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Hallan el cuerpo de Alma Sánchez enmurallada en construcción de CDMX; era originaria de Chiapas

El cuerpo de Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años y originaria de Chiapas, fue localizado dentro de un muro en una construcción de la colonia Narvarte, CDMX. Desaparecida desde mayo.

El cuerpo de Alma Elena Sánchez Marcelo, una mujer de 30 años originaria de Chiapas, fue localizado dentro de una pared de concreto en una obra en construcción en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez la tarde del 14 de agosto. El hallazgo se produjo después de que sus familiares perdieran contacto con ella desde el 10 de mayo.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) ejecutaron una diligencia en el inmueble ubicado en la calle Zempoala. En el lugar, que corresponde a un proyecto de 23 viviendas del Instituto de Vivienda (INVI), los agentes detectaron una pared con cemento fresco que no correspondía a los planos originales de la construcción.

¿Cómo se realizó el hallazgo?

Tras la identificación de la estructura irregular, los peritos y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos procedieron a demoler el muro. En su interior se encontraba el cuerpo de la mujer. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la muerte ocurrió de forma violenta e inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición de persona cometida por particulares.

Alma Elena Sánchez viajó desde Chiapas a la Ciudad de México por una oferta para trabajar en el sector de la construcción. Aunque su familia no tuvo noticias de ella desde el 10 de mayo, la ficha para su búsqueda fue emitida por las autoridades el 15 de junio. Dicho boletín registraba que fue vista por última vez en la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Quién es el principal sospechoso?

La principal línea de investigación de la FGJCDMX apunta a la pareja sentimental de la víctima, identificado en reportes preliminares como "Toño", quien trabajaba como vigilante en la misma obra donde fue localizado el cuerpo.

Según información difundida, este hombre se habría comunicado con la madre de Alma Elena dos meses antes del hallazgo para decirle que ella había decidido regresar a su estado natal, Chiapas. La fiscalía informó que ya tiene identificado a un hombre como posible responsable y realiza las acciones correspondientes para su localización y presentación ante la autoridad judicial.

El operativo y la investigación en curso

El cuerpo de Alma Elena fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa y fecha exacta del fallecimiento. El inmueble en la calle Zempoala permanece asegurado por la fiscalía para continuar con las diligencias periciales.

Familiares de la víctima acudieron a las instalaciones de la fiscalía, donde se les notificó sobre la localización del cuerpo. En declaraciones a medios, describieron a Alma Elena como una persona alegre y trabajadora. El boletín de búsqueda detallaba que tenía tatuajes distintivos, incluyendo una rosa en el hombro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncia por abuso sexual en el bastión de la CTM en Yucatán destapa otros casos

El día que Fernanda acudió a la FGE para denunciar al exdiputado priista Luis Echeverría, por abuso sexual, y luego de que rindió su declaración, se encontró con otra estudiante de la CTM, quien también fue a acusarlo por el mismo delito. Ambas agresiones sexuales tenían dos horas de diferencia.

Con una protesta a las puertas del Centro de Estudios Superiores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fernanda Sulub Hau, de 19 años, denunció por abuso sexual al exdiputado del PRI y director general de la institución, Luis Alberto Echeverria Navarro.  

Tras hacer pública la agresión sexual, se destaparon otras casos de mujeres víctimas.

“Desde que lo hice público me han llegado denuncias de otras mujeres, generaciones del 89 que han sido víctimas de él, incluso maestras. Vas a su oficina a pedir ayuda por cosas que el control escolar supuestamente no puede hacer, le pides ayuda y eso no le da derecho a tocarte”, reclamó Fernanda. 

La estudiante describió que los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2025, cuando fue a su oficina para pedir el cambio de turno de sus clases. Deseaba trabajar por las mañana y estudiar por las tardes. Aprovechando la interacción, Luis Echeverría la empezó a tocar. La joven logró escapar y salió de la escuela.

En medio de un ataque de pánico, Fernanda se comunicó con una amiga para pedirle apoyo. Narró que no podía tomar el autobús a casa porque no paraba de llorar, así que le enviaron un auto de aplicación. Ese mismo día acudió a la Fiscalía General del Estado a denunciar y se inició la carpeta de investigación FGE/UNATD/ 721/2025


“Solo pido con la mano en el corazón que se haga justicia y si por su poder en la política no puede ir a la cárcel, que sea retirado de su cargo al igual que su familia”, expresó.
El día que acudió a la FGE para denunciar y luego de que rindió su declaración, en la sala de espera se encontró con otra estudiante de la CTM que fue a denunciar a Luis Echeverría. Las agresiones sexuales tenían dos horas de diferencia.

Fernanda aseguró que no cuenta con medidas de protección y que teme por su seguridad y la de su familia. Desde el día que hizo pública la agresión, no regresó a la escuela, pero necesita la hoja que acredite las materias que cursó para inscribirse en otra universidad.

Durante la protesta, la dirección del Centro de Estudios Superiores de la CTM cerró las puertas para impedir que más estudiantes se unieran a los reclamos de Fernanda. Aun así, algunos estudiantes se sumaron y cerraron la Avenida Fidel Velázquez.

Además, entre las participantes estaba otra estudiante, quien en el 2015 aseguró que fue víctima de abuso sexual. En ese año, Luis Echeverría era diputado local por el PRI y cuando fue a la FGE le dijeron que tenía fuero. 

La joven había ganado una beca en España y necesitaba una carta que acreditará el permiso del director de la escuela para irse a la estancia.

“Estaba en el tercer semestre de la licenciatura de psicología y en el tercer semestre me gané una beca para ir a España, necesitaba la carta del director de la escuela en la que me autorizaba retirarme por un mes, estudiaba de 4 de la tarde a 10 de la noche. Me pidieron bajar a las 8:30 de la noche a su oficina, yo no lo conocía. Me pasaron a su oficina, puso seguro a la puerta y me tocó”, declaró. 

Finalmente, no pudo viajar porque él abusó sexualmente de ella y decidió no regresar a su oficina por el documento.

“Muchos años sentí los bigotes y la baba de su boca porque como perro me lamio las partes del cuerpo”, pronunció.

Luis Alberto Echeverria Navarro además, de ser el director general del Centro de Estudios Superiores de la CTM, bastión cetemista en el estado, fue diputado local del PRI. Apenas recibió la medalla “Ifigenia Martínez y Hernández” y un reconocimiento a su trayectoria por parte del Colegio de Economía de Yucatán.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

Hallan sin vida a Emma Nereyda Rivera, trabajadora del gobierno de Tamaulipas

Emma Nereyda Rivera, una trabajadora del gobierno de Tamaulipas de 38 años, fue hallada muerta tras su desaparición el 15 de julio de 2025.

Emma Nereyda Rivera Martínez, una trabajadora del gobierno de Tamaulipas de 38 años, fue encontrada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida el 15 de julio de 2025 en esta ciudad. La familia de Rivera Martínez confirmó el deceso a principios de agosto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

La desaparición y el inicio de la investigación

Rivera Martínez, quien se desempeñaba en la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, fue vista por última vez el 15 de julio. Tras la denuncia formal por su ausencia, la FGJET emitió un boletín de búsqueda y comenzó las indagatorias correspondientes. Familiares y amigos de la funcionaria realizaron movilizaciones para exigir a las autoridades celeridad en las investigaciones.

Días después, el 21 de julio de 2025, la Fiscalía de Tamaulipas comunicó la detención de un individuo relacionado con la desaparición. La institución informó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de J. Hidalgo “L” por el delito de Desaparición Cometida por Particulares. El detenido fue puesto a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

El hallazgo y la confirmación

A finales de julio, las labores de búsqueda llevaron a las autoridades al hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina localizada en el ejido La Guayaba, en el municipio de Hidalgo. La Fiscalía de Tamaulipas informó en ese momento que se realizarían las pruebas de ADN y los análisis antropológicos forenses para confirmar la identidad de la persona.

Fuentes de la investigación señalaron que el cuerpo presentaba características que coincidían con las de Emma Nereyda Rivera. El 9 de agosto de 2025, la familia de la funcionaria confirmó su fallecimiento a través de un comunicado.

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Líneas de investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de Emma Nereyda Rivera. Las indagatorias se han centrado en el detenido, J. Hidalgo “L.”, quien, según reportes, era el abogado de la víctima en su proceso de divorcio y con quien habría mantenido una relación.

Una de las pruebas que analiza la fiscalía es un video de una cámara de vigilancia que habría captado al sospechoso. Las autoridades también llevaron a cabo análisis de telecomunicaciones que permitieron ubicar el lugar del hallazgo del cuerpo. La investigación sigue en curso para determinar todas las responsabilidades penales en el caso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCCIÓN.
FECHA: 9 AGOSTO 2025.

UNAM obstaculiza estudios de mujeres que deciden maternar mientras cursan el posgrado

Estudiantes que decidieron ser madres señalan que vivieron situaciones de discriminación para ingresar y cursar un posgrado en la UNAM, por lo que exigieron a las autoridades universitarias crear un protocolo para mujeres y personas gestantes que estudian y maternan.

Mujeres y personas gestantes que han decidido maternar han sido discriminadas y relegadas en espacios académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como denunció Alisson, una candidata al doctorado en Artes y Diseño que pidió omitir su nombre real para prevenir represalias en su contra.

Alisson fue seleccionada para el programa de posgrado en 2024, pero no pudo completar el proceso de inscripción en la Facultad de Artes y Diseño porque había salido del país para dar a luz a su hija. A pesar de que ella intentó en diversas ocasiones contactar a la universidad para prevenirles de su situación, y buscar una solución, no obtuvo respuesta a tiempo y perdió la oportunidad de continuar sus estudios.

“Me dijeron que ya había sido aceptada, y yo súper feliz y todo, pero yo ya llevaba 7 meses de embarazo”, cuenta sobre su experiencia.

Para poder inscribirse en el doctorado, la UNAM le había dado una cita para entregar en persona su documentación original y tramitar su credencial de estudiante, la cual caía en las fechas en que Alisson estaría fuera de México para parir.

“Yo les escribí inmediatamente en junio para decirles (…) ‘Oye, esta fecha cae dentro de mi fecha probable de parto, no voy a estar, no puedo estar físicamente’”, recuerda. Las autoridades universitarias la remitieron a diversas instancias, pero no le dieron una respuesta a su solicitud previo a su viaje y el área administrativa entró en un periodo vacacional.

Para prevenirse y poder completar su inscripción, a pesar de que la UNAM no le había dado una ruta a seguir, Alisson le pidió a una amiga suya intentar realizar el trámite en la fecha dada, e incluso obtuvo un poder notariado para este fin. Sin embargo, no tuvo éxito.

“No es un proceso que haya fallado porque no aporté la documentación a tiempo, o porque quise que hicieran una excepción para mí. No, físicamente no podía estar presente porque estaba pariendo”.

Animal Político buscó a la UNAM para una postura frente a las denuncias de discriminación contra madres y mujeres embarazadas, pero no obtuvo una respuesta al momento de esta publicación.

“Estaba súper enojada, frustrada”

Cuando el área administrativa de la UNAM retomó labores, Alisson nuevamente intentó comunicarse para dar seguimiento a su inscripción. Para entonces, ya habían pasado dos meses, y ella ya había tenido a su hija en otro país. 

“Me dijeron, ‘Sí, hemos revisado tu caso. Puedes entrar al doctorado, pero no puedes aplicar a la beca’” disponible para el posgrado, recuerda que le comentaron. Molesta, les remarcó que su proceso de inscripción se había demorado porque no obtuvo respuesta de la universidad, pero la decisión fue inamovible. Incluso, recuerda que en una ocasión una trabajadora le comentó que era su culpa y tendría que haber “calculado mejor sus tiempos”.

“Era mi culpa, por no haber calculado en mi embarazo, el nacimiento de mi bebé acorde al posible calendario académico de la UNAM, sin saber en un proceso de 6 meses de selección”, señala Alisson. “Estaba súper enojada, frustrada, triste”.

Por parte de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño, la invitaron a presentar nuevamente su solicitud al año siguiente, y la animaron al decir que si ya había quedado seleccionada antes, lo volvería a lograr.

“No es un proyecto de vida el ser madre, es un deseo puro, una elección. Por eso, para mí no tiene por qué ser incompatible con mi trabajo”, señala. “Nunca pensé que tendría que elegir entre uno u otro”.

Sin protocolos para atender estudiantes que maternan en la UNAM

Los “Lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM” contemplan, en sus primeros dos artículos, que se debe erradicar y prevenir la discriminación de género en contra de integrantes de la comunidad universitaria en las instalaciones educativas, la cual incluye la “distinción, exclusión o restricción” basada en condición de embarazo.

A pesar de que en el Artículo 11 se señala explícitamente que pueden presentar una denuncia ante el Abogado General de la UNAM por hechos constituyentes en violencia y discriminación de género “los integrantes de la universitaria y público en general, afectados por hechos ilícitos ocurridos dentro de los campus universitarios”, Alisson no fue atendida por la Defensoría de los Derechos Universitarios ni canalizada a la autoridad competente.

“Consulté con muchas entidades de la UNAM que se encargan de (atender) la violencia de género y todas me decían que no me podían ayudar porque no llegué a ser alumna”, dice, contrario a lo estipulado en los documentos universitarios.

El principio de no discriminación por condición de embarazo se repite en la “Guía de derechos y deberes de las alumnas y los alumnos de la UNAM”, cuya primera edición se publicó en el 2014. Pese a lo anterior, no existe un protocolo que oriente cómo atender casos en los que una persona gestante que esté embarazada tenga que atender situaciones médicas, como el mismo parto de su bebé. Animal Político consultó con la UNAM sobre esta falta de protocolos, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

“No tenía ni idea de las consecuencias”

Lucía, quien igualmente pidió omitir su nombre para evitar represalias, estaba en el proceso de selección para el doctorado en Artes y Diseño cuando se enteró que estaba embarazada. Era un deseo y plan que había tenido para su vida, por lo que cuando recibió la noticia que sería madre, además de haber sido aceptada en el posgrado, fue doblemente feliz.

“Para mí era un reto personal el poder seguir con mis estudios y estar entrando al doctorado, era algo que tenía en mente, como un propósito”, relata. Una vez que inició el semestre, ella se acercó con sus tutores para compartirles la noticia de su embarazo. 

“Todo el semestre estuve trabajando (…) no pedí realmente ninguna ayuda adicional o lo que sea, no consideré que fuera necesario. Como era mi primer embarazo, no tenía ni idea de las consecuencias que iba a involucrar, estar haciendo el doctorado y a la vez ser mamá”.

Una vez que tuvo su bebé, Lucía hizo cambios en sus horarios y rutinas que le permitieran atender al recién nacido y a la par avanzar en su proyecto de doctorado. Para ese semestre, una de sus tutoras daba asesorías extracurriculares que no eran obligatorias, además que tenían una duración de hasta cuatro horas, por lo que la estudiante se acercó con su profesora para explicarle que no podría asistir a las reuniones.

“Le comenté que no podía estar asistiendo a estas reuniones porque apenas estaba teniendo a mi bebé, a darle pecho, cada tres horas me pedía darle de comer, entonces realmente para mí, el poder asistir era prácticamente imposible”, recuenta. “Le pedí ayuda, si podía tomar las reuniones en línea para que yo pudiera asistir, u otras consideraciones para que me tomara en cuenta”.

La tutora no tuvo una buena reacción, opina Lucía, y le reclamó que ella la había apoyado durante el embarazo. “El hecho que le estaba pidiendo no ir a sus reuniones le molestó demasiado, hubo un rechazo un poco hacía mí, y en las circunstancias donde yo me encontraba en ese momento, yo le di prioridad a mi hija más que al doctorado”.

Lucía continuó con sus estudios y avanzó en su investigación por su cuenta, pero fue relegada en el grupo del posgrado por la doctora, quien posteriormente también le comunicó que ya no quería ser parte de su Comité Tutorial.

Lucía consideró salirse del doctorado por malos tratos

Tanto para Lucía como Alisson, el enfrentar discriminación y obstaculización en la UNAM por el hecho de maternar fue motivo de frustración y desilusión. Para ellas, como para muchas mujeres y personas gestantes en México, el deseo de ser madre no debía ser incompatible con crecer profesionalmente.

“Me sentí muy mal, y hasta consideré salirme del doctorado ante la situación, porque claramente para mí era un estrés adicional estar haciendo el doctorado y siendo mamá primeriza”, comparte Lucía. Además, la beca que recibe por sus estudios es el único ingreso económico propio que tiene.

Esto también lo nombró Alisson, quien recalcó que en un trabajo tradicional formal sí existen licencias de maternidad y permisos que protegen a quienes son madres y laboran; a diferencia del ámbito académico, en el que no existen protocolos o reglamentos para garantizar la continuidad de sus estudios e investigaciones.

Encontrar espacios de lucha en común para maternar y estudiar

Para ambas, el encontrar espacios con otras madres en la universidad ha sido un espacio seguro para continuar con sus sueños profesionales.

“Conocí a dos mamás que tuvieron situaciones muy parecidas a las mías”, comparte Lucía. “Me di cuenta que realmente sí es un tema que están teniendo las mamás, y me parece que es un logro para nosotras, el hecho de poder seguir con nuestros estudios y todavía maternar”.

Alisson remarcó que las universidades deben de crear condiciones para que mujeres y personas gestantes puedan continuar sus estudios, y no sólo dependa del criterio y solidaridad de las y los profesores.

“(Quisiera) que se tenga un protocolo, como en el mundo laboral, con reglas y flexibilidades. Que se tome en cuenta el tiempo en que podemos llegar a ser incapaces de atender obligaciones, como durante el embarazo y los primeros tiempos de la vida del bebé. Las restricciones del embarazo, de la lactancia. Son cosas que no dependen de nuestra voluntad”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Semar y SeMujeres firman convenio para prevenir violencia de género en la Marina

Personal de la SeMujeres capacitará al de la Semar en materia de prevención del hostigamiento y acoso sexual, igualdad sustantiva y no discriminación.

Las secretarías de Marina (Semar) y de las Mujeres (SeMujeres) firmaron un convenio para capacitar al personal de Armada de México sobre igualdad sustantiva, no discriminación, prevención del hostigamiento y acoso sexual, así como la revisión de los protocolos de atención a víctimas de violencia. 

En diciembre de 2019, Proceso documentó el caso de “Claudia”, una profesora de inglés que fue víctima de acoso, violación sexual y revictimización dentro de la Semar, entonces a cargo del almirante Rafael Ojeda.

En noviembre de 2021, el semanario también documentó el caso de Mary, quien fue agredida sexualmente y revictimizada quien denunció el delito y su agresor fue sentenciado. Sin embargo, esos casos no son los único que ha puesto en la mira a la institución de las fuerzas armadas de México por agredir a mujeres.  

Este jueves, la secretaría a cargo de Citlalli Hernández Mora informó de la firma del convenio, cuyo propósito es “fortalecer acciones interinstitucionales que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”. 

Junto al titular de la Semar, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, agregó que la intención también es establecer una ruta de trabajo conjunta que permita incorporar la perspectiva de género en la planeación del ejercicio presupuestario de la primera. 

También consiste en promover la difusión de la “Cartilla de Derechos de las Mujeres” mediante el Programa de Atención Médica de Primer Contacto en zonas de difícil acceso. 

En su turno, Morales Ángeles destacó que en la dependencia a su cargo se impulsarán acciones de capacitación y formación en igualdad sustantiva, no discriminación, prevención del hostigamiento y acoso sexual, así como la revisión de los protocolos de atención a víctimas de violencia. 

El convenio implica que personal de la SeMujeres capacite al de la Semar en materia de prevención del hostigamiento y acoso sexual, igualdad sustantiva y no discriminación. 

Además, incluye la revisión y actualización de los protocolos de atención a víctimas de violencia de género en entornos laborales y académicos, la implementación de campañas permanentes de prevención de la violencia de género y la conformación de un grupo de trabajo conjunto entre ambas secretarías. 

Con dichas acciones, las secretarías hicieron el compromiso de fortalecer el marco institucional que garantice la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Caso Cassez-Vallarta visibiliza prisión preventiva: hay 39 mil 600 mujeres privadas de la libertad sin sentencia

La reciente liberación de Israel Vallarta Cisneros, luego de pasar los últimos 20 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, tras ser acusado de liderar una banda de secuestradores ha ocupado los titulares de la prensa nacional, no obstante, es necesario visibilizar que en el país hay 39 mil 608 mujeres quienes no tienen una sentencia y se encuentran privadas de su libertad.

Este dato es revelador y amerita una lectura de género porque son precisamente las mujeres quienes son más castigadas con la prisión preventiva oficiosa, esto de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEE) julio 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Una cifra que supera lo documentado en el 2022, donde se tenía especificado que había 6 mil 564 mujeres sin tener una sentencia o una revisión de sus casos, es decir, subieron exponencialmente.

Además, de acuerdo con una investigación de la organización Equis Justicia titulada Vidas en custodia: El castigo carcelario y su extensión a la familia, algunas de las mujeres privadas de su libertad como medida cautelar pueden esperar hasta 15 años para recibir una sentencia en nuestro país. 

En ese lapso de tiempo, las condiciones de reclusión someten a las mujeres presas al abandono de sus familias, la estigmatización, el hacinamiento y la falta de atención médica (entre muchas otras deficiencias del sistema penitenciario mexicano). De igual forma, pierden la posibilidad de ejercer derechos, como el derecho al voto, aún cuando no se ha comprobado su participación en actividades delictivas.

Este mismo censo arroja que existen 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin una sentencia en el país, de los cuales 39 mil 608 son mujeres y 30 mil 541 sn hombres. Asimismo, el desglose por el tipo de prisión preventiva indica que el 38% estaba en prisión preventiva justificada (31.2% de mujeres y 38.5% de hombres) y el 47% en prisión preventiva oficiosa (56.4% de mujeres y 46.2% de hombres).

Cuando se trata de mujeres, los delitos más comunes por los que otorgan dan prisión preventiva son secuestro (52.4%); delitos de delincuencia organizada (20.4%); homicidio (6.3%); delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (4.5%); delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos (4.3%); desapariciones forzadas de personas (2%); privación de la libertad (1.8%); extorsión (1.3%), y trata de personas (1.3%).

Es necesario revisar que en México existen dos tipos de prisión preventiva. La primera es justificada, la cual debe ser solicitada por el Ministerio Público y aprobada por un juez siempre que existan pruebas que la persona imputada representa un riesgo (para el proceso penal y personas involucradas). Mientras que la segunda es obligatoria y es automática cuando existen indicios de su participación en el delito.


De acuerdo con el informe sombra «Intersectando la discriminación contra las mujeres en México en distintos ámbitos. Informe sombra para el Comité CEDAW», entre 2019 y 2024 el número de hombres en prisión preventiva aumentó 13.1% y el de mujeres alcanzó un crecimiento de 33.1%. Asimismo, en 2024, el 48% de las mujeres en prisión se encontraban en prisión preventiva, en comparación con el 37% de los hombres.

Existe una mayor proporción de mujeres se encuentran en prisión preventiva obligatoria en comparación con los hombres, por ejemplo, en 2023, el 16 % de los hombres y el 23% de las mujeres privadas de la libertad se encontraban en prisión preventiva obligatoria.

La Constitución mexicana establece que las personas no pueden ser mantenidas en prisión preventiva por más de dos años, pero datos del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que, en 2023, el 22,2 % de las mujeres y el 20,1 % de los hombres en prisión preventiva llevaban más de dos años esperando una sentencia condenatoria.

Las fallas de la prisión preventiva

La prisión preventiva esta descrita en el artículo 19 de la Constitución mexicana en donde se incluye una lista de delitos que requieren de esta medida. En 2008 se aprobó una reforma que estableció 12 alternativas a la prisión preventiva y entró en vigor en 2016 logrando que el número de mujeres, que se encontraban en prisión por esta causa, disminuyera drásticamente.

Sin embargo, la lista de delitos que ameritan esta alternativa fue extendida entre 2019 y 2024 pese a las advertencias de instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comité contra la Tortura, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según determina el articulo 19° de la Constitución mexicana, actualmente los delitos por los que se ordena prisión preventiva oficiosa son:
«abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley»
Anteriormente, el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por las mujeres en prisión preventiva como el Séptimo Informe Periódico de Argentina donde se recomendó adoptar medidas para limitar el uso de este recurso, sin embargo, Intersecta denunció que el Estado mexicano presentara una ampliación del catálogo de delitos como un avance, cuando existen cifras que contradicen este panorama.

Anteriormente, Cimacnoticias documentó que la prisión preventiva no sirve para disminuir la incidencia delictiva como se esperaría. Durante la discusión en el Congreso Federal que tuvo lugar en 2024 cuando se aprobó la reforma para ampliar el catálogo de delitos que requieren de esta medida, diversas diputadas y diputados apuntaron que sus principales fallas giran en función de dos aspectos: se violenta el principio de presunción de inocencia y el sobrecargo del sistema penitenciario.

La presunción de inocencia establece que toda persona acusada de un delito es considerada inocente hasta que se demuestre legal y concluyentemente su culpabilidad. En la discusión, diputadas y diputados concluyeron que con la prisión preventiva no disminuye la criminalidad y afecta los derechos humanos; no se profesionaliza al Ministerio Público, motiva la lentitud de los procesos y promueve el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Por otro lado, actualmente existe un sobrecupo de espacios en los centros penitenciarios, gracias a que miles de personas están privadas de la libertad no porque se encuentren culpables legalmente, sino porque no pueden enfrentar el proceso en libertad gracias a la prisión preventiva.

Caso Cassez-Vallarta, un caso de cientos

El 9 de diciembre de 2005, la ciudadana francesa Florance Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros, fueron arrestados por un equipo de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el rancho Las Chinitas, sobre la carretera México-Cuernavaca, bajo el argumento de que pertenecían a la banda de secuestradores «Los Zodiacos».

El caso Cassez-Vallarta atrajo la atención mediática ya que la detención se realizó aparentemente en vivo. Al día siguiente, el entonces director de la AFI, Genaro García Luna declara ante el programa «Punto de Partida» que el material transmitido en televisión nacional fue una recreación, ya que la detención se realizó un día previo.

Para abril de 2006, Florance Cassez es sentenciada a 96 años de prisión por el secuestro de cuatro personas y tras una apelación, su pena bajó a 60 años en marzo de 2009. La narrativa pública del caso recrimina fuertemente a la ciudadana francesa e incluso el entonces presidente Felipe Calderón anuncia que la mujer no podrá ser extraditada, por lo que tendría que cumplir su sentencia en México.

En 2012 y luego de presentar un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) que fue rechazado, el entonces ministro Arturo Saldívar presenta un proyecto de amparo para liberar a Florance Cassez. Por otro lado, Israel Vallarta Cisneros permaneció privado de la libertad en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, sin una sentencia hasta el pasado 1 de agosto de 2025.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Américo Villarreal Jr. usó el poder político para quitarle los hijos a su exesposa

Hace unos meses, Américo Villarreal Santiago emprendió un juicio para quitarle a Brenda definitivamente todo derecho sobre sus hijos. El caso reúne todos los elementos de violencia vicaria, bajo la mirada complaciente de su padre el gobernador.

Brenda tenía el derecho legal de convivir con sus hijos. Así lo establecía el acuerdo judicial después de su separación de Américo Villarreal Santiago, actual coordinador de los programas del Bienestar en Coahuila e hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. 

Sin embargo, cada intento por verlos terminó en una batalla desigual: vigilancia, restricciones, mensajes filtrados, iPads confiscados, amenazas disfrazadas de procedimientos legales, fabricación de delitos e intimidación desde el poder.

Esta columnista tuvo acceso a expedientes judiciales y testimonios directos de personas vinculadas al caso. El material revela un patrón constante: el uso de influencias políticas e institucionales por parte de Villarreal Jr. para impedir la convivencia de Brenda con sus hijos menores de edad, bajo el argumento no declarado de control total.

El caso encaja con los elementos de violencia vicaria: uso de los hijos para castigar o controlar a la madre, instrumentación del aparato judicial y generación de denuncias como forma de intimidación. Lo que comenzó como un conflicto familiar escaló a una operación jurídica con rasgos de persecución.

Hay documentos, hay carpetas de investigación, hay detenciones. Y también hay omisiones. Lo que aquí se narra no es una inferencia ni una historia contada al oído. Son hechos documentados que cuestionan no sólo la actuación de un funcionario con poder, sino la complicidad institucional que lo rodea.

Brenda teme por su integridad y la de su familia. Por eso esta historia se publica. Porque cuando los expedientes se alinean con los silencios, la denuncia se vuelve una forma de resguardo.

DOCE AÑOS DE ASEDIO

Brenda contrajo nupcias con Américo Villarreal Santiago en abril de  2011. Ella tenía 23 años, él 27. Procrearon dos hijos varones. El primero nació ese año, el segundo en 2013. El matrimonio entró en conflicto a los cuatro meses de nacido el primer bebé, cuando Brenda descubrió una supuesta infidelidad de Américo. Además, a pesar de que el hijo del gobernador ha presumido que desde los 18 años cuenta con prósperos negocios, la “pensión” que “a veces” le daba a Brenda era de ¡500 pesos por cada niño! No le alcanzaba ni para pañales. En 2013 sobrevino la separación. Ella entabló una demanda por alimentos. 

En mayo de ese año ella se mudó a Monterrey con los niños. El acuerdo judicial del divorcio, que se concretó legalmente en 2015, le daba esa prerrogativa. Cinco meses después, el 4 de octubre, Américo Jr., con la participación de sus padres, fue señalado por sustraer a los niños del domicilio donde vivían con Brenda. La ley tamaulipeca impone de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siempre y cuando haya devolución espontánea del menor o los menores. Pero el delito se perpetró en Nuevo León, donde la pena es de 4 años de prisión e inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años.

El 13 de octubre, el juez dio a Brenda la custodia provisional de los niños. Pero estos seguían en el domicilio de los abuelos, y no se los dieron. El 18 de octubre Américo Villarreal Santiago fue detenido en Tamaulipas y trasladado a Monterrey. Brenda aprovechó el momento para llevarse a sus hijos, en cumplimiento de la disposición del juez. Encargó a su madre y a su hermana que trasladaran a los niños en un vehículo, y ella los siguió en otro, minutos atrás.

Al salir del conjunto residencial, dos vehículos se le cerraron al que conducía la madre de Brenda, donde viajaban los niños, tratando de hacerle perder el control. Uno era un Jeep Liberty en el que iban dos primos de Américo Villarreal Santiago. El otro, era la camioneta ranger propiedad de Américo Villarreal Anaya, pero conducido por la esposa, María de la Luz Santiago, actual primera dama del estado de Tamaulipas. La madre de Brenda pudo sortear la presión y recuperar el control del vehículo.

Pero, todavía más adelante, sobre la carretera Victoria Monterrey, un despliegue de unas 20 unidades de la Policía Federal las aguardaban para detenerlas, ya que la fuerza pública había sido alertada sobre el secuestro de dos niños. Llegó Brenda con los abogados, y aclarados los hechos la policía se empezó a retirar. 

Pero llegó el subsecretario de Salud del gobierno del estado, Américo Villarreal Anaya, en una camioneta con los logotipos del gobierno, se instaló como encabezando el operativo, de pie sobre el asfalto, hablando com el responsable, telefoneando a la vez a a guarnición de la Policía Federal de Victoria, y como resultado retuvieron de nuevo a Brenda, su madre, su hermana, los niños.

Tiempo después, cuando la agitación bajó un poco, Brenda se mudó a un lado de la casa de Américo hijo. Tenía los niños para ella los fines de semana o se pasaban a dormir a su casa. Fue una época en la que tenía pareja, pero la relación terminó. Brenda tuvo que mudarse a otra colonia. Américo la vio desprotegida y comenzó de nuevo a tratar de impedirle ver a los niños. 

A principios de 2017 le permitieron volver a ver a sus hijos, después de 11 meses sin contacto. Les regaló a los niños teléfonos para que estuvieran en contacto con ella, los niños le enviaban mensajes, diciéndole que su papá no les permitía verla. Al final, la madre se resignó a verlos cinco minutos a la salida de sus clases de tenis o de muay thai, les daba un abrazo rápido, un beso. Eso es todo. 

Pero desde que el abuelo, Américo Villarreal Anaya, consiguió la segunda gubernatura para la familia, las cosas se complicaron para Brenda. No la dejan ver a los niños, la siguen, la vigilan, tienen todos sus dispositivos de comunicación intervenidos.

El año pasado, le pusieron un GPS en su camioneta, y cuando conducía en la misma carretera Cd. Victoria – Monterrey, la policía estatal la interceptó, le exigieron que bajara del vehículo, el cual comenzaron a golpear. Cuando pidió la razón, la bajaron, la esposaron, y la acusaron de narcotráfico. Fue incomunicada todo el día, la encerraron, cuatro días después la presentaron frente al juez. Pero los policías entraron en contradicción, además de que se presentaron discrepancias con las grabaciones.

Cuando iban a levantar los cargos,  “apareció” un amparo, lo que permitió al juez aplicarle como medida cautelar la obligación de firmar cada semana en los juzgados de Ciudad Victoria.

Hace unos meses, Américo Villarreal Santiago emprendió un juicio para quitarle a Brenda definitivamente todo derecho sobre sus hijos, ante el Juzgado 3° de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, radicado en Ciudad Victoria, por el que exige “la declaración judicial de pérdida de la patria potestad y todos los derechos inherentes a la misma” que corresponden a Brenda, además de que también demanda de ella el pago de los costos legales del juicio.

El hijo del gobernador de Tamaulipas acusa a Brenda de “abandono de obligaciones alimenticias desde 2016”. Textualmente, el señor Delegado del Bienestar de la presidenta Sheinbaum instruye al juez para “desaplique” “porciones” de la ley adversas a sus propósitos, como la parte de la legislación que admite el alegato de abandono sólo cuando “compromete la salud, la seguridad o la moralidad”.

Dicta el hijo del gobernador, en su escrito de demanda: “En el caso actual debe desaplicar el artículo 414 fracción III en la porción normativa que se indica del Código Civil para el estado de Tamaulipas”. El argumento de la demanda es que los chicos están en riesgo de ser inducidos a consumir sustancias debido a que su madre fue detenida por narcotráfico, y que incluso está en riesgo su integridad física pues pueden ser atacados “por un bando contrario” del crimen organizado o ser víctimas de “un daño colateral”.

Y ahora, Brenda ha sido notificada de una nueva demanda, esta vez, por enriquecimiento ilícito, aunque vive solamente de la renta de una casa.

AMÉRICO III

El padre de los niños en litigio es el tercer Américo de la dinastía Villarreal. Nació en 1984, tres años antes de que su abuelo, Américo Villarreal Guerra, arrancara su gubernatura en Tamaulipas (1987-93). A sus tres años, el nieto ya corría por los pasillos de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria.

Su padre, el segundo Américo, Américo Villarreal Anaya, hizo una carrera en el ámbito de la salud pública como director hospitalario, y llegó a subsecretario del sector en la administración estatal del panista Francisco Xavier García Cabeza de Vaca. Dejó el PRI en 2017 para sumarse a Morena, partido que lo hizo senador en 2018 y gobernador en 2021, esto último tras una campaña salpicada por los escándalos del traficante de combustible Sergio Carmona, presunto operador financiero de Morena, y perseguido por el FBI debido a presuntas actividades criminales.

Villarreal Anaya conocía a Carmona a quien consideraba “cordial y amable”, según dijo al diario El Mañana de Reynosa, pero negó saber “quién era el dueño” del avión en el que viajó alguna ocasión con Yeidkol Polevsnky, entonces lideresa de Morena. 

Américo Villarreal Santiago tiene 41 años y es el primogénito del gobernador. Tiene dos hermanos, Humberto Francisco, y María. Lo mandaron a estudiar a (2004-07) a la Universidad de Monterrey (UDEM), una de las principales instituciones privadas de Nuevo León. Se tituló de administrador público en 2009, y entró directa y simultáneamente al sector privado y al público: ingresó a la dirección de ventas del consorcio Kin Energy y como secretario particular al Instituto de Cultura del estado.

Ya en 2011 se quedó de lleno en la burocracia, como Jefe del Departamento de Promoción y Relaciones Públicas del gobierno de Tamaulipas, en los gobiernos del priísta Egidio Torre Cantú, Cabeza de Vaca y en el de su propio padre. Eso dice su perfil. Otras versiones los señalan como “aviador” en instancias del sector salud del gobierno estatal, donde ha trabajado su padre.

Hasta 2024, cuando fue candidato plurinominal a senador. No resultó electo, pero en octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró delegado de Programas para el Desarrollo en Coahuila. Su gestión ha estado marcada por la polémica, con críticas y rechazos hasta de sus correligionarios. 

En febrero pasado, legisladores y regidores morenistas de Coahuila ―entre ellos el senador Luis Fernando Zalazar, los diputados federales Cintia Cuevas y Antonio Castro, el diputado local Antonio Attolini, y la regidora de Saltillo, Alejandra Salazar―  denunciaron que Américo Villarreal Santiago promovía su imagen y la de la senadora Cecilia Guadiana Mandujano, con quien públicamente mantiene una relación de pareja, con recursos de programas federales.

Entre los hechos que reclamaban estaba la atención médica de adultos mayores en las instalaciones de la delegación de Bienestar en Coahuila, con presencia de personal y camionetas rotuladas con propaganda de la senadora Guadiana y del diputado local Alberto Hurtado, que fue asistente del padre de la legisladora, Armando Guadiana. También, que el delegado entrega tarjetas de afiliación a beneficiarios en casas de gestión de la senadora.

Más tarde, en junio, la revista Proceso publicó una relación de 25 vuelos privados efectuados por Villarreal Santiago en menos de dos meses, del 31 de enero al 25 de  marzo, con un costo de más de un millón de pesos, a pesar de que su salario mensual es de 104 mil pesos mensuales, según la plataforma Nómina Transparente.

El funcionario respondió que usaba el avión “por puras cuestiones de chamba” y que lo sufragaba con recursos propios, pues contaba desde los 18 años con ingresos de sus negocios, principalmente en la ganadería y la agricultura. La presidenta Sheinbaum respaldó la versión de Villarreal en una de sus conferencias: “Pueden tener la certeza de que (…) no son dinero público, y en caso de que ésto se hiciera, lo tiene que investigar la Secretaría Anticorrupción”. Pero nadie va a investigar contra la certeza presidencial.

Es con lo que Brenda se ha enfrentado los últimos 12 años, y aún lo enfrenta. Con todas las relaciones heredadas de la primera gubernatura de la familia, y las de la actual, en un contexto de derrumbe del estado de derecho, en una era donde no importa si las gubernaturas se obtienen con relaciones cuestionables, y se ejercen sin límites, donde un mandatario estatal puede mandar a un fiscal, a pesar de que formalmente este sea independiente, y a todos los ministerio públicos y policías.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: SANDRA ROMANDÍA.

En dos décadas, Universidad Autónoma de Chapingo acumula 3 casos de feminicidio de alumnas

Nelly Concepción Soto Mijangos, la estudiante que denunció violencia sexual contra el rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en 2022, se convirtió en el rostro de la lucha estudiantil que busca justicia ante los casos de violencia de género que ocurren dentro de la institución, pero lo que resulta alarmante es que 3 casos de feminicidio acontecidos en el recinto le preceden, así como uno de violencia sexual, todos ocurridos contra alumnas.

A raíz del caso de Nelly, la colectiva Las Circasianas realizaron una petición en Change.org para que la universidad haga público los protocolos y la ruta a seguir en torno a la prevención, atención y erradicación de la violencia de género; así como dar seguimiento a las denuncias de las estudiantes donde manifestaron haber sido víctimas de acoso, abuso, violencia sexual y vejaciones por parte de docentes, trabajadores, compañeros estudiantes e incluso egresados. No obstante, dicha información permanece privada.

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) es reconocida por ser de los pocos centros educativos en México que se dedica a la enseñanza e investigación en las ciencias agrónomas y ambientales, enfocadas en el desarrollo del medio rural. Su oferta educativa se extiende a los niveles educativos de la preparatoria, licenciatura y posgrado en sus diferentes instalaciones repartidas en Durango, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, y estado de México.

En los dormitorios de mujeres de la UACh, Zuly Shanty Cruz Mendoza fue asesinada con un arma de fuego en el 2004. A sus 18 años era estudiante del segundo año de semestre de la carrera de Ingeniería Forestal Industrial y tenía 7 meses de embarazo. De acuerdo por la entonces Procuraduría de Justicia ubicada en Texcoco, Estado de México, sería el joven Cristian N., quien llevó a cabo el feminicidio por hacer público que él era el padre del bebé que esperaba.

Zuly era originaria de Ocotlán, ubicado en el estado de Morelos. Al contar con una beca, vivía en las instalaciones de la universidad. Asimismo, estudiantes de la universidad denunciaron que no era la primera agresión en contra de una mujer dentro de los dormitorios de la UACh.

A pesar de más de 10 años sin justicia, se sabe poco de la muerte de la estudiante Minerva Pacheco Ramón cuyo cuerpo fue hallado el 30 de octubre de 2014 en la zona de los campos de futbol dentro de la UACh. Se sabe que tenía 21 años de edad cuando fue asesinada y cursaba el sexto año de la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables; sin embargo, se atribuyó que su muerte fue un suicidio debido a que había sido dada de baja, sin investigar a fondo el escenario en que ocurrió.

Reportes de prensa, en 2016 informaron sobre el caso de otra estudiante, cuya identidad permanece oculta, dio su testimonio sobre la violencia sexual que sufrió durante la noche del Baile de la Quema de ese año. Para ese momento, se encontraba de regreso al internado de Chapingo cruzó las canchas de la colonia El Cooperativo, frente a las instalaciones de la UACh.

Para el cruce usó un puente peatonal que conecta la colonia con la universidad y ahí ocurrió el acto de violencia sexual. La entonces alumna, decidió no denunciar penalmente por miedo, ya que los sujetos le advirtieron que eran estudiantes de la universidad, aunque por sus características la joven concluyó que en realidad se trataban de trabajadores.

El lunes 23 de diciembre de 2019, fue encontrado el cuerpo de la estudiante Nazaret Bautista Lara de 15 años de edad, después de haber sido reportada como desaparecida cuatro días atrás. Sus compañeras de cuarto, con quienes compartía el dormitorio número 8, notaron su ausencia y la denunciaron ante las autoridades escolares; sin embargo, no se le buscó hasta el día siguiente.

La joven era originaria del estado de Hidalgo y tras ser aceptada en la institución abandonó su hogar para viajar a Texcoco, estado de México, e iniciar el primer semestre de la preparatoria gracias a la beca interna que le permitió adquirir derechos de estudio y estancia para mudarse a las instalaciones de la UACh.

Dentro de las investigaciones se reveló que la última vez que alguien la vio con vida fue en la cafetería La Meche, la cual se ubica dentro de las instalaciones de la UACh. Ahí se vio con uno de sus amigos, quien mencionó a las autoridades que estuvo con ella entre las 3 y 5 de la tarde, posteriormente, ambos se despidieron y el supuesto amigo salió de las instalaciones al no tener acceso a los internados de la institución, se le vio irse a través de las cámaras de seguridad.

Después de no tener noticias sobre la estudiante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, emitió una alerta Amber y Alba ante su desaparición y hasta el 23 de diciembre pudieron entrar a las instalaciones en donde la hallaron dentro de un contenedor de agua pluvial que se usa para regar los campos experimentales de la UACh.

Tras su feminicidio, el entonces rector José Solís Ramírez reveló a la comunidad estudiantil que el caso sería investigado como tal. Tres días después, las instalaciones se llenaron de carteles y reclamos de las y los estudiantes en donde denunciaron el acoso, la violencia y los asesinatos que se dan dentro de la UACh y demandaron el esclarecimiento de la muerte de Nazaret.

Para el 29 de diciembre, el entonces fiscal Alejandro Gómez Sánchez del Estado de México, anunció en sus redes sociales que el Ministerio Público Especializado en Adolescentes llevó ante un juez los elementos para que se ordenara la detención del adolescente menor de 15 años quien fue llevado al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, en el municipio de Zinacantepec.

Si bien el feminicidio de Nazaret puso en la mira a la UACh, fue el caso de Nelly Concepción Soto Mijangos el que terminó por evidenciar las fallas en cuanto a la seguridad de las estudiantes, sobre todo porque la violencia sexual que sufrió provino de una persona con poder y quien dirige la institución: Ángel N. rector de la universidad (del 6 de abril de 2023 al 5 de abril de 2027).

Fue en septiembre de 2023 que la estudiante se animó a denunciar con pruebas ante la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género (FCADVVG). No obstante, hasta enero de 2024 se giró una orden de aprehensión en contra de su presunto agresor, pero las autoridades encontraron al rector atrincherado en su oficina y las autoridades ministeriales no lograron detenerlo, ya que trabajadores y colaboradores impidieron el acceso de la policía dado el carácter autónomo de la institución.

Unos días después se llevó a cabo el segundo intento de detención después de que las Fiscalía General de Justicia del Estado de México consiguieran una orden de cateo para que oficiales puedan entrar a las instalaciones de la Universidad. No obstante, se filtró la orden de aprehensión dificultando el arresto del rector, además de que el funcionario consiguió un amparo para poder evitar su detención.

Con un grupo de cerca de 50 agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las autoridades entraron a la universidad mediante una orden de cateo; sin embargo, no fue encontrado, por lo que se le consideró prófugo de la justicia. Posteriormente se dio a conocer que Ángel N. buscó interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y solicitó un permiso de 4 meses para ausentarse de su cargo como rector.

Anteriormente, el 17 de julio de 2025 se llevó a cabo el inicio del juicio oral en los juzgados anexos al Penal Molino de Flores, en Texcoco, estado de México. En ese espacio, los peritos explicaron su metodología y detallaron cómo elaboraron los dictámenes psicológicos, de violencia de género, antropológicos, médicos y criminológicos, los cuales resultaron fundamentales para sustentar la denuncia de Nelly. En respuesta, la defensa legal de Ángel “N” intentó descalificar el trabajo pericial y su marco interpretativo, sin éxito.

El desarrollo del juicio fue favorable para la estudiante. Su equipo jurídico logró objetar, con fundamentos, las inconsistencias en los planteamientos de la defensa, mientras que el juez mantuvo una postura imparcial, de acuerdo con los testimonios recogidos. No obstante, el caso aún no termina para la estudiante, quien ya ha sufrido repercusiones por parte de la institución y de sus compañeros por denunciar.

Las cifras

De acuerdo con su informe «Estadísticas de Bolsillo 2024», de la Universidad Autónoma de Chapingo señala que durante 2023 había 4 mil 529 mujeres (47%) matriculadas en esa universidad en comparación con los 5 mil 96 hombres inscritos (53%). Asimismo, cuentan con mil 125 trabajadoras (40%), mil 669 trabajadores (60%), 270 profesoras (33%) y 888 profesores (77%). Y pese a que las mujeres van ganando terreno en los espacios estudiantiles, académicos y administrativos; la institución continua sin proporcionar medidas de seguridad para ellas.

Alrededor de 2 mil 127 estudiantes son indígenas (22%), de los cuales mil 58 son mujeres (49.7%) frente a mil 69 de los hombres (50.8%). Entre las lenguas indígenas de las y los estudiantes de Chapingo son náhuatl, zapoteco, mixteco, totonaco, mixe, otomí, mazateco, mazahua, tseltal, chinanteco, tlapaneco, tsotsil y ch ́ol.

Al venir desde otros estados de la república, es común que soliciten becas que les permitan adquirir derechos de estancia. Según muestra el informe de la UACh, durante 2023 se emitieron 7 mil 911 becas que fueron repartidas entre el 48% de las mujeres y el 52% de los hombres, siendo el 82% de toda la planilla estudiantil cuenta con una beca y estas pueden dividirse entre becas completas, internas y externas.

El estar lejos de casa en un territorio desconocido y sin la cercanía de la familia es un escenario que permite muchos de los casos de violencia de género contra las estudiantes, sobre todo aquellas que provienen de comunidades indígenas y quienes se niegan a denunciar ante el miedo y la desprotección de la universidad.

FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.