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La Presidenta pide a la FGR revisar el caso de exterminio en penal de Piedras Negras

By: Draco Dracul on martes, marzo 25, 2025 / comment : 0 , ,

La Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la FGR la reapertura del caso del penal de Piedras Negras, el cual fue utilizado como centro de exterminio por parte de los Zetas durante el Gobierno de Felipe Calderón.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esta mañana al Fiscal General Alejandro Gertz Manero revisar el caso del penal de Piedras Negras, en donde el cartel de los Zetas exterminó a familias completas durante el Gobierno de Felipe Calderón y el Gobernador Humberto Moreira.

"Lo revisamos, lo revisamos, le pedimos aquí al Fiscal que revise el caso de Piedras Negras”, expuso la Presidenta al ser cuestionada por SinEmbargo sobre si se reabrirán casos como este.

—¿Sí se puede retomar con estos casos que ya pasaron hace años?— se le preguntó al Fiscal.

—Por su puesto, con cualquier caso que no haya prescrito y sobre todo que haya pruebas, que una denuncia esté sólidamente establecida con las pruebas correspondientes y que la persona que es una víctima sepa que cuando presenta una denuncia y tiene pruebas, tiene todo el derecho a ser apoyada y a buscar y encontrar la justicia— respondió.

Con Calderón había montajes y pactos de silencio

“En el pasado había quizás dos palabras que explicaban lo que ocurría en el sexenio Calderón, que nos dicen que ya no se debe mencionar, ya ellos ya no quieren que se mencione porque fue muy oscuro, con su Secretario de Seguridad, que es montajes y pactos de silencio", comentó la Presidenta cuestionada por SinEmbargo sobre la impunidad en casos como los hornos crematorios operados por los Zetas en el penal de Piedras Negras durante el sexenio de Calderón y del entonces Gobernador Humberto Moreira.


La Presidenta sostuvo que en su Gobierno busca que se esclarezca lo ocurrido y que haya justicia. "A nosotros nos caracteriza la verdad y la justicia, esa es la diferencia, porque nosotros juramos no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y las cosas están en las fiscalías".

Claudia Sheinbaum indicó, por ejemplo, que en este caso, si hay un delito, tiene que perseguirse. "¿Y a quién le corresponde? A las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República”.

¿Qué pasó en Piedras Negras?

El penal de Piedras Negras, en Coahuila, fue uno de los lugares habilitados por Los Zetas para la ejecución y la desaparición de cuerpos entre por lo menos 2010 y 2011, es decir en los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y de Felipe Calderón Hinojosa. Un auténtico centro de exterminio en el que calcinaron y desaparecieron a hombres, mujeres, mayores de edad, jóvenes e incluso niños.

Eso establece el informe “El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011” publicado por el Colegio de México en noviembre de 2017 y cuyos autores son Sergio Aguayo y Jacobo Dayán. Las denuncias expuestas en este informe se desprenden del expediente APP 005/2014-BIS de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y es coincidente con un puñado de reportes que se llegaron a publicar desde la prensa no convencional.

Lo ocurrido en este centro penitenciario es uno de los episodios de violencia registrados en el norte de Coahuila en este periodo como sucedió con otras masacres registradas en Piedras Negras y Allende que corresponden a una venganza perpetrada por Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, los líderes zetas Z-40 y Z-42 que se encuentran en EU.


Autoridades de ese país propiciaron estas matanzas al haber entregado información delicada a una unidad de la Policía Federal de Genaro García Luna, preso en ese país por narcotráfico, la cual a su vez avisó a los líderes zetas que habían sido traicionados por Alfonso Poncho Cuéllar, quien tenía como subordinados a Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”, y a Luis Garza Gaytán, “La Güiche” o “La Güichina”. Para castigar su deslealtad, los hermanos zetas llevaron a cabo una estrategia de exterminio en el que este penal tuvo un papel importante.

Los reportes dan cuenta que las autoridades del Gobierno de Humberto Moreira y el de Felipe Calderón sabían que el penal de Piedras Negras era dominado por los Zetas, pese a ello en 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos. A eso hay que sumar que “los municipios también subsidiaban a los criminales; en Allende parte del presupuesto asignado a la gasolina usada por la seguridad pública se entregaba a los Zeta”, señala el reporte del Colmex.
Los periodistas estadounidenses Brandon Darby e Ildefonso Ortiz ya habían dado a conocer en febrero de 2016 que como parte de esta estrategia de exterminio, “los Zetas comenzaron a reunir a familias enteras, amigos, parientes lejanos y personas inocentes que tuvieran alguno de esos apellidos, incluso si no estaban relacionados” para torturarlas y asesinarlas mediante una variedad de métodos crueles. “Los cuerpos fueron llevados a un rancho cerca de Allende o a la prisión de Piedras Negras para hacer desaparecer los cadáveres”.
Esta misma información de 2016 indica que los Zetas tenían pleno control operativo de la prisión hasta el punto de que llevaron a más de 150 personas a la prisión para torturarlas, asesinarlas e incinerarlas. “A pesar de la brutalidad del caso, los principales medios de televisión y la prensa de Estados Unidos han ignorado el secuestro y asesinato de cientos de personas de Allende, Coahuila”, escribieron ambos periodistas.

El informe del Colmex confirma en ese sentido que el centro penitenciario de Piedras Negras “era uno de los cinco o seis lugares habilitados en Piedras Negras para las ejecuciones y la desaparición de cuerpos. Otros centros de exterminio eran un terreno baldío cercano a la zona llamada Laguito Mexicano y, cerca del penal, un basurero municipal y un campo de futbol”.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NANCY GÓMEZ.

Más allá del horror de Teuchitlán: caso Los Huesos en Mexicali y otros narco-ranchos también evidencian la crisis de desaparecidos

By: Draco Dracul on lunes, marzo 24, 2025 / comment : 0 ,

El hallazgo en 2023 de cientos de restos en el rancho “Los Huesos”, cerca de Mexicali, junto con Teuchitlán y otros lugares de exterminio, revela la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y la impunidad con la que operan estos sitios.

Mientras el mundo se estremecía ante el descubrimiento de un rancho utilizado por un cártel como centro de reclutamiento forzado en Teuchitlán, Jalisco, madres buscadoras encontraron el pasado lunes 17 de marzo en la ciudad de Tijuana el cráneo de una persona abandonado sobre una banqueta, a plena luz del día y en plena calle, donde a escasos metros unos niños corrían felices, ajenos al horror. 

–Lamentablemente, lo que encontraron en Jalisco no es para nada un caso aislado, ni nada que nos sorprenda a los padres y madres buscadores. Tanto las fosas clandestinas, como los hornos del narco, así como los desaparecidos, están prácticamente en todo el país, en todos los estados. 

Paula Sandoval lleva cinco años buscando a su hermano Jesús Daniel Sandoval León, un estudiante de Derecho que tenía 26 al momento de desaparecer, y que alternaba los estudios con el trabajo como chofer de Uber y la venta de celulares, laptops y cámaras de vigilancia.

Daniel se encontraba el 16 de enero de 2020 en la colonia Florido de Tijuana cuando fue secuestrado. El grupo armado pidió un rescate, que la familia pagó, pero no lo liberaron. Desde entonces, el joven pasó a engrosar las estadísticas oficiales de la Secretaría de Gobernación federal que aseguran que en Baja California, en los últimos seis años, suman 2 mil 235 denuncias que siguen activas por desaparición, más 60 casos que ya fueron hallados sin vida. Una cifra, no obstante, que activistas y colectivos de búsqueda en Tijuana consideran muy alejada de la realidad. La activista Paula Sandoval apunta que, al menos, habría 24 mil carpetas abiertas por desaparición, debido en parte por la cifra negra de quienes tienen miedo a denunciar, o por un posible subregistro de las autoridades. 

Desde la desaparición de su hermano, Paula, que fundó el colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, ha visto ya muchos horrores como el de Teuchitlán, el campo de exterminio en Jalisco.

Precisamente, su colectivo y ella fueron los que recibieron la llamada anónima el lunes pasado y se apersonaron en la calle donde yacía el cráneo sobre la banqueta. 

A unos pocos metros, se encuentra una bodega abandonada en la que hay un sótano a oscuras, donde se sospecha que pudiera estar el resto del cuerpo, o más restos humanos. La sospecha se debe, explica Paula, a que en ese mismo lugar ya se había encontrado anteriormente un cadáver sin cabeza –la cual fue hallada después, en enero de este año–. Sin embargo, debido a la premura con la que asistieron el lunes pasado al lugar y a la falta de lámparas y de equipamiento, el colectivo dio parte a las autoridades y ya no rastreó más a fondo la bodega.  

–Hay fosas clandestinas por todas partes –dice tajante la activista–, Baja California completa es un panteón clandestino. Tan solo en Mexicali, por poner un ejemplo, se encontró un rancho con más de 300 restos humanos.


Paradójicamente, ese rancho del que habla Paula donde fueron enterrados clandestinamente cientos de restos se llama ‘Los Huesos’. Está ubicado en el poblado ‘Los Algodones’, a unos 30 kilómetros de la capital de Baja California, y muy cerca de San Luis, Arizona, en Estados Unidos.

El lugar donde se encuentra el rancho, que básicamente es una inhóspita zona semidesértica donde hay un mar de llantas de carros tiradas por todas partes, carros desguazados y viejas autocaravanas, está en la colonia ‘Ladrillera’. Se le llama así debido a que en este pequeño asentamiento irregular la principal actividad económica es la fabricación de tabiques y ladrillos de arcilla en hornos. De hecho, en el rancho del hallazgo hay montañas de ladrillos amontonados por todas partes. Y a decir de los colectivos de búsqueda, los hornos ladrilleros de estos ranchitos es lo que hace que los grupos del crimen organizado se fijen en esta zona de Mexicali, donde según cifras oficiales hay más de 500 personas que están desaparecidas a la fecha. 

Gonzalo Moreno, junto a su esposa Soraya, fundó la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de BC, luego de la desaparición el 27 de marzo de 2022 de su hijo Kevin, un joven de 20 años. 

Kevin fue secuestrado por un grupo del crimen organizado cuando estaba en su segundo día de trabajo como guardia de seguridad en la terraza del bar Shots, sobre la calzada Montejano, en pleno corazón de Mexicali; un lugar al que Gonzalo asegura que ya se le conoce como ‘El Triángulo de las Bermudas de Mexicali’, pues en las inmediaciones de ese y otros antros, además de su hijo, han desaparecido al menos 12 personas. 

Gonzalo y la Célula de Búsqueda fueron quienes detectaron, en el verano de 2023, que en el rancho ‘Los Huesos’ podría haber indicios de cuerpos. El activista explica que habitualmente reciben llamadas y mensajes anónimos que les ponen sobre la pista de algún lugar de interés. Pero, en este caso, los indicios llegaron luego de volar un dron por la zona y detectar desde el cielo anomalías en el terreno tras un ‘geo-rastreo forense’.

–Creemos que es el momento de transitar del uso de la ‘varilla T’ (una varilla fina de hierro con forma de ‘t’ en un extremo, que los padres y madres utilizan para clavar en la tierra en busca de pistas) al uso de la tecnología –comenta el activista. Además del dron equipado con cámaras especiales, su colectivo utiliza imágenes satelitales de uso libre de la NASA, lo cual les ha dado como resultado el hallazgo, solo en 2024, de 23 casos positivos de restos humanos en diferentes puntos entre Baja California y Sonora; entidad vecina donde según los registros de la Segob suman entre el pasado sexenio y lo que va del actual casi 2 mil 700 denuncias por desaparición que siguen activas, más 134 personas que ya fueron halladas, pero sin vida, y donde precisamente el activista denuncia que en mayo de 2023 la camioneta del colectivo recibió 7 impactos de bala como amenaza. 

Tras el ingreso al rancho ‘Los Huesos’, ya acompañados por personal de la Fiscalía de Baja California, Gonzalo explica que empezaron a excavar en un pedazo de tierra de unos cuatro metros cuadrados y un par de metros de profundidad, del que primero salieron dos piezas dentales, luego la cabeza de un fémur, luego un pedazo de mandíbula con dientes completos, hasta que emergieron más de 300 piezas de restos humanos.

Además, hallaron celulares, mucha ropa, mochilas, e incluso tablets electrónicas, lo cual lleva a Gonzalo a establecer cierta similitud con el campo de reclutamiento forzado del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, aunque en el caso de ‘Los Huesos’ no saben realmente cuál pudo haber sido la dimensión real del hallazgo, pues denuncia que más de un año y medio después la Fiscalía no les ha dado detalles. Aún no se sabe, por ejemplo, o no les dijeron, si los restos corresponden a una o más personas, ni la temporalidad de los mismos.


–No nos dieron una respuesta –apunta Soraya, la esposa de Gonzalo–. Sólo sabemos que, al parecer, determinaron que los restos estaban ya demasiado desgastados, que otros fragmentos eran muy pequeños para analizarlos, y que otros ya estaban muy dañados y no se les podía extraer el ADN. 

–Por eso no sabemos las dimensiones reales que pudo haber alcanzado este rancho en la colonia ‘ladrillera’, debido, precisamente, a que fue muy opaca la manera en la que la Fiscalía cerró el caso –apunta por su parte Gonzalo. 

Animal Político envió la noche del miércoles pasado un escrito a la Fiscalía bajacaliforniana para saber cuáles fueron los resultados de los análisis forenses de los restos humanos y si el inmueble aún continuaba bajo resguardo de la autoridad, pero al momento de publicar esta nota no había ofrecido aún respuesta.

“Todo lo quieren politizar”: madre buscadora

Lo que sí saben los padres y madres buscadores, apunta ahora Gonzalo, es que el lugar donde se ubica el rancho ‘Los Huesos’ es zona de tránsito de personas migrantes y de presencia de grupos del crimen organizado, de los que omite el nombre para evitar represalias y amenazas. 

Gonzalo admite que no puede asegurar que los restos correspondan a migrantes, pero considera que debería ser una clara línea de investigación por el contexto de la zona fronteriza. Eso, matiza, en el caso de que las autoridades quieran o puedan investigar, pues recuerda que en casos como el del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, la Fiscalía jalisciense tenía desde hace meses conocimiento de ese centro clandestino, y no hizo nada por investigar el caso. Al contrario, de no ser por los padres y madres buscadores que lo sacaron a la luz pública, el lugar continuaría muy probablemente en la clandestinidad.

De vuelta al rancho en Mexicali, Gonzalo cuenta que una particularidad que encontraron es que los grupos del crimen organizado, ante la acción de los colectivos de búsqueda, están comenzando a exhumar los cuerpos que enterraron para trasladarlos a crematorios y hornos clandestinos como este de ‘Los Huesos’ en la colonia ‘ladrillera’, con la finalidad de desaparecer cualquier rastro o evidencia.


–Es una nueva estrategia o modus operandi, que podría ser catalogada como delito de lesa humanidad, y que consiste en desaparecer, inhumar y luego exhumar clandestinamente para cremar y volverlos a desaparecer –hace hincapié.

A continuación, Gonzalo apunta que lo acontecido tanto en el rancho ‘Los Huesos’, en Mexicali, como en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, así como en otros centros de exterminio descubiertos en el país, como el hallado por otro colectivo de búsqueda el pasado 12 de marzo en Reynosa, Tamaulipas, u otros lugares tristemente célebres por el horror destapado en sexenios pasados, como en ‘Colinas de Santa Fe’, en el puerto de Veracruz, donde al cierre de ese cementerio clandestino en 2019 las madres del colectivo Solecito habían hallado 298 cráneos y más de 2 mil 500 restos humanos, muestran que el problema de las desapariciones en el país es mucho más grave de lo que reconocen las autoridades, y que los grupos criminales llevan la ventaja a la hora de desaparecer personas sin dejar rastro. 

–Estamos ante una carrera contra el tiempo por encontrar a nuestros seres queridos, pero también ante una carrera frente a estos grupos, en la que al momento que nosotros hacemos un hallazgo, ellos se movilizan rápido para destruir cualquier evidencia, cremando los restos, bajo la premisa de que al no haber cuerpo, no hay delito, ni caso. 

Y en esa carrera, los colectivos consideran que los criminales llevan aún más ventaja no solo por la impunidad con la que operan, sino también por la pasividad de las autoridades y por el ‘golpeteo’ político que se produce cuando salen a la luz casos como el del rancho en Teuchitlán.

La señora Soraya recuerda, por ejemplo, las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 18 de marzo, cuando a raíz del descubrimiento del rancho Izaguirre en Teuchitlán acusó una “campaña” en contra de su gobierno y para ‘golpear’ al expresidente López Obrador, y acusó además a la ‘oposición’ de querer sacar ‘tajada’ política del hallazgo. O las palabras posteriores del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cuestionando que los cientos de pares de zapatos y tenis encontrados en el rancho, cuya imagen dio la vuelta al mundo, fueran realmente de personas desaparecidas. 

–La verdad, es muy triste ver cómo todo lo quieren politizar –apunta la madre buscadora–. Piensan que una alza la voz por querer ensuciar el nombre de López Obrador, cuando la verdad es que yo, como madre que busca desesperadamente a su hijo, qué me voy a estar preocupando por querer ensuciar el nombre de nadie. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo.

–Ese personaje político –interviene Gonzalo, en referencia a Noroña–, al ser la cabeza del Senado de la República, debería tener mucha más empatía hacia las víctimas, y no solo en sus palabras, sino también en su corazón. Pero, en lugar de eso, lo que busca es demeritar nuestro trabajo como colectivo, como si esto fuera una ‘guerra’ en contra del pueblo que asegura representar.


Tras el hallazgo del rancho ‘Los Huesos’ en agosto de 2023, el colectivo de Gonzalo y Soraya, del que forman parte otras 8 personas que colaboran con las búsquedas, encontraron apenas el pasado domingo 18 de marzo nuevos hallazgos de restos humanos, ahora en un ejido de nombre Nezahualcóyotl, en la zona norte de Mexicali. Hasta el momento, suman 5 puntos de interés a revisar, de los cuales 2 ya dieron positivos con al menos 2 cuerpos encontrados.

El pasado viernes 21, el colectivo realizó otra búsqueda por el Valle de Mexicali, ahora en apoyo de una madre que busca a su hijo, quien también desapareció en el mismo lugar que Kevin, en el bar Shots. Y luego, sin tiempo para descansar, regresarán “lo más rápidamente posible” para continuar con las búsquedas en el ejido Nezahualcóyotl. 

–Son tantos los casos de desaparecidos, que no nos damos abasto con las búsquedas –lamenta la activista y madre buscadora.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

Campos de exterminio del narco en la cuna del tequila: dos sexenios de reclutamiento forzado e impunidad

By: Draco Dracul on miércoles, marzo 12, 2025 / comment : 0 , ,

En la región Valles de Jalisco, cuna del tequila, los cárteles operan campos de reclutamiento forzado y exterminio desde hace dos sexenios. Activistas y familias denuncian impunidad y la persistencia de estos centros. El primero de ellos fue descubierto en 2017.

Al menos durante dos sexenios, sin contar el gobierno entrante del gobernador Pablo Lemus, los cárteles de la droga han operado centros de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio en la región Valles, cuna del tequila.

Así lo han denunciado activistas, organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición que han documentado esta crisis de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones de quienes se han convertido por la fuerza de la tragedia en especialistas en la búsqueda de restos humanos, en la región Valles se encuentra el predio de Teuchitlán, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió el 5 de marzo último partes humanas y objetos personales como 200 pares de zapatos y 400 prendas de vestir de hombre y de mujer que presuntamente pertenecieron a víctimas de desaparición.

La región Valles está conformada por 12 municipios: Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, El Arenal, Etzatlán, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Tala, Tequila y Teuchitlán. Es una zona con importante actividad agropecuaria y turística, ya que se considera que es donde nació el tequila como bebida y donde se ubica la zona arqueológica de Los Guachimontones. La primera ocasión en que quedó al descubierto en esta región la operación de lugares de extermino del narco fue en abril de 2017, en el predio Sierra Alta, comunidad de Las Navajas del municipio de Tala, durante la gubernatura de Aristóteles Sandoval (asesinado en diciembre de 2020); en ese entonces Eduardo Almaguer Ramírez era el fiscal estatal. 

La operación de este sitio clandestino se descubrió por un joven que logró huir. En el sitio encontraron restos humanos calcinados, armas, equipo táctico y de comunicación, además de vehículos. 

Después de eso la Fiscalía de Jalisco realizó varios operativos en el municipio de Tala durante julio de 2017 y encontró indicios de los campamentos de entrenamiento, en uno de los cuales detuvo a 15 hombres; tres de ellos tenían reporte de desaparición y demostraron que estaban en el lugar contra su voluntad, lo cual quedó asentado en la carpeta de investigación 1611/2017. 

Las autoridades estatales refirieron que en estos sitios llegó a haber hasta 40 personas secuestradas que eran vigiladas por un grupo de entre 50 y 60 sicarios. 

Las víctimas fueron reclutadas con falsas promesas de trabajo para fungir como encuestadores, escoltas o elementos de seguridad. Los retenidos eran egresados de centros de rehabilitación de adicciones, albañiles, cargadores, lavacoches, migrantes, exmilitares y expolicías. Quienes se negaban a trabajar en la organización criminal eran amenazados de muerte, al igual que sus familias. 

De acuerdo con la información obtenida en las investigaciones, el entrenamiento duraba al menos 10 días y consistía en enseñarles estrategias de defensa y combate y manejo de armas; además los obligaban a construir con madera, ramas y plásticos el sitio donde pernoctaban.

La segunda vez que quedó registro oficial de este modelo de operación criminal fue el 19 de septiembre de 2024, durante el gobierno del emecista Enrique Alfaro, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) detectaron un campamento de grupos del crimen organizado, ubicado en La Estanzuela, poblado que pertenece al municipio de Teuchitlán, a 12 kilómetros de Tala. 

Allí detuvieron a 10 personas, liberaron a dos hombres secuestrados y se localizó el cuerpo de una persona sin vida. 

En ese entonces la Fiscalía estatal fue encabezada por Luis Joaquín Méndez Ruiz. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) estaba a cargo de Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, quien actualmente se mantiene en el cargo, aunque la dependencia cambió de nombre a Vicefiscalía de Personas Desaparecidas.

Las atribuciones y responsabilidades de Trujillo Cuevas se mantienen sin modificaciones, pero este ajuste se realizó como parte de la reforma a la estructura del gobierno estatal, promovida por el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, antes de su llegada al cargo.

En La Estanzuela hubo varios detenidos: David A, Kevin P, Christopher D, Luis R, Gustavo N, Juan A, Armando G, Ricardo T, Óscar J y Erick D, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FEPD. También se aseguraron varios vehículos, cuatro armas largas, dos armas cortas, chalecos balísticos, cinco cargadores para arma corta, 16 para arma larga, objetos metálicos en forma de estrella y drogas. 

Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hicieron un trabajo asegurando indicios y el cuerpo encontrado fue llevado a sus instalaciones para ser identificado y analizado. Sin embargo, después del hallazgo el gobierno de Alfaro guardó silencio sobre los resultados de la investigación.

El 20 de septiembre de 2024 el secretario general del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Héctor Flores González, declaró que existe total impunidad ante los campamentos de reclutamiento forzado que presuntamente operan en Jalisco bajo la supervisión del crimen organizado.

Afirmó que tanto el gobierno estatal como el federal han sido conscientes de la existencia de estos centros de exterminio durante varios años, sin haber tomado medidas efectivas para desmantelarlos.

“Es una vergüenza, nos dicen que ya tienen líneas de investigación, (pero) el gobierno tiene conocimiento de estos campamentos y me imagino que tanto el gobierno federal como los gobiernos locales tienen conocimiento de estos campamentos desde hace mucho tiempo, nada más que viven en la impunidad, viven en la total corrupción; las mochadas a los altos mandos, tanto policiacos como a políticos del estado que perpetúan este tipo de campamentos”, dijo.

En particular, mencionó la zona de Tecalitlán, donde, pese a que la Fiscalía realizó un análisis de contexto hace dos o tres años, no se realizó ninguna acción concreta, hasta la reciente filtración de un audio donde se escucha a las autoridades alertar sobre el peligro que representan estos lugares para los turistas.

Flores recordó el hallazgo del campamento en Tala en 2017, pero denunció que esta problemática persiste, extendiéndose incluso hacia los Altos de Jalisco y en la zona de Los Camachos, en Zapopan.

Héctor Flores es padre de Héctor Daniel Flores Fernández, un joven desaparecido el 18 de mayo de 2021. Desde ese entonces denunció e insistió en repetidas ocasiones que su hijo pudo haber sido víctima de este reclutamiento forzado del narco. También criticó duramente lo que llama una “simulación” por parte de los gobiernos. 

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en voz de su titular Anna Karolina Chimiak, refirió que acabar con la impunidad es uno de los puntos urgentes a atender ante las desapariciones en Jalisco. Esta organización civil ha dado seguimiento al tema en los años recientes.
Jalisco, desde 2019, se mantiene en el primer lugar en cuanto al número de desaparecidos a escala nacional; seis de cada 10 casos se registraron en el sexenio (del exgobernador Enrique Alfaro). En promedio, cinco personas desaparecen todos los días en el estado. En cada uno de los 125 municipios de la entidad ha habido por lo menos un reporte, lo que demuestra el caracter generalizado del problema en el territorio de todo el estado.
La continuación del terror e incongruencias

El tercer registro sobre la operación de un campo de reclutamiento le tocó ya al gobierno de Pablo Lemus, el 29 de enero de 2025, cuando el Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que en Teuchitlán aseguraron “un campamento de adiestramiento vinculado a un grupo delictivo”. 

Esa vez las fuerzas federales detuvieron a 38 personas, 36 hombres y dos mujeres, además aseguraron 18 cargadores, mil 818 cartuchos, cuatro equipos de radiocomunicación, equipo táctico como chalecos y precursores químicos. Se supo después que el campamento se ubicaba en La Vega de Teuchitlán, población ubicada a 10 kilómetros de la comunidad de La Estanzuela, también de Teuchitlán.   

Las personas detenidas en La Vega fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, pero antes de llegar con el juez trascendió que la mayoría estaba privada ilegalmente de su libertad; tres estaban reportados como desaparecidos, pero no tenían denuncia formal. 

A fin de cuentas, el juez determinó que la mayoría sí estaba retenida de manera forzada, por lo que 36 personas fueron liberadas y dos fueron vinculadas a proceso. 

El domingo 9 de marzo último el gobernador Lemus actualizó la cifra sobre que en la propiedad de La Vega fueron 60 los “jóvenes liberados”.

Finalmente, el 5 de marzo pasado integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco evidenciarían un nuevo episodio de las actividades de adiestramiento del crimen organizado en esta región, pero también el trabajo inconcluso de las autoridades en el mismo rancho Izaguirre de La Estanzuela, en Teuchitlán, donde las actividades en realidad nunca pararon: cinco meses después del primer hallazgo los activistas localizaron un gran número de restos humanos, tres hornos crematorios clandestinos, un altar dedicado a la Santa Muerte, una gorra con las siglas CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación).

Además de la ropa y de los zapatos, encontraron billeteras y maletas que al parecer pertenecían a víctimas de privación de la libertad y de desaparición, en su mayoría jóvenes engañados con falsas promesas de trabajo.
El rancho era un centro que servía como punto de llegada de personas reclutadas por la delincuencia organizada. 

En la transmisión en vivo que realizaron ese día, la vocera del colectivo, Indira Navarro, reprochó:
El día de hoy nos encontramos en una búsqueda, en un predio que según ya se había cateado y pues nos estamos percatando que se están encontrando varias cosas: crematorios, varios huesos, muchos calcinados, dientes, placas.
 La activista destacó que recibieron un reporte de un informante anónimo, quien les dijo que el lugar era utilizado como un centro de adiestramiento a donde llevaban a jóvenes que eran captados en terminales de autobuses. “Es una tristeza ver cómo engañaban a los jóvenes, que venían con la ilusión de encontrar un mejor futuro”, dijo Navarro.

Cerca de 40 buscadoras y voluntarias constataron los hallazgos. Ese mismo día en el rancho se presentó personal de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Dirección de Investigación de Personas desaparecidas y de la Dirección Regional.

El 6 de marzo último el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, afirmó que durante la primera incursión de las autoridades a La Estanzuela no se habían encontrado los indicios descubiertos por el colectivo, debido a que “es un rancho bastante grande”. Aseguró que “si se hizo una búsqueda en ciertas partes”, pero insistió en que no se pudo procesar todo el rancho “porque son bastantes hectáreas”. 

Finalmente, el 9 de marzo pasado la Fiscalía estatal confirmó el nuevo descubrimiento, efectuado en el mismo lugar de La Estanzuela en Teuchitlán. La Fiscalía describió que en el sitio localizaron cinco lotes con restos óseos fragmentados, “los cuales presentan indicios de exposición térmica” (quemados); se registraron 400 prendas de indumentaria, que incluyen ropa, calzado y mochilas, y una identificación oficial. 

Además, se recolectaron 96 casquillos de diversos calibres, tres cargadores y unas esposas; se localizó una libreta en la que se asentaron registros de la actividad en ese campamento.

La dependencia estatal aclaró que la aparición de artículos personales en este rancho “no implica necesariamente que sus propietarios estén fallecidos”. Pero también reveló algo que no había informado en septiembre pasado: que durante el operativo de ese septiembre “se registró un enfrentamiento entre civiles y autoridades que resultó en la fuga de un número indeterminado de personas. A medida que avancen las investigaciones, se determinará a cuántas de las víctimas corresponden los restos recolectados”.

 La Fiscalía local sostuvo en el comunicado (difundido el 9 de marzo último) que desde septiembre de 2024 el sitio “permanecía asegurado”, pero esta versión se contrapone con lo descubierto por los buscadores, que encontraron la propiedad sin sellos ni cadenas, por lo que entraron al terreno sin que ninguna autoridad se los impidiera para realizar las tareas de búsqueda. 

Las autoridades sostienen que “el colectivo de búsqueda civil encontró los fragmentos óseos en zonas que no habían sido revisadas”, pero tras lo expuesto por el colectivo, la Fiscalía estatal instruyó a los órganos de control internos a investigar si hubo “posibles omisiones por parte del personal” en las búsquedas anteriores efectuadas en septiembre de 2024.

Consultado sobre la actuación de la agente del Ministerio Público Ana Berenice Zúñiga Vargas, quien inicialmente tomó conocimiento del caso en el rancho Izaguirre en La Estanzuela en septiembre de 2024, el gobernador Pablo Lemus dijo “no tener datos” sobre la actuación de la funcionaria involucrada, pero añadió que “si hay alguna responsabilidad, por supuesto que tendrá que ser sancionada”. 

Lemus expresó que es “preocupante” que no se haya hecho la revisión completa del predio tras su descubrimiento, lo cual debió seguir en septiembre, octubre y noviembre. 

Aseguró que se investigarán posibles omisiones y agregó que “tiene que haber sanciones para cualquier funcionario que haya omitido su responsabilidad”, lo cual podría incluir a entonces integrantes de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Estatal. 

El actual mandatario jalisciense remarcó que “ahora sí” realizarán una revisión exhaustiva del predio. 

 La Fiscalía estatal comunicó que habilitará un canal de información para que las familias y el público en general puedan seguir el avance de las investigaciones y conocer los nombres de las víctimas identificadas.

Después de los más recientes hallazgos se difundió que la líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, se retiraba del activismo por el impacto sobre lo encontrado en el centro de reclutamiento forzado en Teuchitlán.

Sin embargo, la misma asociación civil aclaró en sus redes sociales que “se confundió la información”, ya que quien anunció su retiro de esta actividad es Silvia Velázquez, de Guerreros Buscadores de Cajeme, Sonora. 

Guerreros Buscadores de Jalisco también precisó que los últimos hallazgos los realizó el equipo de esta asociación, sin participación de alguna otra organización.

Impunidad

El coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Jorge Ramírez Plascencia, dijo en entrevista que por lo menos hasta el 31 de enero de este año, de acuerdo con cifras oficiales, hay 15 mil 368 personas desaparecidas en el estado, nueve mil de ellas se acumularon en los seis años recientes, cuando estalló esta crisis que “puede estar en una fase muy activa”, indicó.

El investigador de la UdeG señaló que en la administración pasada no hubo nunca una política para enfrentarlo. 

Sobre la localización de víctimas en fosas, son los colectivos los que han hecho el hallazgo de esos sitios, y eso hay que atribuirlo a ellos. El gobierno estatal era muy irregular en el apoyo a esas búsquedas en el sexenio anterior. Actualmente hay un punto muerto por la transición del gobierno estatal y habrá que esperar a los resultados que entregue el nuevo gabinete de Pablo Lemus, dijo.

Sobre el reclutamiento de jóvenes, destacó que en 2024 hubo una crisis intensa, hacia el verano, cuando se multiplicaron las denuncias de desaparición de jóvenes que se veían atraídos con engaños por las falsas ofertas de trabajo y que terminaban en su secuestro.

Detalló que en el reclutamiento existe un “contrato” en el que la víctima y la familia “aceptan” que las personas privadas de su libertad están en un “trabajo temporal” que va a durar de cuatro a seis meses, con la promesa de que luego la víctima sea liberada. De esa manera los convencen para que no presenten denuncias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Colectivo halla fosas con restos humanos en Reynosa; teme que sea sitio de exterminio

By: Draco Dracul on miércoles, marzo 12, 2025 / comment : 0 , , ,

El hallazgo recuerda al caso que se registró en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde otro colectivo de búsqueda encontró la semana pasada lo que podrían ser tres crematorios clandestinos.

El colectivo de madres buscadoras Amor por los Desaparecidos dio a conocer esta semana el hallazgo de 14 montículos o fosas con restos óseos humanos calcinados en el suroeste de Reynosa, Tamaulipas, por lo que consideraron que podría tratarse de un "sitio de exterminio".


"Se localiza sitio de exterminio con 14 concentraciones de restos óseos humanos con exposición térmica en Reynosa, Tamaulipas. Si tienes un familiar desaparecido, acude al Ministerio Público para solicitar confrontación directa una vez que se termine de procesar el área. Si no tienes denuncia, acude inmediatamente a poner tu denuncia", expuso el colectivo en su página de Facebook el pasado 10 de marzo.
Las gestiones de búsqueda generalizada y prospección en campo se realizaron en coordinación del colectivo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas y de la Guardia Nacional (GN).

Una denuncia anónima detona la búsqueda

Las imágenes compartidas por Amor por los Desaparecidos muestran un predio con construcciones en obra negra en medio de la maleza de un campo, y lo que parecen ser restos óseos semienterrados en la tierra. También se observan impactos de bala en paredes del inmueble, casquillos, y a las madres buscadoras trabajando con equipos especiales en el sitio.

De acuerdo con el colectivo, la búsqueda comenzó tras recibir una llamada anónima que señalaba un predio detrás de la colonia Colinas del Real. Las buscadoras denunciaron a medios locales que la Fiscalía General del Estado (FGE) tardó en presentarse en el terreno.

El hallazgo recuerda al rancho Izaguirre, un presunto campo de exterminio que descubrió otro colectivo en Teuchitlán, Jalisco, y que era usado, según testimonios recogidos por las buscadoras, como un centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con al menos tres crematorios clandestinos.

El probable campo de exterminio ya había sido intervenido y asegurado por parte de la Guardia Nacional (GN) en septiembre de 2024, sin que las autoridades reportaran la localización de ningún crematorio o fosa, ni todos los hallazgos que han salido a la luz.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que ya solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso.

Hasta el momento, tanto en Jalisco como en Tamaulipas, se desconoce el número de personas que pudieron ser víctimas de cremación. Aunque en el caso de Jalisco se han dado a conocer en medios de comunicación imágenes de cientos de zapatos abandonados —se estima que entre 200 y 400 pares de zapatos—, las autoridades deben hacer una investigación exhaustiva para proporcionar información certera de posibles víctimas.


Las desapariciones en Tamaulipas

Un informe del Proyecto Red Lupa, que depende del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y evalúa la aplicación de la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas y No localizadas, indica que los casos de desaparición en Tamaulipas comenzaron a aumentar en el 2009, siendo el 2011 el año con la mayor concentración de casos, con mil 303 personas que continúan desaparecidas.
"El total de personas desaparecidas permaneció alto hasta el 2020, año en el que disminuyó en un 50 por ciento el número de casos registrados de personas desaparecidas y se ha mantenido bajo desde entonces, en comparación con el registro de personas desaparecidas de la década pasada", precisó el informe.
En dicha entidad, Nuevo Laredo concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas, y para mayo de 2024, apuntó el documento, pasó del segundo al primer lugar, superando a Reynosa. El 43 por ciento de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 20 y 34 años.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Localizan otro campo de exterminio en Reynosa; autoridades tardan en intervenir

By: Draco Dracul on martes, marzo 11, 2025 / comment : 0 , , ,

Este nuevo hallazgo se suma a los 19 puntos de exterminio localizados por el colectivo Amor por los Desaparecidos en lo que va del año.

Madres buscadoras del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron un nuevo campo de exterminio en Reynosa, donde hallaron restos humanos calcinados y evidencia de violencia extrema. 

El descubrimiento se realizó este lunes en un predio ubicado a cuatro kilómetros de la colonia Colinas del Real, rumbo a la carretera a Monterrey, tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la posible existencia de cuerpos. Según informó la presidenta del colectivo, Edith González, en el lugar se identificaron al menos 14 puntos con restos humanos incinerados y múltiples objetos personales.

Entre los artículos localizados se encontraron una hebilla de cinturón con la figura de dos pistolas, un rosario, chalecos antibalas, equipo táctico y casquillos percutidos de armas de alto calibre, lo que sugiere un escenario de violencia extrema. 

A pesar de la magnitud del hallazgo, González denunció la tardanza de las autoridades para intervenir en el sitio. "El problema es que seguimos encontrando cuerpos, pero la fiscalía no los levanta. Eso retrasa la identificación de las víctimas y aumenta el sufrimiento de las familias", expresó. 

Hasta las 19:00 horas del lunes, las buscadoras continuaban en el lugar esperando la llegada de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para el levantamiento de los restos. En la zona también estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes brindaron resguardo durante las labores. 

Este nuevo hallazgo se suma a los 19 puntos de exterminio localizados por el colectivo en lo que va del año, reforzando la crisis de desapariciones forzadas en la región y la falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades para garantizar justicia y respuestas a las familias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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