La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un nuevo frente legal contra el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, y presentó una demanda de extinción de dominio en su contra para obligarlo a entregar la residencia ubicada en la calle Ladera 20, interior 11, colonia Lomas de Bezares, alcaldía de Miguel Hidalgo, misma que presuntamente compró con sobornos del caso Agronitrogenados.

De acuerdo con el expediente 9/2021 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, con competencia en la República Mexicana, la solicitud de la FGR fue admitida el 11 de noviembre del año pasado, misma fecha en la que se decretó el aseguramiento cautelar del inmueble valuado en 3.4 millones de dólares, según la resolución judicial a la que Proceso tuvo acceso.

Los deudos de la gobernadora, del copiloto Marco Antonio Tavera y de Héctor Baltazar Mendoza, asistente de Moreno Valle, mantienen juicios en distintas cortes estadunidenses contra las empresas Agusta Westland, Aero Technology y Honeywell International, a las que responsabilizan por el desplome del helicóptero Agusta A109S, ocurrido el 24 de diciembre de 2018.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala aclaró que ninguno de sus miembros declaró que en enero de 2019 Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, Hugo Eric Flores, el exdelegado federal, y Uriel Carmona, fiscal estatal, se reunieron con líderes del crimen organizado para acordar el asesinato del defensor Samir Flores Soberanes.

La aclaración sucede luego de que el diario El Sol de México publicó el pasado 4 de enero una nota en la que señala que miembros del Frente declararon bajo anonimato que las tres autoridades de Morelos se reunieron con el crimen organizado para pedirles que asesinaran a Flores Soberanes, uno de las caras más visibles en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).

La presidenta del colectivo Madres Buscadoras en Sonora, Cecilia PatriciaFlores Armenta, no ha sido atendida por la Secretaría de Gobernación (Segob), a pesar de que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a ello.

Este 5 de enero, Cecilia Patricia Flores Armenta —cuyos dos hijos permanecen desaparecidos desde 2015– se presentó afuera del Palacio Nacional para exigir que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodriguez, se reúna con ella.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que los dos presuntos homicidas del periodista Fredy López Arévalo, fueron encontrados muertos el 30 de diciembre, en la cajuela de un vehículo, en el municipio de Frontera Comalapa, colindante con Guatemala.

En un comunicado dijo que los cuerpos de Jonathan N, alias El Moco y Eder Ezequiel N, alias El Norteño, fueron reconocidos por sus familiares en la ciudad de Comitán, a donde fueron trasladados, luego del hallazgo.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves que la inflación del país es uno de los desafíos de su Administración debido a que ha sido la más alta en los últimos dos sexenios.

En conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que la inflación desbocada es un fenómeno mundial que depende de factores externos originados por la pandemia de COVID-19, por lo que dijo que espera que sea “transitoria”.

A 10 días de que concluya la tarifa impuesta, un juez federal le concedió a la empresa Uber la suspensión provisional de los precios fijados por el Gobierno de Puebla para evitar abusos. Solo aplicará para conductores de esta aplicación.

Esta tarde, la firma dio a conocer el resultado del amparo interpuesto contra el acuerdo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), publicado el 28 de diciembre. En un comunicado, Uber manifestó que el Ejecutivo estatal quería imponer un precio límite, similar al que ocurre en el transporte público.

Diputados y diputadas del Congreso de Morelos presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue el presunto vínculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con líderes del narcotrafico, informó Julio César Solís Serrano, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia.

Después de que salió a la luz pública un par de fotografías en las cuales el mandatario posa con presuntos líderes de los grupos delictivos Guerreros Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Tlahuicas, que en su momento se adjudicó el asesianto de Samir Flores Soberanes, principal opositor a la termoeléctrica de Huexca, un grupo de 11 diputadas y diputados, autodenominado el G11, pidió una investigación.

El actor Roberto Palazuelos amagó con demandar a la periodista Lydia Cacho, a quien acusa de difamación y calumnia por ligarlo a una red de despojos en Tulum.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves su confianza hacia el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que la Fiscalía pidiera una condena de hasta 39 años de prisión para Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal evitó emitir su opinión sobre la posible sentencia contra Emilio Lozoya sobre el caso Odebrecht y aseguró que es “un asunto de la Fiscalía General de la República”.

Los cuerpos de al menos seis personas fueron hallados la mañana de este jueves al interior de una camioneta estacionada en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno, en el centro de Zacatecas.

De acuerdo con el Gobernador David Monreal, alrededor de las 05:30 horas se reportó que una camioneta Mazda color gris fue abandonada justo frente al nacimiento y al árbol de Navidad, los cuales están ubicados frente al Palacio de Gobierno.  El mandatario estatal añadió que los cuerpos estaban “aparentemente golpeados y lesionados”.

La Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero tiene al menos cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a la Consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal, de acuerdo con información obtenida por SinEmbargo.

La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) bajo el número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CDMX/0002194/2021, en la cual se indaga al extitular de la UIF y a la actual Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito.

Hasta siete mil integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) –el mecanismo de reconocimiento a los científicos más prolíficos del país– están en el limbo, debido a que sus nombramientos vencieron el 31 de diciembre y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debía publicar los resultados de las evaluaciones para determinar su ingreso, promoción y permanencia en el sistema antes de esa fecha.

Esta es la primera vez que ocurre una situación así en los 37 años de funcionamiento del SNI, afirma José Luis Solleiro, quien ingresó al sistema en 1986, y es investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM; y además, dice, el Consejo no les ha informado nada hasta el momento.

Una juez de distrito suspendió provisionalmente el despido de un suboficial de la Policía Federal Ministerial que forma parte del grupo al que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó su expulsión desde el pasado 28 de diciembre.

Tras esta decisión, el agente no puede ser apartado de su puesto de trabajo hasta que el juzgado entre a valorar el fondo del asunto: si la notificación de su despido fue ajustada a ley o, por el contrario, se trata de una decisión irregular y tiene derecho a seguir en su puesto.

El 21 de diciembre, vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Zapotlán, Hidalgo –a 20 kilómetros de Pachuca– reportaron al número de emergencia 911 un olor fétido en un camino de terracería, en el que, inferían, podría haber un cadáver, porque se apreciaba la figura de una persona inmóvil.  

Al acudir al sitio, la policía municipal encontró el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años con varios tiros en la cabeza. Junto a este joven, que vestía sudadera gris, pantalón negro y tenis blancos, había una cartulina alusiva a los presuntos responsables del homicidio: “Cártel de Hidalgo”.

El Poder Judicial de la Federación admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por no haber puesto en operación el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), violentando la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el pasado 31 de diciembre, el Juzgado de Distrito Décimo Primero en Materia Administrativa en la Ciudad de México dio entrada para su análisis de fondo a una demanda de amparo presentada por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, quien reclamó “diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de creación y operación del BNDF”.

Este miércoles una narcomanta apareció en Morelos en la que se lanzan amenazas contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien supuestos líderes de grupos criminales, advierten de que en caso de “desconocer los acuerdos” soltarán “datos exactos de la muerte de Samir Flores”.

Un juzgado de distrito admitió un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por la omisión de crear el Banco Nacional de Datos Forenses, que debió comenzar a operar desde enero de 2019.

La ley general en materia de desaparición de personas −publicada en noviembre de 2017−, ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparición de personas en México, entre ellas la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que hasta ahora no ha entrado en operación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la desaparición del Instituto de Desarrollo Social (Indesol) al asegurar que servía para entregarle dinero a las llamadas organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones civiles.

Acusó que no rendían cuentas y supuestamente apoyaban a causas sociales.

El sitio donde se reportó el cuerpo semienterrado de una mujer, sería una fosa clandestina, informó la fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas.

El pasado viernes tras recibir el reporte, personal de la fiscalía acudió a un predio que se ubica en la avenida Adolf Horn y La Grana, en el poblado La Esperanza, Tlajomulco.