El incendio que acabó con la vida de 49 menores de edad y dejó con secuelas graves de por vida a otros 72, el 5 de junio de 2009, inició en una bodega contigua a la Guardería ABC. Era un predio usado por el gobierno del estado de manera distinta al formalmente declarado. En el lugar, la Secretaría de Finanzas había acumulado grandes cantidades de documentos extraídos de las oficinas formales.

La investigación que realizó el entonces flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio cuenta de las responsabilidades del Estado mexicano y el gobierno federal en el incendio de la guardería; pero también del estatal encabezado por el priísta Eduardo Bours Castelo.

La orden de sabotear las investigaciones sobre lo ocurrido en la Guardería ABC no sólo sirvió para proteger a los familiares de la Margarita Zavala. Felipe Calderón buscó también salvar a su gobierno que vivía una profunda crisis de legitimidad con un país sumido en la violencia, explica Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes. El político panista, quien se hizo del poder mediante un fraude electoral, privilegió la precaria estabilidad de su gobierno sobre la vida y la justicia de decenas de familias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz es inconstitucional.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que reforzaron la seguridad en municipios limítrofes con Michoacán, luego de que 17 personas fueron fusiladas durante un velorio en la comunidad de San José de Gracia, en el vecino estado.

Por medio de un video, el mandatario dijo que, debido a dicha matanza, se decidió en coordinación con las fuerzas federales y la policía estatal aumentar su presencia en la zona, particularmente con Mazamitla, Jalisco, municipio ubicado a 15 minutos de José de Gracia.

El presunto narcotraficante Alejandro G., conocido como “El Pelón”, era el objetivo y fue una de las víctimas de la matanza ocurrida la tarde del domingo 27 en la comunidad San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, donde murieron también varios de sus acompañantes, reveló el fiscal general del estado, Adrián Solís López.

En rueda de prensa ofrecida la tarde de este lunes, el funcionario explicó que durante la investigación se determinó que Alejandro G. había acudido ese día al velorio de su madre, Elisa B., que se realizaba en las inmediaciones de un domicilio particular ubicado a unas cuadras del Palacio Municipal.

Víctimas de violación y abuso sexual cometido por Andrés Roemer denunciaron que colaboradores del escritor y empresario han obtenido contratos millonarios y cargos públicos en la actual administración federal, aun cuando se sabe que son quienes buscaron frenar las acusaciones e incluso presionaron a las víctimas para no “hacer escándalo”.

La Fiscalía General de la República (FGR) prevé solicitar este lunes en audiencia que se impongan medidas cautelares contra cuatro abogados que han sido denunciados por el litigante Juan Collado —en prisión desde 2019, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada— por supuestamente pedirle hasta 2 mil millones de pesos para tramitar su salida de la cárcel. 

Los fiscales solicitarán al juez federal José Rivas González que imponga prisión preventiva justificada para los litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, al menos mientras se define si son vinculados a proceso y, de ser el caso, mientras se concluye con la investigación complementaria de cara a un eventual juicio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó el hecho de que los periodistas que documentaron y difundieron el caso de la residencia que habitó su hijo José Ramón López Beltrán junto a su esposa, Carolyn Adams, en la ciudad de Houston, Texas, no hayan ofrecido una disculpa pública ni rectificado ante los señalamientos de un presunto conflicto de interés.

Incluso, calificó de “cinicazo” al reportero Raúl Olmos, director de Investigación en el Periódico AM de León y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a participar libremente en las próximas elecciones que se realizarán en seis estados del país para renovar sus autoridades locales y rechazó todo acto de coacción del voto.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, llamó el domingo a los chiapanecos a exigir a sus diputados federales, a sus senadores y diputados locales, votar en favor de la reforma eléctrica, con la que se busca “poner punto final a ese atraco” que empezó con la reforma del presidente Enrique Peña Nieto en el 2013.

Junto al embalse de la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, también conocida como la presa Chicoasén, el domingo ante miles de chiapanecos que se dieron cita para escuchar y ver al funcionario federal, Robledo Aburto habló de la importancia de esta reforma para los chiapanecos, con la que se busca “rescatar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, negó las acusaciones de una supuesta extorsión realizada por abogados “cercanos” a él contra Juan Collado y dijo que no lo conoce personalmente.

A dos años de que se detectó el primer contagio de COVID-19 en México, el número de casos va en descenso, pero el nivel de transmisión todavía se mantiene en un rango similar al de la segunda o tercera ola (con 20 mil nuevos contagios registrados al día, en promedio). Estas cifras indican que la disminución seguirá, aunque aún faltan meses para que el país salga de la pandemia, coinciden especialistas en salud. 

Sobre si el control de esta cuarta ola con una variante menos agresiva como Ómicron significa que la pandemia está próxima a su fin y COVID-19 se volverá una enfermedad endémica como la influenza (que se repite con frecuencia pero con pocos casos), los expertos concuerdan en que aún falta tiempo para eso y, por ello, ni las autoridades ni la población deben bajar la guardia. 

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, afirmó esta mañana que en San José de Gracia, zona de la masacre ocurrida la tarde del domingo, hay casquillos y “otros indicios”.

Confirmó que hace unas horas habló con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, para realizar un operativo en conjunto y con fuerzas federales para buscar las evidencias.

El Congreso local de Veracruz derogó apenas dos fracciones punitivas del delito de ultrajes a la autoridad. En polémica sesión virtual, la mayoría de legisladores compuesta por Morena decidió mantener la “prisión preventiva oficiosa” para quienes cometan dicho delito, ello pese a que organismos de derechos humanos y políticos de oposición en el Senado de la República consideran vejatorios de derechos humanos y privativos de garantías individuales. 

El gobierno de Nuevo León anunció la reapertura total de establecimientos abiertos y cerrados, y en espacios públicos, al dar por terminada la cuarta ola de covid-19, con un descenso de muertes y contagios en la localidad.

Pese a ello, la Secretaría de Salud local recomienda que se mantenga el uso de cubrebocas así como el uso de gel antibacterial y la toma de temperatura corporal en establecimientos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) demuestra «falta de debida diligencia, objetividad y lealtad», así como «realiza investigaciones a modo, sin legalidad y sin buscar la verdad de los hechos, fabricando pruebas, delitos y culpables» en el caso de Yonny Ronay Chacón González, detenido arbitrariamente en el penal de Villaflores, Chiapas, y víctima de tortura y malos tratos, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En la etapa de juicio oral sobre el caso de Chacón, el Frayba acusó la falta de expertiz de los peritos de la FGE y señaló que, al no existir pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado, no existen elementos para sentenciarlo culpable.

Cuentan algunos escribidores de la historia universal que, hace 500 años, marineros ibéricos le dirían a los nativos de un lejano territorio que su tierra se llamaría “América”, que eran indios y estaban siendo descubiertos; que sus recursos, creencias y cultura no eran más que herejía y subdesarrollo, y que necesitaban ser “civilizados”.

Ese discurso colonial permanece y es empleado por empresas mexicanas y extranjeras, y por el Gobierno de México, para poner en marcha proyectos extractivos que niegan la capacidad de los pueblos y comunidades a decidir sus propias formas de vida y desarrollo.

Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.

El Colegio Americano del Noreste, en Nuevo León, el Colegio Cervantes, en Coahuila, y la secundaria diurna número 79, República de Chile, en la Ciudad de México, tienen algo en común: en los tres se han presentado accidentes porque alguno de sus estudiantes llevó y usó indebidamente un arma de fuego, lo que refleja una parte de la problemática del acceso que los menores de edad tiene a este tipo de artefactos en el país.

Los dos primeros casos se convirtieron en tragedia, al presentarse muertos y heridos, entre alumnos y profesores, quienes fueron el blanco de los ataques. En el caso del plantel de educación básica capitalino, el niño que llevó la pistola resultó herido luego de dispararse a sí mismo accidentalmente en la mano, pero estos sólo son tres ejemplos, de al menos siete casos que se han presentado en México, sobre el acceso que los menores de edad tienen a un arma.

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este lunes una pérdida neta de 10 mil 900 millones de dólares en todo 2021, una reducción de 55.9 por ciento frente a las también cifras negativas de 2020 de 24 mil 735 millones de dólares.

Al presentar su informe financiero, el director general de la petrolera estatal mexicana, Octavio Romero, destacó que la firma tuvo un “muy buen año en la producción de crudo”, que calificó de “estable y creciendo”.