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Muere trabajador en Torreón tras presunta broma por parte de sus compañeros

Los familiares señalan que el incidente podría estar relacionado con acoso laboral, ya que denunciaron que Carlos era víctima de constantes burlas por parte de compañeros de trabajo.

Carlos Gurrola Arguijo, de 47 años y conocido como “Papayita”, falleció el 18 de septiembre luego de permanecer 19 días hospitalizado tras ingerir una sustancia tóxica en su centro de trabajo, la tienda HEB Senderos de Torreón.

De acuerdo con versiones de sus familiares, el 30 de agosto alrededor de las 15:30 horas, Carlos consumió una botella de Electrolit que había dejado cerca de su área de limpieza. Tras dar un sorbo, comenzó a sentirse mal y fue trasladado de urgencia a distintas clínicas del IMSS, donde médicos reportaron quemaduras en tráquea, pulmones y vías respiratorias.

Los familiares señalan que el incidente podría estar relacionado con acoso laboral, ya que denunciaron que Carlos era víctima de constantes burlas, robos y agresiones por parte de compañeros de trabajo, situaciones que aseguran habían reportado previamente sin recibir atención.


El 19 de septiembre, H-E-B México emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de X, en el que lamentó el deceso y afirmó que el incidente está siendo investigado.

La empresa indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades y los empleadores directos de Multiservicios Rocasa S.A. de C.V., la compañía a la que Carlos prestaba servicios. H-E-B reiteró su compromiso con la transparencia y prometió colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos, aunque no detalló medidas específicas tomadas hasta el momento.
La familia interpuso formalmente una denuncia el 3 de septiembre en la Delegación Laguna I de la Fiscalía, además de abrir la página de Facebook “Justicia para Carlos Gurrola Arguijo” para exigir que se esclarezca el caso y se sancione a los responsables.

La Fiscalía General de Coahuila abrió una carpeta de investigación y confirmó que ya se han recabado testimonios de testigos y se revisan las cámaras de seguridad del establecimiento. Sin embargo, la botella presuntamente contaminada fue desechada por empleados de la tienda, lo que impide determinar con certeza qué sustancia provocó las lesiones.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Coahuila, el acoso judicial pone en jaque al diario Vanguardia

El medio coahuilense enfrenta una demanda mercantil por una deuda millonaria que no contrajo; reitera que la denuncia fue fabricada y favorece al exgobernador Humberto Moreira. El fallo compromete su viabilidad operativa.

Debido a que ya se va, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales no quiso esperar a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso y dar carpetazo. De esa manera, un tribunal colegiado rechazó por mayoría los amparos interpuestos por el periódico Vanguardia y aprobar el embargo de bienes por un supuesto adeudo mercantil.

De acuerdo con el medio de comunicación, el embargo favorece a los intereses del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien hasta ahora no se ha pronunciado.

En la sesión del jueves 14 de agosto del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito se abordaron los cuatro expedientes en los cuales el periódico Vanguardia de Saltillo, además de afectados por estar como garantes, buscaba el amparo contra la sentencia dictada por la Sala en Materia Civil del Poder Judicial de Coahuila en diciembre de 2024 dentro de la toca penal 222/2024, tras 15 años de que inició el proceso, ya que fue en 2008 cuando inició el caso en las instancias locales por el supuesto adeudo contraído en 1994.

La Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios han cuestionado las irregularidades en el proceso que ha detallado el diario Vanguardia como acoso judicial por la cobertura que anteriormente se hizo sobre el también exlíder nacional del PRI.

“Este caso refleja un patrón preocupante en la región; el uso de mecanismos legales para intimidar, desgastar y censurar a los medios”, y puntualizó que las resoluciones del Tribunal Colegiado que discutió el tema ayer “no es un asunto mercantil aislado, sino una controversia que incide directamente en el derecho fundamental de libertad de expresión, señala la postura de la Alianza de Medios.

Desahogo en tribunal colegiado

Al inicio de la sesión, el presidente del Tribunal Colegido Federal, Héctor Alejandro Treviño de la Garza, señaló que se recibieron dos notificaciones, una de las cuales establecía la petición de postergar la discusión de los expedientes debido a la petición del medio de comunicación para que la SCJN atrajera el caso y en lo cual él estaba de acuerdo, porque “un poco más que se tarde el asunto no le veo algo tan trascendente”.

Sin embargo, Muñoz Grajales señaló que se trata de argucias legales y con eso “se pretende afectar la impartición de justicia”, ya que los casos de la vía mercantil la SCJN no los atrae porque es un tema entre particulares.

“Han pasado años y ya se resolvió todo; ya estamos en la parte final y como es de su conocimiento yo ya no voy a estar. Este asunto ya lo estudié y todo, pues ya que se resuelva y se está resolviendo conforme a las constancias, conforme a la jurisprudencia y conforme a todo. No puedo yo adelantar los sentidos, pero se va a resolver como es, no hay algo más que en la mente de las personas que están inmiscuidas”, señaló en relación a los señalamientos que el periódico ha hecho en torno a la parcialidad de su actuación y responder a los intereses de la contraparte. El magistrado dejará el cargo a finales de agosto.

La otra notificación estaba dirigida a que García de la Fuente no participe en la discusión al haber afectación también en la imparcialidad, pero la magistrada consideró que no era procedente y no había un argumento objetivo. En la votación Muñoz Grajales y la funcionaria se pronunciaron porque se desechara por improcedente y Treviño de la Garza porque se le diera trámite.

Al mayoritear ambas peticiones se inició la discusión de los cuatro expedientes, uno de los cuales (el 62/2025), correspondiente el aviso que se debió hacer en torno a los recursos entregados, generó uno de los principales argumentos de que la sentencia adolece de fundamentos.

Treviño de la Garza hizo hincapié en que tendría un voto concurrente porque está fundado el concepto de violación y sería de mayor beneficio para el amparo, ya que por sí mismo el título ejecutivo “no da la liquidez y la certeza sobre el adeudo, sino que es la vinculación con un estado de cuenta” y en el cual también se señalan deficiencias.

Sin embargo Muñoz Grajales señaló que fue un crédito tramitado para una remodelación y García de la Fuente complementó que también fue para una reestructura “que sí se hizo” y que no se trata de una institución bancaria y se entregó un certificado de la liberación de los recursos, pero Treviño de la Garza reiteró su postura de que sí se están violando los derechos de los promoventes del amparo.

“Me llama la atención que la parte quejosa señala que la Sala Civil tuvo que presumir cuándo se entregó, según esto, cómo se dispuso de las cantidades que fue el 7 u 8 de diciembre de 1994, pero se tenía que dar el aviso por parte del banco. No bastaba la inscripción en el Registro Público de la escritura pública; ése era un requisito, pero había otro independiente conforme al clausulado del contrato y que era el aviso y este aviso se está presumiendo, no está demostrado, y por ello es que reitero que con hay una ejecutividad por parte del título ni en sus anexos, los cuales tienen contradicciones en cuanto a fecha de disposición y otros que se manejen por concepto de violación”.

El viernes 15, el periódico Vanguardia señaló en su ejemplar impreso y espacios digitales insiste que el caso fue fabricado para favorecer a Moreira Valdés.

“Hoy en Vanguardia atravesamos por uno de esos momentos en los cuales el ejercicio del periodismo crítico pasa factura. Un tribunal federal, colocado de espadas al ideal de justicia que debiera animar su actividad, pero comprometido con los intereses personales de un exgobernador de Coahuila, dictó en nuestra contra la sentencia de última instancia, en un caso mercantil construido de forma artificial con el único propósito de golpearnos económicamente y, de forma ulterior, silenciarnos”.

También reitera que fue una sesión vergonzante para el sistema judicial, porque se avaló un criterio deformado para construir la demanda mercantil y en eso participó el Poder Judicial de Coahuila. La derrota judicial los lleva a perder bienes materiales, pero no el compromiso de hacer periodismo, publicó el diario en su postura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

Jacobo Rodríguez González, Alcalde de Piedras Negras, generó polémica tras encarar a una reportera luego de que ésta le planteara una pregunta sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen antidoping.

El Alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, protagonizó un controversial momento la mañana de ayer, cuando, al ser interrogado por una reportera sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen antidopaje, respondió de forma alterada.

El hecho ocurrió el miércoles 13 de agosto durante la conferencia matutina del Presidente Municipal, espacio en el que una de las periodistas presentes le planteó el cuestionamiento antes mencionado.
"¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas de antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?", fue la pregunta elaborada por la reportera, a raíz de que Rodríguez González habló en días pasados sobre estar a favor de realizar ese tipo de exámenes a miembros del departamento de bomberos local, así como a otras instituciones.
Ante la pregunta, el Alcalde, quien forma parte del partido Morena, cuestionó a la comunicóloga, con un tono de voz claramente molesto, el porqué de su interrogante, la cual tomó como un intento de atacarlo personalmente.
"Nunca vienes a la 'mañanera' y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?", respondió el morenista.
"¿Qué es lo que quieres lograr?", añadió el Presidente Municipal, quien encaró a la periodista y le reclamó por qué no hacía ese tipo de preguntas a otros personajes como Manolo Jiménez, actual Gobernador de Coahuila.
Del mismo modo, Rodríguez González señaló a la reportera de no trabajar, pues consideró que únicamente se dedica a estar "molestando" a los regidores de la entidad y a quitarles el tiempo.
"Aburres ahí. No haces nada. Quitas el tiempo nada más", reprochó el político a la reportera, a quien posteriormente se le quitó el micrófono que sostenía para evitar que continuara con sus cuestionamientos.
Alcalde denuncia "golpeteo político"

Luego de viralizarse el video sobre el intercambio de palabras entre Jacobo Rodríguez González y la reportera, el Presidente Municipal de Piedras Negras compartió un video en sus redes sociales para abordar el tema, al cual se refirió como un intento de golpeteo político.
En su video, el morenista afirmó que la comunicóloga es y siempre ha sido adversaria a su Gobierno, aunque reconoció que debió haber respondido de forma clara y sin evasivas.
"Yo debí haber contestado: 'Claro que me hago el antidoping junto con todo mi Gabinete'. Y claro que estoy dispuesto a hacerlo, 100 por ciento, pero, bueno, es parte del golpeteo político, es parte del periodismo chayotero que existe aquí en Coahuila", dijo.
Finalmente, el político apuntó que sus adversarios están "muy enojados" por los buenos resultados de su gestión, al presumir que Piedras Negras es la "frontera más segura del país" y la "segunda ciudad más segura de México", según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

FGR asegura 3.8 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila

El fiscal general del estado también dio a conocer que el rancho "Paola", del empresario conocido como "El Mono" Muñoz, fue puesto a disposición de las autoridades federales para las investigaciones en torno al almacenamiento de combustible presuntamente robado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que en el mes de julio se logró el aseguramiento de 3.8 millones de litros de hidrocarburos en el estado. 

Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que el rancho “Paola” del empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, fue puesto a disposición de las autoridades federales para las investigaciones en torno al almacenamiento de combustible presuntamente robado.

Los operativos contra el tráfico de hidrocarburos se han reforzado en la entidad a través de operativos coordinados con dependencias de los diferentes niveles de gobierno. 

En el comunicado sobre las acciones emprendidas en el mes de julio, la FGR dio a conocer que se judicializaron 15 carpetas, de las 129 abiertas por diversos delitos y se recibieron 116 denuncias. En estas acciones se vinculó a procesos a 17 personas. 

La FGR destacó que se llevaron a cabo siete cateos en los que se aseguraron armas de fuego, cartuchos vehículos, inmuebles, narcóticos e hidrocarburos. También se llevó a cabo la incineración de más de 556 kilos de droga y otros artículos relacionados con diversos delitos. 

Además del hidrocarburo, la dependencia informó que se aseguraron más de 30 kilos de metanfetamina, 227 pastillas psicotrópicas y 64 vehículos. 

Es tema federal

Por su parte el fiscal general de Coahuila señaló que, aunque fueron instancias estatales quienes llevaron a cabo el cateo en el rancho de Muñoz Luévano, el caso quedó en manos de las instancias federales. 

El empresario lagunero fue detenido en el 2016 en España, desde donde hacía operaciones para la agrupación criminal de los Zetas, según las investigaciones que trascendieron, y entregado a Estados Unidos, país que lo investigaba por diversos delitos como lavado de dinero y distribución de cocaína. El año pasado obtuvo su libertad tras un acuerdo de cooperación con autoridades de dicho país. 

“Es una carpeta que está en manos de la FGR y habría qué verificar el estatus de ese predio allá. Se puso a disposición y se le dio vista en la FGR; así que está de aquel lado”, afirmó. Márquez Montañez. 

En las investigaciones en España también se relacionó al hijo del empresario gasolinero, quien tenía entre sus socios, en uno de los negocios de venta de combustible, al exfuncionario de Rubén Moreira Valdez, Gerardo Garza Melo, pero el fiscal de Coahuila afirmó que no existen indagatorias. 

“En el fuero común no existe nada”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Familiares se manifiestan por desaparición de Pablo Jared; sus investigaciones apuntan a policías

“No hay avances, no hay un argumento claro de la desaparición. El no pudo desaparecer solo, a Jared lo desaparecieron", señaló su madre, quien considera la participación de policías del municipio de Francisco I. Madero.

A un año de la desaparición del joven Pablo Jared Vallejo Adame, familiares y amigos realizaron una manifestación pacífica en la carretera Torreón-San Pedro de las Colonias, a la altura del ejido Albia, donde se perdió su rastro.  

Su madre Janeth Adame señala que sus investigaciones y mensajes recibidos la llevaron a considerar la participación de policías del municipio de Francisco I. Madero.

Con lonas donde aparece el rostro del profesionista en informática y pancartas pidiendo colaborar con información sobre su paradero, el grupo de manifestantes se ubicó a un lado de la vialidad donde, según su hermana Aidé, “empezó todo” al no haber ni cámaras ni una explicación del porqué siguió un camino complicado, por lo que consideran pudo ser obligado. 

“No hay avances, no hay un argumento claro de la desaparición. El no pudo desaparecer solo, a Jared lo desaparecieron. Las omisiones de las autoridades, los protocolos que no se siguieron en torno a la camioneta que conducía, son puntos que explican por qué él no está y es por no dar un seguimiento correspondiente y adecuado”, señaló su madre. 

El 30 de julio del 2024, Pablo Jared salió de su domicilio hacia la empresa minera Químicas del Rey que se ubica en el municipio de Ocampo, ubicada a una distancia de poco más de 190 kilómetros de Torreón, que en automóvil se recorren en cerca de dos horas y media.  

A las 09:45 horas de ese día ya no respondió al mensaje de su madre y por la tarde personal de la empresa le informó a la familia que el ingeniero en sistemas que no llegó a su destino, donde daría mantenimiento a las impresoras. 

La familia inició la búsqueda y un día después les notificaron que encontraron la camioneta en un poblado del municipio de Tlahualillo, en Durango. La unidad estaba calcinada y las autoridades afirman que el incendio se suscitó por fricción de las llantas, pero la madre del joven tiene muchas dudas de esa versión. 

“No estoy de acuerdo con el peritaje que se hace a la camioneta, que hacen peritos especializados y que aseguran que se quemó por fricción, cosa que no me queda clara, así como el hecho de que mi hijo se diera el tiempo de sacar las pertenencias y dejarlas a un lado e irse por un rumbo desconocido, dejando un maletín con las llaves de la casa y de su carro ¿por qué dejarlas?”, cuestionó y agregó que esa dirección donde se ubicó la camioneta no era la ruta que seguía el joven para llegar a la empresa. 

A la madre de Pablo Jared no le quisieron aceptar la denuncia en Durango ni en Coahuila. El 31 de julio, finalmente se emitió la ficha de búsqueda por las autoridades del primer estado, pero sólo la familia decidió empezar a rastrear la complicada zona, mientras policías de Tlahualillo encontraron la camioneta y se llevaron las pertenencias que había en ella y a un costado, pero jamás se acordonó el sitio o se procedió con el peritaje adecuado, hasta mucho después. 

El Comité de Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente por las omisiones que se registraron en el caso, pero no se han atendido las recomendaciones y es la familia quien logró obtener el trayecto del GPS de la unidad, por medio del cual descubrieron que, al pasar por el estadio de Teritorio Santos Modelo, Pablo Jared conducía a 100 kilómetros por hora; al pasar por el puente La Concha bajó a 60 kilómetros y al pasar el retén de la policía municipal disminuyó a 30.  

En diversas páginas de Facebook trascendió que policías de Francisco I. Madero agredieron al joven, lo llevaron a la comandancia y ahí murió, por lo que la familia exigió ver videos del lugar donde se observa que llegó una ambulancia, pero no subieron a nadie.  

Esas publicaciones eran similares a las que hace una década alertaban de homicidios y desapariciones en la región laguna de Coahuila y Durango, pero la Fiscalía de Coahuila no inició investigaciones, pese que personalmente Janeth le pidió al hoy fiscal Federico Fernández Montañez que atendieran sus exigencias por la posible participación de los elementos de seguridad municipal. 

“El mayor deseo que tenemos es que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República, ya que (las fiscalías de Coahuila y Durango) no lo consideran desaparición forzada cometido por civiles y policías, pese a que hay muchas omisiones desde un principio y no se siguieron los protocolos y sobre todo no hay coordinación entre ellas para dar resultados por la desaparición de mi hijo”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Violencia vicaria: acusan a coronel de la Sedena de tráfico de influencias en Coahuila

El coronel José Barragán Chávez fue demandado desde 2022 por no reconocer la paternidad de una niña que tuvo con “Hatzy” en Coahuila. La madre, cuya hija padece hemiparesia, asegura que el militar tiene protección judicial y que la ha amenazado de muerte.

Un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechaza reconocer a su hija, quien tiene una condición médica que requiere tratamiento especializado, y pagar su manutención, lo que ha logrado con la protección de autoridades judiciales en el estado de Coahuila.

Se trata del coronel de infantería de Estado Mayor José Barragán Chávez, quien desde el año 2022 fue demandado por Hatzy, nombre modificado por razones de seguridad, con quien tuvo una hija, para otorgar el reconocimiento de paternidad de ésta, pagar la manutención e inscribirla al servicio médico de las Fuerzas Armadas, debido a que la niña padece hemiparesia (debilidad o falta de control muscular en la mitad del cuerpo).

Proceso tuvo acceso a la demanda de reconocimiento de paternidad presentada por Hatzy contra el militar en la que relata que de 2019 a 2020 fue segundo comandante del 69 Batallón de Infantería, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, época en la que ellos se conocieron y sostuvieron una relación sentimental que duró dos años, pese a que él es casado.

Para enero de 2021, Barragán fue convocado a concurso de selección para cubrir plazas de Agregado Militar y Aéreo Adjunto a las embajadas de México en el extranjero, donde resultó vencedor y fue asignado a la Embajada de México en Canadá, con residencia en Ottawa, Ontario.

En agosto de ese año, antes de que Barragán se fuera a Canadá, Hatzy quedó embarazada y le dio la noticia al futuro padre.
“Tal noticia fue recibida por José Barragán Chávez de una manera sorpresiva, manifestando enojo y cuestionándose sobre cómo nos había podido pasar eso, señalando incluso que precisamente por esa razón él no andaba con una jovencita, sino con una mujer inteligente y madura que no le pudiera ‘salir con una cosa así’”, detalló la mujer.
Conforme fue avanzando el embarazo la situación entre ellos era cada vez más tensa, llegando al grado en el que, en julio de 2022, tres meses después de que la hija de ambos nació y estando él en Canadá, Hatzy inició el litigio de reconocimiento de paternidad.

La estrategia del militar

En los tres años que lleva de iniciado el litigio por los derechos de su hija, Hatzy ha padecido violencia vicaria, institucional, impunidad y tráfico de influencias por parte de José Barragán Chávez.

Su demanda fue admitida a trámite por Daniel Abraham González Esquivel, juez Tercero de Primera Instancia en materia Familiar en Coahuila, bajo el número de expediente 1078/2022.

De manera provisional, en octubre de 2022 el juez decretó una pensión alimenticia a favor de la niña consistente en el 25% de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios de Barragán Chávez.

El militar contestó la demanda hasta febrero de 2023, por lo que el juez ordenó la realización de una prueba de ADN y designó como perito oficial a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado, coordinador de Genética de la Fiscalía General de Coahuila.

Sin embargo, entre los abogados que el elemento castrense designó para representarlo, se encuentra Anel Concepción de la Rosa Padilla, media hermana del perito designado por el juez González Esquivel.

Para ese momento Hatzy no había reparado en la relación familiar entre ambos, pues acababa de recibir amenazas de muerte por parte de Barragán Chávez durante una videollamada que le hizo desde la Embajada de México en Canadá, razón por la que lo denunció por violencia familiar.
En una audiencia realizada el 3 de abril de 2023 ante el juez de Distrito, Benito Edgardo Hernández Luna, del Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, el coronel compareció por videoconferencia acompañado por sus abogados y, de manera extemporánea, afirmó que ya sabía que el resultado de la prueba de ADN no saldría en su contra.
Fue en ese momento que Hatzy se dio cuenta de que la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla y el perito encargado de realizar la prueba para acreditar la paternidad de su hija comparten el apellido paterno, por lo que consiguió las actas de nacimiento de ambos para acreditar que son hijos del mismo padre, razón por la que el 9 de abril solicitó declarar impedido a Edgar Arnoldo de la Rosa Alvarado para que él no realice el dictamen pericial.

Sin embargo, al percatarse de esto, el 11 de abril siguiente, Barragán Chávez revocó a la abogada Anel Concepción de la Rosa Padilla, pero mantuvo al resto de su equipo legal, para que su medio hermano y perito designado por el juez Familiar no fuera declarado impedido.

El militar no sólo logró su cometido sino que el juez González Esquivel le impuso una multa a Hatzy por “faltas de probidad y lealtad” y ordenó realizar una anotación en su registro profesional por mala praxis legal.

Posteriormente, en el juicio familiar todas las pruebas de Hatzy fueron desechadas y sólo fue admitida una prueba de Barragán Chávez, que consistía en la declaración de la mamá de la niña.

En tanto, para la prueba genética ordenada desde el inicio, el juez determinó que no se permitiría a ninguna de las partes designar perito, se realizaría con un perito único: Arnoldo de la Rosa Alvarado.
El perito tomó las muestras de ADN el 8 de mayo de 2023 únicamente a Hatzy y al militar, no a la hija de ambos, y en ningún momento se respetó la cadena de custodia que debe observarse para las mismas.
Para el 6 de julio de 2023 Hatzy debía presentarse al juzgado para desahogar la prueba que le fue admitida al militar, pero no acudió por razones médicas, y aunque presentó justificante, el juez ordenó investigarla, citó a su médico, requirió sus antecedentes clínicos y pidió informe al trabajo de ella para saber si había presentado incapacidad médica o no.

Ante las conductas del juez González Esquivel, Hatzy presentó una queja en su contra al Consejo de la Judicatura de Coahuila, donde se determinó el 28 de septiembre de 2023 iniciar un procedimiento de responsabilidad en su contra.

El juez se excusó de continuar con el juicio y envió el expediente al juzgado Cuarto de Primera Instancia en materia Familiar.
En tanto, en el procedimiento de responsabilidad iniciado por el Consejo de la Judicatura, el juez ofreció como testigo al perito de la Rosa Alvarado, quien acudió a declarar acompañado del abogado Osvaldo Espinoza Rodríguez, quien meses después, en enero de 2025, compareció como defensor de Barragán Chávez en una audiencia de medidas de protección solicitadas por Hatzy en la carpeta de investigación iniciada contra el militar por violencia familiar.
Sin embargo, el juez Daniel Abraham González Esquivel fue absuelto, por lo que Hatzy solicitó un amparo en el que el juzgado Quinto de Distrito le dio la razón en febrero de este año, pero dicha resolución ya fue impugnada.

“Existe un evidente desequilibrio de poder entre el demandado, coronel José Barragán Chávez, y yo, ello aunado a sus múltiples amenazas de que él movería las cosas a su favor aquí en Saltillo. Tengo temor de que siga cometiendo actos de corrupción e influyentismo para lograr su cometido, pues es evidente que el Poder Judicial local ha actuado en forma parcial a su favor”, comentó Hatzy para Proceso.

“Tengo temor de que siga ejerciendo actos de violencia, incluso temo por mi integridad o la de mi hija, pues fui informada en la Sedena que él ya culminó su comisión en la Embajada de México en Canadá y ya se encuentra en territorio nacional como comandante de Batallón de Policía Militar en Irapuato, Guanajuato”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Surge brote de sarampión entre trabajadores agrícolas que llegaron a Coahuila

Los trabajadores llegaron al campo agrícola donde recolectarían chile y pepino, pero de acuerdo con autoridades arribaron a Coahuila con algunos síntomas.

La Secretaría de Salud  de Coahuila confirmó un brote de sarampión en el rancho agrícola “La Maroma” del municipio de Nava, donde llegaron más de un centenar de trabajadores procedentes de Chihuahua a la pizca del chile y pepino. 

De acuerdo con el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Uno en Piedras Negras, Roberto Belloc Sandoval el viernes se atendió a una mujer en el Hospital General de esta ciudad fronteriza y se comprobó que los síntomas están relacionados al sarampión.

“En ese campo se hicieron 21 muestras de las cuales 19 salieron positivas, además de la paciente que está el Hospital General, lo que nos da 20 casos nuevos de sarampión. Son pacientes provenientes de Chihuahua”, señaló.  

Los trabajadores llegaron hace unos días al campo agrícola donde recolectarían chile y pepino, pero de acuerdo con el epidemiólogo llegaron a Coahuila con algunos síntomas. 

Las personas fueron separadas del resto de los trabajadores que no contaban con síntomas y se llevó a cabo la vacunación de quienes no contaban con esquema completo. 

El epidemiólogo insistió que se trata de un caso que está bajo observación porque es un grupo números de trabajadores agrícolas que llegaron de lugares donde hay más presencia de la enfermedad. 

“Son pacientes provenientes de Chihuahua y se da por hecho de que son casos de importación. Se les está dando seguimiento médico, no hay razón para alarmar, pero se le pide a la población que si no tienen esquemas completos acudan a un Centro de salud para que se les proporcionen las vacunas”, agregó.  

Mencionó que su estado de salud es estable y se monitorea al resto de los casi cien trabajadores que llegaron al rancho y quienes no tienen prestaciones médicas, por lo que también hay otras instancias investigando la forma que fueron contratados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Hallan sin vida a niña de 13 años en lote baldío de Coahuila tras alerta Amber

Encuentran sin vida a niña tras operativo coordinado; hay dos arrestados y el caso se investiga como feminicidio.

El martes 17 de junio de 2025, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que fue localizado el cuerpo de una menor de 13 años, identificada como Brisa Izela Castellanos Márquez, en un lote baldío del ejido Santa María, en el municipio de San Juan de Sabinas.

De acuerdo con el informe oficial, las labores de búsqueda estuvieron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de un binomio canino especializado de la Fiscalía estatal. El operativo incluyó cateos en viviendas de la colonia Americana de Nueva Rosita y Nueva Rosita, donde se presume pudo estar privada de la libertad.

Brisa fue reportada como desaparecida el 10 de junio

Brisa fue vista por última vez cerca de las 17:00 horas del 8 de junio. Su desaparición fue reportada formalmente el 10 de junio, activando la Alerta Amber, y generó la participación de autoridades y sociedad civil para su localización.

El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que llevaba varios días en el sitio, y fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Una mujer y un hombre fueron detenidos

Como parte de la investigación, dos personas fueron detenidas. En Coahuila se arrestó a una mujer adulta vinculada a la línea de investigación, mientras que en Nuevo León se detuvo a un hombre –reportado como ex policía estatal–, gracias a la coordinación interinstitucional.

Las autoridades definieron el caso como posible feminicidio y subrayaron que se mantiene “cero tolerancia” ante la violencia contra las mujeres y niñas en la entidad.

Vecinos y deportistas locales difundieron su imagen desde su desaparición, exigiendo su pronta localización.

Las diligencias continúan, con intervenciones para reunir pruebas e integrar la carpeta judicial. La Fiscalía informó que no se revelarán más detalles sobre los detenidos ni la necropsia hasta que concluyan las investigaciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.