La Gobernadora María Eugenia Campos dijo esta mañana al periodista Ciro Gómez Leyva que muy pronto presentará carpetas de investigación no sólo contra César Duarte Jáquez, quien ayer fue extraditado por Estados Unidos a México, sino también contra su antecesor inmediato, Javier Corral Jurado, quien todavía es miembro de su partido, Acción Nacional (PAN).

Cinco años después de haber dejado el país en medio de señalamientos de corrupción y a casi dos años de haber sido detenido en Estados Unidos, César Duarte Jáquez regresó a México, en donde distintas voces han advertido que el exgobernador de Chihuahua tendrá todas las facilidades para enfrentar en libertad las acusaciones de desvío de recursos y un desfalco que superaría los más de mil millones de pesos.

“El FONDEN no es necesario”, señaló el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, tras asegurar que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador está preparado para atender a damnificados por el huracán Agatha en Oaxaca.

A través de Twitter, el vocero presidencial dijo que los miles de damnificados por el paso del huracán Agatha serán atendidos por la Sedena y Marina. Dijo que hay recursos suficientes y quedó demostrado que el Fonden no es necesario.

En los últimos ocho años, las solicitudes de asilo han crecido más de 100 veces en México. Con ello, mientras que en 2013 fueron mil 296, alcanzaron 130 mil en 2021, de las cuales cerca de 90 mil se presentaron en la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas. En los primeros cuatro meses de este año, las solicitudes siguen aumentando, pues ya suman 40 mil. 

Mientras tanto, el sistema de asilo del país está rebasado y sin los recursos y la capacidad suficientes para dar respuesta, lo que provoca retrasos y sufrimientos innecesarios, según documenta la organización WOLA (Advocacy for the Human Rights in The Americas) en su reporte Luchando por sobrevivir: la situación de personas solicitantes de asilo en Tapachula, México.

A casi tres años de concluida su administración, las autoridades federales y de Campeche no han conseguido esclarecer el destino de más de 3 mil 800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a dicha entidad durante la administración del entonces gobernador y hoy presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018 (los tres años completos que gobernó Campeche) se identificaron irregularidades por un monto total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado 1 de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos. 

El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, aseguró que el tricolor ayudó a que Andrés Manuel López Obrador obtuviera más votos en la elección del 2018 atacando al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

Hasta la fecha, diversas dependencias de la administración federal han presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos perpetrados por el equipo de Ignacio Ovalle Fernández al frente de Seguridad y Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno.

A pesar de las evidencias de corrupción y de pésima gestión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos en 2020, el pasado 19 de abril, López Obrador sacó Ovalle de Segalmex, pero le dio otro cargo en la administración federal: coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

El exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, consiguió una nueva suspensión provisional para evitar ser aprehendido por cualquier razón.

El Juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal concedió la medida en el expediente número 470/2022 en la que precisó que la misma sólo evitará la captura del exfuncionario, a quien la Fiscalía capitalina busca procesar por el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, siempre y cuando los delitos por los que se haya emitido alguna orden de aprehensión en su contra, no merezcan prisión preventiva de oficio.

Durante el actual proceso electoral en el que seis estados tendrán comicios el próximo 5 de junio, se han registrado 85 agresiones contra políticos, de los cuales, 11 son aspirantes a algún cargo de elección popular. La cifra de ataques cayó un 810% respecto de los comicios de 2018, y 1 mil 154% en comparación con 2021, el año con la mayor violencia electoral hasta el momento.

De acuerdo con cifras de la consultora Etellekt, que se ha dedicado a registrar los hechos de violencia contra políticos y candidatos, de los 85 políticos que fueron agredidos en el actual proceso electoral (contando desde el 1 de septiembre al 31 de mayo), 7 fueron víctimas de homicidio, pero ninguno de ellos competía por algún cargo, lo que también representa una notoria reducción de la violencia respecto de comicios anteriores.

Por unanimidad y sin debate, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó, el 2 de junio del 2022, el decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en abril del 2020, que reduce los tiempos fiscales que radio y televisión abiertas tienen que entregar al Estado, al declarar infundada una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), que alegó que afectó su facultad exclusiva de administrar tiempos de difusión.

El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador redujo de 18 a 11 minutos diarios el tiempo que deben entregar las estaciones de televisión abierta, y de 35 a 21 minutos el de las estaciones de radio, para que con ello se tenga por satisfecho el pago en especie de un impuesto a las concesiones, que existe desde 1968.

La audiencia programada para el próximo lunes 6 de junio por el juicio sobre el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro fue aplazada de nueva cuenta; ahora se debió a la denuncia que interpuso un grupo de víctimas contra el juez de control, José Luis Palacios Fernández, por la manera en que ha conducido el caso desde octubre pasado.

En dicha audiencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pretendía, ahora sí, hacer la imputación a 10 exservidores públicos por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad culposos, incluido Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la versión de que existan “focos rojos” en los seis estados donde se van a realizar elecciones para renovar gubernaturas este domingo.

En colaboración con el gobierno de México, el Departamento del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos aplicó sanciones a un policía municipal y a cinco integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su participación en el trasiego de drogas.

La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, sancionó y designó como narcotraficante significativo al jefe de la policía municipal de Ameca, Jalisco, Severo Flores Mendoza, por corrupto y trabajar para el CJNG.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció la criminalización y fabricación de delitos contra el defensor tseltal Manuel Sántiz Cruz, así como de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, por parte de la policía municipal de San Juan Cancuc y de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

El Frayba señaló que la criminalización a la defensa de la vida se da en un contexto de oposición al desarrollo de la Súper Carretera San Cristóbal-Palenque, «que forma parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región impuestos sin consulta previa libre, informada y con pertinencia cultural». Además, las detenciones se enmarcan en la oposición de los pueblos tseltales a la presencia del ejército mexicano y la Guardia Nacional en su territorio.

«Todos vienen por un trozo de Layú Nabe», mejor conocido como el Istmo de Tehuantepec, aseguró la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) al denunciar los intereses geopolíticos que amenazan la región con la militarización, el despojo territorial y la violencia.

Los pueblos de la Asamblea aseguraron que los intereses de países como Estados Unidos para el control económico, político, migratorio y geográfico del Istmo es un «monstruo» que va «más allá de las promesas de desarrollo y progreso, emprendimiento, sociedades cooperativas con los hombres blancos poderosos como Larrea y Hank, el extractivismo sustentable y el despojo amigable que el capataz balbucea todas las mañanas en televisión a nivel nacional».

La Fiscalía General de la República (FGR) divulgó las primeras fotografías del exmandatario usando cubrebocas y esposado.

Un Juez de Control cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía.

El político Porfirio Muñoz Ledo, con larga trayectoria en la vida pública de México y crítico de la administración de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los grupos criminales se han convertido en un aliado del Gobierno federal, durante la Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal).

Un hombre  identificado como Greek Román y su pareja sentimental, identificada como Adamari, son los presuntos responsables del feminicidio de la joven Viridiana Moreno, quien acudió a una supuesta cita para obtener un empleo y ya nunca regresó.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el hombre esta relacionado con otros feminicidios y por un caso particular de un feminicidio que presuntamente cometió en marzo de 2022 en Morelos hay una orden de aprehensión en su contra.

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, enfrentará además de las acusaciones por delitos del fuero común, un proceso penal por el peculado electoral relacionado con el presunto desvío de alrededor de 70 millones de pesos que fueron entregados a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para las elecciones de 2015 en el estado de Chihuahua.