Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Condenan a jóvenes presuntamente reclutados en Zacatecas

En un caso que ha generado controversia y debate público, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, modificó la multa impuesta en sentencia a cuatro jóvenes imputados, presuntas víctimas de reclutamiento forzado, pero confirmó la pena de 7 años de prisión por diversos delitos.

Los magistrados solo modificaron la multa impuesta, reduciéndola de 16 mil 828 pesos 35 centavos a diez mil 857 pesos, en cumplimiento de la jurisprudencia que establece que el aumento de la sanción en casos de concurso ideal de delitos solo aplica a la pena de prisión y no a la multa.

Sin embargo, la sanción aplicada a Francisco P., Heriberto R., Juan R. y Alan D., quedó intocada al resultar penalmente responsables en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, así como la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El caso, que se originó tras un cateo realizado en un inmueble de la colonia La Huerta Vieja, en Zacatecas capital el 28 de febrero de 2024, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, pues durante el proceso, la defensa argumentó que los acusados estuvieron privados de su libertad, ya que fueron reclutados forzosamente, lo que habría condicionado su presencia en el lugar de los hechos.

El tribunal desestimó esta teoría al considerar que no se presentaron pruebas contundentes que respaldaran dicha hipótesis, pese a que las madres de los imputados testificaron en el juicio, afirmando que sus hijos habían desaparecido días o semanas antes del cateo. Una de ellas dijo que su hijo fue a buscar trabajo en una empresa de seguridad el 1 de febrero de 2024 y no volvió a saber de él.

Sin embargo, sus declaraciones fueron consideradas inconsistentes y contradictorias por el tribunal, lo que debilitó la credibilidad de sus testimonios. Además, los agentes y peritos que participaron en el cateo aseguraron que los detenidos no mostraban signos de violencia física ni psicológica que indicaran una privación ilegal de su libertad.

La defensa también criticó a la Fiscalía por no haber agotado todas las líneas de investigación, como la realización de peritajes psicológicos que pudieran haber evidenciado la supuesta privación de libertad. No obstante, el tribunal concluyó que no existían indicios suficientes para justificar tal investigación.

El caso ha generado un debate sobre la presunción de inocencia y la carga de la prueba en el sistema penal acusatorio. Mientras que la defensa sostiene que la Fiscalía debió investigar la posibilidad de un reclutamiento forzado, el tribunal argumentó que la carga de probar una excluyente del delito recae en quien la invoca, en este caso, la defensa.

Este caso pone en el centro del debate la necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas y la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal mexicano, especialmente en un contexto donde la desaparición y el reclutamiento forzado son problemáticas recurrentes en el país.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SAÍNZ.

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Una denuncia ante la FGR señala de presunto fraude y enriquecimiento ilícito al exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Guadalupe Estrada Rodríguez, al contador Nicolás Castañeda Tejeda y a Ricardo Aguilar Castillo, entonces subprocurador de la SAGARPA, pero el único en proceso judicial es otro exrector.

En el marco del caso de la Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió desde 2021 una denuncia por presunto fraude y enriquecimiento ilícito de una red presuntamente liderada en Zacatecas por el exsubsecretario de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), Ricardo Aguilar Castillo, sin embargo, el único bajo proceso judicial es un exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) al que le falsificaron firmas.

La denuncia expone que de 2014 a 2018 se desfalcó al menos 400 millones de pesos triangulados de recursos federales para proyectos a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) y a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que a su vez subcontrataban a empresas fachada.
"Se cometieron actos de corrupción, fraude, enriquecimiento ilícito por Guadalupe Estrada Rodríguez, Nicolás Castañeda Tejeda, Claudia Elena León Ibarra, al mando del autor de la Estafa Maestra en Zacatecas, Ricardo Aguilar Castillo, a través de su subordinado Isaac López Estrada, esto desde el 2014 al 2018, bajando programas federales a universidades y falsificando firmas de los beneficiarios y productores, así como de funcionarios de universidades. Diversos personajes se enriquecieron cometiendo fraudes y utilizando universidades. En Zacatecas desviaron más de 400 millones de pesos, tienen propiedades y riquezas en USA y México", dice la denuncia consultada por SinEmbargo con el número de expediente FED/ZAC/ZAC/0000516/2021.

Salvador Lara Martínez, exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (2016-enero 2017), afirma ser un "chivo expiatorio" del caso estatal, ya que es el único que aún se encuentra imputado por la Fiscalía General de la República por supuesta contratación indebida y peculado, a pesar de que un dictamen de grafoscopía hecho por la propia FGR demostró que su firma fue falsificada en los convenios suscritos con la SAGARPA para subcontratar servicios no académicos a empresas fachada.
"Ha sido muy traumático y muy injusto porque estas personas siguen disfrutando todos esos recursos que de manera ilícita y de mala fe adquirieron. Y a pesar de que los denunciamos en la FGR en Zacatecas y México, no se les quiere hacer nada. La FGR les saca un acuerdo de preescripción, ya no los van a investigar porque ya pasó el tiempo, y al único que quieren afectar es a su servidor. A mí me podrán meter a la cárcel, pero cuándo van a resarcir ese daño que sufrió el estado; me gustaría que la FGR investigara a estos personajes que no van a tener modo de justificar esa riqueza que tienen", dijo en entrevista el exrector Salvador Lara.

La Fiscalía General de la República (FGR) no avanzó con la denuncia contra la red de desvío en Zacatecas pese a que el caso fue comunicado al entonces Secretario de Gobernación Adán Augusto López, después de mencionarse en una conferencai matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero le pide al exrector Salvador Lara resarcir el daño con 500 millones de pesos. Además se le inhabilitó de la función pública estatal por 20 años, aunque él asegura no haber participado en el fraude y enriquecimiento ilícito.
"Se me hace injusto pagar un dinero que no tengo y que yo no me robé. El chivo expiatorio fui yo. Se me hicieron las pruebas de las firmas (en los convenios) y no son, pero no les importa eso. No estuve ni un año como rector de la UPSZ, esos proyectos ya venían desde antes", aseguró Salvador Lara Martínez.
Los protegidos

El Ingeniero Román Márquez, técnico en proyectos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (2013-2017), presentó la denuncia ante la FGR –con un disco duro con pruebas– para advertir el presunto desvío de 4oo millones de pesos de recursos federales a través de las dos universidades de Zacatecas y empresas fachada. Denunció en 2021 como testigo al haber sido trabajador de uno de los denunciados, el contador Nicolás Castañeda Tejeda.

Cuatro años después, Román Márquez comenta que la Fiscalía General de la República no ha investigado los delitos por fraude y enriquecimiento ilícito denunciados con la presentación de indicios. Pero aún mantiene el proceso judicial (115/2018 y 445/2019) por supuesta contratación indebida contra el otro exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Salvador Lara, a quien le falsificaron las firmas en los convenios.

Para el exrector Salvador Lara los denunciados son protegidos por sus relaciones políticas. Por ejemplo, el exdirector de la SAGARPA en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el priista Ricardo Aguilar Castillo, fue Secretario de Organización del PRI (2011-2012) e intentó la candidatura para el Gobierno del Edomex, de donde es oriundo. Denunciado en 2021 por liderar la Estafa Maestra en Zacatecas, Aguilar Castillo fue Diputado federal plurinominal de 2018 a 2021.

En tanto, Guadalupe Estrada Rodríguez fue rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (2002-2011) y luego notario público 46 en Fresnillo; y Nicolás Castañeda Tejeda era hasta octubre de 2024 presidente del Partido Encuentro Social (PES) en Zacatecas, un partido que perdió el registro a nivel nacional y en ese estado, pero que busca recuperarlo con el nombre Construyendo Solidaridad y Paz (CSP).
"Esas relaciones que tienen los han protegido mucho, pero esas personas fueron las que realmente operaron junto con ese subsecretario de la SAGARPA. Ellos tenían los despachos que les asignaban los proyectos en oficinas de Zacatecas (capital). A pesar de que fueron denunciadas nunca se les investigó, a pesar de que me falsificaron las firmas y que ellos hicieron las transacciones, a mí se me vinculó por ser el titular de la UPSZ, pero yo me entero a partir de las auditorías forenses (de la Auditoría Superior de la Federación)", dijo en entrevista el exrector de la UPSZ Salvador Lara (2016-enero 2017).
Auditoría de 2017

El esquema de desvío en Zacatecas consistió en que la Secretaría de Agricultura y la Conapesca dieron recursos federales para supuestos proyectos a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas entre 2014 y 2018, las cuales subcontrataron servicios no académicos a empresas fachada, de acuerdo con la denuncia ante la FGR.

Jorge Isaac López Estrada, entonces subdirector de Esquemas de Financiamiento de la SAGARPA, aprobaba los proyectos con los que participaban las universidades para –a través de licitaciones o invitaciones restringidas amañadas– desviarlos con subcontratación de empresas fachada como Imobitech o Ferrezac, menciona el Ing. Román Márquez en la denuncia.

Claudia Elena León Ibarra, subordinada de López Estrada, vinculó al subdirector de la SAGARPA, Ricardo Aguilar Castillo (2012-2018), con José Guadalupe Estrada, exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y notario público, y con el contador Nicolás Castañeda Tejeda, presidente del Partido Encuentro Social en Zacatecas hasta octubre de 2024.

Estos dos últimos, José Guadalupe Estrada y Nicolás Castañeda Tejeda, son denunciados por operar los proyectos en oficinas alternas a ambas universidades y de manejar los millones de pesos desviados.

Solo en 2016 la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas recibió 154 millones 796 mil pesos como resultado de dos convenios de colaboración suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de dos contratos de prestación de suscritos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de los cuales hubo irregularidades entorno a más de 58 millones de pesos, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su cuenta pública 2017.

El órgano fiscalizador observó: "La universidad (UPSZ) para hacer frente a las obligaciones contraídas con la CONAPESCA y la SAGARPA informó que contrató a 802 prestadores de servicios a los que les pagó un total de 113 millones 315 mil pesos, sobre lo que se constató que 78 prestadores de servicio no se vinculan con ninguno de estos convenios y/o contratos".

Sobre ello detalló: "Se identificó un importe irregular por un total de 46 millones 144 mil pesos, integrados por los 37 millones 452 mil pesos de un sobrecosto y 8 millones 692 mil pesos de prestadores de servicios no vinculados con ninguno de los convenio y contratos, y se presume que se utilizaron para realizar pagos por otros costos incurridos a personas morales, toda vez que se constató que la UPSZ pagó a cinco de esas personas morales que supuestamente prestaron servicios vinculados con los Convenios y Contratos celebrados con la CONAPESCA y la SAGARPA".


También identificó un probable daño al erario por otros 2 millones 552 mil pesos porque la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas no acreditó el pago mediante transferencia bancaria a 68 prestadores de servicio. Así como un perjuicio al erario por 9 millones 900 mil pesos toda vez que la Universidad no proporcionó evidencia que justifique y compruebe los pagos efectuados a los prestadores de servicios que contrató para desarrollar los trabajos pactados en el contrato DGRMIS-023/2016 de fecha 2 de febrero de 2016, suscrito con la SAGARPA.

El exrector inhabilitado al que le falsificaron firmas, Salvador Lara, está en espera del juicio por la imputación de la FGR y el resto no es solicitado por las autoridades judiciales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.

Acusan a David Monreal, gobernador de Zacatecas de reprimir a defensoras

El pasado 8 de septiembre, durante la presentación del informe de gobierno de David Monreal Ávila, la colectiva de madres buscadoras «Sangre de mi sangre» denunciaron haber sufrido represión por parte de integrantes de la policía de tránsito, estatal y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, mientras se manifestaban de forma pacífica en un puente peatonal para visibilizar la crisis de desapariciones en la entidad.

Actualmente, el estado de Zacatecas está gobernado por David Monreal Ávila, quien pertenece al partido político de Morena y es hermano del exgobernador Ricardo Monreal Ávila, actual diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Es una de las entidades donde las personas se perciben inseguras, sobre todo en Fresnillo y Zacatecas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de julio de 2025.

Hay que recordar que Zacatecas se está caracterizando como una entidad que reprime a mujeres y defensoras durante sus protestas. Fue el 8 de marzo del 2024, durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, cuando se suscitó represión por parte de las fuerzas policiales quienes atentaron contra las manifestantes quienes acusaron brutalidad policial, que resultó en actos de tortura, detención ilegal, privación de la libertad y lesiones, integrantes de colectivas feministas señalaron que a pesar de la evidencia pública de estos actos represivos, siguen sin ver justicia, pues ninguna autoridad ha sido sancionada hasta el momento.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al corte del 9 de septiembre de 2025, la entidad ya sumaba 7 mil 984 desapariciones de personas (localizadas y no localizadas) de las cuales 2 mil 214 fueron mujeres y 5 mil 770 hombres. En adherencia, Red Lupa determinó que son los municipios de Río Grande, Fresnillo, Jerez, Guadalupe y Zacatecas, los lugares de mayor incidencia en el estado.

Ante este panorama y debido al Cuarto Informe de Gobierno del gobernador David Monreal Ávila, la colectiva «Sangre de mi sangre» decidió realizar una manifestación pacífica en el puente peatonal ubicado en el bulevar Héroes de Chapultepec, en Ciudad Administrativa. Ahí colocaron un tejido color rojo, la cual se trata de un símbolo hecho a través de la técnica ancestral del bordado.

Sin embargo, en un video publicado por Cristela Trejo Ortiz en Facebook se pudo observar cuando los elementos de seguridad llegaron a la estructura para quitar la protesta de las integrantes del colectivo. El argumento principal fue que podrían ocasionar un accidente a los automóviles que pasaban por la vía; sin embargo, en ningún momento se obstruyeron las señalizaciones viales.

Mientras que las mujeres intentaron hablar con un oficial de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ) de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, comenzaron a retirar el material colocado como fichas de búsqueda y a empujar a las manifestantes. De acuerdo con la colectiva, pese a las suplicas de las mujeres por el derecho a la libre manifestación y el derecho a la protesta, los elementos las encapsularon, insultaron y amenazaron.

Además, se documentó que se llevaron más de 50 metros cuadrados de tejido rojo en la camioneta 4248 de la policía de vialidad del estado generando un impacto emocional, ya que se trata del trabajo de más de tres años en el que colaboraron familias de personas desaparecidas de Zacatecas como parte de la creación de una herramienta de memoria, cambio y concientización.

Las madres buscadoras son una de las figuras más incomodas para el Estado mexicano, ya que confrontan a las autoridades en cuanto a la crisis de desapariciones forzadas. Las agresiones en su contra se relacionan con su labor de acompañamiento a otras víctimas, así como con las denuncias de corrupción e impunidad, lo que las convierte en blanco de múltiples riesgos.

Zacatecas y David Monreal

Siguiendo el Cuarto Informe de Gobierno, en el Año del Bienestar en Zacatecas, el cual abarca el 2025, se informó que la entidad destinó $32 millones 412 mil 325 pesos en materia de búsqueda de personas para la búsqueda forense con identificación humana e infraestructura para fortalecer la Comisión Local de Búsqueda a través de la adquisición de vestimenta táctica, vehículos, equipo tecnológico, insumos para identicación humana, adecuaciones y puesta en marcha del Centro de Resguardo Temporal de Cadáveres del Estado.

También se informó de la Primera Jornada de entrevistas ante mortem y post mortem, donde se tomaron muestras para la obtención de perfiles genéticos en los municipios de Río Grande, Fresnillo y Zacatecas para ser llevadas al Centro Nacional de Identificación Humana.

En adherencia, se realizó la construcción del Centro de Resguardo Temporal de Cadáveres del Estado de Zacatecas, una obra que busca garantizar condiciones dignas en el manejo de los cuerpos y mejorar los servicios de salud pública y seguridad en la región.

Sin embargo, uno de los temas pendientes en Zacatecas es la violencia generada por el crimen organizado, el cual está estrechamente vinculado con las desapariciones forzadas y violencia feminicida.

En tan solo seis meses, el estado de Zacatecas ha acumulado dos asesinatos de madres buscadoras, el más reciente ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando fue reportado el feminicidio de Aida Karina Juárez Jacobo. El gobernador zacatecano David Monreal Ávila, presumía en sus redes sociales: «Desde el municipio de Nochistlán hicimos entrega de equipamiento y patrullas para las policías municipales de la región sur. Fortalecer las corporaciones es fundamental para consolidar la pacificación; seguiremos trabajando de manera coordinada con este objetivo de paz». No hubo ningún pronunciamiento gubernamental por el caso.

Pese a este escenario, Zacatecas celebró, tras el informe de Claudia Sheinbaum, los avances en materia de seguridad que, según las autoridades, ha “logrado” el estado gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía. Desde mayo, incluso, han reiterado un supuesto cambio positivo en el Índice de Paz Positiva, que evalúa factores estructurales como el acceso a la justicia, el buen gobierno y los bajos niveles de corrupción.
“Zacatecas representa ahora un caso emblemático en la mejora de las condiciones de paz en México. Según el Instituto para la Economía y la Paz, su trayectoria puede servir como modelo para otras entidades, especialmente en el manejo del conflicto criminal en contextos de alto riesgo”. se lee en comunicado del gobierno de Zacatecas.
Estas afirmaciones se desmantelan con los hechos que enfrentan las madres buscadoras. En el caso de Karina Juárez, fue reportada como desaparecida el 26 de agosto pasado, pero dos días después fue hallada sin vida en San Luis Potosí, estado colindante con Zacatecas. Ella había comenzado la búsqueda de su hija de 26 años, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, el 28 de junio de 2025. Inmediatamente se unió al colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, pero hasta el momento no se tiene rastro alguno de su hija.

Tras hallar el cuerpo de Karina Juárez, Rodríguez Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, anunció que el probable responsable de este hecho ya había sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Además, se informó que sería la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz la encargada de ofrecer mayores detalles, incluyendo las líneas de investigación de la Fiscalía. No obstante, hasta ahora dicha instancia no ha emitido información alguna.

Las contradicciones aumentaron cuando las autoridades zacatecanas reiteraron su colaboración con el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, la fiscal potosina, García Cázares, aseguró tras estas declaraciones que aún no existía un diálogo conjunto, lo que puso bajo la mira la falta de coordinación real entre ambos estados.

Ante ello, La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pronunció su consternación sobre los hechos, además exhortaron a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Este caso de feminicidio tiene otro precedido de forma reciente. Seis meses antes del asesinato de Aida, en febrero de 2025, fue asesinada otra madre buscadora: Sofía Raygoza Ceballos, encontrada sin vida dentro de un automóvil en la comunidad de Felipe Ángeles, municipio de Villanueva, a 100 kilómetros al suroeste de la capital zacatecana, de acuerdo con datos registrados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

En 2023, Sofía había reportado la desaparición de su hija, Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida meses después tras haber permanecido secuestrada. Aunque la fiscalía aseguró que el asesinato de Sofía no estuvo relacionado con su labor, el Centro ProDH sostiene que durante ese tiempo se convirtió en una voz incómoda para las autoridades al cuestionar públicamente los protocolos y métodos de la fiscalía.

En un acto público, Sofía encaró al entonces alcalde de Jerez, Humberto Salazar, y le exigió que ordenara la búsqueda de su hija:

“Mi hija está desaparecida, no nos dicen nada, no nos apoyan, no la buscan. Tiene una bebé de seis meses que la está esperando. Estoy destrozada porque esa niña no hace nada malo. Lo único que pido es justicia y que hagan algo por todos los desaparecidos”.

Más hechos violentos

De acuerdo con el informe «Violencia criminal en México en la postpandemia», el estado ha registrado varios episodios que constituyen en escenas públicas de terror.

Por ejemplo, en junio de 2020 se reportó una masacre cuando se localizaron 15 cuerpos en la carretera federal de Fresnillo hacia Durango, el cual fue adjudicado a un cartel En consecuencia, el entonces gobernador del PRI, Alejandro Tello (2016-2021) solicitó al gobierno federal ayuda para enfrentar la situación y se enviaron a 4 mil 778 integrantes de la Guardia Nacional a militarizar el territorio.

De acuerdo con el texto, bajo el gobierno de David Monreal (2021-2026) la guerra y deshumanización de cuerpos se ha intensificado. El 18 de noviembre de 2021 se encontraron 9 cuerpos en una carretera federal del municipio de Cuauhtémoc en la frontera con Aguascalientes. Otro hecho similar ocurrió frente a Palacio de Gobierno el 7 de enero de 2022.

Más tarde, en noviembre de 2022, cuando el gobierno estatal anunciaba el primer año del Plan Zacatecas II con el que la Mesa de Seguridad y Paz aseguró la disminución de los asesinatos en la entidad, ocurrió el asesinado del primer General de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa durante un operativo en los Pino, Zacatecas, en la frontera sur con San Luis Potosí.
«Todas estas escenas han ido acrecentando un escenario de guerra en el estado, volviéndose comunes los videos en redes sociales de grupos armados patrullando las carreteras y municipios, realizando ejecuciones, amedrentando a la población y reafirmando su capacidad bélica. Al mismo tiempo, paradójicamente, el estado ha sido sitiado por militares, las ciudades y las zonas rurales presencian la escenificación de la guerra con cuerpos militares altamente armados.» -Informe «Violencia criminal en México en la postpandemia»
FUENTE: CIMAC NOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

Zacatecas: mayoría de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia son morenistas, afines a Monreal o de su gobierno

Ricardo Humberto Hernández León fue coordinador general jurídico en el gobierno de David Monreal

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas estará integrado por ocho magistraturas en sus salas penal, civil y familiar, de las cuales cinco son morenistas, afines al gobernador David Monreal o se han desempeñado como integrantes de su gabinete o de alguna dependencia estatal.

Cuatro mujeres y cuatro hombres integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la presidencia será para quien haya obtenido el mayor número de votos. 

Con 61 mil 540 sufragios, según un Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), por el que se aprueban los cómputos de la elección, se declara su validez y se asignan los cargos electos, la presidencia le corresponde a Verónica Muñoz Robles, quien, precisamente, había sido designada por el gobernador David Monreal como magistrada provisional de la Primera Sala Penal. 

“El Tribunal Superior de Justicia del Estado será presidido por un magistrado o magistrada, la cual se renovará cada tres años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva y se alternará con quien resulte de la mayor votación del otro género, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, establece el artículo 98 constitucional. 

Además, en Zacatecas, la magistratura de Francisco Enrique Pérez Compeán para el Tribunal de Disciplina Judicial fue anulada al considerar que es inelegible por no cumplir con el requisito del promedio mínimo de 8. Pérez Compeán se ha declarado parte del movimiento “monrealista” y afín a la llamada Cuarta Transformación.

Morenistas, afines a Monreal o de su gobierno llegan al Tribunal Superior de Justicia

Además de Verónica Muñoz Robles, en febrero de 2025 el gobernador de Zacatecas, David Monreal, nombró a Ricardo Humberto Hernández León como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Esto ocurrió en un contexto de renuncias por la elección judicial y las vacantes tenían que ser cubiertas con la designación del Poder Ejecutivo.

Tanto Muñoz Robles como Hernández León lograron mantener sus magistraturas ahora mediante el voto popular. Estarán en la Sala Penal y la Sala Familiar, respectivamente. 

Ricardo Humberto Hernández León fue coordinador general jurídico en el Gobierno del Estado de Zacatecas de septiembre de 2021 a septiembre de 2023. Es decir, fue del gabinete de David Monreal. 

Antes de ser parte del gobierno monrealista, Hernández León fue representante de Morena en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en 2021, durante las elecciones que llevaron a David Monreal a la gubernatura.

Amparo Jáuregui Durán también llega de la administración pública en Zacatecas a ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia en la Sala Penal. Actualmente se desempeña como directora general del Instituto de la Defensoría Pública del estado de Zacatecas, un organismo descentralizado.

Sin embargo, Jáuregui Durán fue subsecretaria jurídica en la Secretaría de Obras Públicas de 2021 a 2023, durante el gobierno estatal de David Monreal.

Un caso similar es el de la próxima magistrada de la Sala Familiar Araceli Esparza Berumen, quien fue jefa de Enlace Jurídico de septiembre de 2021 a febrero de 2022 en la Secretaría de Desarrollo Social de Zacatecas, o sea, durante el gobierno de Monreal. Ha sido apoyo jurídico y jefa de enlace jurídico en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Zacatecas, entre 2021 y 2022.

De 2022 a 2023 fue directora de Apoyos Educativos para el Bienestar y desde agosto de 2023 es subsecretaria de Bienestar Humano y Vinculación Social. Incluso Esparza Berumen fungió representante de Morena en el Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas.

Finalmente será magistrado de la Sala Civil Octavio Quintanar Sánchez, abogado litigante en su propio despacho, con base en su perfil Cónoceles, disponible en la página del IEEZ. Sin embargo, es padre de Ashley Quintanar Muñoz, excandidata a diputada local de Zacatecas por Morena.

El resto de las magistraturas del tribunal serán ocupadas por Oyuky Ramírez Burciaga, quien se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera y Segunda Salas Penales; y en la Sala Civil los actuales jueces José Guadalupe Hernández Pinedo y Rafael Espinoza Olague.

Anulan elección de magistratura al Tribunal de Disciplina Judicial; candidato es afín a Morena

El 11 de julio, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas declaró  la nulidad de la elección de una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial al considerar que es inelegible por incumplir con el requisito del promedio mínimo de 8. Se trata de Francisco Enrique Pérez Compeán, quien obtuvo 47 mil 421 votos en la elección judicial.

“Resulta relevante señalar que de conformidad con las constancias que integran el expediente del C. Francisco Enrique Pérez Compeán se tiene que no cumple con el requisito previsto”, se lee en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueban los cómputos de la elección, se declara su validez y se asignan los cargos electos. 

Según el acuerdo, en las constancias de Pérez Compeán se advierte una calificación en la licenciatura de 7.2 y en la maestría de 8.52. Sin embargo, sí contendió como candidato.

En marzo de 2025, Pérez Compeán fue designado como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas por el gobernador David Monreal. Hasta 2024 se desempeñó como representante de la Oficina de la Procuraduría Agraria en el Estado de Zacatecas, una institución de la administración pública federal.

Pérez Compeán es esposo de Maribel Villalpando Haro, actual diputada local de Zacatecas por Morena y quien fue secretaria de Educación en Zacatecas de 2021 a 2024, en el gabinete de David Monreal. 

En 2018 publicó en uno de sus perfiles de Facebook ser “monrealista”, “parte de la Cuarta Transformación” y mencionó a los hermanos David y Ricardo Monreal, de acuerdo con Periómetro. Incluso en su fotografía de perfil en X, antes Twitter, aparece con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Quienes sí ocuparán una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial son Vania Arlette Vaquera Torres, con 48 mil 405 votos, y José Luis Hernández Ugalde, con 55 mil 229. Vaquera Torres es coordinadora de ponencia en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y Hernández Ugalde secretario de tribunal en Zacatecas, a quien le corresponde la presidencia según la votación.

“Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, establece el artículo 90 Bis constitucional.

Por número de votos, en su momento, el IEEZ consideró a la jueza Celia Nallely Juárez Castro para suplir la magistratura de Pérez Compeán. Pero el tribunal revocó la decisión por considerar inviable la entrega de constancias de mayoría a una persona distinta a la que obtuvo el triunfo y declaró el cargo vacante.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO (EL SABUESO).
AUTOR: LUZ RANGEL.

Detienen a exalcalde de Zacatecas acusado de homicidio y vínculos con el CJNG

Asimismo fue detenido en otra acción simultánea, Juan Antonio 'N' quien también fue servidor público de Apulco, Zacatecas.

Mauro Yuriel Jauregui Muñoz, que fungió en 2024 como alcalde de Apulco, Zacatecas, fue detenido junto a otras cuatro personas en el municipio Nochistlán.

El exedil de 30 años cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. Asimismo, en la función pública fue desaforado y removido de su cargo tras los presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, fue detenido en otra acción simultánea, Juan Antonio ‘N’, de 44 años, quien también fue servidor público de Apulco y contaba con orden de aprehensión por sus vínculos con el mismo grupo delictivo.

Los cinco hombres detenidos, todos vinculados con el CJNG, fueron capturados en dos acciones distintas en Nochistlán, según confirmaron este viernes autoridades mexicanas.

En la detención, durante el registro de un inmueble, los agentes incautaron armas largas y cortas, así como cartuchos, cargadores, dosis de droga, un vehículo y chalecos balísticos con las siglas CJNG.

En un comunicado conjunto, agencias de seguridad mexicanas señalaron que al investigar los delitos de tentativa de homicidio y asociación delictuosa, se ubicó una casa en Nochistlán, “donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo generador de violencia con orígenes en Jalisco” y tras una orden de cateo otorgada por un juez de control se adelantó el operativo.

La información agregó que al intervenir el domicilio se detuvo a cuatro personas, entre ellas a Mauro Yuriel. También se capturó a Andy Edgardo Jauregui Muñoz, de 29 años, Ricardo de la Cruz García, de 25 años y Eduardo Gabriel Cuatepotzo Guzmán, de 23 años.

En las acciones participaron agentes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía del Estado.

El pasado de 22 de julio, el titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, indicó que más de 26 mil personas han sido detenidas en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la administración de Claudia Sheinbaum.

La mandataria asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024, tras el récord de más de 196 mil asesinatos en el gobierno de su predecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Líder de la CTM en Guadalupe, Zacatecas, está desaparecido desde mediados de junio; denunció amenazas

El líder de la CTM en Guadalupe, Zacatecas, denunció haber recibido amenazas mientras se manifestaba por el incumplimiento de acuerdos para una obra pública.

Juan Francisco Palacios Murillo, representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guadalupe, Zacatecas, se encuentra desaparecido desde el pasado 13 de junio tras recibir amenazas días antes.

De acuerdo con Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía de Zacatecas, el caso “no se trata de una no localización” sino que está “confirmado que fue privado de su libertad”, lo cual fue respaldado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno estatal.

El 2 de junio, durante una manifestación por el incumplimiento de convenios para la construcción de un edificio público, el líder sindical denunció amenazas por parte de presuntos miembros del crimen organizado.

“Ellos (la empresa) comentaron que ya habían tenido pláticas con otras personas, pero resulta que las otras personas son del crimen organizado, porque ahorita que estoy aquí llegaron cinco elementos armados diciendo que si no me retiro ya vienen por mí, que es una orden de arriba, ¿Pero quién de arriba?”, señaló a NTR Medios de Comunicación.


A la vez, responsabilizó a la empresa y al encargado de obra, Francisco Carrillo Pasillas, por lo que pudiera llegarle a pasar, a su familia o a sus compañeros de trabajo.

Palacios Murillos, incluso relató que los sujetos armados que lo amenazaron e intimidaron fueron perseguidos por tres patrullas, pero dijo desconocer que fueron detenidos.

Sobre estas declaraciones, el secretario de Gobierno Reyes Mugüerza confirmó que forman parte de la línea de investigación: “estamos al tanto de las declaraciones, incluso formaban parte de la línea de investigación previo a que se volvieran a hacer públicas”.

Por su parte, el fiscal reveló que el dirigente de la CTM en Guadalupe solicitó medidas de protección tras denunciar amenazas públicamente, pero no posteriormente no acudió a ratificar ni a formalizar su petición.

Actualmente en Zacatecas se tiene registro de 3 mil 922 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Minera Equinox Gold demandó a Carrizalillo y a 125 ejidatarios por “despojo”

La demanda no ha procedido por carecer de fundamentos legales, informan ejidatarios.

Habitantes del Ejido Carrizalillo, municipio Eduardo Neri, Guerrero, informaron que la minera canadiense Equinox Gold, decidió demandar por “despojo” al ejido, así como a 125 ejidatarios en demandas individuales; sin embargo, las demandas no han procedido por carecer de fundamentos legales, añadieron.

Desde el 31 de marzo, la comunidad retomó la posesión de la tierra donde durante 17 años se asentó la minera, ante la negativa de la empresa a negociar la continuidad del arrendamiento en condiciones dignas para el ejido, y ante el anuncio de “suspensión indefinida” hecho por Equinox Gold.

A través de un comunicado, ejidatarios explicaron sobre la demanda señalada, que la empresa solicitó medidas cautelares para ingresar a las tierras, e incluso, como supuesta medida de compensación depositó una fianza que el magistrado del distrito 12 del Tribunal Unitario Agrario rechazó y calificó de “suma irrisoria y hasta burlesca”, ya que le correspondería 1.58 pesos mensuales a cada ejidatario.

Lo apremiante para el ejido es el plan de cierre y pos-cierre de la mina, sobre todo para tener garantías de remediación ambiental y a la salud para la comunidad, con vías a la recuperación del modo de vida campesino del Ejido, señalaron.

De acuerdo a lo informado, esta semana la empresa debe atender las primeras recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) luego que la semana anterior, la dependencia ingresó a los terrenos para inspeccionar los daños ambientales. Entre los hallazgos de esa diligencia, se encontró y desmanteló “el polvorín” que la empresa usaba para elaborar explosivos.

Del mismo modo, ejidatarios anunciaron que la semana anterior la Procuraduría Agraria (PA) inició la acción de deslinde agrario para tener claridad de la ubicación de las tierras de uso común, de cada parcela, y hacer los reclamos técnicos-tecnológicos de rehabilitación, así como los reclamos económicos por daños irreversibles, una vez que se presente el programa de cierre y post-cierre de la mina.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policía de Zacatecas abate a 13 civiles armados durante enfrentamiento en Villanueva

El enfrentamiento, que inició alrededor de las 14:00 horas en la carretera El Plateado-Villanueva, se prolongó por más de dos horas, de acuerdo con medios locales.

Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados en el municipio de Villanueva, Zacatecas dejó como saldo preliminar 13 presuntos agresores abatidos, sin que se registraran bajas entre los elementos del orden, informó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas.

En su cuenta de Facebook, el funcionario detalló que los hechos ocurrieron durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz, como parte de los esfuerzos para fortalecer la pacificación en las zonas limítrofes del estado.

De acuerdo con Reyes Mugüerza, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata fueron agredidos por civiles armados, lo que desató un enfrentamiento. Apuntó que la respuesta fue inmediata y se reforzó la presencia de seguridad en la zona para salvaguardar a la población.

“En estos momentos, la situación está controlada. Sin embargo, se solicita circular con precaución, debido a que el operativo continúa”, señaló el funcionario la tarde del martes.

Medios locales reportaron que el enfrentamiento inició en torno a las 14:00 horas en la carretera entre El Plateado-Villanueva y que se prolongó durante más de dos horas.

Dos periodistas del portal NTR, que circulaban por la zona, transmitieron parte del enfrentamiento a través de su página de Facebook. En las imágenes se puede ver la participación de dos helicópteros de la policía estatal en la refriega.


El medio reportó que en el operativo fue rescatada una persona que presuntamente había sido privada de su libertad por el grupo de civiles armados, y cifró en 14 los civiles muertos, de acuerdo con fuentes oficiales.

Sin embargo, el informe preliminar de la SSP refiere que 13 agresores fueron “reducidos”, sin que se reportara la detención de ninguna persona.

Reyes señaló que la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz dará a conocer más detalles en las próximas horas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.