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Montiel permite a Maude Versini ver a sus hijos

El abogado del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, confirmó que Maude Versini, exesposa del priista, verá a sus hijos mañana en el Centro de Convivencia de Toluca, después de tres años de no tener contacto con ellos.

El abogado del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, confirmó que Maude Versini, exesposa del priista, verá a sus hijos mañana en el Centro de Convivencia de Toluca, después de tres años de no tener contacto con ellos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el abogado de Montiel, Eduardo Heredia, confirmó que “como se señala en los acuerdos de los centros de convivencia”, Versini podrá ver a sus tres hijos en el Centro de Convivencia de Toluca entre las 10 y 18 horas.

En noviembre pasado se dio a conocer que Montiel enfrenta una orden de aprehensión de la justicia francesa por la sustracción ilegal de sus tres hijos, aunque el gobierno francés no ha solicitado su detención provisional con fines de extradición.


De hecho, Francia sólo notificó a la Interpol con un mecanismo conocido como “difusión”, una especie de alerta que funciona en ciertos países, pero que no tiene los mismo efectos de la Ficha Roja, explicaron funcionario gubernamentales al diario Reforma.

El reporte de Francia sobre el caso sólo tiene vigencia en los 26 países europeos, donde Montiel sí sería detenido automáticamente al ingresar, aunque esta alerta no funciona en cualquier otra nación, explicaron las fuentes.
Montiel —que gobernó el Estado de México entre 1999 y 2005— dijo en entrevista radiofónica al periodista Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula: “no tengo conocimiento de que si salgo del país seré detenido, como lo ha declarado Maude Versini”.

Luego de las declaraciones de Montiel en Fórmula, Versini respondió en el mismo programa radiofónico que el exgobernador y su abogado “son unos mentirosos“. La ciudadana francesa —que estuvo casada con el priista entre 2002 y 2007— dijo que ambos lo saben desde hace cuatro meses, y que la orden de aprehensión la obtuvo el 20 de junio pasado; explicó que la cancillería francesa notificó a la mexicana, que a su vez avisó a Montiel y su abogado.

Arturo Montiel retuvo a sus hijos en México durante unas vacaciones en diciembre de 2011, con el argumento de que eran sujetos de maltratos y abandono por parte de su madre, Maude Versini, y su actual esposo.

Versini descartó haber maltratado a sus hijos, como dijo Montiel —quien incluso aseguró que existen grabaciones que lo comprueban—.  Maude dijo que una una “mala interpretacion (…) Yo le contesté al juez que en Francia dar una nalgada a tu hijo no era prohibido, y que una nalgada no era maltratar a tu hijo cuando se ha comportado mal o ha hecho algo grave”.


Esta declaración fue en alusión a un dicho del abogado Heredia: “Maude aceptó que sí disciplinaba con golpes a los niños, que le permitió a su esposo que los disciplinara a golpes”, y agregó que ella dijo a un juez que “en Canadá está prohibido pegarle a los niños, en Francia no”.

DOCUMENTAL VÍDEO:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Grupo Higa y constructora de Hank Rhon ganan licitación de museo en Puebla

Reforma publica que el contrato es en la modalidad de Asociación Público Privada (APP) y está valuado en más de 7 mil millones de pesos.

La construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco en Puebla (MIB) estará a cargo de las empresas Concretos y Obra Civil del Pacífico –filial de Grupo Higa-, La Peninsular y Promotora de Cultura Yaxché, compañías del exgobernador del Estado de México, Carlos Hank Rhon.

Reforma publica que el contrato es en la modalidad de Asociación Público Privada (APP) y está valuado en más de 7 mil millones de pesos.


Además, dice el diario, este consorcio fue el único que presentó una oferta el gobierno de Rafael Moreno Valle.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

De los juicios iniciados en 2013 en el país, sólo la mitad obtuvo sentencia

La capacidad de los sistemas de justicia están rebasados en la atención de los casos, pues de acuerdo con el censo elaborado por el INEGI, solo hay 4 mil 171 jueces y magistrados y 4 mil 811 defensores de oficio para atender más de 215 mil casos.

Castigar a los responsables de delitos sigue siendo un proceso tardado en el país, según revela el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, pues de las más de 215 mil 638 causas penales (juicios) iniciados el año pasado, solo se pudo concretar la sentencia de 100 mil 938 personas, el resto aún espera el fallo del juez.

A esto se suma que la capacidad de los sistemas de justicia están rebasados en la atención de los casos, pues de acuerdo con el censo elaborado por el INEGI, solo hay 4 mil 171 jueces y magistrados y 4 mil 811 defensores de oficio para atender más de 215 mil casos.


Incluso hay entidades como Aguascalientes que solo tiene 24 defensores de oficio, aun cuando se abrieron 2 mil 361 causas penales. O Guerrero con 141 defensores y 6 mil 700 juicios. Mientras que el Distrito Federal es el de mayor número de defensores, con 768, seguido de Guanajuato con 416 y el Estado de México con 413.

Según especialistas, el plazo mínimo en el que se resuelven los juicios es de seis meses, por lo que la mitad de los 215 mil 638 causas penales (juicios) que aún no tienen sentencia, se resolverán en lo posterior y serán acumuladas a las de 2014.
Además, a nivel nacional se iniciaron un millón 679 mil 702 averiguaciones previas (denuncias ante el Ministerio Público por cualquier delito), de las cuales 525 mil (77%) se ubicaba al presunto responsable, pero el resto, al no identificar a los agresores es menos probable que la investigación resulte en la consignación del delincuente.

Luego de que la víctima interpone una denuncia por delitos del fuero común que ameritan sanción ante el Ministerio Público se abre una averiguación previa; al encontrar elementos de probable responsabilidad, el caso es turnado ante un juez y el presunto infractor enfrenta un juicio  al que se le denomina “causa penal”, que al concluir deriva en alguna pena o absolución.

Pero no todas las denuncias y procesos registrados hasta 2013 (año de análisis para el censo) lograron que los responsables fuesen castigados, pues en ese periodo de tiempo hubo 100 mil 938 sentenciados. De ellos, más de 75 mil fue condenatoria, nueve mil 611 absolutoria, mil 933 mixta (medidas provisionales como pago de fianza, entre otras) y 13 mil 801 que “no se especifica”.

En el desglose por entidad, el Distrito Federal es la de mayor retraso en los procesos de impartición de justicia, pues en el 2013 tiene 52 mil 341 causas penales pendientes; le sigue San Luis Potosí, con 17 mil 907 y el Estado de México, con 9 mil 455.

Sobre los delitos cometidos, la estadística reporta que en el país ocurrieron 368 mil 896 del fuero común (amenazas, daños en propiedad ajena, sexuales, fraudes, abusos de confianza, homicidio, lesiones, robo) y 18 mil 556 del fuero federal (ataques a las vías generales de comunicación, contrabando, defraudación fiscal, narcotráfico y otros delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, tráfico de personas, delitos electorales).

En el Distrito Federal, hubo 20 mil personas sentenciadas, mientras que en Sonora y Jalisco con más de 9 mil; el Estado de México, 6 mil 700. Los sentenciados son sobre todo hombres jóvenes de entre 18 y 24 años (17 mil 706), y de 25 a 29 años (13 mil 345).

Entre los datos se destaca que de las 157 mil víctimas hay menores de edad, sobre todo mujeres, pues hubo siete mil 325 de entre 0 a 19 años de edad, mientras 6 mil 545 fueron hombres en el mismo rango de edad.

En tanto, 25 mil 602 hombres y  18 mil 322 mujeres de 20 a 49 años fueron víctimas de algún delito durante 2013. Las entidades más habitadas del país, el Distrito Federal y el Estado de México encabezan la lista con más víctimas: 22 mil 107 y 14 mil 410, respectivamente. Le sigue Sonora (11 mil 832), Puebla (10 mil 634) y Chihuahua (10 mil).

Otros datos del censo revelan que en el 2013 se registraron un total de 197 mil 46 personas ingresadas a los Centros Penitenciarios a cargo de las Entidades Federativas, por un total de 185 mil 941 personas egresadas de los mismos. Al 31 de diciembre del año pasado hubo 213 mil 682 personas recluidas en los centros penitenciarios.


El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, publicado este lunes 15 de diciembre se realiza por cuarta vez con apoyo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Incluye una base de más de 1.5 millones de datos cuyo objetivo es generar información estadística sobre las actividades de los tribunales superiores de justicia, consejos de la judicatura y centros de justicia alternativa en las entidades federativas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Urge Ifai a Sedena que revele quiénes son los militares involucrados en caso Tlatlaya

Pide conocer número, grado y unidad a la que pertenecían los soldados involucrados en matanza del 30 de junio. Con ello, se ofrece a la sociedad "la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, dijo la comisionada Villalobos.

La Secretaría de la Defensa Nacional deberá dar a conocer el número, el grado, así como la unidad, batallón o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares que participaron en la confrontación con un presunto grupo criminal en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Lo anterior, en respuesta a un particular que solicitó esos datos.

La Procuraduría General de Justicia Militar señaló que la información se encontraba reservada por estar vinculada a una averiguación previa y a un expediente judicial por delitos militares; la clasificación fue confirmada por la Sedena.

Sin embargo, quien solicitó la información presentó ante el Ifai un recurso de revisión, el cual fue turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.

En dicho recurso, el solicitante manifestó  que el 25 de septiembre de 2014 el sujeto obligado emitió un comunicado en el que hizo del conocimiento que se pusieron a disposición de un juzgado militar a un oficial y siete elementos de tropa.

En ese sentido, indicó que su petición es para que se precise sobre el número total de elementos, los datos relativos al grado y la unidad a la que pertenecían, con lo cual no se pretende obtener información que pueda vulnerar la investigación.

En su oficio de alegatos, la Sedena  reiteró su respuesta original.

En el análisis del caso, la comisionada ponente señaló que la propia Sedena, en el comunicado prensa mencionado, informó a la opinión pública que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar  un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

Villalobos advirtió que el ministerio público castrense ya ejerció acción penal, por ende no se pondría en riesgo las diligencias que realizó el órgano investigador.

Asimismo, destacó que  los datos relativos al grado, así como la unidad, batallón y/o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares, se localizan en diversos archivos administrativos desde antes que cometan algún tipo de delito, tales como expedientes personales, registros de asistencia de las unidades o batallones, así como en los libros de control de los Grupos de Procesados y Sentenciados.

Por tanto, enfatizó la comisionada, que dar a conocer los datos requeridos por el particular, no implica que sean extraídos de la indagatoria o del expediente que obra en el Juzgado militar.

Agregó que los datos requeridos son de carácter genérico que no hacen identificables a los servidores públicos que están sujetos al proceso. Además, manifestó, la Sedena en ocasiones anteriores ha entregado información similar a la requerida, como en la solicitud con número de folio 0000700115413, en la cual dio a conocer el registro de cuatro generales en juicio por diversos delitos.

La ponente consideró de gran relevancia dar a conocer la información, ya que los militares, dijo, como  servidores públicos deben estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía. 

“Sobre todo cuando en la actualidad nos encontramos ante una crisis en materia de derechos humanos. En ese sentido, se garantiza la máxima publicidad, prevista en el artículo sexto de la Constitución, y se ofrece a la sociedad la claridad necesaria  para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, enfatizó.


Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn  Villalobos, el pleno del Ifai revocó la respuesta e instruyó a la Sedena a proporcionar la información genérica, en los términos referidos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las declaraciones de Evo Morales, que “preocuparon” a la cancillería mexicana

Según el mandatario boliviano, en México, el gobierno no puede combatir al narcotráfico ni con bases militares. Esto provocó el reclamo de la cancillería mexicana.

Evo Morales, presidente de Bolivia, señaló que en México existe un modelo fallido en cuanto al combate a la delincuencia organizada.

Afirmó que en México hay problemas profundos que no quisiera para su nación.

“La Policía está preparada, está formada para combatir esa delincuencia que nos trae desde afuera, digo desde afuera porque el mercado de la cocaína generalmente está en los países industrializados o desarrollados, estaba viendo cómo esta Colombia, especialmente cómo está México, los últimos sucesos que yo sigo pensando que ahí es el modelo fallido, un modelo de libre mercado que lamentablemente se ha sometido al imperio norteamericano. Ahora hay problemas profundos, no quisiéramos en Bolivia tener esta clase de problemas”, indicó, durante la ceremonia de egreso de nuevos subtenientes de la Policía Nacional Boliviana.

Según el mandatario, en el país, el gobierno no puede combatir al narcotráfico ni con bases militares.

“Delincuencia organizada, parece ser que la delincuencia está por encima del Estado y algunas regiones. Ni con bases militares pueden combatir el narcotráfico, mientras que en Bolivia después de nacionalizar la lucha contra el narco, después de que instituciones, especialmente la Policía Nacional, está en lucha contra el narcotráfico y participa activamente, estamos mejor, con resultados”, aseveró.

Previó que en Bolivia mejorará la lucha contra el crimen, sin injerencias exteriores.

“Estamos mejor que antes en la lucha contra el narcotráfico, pero sin la participación de algunos países como Estados Unidos”, dijo.

“Cuando nos organizamos, cuando nos preparamos y cuando nos movilizamos para el bien de la humanidad, pero sin ninguna injerencia, estamos mejor que antes” agregó.

Evo recalcó que el problema de la delincuencia organizada no es sólo del narcotráfico, ya que también es un problema social.

“No sólo es problema del narco, es un problema social, implementamos programas sociales, pero también algunos hermanos que se dedican a la delincuencia tienen que estar convencidos de que la delincuencia no ayuda a la población”, comentó.

En la ceremonia, el Presidente reconoció a la Policía de su país.

Por lo anterior, el gobierno mexicano envió una nota diplomática a la cancillería de Bolivia en la que expresa su sorpresa y preocupación por las declaraciones que hizo el presidente de esa nación, Evo Morales.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores asentó que México privilegia el diálogo respetuoso a nivel regional y la interacción entre países, reconociendo la diversidad que existe en América Latina y el Caribe, sobre la base del diálogo y la cooperación.


En ese marco, añadió, “estas reiteradas expresiones fomentan una falsa percepción de división regional en momentos en que los países de América Latina y el Caribe, México en particular, están empeñados en construir un espacio de unidad y diálogo en la figura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caro Quintero sigue en el mapa

En el tablero de la violencia en Jalisco hay 13 organizaciones delictivas detectadas por la Fiscalía General del Estado. Sorprende la presencia del ‘Cártel de Caro Quintero’.

Son 13 organizaciones criminales en total las que operan en Jalisco, generadoras, en gran medida, de la violencia que tiene su mejor rostro en los homicidios con características de “ejecución”.

Un informe de la Fiscalía General del Estado, obtenido por Transparencia, describe que seis de esos 13 grupos del crimen organizado han cometido el 98 por ciento de los asesinatos, son los cárteles Jalisco Nueva Generación, La Resistencia, La Corona, del Milenio, Los Zetas y Los Aliados, en ese orden.

Hay otros siete que complementan ese tablero de la violencia en el estado, de acuerdo con la FGE. El documento oficial analiza la autoría de 426 homicidios del crimen organizado en el periodo comprendido entre 2007 y agosto de 2014, los cuales suelen enmarcarse en la pugna por las rutas de trasiego de la droga y zonas de mercado. 

Ese 2 por ciento restante de “ejecuciones” (ocho en total) es vinculado a los cárteles de Caro Quintero, La Familia Michoacana, del Golfo, de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y dos poco conocidos: Los Michoacanos de las Palmas Jalisco y el Grupo Justo Comparan.

La FGE atribuyó un par de homicidios al “Cártel de Caro Quintero”: uno en el 2007 y otro en pleno 2014 (en el informe se clasificó como “Cártel de los Quintero”). Y a cada uno de los otros grupos les imputó una “ejecución”.

Es relevante que una parte de los homicidios, por más mínima que sea, haya sido relacionada por la Fiscalía con el “Cártel de Caro Quintero”, una organización que se supone está desactivada en el estado.

Alianzas generan violencia

El 9 de agosto de 2013 fue liberado por una orden judicial Rafael Caro Quintero, quien fue uno de los tres líderes máximos del Cártel de Guadalajara, y cuya cúpula entera residía y comandaba desde la capital de Jalisco.  

El mismo día en que Caro Quintero dejó el penal de Puente Grande –estuvo recluido 28 años por narcotráfico y acusado del homicidio del agente de Estados Unidos, Enrique Camarena–, reporteros le preguntaron al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, si advertía un reacomodo de los grupos delictivos locales.

“Estaremos atentos. Actuando de acuerdo a nuestras facultades y atribuciones, manteniendo el orden, la vigilancia y con mucha información atendiendo cualquier situación relevante”, dijo el mandatario.

En su informe la FGE hace evidente que las organizaciones criminales surgidas en Michoacán, La Familia y Los Caballeros Templarios, no han sido actores de peso en la generación de violencia en Jalisco, al menos no directamente. A la primera se le adjudicó una “ejecución” en 2009, a la segunda otra en 2013. 

Las alianzas han sido importantes para los cárteles en Jalisco: La Resistencia, el segundo grupo más violento según la FGE, se vinculó primero con La Familia, luego con Los Zetas. 

Algo similar sucede con el cártel de Sinaloa o del Pacífico, que lideraba Joaquín “El Chapo” Guzmán –hoy preso-, pues aunque le fue registrado un solo homicidio, fue emparentado con el CJNG (se llegó a considerar su brazo armado), el cual se fortaleció hasta concentrar el 57 por ciento de todas estas “ejecuciones”, apunta la FGE. 

De los que prácticamente no hay antecedente público a rastrear es de Los Michoacanos de las Palmas Jalisco y el Grupo Justo Comparan. Del primero, la FGE dice que es responsable de un homicidio en 2010, y del segundo, de otro en 2008.

En la cúspide de la violencia están el CJNG con el 57 por ciento de las “ejecuciones” (243); La Resistencia, con el 15 por ciento (63); La Corona, con el 12 por ciento (53); Milenio –incluye alianza con Los Zetas–, con el 11 por ciento (49); y Los Zetas y Los Aliados, cada uno con cinco “ejecuciones”, lo que representa el 1 por ciento.

Caballeros y armas

Si bien el grupo de los Caballeros Templarios solamente fue vinculado a un homicidio en Jalisco por la FGE en 2013, eso no significa que su presencia en el estado no sea representativa.

El 7 de octubre pasado la Fiscalía anunció la detección de un par de fincas en Guadalajara, en las colonias Vicente Guerrero y La Loma, que eran usadas para fabricar armas largas (rifles R-15), las cuales eran ensambladas por el crimen organizado y vendidas a grupos delictivos.

Según se señalaría luego, la operación de esos puntos estaría a cargo precisamente de los Caballeros Templarios. 

“Creemos que pudiera haber capacidad, dependiendo del material que recibieran ellos del exterior, pero se nos decía que inclusive ya habían sacado una producción de aproximadamente 100 armas”, dijo el fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. 

“Sabemos que este grupo se dedica a mandar armas a Michoacán, pero también creemos que esté vendiéndole armas al cártel local, al CJNG, por lo que consideramos  que es un golpe fuerte a la delincuencia organizada”. 

La PGR se desmarcaría, no obstante, de calificar el hecho como único en el país, como lo había presumido el fiscal estatal:

“Según lo dicho por la propia Agencia de Tabaco y Armas de Fuego norteamericana, es la primera empresa o industria que es decomisada o asegurada en el país que se dedicara a terminar de armar ese tipo de rifles que tanto daño hacen a la sociedad”. 


La instancia responsable del sistema estadístico de la PGR, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, dice que sus registros no permiten conocer, con certeza, si existen otros antecedentes similares en el país, por lo tanto, tampoco confirma su unicidad.

“Los datos de averiguaciones previas iniciadas por fábricas ilegales de armas, o bien de establecimientos donde se originaran armas de manera ilegal, son registrados en el rubro ‘otros delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos’, que no permite desagregar la información en un mayor nivel de detalle”, respondió la PGR. 

Su deseo de paz

Libre, Caro Quintero escribió al presidente Enrique Peña Nieto: “No es justo, señores, que la justicia mexicana se someta a los designios que pretende imponer Estados Unidos sobre un mexicano que lo único que desea es la paz y la tranquilidad de su persona y la de su familia”, según la carta que fue publicada por el semanario Proceso. 

Hoy de nuevo se le considera prófugo tras el amparo que le revocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Para el gobierno de Estados Unidos, Caro Quintero es un narcotraficante en activo, ligado a Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, uno de los líderes del Cártel del Pacífico. 

El 12 de junio del 2013, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dijo: 

“Rafael Caro Quintero es un importante narcotraficante mexicano que empezó su carrera criminal en la década de los 70 cuando él y otros, incluyendo a Esparragoza Moreno (…) formaron el cártel de drogas de Guadalajara y amasaron una fortuna ilícita. Caro Quintero continúa su alianza con la organización de Esparragoza Moreno y sus principales operadores”.

Aquel día la OFAC señaló a 18 personas y 15 empresas que, asegura, siguen lavando dinero obtenido del narco. 

“Caro Quintero ha utilizado su red familiar y testaferros para invertir su fortuna en empresas ostensiblemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara”, dijo Adam J. Szubin, director de la OFAC.


Hoy la Fiscalía General del Estado vincula homicidios al “Cártel de Caro Quintero”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

‘Candidato’ en problemas

Mauricio Fernández reveló su intención de ser alcalde de San Pedro por tercera ocasión. Sin embargo, el político tiene cuentas que aclarar a los sampetrinos como el uso que dará a La Milarca y su WikiLeak ‘incómodo’.

Mauricio Fernández confirmó que buscará ser alcalde de San Pedro por tercera ocasión. 

Sin embargo el panorama para él, se antoja complicado.

El anuncio para contender por la alcaldía sampetrina este 2015, coincide con un expediente lleno de interrogantes.

La mañana de ayer, el dos veces exalcalde se reunió con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Alfredo Pérez Bernal, para presentarle su intención de forma oficial. 

En el Comité estatal del albiazul también estuvo presente el secretario General, Mauro Guerra. Ahí, Mauricio Fernández les presentó la que sería su posible planilla de trabajo, aunque será hasta el próximo 30 de diciembre cuando podría registrarse de manera oficial en su partido.

Pero Mauricio Fernández la tendrá difícil. Incluso el presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas, Gilberto Marcos Handal, ya sentenció: “Mauricio no es elegible para el 2015”.

Esta afirmación está respaldada por más de una decena de colonias de San Pedro, entre ellas Villa Montaña, La Cima, Pedregal del Valle, Lomas del Rosario, Villas del Pedregal y Hacienda El Rosario.

Y es que estos sectores serían los principales afectados en caso de que Mauricio Fernández vuelva a ser su munícipe. 

Porque luego de que reveló que pretende hacer de La Milarca un museo, los vecinos armaron un frente común contra La Milarca, como lo publicó Reporte Índigo el pasado 11 de noviembre. 

Y es que para muchos el verdadero motivo que tiene Mauricio Fernández para convertir en museo su residencia es mucho más profundo.

Tras la muerte de su madre, Margara Garza Sada de Fernández, el ex alcalde recibió por herencia propiedades de diferentes extensiones y ubicaciones en La Ventura, en la parte alta de la sierra.

Coincidentemente el exmunícipe solicitó al actual alcalde, Ugo Ruiz, y a su Cabildo, que cambiaran el uso de suelo a La Milarca, ubicada dentro de dichos terrenos.  

De cambiar el Plan de Desarrollo Urbano 20-30 de San Pedro y hacer modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, el cambio de uso de suelo de la residencia de Fernández Garza sería en automático.

Es por eso que si Mauricio Fernández es electo por tercera ocasión como alcalde de San Pedro, tendría mayor facilidad de convertir a La Milarca en museo, y de facto, poder construir multifamiliares incluso en la parte más alta de la sierra.

El “pacto” y Wikileaks

La presunta relación con el llamado grupo de “los Rudos“ identificado con el cártel de los Beltrán Leyva podría ser otro factor que opaque su nueva postulación por San Pedro.

El pasado 1 de diciembre Reporte Índigo publicó que el Cónsul de Estados Unidos en Monterrey durante el año 2009, Bruce Williamson, envió al FBI en Washington, al Department of Justice y al Homeland Security, un documento de carácter “clasificado” en el que destaca dicha relación.

Esto fue publicado por WikiLeaks, que también afirma que dicho documento revela que Mauricio Fernández intentó cruzar a Norteamérica con marihuana y 209 pastillas de metanfetamina.

El cable referenciado como “09Monterrey435”, creado el 18 de noviembre del 2009 a las 23:09 horas, fue enviado por Williamson cinco días después del 13 de noviembre de aquel año, cuando Mauricio fue detenido junto a su pareja, Aleyda Ortega Peza en el puente “Los Indios” de Brownsville Texas, y regresado a México.

En esa ocasión Fernández mintió a los medios de comunicación, al decir que lo habían devuelto porque no llevaba consigo su Visa.

En entrevista posterior a la publicación, el ex alcalde reconoció a este medio que aquel día, sí traía a la mano su Visa, pues cuando lo detuvieron al encontrarle las pastillas, le retuvieron el documento y que en ese mismo instante se la regresaron, al asegurar que “eran de árnica”.

Cabe destacar que existe ya un caso de un alcalde en Toronto, Canadá, que le quitaron sus atribuciones luego de que le comprobaron el uso de varias drogas.

El  caso del alcalde de Toronto Robert Bruce Ford

Robert Bruce Ford, fue concejal por el distrito de Toronto de Etobicoke y fue acusado de abuso de sustancias prohibidas.

Fue elegido por primera vez al concejo municipal en las elecciones del año 2000 y fue reelecto a su curul en 2003 y nuevamente en 2006. 

La familia de Ford es dueña de Deco Labels, una empresa multinacional de etiquetas e impresión con sede en Etobicoke.

Ford ha sido objeto de controversias laborales, personales y procesos judiciales, incluyendo un juicio por conflicto de intereses por el cual casi pierde su cargo. 

En 2013, se convirtió en objeto de acusaciones de abuso de sustancias, las cuales fueron reportadas en detalle por la prensa nacional e internacional.  


Todo fue admitido por Ford y luego de la polémica sobre la admisión de abuso de sustancias, el Concejo Municipal de Toronto votó el 15 de noviembre de 2013 para quitarle sus poderes y entregárselos al sub alcalde, Norm Kelly por el resto del mandato.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: FÉLIX CÓRDOVA.

Diez consejos del PRI para “superar Ayotzinapa”

MÉXICO, D.F: Además de la invitación a “superar Ayotzinapa”, el gobierno federal y el priismo nos han dado sabias lecciones de cómo dar vuelta a la página.

La errática y desorientada ciudadanía ha desoído los consejos de la clase gobernante, necedad que ha llevado al país al precipicio. Para no continuar por este camino, recapitulo un decálogo de reflexiones priistas que nos ayudarán a seguir “salvando a México”.

1.- Yoga para reforzar la paciencia.

“Durante todos estos años, la yoga me a ayudado a tener prudencia y paciencia, paz y armonía y sobre todo tranquilidad para no reventarles el hocico a todos esos putos mugrosos anarquistas de mierda con secundaria trunca, que hacen sus marchas pendejas sin tener puta idea de lo que quieren… ooommmmmm y que ni se me aparezcan los putos normalistas que los vuelvo a matar a los hijos de la chingada…perdón, son mis 5 minutos de bipolaridad (sic)”: Juan Carlos Carrera Carreño, militante del PRI en León, Guanajuato y exagente de desarrollo en la unidad de Promoción juvenil en el Instituto Municipal de la Juventud (Publicado el 1 de diciembre en su cuenta de Facebook).

2.- Genocidio preventivo.

“A veces creo que yo soy Ayotzinapa, pero mete gol el chicharito y se me pasa!!! No se si seir o llorar. Mátenlos para que no se reproduzcan!” (sic), exdiputada federal suplente del PRI Marili Olguín Cuevas (Publicado el 12 de noviembre en su cuenta de Facebook).

3.- No dejarse manipular.

“Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, es decir, manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo, la están manipulando igualmente para no reconocer (al gobierno) o para seguir incrementando esto. Y más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres ni estos muchachos, no les interesa, les interesa únicamente alcanzar sus objetivos de grupo o de partido, es decir, es muy fácil desacreditar, es muy, muy fácil desacreditar”: (sic) Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Declaración emitida el 10 de diciembre en una conferencia de prensa).

4.- Resucitar a Díaz Ordaz.

“Acaban de terminar con una tradición como lo es la celebración del modelo de Naciones Unidas de la facultad de derecho de la UNAM Y HOY más que nunca aclamo el regreso de alguien como don Gustavo Díaz Ordaz, no debemos de permitir que sentimentalismos estúpidos antes que la preservación de nuestras imágenes como nación por pendejos que no se identifican con ella y si este mensaje me acarrea consecuencias políticas me vale madre!! Antes que político soy mexicano y por eso! No pienso seguir tras la sombra de la hipocresía solidaria antes que el patriotismo de acción” (sic): Luis Adrián Ramírez Ortiz, secretario de organización del Frente Juvenil del PRI (Escrito en su muro de Facebook el pasado 8 de noviembre).

5.- Limpieza étnica.

“Luego porqué los queman…. NACOS” (sic): Ana Alidey Durán Velázquez, simpatizante priista e hija de Araceli Velásquez Carrasco, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales de Hidalgo (Publicado en su cuenta de Facebook el pasado 8 de noviembre).

6.- Dejarse de pretextos.

“El caso Ayotzinapa es un caso muy lamentable, pero al final de cuentas es sólo un pretexto; en la política se dan toda clase de intereses, nosotros diferenciamos solamente dos: intereses legítimos e intereses ilegítimos”: Arturo Peña del Mazo, presidente de la Fundación Isidro Fabela y tío del presidente de México (Pronunciado en una rueda de prensa celebrada el 7 de diciembre).

7.- Aclarar nuestras cabecitas.

“(Hay) protestas que no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de Nación que venimos construyendo”: Enrique Peña Nieto, presidente de México (Discurso emitido el 18 de noviembre durante la inauguración del Hospital Ciudad de la Salud para la Mujer, en el Estado de México).

8.- No caer en trampas.

“La cadena de protestas y actos vandálicos —perfectamente bien orquestados— replicados en varias partes del país demuestra que la desaparición y probable exterminio de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa forma parte de una trampa estratégicamente puesta a México. En esa trampa participan varios: el crimen organizado, grupos guerrilleros, agrupaciones sindicales como la Coordinadora de Maestros de Guerrero, mercenarios anarquistas como los que intentaron incendiar la puerta de Palacio Nacional, y partidos políticos —tipo Morena— que apuestan a ganar con la desestabilización”: Beatriz Pagés, Secretaria de Cultura del CEN del PRI (Extracto de un artículo publicado el 17 de noviembre en la página electrónica del PRI).

9.- Aplicar la lógica elemental.

“Estoy seguro que sí, ahí hay muchos habitantes y sobre todo quienes saben los que los conocen, aquellos que han convivido con ellos mismos, con las autoridades municipales que surgían de un partido político, estoy seguro que ellos deben de saber (dónde están los normalistas)”: Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados (Entrevista con Ciro Gómez Leyva el pasado 3 de diciembre).

10.- Dar vuelta a la página.


“Estamos saliendo de este capítulo (Ayotzinapa) con la ley en la mano, pero lo que sigue es la construcción, el robustecimiento de instituciones, de instancias de participación social”: César Camacho, líder nacional del PRI (Discurso del 6 de diciembre ante alumnos de la escuela nacional de cuadros del tricolor).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN PABLO PROAL (ANÁLISIS)

México, del doble juego a la insensatez

MÉXICO, D.F: El anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos no pudo llegar en peor momento para México. Debilitado hacia el exterior con la imagen de un Estado corrupto y mafioso, se quedó al margen de lo que ocurre en dos de sus fronteras estratégicas.

El gobierno mexicano acabó reducido a un mero espectador más del anuncio hecho el miércoles 17 en Washington y La Habana sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países después de medio siglo de ruptura.

En los 54 años que duró ese rompimiento en plena Guerra Fría, como parte del enfrentamiento entre el bloque soviético y el capitalista, México fue vértice en las relaciones entre esos dos países. Lo que pasaba entre Cuba y Estados Unidos no se podía entender sin la presencia de México.

Más allá de la muy conocida decisión diplomática de México de ser el único país del continente de mantener relaciones con Cuba, estuvo el doble juego político que tuvo el gobierno mexicano.

Al apoyar a Fidel Castro en la preparación de su revolución y después mantenerse solidario con el régimen castrista, evitaba que la isla apoyara cualquier movimiento guerrillero en México, como lo hizo en América Latina y África.

México no condenaba al régimen de Castro y Cuba no se solidarizaba con los grupos armados que actuaban contra el régimen autoritario del PRI. Una mutua conveniencia.

Al mismo tiempo, en los años más intensos de la Guerra Fría, México facilitaba a Estados Unidos el seguimiento y monitoreo de los activos representantes de los países soviéticos en nuestro territorio, incluidos por supuesto los cubanos.

Agentes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) servían de correo para la CIA. Peor aún, el propio expresidente Luis Echeverría se ofreció a su homólogo Richard Nixon como interlocutor en la región como contrapeso de Fidel Castro, según grabaciones de la Casa Blanca desclasificadas por la organización no gubernamental estadunidense National Security Archives.

Con la Guerra Fría a punto de terminar, era todavía tal el agradecimiento de Fidel al régimen del PRI que, en diciembre de 1988, asistió a la toma de posesión de Carlos Salinas, desacreditando la extendida impugnación del fraude electoral cometido a la izquierda mexicana en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas.

Castro también hizo su doble juego. Con Salinas como mediador con Estados Unidos, el erigido jefe de la Revolución Cubana no cuestionó públicamente el neoliberalismo económico impulsado por Salinas. Sí lo hizo con Ernesto Zedillo y mucho más con el panista Vicente Fox y en especial con su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, a quien considera un traidor. Ambos expresidentes mexicanos fomentaron la relación con el exilio cubano y presionaron a Cuba por la falta de libertades.

Fue la separación de México de Fidel y del rompimiento del castrismo con México. El ascenso del pragmatismo económico y político en México y la cerrazón del régimen de Castro, sintetizados en el vergonzoso capítulo del “comes y te vas” de Fox a Castro en la cumbre de Monterrey en 2002, alejaron a los dos países. Por más de una década, México ha dejado de ser interlocutor con Cuba.

Desde hace más de 20 años, la política exterior mexicana dejó de estar en manos de diplomáticos de carrera para quedar en manos de economistas. La auténtica diplomacia mexicana consideraba al Caribe como lo que es: la tercera frontera estratégica del país, después de Estados Unidos y Guatemala.

Para cualquier país, lo que ocurre en sus fronteras es sustancial por las consecuencias que puede tener dentro de su propio territorio, ya sea en impacto migratorio, económico, político y hasta delictivo.

Una muestra es el actual acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Cuba que ha dejado a México el trabajo sucio de deportar a los cubanos que huyen de la isla para impedir que lleguen a Estados Unidos.

Esta práctica se ha convertido en un incentivo para la delincuencia organizada, que en años recientes ha hecho un botín de los migrantes cubanos que van hacia el norte. Beneficiados de esa práctica son también los cubanos establecidos en el Caribe mexicano.

La apertura económica y el paulatino flujo comercial entre La Habana y Estados Unidos, particularmente Miami, tendrá consecuencias para México más allá de las económicas.


La estrechez de los dirigentes mexicanos es ver a Cuba como una mera oportunidad de negocios, sin considerar que el corredor Miami-Cancún-La Habana puede ser también una ventana de oportunidad más para la delincuencia organizada, ya de por sí muy activa en el tráfico de personas. Cualquier gobierno sensato, actuaría y no sería un simple espectador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)

Coahuila tuvo su Ayotzinapa

En 2011 un comando zeta atacó un municipio coahuilense: buscaba a dos supuestos traidores. Como no los halló, decidió secuestrar a unas 50 personas. Algunas fueron asesinadas, pero el destino de la mayoría aún se desconoce. El Ejército permitió el paso del convoy, la PGR supuestamente filtró información a Los Zetas y los policías municipales fueron los “guías” de los pistoleros –un caso que recuerda al de Ayotzinapa, en Guerrero. Así se explica que el hecho se haya mantenido oculto más de dos años y que a la fecha sólo se hayan emitido cuatro órdenes de aprehensión.

ALLENDE, COAH: Más de tres años después del ataque perpetrado el 18 de marzo de 2011 en Allende y el norte de Coahuila, la Procuraduría de Justicia estatal liberó cuatro órdenes de aprehensión, dos de ellas contra policías municipales –de los 40 que protegieron a los criminales.

Mientras, el gobierno federal mantiene silencio sobre esos asesinatos, que se ordenaron desde un lujoso rancho ubicado en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero, el cual fue el centro de operaciones del excabo de infantería Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Omar Alejandro Treviño Morales El Z-42, otrora líderes de Los Zetas.

Al presentar en conferencia de prensa los avances en la averiguación sobre el ataque que perpetraron Los Zetas en la región conocida como Cinco Manantiales, el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, recordó que, en enero de este año, se realizó un operativo de búsqueda en el cual participaron más de 250 militares, policías estatales, federales y forenses.

Se revisaron los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento, en donde localizaron al menos tres “narcococinas”, de donde fueron recolectados restos humanos.

Aseguró que las evidencias reunidas sólo en ese despliegue apuntan al secuestro de 28 personas. Se tiene la certeza de que 11 fueron asesinadas, dijo, y de las otras 17 se desconoce su paradero.

En general, además, “la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha localizado en el norte de Coahuila 3 mil 450 indicios óseos, de los cuales 2 mil 977 de ellos no es posible (sic) determinar su origen ni obtener el ADN por su grado de calcinación”, informó. Los 473 restantes son analizados para obtener su ADN, “y los resultados sin duda contribuirán en el esclarecimiento de los hechos”, agregó Ramos Gloria.

Horas más tarde, el procurador compareció ante el Congreso estatal y ahí cambió su versión sobre el número de víctimas. A los diputados les comentó que pueden ser más de 50 fallecidos tan sólo en Allende.

Cualquiera de esas cifras contrasta con las que manejan el actual alcalde allendense y las organizaciones de familiares de víctimas: “En total son aproximadamente 300 desaparecidos, pero no se descarta que sean un poquito más”, comenta el presidente municipal Reynaldo Tapia.

La Asociación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en tanto, ha abierto 88 expedientes de menores y jóvenes que quedaron huérfanos debido a la violencia en aquella zona.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, asienta que la Procuraduría local tiene alrededor de 55 denuncias por personas desaparecidas en Allende. Algunas de ellas implican el secuestro de familias completas: “Partimos de que hay un derecho a la verdad y eso implica que investigamos a fondo”.

Durante su rueda de prensa, Ramos Gloria confirmó los hechos que ha documentado Proceso desde diciembre de 2012:

“La tarde noche del 18 de marzo de 2011 arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados”, dijo. Las investigaciones han revelado que los sicarios provenían de Tamaulipas, llegaron en más de 40 camionetas y fueron apoyados y protegidos por los 40 policías municipales de Allende.

“Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo.

“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de esta persona y, junto con ellos, a sus trabajadores, así como a civiles que tenían –o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían– alguna relación con quien buscaban.”

En realidad el comando buscada a dos varones: se trataba de los capos de Allende, Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán, quienes provenían de familias adineradas y presuntamente lavaban las ganancias del narco mediante carreras de caballos cuarto de milla para Miguel Ángel Treviño El Z-40.

El procurador dijo que el grupo armado “vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por familiares de Moreno y Gaytán. Derivado del censo llevado a cabo en Allende se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas”.

Semanas antes, los gatilleros ya habían destruido 27 casas y departamentos en Piedras Negras, propiedad del “contador” Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos y fue imitado por Héctor Moreno y José Luis Garza.

Según las indagatorias, Moreno se llevó entre 5 y 8 millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas. En Estados Unidos, él y Gaytán se entregaron a las autoridades y ahora son “testigos protegidos”. Cuéllar también fue detenido en Dallas. Los tres operadores de Los Zetas tienen orden de aprehensión vigente en Coahuila.

Ramos Gloria destacó que, hasta ahora, se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión: dos contra exelementos de la Policía Municipal (María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero) y dos contra supuestos miembros de Los Zetas (Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez).

“De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación” concluyó el procurador.

El castillo de la impureza

El ataque en Allende se organizó desde un lujoso rancho propiedad de Heriberto Lazcano. Desde ahí también se trazaron nuevas ruta del narcotráfico y se diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo y las huestes del Chapo Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa.

Lazcano habitó ese rancho a partir de 2010. También lo usó Omar Treviño Morales. La vivienda de estilo californiano está decorada con fina madera y lujosos detalles. El interior destaca por su elegancia y diseño sobrio.

El predio cuenta con caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa de muñecas y un pequeño lago artificial, donde habitaron cocodrilos y ahora luce seco.

El espacio contrasta con otros “narcorranchos” incautados en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, los cuales se distinguen por una decoración abigarrada.

Fuentes de la Cuarta Región Militar confirman que el mandamás de Los Zetas operó en este sitio a partir de los primeros meses de 2010. Lazcano lo escogió por su ubicación: está cerca de carreteras solitarias que en pocos minutos llevan a la frontera con Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Además, está rodeado de decenas de brechas para escapar a regiones serranas.

La élite de Los Zetas abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila a finales de febrero de 2010, cuando se separaron del Cártel del Golfo y comenzó una narcoguerra entre ambas organizaciones.

El auge de Los Zetas ocurrió bajo la administración del gobernador Humberto Moreira. Desde 2007 ese grupo comenzó a controlar las principales ciudades del estado: Saltillo, la capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona metropolitana de Torreón.

El zeta Mario Alfonso Cuéllar, segundo al mando en Piedras Negras, contó a las autoridades estadunidenses que Los Zetas cambiaron a la frontera de Coahuila el contrabando de droga que anteriormente realizaban por Tamaulipas. Especificó que metían a Estados Unidos entre 800 y mil kilos de cocaína al mes por Piedras Negras, ciudad fronteriza que continúan controlando y donde recientemente se ­reunieron los capos de cuatro organizaciones delictivas para acordar una alianza.

Desde 2008 Omar Treviño fue designado jefe de la región norte de Coahuila y era quien operaba el trasiego de drogas a través de Piedras Negras.

Poncho Cuéllar contó que tenían compradas a todas las autoridades: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos funcionarios del gobierno”, confesó.

En Coahuila, Lazcano incursionó en el negocio de las minas de carbón, que vendía a través de empresarios de la industria acerera. Incluso consiguió contratos con el gobierno de Moreira, los cuales salieron a relucir en el juicio que se le sigue en San Antonio al extesorero estatal Javier Villarreal.

Lazcano debió abandonar su lujoso rancho en 2011 y refugiarse en Monclova, cuando efectivos de la Séptima Zona Militar lo intentaron capturar. La Secretaría de la Defensa jamás informó sobre el fallido operativo y en el sitio únicamente quedaron las huellas de la batalla.

En Monclova, el 23 de abril de 2012, Lazcano volvió a escapar de los militares, pero finalmente fue abatido por marinos la tarde del 7 de octubre de 2012 en Progreso, gracias a una delación de miembros de su cártel.

A ocultar los hechos

La masacre y secuestro colectivo que perpetraron Los Zetas en Allende contó con la complacencia y complicidad de varias autoridades: Las municipales, que proporcionaron a los sicarios la ubicación de residencias de integrantes de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán; efectivos del Ejército que vigilaban la región –apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57– y que dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres armados, y las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los crímenes por cerca de dos años.

Además, y de acuerdo con fuentes allegadas al caso, los asesinatos fueron inducidos por altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente filtraron a Treviño Morales información proporcionada a esa dependencia por la DEA, la cual precisaba que los capos de Allende estaban traicionando al líder zeta.

Los sicarios encabezados por el lugarteniente tamaulipeco Comandante Flacaman levantaron a familiares de Moreno y Villanueva y a decenas de personas. Los llevaron a un rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión, donde fueron ejecutados e incinerados. A diferencia de lo que supuestamente ocurrió en Cocula, Guerrero, con 43 normalistas, los sicarios estuvieron trabajando varios días para desaparecer los cadáveres, los cuales se metieron en barriles y fueron incinerados con diésel y aceites. En el rancho aún se pueden ver decenas de envases de combustibles comprados a distribuidores de Pemex.

Esos delitos fueron denunciados por los familiares de las víctimas y quedaron registrados en la denuncia penal CEIYCS/012/2011 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Sin embargo, el entonces procurador Jesús Torres Charles se lavó las manos y, argumentando que eran “delitos de orden federal”, se limitó a mandar la denuncia a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Para conocer el contenido de ese documento, el diputado local del PAN Edmundo Gómez Garza solicitó una copia al procurador federal, Jesús Murillo Karam. La PGR respondió que entre sus archivos no existe ese papel.

“Se ha informado que en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos ocurridos en el municipio de Allende (…). Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro alguno de lo antes descrito”, respondió la PGR a la petición del diputado.

Gómez Garza también envió una misiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntando por qué no investigaron los hechos. La respuesta del organismo que presidía Raúl Plascencia Villanueva fue: es un asunto de carácter local.


El exómbudsman incluso se negó a hablar sobre los crímenes cuando acudió a Saltillo para participar en un acto sobre desaparecidos. Fue hasta septiembre de 2014 que el entonces titular de la CNDH aseguró que ya estaban “investigando el caso de Allende”, es decir, más de tres años después de la tragedia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.

Plagio con móvil político

Comisionado confirma que el diputado de Morelos liberado ayer fue secuestrado presuntamente por Guerreros Unidos debido a su cercanía con Graco Ramírez.

Líderes perredistas advirtieron desde el miércoles que el plagio del diputado David Martínez Martínez tenía una clara connotación política.

Luego de que se informara del secuestro del legislador local de Morelos en el municipio de Temixco, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, destacó la cercanía de Martínez con el gobernador Graco Ramírez.

Por su parte, el senador Fernando Balaunzarán recordó la reciente y “valiente entrevista” en la que el mandatario estatal habló sobre “narcopolítica”.

Estas suposiciones se confirmaron ayer, cuando el diputado fue rescatado y se informó sobre la detención de 10 presuntos integrantes de Guerreros Unidos relacionados con el crimen.

Según el comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, el plagio tuvo una intencionalidad política y el grupo de secuestradores pertenece a los Guerreros Unidos, la organización criminal implicada en la desaparición de 43 estudiantes en el estado vecino de Guerrero.

“Si había un interés, no lo relacionamos con alguna tendencia de algún grupo político partidista, lo que sí te puedo decir, porque así se lo dijeron, es: “eres un personaje cercano al gobernador, entonces te vamos a romper la madre”, dijo Capella a Milenio.

El comisionado agregó que Martínez se encuentra bien, a pesar de la tortura psicológica y de los golpes que recibió, y agregó que no hay investigación en su contra. 

Por su parte, Graco Ramírez reconoció la labor de las fuerzas de seguridad. 


“Ha sido rescatado el diputado David Martínez, célula de GU (Guerreros Unidos) detenidos. Mi reconocimiento a la UECS/Fiscalía”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter. También compartió dos fotografías, una en la que se ve al diputado atado de pies y manos y otra en la que se encuentra junto a él.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Crean Oficina Especial para caso Ayotzinapa

Con José Trinidad Larrieta la dependencia buscará detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en el caso.

Aunque la efervescencia de las manifestaciones y protestas por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi tres meses parecen haber bajado de intensidad, los expedientes en la CNDH se siguen acumulando.

Familiares de los estudiantes, el Comité de Ayotzinapa y organizaciones de derechos humanos aseguran que han sido presa de estigmatización y criminalización por parte del Estado mexicano.

En respuesta, la CNDH creó una Oficina Especial para el caso Iguala, y nombró como titular a José Trinidad Larrieta.

El titular de esta nueva oficina tendrá como principal función detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de esa noche del 26 de septiembre en Iguala.

Trinidad Larrieta también buscará mantener comunicación directa con los padres de normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.

‘Ojalá y nunca aparezcan’

Una nueva razón para indignarse apareció en las redes hace días. Karina Dimayuga Rodríguez, quien presuntamente es militante del PRD, escribió en su cuenta de Facebook un comentario que encendió las redes.

“Ojalá y nunca aparezcan esos 43 disque estudiantes”, señaló.

Su comentario se generó después de que supuestamente maestros de la CETEG entraron de manera violenta en su oficina.

“Ahora sí me hicieron sentir en carne propia esos dichosos desalojos de los cetegistas, entraron a mi oficina con violencia, gritándonos, arrancando cosas y haciendo desmadre... Y solo quiero decirles que ojalá y nunca aparezcan esos 43 disque estudiantes... No me alegra lo que les haya pasado... Pero no se vale que hagan estos tipos de actos... Yo que culpa tengo?? No es justooo y estoy encabronada!!!! Malditos piojos ojalá y estén ardiendo en el infiernooo”, publicó.

Aprenden la lección

Luego de los escándalos en los que el PRD se ha visto involucrado debido a los señalamientos de nexos que algunos de sus afiliados tienen con el narcotráfico, el dirigente nacional del partido del sol azteca parece haber aprendido la lección.

Carlos Navarrete aseguró ayer en rueda de prensa que su partido prefiere no postular candidatos, que permitir que el crimen organizado se los imponga.

“Si quieren imponer candidatos, preferimos no participar en elecciones municipales, a que nos impongan candidatos de ellos”, afirmó.

Las zonas de riesgo en donde el PRD ha reportado presiones del narcotráfico a la hora de imponer abanderados son Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Veracruz, dijo.

Navarrete aseguró que su partido debe demostrar que aprendió de lo ocurrido con el caso de José Luis Abarca, exedil de Iguala, Guerrero, señalado de vínculos criminales.

Los objetivos

La Oficina Especial creada para el caso de Ayotzinapa tendrá entre sus funciones:

1. Detectar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos en que algunas autoridades pudieron incurrir antes, durante y después de los acontecimientos. 

2. Impulsar la integración del expediente de queja

3. Procurar la información a los familiares

4. Analizar las constancias que obren en averiguaciones previas de los fueros federal y local

5. Mantener comunicación directa con los padres de normalistas desaparecidos y sus representantes, así como con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y grupos defensores de derechos humanos que los acompañan.

¿Quién es?


José Trinidad Larrieta fue coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, fue asesor interregional externo del Centro para la Prevención del Crimen Internacional de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha impartido las materias Derecho Penal, Procesal Penal, Garantías Constitucionales, Amparo Penal y Derechos Humanos en diversas universidades en niveles de maestría y doctorado.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Madre de normalista a militares: “mátenme como lo hicieron con nuestros hijos”

IGUALA, Gro: “Mátenme como lo hicieron con nuestros hijos, cobardes”, lanzó una afligida madre durante una protesta realizada por familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa frente al cuartel del 27 Batallón de Infantería, con sede en esta ciudad.

Con rabia y dolor mezclados, gritaron los padres: “Asesinos, entreguen a nuestros hijos”. El sentimiento fue respaldado por estudiantes universitarios que los acompañaron, procedentes de la Ciudad de México y el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

Ante la afrenta, decenas de soldados y policías federales con equipo antimotín permanecieron apostados sobre una barda de la base castrense y no intervinieron, pues la manifestación fue pacífica.

Cerca de las 13:00 horas de este jueves, el contingente de manifestantes arribó al acceso principal del cuartel militar, ubicado en la parte oriente del Periférico de esta ciudad colapsada por la narcoviolencia.

La base militar está frente a la plaza comercial Tamarindos, uno de los negocios del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, acusado por el gobierno federal de ser el autor intelectual del ataque y desaparición de los 43 normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre.

Durante más de dos horas, los padres de familia y estudiantes solidarios bloquearon la entrada principal del cuartel, mientras que un grupo de soldados desarmados formaron una valla humana para impedirles el acceso. Ninguno se movió mientras los deudos reprochaban la criminal indolencia que asumió el Ejército frente a la campaña de exterminio de los estudiantes normalistas.

La imagen del padre de Felipe Arnulfo Rosa, uno de los estudiantes desaparecidos, sintetizó el dolor y la indignación de las víctimas:

El indígena que sólo habla su lengua materna, permaneció de pie portando el retrato de su hijo de 20 años que aspiraba ser profesor rural. Así se quedó, en silencio, sin un sólo insulto a las autoridades castrenses, pero con el rostro desencajado, la mirada perdida y el dolor apretado que lleva por dentro.

Una mujer advirtió que si los padres de los normalistas desaparecidos no van a estar con sus hijos en esta Navidad, el gobierno tampoco va a tener paz.

“Hasta que nos entreguen a nuestros hijos, vamos a estar tranquilos”, clamaron los padres quienes, a casi tres meses de la masacre de Iguala, siguen firmes en su exigencia de justicia, castigo a los culpables y la presentación con vida de sus hijos.

“No tenemos miedo porque el gobierno nos arrancó el corazón”, soltó otro padre, mientras que el resto de los manifestantes gritaba: “¡Fuera Peña, fuera Peña!”.


Los manifestantes se retiraron del cuartel cerca de las 16:00 horas, pero anunciaron que este viernes realizarán otra protesta para seguir con la exigencia de justicia por el caso Ayotzinapa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.