Proyectos inmobiliarios avanzan
El alcalde de Dzemul, José Wilberto Flota Aké, confirmó que existen más de dos mil 500 complejos a lo largo de los 16 kilómetros de litoral en San Bruno, San Benito y Chabihau. Todos extraen agua de pozos particulares, lo que pone en riesgo de salinización los mantos acuíferos.
Pese a las múltiples quejas de habitantes de la franja costera por el avance de estos desarrollos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó un nuevo proyecto de casi cuatro mil metros cuadrados, denominado simplemente “Departamentos en la playa”.
El complejo contará con seis niveles, cada uno con cinco departamentos, además de piscina y terraza.
La autorización contradice lo establecido por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán, que limita la altura de las construcciones a siete metros y exige que se respeten 60 metros de duna costera para preservar el equilibrio del ecosistema.
El promovente, Meljem Alberto Charruf Semerena, afirmó que el desarrollo es “compatible” con la zona porque se trata de turismo de segunda residencia, en referencia a visitantes con estadías prolongadas. La inversión será de 49.8 millones de pesos y se ubicará cerca de los municipios Progreso y Telchac Puerto. Según el promovente, la etapa de preparación y construcción durará tres años.
“Se realizará el retiro de la vegetación que consiste en arbustos solamente que se encuentren directamente en el área de construcción”, indica la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento técnico que evalúa los efectos del proyecto.
También se contempla una excavación en la arena para la colocación de los cimientos en dicho lugar que es parte de una zona geohidrológica conocida como “Semicírculo de cenotes”, de importancia ambiental, cultural y económica.
Esta área se vería en riesgo de contaminación al manto freático por residuos, partículas disueltas y posibles derrames accidentales.
La zona de vegetación a deforestar incluye especies como nopal, riñonina, alfombrilla, verdolaga, ch’it, uva de mar, chechem y otras. También se anticipa el desplazamiento de fauna, así como la colonización y adaptación forzada de especies a nuevas condiciones artificiales, de acuerdo con la MIA.
Dzemul, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuenta con 3 mil 622 habitantes, más de la mitad dedicados a la pesca. Charruf Semerena aseguró que el proyecto “incrementará la calidad de vida” mediante empleos y mayor ingreso per cápita. También niega cualquier alteración a la identidad étnica de la población.
Los pobladores no son tomados en cuenta
José Chi Aké, habitante de Dzemul, denunció que no se realizaron consultas ciudadanas antes de la decisión de construir el proyecto.
“Nunca nos consultan si queremos o no la construcción, ya nos damos cuenta nada más cuando aparecen los edificios y a la vez comenzamos a quedarnos sin agua”, advirtió.
El poblador del sitio costero dijo que en Yucatán hay oposición entre la población a estos complejos, sin embargo, las autoridades locales y federales ignoran sus peticiones.
“Nosotros no queremos ser un Cancún más, esto lo hemos dicho siempre, y no sólo aquí sino ya en otras playas del estado la gente se opone, pero no nos hacen caso”, denunció Chi.
María Elena Torres Pérez, investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), señaló que estos desarrollos afectan directamente a las comunidades: “Cuando estos proyectos llegan, los habitantes tienen cabida como un escenario, pero son excluidos de espacios que tradicionalmente usaban, al menos que sean empleados, pero hay que decir que no todo el pueblo lo es”.
Explicó que los empleos suelen implicar transformaciones culturales forzadas: “Gente que no usaba ropa maya comienza a hacerlo para ser parte de un escenario folclórico, o sea los orillan a usar modelos estilizados que no conciernen a su cultura, tradición y raíces”.
La investigadora mencionó que estos desarrollos turísticos tienden a agarrar como un pretexto o fundamento las cuestiones culturales de identidad, pero de forma superficial, es decir a los turistas les ofrecen la tranquilidad del lugar y la cercanía con la cultura maya.
También subrayó que estos proyectos consumen recursos básicos como electricidad y agua potable, afectando gravemente a la población local, como ya ha ocurrido en sitios como Progreso y Sisal.
Ana García Silberman, investigadora del Cinvestav, alertó sobre la expansión descontrolada del desarrollo inmobiliario en la costa y en su experiencia, zonas de dunas, ocupadas por construcciones, han perdido totalmente su playa debido a la erosión provocada por tormentas y huracanes.
Claudia Pérez Aguilar, vicepresidenta ejecutiva de la AMPI, reconoció que “el mayor interés de las empresas inmobiliarias está en la costa yucateca”, al ofrecer desarrollos con albercas, gimnasios y bares que compiten directamente con destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
Según una revisión de los trámites de ingreso de MIAs ante la Semarnat, de enero a junio de 2025, se han registrado al menos 10 nuevos proyectos inmobiliarios en Telchac Puerto, Progreso, El Cuyo, San Bruno y San Crisanto.
Una solicitud de información, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, reveló que de 2018 a 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recibió 200 denuncias en Yucatán por afectación a la vegetación costera.
A pesar de la inconformidad social, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, ha reconocido el problema y señaló en una visita a Yucatán en junio, que buscarán liberar accesos públicos.
“Lo que tenemos que hacer es sentarnos con todas estas personas que ya tienen su propiedad privada para llegar a un acuerdo”, declaró a medios de comunicación locales sobre abrir más accesos públicos a las playas.
Jorge Herrera Silveira, investigador en el Cinvestav, advirtió que los cambios de uso de suelo en los mil 250 kilómetros de costa de la Península de Yucatán han aumentado en los últimos 40 años, con el turismo y la industria inmobiliaria como principales motores.
El investigador subrayó que estos proyectos arrastran problemas sociales y ambientales, pues los habitantes originarios sufren las consecuencias con la escasez de servicios públicos.
“Más de 90 % de las aguas residuales de todas las actividades tanto en la costa como en el interior de la península no reciben tratamiento antes de ser vertidas al acuífero el cual tiene como destino final los ecosistemas costeros”, expuso Herrera.
José Chi tiene la esperanza de que en algún momento las autoridades ambientales ya no otorguen más permisos de construcción para permitir un respiro a la costa y al mismo tiempo disminuir las afectaciones a los habitantes.
“Con estos proyectos vemos que las autoridades se preocupan más por darles servicios a las casas veraniegas y a los departamentos, cuando muchas casas del pueblo no tienen ni agua. Queremos un alto a los desarrolladores”, mencionó Chi.
