal quien ordenó detener la exploración y excavación de una denunciada fosa clandestina en el Cañón de las Carretas en Tijuana, el 14 de abril de 2025, situación que pudo contribuir a la decisión de revocarle la visa, algo que nunca antes había sucedido ni en México ni en Baja California: que a un gobernante en funciones le fuese retirada la visa de turista para entrar a los Estados Unidos.
PRIMERO REVOCARON SENTRI, LUEGO VISAS; LA INVESTIGACIÓN
Lo primero que le revocaron a Carlos Torres Torres, una semana antes de la visa de turista en la Garita de San Ysidro, fue la tarjeta Sentri (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection, por sus siglas en inglés), una tarjeta de viajero confiable que le permite al usuario cruzar los puertos fronterizos por unas garitas especiales que, ante la pre aprobación de la solvencia moral y económica del tarjetahabiente, agilizan el cruce al minimizar la revisión de documentos y vehículo, haciendo que esperas de dos, tres o cuatro horas en líneas normales, se reduzcan a minutos.
Para obtener la tarjeta Sentri, el Departamento de Seguridad Nacional recibe las solicitudes y realiza una exhaustiva investigación de los antecedentes de la persona, como la dependencia lo explica: “Todos los solicitantes pasarán por una rigurosa revisión de sus antecedentes y una entrevista personalmente”. En tal inspección participan corporaciones fiscales, de antecedentes penales, corporaciones policíacas de investigación, antidrogas y migratorias. El objetivo es que la persona compruebe no sólo la solvencia económica, para demostrar que no solicita el documento para residir en la Unión Americana, sino que no ha tenido problemas con la Ley, que no es sujeto de investigaciones y que no se ha relacionado con personas o grupos ilícitos. Cualquier cambio registrado en estos temas, es motivo de la revocación para el cruce preferente.
Oficiales del Departamento de Estado de la Unión Americana, confirmaron a ZETA que la Sentri fue lo primero que se revocó a Carlos Torres y posteriormente a la gobernadora Marina Ávila. Esta notificación, explicaron, sí llegó por la vía digital, pues el solicitante y tarjetahabiente debe tener una cuenta activa en el sistema de informática del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security, en su idioma original), donde llena los formatos de solicitud y provee un correo electrónico para recibir las notificaciones del estado de su solicitud, renovación de la tarjeta del programa de viajero confiable, o cambios en el status. Y así sucedió, a Torres, dijeron, pues le llegó un correo electrónico notificándole de la revocación de su tarjeta Sentri.
Una semana después (que, de acuerdo a las fuentes de ZETA en la Unión Americana, se situaría cerca del 30 de abril), Torres Torres intentó cruzar desde Tijuana y hacia los Estados Unidos, por el puerto fronterizo de San Ysidro. A pesar que en su posicionamiento público personal mediante su cuenta de Facebook, Carlos Torres informó: “En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”, esto no fue así.
Una fuente del Departamento de Seguridad Nacional explicó a ZETA cómo sucedió:
Torres Torres llegó al puerto fronterizo y al entregar su visa de no migrante para cruzar a la Unión Americana, en la computadora del oficial del CBP (Custom and Border Patrol, por sus siglas en inglés) la autoridad fronteriza recibió una alerta del Departamento de Estado que indicaba que a esa persona, el esposo de la gobernadora, le debía ser retirada la visa de no migrante, siendo destruida.
En la puerta de entrada de revisión de documentos, el oficial del CBP le dijo a Carlos Torres que debía pasar a una inspección secundaria, la cual se realiza en unos patios exprofeso. Una vez escoltado al área de segunda inspección, otro elemento del departamento de seguridad le informó a Carlos Torres que le quitaría la visa; éste debía entregarla para ser destruida en el acto, y regresar al mexicalense a México por una vía especial para ello.
La fuente explicó a ZETA que las visas B1/B2 de no migrante no se revocan vía notificaciones de correo electrónico; a diferencia de la tarjeta de viajero confiable Sentri, la visa de cruce fronterizo debe ser retirada de forma física y posteriormente destruida.
En ese sentido, horas después de que su esposo hubiera informado de la revocación de su visa de turista para cruzar a los Estados Unidos, en su “Posicionamiento personal sobre medida consular en EE. UU”, como tituló su publicación Torres (aun no siendo claro con la realidad de cómo sucedieron los hechos), la gobernadora Marina Ávila hizo lo propio.
También en su página personal de la red social Facebook, la gobernadora Marina Ávila Olmeda, primero respaldó a su esposo y aclaró que tal acción “no es sólo personal, es moral y es político”. En el segundo párrafo de su texto, la mandataria estatal escribió: “Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.
La realidad, dijo la fuente del Departamento de Seguridad Interior a ZETA, fue distinta.
Mientras a Carlos Torres Torres le retiraron su visa de manera física a finales del mes de abril, esto no sucedió de manera inmediata con la gobernadora. De hecho, explicó que las autoridades de la Unión Americana sopesaron si revocarle la visa también a ella o no, y que la consideración final para hacerlo, fue el hecho de tener conocimiento de que la gobernadora había detenido la exploración de una fosa del crimen organizado descubierta a mediados de abril en Tijuana y de la cual el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos tenía no sólo conocimiento de su existencia, sino de la cantidad de restos ahí enterrados de manera clandestina por un cártel de la droga.
Por eso determinaron en Washington seguir el procedimiento de revocación de visa de no migrante a la gobernadora, al igual que previamente había sucedido con su esposo. Pero en su caso, explicó la fuente, por razones institucionales y respeto a si investidura como gobernadora constitucional del Estado de Baja California, y miembro de la clase política nacional, sí le dieron la concesión y cortesía de notificarle personalmente.
El emisario del gobierno de los Estados Unidos con la gobernadora Marina Ávila fue el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal. “Él fue quien, por cortesía, para no hacerla pasar un momento incómodo en la garita internacional en caso que decidiera cruzar a los Estados Unidos, le notificó vía consular, y personalmente, de la revocación de su visa de no migrante”.
El jueves 8 de mayo, dos días antes de que Carlos Torres y Ávila informaran en Facebook la revocación de sus visas, y por lo menos dos semanas después que se la retiraran a su esposo en la garita internacional de San Ysidro, la gobernadora Ávila publicó una foto con el Cónsul Tiel en su cuenta de Instagram, la que acompañó con el siguiente texto: “Hoy me reuní con el Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación en temas clave como seguridad, desarrollo económico y derechos humanos, siempre en beneficio de ambas naciones”.
En ambos casos, tanto a Carlos Torres en los patios de inspección secundaria del CBP como a la gobernadora por vía consular, no se les proveyó de mayor información, relató la fuente a ZETA, sobre los motivos de las revocaciones; primero de las tarjetas del programa de viajero confiable Sentri, y posteriormente de las visas de no migrante. En todo caso, explicaron, esa información la podrían solicitar por los canales institucionales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
La misma fuente reveló a ZETA que la revocación de la visa a Carlos Torres es a consecuencia de una investigación en Washington, la capital norteamericana, con información de una carpeta que ha sido elaborada por corporaciones de investigación en la frontera sur de los Estados Unidos y del norte de México.
EL CONTROL DE LAS ADUANAS Y EL HUACHICOL
Más allá de los dichos de empresarios que se han reunido con Carlos y Luis Torres Torres para negociar inversiones, concesiones, contratos y citas con entidades de gobierno, la primera vez que sus nombres aparecieron formalmente en una carpeta de investigación fue a raíz de la investigación iniciada el 26 de marzo de 2025, cuando Fuerzas Federales localizaron en Ensenada un predio con contenedores de almacenamiento de Diésel: cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo. Huachicoleo a gran escala.
La investigación oficial correspondió a la Fiscalía General de la República, y para ello se apersonaron en el lugar, realizaron peritajes y entrevistas a personas de interés, servidores públicos de aduanas y otras dependencias. Uno de ellos, reveló lo siguiente, y así fue integrado a la carpeta de investigación:
“En Ensenada se nos obliga a quedarnos callados, a pesar de todas las cosas que vemos que hacen, ya que, se dice, se encuentran apoyados por un grupo de políticos del Estado, como ya se vio los Noveló (propietario del predio donde estaban los contenedores), el mismo presidente municipal de Ensenada, que ahora es senador Armando Ayala, y los hermanos Torres, que dicen que ellos tienen todo controlado, incluso hasta las autoridades federales, lo cual después de la muestra que nos acaba de dar la defensa (el descubrimiento del predio del huachicol), la Guardia Nacional y la fiscalía general nos hace ver que no es cierto que han sido puras mentiras para mantener amenazadas a todas las personas que queremos trabajar bien, y que nos obligan a estar consintiendo todos sus actos de corrupción. Por eso es que queremos hacer esta denuncia”.
Explicaron el modus operandi en lo que consideraron un “fraude a la Nación”: el Diésel llegaba en buques al puerto de Ensenada; en la aduana portuaria, había arreglos, aparentemente realizados por Luis Torres, dado la red de servidores que maneja en las Aduanas debido a su conocimiento y paso por la titularidad de la Administración General de Aduanas de Tijuana en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Un investigador de la FGR colaborador de la investigación, explicó a ZETA:
“El buque llega a la aduana conteniendo el Diésel que es traído de los Estados Unidos, pero se le dice a la tripulación en qué momento llegar y quién los va a atender en la aduana; de esta forma se concreta el acto de corrupción. Mientras que el contendor del buque está cargado con el combustible, ya hay un arreglo para que al momento de la inspección se especifique en los formatos que se trata de otro líquido y no de hidrocarburo; el agente aduanal, que ya está apalabrado, consta que se trata de un líquido distinto, llena el papeleo y lo deja internarse a tierra. Entonces no queda huella en documentos oficiales que se trata de Diésel, porque ya hubo un acuerdo para el tráfico del combustible”.
En este caso, informó la fuente a ZETA, la carpeta de investigación que se inició en Baja California, fue atraída por la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), dependiente de la Fiscalía General de la República. Al conocerse los hechos en que los hermanos Torres, y otros políticos de Baja California fueron mencionados, la carpeta fue del interés no sólo del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien tiene conocimiento de la misma y dio seguimiento inicial a la indagación, sino que también se le participó la información al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch.
El investigador de la FEMDO reveló que fue incluso Harfuch quien condujo las investigaciones con la colaboración de los Estados Unidos, pues de acuerdo al seguimiento del buque y el combustible ilícitamente internado a México vía Ensenada, éste fue adquirido en el estado de Texas, en la Unión Americana.
El procedimiento irregular para traficar combustible de los Estados Unidos a México, se hacía de manera sistemática, pues aun cuando al momento del operativo de aseguramiento del predio del huachicoleo el 26 de marzo de 2025 en Ensenada, se encontraban casi ocho millones de litros de Diésel en los contendores; el combustible era transportado diariamente en pipas especiales y vendido a los centros de gasolina en los municipios de Baja California, Tijuana, Rosarito, y Ensenada, de manera primordial, pero no exclusiva.
En este contexto, informó el investigador de la FGR, la carpeta de investigación atraída por la FEMDO está en proceso de integración por, entre otros, los delitos de: corrupción, huachicoleo, evasión fiscal, falta a la Ley Federal de Hidrocarburos, delitos ambientales, daño a la Nación, faltas a la regulación de Petróleos Mexicanos, y delincuencia organizada, dado que se trata de una acción que utiliza insumos peligrosos, se realizó en un lugar público, participaron varias personas, grupos delictivos, y se obtuvo un beneficio ilícito.
Uno de los informantes de la FGR, y así consta en la carpeta de investigación, explicó la forma del ilícito negocio: “Compran el hidrocarburo en Estados Unidos, pero que no pasa su control de calidad; lo meten como desecho, pero en México lo venden como bueno. Cuando lo presentan en las aduanas, estas se hacen de la vista gorda, y pueden decir que simplemente es aceite aunque están introduciendo al país hidrocarburo ilegal, que además venden en las gasolineras de Pemex”.
Actualmente, la investigación sigue su curso en la FEMDO, aun con el hermetismo del fiscal Gertz Manero y el secretario García Harfuch.
LA GOBERNADORA: NO QUERÍA OTRO TEUCHITLÁN
Entre muchos, un tema llamó la atención de las autoridades de los Estados Unidos que, desde el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado, realizan análisis de información de hechos de inseguridad y corrupción en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos: el descubrimiento de una narcofosa en el conocido como Cañón de las Carretas en Tijuana, el 14 de abril de 2025.
Aquel día, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Baja California detuvieron a un grupo de narcomenudistas, uno de los cuales accedió a convertirse en testigo y delatar algunos ilícitos, entre ellos, la existencia de una fosa clandestina en las faldas del cerro Venustiano Carranza, en el Cañón de las Carretas. De hecho, proporcionó un número aproximado de cuerpos ahí enterrados clandestinamente; más de 20, dijo.
Además aportó detalles que fueron publicados en la edición de ZETA que salió a circulación el viernes 25 de abril, unos cinco días antes que le fuera revocada la visa a Carlos Torres Torres, y otros días más de que sucediera lo mismo con la de la gobernadora Marina Ávila.
En la edición del Semanario, se publicó la lista que el testigo reveló de algunas de las personas que estaban ahí enterradas:
*“Una familia de cuatro integrantes”. Los jóvenes detenidos dijeron haber atestiguado esto, cuando convivían con la célula criminal que se apropió del inmueble.
*“También mataron al ingeniero”, José Alonso Guerrero Chávez, y a su ayudante Rubén Ramírez Rojas, ambos desaparecidos el 27 de marzo de 2024.
*“Y a la muchacha que violaron”. Se refiere a Mariana, la joven en calidad de desaparecida, y quien envió videos a su madre, los cuales sirvieron de evidencia para detener a una familia de pepenadores de basura: Ana Laura, su esposo Marco Antonio (apareció muerto el 22 de junio), el hijo de ambos, Bryan de 20 años, y Miguel Ángel, hermano de Antonio, por la desaparición de los ingenieros.
*“Un primo del Guasón por un pleito de terrenos”. Por “El Guasón”, se refirió un criminal aún no identificado por nombre y apellidos por las autoridades.
Pero de forma extraña e irregular apenas a tres días de haberla localizado, la Fiscalía General del Estado detuvo la exploración de la zona denunciada. En ese lapso solamente escarbaron en un punto, en el cual localizaron tres cuerpos. Pero después nada. La operación se detuvo.
Autoridades investigadoras de los Estados Unidos, indagaron por sus medios en el análisis binacional que realizan sobre el comportamiento de los cárteles de la droga, la inseguridad y la violencia, y pudieron confirmar que, en efecto, en esa zona del Cañón de las Carretas había más de 20 cuerpos en una fosa clandestina. Esta información fue proporcionada a ZETA, y confirmada por elementos de la FESC, que proveyeron información y dijeron no entender cómo y porqué se detuvo la excavación del lugar.
Se enterarían los estadounidenses más adelante del motivo del paro de la excavación. Poco más de un mes atrás, el 6 de marzo de 2025, un grupo de buscadores de desaparecidos, Guerreros Buscadores de Jalisco, había localizado un rancho llamado Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, donde localizaron restos humanos, huesos, y centenares de piezas de uso personal, calzado, ropa, mochilas, enceres diversos. La investigación en el predio y la ubicación de zonas de control, los llevó a determinar que se trata de un lugar de exterminio.
Por supuesto, la noticia trascendió Jalisco y México. El conocido como rancho del exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación fue nota internacional y requirió de la atracción de la investigación por parte de la FGR titulada por Alejandro Gertz Manero, quien ha intentado por todas las formas de indagación pericial, ministerial y científica, demostrar que no se trata de un centro de exterminio sino de un centro de adiestramiento, efectivamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre el caso, entre los detenidos, y bajo cargo de desaparición forzada entre otros, está el ahora ex alcalde de ese municipio, José Ascencio Murguía Santiago.
Por cierto, en el caso del huachicol en Ensenada, en cuya carpeta de investigación aparecen los nombres de los hermanos Carlos y Luis Torres Torres, se refiere la participación de una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos, petrolíferos y materiales peligrosos, cuya razón social es Mefra Fletes, S.A. de C.V., cuyo administrador general fue identificado como José Isabel Murguía Santiago, quien se presume es hermano del ex alcalde de Teuchitlán, ahora preso.
De vuelta al 16 de abril, cuando se detiene la exploración de la denunciada narcofosa en el Cañón de las Carretas, y las autoridades norteamericanas, que tienen información a su saber confiable sobre el entierro de más de 20 personas en el lugar, indagan el porqué de que la FGE decidiera detener los trabajos de excavación, fueron informados que esa decisión la tomó directamente la gobernadora Marina Ávila Olmeda.
Miembros de la Mesa de Seguridad de Baja California, confirmaron a ZETA, que, efectivamente, Ávila Olmeda le dijo a la fiscal general del Estado, María Elena Andrade que tuviese cuidado con ese tema, pues no quería “un Teuchitlán” en Baja California. Y los trabajos, hasta el 30 de mayo, se detuvieron tras la localización de seis cuerpos. El terreno continúa sin ser explorado en su totalidad a pesar del testimonio que les indicó que ahí había más de 20 cuerpos enterrados.
Esta acción, confirmada por testigos de la Mesa de Seguridad, y en conocimiento de autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, fue determinante para proseguir, luego de la revocación de la visa a Carlos Torres, con la de la gobernadora Marina Ávila Olmeda, de acuerdo a una fuente de dicha institución en la Unión Americana, consultada por ZETA.
