El grupo de trabajo de la ONU registró 355 casos de desaparición forzada pendientes, tomó nota de un caso aclarado por el gobierno y recibió una carta de queja dirigida al Comité. Se entiende el término de desaparición forzada cuando intervienen en este delito agentes del estado.
El grupo de trabajo expresó su preocupación "por la reforma constitucional mediante la cual se colocó a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa. Habida cuenta de las denuncias de abusos perpetrados por las fuerzas armadas en el pasado, esta medida incrementa el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales”.
El grupo de expertos reveló que recibió información sobre “patrones de violencia generalizada contra mujeres, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, en particular en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión”.
Asimismo, “sigue preocupado por los ataques que continúan dirigiéndose contra familiares de personas desaparecidas que se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos, así como por la falta de medidas de protección eficaces”.
En el informe presentado esta mañana por la presidenta del grupo Gabriella Citroni al Consejo de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias examina la alarmante tendencia mundial de desapariciones forzadas contra personas que defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente (defensores de la LNRE, por sus siglas en inglés).
Según el informe, estas desapariciones se producen a menudo en contextos de discriminación sistémica, debilitamiento del estado de derecho e intereses económicos poderosos, con la complicidad o aquiescencia de las autoridades del Estado.
El informe destaca “el impacto desproporcionado en los Pueblos Indígenas, las comunidades Afrodescendientes y las poblaciones rurales, y subraya el papel de las empresas y las instituciones financieras en permitir o perpetrar tales violaciones con la aquiescencia del Estado”.
El documento (a-hrc-60-35-add-5-esp%20.pdf ) proporciona un análisis exhaustivo de los factores de riesgo, las pautas de impunidad y los factores estructurales que impulsan las desapariciones forzadas. Asimismo, se esbozan las obligaciones de los agentes estatales y no estatales en virtud del derecho internacional, y se ofrecen recomendaciones concretas para garantizar la prevención, la rendición de cuentas y la reparación integral para las víctimas y las comunidades afectadas.
El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por la reforma constitucional mediante la cual se colocó a la Guardia Nacional bajo el control del Ministerio de la Defensa. Habida cuenta de las denuncias de abusos perpetrados por las fuerzas armadas en el pasado, esta medida incrementa el riesgo de que se cometan violaciones de derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
También recibió información sobre “patrones de violencia generalizada contra mujeres, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos”, en particular en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión.
Asimismo, sigue preocupado por los ataques que continúan dirigiéndose contra familiares de personas desaparecidas que se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos, así como por la falta de medidas de protección eficaces.
Además, recibió comunicaciones relativas a la desaparición forzada de defensores de la LNRE, que involucran principalmente a Pueblos Indígenas, desde la década de 1980. Desde 2016, expertos independientes han expresado su alarma por las “impactantes tasas” de ataques contra defensores de la LNRE.
Sin embargo, otros datos pueden proporcionar una idea de la verdadera escala de los riesgos que enfrentan estos defensores. Según las estadísticas disponibles, entre 2012 y 2022, 1,733 defensores de la LNRE fueron asesinados, un promedio de uno cada dos días. En 2022, por ejemplo, 177 defensores de la LNRE fueron asesinados, de los cuales el 36% eran Pueblos Indígenas, principalmente como resultado de conflictos relacionados con la agroindustria, la minería, la tala y proyectos de infraestructura. Para el 2023, el número de asesinatos había aumentado a 196, con un 43% de Pueblos Indígenas y un 12% de mujeres, mientras que muchos otros enfrentaban amenazas, violencia, estigmatización y criminalización
México presume en la ONU alta prioridad en la búsqueda de desaparecidos
El representante del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum México reiteró ante el pleno “su compromiso con la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas o involuntarias. La búsqueda de personas es una de las más altas prioridades para mi gobierno”.
Subrayó que en los últimos años, México ha fortalecido su marco institucional y presupuestal. La Comisión Nacional de Búsqueda y las 32 comisiones locales trabajan permanentemente con familias y colectivos, con quienes se han establecido espacios de diálogo y coordinación. La Estrategia Nacional de Búsqueda Masiva, en marcha desde 2023, ha ampliado capacidades técnicas, consolidado la red nacional de personas buscadoras y reforzado la identificación humana.
“Reconocemos la valentía de las familias, especialmente de las madres buscadoras, cuyo esfuerzo ha sido clave para construir políticas más eficaces. A ellas, así como a periodistas y defensores de derechos humanos, se brindan medidas de protección específicas mediante mecanismos que hoy son un referente en nuestra región”, afirmó el funcionario de la misión de México.
Concluyó diciendo que “México mantiene plena apertura a la cooperación internacional y seguirá colaborando con este Grupo de Trabajo y con los mecanismos de Naciones Unidas, con la convicción de que verdad, justicia y memoria son pilares esenciales para que este crimen no se repita”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.
