El miércoles 13 de agosto de 2025 en el Congreso de Baja California, tras varios requerimientos abierta e impunemente ignorados, finalmente Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), decidió atender la instrucción de supuesto “Poder” Legislativo para comparecer y dar cuenta de los avances en materia de investigación, persecución, importación y consignación de los delitos en la entidad.

En el acto, los legisladores morenistas la felicitaron, le preguntaron porcentajes, le hicieron peticiones y propuestas. Esto mientras el público, “funcionarios públicos de la FGE, en horario laboral, fuera de sus funciones… que deberían estar atendiendo a los usuarios porque eran horas laborables” -acusó en voz alta y con algunos calificativos, la diputada petista, Yohana Hinojosa Grijalva- se la pasaron aplaudiendo a su jefa y cuestionando con murmullos a los congresistas inconformes son las repuesta de su empleadora.

Los pocos diputados de oposición, aunque procuraron cuestionarla respecto a la multitud de temas pendientes en homicidios, desaparecidos, extorsiones, etcéteras, se quedaron muy cortos.

A pesar de que la comparecencia se eternizó a lo largo de casi siete horas de preguntas y respuestas, la información substancial compartida por la fiscal fue muy limitada, y lo que respecta al tema de la justicia selectiva -donde la FGE, teniendo denunciados como presuntos responsables a ex funcionarios de primer nivel emanados de Morena, ha resultado convenientemente, más ineficiente-, de ese tema sólo le hicieron dos preguntas, a las que dio respuestas vagas.

Fue precisamente la diputada Hinojosa Grijalva quien la cuestionó respecto a la muerte de Martín Damián, de 10 años, como resultado de la falla de aplicación de protocolos en un caso de acoso, sucedida desde el 3 de noviembre del año 2023, en el que un docente ya fue detenido, juzgado y liberado, mientras los médicos y la clínica -en la que el padre del Oficial Mayor del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, es accionista-, “y cuya conducta fue determinante para el desenlace fatal”, continúan sin ser procesados.

La justificación de la fiscal fue que 22 meses después, la fiscalía acababa de recibir el dictamen médico de IMSS-Bienestar, y aún estaba por recibir dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), que es con el que más habían batallado, sin más datos.

Pero en el caso de esta misma Clínica Internacional, que continúa impune recibiendo contratos, la fiscal no ha dado cuenta y nadie la ha cuestionado, del seguimiento por mala praxis, en el caso de Kim, la niña de preescolar que reportó dolor vaginal, que data de septiembre del 2024, el cual resultó en una deficiente investigación y la ausencia de justicia para la menor y el profesor, que fue inicialmente implicado sin elementos de prueba.

La petista también preguntó de los avances en las dos denuncias por delitos sexuales presentadas en contra del ex secretario de Bienestar en el XXV Ayuntamiento de Tijuana, Erick “Terrible” Morales, una presentada en enero del 2024 -hace 19 meses- por delitos cometidos en el 2013, y la más reciente presentada el pasado 9 julio; de nuevo, Andrade aseguró que están trabajando, recordó que la denuncia más reciente describe el delito con lujo de aberrantes detalles, y remató asegurando que ella ni conoce al imputado, como si eso fuera razón suficiente para no favorecerlo.

Pero de los resultados en la carpeta iniciada en septiembre del 2023, en contra de Netzahualcóyotl Jáuregui y su ex colaboradora Valeria Oseguera, quien fue grabada condicionando la entrega de apoyos sociales de la secretaria a cambio del respaldo a Adán Augusto López Hernández como participante del proceso de Morena en las elecciones de 2024, no ha dicho nada.

De hecho, en aquel momento, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, convertida en fiscal sustituta, aseguró sin que mediara indagatoria que Jáuregui Santillán estuviera enterado y dejaron que el hilo se rompiera por lo más delgado, removiendo a Oseguera quien 23 meses después, continúa a sin ser procesada.

Todavía más emblemáticamente selectiva, la carpeta iniciada en el año 2022, por el contrato irregular que el gobierno del morenista Jaime Bonilla firmó -en junio del 2021- con la empresa Next Energy para la construcción de una planta solar, a la fecha, seis de 10 funcionarios bonillistas presuntamente involucrado han sido vinculados a proceso; incluso el presidente de la banca responsable de la administración del financiamiento fue detenido el pasado 4 de julio, y el gobierno anunció al recuperación de 170 millones de pesos.

Pero el ex gobernador Bonilla, quien estuvo a la cabeza de los proyectos de su administración, incluso realizó el 15 de junio del 2021 una inauguración simbólica de las obras de la planta que nunca se ejecutaron, quien, además, retrasó por más de dos años su presentación a declarar ente el Ministerio Público septiembre del 2024; él sigue tranquilo, sin ser molestado, afirmando públicamente que “no hay delito que perseguir” aunque ya haya varios imputados.

Resulta obvio que el resto de los implicados no tuvieron la oportunidad de reunirse con su acusadora, la gobernadora Marina, y fumar la pipa de la paz, como lo hizo Bonilla en la Ciudad de México en una conversación convocada por las fuerzas morenistas federales, como una medida para reducir la presión que pesa sobre la gobernadora bajacaliforniana después de que le retiraran la visa a su esposo Carlos Torres y autoridades de ambos lados de la frontera incluyeran a su familia política en las investigaciones por huachicol. Y en ese contexto la investigación contra el ex mandatario luce aún más lenta.

Entonces, resulta que la persecución de los delitos en Baja California, dirigida por la fiscal Andrade, sí tiene colores y amigos, y se dirige por el viejo dicho de “hágase la voluntad de Dios”, pero sólo “en los bueyes de mi compadre”.

Aunque encuestadoras serias y otras de las que trabajan para el mejor postor, se han dedicado en los últimos meses a demostrar cuantitativamente que la popularidad de la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda, sigue en descenso no sólo en el estado, sino en el país, donde en las mediciones su nombre aparece en el último lugar de las 32 entidades federativas, una realidad que suele confirmarse de manera por demás bochornosa para la mandataria estatal: con abucheos.

A la manifestación pacífica del 17 de mayo de 2025, cuando miles de personas se concentraron alrededor de una carne asada en la explanada del Centro Cívico en Mexicali, para pedir su salida del gobierno después que su credibilidad y confianza cayera a partir del 10 de mayo de 2025 cuando anunció que el gobierno de los Estados Unidos le había retirado la visa para ingresar a aquel país (unos minutos antes su esposo Carlos Torres Torres había anunciado lo mismo en su caso), la gobernadora y su esposo decidieron, ahora sí, mantener un bajo perfil.

Aun así, en la soberbia del poder, su partido Morena, sus funcionarios, sus legisladores y algunos seguidores pagados le organizaron un mitin de apoyo para dar la impresión de unidad, y de que, si había una parte de la población que ya no confiaba en ella, que la quería fuera del gobierno, había otra que le daba su total respaldo. Pero aquello no salió bien. Fue evidente el gasto público, el acarreo, el despilfarro, los miembros del gabinete organizando el acto nada espontáneo, como sí lo fue la carne asada en Mexicali

Después de esa mala experiencia, la gobernadora decidió cerrar todo acto al público. Sus conferencias de prensa sólo para los comunicadores y, particularmente, los de a modo del gobierno; los actos públicos con asistencia controlada, de hecho, dejó de hacer sus videos para redes sociales durante algún tiempo.

Su esposo, Carlos Torres Torres, desapareció de la escena pública; presuntamente viajó a Europa, lo mismo que su hermano Luis Torres Torres, cuando se supo que al primero le quitaron la visa y el segundo aparecía con su hermano, en una carpeta de investigación por el delito de huachicol y huachicol fiscal, abierta a partir de un decomiso en marzo de este año, en el puerto de Ensenada.

A pesar del respaldo que le dio su esposa la gobernadora, Carlos Torres renunció a los dos cargos honorarios que tenía en las administraciones públicas, la de Baja California y la de Tijuana, donde gobernadora y alcalde, respectivamente, lo nombraron coordinador de proyectos especiales. Argumentó que se retiraba de la vida política y pública, para concentrarse en la familia y los negocios personales, aunque bien a bien se desconoce de qué vive el primer caballero del estado, económicamente.

Después de dos meses y medio de guardar bajo perfil, de acudir a taquerías sin cámaras para que la videograben, de no hacer giras por colonias y evadir cualquier acto masivo, dado que, en las manifestaciones y concentraciones multitudinarias los ciudadanos suelen entonar el cántico de “¡Fuera Marina, fuera Marina!”, hace unas semanas la gobernadora reactivó su vida en las redes sociales. Muy a su estilo, grabando videos desde su camioneta o en sus actos, para promoverlos en Facebook, Instagram o TikTok, pero la reacción de los usuarios de redes sociales tampoco ha sido buena para la mandataria.

Las publicaciones de la gobernadora, y las que poco a poco ha empezado a hacer también su aún desaparecido de la escena pública esposo, suelen abultarse de comentarios negativos para ellos. A pesar que es evidente que existe un equipo detrás que borra comentarios de odio en las publicaciones de los dos protagonistas y desvisados políticos, no hay esfuerzo que alcance para borrar de las redes sociales y la internet, la animadversión que muchos gobernados tienen hacia la titular del poder ejecutivo estatal.

También muy dada a acudir a cuanto concierto importante se desarrolla en el estado, Marina Ávila había dejado de asistir a las presentaciones de artistas, precisamente, para no ser abucheada, como sucedió cuando la mencionaron en un acto de graduación, o como ha sucedido en las manifestaciones orgánicas en su contra en varios municipios del estado.

Pero el lunes 11 de agosto la gobernadora, como muchas otras bajacalifornianas, no se resistió al concierto de la colombiana Shakira en Tijuana. La cantante de “Las caderas no mienten” reinició una segunda etapa de su gira por México en el estadio del equipo de fútbol del exreo del Hongo, Jorge Hank Rhon (estuvo preso por acopio de armas en 2011, y existen carpetas abiertas por homicidio donde se le menciona, pero no se le investiga).

En un video que comenzó a circular en redes sociales el martes 12, un día después de la presentación de La Loba en Tijuana, se ve cómo Marina Ávila llega al estadio y camina por un lugar de privilegio, dado que es más allá de las vallas que separan a los asistentes que hacen larga fila para entrar al estadio.

Quienes graban el video, a saber con la cámara de un celular, identifican a la mandataria estatal y le gritan, pero la gobernadora los ignora y continúa firme su camino hacia la zona designada para presenciar el “Las mujeres ya no lloran world tour”, por lo que, otras personas en la fila comienzan a abuchearla y a gritarle, una vez más, el ya tradicional cántico popular bajacaliforniano: “¡Fuera Marina, fuera Marina!”.

Fue muestra inequívoca, a justos tres meses que informó que le habían revocado la visa, del rechazo social que mantiene la gobernadora, que confirma en la cruda y difícil realidad lo que las encuestas demuestran científicamente, que su popularidad sigue en descenso; que no ha logrado levantarse del duro golpe del retiro de la visa, una situación nunca antes vista en México: que a un gobernador en funciones el gobierno de los Estados Unidos le retirara la visa para su ingreso a aquel país.

El descenso político de la gobernadora, cuyo periodo culmina en 2027, le llegó acompañado de una baja popularidad entre los gobernados que no olvidan y que, en cualquier momento, le recuerdan que ya no goza de su confianza.

En menos de 48 horas, las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad pública del municipio de Putla Villa de Guerrero y detuvieron a cuatro policías y asegurar armas irregulares en la comandancia, informó la Fiscalía General de Oaxaca. 

En conjunto con las secretarías de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), implementaron la Operación Sable en Putla Villa de Guerrero, donde tomaron el control de la seguridad de dicho municipio.

Más de 40 empresas de seguridad privada, que formaban parte del padrón heredado por el exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, operaban en Morelos sin los permisos correspondientes, informó Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

“La administración anterior entregó un padrón de 183 empresas de seguridad privada. Después de revisar los expedientes, constatamos que 43 empresas no contaban con el permiso vigente para operar en Morelos”, detalló el secretario.

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un grupo de élite creado por el gobierno de Chiapas para combatir a la delincuencia organizada en la entidad, fueron captados en video mientras golpeaban con una tabla a un joven detenido durante un operativo contra la criminalidad en el municipio de Chilón.

En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo un agente golpea con una tabla los glúteos del detenido, que se encuentra esposado y con los pantalones abajo.

Seis detenidos

Más tarde, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), informó la detención de seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), acusados de presunto abuso de autoridad tras ser señalados por “tablear” a un detenido.

La dependencia dijo que la acción se realizó como parte del seguimiento a denuncias internas y evidencia videográfica que circuló en redes sociales.

SSP y FGE detienen a 6 elementos de la FRIP por presunto abuso de autoridad.https://t.co/3U37LKtU4X#SecretaríaDeSeguridadDelPueblo#CeroCorrupción #HumanismoQueTransforma pic.twitter.com/mRu1QlSLEa

— Secretaría de Seguridad del Pueblo (@sspchiapas) August 13, 2025

La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente, y los elementos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de violencia o tratos crueles dentro del sistema penitenciario. “Ningún abuso será encubierto”, declaró el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación tras un ataque armado a una familia, ocurrido el martes 12 de agosto en la localidad El Aguacate, municipio de Papantla.

En el sitio dos personas adultas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas, entre ellas una niña de cuatro años de edad.

“Se reportó una agresión con arma de fuego, resultando privadas de la vida dos personas adultas y con lesiones otras dos víctimas, entre ellas una menor de edad, cuya identidad se encuentra reservada, quienes reciben atención médica”, señaló la Fiscalía.

Un psicólogo identificado como Jesús “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores, tras una investigación realizada por la Vicefiscalía especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado, la Fiscalía expuso que el imputado trabajaba en un albergue para menores, donde supuestamente conoció a la víctima, una adolescente que estaba internada en el lugar.

Según las indagatorias, la menor salió del albergue para acudir a clases y, tras recibir una invitación telefónica del acusado, se trasladó a su domicilio en la colonia Jalisco, municipio de Tonalá, donde se cometió el presunto abuso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 55 años de prisión contra Saúl Adán Barrios Aldana, alias “El Prins” o “El Princes”, responsable del homicidio de Brayan “N”, alumno de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”.

El homicida también era estudiante en la conocida Escuela Normal de Tenería, informó la FGJEM en un comunicado.

Durante la audiencia celebrada en los Juzgados de Tenancingo, el órgano jurisdiccional, tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dictó la condena contra Barrios Aldana.

Además, el juez le impuso una multa de 309 mil 424 pesos y ordenó una reparación del daño por 237 mil 768 pesos.