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Paola denunció violencia de género en el INER; el hospital la despidió y el presunto agresor sigue ejerciendo

Paola denunció ante el INER que un compañero residente la había amenazado de muerte, pero el Instituto no atendió la queja y la dio de baja sin justificar los motivos.

Paola Palomares estaba en la recta final de su especialización en cirugía torácica cuando una denuncia por violencia de género le truncó sus sueños. Ella había concluido su tercer año de estudios, de cuatro en total, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), cuando fue amenazada de muerte por un compañero residente menor que ella, Gustavo “N” y al denunciar, fue despedida de manera injustificada.

“Ya sabíamos todos en el INER los antecedentes que él tenía, que lo habían corrido previamente de otro hospital por conductas aberrantes y violentas, sobre todo hacia las mujeres”, dijo en entrevista Paola. “Por lo mismo uno procuraba no conflictuarse con él, tener un trato meramente laboral, y nada más”.

Gustavo “N” era residente médico en el INER de menor jerarquía que Paola, pero cuando ella y sus compañeras le llamaban la atención por no acatar órdenes, él hacía caso omiso o las contradecía. Aunque estas conductas machistas e incluso violentas –pues llegó a perseguir a sus compañeras mayores en los pasillos del hospital de forma amenazante– fueron reportadas a los jefes de residentes, no se tomaron acciones concretas en contra del médico.

Médica denunció violencia de género en el INER por un compañero, pero no obtuvo respuesta

Fue hasta inicios de septiembre del 2024, cuando Paola iba saliendo de su guardia y se encaminaba para la salida del Instituto, cerca del estacionamiento en un sitio sin cámaras, que Gustavo se acercó a ella para preguntarle a dónde se dirigía.

“Le dije, ‘ya voy para la salida’, y me dice, ‘sí, pero si la sigo hasta este punto del hospital, nadie se dará cuenta cuando la estrangule’”, relató Paola. “Así, de la nada, me dice eso y me paro en seco. Me le quedo viendo y tenía en su cara esta expresión como de risa, como de alguien que no está bien, y se da la media vuelta y se va”.

Al llegar a su casa, le comentó a sus roomies –quienes también son residentes– lo ocurrido, y la animaron a poner su denuncia por la amenaza de muerte. Unos días después, cuando regresó al INER de su descanso, dos profesores se acercaron con ella para cuestionarla sobre lo sucedido, e igualmente la motivaron a interponer una denuncia.

“Uno de ellos me dijo, ‘le tienes que meter la denuncia, porque eso ya es algo de género, y ya tiene muchos reportes, muchos problemas que ha causado, de ahí nos podemos agarrar para correrlo’”, recordó la doctora. “Yo no quería problemas, pero decido proceder con la denuncia porque ya había muchas quejas de mis compañeras”.

Mediante un escrito dirigido a la subdirectora de Cirugía de Tórax, el Jefe de Servicio de Cirugía y la titular de la Dirección de Enseñanza, Paola y sus compañeras presentaron sus quejas, incluyendo que Gustavo les había gritado, perseguido, e incluso amenazado con saber dónde vivían y que se encontraran fuera de la institución para “arreglar cuentas”.

Paola intentó levantar una queja ante la Dirección de Enseñanza del INER, pero los encargados le dijeron que ellos no podían hacer algo al respecto y la remitieron al Comité de Ética, cuya encargada le aseguró que por protocolo las autoridades debieron separar a Gustavo de su cargo tras la amenaza de muerte.

Con incongruencias y rúbricas falsas, despiden a Paola del INER

Por parte del Comité de Ética, le sugirieron que se acercara a la Fiscalía capitalina, la Defensoría de su universidad –la UNAM– y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser el Instituto un hospital federal, aunque en este último le aseguraron que primero el INER tendría que resolver internamente el caso y en la UNAM desestimaron la denuncia por falta de pruebas.

Mientras Paola esperaba que atendieran su denuncia, continuó con su servicio y en febrero del año en curso concluyó su tercer año de la residencia, por lo que recibió sus calificaciones y se percató que tenía bloques reprobados, lo cual le provocó extrañeza pues en sus evaluaciones anteriores había recibido buenas marcas.

Al hacer una revisión de sus actas, la residente se percató que el INER había registrado en el sistema documentos apócrifos que tenían las calificaciones reprobatorias, en vez de los originales que ella había entregado después de ser evaluada por los profesores de su rotación. Inmediatamente, solicitó a sus superiores una explicación y que se rectificaran sus actas, pero se le notificó que ella ya no podía continuar en la institución y tendría que repetir su tercer año de especialidad en otro hospital.

Con incongruencias y rúbricas falsas, despiden a Paola del INER

Por parte del Comité de Ética, le sugirieron que se acercara a la Fiscalía capitalina, la Defensoría de su universidad –la UNAM– y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser el Instituto un hospital federal, aunque en este último le aseguraron que primero el INER tendría que resolver internamente el caso y en la UNAM desestimaron la denuncia por falta de pruebas.

Mientras Paola esperaba que atendieran su denuncia, continuó con su servicio y en febrero del año en curso concluyó su tercer año de la residencia, por lo que recibió sus calificaciones y se percató que tenía bloques reprobados, lo cual le provocó extrañeza pues en sus evaluaciones anteriores había recibido buenas marcas.

Al hacer una revisión de sus actas, la residente se percató que el INER había registrado en el sistema documentos apócrifos que tenían las calificaciones reprobatorias, en vez de los originales que ella había entregado después de ser evaluada por los profesores de su rotación. Inmediatamente, solicitó a sus superiores una explicación y que se rectificaran sus actas, pero se le notificó que ella ya no podía continuar en la institución y tendría que repetir su tercer año de especialidad en otro hospital.

“[Me dieron de baja] Sin tener una revisión de exámenes, sin ellas tener la evidencia de por qué me calificaron así”, dijo. “Hay muchas inconsistencias, muchas incongruencias entre ellas mismas, las doctoras de enseñanza y la profesora titular”.

“Yo no hice nada malo. Creo que mi único pecado fue eso, denunciar una amenaza de muerte”.


Silencio del INER y Secretaría de Salud

A raíz del despido injustificado, Paola intentó escalar el asunto a la Secretaría de Salud federal, que es responsable del INER, pero a la fecha no ha tenido una respuesta. “Mi abogado ya metió un recurso por silencio administrativo ante los órganos internos de control, tanto del INER como de la Secretaría de Salud”, detalló.

Cuando ella presentó su denuncia ante el INER el año pasado, la institución canalizó su testimonio a la Fiscalía capitalina, por lo que la citaron a inicios de abril del año en curso para dar seguimiento a su caso; pero Paola tuvo que pausar el proceso legal porque podría afectar su inscripción a otro hospital para continuar con su especialidad.

“Ser médico es difícil, ser especialista más”

Mientras que Gustavo “N” sigue empleado como residente en el Instituto, el sueño de Paola de convertirse en cirujana torácica se ha obstaculizado.

“Yo sentía esta vergüenza, me daba vergüenza contarle [a mi familia] y ellos dijeran, ‘¿Cómo que te corrieron del hospital?’. Tardé un tiempo para agarrar valor y contarles, y cuando reflexioné que yo en realidad no había hecho nada malo”, compartió.

“Hacer otra especialidad en este momento de mi vida no es una opción, yo ya hice dos años de cirugía general, llevaba 3 años de tórax, ya es mucho, y sinceramente sí me gusta la cirugía torácica”.

Compañeros de todo el país se han acercado con Paola a través de redes sociales para expresarle su solidaridad ante la situación, así como denunciar los malos tratos que ellos mismos han vivido en distintos hospitales como residentes.

“Creo que México es un país donde ser médico es difícil, ser especialista lo es aún más, y es algo de lo que se quejan diario, que en este país faltan especialistas como para que a los que estamos en formación nos quieran truncar nuestros sueños”, reflexionó la doctora.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

Michelin cerrará planta en México; el gobierno minimiza la decisión

La firma francesa anunció que acompañará a los 480 trabajadores que se verán afectados por el cierre; para Ebrard es solo una “fusión”.

Al reconocer que se trata de una decisión tomada como último recurso, Michelin anunció el cierre de su planta en Querétaro para finales de este 2025.

En un comunicado oficial, Michelin México y Centroamérica detalló que comenzará un proceso paulatino de reducción de producción de la planta, con miras a cesar totalmente las operaciones industriales antes de que termine el año.

“Es una decisión tomada como último recurso, impulsada por cambios en el mercado de llantas para automóviles de pasajeros y camionetas ligeras. La decisión de cerrar la planta es el resultado de una revisión exhaustiva de sus operaciones”, indicó la firma de origen francés.

De acuerdo con Michelin, la tendencia actual del mercado apunta a neumáticos de mayor tamaño, productos para los cuales la infraestructura de la planta queretana ya no es apta.

“La planta se ha vuelto obsoleta desde el punto de vista económico y tecnológico, lo que hace inviable convertirla en una instalación competitiva que cumpla con las demandas actuales del mercado”, sostuvo la empresa en el comunicado.

Actualmente, esta instalación produce menos de 0.5 millones de llantas al año de la marca BFGoodrich, enfocadas en autos de pasajeros y camionetas ligeras.

Además, cuenta con un taller de producción de bandas de renovado para llantas de camión.

“Poner fin a la historia de nuestra primera planta de México ha sido una de las decisiones más difíciles que hayamos tenido que tomar. Se decidió después de evaluar todas las alternativas posibles”, declaró Matthieu Aubron, CEO de Michelin para la Región México y Centroamérica.

Apoyo a trabajadores y compromiso local

Michelin aseguró que se está abriendo un proceso de diálogo colectivo con los empleados, el cual se llevará a cabo a lo largo de esta semana. El objetivo, según la empresa, es acompañar a los 480 trabajadores que se verán afectados por el cierre.

“Existe un compromiso de apoyar a cada empleado hacia su futuro. En línea con los valores de Michelin, la empresa se compromete a apoyar a cada uno de los 480 empleados impactados para su futuro”, señaló la compañía.

El plan incluye paquetes de indemnización económica, beneficios adicionales, programas de acompañamiento para la búsqueda de empleo y acceso a capacitaciones externas diseñadas para reforzar habilidades conforme a las demandas actuales del mercado laboral.

Además, Michelin informó que “la compañía ha asegurado un fondo específico que permitirá el desarrollo de actividades sostenibles en beneficio del Estado y la Comunidad Local”.

No es cierre, es fusión: Ebrard

A pesar del anuncio oficial de Michelin, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, matizó la situación al asegurar que la empresa no está saliendo del país, sino que se trata de una “fusión operativa” con otra de sus plantas en territorio nacional.

“Michelin informó a la Secretaría de Economía que ha decidido fusionar la planta de Querétaro a la que tiene en León, Guanajuato. La fusión es porque en ésta se producen las llantas más adecuadas al mercado actual de nuestro país. Michelin mantiene su presencia y compromiso con México”, explicó el funcionario a través de redes sociales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Coparmex exige ya “medidas recíprocas” contra aranceles de Trump al acero

“Es fundamental que se actúe con firmeza para proteger a nuestras industrias”, asevera la confederación patronal.

Con la entrada en vigor del nuevo incremento arancelario ordenado por el presidente Donald Trump, que eleva al 50% los gravámenes al acero y al aluminio provenientes de México, el sector empresarial mexicano pidió ya aplicar  “medidas recíprocas”.

A través de un posicionamiento, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al Ejecutivo mexciano ya responder a la decisión unilateral de los Estados Unidos.

“Es fundamental que se actúe con firmeza para proteger a nuestras industrias, y que se contemplen medidas recíprocas que garanticen condiciones equitativas de competencia”, planteó el organismo empresarial.

Desde la perspectiva del empresariado agrupado en Coparmex, la nueva política comercial de Trump representa “un retroceso grave en la integración económica de América del Norte”, y contraviene directamente el marco de cooperación y libre comercio establecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En la Coparmex consideramos que esta medida, que eleva los gravámenes de 25% a 50% (...) constituye un acto unilateral que contradice el espíritu de cooperación del T-MEC y amenaza directamente la competitividad de sectores clave en nuestra región, como el automotriz y el manufacturero”, señaló.

La Coparmex también criticó los argumentos de la Casa Blanca para imponer este tipo de restricciones comerciales. Particularmente, rechazó la narrativa de seguridad nacional que Estados Unidos ha usado como sustento para esta medida, al subrayar que los flujos bilaterales de acero entre ambos países son fundamentales y están profundamente entrelazados.

“Los datos del 2024 indican que Estados Unidos tuvo un superávit de 4 mil millones de dólares y 2.3 millones de toneladas en productos terminados”, recordó el organismo. Esto significa, precisó, que la dinámica actual beneficia incluso más a los intereses estadounidenses que a los mexicanos.

“El 75% del acero producido en México tiene como destino Estados Unidos, por lo que esta decisión compromete miles de empleos y pone en riesgo inversiones esenciales para el desarrollo económico de la región”, sostuvo.

Además, el documento empresarial refutó la lógica estratégica del gobierno de Trump. “En 2024, el 52% del acero exportado por ese país tuvo como destino México, y aproximadamente el 35% de sus importaciones provino de socios del T-MEC como Canadá y México”.

Nuevas estrategias

La Coparmex también llamó al gobierno de México a enfocarse en fortalecer el entorno interno. El organismo insistió en que es momento de reducir la dependencia comercial del vecino del norte y apostar por una estrategia de desarrollo productivo más sólida y autónoma.

“Facilitar el acceso a insumos competitivos, garantizar un entorno de seguridad y Estado de Derecho, así como promover políticas públicas que incentiven el crecimiento sostenido de las micro, pequeñas y medianas empresas”, expuso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

Yaquis sobre el próximo presidente de la Corte: “No queremos a ese indígena corrupto”

Líderes indígenas denuncian que el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, avaló abusos, consultas amañadas, represión contra la Nación Yaqui y manipulación del “Plan de Justicia” de López Obrador. En este contexto prevalece el acoso del Crimen organizado en su territorio.

Indígenas yoremes de la Nación Yaqui manifestaron zozobra por la asunción de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre próximo. En entrevista telefónica, denuncian que él es uno de los responsables del despojo actual y abusos que sufre este grupo ancestral, y aseguran: “No queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”.

En los últimos años el grupo indígena yoreme ha tenido que resistir la ocupación territorial cada vez mayor del crimen organizado y la intervención del gobierno federal para implementar el “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, decretado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.

Este plan presuntamente contempló la restitución a los yaquis de 20 mil hectáreas de territorio, créditos para vivienda, impulso a la educación y servicios de salud, pero principalmente la ejecución de un plan hidráulico en la Cuenca del Río Yaqui, en respuesta a la escasez que padecen los pueblos del sur de Sonora, a raíz de la construcción del Acueducto Independencia en 2009, principalmente.

El principal operador del Plan de Justicia, según señala la tropa yoeme, fue Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y ahora virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las elecciones del 1 de junio último. 

Fernando Jiménez, indígena yoreme y defensor del territorio yaqui, denuncia en la entrevista con Proceso que el supuesto Plan de Justicia de López Obrador se trató en realidad de “una herramienta de control en donde el INPI es el que tiene las palancas en la mano; ellos deciden cómo, cuándo y quiénes van a recibir los apoyos y las bondades de un plan de justicia.”

También Jiménez señala tanto a Aguilar Ortiz como a Adelfo Regino –titular del mismo INPI–, como los funcionarios que los discriminaron y negaron el acceso a los indígenas yoremes a las reuniones de las consultas indígenas para ejecutar el “Plan de Justicia” y que, a puerta cerrada, celebraron con otras dependencias federales y autoridades yaquis impuestas por ellos mismos. 
Ahí –puntualiza Jiménez– se notó prácticamente que el control, la batuta, la llevaba el INPI en las personas de Adelfo Regino y Hugo Aguilar. Todos los escritos, todas las actas que se levantaban en esas reuniones no tenían las características que hace un secretario tradicional, tenían una esencia ya más rebuscada, ya más politizada; ellos decidían qué era lo bueno para los yaquis y qué era lo malo para los yaquis.
Estos señalamientos también quedaron asentados en la queja que presentó el defensor de los derechos yaquis César Cota Tórtola desde agosto de 2021ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reportada en la edición 2344 de Proceso.

En ella, Cota señala como responsables de prácticas discriminatorias a los ya mencionados Aguilar Ortiz y Regino, así como también a los funcionarios locales del INPI Luis Andrés Chávez Vera, delegado en Sonora, y a Hilario Molina Amarillas, representante del mismo Instituto en el pueblo de Pótam. 

De acuerdo con esta queja, presentada ante el Quinto visitador de la CNDH, David Mendívil Figeroa, Cota expresó de estos funcionarios que “en diversas reuniones que han sostenido con las autoridades tradicionales de los Ocho pueblos de la tribu yaqui (...) han estado incitando al odio, al racismo, la confrontación y a la división entre los diversos representantes de (...)  la Nación Yaqui”.

Lo anterior con el fin de imponer “a toda costa los acuerdos que a ellos les favorezcan, como representantes del gobierno de México, queriendo callar, opacar, menoscabar y limitar la participación de los yoremes de la Nación Yaqui”, detalla Cota Tórtola.

Además de los funcionarios del INPI ya mencionados, la queja de César Cota señala a funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Comuninaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre otras.

“Aprovechándose de su condición política –continúa la queja– y abusando de su poder de servidores públicos, pretenden imponer a los gobernadores de los Ocho Pueblos de la tribu yaqui, lo que debe acordarse en las reuniones de las consultas indígenas y en las reuniones del Plan de Justicia Yaqui, siendo ellos mismos los que manipulan a su placer las actas de hechos y minutas de trabajo que se celebran entre autoridades tradicionales”.

También, se asienta en esta queja, “los servidores públicos enunciados han estado utilizando los recursos públicos del erario nacional y abusando constantemente de su poder para fomentar la corrupción en el interior de nuestras autoridades tradicionales (...) con prebendas y dádivas económicas o en especie”.

De esa manera –explica el defensor yaqui Cota Tórtola en el escrito–, los funcionarios señalados “solicitan las firmas de nuestras autoridades tradicionales para poder mandar en las reuniones de las consultas indígenas, utilizando también el pretexto de que están haciendo valer el Plan de Justicia (...) que les ordenó realizar el presidente, sin ni siquiera tomar en consideración las opiniones de nuestras autoridades tradicionales.

“Simplemente les imponen los acuerdos y los extorsionan intimidándolos al manifestarles que, si no hacen lo que ellos dicen y mandan, simplemente les retiran los apoyos y los pueden echar fuera de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui”, denuncia Cota, actual líder de la tropa yoemia.

Todo lo anterior –explica la queja–, pese a contar con dos sentencias de amparo para realizar consultas indígenas, las cuales fueron ordenadas por el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, bajo los expedientes 461/2011, radicada en el Juzgado octavo de distrito; y el 603/2014 en el Juzgado décimo de distrito, ambos del estado de Sonora, así como otras sentencias ejecutorias de amparo y juicios de amparo en proceso.

“Las autoridades del gobierno de México (…) no permiten que dichos procesos de consulta indígena sean debidamente desahogados en nuestras comunidades indígenas, siendo el principal promotor en el desacato a las órdenes judiciales el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, puntualiza Cota Tórtola en su documento.

Además, en la entrevista para Proceso, el defensor yoreme Fernando Jiménez declaró que la intervención de Hugo Aguilar y los funcionarios públicos mencionados “dentro de nuestra política interna, hicieron cambiar ya las formas de gobierno, mediante el INPI o lo que ellos manejan como lo que es mejor para la tribu.

“Los secretarios ahorita llevan el control y las decisiones de un gobierno tradicional. Ya no se convocan a reuniones, a una asamblea general para tomar decisiones tan importantes como es el problema que tenemos con el agua”, expone Jiménez.

Violencia y crimen organizado

La intromisión en la política interna de los pueblos yaquis por parte de Hugo Aguilar y otros funcionarios públicos del INPI ha tenido consecuencias aún más graves, ya que también han obstaculizado otros temas vitales para la tribu como lo es la violencia originada por el crimen organizado.
Vivimos ante el acecho del despojo de nuestras tierras y nuestros recursos naturales por parte del crimen organizado, que está apoderándose con el claro objetivo de exterminar nuestra raza indígena ancestral, a través de la comisión de delitos, y de los constantes ataques a nuestros usos y costumbres que generan los servidores públicos en complicidad con las células del crimen organizado presentes en nuestro territorio.
Así se puede leer en otra queja presentada el 4 de julio de 2024 ante la CNDH en la Ciudad de México, tramitada por los representantes yaquis Esteban Guillén Álvarez, Isabel Seguapicio Hurtado, Agustín Molina Meza y César Cota.

En ese documento, los miembros de la tropa yoreme señalan que desde 2011 células del crimen organizado comenzaron a asentarse en el territorio yaqui. Eso en el contexto de las movilizaciones populares que realizó la tribu contra la construcción del “Acueducto Independencia” en 2009.

Sin embargo, los representantes yaquis señalan que en la actualidad “la situación es consternante”, debido a que grupos del crimen organizado están reclutando “a niños desde los diez años y a adolescentes, quienes son equipados con armas de alto calibre, enviciados y utilizados como halcones o vigilantes” para mantener el control de los territorios yaquis.

“Al que no respete sus reglas simplemente lo desaparecen o asesinan y los descuartizan aventando sus restos en nuestras iglesias o en las guardias tradicionales donde se reúnen nuestras autoridades para atender los asuntos del gobierno interno de nuestros pueblos yaquis”, denuncia el escrito.

Hasta el momento, los yaquis cuentan con las denuncias y testimonios que dan cuenta de alrededor de 50 integrantes de la tribu yaqui que se encuentran desaparecidas o han sido asesinadas.

Debido a la amenaza que esto representa para su comunidad, expresa la queja que el 15 de junio de 2023 los representantes yaquis se reunieron con Ana Luisa Chávez Haro, subsecretaria de Concertación Social del gobierno de Sonora, junto a otros representantes gubernamentales, con la mediación del entonces delegado de la CNDH en Sonora, Octavio Grijalva Vázquez, con el fin de coordinar medidas de seguridad para los pueblos yaquis. 

Sin embargo, estas gestiones fueron obstaculizadas por la intervención de Abel Leyva Castellanos, coordinador de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora (CEDIS-Sonora), quien defendió que “todas las acciones de seguridad por indicaciones del gobernador del estado debían ser coordinadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el marco de la implementación del Plan de Justicia Yaqui que ejecutaba el gobierno federal”.

Asimismo el funcionario alegó que ninguna acción de seguridad podía entenderse con autoridades duales o representantes no autorizados del pueblo yaqui, por lo que –señalan los yoreme–, “no podíamos sostener ningún tipo de acuerdo en defensa de los derechos de nuestros pueblos, por ser supuestamente autoridades duales no reconocidas por el gobierno.”

Lo anterior, evidenció –según la denuncia– “que los principales actores que obstaculizan el debido desarrollo y progreso de los acuerdos de la mesa de seguridad del estado de Sonora, en coordinación con las autoridades del gobierno federal, son los mismos representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, Hugo Aguilar Ortiz”, entre otros.

Estos servidores públicos “mienten constantemente en sus informes y de paso siembran la división, confrontación y distanciamiento entre autoridades tradicionales de los ocho pueblos yaquis, con el claro objetivo de que no exista unión y acuerdos entre autoridades del gobierno tradicional (…) que puedan presentar organizada y unificadamente una solución a la problemática de la violencia”. 

En ese sentido, los representantes de la tribu yaqui también señalan como corresponsables a “los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, especialmente los de las áreas de Derechos Humanos (a quienes señalan de) no hacen nada por atender la situación, (…) han presentado informes y girado instrucciones para que no se nos atienda en ninguna instancia”, negándoles sus facultades para representar a la tribu yaqui. 

El acoso contra los yoremes

Dado que la lucha de los yaquis ha sido popular pero también legal –debido a la alianza que han tejido con organizaciones de la sociedad civil y despachos de abogados de Sonora y la Ciudad de México–, en un mensaje videograbado el 11 de enero de 2022 un grupo de cinco indígenas yoreme denunció persecusión política, amenazas, intimidación y acoso por parte de autoridades impuestas del pueblo de Pótam, en específico Patricio Varela Martínez y el secretario de Vícam Pueblo (una de las ocho poblaciones yaquis), Onésimo Viquimea Valenzuela.


Por órdenes de estas personas, según lee una mujer yaqui en castellano, un grupo armado ajeno a la comunidad secuestró a Juan Pedro Maldonado Martínez, Jesús Molina Castillo y Anselmo Molina en la guardia de Pótam.

De acuerdo con la denuncia, Varela Martínez y Viquimea, “con el apoyo de los servidores públicos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas están generando esta ola de violencia en la Nación Yaqui. El motivo de ello es obligarnos a firmar el desistimiento de una demanda de amparo que interpusimos para garantizar nuestros derechos humanos, resguardando el derecho de todos los yoremes de la Nación Yaqui, por el confuso decreto de la creación del Distrito de Riesgo 018”. 
En anteriores ocasiones hemos declarado en la búsqueda de la verdad que los integrantes de la santa iglesia de Pótam, junto con la tropa yoremia de los ocho pueblos de la Nación Yaqui, interpusimos ese amparo para detener la entrada en vigor del citado decreto, porque lamentablemente nos percatamos que con mentiras y engaños el INPI simuló la organización de una consulta indígena, queriéndonos imponer por la fuerza un decreto que debe ser sujeto de revisión.
A la fecha, la persecución no ha parado y apenas el pasado 16 de mayo “un comando disfrazado de militares o como marinos” irrumpieron en la guardia tradicional del pueblo Loma de Guamúchil-Cocorit, atacando a dos yaquis, incluyendo el propio líder de la tropa Yoremia, César Cota Tórtola, con el fin de “amedrentar y tratar de callar la voz (...). Intimidación y amenazas es lo que estamos pasando en éstas últimas fechas.

Jiménez cuestiona los resultados de las elecciones que le dieron el triunfo a Aguilar Ortiz: “Mirando la elección por televisión la noche del domingo iba César Gutiérrez Priego, le llevaba (ventaja) y sorpresivamente en la madrugada pues se cayó (...) A Hugo Aguilar Ortiz no lo conocen en ninguna parte del país y la pregunta del millón es ¿cómo le hizo?”

Asimismo César Cota –quien se encuentra solicitando medidas cautelares por la represión que ha vivido en las últimas semanas–, asegura que Hugo Aguilar es “el causante de lo que está pasando con la tribu yaqui (...) También que lo digan los indígenas del sur, de Chiapas (...) de Jalisco (...) que también alcen la voz porque no les conviene que un traidor indígena se quede ahí, siendo el causante de lo que pasa en la tribu yaqui (...) el que ha causado mucho destrozo en el estado y en toda la nación.”

El indígena yoreme Agustín Molina dice: “Hugo Aguilar para nosotros es un indígena corrupto, no lo queremos ni queremos que tenga una representación legal, ni en la Suprema Corte de Justicia.”

“Y quisiera decirles a todos los grupos indígenas de todo el Estado mexicano –agrega Molina– que alcen su voz, no queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA ÁVILA HERNÁNDEZ.

Defensores del agua clausuran pozo amenazado de despojo en Xoxtla

Por decisión de la asamblea popular, defensores del agua clausuraron el pozo número 4 de la comunidad de San Miguel Xoxtla, Puebla, ante la amenaza de que el gobierno municipal y la empresa Agua de Puebla para Todos extraigan el líquido para abastecer las zonas residenciales de la ciudad de Puebla.

La clausura fue realizada por los pobladores de Xoxtla acompañados de los pueblos cholultecas y comunidades que participaron en el foro «Alto a la privatización del agua», el pasado 8 de junio.

«Por decisión del pueblo, este pozo se tapa, se clausura», señalaron los habitantes de Xoxtla que desde el pasado 28 de mayo intensificaron su lucha contra el despojo del agua, luego de que la presidenta municipal Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa Agua de Puebla para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

«El agua es un asunto estratégico en Puebla. Y son los pobladores de las comunidades y pueblos los que están haciendo lo necesario para entender la gravedad del problema», explicó el Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla en un comunicado, concluido el foro y la clausura del pozo.

Desde el 28 de mayo, los defensores del agua han realizado bloqueos carreteros, protestas y movilizaciones para manifestar su rechazo a las intenciones del gobierno municipal y la empresa para llevarse el agua a la capital del estado, pues «el agua es de Xoxtla» y «se queda en Xoxtla».

Las acciones de los pobladores de Xoxtla también han sido objeto de represión por parte de las fuerzas de seguridad en Puebla. Tan sólo el pasado 3 de junio, las fuerzas armadas y policiales llevaron a cabo un operativo contra los defensores del agua cuando participaban en un cabildo abierto para derogar toda concesión del líquido a la empresa Agua de Puebla.

A pesar de la represión, los defensores reiteraron que mantendrán su lucha en defensa del agua y que no permitirán «ni una gota más para la ciudad».

COMUNICADO:

Clausuran pobladores pozo 4 en Xoxtla

8.JUN.2025

La decisión la tomó la gente en asamblea popular ahí mismo, en el sitio en el que se ubica el Pozo 4, como le llaman los pobladores.

Se escucharon estas consignas:

«Vamos a apedrear este monstruo».

«Ni una gota más para la ciudad».

«Por decisión del pueblo, este pozo se tapa, se clausura».

«El agua es de Xoxtla, se queda en Xoxtla».

Y con ese ánimo lo clausuraron.

Luego subieron a Facebook imágenes del hecho y este mensaje para el gobernador Armenta:

¡CLAUSURADO Y DESTRUIDO POR LA LEY DE LOS PUEBLOS!

¿Alejandro Armenta y Concesiones integrales SAdeCV (Agua de Puebla para Todos) escucharon? El #agua es de los pueblos.

¿ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose.

Es el del nuestro resurgiendo.

El día que fue el día, era noche.

Y noche será el día que será el día.

¡DEMOCRACIA!

¡LIBERTAD!

¡JUSTICIA!

#EZLN#CNI

Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla

El agua es un asunto estratégico en Puebla. Y son los pobladores de las comunidades y pueblos los que están haciendo lo necesario para entender la gravedad del problema.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

SRE reporta 42 mexicanos detenidos tras redadas en Los Ángeles

Tras los operativos, el cónsul en Los Ángeles se trasladó "de inmediato al centro de detenciones y trató de identificar, entrevistar a los connacionales que habían sido detenidos, tomar la información de sus familiares para contactarlos y ofrecerles la asesoría legal", relató el canciller.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que un total de 42 mexicanos fueron detenidos durante redadas realizadas por la agencia estadounidense ICE en Los Ángeles, California, el pasado viernes.

Según explicó, las acciones ocurrieron en un estacionamiento de Home Depot y en una fábrica textil, ambas ubicadas en la zona centro de la ciudad.

“Desde el inicio, el viernes por la mañana, la presidenta Sheinbaum estuvo personalmente dándole seguimiento al asunto y dándonos instrucciones puntuales tanto a la Cancillería como a los consulados”, indicó De la Fuente en  la conferencia matutina presidencial.

Las redadas fueron ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno federal estadounidense.

Tras los operativos, el cónsul en Los Ángeles se trasladó “de inmediato al centro de detenciones y trató de identificar, entrevistar a los connacionales que habían sido detenidos, tomar la información de sus familiares para contactarlos y ofrecerles la asesoría legal“, relató el canciller.

De la Fuente informó que las personas detenidas fueron trasladadas a distintos centros de detención en Santa Ana, San Bernardino y Calexico, debido a disturbios ocurridos cerca del centro inicial.

Precisó que “hasta este momento, el censo que tenemos actualizado es de 42 connacionales que están detenidos en estos cuatro centros, 37 hombres y cinco mujeres“.

El canciller aseguró que se cuenta ya con una base de datos con toda la información de cada uno de los detenidos y que sus familiares han sido contactados; también, informó que cuatro personas fueron deportadas el domingo, dos de ellas con orden de remoción previa.

Durante el fin de semana, la Cancillería mantuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson y con el embajador Esteban Moctezuma en Washington, para facilitar el acceso de personal consular a los centros de detención.

“Hay que agradecer esas gestiones porque no era fácil por los disturbios tener acceso. Sin embargo, el personal de nuestros consulados tuvo acceso, pudo ver a nuestros connacionales detenidos, constatar que estuvieran bien de salud y darles el apoyo que requieren en estos momentos, que no dejan de ser de una enorme tensión”, señaló.

La red consular mexicana en Estados Unidos continúa atenta a la situación.
Toda la red consular está realmente alertada para estar reforzando la información que deben tener en estos momentos nuestros connacionales.
De la Fuente reiteró que todos los migrantes tienen derechos, sin importar su estatus migratorio, y recordó que, “tienen derecho a permanecer en silencio, no deben firmar nada que no entiendan y tienen derecho por la Convención de Viena a solicitar la presencia de personal de su consulado”.

También llamó a mantener la calma y a manifestarse pacíficamente y “por la vía legal vamos a encontrar las mejores salidas para todas y todos ellos”.

El canciller destacó que la mayoría de los detenidos estaban trabajando al momento de su detención.

“La mayoría de nuestros connacionales son gente que está trabajando y es gente buena. La mayoría de los que fueron detenidos en estas redadas estaban trabajando en la fábrica textil de Ambiance. La inmensa mayoría de todas ellas y ellos es gente trabajadora“, sostuvo.

Aseguró que las acciones del gobierno mexicano seguirán basándose en los principios de diálogo y cooperación.
La instrucción también en esto ha sido muy clara: diálogo todo el que sea necesario, cooperación con mucho gusto, coordinación desde luego, pero no subordinación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Familiares de migrantes detenidos en Los Ángeles exigen su liberación inmediata

En conferencia de prensa, familiares de migrantes aseguraron que las personas detenidas en Los Ángeles no son delincuentes, por lo que su aprehensión es una "violación de todo lo que esta ciudad representa".

Familiares de migrantes en detención tras las redadas ordenas por el Gobierno del Presidente Donald Trump exigieron la inmediata liberación de sus seres queridos. Perla Ríos, líder de comunidad indígena en Los Ángeles, originaria de Veracruz, señaló que sus familiares “fueron secuestrados el viernes 6 de junio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Departamento de Policía de Los Ángeles”. Agregó que ICE no les ha negado toda comunicación con quienes fueron detenidos.

Montserrat, estudiante de universidad e hija de José Arrazola, denunció que su padre fue “secuestrado” por ICE violando su derecho a un debido proceso. Relató que ella presenció la redada. “Vi con mis ojos el dolor de las familias, gritando sin saber qué hacer, como yo”. Exigió que los lugares de trabajo que colaboran con ICE rindan cuentas y que el estatus de santuario sea respetado en toda California.

En conferencia de prensa donde participaron las familias, Gabriel, hermano de Jacob Vázquez denunció que el trabajador fue secuestrado por ICE en la bodega de Ambience. Señaló que también los hijos de Jacob dependen completamente del trabajo que realiza su padre.

Durante el evento, la concejal municipal de Los Ángeles por el distrito 14, Ysabel Jurado, aseguró que las personas detenidas son miembros de la comunidad y no son delincuentes, además de que los operativos son una "violación de todo lo que esta ciudad representa". A raíz de ello, exigió la liberación inmediata de las y los detenidos, así como de suspender cualquier proceso de deportación.
"La redada no fue por seguridad pública, fue una redada para intimidar, pero no guardaremos silencio. Defenderemos lo que es justo. El pueblo de Los Ángeles está con cada uno de los detenidos. No daremos la espalda a personas que trabajan por esta ciudad”, puntualizó la concejal para medios locales.
Desde el sábado 7 de junio, al menos tres grandes redadas se llevaron a cabo en zonas predominantemente hispanas del centro de Los Ángeles, incluyendo el Distrito de la Moda y el área de Westlake.

Los operativos, descritos como los más grandes en décadas en la ciudad, involucraron a agentes fuertemente armados con equipo táctico, quienes utilizaron granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas no letales para dispersar a cientos de manifestantes que intentaron bloquear los arrestos. En el Distrito de la Moda, una tienda mayorista de ropa fue blanco de una redada, lo que desencadenó enfrentamientos cuando activistas y civiles se congregaron para protestar.

Las redadas masivas fueron ejecutadas por agentes del ICE contra migrantes indocumentados, de las cuales desataron una fuerte reacción por parte de la comunidad, activistas y líderes locales, quienes calificaron las acciones como "crueles" y "arbitrarias".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La inflación anual se acelera a 4.42% en mayo y toca su mayor nivel desde noviembre

México registró una inflación de 4.42 por ciento en mayo, inferior a la de 2024, cuando fue de 4.69 por ciento, según el Inegi.

La inflación anual en México se ubicó en 4.42 por ciento en mayo de 2025, con un aumento mensual de 0.28 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es decir, tocó su mayor nivel desde noviembre del año pasado.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, difundió los resultados en redes sociales con un gráfico que muestra la evolución de este indicador desde 2016.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 140.012, que reflejó una desaceleración respecto al mismo mes de 2024, cuando la inflación anual fue de 4.69 por ciento y la mensual de -0.19 por ciento.
El índice de precios subyacente, que excluye productos con precios volátiles o regulados, tuvo un incremento mensual de 0.30 por ciento, impulsado por aumentos en mercancías (0.35 por ciento) y servicios (0.24 por ciento).

Por su parte, el componente no subyacente, que contempla productos agropecuarios y energéticos, se elevó 0.23 por ciento mensual. Dentro de este rubro, los precios de productos pecuarios crecieron 3.48 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron 2.12 por ciento, principalmente por ajustes estacionales en las tarifas eléctricas en 11 ciudades.

A tasa anual, la inflación subyacente fue de 4.06 por ciento; en tanto, la no subyacente se estacionó en 5.34 por ciento, cifras inferiores a las registradas en mayo de 2024 (4.21 por ciento y 6.19 por ciento, respectivamente).
El INPC reportó niveles de 139.878 y 140.146 en la primera y segunda quincena de mayo, respectivamente, lo que implicó un aumento quincenal de 0.19 por ciento.

Entre los productos con mayor impacto al alza, estuvieron los siguientes: pollo, jitomate, vivienda propia y carne de res; mientras que la electricidad, el transporte aéreo y el limón registraron reducciones de precio.

Tabasco, Hidalgo y Oaxaca mostraron las mayores alzas a nivel estatal. Por otro lado, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur presentaron las mayores disminuciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum exige a Washington “trato digno y apegado a derecho” para los migrantes

La mandataria mexicana insistió en que "la migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional". El Canciller Juan Ramón de la Fuente reportó que 42 mexicanos fueron detenidos durante las redadas en Los Ángeles; cuatro de ellos ya fueron deportados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió la mañana de este lunes a Estados Unidos (EU) un trato digno y apegado a derecho para las y los migrantes, esto luego de las redadas que emprendió el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el viernes pasado en distintos puntos de Los Ángeles, California, las cuales desataron tres días de fuertes y violentas protestas en dicha ciudad.
"Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tienen documentos llevan ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de cinco años viviendo allá", dijo en un posicionamiento.
Al inicio de su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo leyó el documento que preparó para hablar de los hechos ocurridos este fin de semana en Los Ángeles. En él, destacó que las y los connacionales "aportan a la economía de Estados Unidos y de México". "Estados Unidos los necesita para su economía", aseguró.


Asimismo, señaló que "debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años". "Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad", sostuvo en el pronunciamiento.

Sheinbaum aprovechó para reiterar el "compromiso inquebrantable" del Gobierno de México "con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria".
"En este sentido hacemos un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso, en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho", agregó.
La mandataria mexicana también afirmó que no está de acuerdo "con las acciones violentas como forma de protesta". "La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro: condenamos la violencia venga de donde venga", sentenció.

Por ello, exhortó a "la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones" durante las manifestaciones que se están realizando para mostrar descontento por las redadas del ICE.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Condenan a ‘El Cadete’ a 20 años de prisión en EU; “importante” operador financiero de “El Chapo”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó, el 9 de junio de 2025, que Jorge Humberto Pérez Cázares, alias “El Cadete”, de 41 años de edad y originario de Sinaloa, “que operaba como traficante de cocaína de alto nivel”, fue sentenciado a 232 meses de prisión, “por dirigir una conspiración internacional de tráfico de drogas”.

Según documentos judiciales, citados por el DOJ, “El Cadete” era líder y organizador de una organización transnacional de narcotráfico, responsable del envío de múltiples toneladas de cocaína desde Centroamérica a México, para su posterior distribución a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, California, empleando “la violencia para proteger sus cargamentos de narcóticos y colaboraba con un estrecho aliado del colíder del Cártel de Sinaloa”.

“Jorge Humberto Pérez Cázares fue un importante narcotraficante mexicano responsable del envío de múltiples toneladas de cocaína desde Centroamérica a México para su distribución en Los Ángeles”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, citado en un comunicado.

“Narcotraficantes como Pérez Cázares utilizan la violencia para lucrarse con el ingreso de drogas tóxicas a Estados Unidos sin importarles el bienestar de sus ciudadanos. La sentencia de hoy demuestra que el Departamento de Justicia no descansará en su empeño de llevar a los líderes del narcotráfico ante la justicia”, agregó el funcionario del DOJ.

“Esta sentencia marca la caída de un traficante que fomentó la violencia y la adicción en ambos lados de la frontera”, dijo, por su parte, el subdirector José A. Pérez, de la División de Investigación Criminal del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“Jorge ‘Cadete’ Pérez Cazares no sólo transportaba toneladas de cocaína, sino que alimentaba un imperio criminal. Pérez Cazares canalizó cantidades sustanciales de narcóticos a Estados Unidos y se lucró con el sufrimiento de la adicción. El Gobierno demostró que no era un intermediario, sino un líder. Y ahora, la justicia dicta una sentencia que justifica la destrucción que causó”, señaló el administrador interino Robert Murphy, de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“En febrero de 2014, las autoridades estadounidenses atacaron la red de distribución de Pérez Cázares en Los Ángeles, allanaron tres casas de seguridad e incautaron 1.4 millones de dólares en efectivo y más de 70 kilogramos de cocaína. Casi al mismo tiempo, Pérez Cázares negoció personalmente un acuerdo con un narcotraficante guatemalteco por más de 23 millones de dólares en cocaína”, recordó el DOJ.

“Días después, fue arrestado por las autoridades guatemaltecas mientras viajaba en un camión con 514 kilogramos de cocaína. En junio de 2016, fue arrestado de nuevo en México en virtud de una orden de arresto provisional estadounidense y extraditado a Estados Unidos, el 30 de julio de 2021”, destacó el Departamento de Justicia de EE. UU.

“En abril de 2024, poco antes del juicio, Pérez Cazares se declaró culpable del único cargo de conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos […] La Oficina de Campo del FBI en Washington investigó el caso. La Oficina de la DEA en Miami y la Oficina de la DEA en Guatemala brindaron asistencia crucial”, detalló el DOJ.

“La captura y extradición de Pérez Cazares fue posible gracias a la importante coordinación internacional entre el Gobierno de Guatemala, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshalls) y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. El abogado litigante Douglas Meisel de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal está procesando el caso”, abundó el Gobierno de EE. UU.

El 1 de agosto de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que “El Cadete” fue extraditado a los Estados Unidos, requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Según las investigaciones de las autoridades estadounidenses, citadas por la FGR, Pérez Cázares fungía como operador financiero del Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapo”, así como de enlace con las organizaciones de narcotráfico en Guatemala y Colombia, para transportar cocaína desde estos países centroamericanos, pasando por México, con destino final a Estados Unidos.

El presunto narcotraficante fue detenido el 15 de mayo de 2016, en San Miguel Allende, Guanajuato, y desde entonces buscó impedir su extradición mediante varios recursos legales hasta que, en agosto de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negó el último amparo que tenía pendiente.

Desde su detención -durante un operativo conjunto llevado a cabo entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR)-, y hasta su extradición a EE. UU., Pérez Cázares estuvo internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Sheinbaum va al G7 en Canadá; podría reunirse con Trump; Landau viene a México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, el 9 de junio de 2025, que asistiría a la Cumbre del G7, que se llevaría a cabo en Kananaskis, Canadá, del día 15 al 17 del mismo mes y año, además de que dijo que “es muy probable” que allí se reuniera de forma bilateral con su homólogo Donald Trump.

“Sí, ya decidí que sí voy a ir al G7”, respondió la titular del Poder Ejecutivo Federal -durante su conferencia de prensa matutina-, ante la pregunta sobre su asistencia a dicha reunión, además de que detalló que viajaría en vuelo comercial a Kananaskis, Alberta, donde se realizaría el evento.

“Me informa el Canciller que el 16 [de junio de 2025] son las reuniones bilaterales y el [día] 17 [del mismo mes y año] es a la Asamblea, la reunión, entonces estaría por allá, me voy a ir en avión comercial, no hay avión directo, entonces hay que hacer transbordo, ya les informaría qué día estaré saliendo, y qué día estaré regresando”, adelantó la mandataria nacional.

Luego, ante la pregunta de si ya tenía pactadas las reuniones con algunos de sus homólogos, Sheinbaum Pardo adelantó únicamente que “lo más probable” es que se reuniera con Trump, quien también confirmó su participación en el G7.

“Está trabajando en eso el canciller [Juan Ramón de la Fuente Ramírez], en las reuniones bilaterales con los distintos presidentes y primeros ministros. Es muy probable [la reunión con Trump]”, expresó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Mark Carney, primer ministro canadiense, invitó a Sheinbaum Pardo para acudir a la Cumbre del Grupo de los Siete o G7, una asociación, foro político y económico intergubernamental, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Por otra parte, el Gobierno estadounidense informó que Christopher Landau -ex titular de la Embajada de Estados Unidos en México, del 12 de agosto de 2019 al 20 de enero de 2021-, actual titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés), vendrá a México.

“Aparte hay una reunión planteada del secretario del Departamento de Estado para venir a nuestro país”, confirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“El Subsecretario de Estado Christopher Landau viajará a México, El Salvador y Guatemala del 10 al 13 de junio. En cada país, el Subsecretario Landau participará en reuniones bilaterales de alto nivel para fortalecer aún más las relaciones diplomáticas y la cooperación”, comentó el DOS, en un comunicado.

“Participará en conversaciones para impulsar el crecimiento económico impulsado por el sector privado, impulsar las inversiones comerciales estadounidenses en nuestra región y destacar la importancia de erradicar la inmigración ilegal. Este viaje subraya el compromiso de Estados Unidos de trabajar en colaboración con nuestros socios regionales para abordar desafíos compartidos y promover la prosperidad de nuestros ciudadanos”, subrayó el Departamento de Estado de EE. UU.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Elementos de la SSP de Chiapas cruzan a Guatemala y abaten a 4 presuntos narcos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas protagonizaron un enfrentamiento armado contra presuntos narcos que avanzó hasta la frontera con Guatemala y cruzó a ese territorio. La persecución dejó un saldo de cuatro muertos.

Un operativo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, corporación élite de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas, culminó este domingo en un enfrentamiento armado que presuntamente se extendió y cruzó la frontera con Guatemala, dejando un saldo de cuatro presuntos delincuentes muertos. La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que todo indica que los policías efectivamente ingresaron a territorio guatemalteco; sin embargo, informó que ya solicitó una investigación a fondo.

De acuerdo con la información trascendida, el intercambio de disparos inició poco después del mediodía, cuando autoridades de seguridad estatal, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Fiscalía General del estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, realizaban acciones preventivas y disuasivas como parte de los operativos en esa región fronteriza.
Durante la tarde, habitantes de Frontera Comalapa alertaron sobre el miedo generado por los disparos que se escucharon durante varios minutos en la zona. La comunidad de Las Champas, donde ocurrió el primer enfrentamiento, es conocida por concentrar numerosos comercios, lo que incrementó el temor entre la población.
En un video captado por un habitante, se observa a policías mexicanos enfrentándose con un grupo armado mientras otro vehículo oficial cruza la frontera para reforzar a sus compañeros. Fue en ese momento cuando se intensificaron las detonaciones.
La Secretaría de Seguridad indicó en un comunicado de prensa, que elementos de seguridad fueron agredidos con armas de fuego y granadas de fragmentación. La versión oficial señala que el ataque ocurrió en Las Champas, sobre el tramo carretero entre Ciudad Cuauhtémoc y La Mesilla y que, en respuesta, las fuerzas estatales repelieron la agresión y abatieron a cuatro personas que, de acuerdo con los comunicados oficiales, eran presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

De acuerdo con la información preliminar y que ha sido confirmada por las autoridades, la situación se trasladó hasta la localidad de Las Mesillas, en el municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, Guatemala. Es ahí donde se reportó la incursión de los policías mexicanos en territorio guatemalteco, lo cual fue confirmado en el video difundido por los propios habitantes.

En un comunicado, la Gobernación Departamental de Huehuetenango confirmó la presencia de fuerzas mexicanas y detalló que la Policía Nacional Civil y el Ejército guatemalteco se movilizaron de inmediato para asegurar la zona.
“Al medio día de hoy, se registró un incidente en el área fronteriza de La Mesilla, municipio de La Democracia, derivado de acciones operativas llevadas a cabo por autoridades mexicanas en su territorio. En atención a reportes ciudadanos, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala actuaron de forma inmediata, desplazándose al lugar para verificar la situación y garantizar la seguridad del lado guatemalteco”, señaló el Gobierno de Guatemala en un boletín.
Por su parte, el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, reaccionó también a los hechos a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) señalando que es “muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos”.
“No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia. Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros seguiremos aplicando la Ley con firmeza y sin distinción alguna. El pueblo de Chiapas vivirá en paz”, añadió.
Situación se está investigando: Sheinbaum

En tanto que la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó hoy que recibió un reporte sobre el operativo policial en Frontera Comalapa, Chiapas, y reconoció que, “todo parece indicar”, elementos de seguridad mexicanos sí cruzaron a territorio guatemalteco durante el enfrentamiento armado del domingo.

“Lo están investigando y no está bien que eso haya ocurrido”, declaró durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre la participación del grupo conocido como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en acciones fuera del país.


La mandataria aseguró que instruyó una investigación a fondo y prometió que será mañana cuando se brinde información completa sobre lo ocurrido.

Ante la pregunta de si su Gobierno tiene indicios de una posible colusión entre autoridades guatemaltecas y grupos criminales, Sheinbaum respondió: “No tenemos información sobre ello”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Los ranchos de los Monreal en Zacatecas no sufren por agua: la chupan del subsuelo

La familia de los Monreal, un clan en Zacatecas, posee diversas concesiones de agua para uso agrícola en un acuífero sobreexplotado de la entidad, de acuerdo con la Conagua.

Los Monreal, la familia con el mayor poder político en Zacatecas, acaparan 843 mil 460 metros cúbicos anuales de aguas nacionales del sobreexplotado acuífero Aguanaval, ubicado en Fresnillo, muestran datos de la Conagua.

El padre Felipe Monreal Huerta (finado en 2002), así como el Gobernador de Zacatecas David Monreal, el Senador y exalcalde Saúl Monreal, Cándido y Elías Monreal Ávila –todos hermanos del Diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila– han obtenido concesiones para "uso agrícola" y de "diferentes usos" entre 1999 y 2020. Todas ellas, salvo una de Cándido, están ubicadas en su natal Fresnillo, un municipio principalmente minero.

Solo el 30 de enero de 2001, cuando Ricardo Monreal era Gobernador de la entidad (1998-2004), la dirección de Zacatecas de Conagua dio tres concesiones al padre Felipe (07ZAC118023/37IPGE00) y a los hermanos David (07ZAC118024/37IPGE00) y Elías Monreal (ZAC118025) por un total de 183 mil m3/año.


Felipe Monreal Huerta, un dirigente campesino y priista, y Catalina Ávila procrearon 14 hijos: Cándido, Ana María, Ricardo, Leticia, Rodolfo, Elías, David, Claudia, María del Refugio, Susana, Jovita, Luis Enrique, Eulogio y Saúl.

Desde la década de los 30, durante el reparto agrario, la familia Monreal posee tierras adquiridas por don Manuel, padre de Felipe. "Don Manuel Monreal, el abuelo paterno, fue representante de la Colonia (Agrícola de Puebla del Palmar) cuando el reparto agrario. Él ya era representante de las colonias, era una especie de patriarca de aquella zona. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, están en Rancho Grande (Fresnillo) y en el Palmar", declaró el ahora Gobernador David Monreal en 2015 en una entrevista citada por Emeequis.


La mayoría de los Monreal han ocupado algún cargo político o legislativo local arropados por el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano o Morena, o bien, son funcionarios públicos como Ana María que trabaja en el sector salud y María del Refugio, quien forma parte de la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz. Por su parte, Cándido, el que tiene más volumen de agua concesionado, es propietario de la planta de chiles secos "San Felipe", ubicada en Fresnillo, en la cual se incautó mariguana en 2009 sin que se haya señalado directamente a los Monreal.
"Nosotros nos consideramos una familia política, así como hay familias de doctores, de maestros, de abogados, de ingenieros, así también hay familias políticas. Somos 14 hermanos, pero actualmente somos tres los políticos", aseguró hace unas semanas a El Universal el Senador de Morena Saúl Monreal, quien –pese a la prohibición de Morena al nepotismo– pretende contender por la gubernatura en 2027, cargo que ya ocupó su hermano Ricardo (1998-2004) y que ostenta David desde 2021.
Los exalcaldes de Fresnillo

Desde el 30 de enero de 2001, después de haber ayudado a su hermano Ricardo en la campaña para Gobernador de Zacatecas, el actual Gobernador David Monreal tiene una concesión para "diferentes usos" por 31 mil 460 metros cúbicos por año, de acuerdo con el REPDA. 

Además de su ineficacia frente a los niveles de inseguridad en Zacatecas, recientemente la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas lo señaló de encubrir al exrector Rubén "N", quien se declaró culpable de abuso sexual a una menor de edad, aunque fue denunciado por violación ante la Fiscalía estatal. Al ser un delito no grave, la autoridad judicial decidió darle libertad condicional. “Como todo hombre de poder, y que lo ha hecho claro y manifiesto, (el exrector) está totalmente protegido por el Ejecutivo, el señor David Monreal", dijo la académica de la UAZ, Cristela Trejo.

Esas aguas nacionales se ubican en el sobreexplotado acuífero Aguanaval, el cual presenta un déficit de 89 millones de m3, considerando su capacidad de recarga respecto a su extracción.

Este acuífero sobreexplotado se ubica en Fresnillo, Zacatecas. Entre 2007 y 2010, David Monreal fue Presidente municipal de Fresnillo por el Partido del Trabajo. Después de ser Senador de la República por el PRD, en 2018 el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura.

El otro exalcalde de Fresnillo (2018-2023), Saúl Monreal Ávila, también tiene una concesión de agua por 30 mil m3/año para "uso agrícola" justamente ubicada en Fresnillo y obtenida, justamente, cuando era Alcalde de Fresnillo, el 17 de noviembre de 2020.

El experredista, petista y emecista ahora es Senador por Morena y –pese a la reforma contra el nepotismo– busca suceder a su hermano David, el Gobernador peor evaluado a nivel nacional.

El agua de Cándido

Cándido Monreal Ávila, del clan de los Monreal en Zacatecas, posee tres concesiones de agua por un total de 300 mil metros cúbicos anuales, las cuales obtuvo entre 1999 y 2017, de acuerdo con la Conagua. Dos concesiones extraen del sobreexplotado acuífero Aguanaval y la otra, la de aguas superficiales obtenida en 2017, del arroyo El Refugio.

A diferencia de sus hermanos políticos, Cándido se dedicó al negocio familiar, la planta de chiles secos "San Felipe", que en un inicio tuvo en copropiedad con David Monreal gracias a Ricardo Monreal, quien, como Gobernador, la embargó en 2003 y la entregó el 15 de enero de 2004 a sus dos hermanos.

En esa bodega ubicada en la comunidad Río Florido, en Fresnillo, Zacatecas, el 22 de enero de 2009 el Ejército incautó 14.5 toneladas de mariguana tras una denuncia anónima que planteó movimientos de personas ajenas a la localidad. Hubo dos detenidos que dijeron ser originarios de Durango.

Ese dato lo revivió el expresidente Felipe Calderón en Jeréz en 2016, en plenas campañas electorales.

Sin embargo, el líder de los hermanos, Ricardo Monreal, dijo en su libro La infamia (Porrúa, 2020) que la bodega era trabajada por su hermano Cándido en la producción de chiles secos solo de agosto a octubre, y el resto del año, estaba cerrada. La incautación fue en enero.

El Diputado Ricardo Monreal Ávila calificó estos señalamientos de un ataque contra su familia, acaparadora de agua en una entidad semidesértica y acechada por la actividad minera.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

Guerra narca cumple nueve meses en Sinaloa; deja más de mil 400 muertes y casi 2 mil desaparecidos

El último cuatrimestre de 2024 significó el más violento en Sinaloa, con 668 homicidios dolosos registrados en ese período, cifras incluso por encima que los años del cisma del cartel de Sinaloa, con la batalla entre los Beltrán Leyva y “El Chapo” Guzmán.

La mañana del 9 de septiembre la capital se cubrió de plomo. El estallido entre las facciones de los “Chapitos” y los “Mayos” del cartel de Sinaloa comenzaron su guerra, que a nueve meses de iniciada ha dejado mil 405 muertes y más de mil 862 personas desaparecidas, según datos de la Fiscalía General del Estado, con corte al 8 de junio. 

La batalla se remonta a enfrentamientos en el caso urbano de Culiacán y zonas rurales de las sindicaturas de Costa Rica y de los municipios de Eldorado y Elota, sin embargo, con el tiempo prácticamente se han tenido actividades delictivas en los 20 municipios del estado. 

El último cuatrimestre de 2024 significó el más violento en Sinaloa, con 668 homicidios dolosos registrados en ese período, cifras incluso por encima que los años del cisma del cartel de Sinaloa, con la batalla entre los Beltrán Leyva y “El Chapo” Guzmán. 

En mayo se alcanzó la segunda cifra máxima de homicidios dolosos para el estado para ese mes, es decir, solamente el de 2017 ha registrado más casos como este último, que tuvo 165, es decir, al menos cinco homicidios cada 24 horas. 

En total, en este 2025 y con corte al 9 de junio, hay 730 homicidios dolosos en el estado. La mayoría de los casos se concentran en Culiacán, ciudad que además se encuentra entre las más violentas del mundo en el lugar 17, según el dato que comparte la asociación civil Seguridad Paz y Justicia del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. 

Además, de acuerdo con datos del Índice de Paz México 2025, Sinaloa ocupa el lugar 22 entre las 32 entidades federativas con el rango de paz negativa. 

La crisis de seguridad ha incrementado la desaparición de personas, que entre septiembre de 2025 y mayo último ha dejado en Sinaloa al menos mil 862 personas desaparecidas, de las cuales 873 se concentran en la capital del estado y su zona rural. 

Otro delito que se ha incrementado notablemente es el robo de vehículo, que desde septiembre de 2024 y al corte del día último de mayo deja cifras de 3 mil 303 unidades robadas. La mayoría de los casos se concentran en Culiacán y todos ellos resultan ser a mano armada o robo con violencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Bodega cateada en Rosarito es de “Los Aquiles”, presume Harfuch

La bodega cateada durante el viernes 6 de junio de 2025 en Playas de Rosarito pertenece a “Los Mayitos”, reveló el secretario de seguridad federal Omar García Harfuch, que detalló en su cuenta de red social en X que el “inmueble utilizado como bodega de almacenamiento de drogas sintéticas, vinculado a la célula delictiva “Los Aquiles” facción “Mayitos”. Se aseguraron 10 vehículos modificados utilizados para el trasiego de drogas”, explicó.

En el comunicado del 7 de junio las autoridades omitieron detalles como la ubicación exacta y la cantidad de droga asegurada. Fue la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional informaron sobre el cateo de una bodega en Playas de Rosarito en el que aseguraron 10 autos alterados presuntamente para el transporte de droga; así como 10 cartuchos.
En el cateo participaron elementos de la Marina a través de la Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública en esa entidad, además de Defensa, FGR, GN y SSPC.

“Esta acción se derivó de trabajos de inteligencia, lo que permitió identificar un inmueble en el municipio de Playas de Rosarito, del mismo estado, donde se dio cumplimiento a una orden de cateo y fueron asegurados 10 vehículos modificados para el transporte de material ilícito y 10 cartuchos útiles”, se lee en el comunicado de prensa del 7 de junio de 2025.

“Los objetos asegurados fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las diligencias subsecuentes”, explicaron en el comunicado en el que se presume que los detalles sobre la cantidad de droga encontrada la podría dar a conocer la FGR en Baja California.
El pasado 3 de junio, Harfuch presumió el arresto de uno de los integrantes de la misma organización “José Antonio N alias “Chaparro”, identificado como generador de violencia en la región. El detenido era responsable de la distribución y venta de droga, así como homicidios y fungía como uno de los operadores de la célula delictiva “Los Aquiles”. Durante el operativo, se aseguraron más de 15 kg de droga, 500 pastillas, tres armas de fuego, cargadores, dos vehículos y cartuchos”, se lee en su cuenta de X, antes Twitter.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.