La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 24 de julio de 2025, que ningún ciudadano estaba obligado a proporcionar sus datos para tener una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, pero recomendó el registro, porque, según ella, podría apoyar a víctimas de desaparición.

La mandataria nacional indicó que en la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas -que crearía la CURP con datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad- no se establecieron compromisos forzados, pero sugirió que lo ideal era que la gente se inscribiera en el nuevo proceso a partir de octubre de 2025, como una estrategia preventiva, ante eventuales casos de violencia.

“Evidentemente, a nadie se le puede obligar a que lo haga, claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas, y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia, entonces ayuda en ese caso y en muchos otros, y en particular en el tema desaparecidos”, destacó la presidenta.

“Entonces, pues estamos orientando a que se haga, pero nadie se le obliga a que lo haga, y a partir de octubre, pues inicia este proceso, ya formal dentro del marco de la nueva ley”, comentó Sheinbaum Pardo, quien fue cuestionada respecto a que uno de los posibles temores sería que se trataba de datos sensibles.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal argumentó que las aplicaciones bancarias ya pedían esa información. Además, garantizó que la ciudadanía podría estar tranquila, porque las autoridades protegerían los registros y no se usarían para otros fines, sino en caso de que fueran víctimas de delitos.

“Pues sí, las aplicaciones de los bancos te lo piden, incluso hasta tu rostro, entonces pueden tener la certeza de que estás segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios. Y pueden tener la certeza de qué no se va a hacer mal uso de ellos, sino sencillamente ayuda a distintos temas y en particular, si son víctimas de algún delito, pues poder apoyar”, insistió la mandataria nacional.

A partir del 16 de octubre de 2025, los ciudadanos podrían registrar su CURP biométrica, de manera voluntaria, bajo dos modalidades, según informó, el 23 de julio de 2025, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Según lo explicó la funcionaria federal, durante una conferencia de prensa, tanto adultos como menores de edad elegirían entre acudir a uno de los 145 módulos que operarían en todo el país y a las oficinas centrales del Registro Nacional de Población de Identidad (RENAPO) o, bien, optar por el trámite en línea, a través de la plataforma Llave MX.

La titular de la SEGOB informó que el documento con datos biométricos y fotografía no sería un requisito obligado para la ciudadanía, niños incluidos, sino un imperativo para los entes públicos y privados, quienes deberían pedir y reconocer los 18 caracteres alfanuméricos de identificación.

“La CURP biométrica no es obligatoria, se estará tomando de manera gradual a los ciudadanos. Tampoco tendrá un costo en los módulos de los registros civiles. Los entes públicos y privados tendrán la obligación de pedir la CURP, que son los 18 caracteres como documento primario, pero la CURP biométrica será solamente una actualización”, abundó Rodríguez Velázquez.

La titular de la SEGOB afirmó que estaba garantizada la protección de los datos mediante mecanismos que ya existían, como controles de acceso, auditorías periódicas, pruebas de seguridad y simulación de ataques, así como el cifrado de información y el monitoreo en tiempo real de comportamientos sospechosos.

Por su parte, Arturo Arce Vargas, director general del RENAPO, dijo que cada ciudadano debería elegir voluntariamente el método que utilizaría para actualizar su CURP, ya sea de manera presencial o en línea.

Según detalló el funcionario federal, la segunda opción sería a través de la plataforma Llave MX, donde las personas permitiría realizar una confronta de datos que previamente entregaron a otra institución, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante el trámite de pasaporte, y darían su consentimiento para que los utilizara la RENAPO.

Arce Vargas dijo que los adultos que decidieran hacer la conversión deberían acudir a los módulos con una CURP certificada y una identificación mientras que los niños y adolescentes menores de 18 años de edad, tendrían que presentar su CURP, una credencial del padre o tutor y su registro estaría obligatoriamente ligado a los biométricos de sus padres.

“No podrá tomarse un biométrico de niño que no esté ligado con padre, madre o tutor que ejerza la patria potestad”, enfatizó Arce Vargas, quien también reveló que 24 entidades participaban en un plan piloto, en las vísperas del plazo legal para la implementación de la CURP biométrica y, a la par, las autoridades continuaban adquiriendo equipos para instalarlos en los registros civiles, mismos que permitieran la captura de biométricos.

Además, el funcionario federal comentó que la RENAPO tendría bajo su responsabilidad la Plataforma Única de Identidad y Alerta Nacional de Búsqueda, cuya herramienta central de funcionamiento sería la CURP biométrica.

El Registro Nacional de Población estaría encargada de recabar y resguardar toda la información contenida en el repositorio, que diseñaría en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), para iniciar a más tardar el 15 de octubre de 2025.

“Seguirá siendo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, a través del RENAPO, el resguardo de toda la información”, subrayó Arce Vargas, quien también expresó que la Plataforma serviría como interconexión entre los datos biométricos y las bases de datos de entes públicos y privados.

Como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Forense Federal, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, no Identificadas y no Reclamadas, el Registro de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, la Base Nacional de Información Genética y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, de reciente creación.

“La Plataforma Única es una herramienta central de interconexión para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas que funcionará a través de vincular registros públicos y privados”, explicó, en su turno, Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB.

El funcionario federal destacó que mediante ésta se emitiría la Alerta Nacional, en la cual se avisará a las autoridades del país, cuando una persona desapareciera o alguna otra reportada como desaparecida, registrara alguna actividad.

“A la primera denuncia de desaparición se elaborará una ficha de búsqueda que será difundida a nivel nacional, y de manera automática, en todos los sistemas de información del Estado y de los gobiernos”, agregó Medina Padilla, quien adelantó que el Gobierno Federal alistaba un programa exclusivo de apoyos para los hijos de personas desaparecidas.

Cuando eran oposición rechazaban que los militares se encargaran de tareas de seguridad pública y que los datos biométricos de la ciudadanía se utilizaran para combatir la inseguridad, pero ahora, en el gobierno, los morenistas cambiaron de postura, como evidencia la reciente aprobación y promulgación de reformas a las que antes se opusieron.

Este miércoles 16, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el paquete de reformas que fueron aprobadas por Morena y aliados en el periodo extraordinario en el Congreso, entre ellas las que permiten geolocalización en tiempo real, una CURP con datos biométricos y que la Guardia Nacional quede subordinada al Ejército. 

Pero como oposición, la actual presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, criticó la posibilidad de la geolocalización de equipos móviles en tiempo real, como pretendía el expresidente Enrique Peña Nieto, y el actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó de manera incisiva al uso de cuerpos militares en tareas de seguridad pública antes de que su movimiento llegara al poder.

La Secretaría de Gobernación integrará los datos biométricos de las personas a la CURP mediante la transferencia de la información que esté en poder de las autoridades. La reforma establece que la incorporación de los datos biométricos a la CURP “será previa autorización de su titular”; sin embargo, empresas privadas y entes públicos deben incorporarla como requisito para la prestación de los trámites y servicios a su cargo.

La nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las empresas de telefonía deberán solicitar la CURP de las personas usuarias para activar y mantener activas las líneas. Esa información será resguardada y estará disponible en una plataforma digital accesible para autoridades de seguridad que lleven a cabo investigaciones, conforme a lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Militarización

“Cuando uno está en la oposición está en el cielo, pero cuando uno está en el gobierno está en la tierra y entonces hay que enfrentar las realidades acumuladas del rezago, la incompetencia y la complicidad o la corrupción. Y esa es la realidad en la que se enfrentó la creación de la Guardia Nacional en la necesidad de reformar la inseguridad ante los altos niveles de violencia”.

El respaldo al uso de un cuerpo militar en el combate a la seguridad pública contrasta con las críticas que ellos mismos realizaban hace unos años.

En 2017, cuando el PRI gobernaba el país, el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña, hoy presidente del Senado por Morena, acusaba a las Fuerzas Armadas de poner en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía: “Ellos no son para laborales de seguridad pública, ellos están frente a una invasión extranjera, no para voltear sus armas contra el pueblo”.

Luego, en 2018, la Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior promulgada en 2017 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a que contenía disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública,  lo que resultaba inconstitucional.

Geolocalización

Amnistía Internacional denunció las medidas que amenazan la privacidad implementadas en las reformas a leyes en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población. 

Entre estas medidas se encuentran el acceso irrestricto a datos biométricos y personales y la creación de una CURP biométrica. Advierten que estos datos podrían ser usados indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.

Enfatizaron en la exclusión de las familias de personas desaparecidas, ya que las reformas se aprobaron sin parlamento abierto. Esto “debilita su legitimidad y desoye a quienes enfrentan día a día la crisis de desapariciones.”

Exigen al Congreso abrir espacios de diálogo con las familias, ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad y establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar justicia.

A continuación el comunicado completo:

El pasado 1 de julio, el Congreso de la Unión aprobó reformas a leyes clave en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población.

Aunque hay avances, expresamos nuestra profunda preocupación por diversos puntos. 👇

❌ Las reformas se aprobaron sin parlamento abierto, excluyendo a las familias de personas desaparecidas.

Esta omisión debilita su legitimidad y desoye a quienes enfrentan día a día la crisis de desapariciones.

⚠️ Se introducen medidas que amenazan la privacidad:

🔹 Acceso irrestricto a datos biométricos y personales

🔹 Creación de una CURP biométrica

Estos datos podrían usarse indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.

❗ Las reformas no abordan puntos esenciales:

🔸 No enfrentan la crisis forense

🔸 No asignan presupuesto para su implementación

🔸 No tipifican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad

🔸 No establecen responsabilidades para mandos superiores

Llamamos al Congreso a:

📢 Abrir espacios de diálogo con las familias

🔐 Ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad

⚖️ Establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación.

Tras una larga jornada de más de siete horas y con un pleno semivacío, la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.

La minuta enviada por el Senado de la República fue aprobada en dos votaciones, primero fue avalada en lo general la reforma sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas por 438 votos a favor y 38 en contra. En lo particular hubo 417 sufragios a favor y 60 en contra.

Con 438 votos a favor, 38 sufragios en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo general, el 30 de junio de 2025, la minuta que reformó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que crearía la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad.

Además, el Pleno de San Lázaro avaló, con 340 votos a favor, 104 sufragios en contra y 24 abstenciones, la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, en el cual se estableció que la CURP se integraría obligatoriamente de huellas dactilares y fotografía, por lo que sería el documento nacional de identificación obligatoria.

Los votos a favor fueron emitidos por los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT). La bancada del Revolucionario Institucional (PRI) sufragó en contra de los cambios a ambas leyes, mientras que Acción Nacional (PAN) votó a favor de la primera y la segunda en contra. Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvo.

Según la reforma, la CURP integraría la Plataforma Única de Identidad, que sería la fuente primaria y en tiempo real en materia de desapariciones forzadas y se interconectaría con registros como el Banco Nacional de Datos Forenses y administrativos, pero también con cualquier sistema de información de particulares que prestaran servicios financieros, de transporte, de salud física y mental, de telecomunicaciones, educación, paquetería e incluso religiosos, entre otros.

Además, crea la Base de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas no Localizadas, que sería operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y debería ser actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas.

La minuta agregó que toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tuviera a su cargo datos biométricos o identificativos de personas, debería permitir a las fiscalías, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional (GN), a las policías, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a sus pares locales, la consulta inmediata de la información referente a las personas desaparecidas para su búsqueda.

Los senadores oficialistas aprobaron la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población. 

Los senadores aprobaron la iniciativa en lo general y en lo particular por 69 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.

El Senado aprobó en lo general el uso de nuestros datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población o CURP, bajo la premisa de simplificar trámites mediante la Llave MX. 

Esta llave es una herramienta digital que implementará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual pretende, en el fondo, combatir la corrupción. Ante este panorama, en donde el Estado mexicano recolectará datos biométricos de la población, vale la pena preguntarnos: ¿quién se encargará de vigilar y establecer las medidas de seguridad para proteger estas bases de datos?

En este contexto, resulta imprescindible recordar instrumentos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa, el cual fue adoptado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y entró en vigor el 1 de octubre de 1985. Este tratado internacional, vigente y vinculante, tiene como objetivo establecer un marco legal para la protección de las personas en lo relativo al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. México puede tomarlo como referencia para garantizar que cualquier avance tecnológico se implemente con respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.

En los últimos años, en México, en América Latina y prácticamente en todo el mundo, hemos conocido casos donde datos personales, incluyendo los biométricos, han sido sustraídos de bases institucionales. En el mundo digital en el que vivimos, las tecnologías que han facilitado las tareas de nuestras vidas, también se han convertido en instrumentos que pueden vulnerar la privacidad y los derechos humanos de las personas.

Ante la próxima aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición en México, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado un documento con las sugerencias que considera pertinente incorporar luego de diversas reuniones con colectivos. Sin embargo, personas que buscan a sus familias y aliados de todo el país aseguran que es insuficiente e insisten en un parlamento abierto.

De acuerdo con el documento “propuestas relevantes de modificaciones a la iniciativa de reformas a la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, remitido por la Consejería Jurídica el 18 de junio pasado, durante las mesas fueron presentadas más de 570 propuestas que quedaron plasmadas en solo 30 modificaciones a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el 27 de marzo.

“Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que atiendan con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática, y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, advirtieron más de 300 familiares, colectivos y personas aliadas este martes 24.

Recordaron, además, que la ley vigente en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a su dolor. “La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, continúa el documento difundido por colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Entre otros aspectos, las propuestas enviadas por Gobernación permiten también la participación de otras autoridades en la investigación, cuando sea necesario, y a quienes tengan acceso a mediciones generadas por satélites o aeronaves permitir su consulta solo a las fiscalías y comisiones de búsqueda –en este punto se omite a todas las instituciones de seguridad pública, como decía la iniciativa original–.

Otras sugerencias de adición apuntan a atender los más altos estándares científicos en materia de identificación humana, a la actuación de oficio para realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas antes de remitir a fosas comunes, a la actuación diligente de las fiscalías, a la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con voz y voto en el Sistema Nacional de Búsqueda, a la difusión pública de lineamientos, a no condicionar la búsqueda a la presentación de la CURP, al énfasis en los hijos e hijas de personas desaparecidas, a los planes para la seguridad y protección de las familias, a la sensibilización de la población en relación con prevención y mitigación de factores de riesgo, así como algunas sanciones específicas a autoridades que no cumplan las disposiciones a cabalidad.

El 4 de mayo pasado, Animal Político documentó que el Senado no había tenido ninguna participación en los diálogos con colectivos y familiares de personas desaparecidas. A petición de la presidenta Sheinbaum, el órgano legislativo solo estaba a la espera de las observaciones de Gobernación para dictaminar y aprobar el documento.

Desde entonces, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había asegurado en entrevistas que existía urgencia de que en el periodo extraordinario se contemplara la iniciativa para su aprobación inmediata. Al mismo tiempo, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación en esa Cámara, declaró que el Senado no tenía proyectado un proceso de parlamento abierto que nutriera la iniciativa con la participación pública de víctimas y especialistas, como ya habían demandado colectivos con anterioridad.