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Condenan a jóvenes presuntamente reclutados en Zacatecas

En un caso que ha generado controversia y debate público, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, modificó la multa impuesta en sentencia a cuatro jóvenes imputados, presuntas víctimas de reclutamiento forzado, pero confirmó la pena de 7 años de prisión por diversos delitos.

Los magistrados solo modificaron la multa impuesta, reduciéndola de 16 mil 828 pesos 35 centavos a diez mil 857 pesos, en cumplimiento de la jurisprudencia que establece que el aumento de la sanción en casos de concurso ideal de delitos solo aplica a la pena de prisión y no a la multa.

Sin embargo, la sanción aplicada a Francisco P., Heriberto R., Juan R. y Alan D., quedó intocada al resultar penalmente responsables en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, así como la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El caso, que se originó tras un cateo realizado en un inmueble de la colonia La Huerta Vieja, en Zacatecas capital el 28 de febrero de 2024, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, pues durante el proceso, la defensa argumentó que los acusados estuvieron privados de su libertad, ya que fueron reclutados forzosamente, lo que habría condicionado su presencia en el lugar de los hechos.

El tribunal desestimó esta teoría al considerar que no se presentaron pruebas contundentes que respaldaran dicha hipótesis, pese a que las madres de los imputados testificaron en el juicio, afirmando que sus hijos habían desaparecido días o semanas antes del cateo. Una de ellas dijo que su hijo fue a buscar trabajo en una empresa de seguridad el 1 de febrero de 2024 y no volvió a saber de él.

Sin embargo, sus declaraciones fueron consideradas inconsistentes y contradictorias por el tribunal, lo que debilitó la credibilidad de sus testimonios. Además, los agentes y peritos que participaron en el cateo aseguraron que los detenidos no mostraban signos de violencia física ni psicológica que indicaran una privación ilegal de su libertad.

La defensa también criticó a la Fiscalía por no haber agotado todas las líneas de investigación, como la realización de peritajes psicológicos que pudieran haber evidenciado la supuesta privación de libertad. No obstante, el tribunal concluyó que no existían indicios suficientes para justificar tal investigación.

El caso ha generado un debate sobre la presunción de inocencia y la carga de la prueba en el sistema penal acusatorio. Mientras que la defensa sostiene que la Fiscalía debió investigar la posibilidad de un reclutamiento forzado, el tribunal argumentó que la carga de probar una excluyente del delito recae en quien la invoca, en este caso, la defensa.

Este caso pone en el centro del debate la necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas y la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal mexicano, especialmente en un contexto donde la desaparición y el reclutamiento forzado son problemáticas recurrentes en el país.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SAÍNZ.

Detienen en Ecatepec a banda de montachoques ligada a “Los 300” tras extorsionar a conductor por 3 mil pesos

El 12 de septiembre pasado, autoridades aseguraron 60 inmuebles en el fraccionamiento “Los Héroes Ecatepec”, que habían sido despojados por integrantes de “Los 300” a sus propietarios.

Autoridades de Ecatepec, Estado de México, informó este sábado sobre la detención de nueve presuntos integrantes de la organización criminal “Los 300”, vinculados a un caso de extorsión tras un choque tipo montachoques ocurrido en la colonia Olímpica Jajalpa.

De acuerdo con el comunicado de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, los hechos ocurrieron cuando el conductor de un camión de una empresa refresquera fue impactado por un vehículo conducido por los agresores, quienes le exigieron 3 mil pesos para no presentar una denuncia, pero el chofer se negó a pagar

Ante la negativa, uno de los sujetos llamó a cómplices que arribaron en varios autos y motocicletas para intimidar al chofer.

Fuerzas municipales y la Fuerza de Tarea Marina desplegaron un operativo inmediato desde el Centro de Mando, logrando la detención de nueve personas: Luis Enrique “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Diego Alan “N”, Miguel Ángel “N”, Luis Fernando “N”, José Piedad “N”, Erick Yovani “N”, Brandon Alfredo “N” y Cristopher Alejandro “N”.

Durante el aseguramiento se decomisaron dos vehículos, cuatro motocicletas, 3 mil pesos en efectivo, documentos con notas de préstamos y calcomanías con emblemas de supuestas agrupaciones vinculadas a “Los 300”.

Contexto sobre “Los 300”

El grupo delictivo “Los 300”, también conocido como “Unión 300”, ha operado en diversas zonas de Ecatepec, particularmente en el fraccionamiento “Los Héroes Ecatepec”, considerado su principal centro de control y reunión, según informó la Fiscalía del Estado de México el pasado 12 de septiembre.

El modus operandi de la organización incluía el despojo violento de viviendas, principalmente de personas en situación de vulnerabilidad, así como la ocupación de casas deshabitadas para exigir pagos a los legítimos propietarios.

Las investigaciones señalaron que “Los 300” actuaba con grupos de hasta 20 personas que ingresaban de manera agresiva a los inmuebles, amagando con armas de fuego y, en algunos casos, golpeando a los ocupantes para obligarlos a ceder dinero o propiedad.

La organización también establecía un control territorial dentro de las colonias, imponiendo filtros de acceso y salida, cobrando cuotas a los habitantes y obligándolos a afiliarse a la agrupación bajo amenazas.

Este control fue reforzado por la protección que, según la fiscalía, recibieron durante administraciones municipales pasadas, lo que les permitió incrementar su presencia y cometer delitos de extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo.

El 12 de septiembre pasado, en acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad Nacional, la fiscalía estatal y autoridades locales, se aseguraron 60 inmuebles en el fraccionamiento despojados por integrantes de “Los 300”.

En aquella operación fueron detenidos tres presuntos miembros del grupo, de nacionalidad colombiana, identificados como Carlos Zuluaga Aguirre, Jhon Valencia Enao y Sneider Pacheco Montañés.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ataque armado en picadero deja tres personas heridas en la colonia Planicie

La mañana del jueves 9 de octubre de 2025 se registró un ataque armado en la colonia Planicie, en Tijuana, que dejó como saldo tres personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, entre ellas una mujer.

El incidente fue reportado a las 11:15 horas a la línea de emergencias 911, cuando vecinos de la calle Bonampak informaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hallaron dentro de un cuarto usado como “picadero” a dos hombres y una mujer con heridas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención y los trasladaron a un hospital en condición grave.

Las víctimas fueron identificadas como Martín Herrera Romero, de 36 años, originario de Puebla; Alexis Herrera Romero y la mujer de nombre Mónica.

Testigos señalaron como presunto responsable a un hombre que vestía suéter de color rojo y pantalón azul, quien tras realizar las detonaciones huyó del lugar a pie. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y localización en la zona.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fin de semana violento en Rosarito deja homicidios y hallazgo de restos humanos

Entre el domingo 21 y este lunes 22 de septiembre se registraron diversos homicidios y ataques armados en el municipio de Playas de Rosarito.

Uno de los hechos ocurrió la tarde del domingo, a las 16:00 horas, cuando fueron localizados huesos humanos en la colonia Real de Rosarito.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al reporte sobre la presencia de un cráneo y huesos humanos en un área utilizada para carreras en arena, a la altura de la calle Camino Vecinal, donde se confirmó el hallazgo de los restos. Posteriormente, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se hizo cargo de la escena.

En otro hecho, un ataque armado dejó sin vida a un hombre horas después en la colonia Constitución.

Según el reporte, a la altura de una gasolinera Conoco se escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a agentes municipales.

En el lugar se localizó a Marco Antonio Solís Moreno, de 27 años, tendido en el suelo con heridas de bala en la cabeza.

Personal de la Cruz Roja lo trasladó al Hospital General, donde perdió la vida horas después. En la escena fueron encontrados casquillos percutidos.

Ese mismo día, en la colonia Mazatlán, alrededor de las 20:00 horas, se reportó otro ataque armado.

Un hombre identificado como Rafael Flores Navarro, de 52 años, fue localizado herido sobre la calle José María Morelos. La víctima fue trasladada a emergencias, donde se le declaró sin vida debido a las lesiones de bala.

En la colonia Constitución, durante la madrugada de este lunes, a solo unas horas del ataque ocurrido en la misma colonia Constitución, otro hombre fue ultimado.

Al atender el reporte, se localizó a un hombre no identificado que vestía playera blanca y gorra negra, tendido a un costado de una camioneta tipo pick up.

Paramédicos de la Cruz Roja lo declararon sin signos vitales, mientras que agentes de la AEI tomaron la escena para iniciar la investigación.

En ninguno de los hechos violentos se reportó la identidad ni la detención de los responsables.

Con estos sucesos, en lo que va de septiembre se han registrado más de 10 homicidios en Rosarito, y más de 40 en lo que va del año 2025.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tres homicidios en menos de 24 horas durante jornada violenta en Tijuana

Entre el domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de septiembre, una jornada violenta en Tijuana dejó como saldo tres homicidios dolosos ocurridos en distintas colonias de la ciudad.

El primer hecho se reportó alrededor de las 09:39 horas del 21 de septiembre, en la calle Estrella de la colonia Divina Providencia de la delegación Playas de Tijuana. Un ciudadano denunció a la línea de emergencias 911 la presencia de un cuerpo envuelto en una cobija y una caja. La víctima, que aún no ha sido identificada, presentaba signos de violencia en la cabeza. El caso quedó a cargo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Horas más tarde, a las 20:09 horas, en la privada Portofino de la colonia Villa Fontana XIII, la Policía Municipal fue alertada sobre detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con un testigo, se observó un vehículo blanco salir de la zona. Autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre que más tarde sería identificado como Isaías Lugo Cota, de aproximadamente 35 años, con heridas de bala. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron su fallecimiento minutos después. No se reportaron detenidos.

Finalmente, a las 03:41 horas del lunes, en la calle Cerro Colorado de la colonia Mariano Matamoros, se reportó a la línea de emergencias el hallazgo de un cuerpo atado de pies y manos en la vía pública. La identidad de la víctima aún se desconoce y tampoco hubo personas detenidas.

Tijuana suma más de 80 homicidios en septiembre.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Justicia selectiva

FGE de BC retrasa resolución de carpetas donde los presuntos responsables son funcionarios morenistas de primer nivel

El miércoles 13 de agosto de 2025 en el Congreso de Baja California, tras varios requerimientos abierta e impunemente ignorados, finalmente Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), decidió atender la instrucción de supuesto “Poder” Legislativo para comparecer y dar cuenta de los avances en materia de investigación, persecución, importación y consignación de los delitos en la entidad.

En el acto, los legisladores morenistas la felicitaron, le preguntaron porcentajes, le hicieron peticiones y propuestas. Esto mientras el público, “funcionarios públicos de la FGE, en horario laboral, fuera de sus funciones… que deberían estar atendiendo a los usuarios porque eran horas laborables” -acusó en voz alta y con algunos calificativos, la diputada petista, Yohana Hinojosa Grijalva- se la pasaron aplaudiendo a su jefa y cuestionando con murmullos a los congresistas inconformes son las repuesta de su empleadora.

Los pocos diputados de oposición, aunque procuraron cuestionarla respecto a la multitud de temas pendientes en homicidios, desaparecidos, extorsiones, etcéteras, se quedaron muy cortos.

A pesar de que la comparecencia se eternizó a lo largo de casi siete horas de preguntas y respuestas, la información substancial compartida por la fiscal fue muy limitada, y lo que respecta al tema de la justicia selectiva -donde la FGE, teniendo denunciados como presuntos responsables a ex funcionarios de primer nivel emanados de Morena, ha resultado convenientemente, más ineficiente-, de ese tema sólo le hicieron dos preguntas, a las que dio respuestas vagas.

Fue precisamente la diputada Hinojosa Grijalva quien la cuestionó respecto a la muerte de Martín Damián, de 10 años, como resultado de la falla de aplicación de protocolos en un caso de acoso, sucedida desde el 3 de noviembre del año 2023, en el que un docente ya fue detenido, juzgado y liberado, mientras los médicos y la clínica -en la que el padre del Oficial Mayor del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, es accionista-, “y cuya conducta fue determinante para el desenlace fatal”, continúan sin ser procesados.

La justificación de la fiscal fue que 22 meses después, la fiscalía acababa de recibir el dictamen médico de IMSS-Bienestar, y aún estaba por recibir dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), que es con el que más habían batallado, sin más datos.

Pero en el caso de esta misma Clínica Internacional, que continúa impune recibiendo contratos, la fiscal no ha dado cuenta y nadie la ha cuestionado, del seguimiento por mala praxis, en el caso de Kim, la niña de preescolar que reportó dolor vaginal, que data de septiembre del 2024, el cual resultó en una deficiente investigación y la ausencia de justicia para la menor y el profesor, que fue inicialmente implicado sin elementos de prueba.

La petista también preguntó de los avances en las dos denuncias por delitos sexuales presentadas en contra del ex secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, Erick “Terrible” Morales, una presentada en enero del 2024 -hace 19 meses- por delitos cometidos en el 2013, y la más reciente presentada el pasado 9 julio; de nuevo, Andrade aseguró que están trabajando, recordó que la denuncia más reciente describe el delito con lujo de aberrantes detalles, y remató asegurando que ella ni conoce al imputado, como si eso fuera razón suficiente para no favorecerlo.

Pero de los resultados en la carpeta iniciada en septiembre del 2023, en contra de Netzahualcóyotl Jáuregui y su ex colaboradora Valeria Oseguera, quien fue grabada condicionando la entrega de apoyos sociales de la secretaria a cambio del respaldo a Adán Augusto López Hernández como participante del proceso de Morena en las elecciones de 2024, no ha dicho nada.

De hecho, en aquel momento, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, convertida en fiscal sustituta, aseguró sin que mediara indagatoria que Jáuregui Santillán estuviera enterado y dejaron que el hilo se rompiera por lo más delgado, removiendo a Oseguera quien 23 meses después, continúa a sin ser procesada.

Todavía más emblemáticamente selectiva, la carpeta iniciada en el año 2022, por el contrato irregular que el gobierno del morenista Jaime Bonilla firmó -en junio del 2021- con la empresa Next Energy para la construcción de una planta solar, a la fecha, seis de 10 funcionarios bonillistas presuntamente involucrado han sido vinculados a proceso; incluso el presidente de la banca responsable de la administración del financiamiento fue detenido el pasado 4 de julio, y el gobierno anunció al recuperación de 170 millones de pesos.

Pero el ex gobernador Bonilla, quien estuvo a la cabeza de los proyectos de su administración, incluso realizó el 15 de junio del 2021 una inauguración simbólica de las obras de la planta que nunca se ejecutaron, quien, además, retrasó por más de dos años su presentación a declarar ente el Ministerio Público septiembre del 2024; él sigue tranquilo, sin ser molestado, afirmando públicamente que “no hay delito que perseguir” aunque ya haya varios imputados.

Resulta obvio que el resto de los implicados no tuvieron la oportunidad de reunirse con su acusadora, la gobernadora Marina, y fumar la pipa de la paz, como lo hizo Bonilla en la Ciudad de México en una conversación convocada por las fuerzas morenistas federales, como una medida para reducir la presión que pesa sobre la gobernadora bajacaliforniana después de que le retiraran la visa a su esposo Carlos Torres y autoridades de ambos lados de la frontera incluyeran a su familia política en las investigaciones por huachicol. Y en ese contexto la investigación contra el ex mandatario luce aún más lenta.

Entonces, resulta que la persecución de los delitos en Baja California, dirigida por la fiscal Andrade, sí tiene colores y amigos, y se dirige por el viejo dicho de “hágase la voluntad de Dios”, pero sólo “en los bueyes de mi compadre”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Abucheos a una gobernadora en descenso

Aunque encuestadoras serias y otras de las que trabajan para el mejor postor, se han dedicado en los últimos meses a demostrar cuantitativamente que la popularidad de la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda, sigue en descenso no sólo en el estado, sino en el país, donde en las mediciones su nombre aparece en el último lugar de las 32 entidades federativas, una realidad que suele confirmarse de manera por demás bochornosa para la mandataria estatal: con abucheos.

A la manifestación pacífica del 17 de mayo de 2025, cuando miles de personas se concentraron alrededor de una carne asada en la explanada del Centro Cívico en Mexicali, para pedir su salida del gobierno después que su credibilidad y confianza cayera a partir del 10 de mayo de 2025 cuando anunció que el gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa para ingresar a aquel país (unos minutos antes su esposo Carlos Torres Torres había anunciado lo mismo en su caso), la gobernadora y su esposo decidieron, ahora sí, mantener un bajo perfil.

Aun así, en la soberbia del poder, su partido Morena, sus funcionarios, sus legisladores y algunos seguidores pagados le organizaron un mitin de apoyo para dar la impresión de unidad, y de que, si había una parte de la población que ya no confiaba en ella, que la quería fuera del gobierno, había otra que le daba su total respaldo. Pero aquello no salió bien. Fue evidente el gasto público, el acarreo, el despilfarro, los miembros del gabinete organizando el acto nada espontáneo, como sí lo fue la carne asada en Mexicali

Después de esa mala experiencia, la gobernadora decidió cerrar todo acto al público. Sus conferencias de prensa sólo para los comunicadores y, particularmente, los de a modo del gobierno; los actos públicos con asistencia controlada, de hecho, dejó de hacer sus videos para redes sociales durante algún tiempo.

Su esposo, Carlos Torres Torres, desapareció de la escena pública; presuntamente viajó a Europa, lo mismo que su hermano Luis Torres Torres, cuando se supo que al primero le quitaron la visa y el segundo aparecía con su hermano, en una carpeta de investigación por el delito de huachicol y huachicol fiscal, abierta a partir de un decomiso en marzo de este año, en el puerto de Ensenada.

A pesar del respaldo que le dio su esposa la gobernadora, Carlos Torres renunció a los dos cargos honorarios que tenía en las administraciones públicas, la de Baja California y la de Tijuana, donde gobernadora y alcalde, respectivamente, lo nombraron coordinador de proyectos especiales. Argumentó que se retiraba de la vida política y pública, para concentrarse en la familia y los negocios personales, aunque bien a bien se desconoce de qué vive el primer caballero del estado, económicamente.

Después de dos meses y medio de guardar bajo perfil, de acudir a taquerías sin cámaras para que la videograben, de no hacer giras por colonias y evadir cualquier acto masivo, dado que, en las manifestaciones y concentraciones multitudinarias los ciudadanos suelen entonar el cántico de “¡Fuera Marina, fuera Marina!”, hace unas semanas la gobernadora reactivó su vida en las redes sociales. Muy a su estilo, grabando videos desde su camioneta o en sus actos, para promoverlos en Facebook, Instagram o TikTok, pero la reacción de los usuarios de redes sociales tampoco ha sido buena para la mandataria.

Las publicaciones de la gobernadora, y las que poco a poco ha empezado a hacer también su aún desaparecido de la escena pública esposo, suelen abultarse de comentarios negativos para ellos. A pesar que es evidente que existe un equipo detrás que borra comentarios de odio en las publicaciones de los dos protagonistas y desvisados políticos, no hay esfuerzo que alcance para borrar de las redes sociales y la internet, la animadversión que muchos gobernados tienen hacia la titular del poder ejecutivo estatal.

También muy dada a acudir a cuanto concierto importante se desarrolla en el estado, Marina Ávila había dejado de asistir a las presentaciones de artistas, precisamente, para no ser abucheada, como sucedió cuando la mencionaron en un acto de graduación, o como ha sucedido en las manifestaciones orgánicas en su contra en varios municipios del estado.

Pero el lunes 11 de agosto la gobernadora, como muchas otras bajacalifornianas, no se resistió al concierto de la colombiana Shakira en Tijuana. La cantante de “Las caderas no mienten” reinició una segunda etapa de su gira por México en el estadio del equipo de fútbol del exreo del Hongo, Jorge Hank Rhon (estuvo preso por acopio de armas en 2011, y existen carpetas abiertas por homicidio donde se le menciona, pero no se le investiga).

En un video que comenzó a circular en redes sociales el martes 12, un día después de la presentación de La Loba en Tijuana, se ve cómo Marina Ávila llega al estadio y camina por un lugar de privilegio, dado que es más allá de las vallas que separan a los asistentes que hacen larga fila para entrar al estadio.

Quienes graban el video, a saber con la cámara de un celular, identifican a la mandataria estatal y le gritan, pero la gobernadora los ignora y continúa firme su camino hacia la zona designada para presenciar el “Las mujeres ya no lloran world tour”, por lo que, otras personas en la fila comienzan a abuchearla y a gritarle, una vez más, el ya tradicional cántico popular bajacaliforniano: “¡Fuera Marina, fuera Marina!”.

Fue muestra inequívoca, a justos tres meses que informó que le habían revocado la visa, del rechazo social que mantiene la gobernadora, que confirma en la cruda y difícil realidad lo que las encuestas demuestran científicamente, que su popularidad sigue en descenso; que no ha logrado levantarse del duro golpe del retiro de la visa, una situación nunca antes vista en México: que a un gobernador en funciones el gobierno de los Estados Unidos le retirara la visa para su ingreso a aquel país.

El descenso político de la gobernadora, cuyo periodo culmina en 2027, le llegó acompañado de una baja popularidad entre los gobernados que no olvidan y que, en cualquier momento, le recuerdan que ya no goza de su confianza.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Fuerzas federales y estatales toman control de seguridad de Putla y detienen a cuatro policías

Esta intervención permitió el aseguramiento de 13 armas, de las cuales no tienen autorización para portar los municipales, entre las cuales se encuentran escopetas y armas cortas, además de 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales no deberían tener acceso.

En menos de 48 horas, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad pública del municipio de Putla Villa de Guerrero y detuvieron a cuatro policías y asegurar armas irregulares en la comandancia, informó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En conjunto con las secretarías de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), implementaron la Operación Sable en Putla Villa de Guerrero, donde tomaron el control de la seguridad de dicho municipio.

En lo que va del año, las fuerzas federales y estatales han tomado el control de la seguridad pública de los municipios de Santa María Huatulco, donde desaparecieron un grupo de jóvenes y posteriormente aparecieron muertos en los límites con el estado de Puebla; en Juchitán, donde fueron incendiadas tiendas de conveniencia por no pagar el derecho de piso; en Pinotepa Nacional, por los recientes asesinatos y ahora Putla Villa de Guerrero, por su posible vínculo con células de la delincuencia organizada. 

Esta acción coordinada también permitió tomar control de los centros de Control y Comando del Municipio C2, el cual está integrado por más de 50 cámaras que ahora están bajo control del Estado, a través del C4. 

La Operación Sable es producto de trabajos de inteligencia criminal, los cuales permitieron detener a los cuatro elementos de la policía municipal por su posible vinculación con células delictivas locales. 

Además, que, a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública se aplicaron pruebas toxicológicas a las y los elementos de la policía municipal. 

Esta intervención permitió el aseguramiento de 13 armas, de las cuales no tienen autorización para portar, entre las cuales se encuentran escopetas y armas cortas, además de 10 armas blancas, así como radios portátiles a los cuales no deberían tener acceso. 

En la Operación Sable, coordinada por la Fiscalía de Oaxaca en colaboración con el Gabinete de Seguridad, participan más de 600 elementos de las diferentes corporaciones, quienes tomaron el control de la seguridad en este municipio y permanecerán el tiempo que sea necesario para garantizar la tranquilidad de la población. 

Este operativo en materia de seguridad incluye patrullajes, instalación de filtros de seguridad, así como intervenciones tácticas en puntos críticos del municipio, con el propósito de localizar objetivos prioritarios de la región y a posibles responsables de delitos para presentarlos ante la autoridad correspondiente. 

La Operación Sable es una estrategia de seguridad interinstitucional que busca desarticular redes delictivas, así como lograr la detención de objetivos prioritarios generadores de violencia, por ello, se realizan intervenciones operativas que buscan atender y retomar el control de espacios estratégicos en materia de seguridad, además fortalece las capacidades de las autoridades municipales al tener la colaboración de instancias estatales y federales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.