En medio de la terrible crisis de desaparición de personas que no cesa en México, las familias que buscan a sus seres queridos también se han vuelto objeto de amenazas y ataques, con al menos 27 asesinadas de 2010 a la fecha.

Tras 6 días de permanecer en estado crítico a causa de una agresión con arma de fuego durante un intento de secuestro, la buscadora Teresa González Murillo falleció el 2 de abril. Con la agresión y fallecimiento de la buscadora integrante del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, desde 2010 a la fecha suman 27 personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas por buscar a un familiar.

El ataque y asesinato de González Murillo se da en el marco del hallazgo de un campamento de entrenamiento y sitio de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJJNG) en Teuchitlán, Jalisco, a principios de marzo. La noticia también generó una oleada de críticas y una campaña de desprestigio en contra de las madres buscadoras en todo el país, pese a que las desapariciones no han cesado. De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 4 de abril hay 126,852 personas desaparecidas en todo el país, aunado a la crisis forense que atraviesa México, con más de 72 mil cuerpos sin identificar. 

La lista está integrada por madres, padres, esposas, maridos y hermanos que antes de su muerte habían investigado el paradero de sus familiares, no fueron escuchados por las autoridades, señalaron omisiones y, en distintos casos, denunciaron públicamente el riesgo que corrían y las amenazas en su contra por buscar.

Los asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Baja California durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. La mayoría de los casos permanecen impunes.

A finales de enero pasado, Norma salió de su casa para buscar a su hijo desaparecido en Veracruz, cuando la policía irrumpió en su domicilio, golpeó y detuvo a su otro hijo, también buscador. No fue un episodio aislado, sino una situación que enfrentan familias buscadoras a manos de elementos del Estado en la entidad.

Norma viajó durante tres horas para liberar a su hijo de los separos de la Policía Municipal de Poza Rica. Estaba golpeado y lastimado, bajo la acusación de que cometió una infracción de tránsito. La corporación se justificó así tras entrar a su casa, robar su moto y las cámaras de seguridad, causar destrozos y llevarse al buscador.

Actos como este, en el que elementos de seguridad golpean, acosan y dañan a las y los buscadores en Veracruz, se han convertido en una situación constante según denuncian las integrantes de colectivos de búsqueda.

“Si el gobierno, las autoridades, van a empezar, para que no se den a conocer este tipo de noticias, a atacarnos a los colectivos o a las familias, pues estamos fregados, porque entonces nos van a desaparecer también a nosotros como hicieron con nuestros familiares para que esto no se sepa”, opina Olga Lidia Salazar Hernández, representante del Colectivo Unidos por Amor a Nuestros Desaparecidos, quien considera que la violencia contra ellas es una forma de buscar silenciarlas.

El acoso y la violencia por parte de elementos del Estado se ha convertido en un problema más que enfrentan las integrantes de colectivos de búsqueda, en una entidad que reporta 7 mil 46 personas desaparecidas y no localizadas al 22 de marzo de 2025. Esto la ubica como la cuarta entidad con mayor cantidad de casos, detrás de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. 

La misma policía que golpeó al hijo de Norma, quien pidió resguardar su identidad y no usar su verdadero nombre por temor a represalias, es la que está acusada de asesinar a golpes al buscador Magdaleno Pérez Santes el pasado 12 de marzo. 

Él fue detenido y golpeado en los separos municipales. Tras ser liberado y llegar a su casa falleció por los golpes. Por este caso hay dos elementos vinculados a proceso en prisión preventiva, pero el Colectivo al que pertenecía, María Herrera Poza Rica, pidió la disolución de la Policía Municipal. Aunque hasta el momento sus peticiones no han sido atendidas.

“Hoy nos damos cuenta, que el chico (el hijo de Norma) aguantó porque es un muchacho joven, 22-23 años, tendrá por ahí el muchacho, pero pues no corrió la misma suerte nuestro compañero (Magdaleno), que ya era una persona adulta”, dice Salazar Hernández. 

El joven reconoció a algunos de los agentes cuando irrumpieron en su casa, ya que habían participado juntos en una búsqueda en campo semanas atrás. A pesar de decirles que los conocía, la golpiza no se detuvo.

Cuando estaban en los separos, la policía revisó el teléfono del joven, quien guardaba fotografías de unas fosas clandestinas recién encontradas por el colectivo. Eso le costó más golpes, lo que incrementó la sospecha de que esa era la verdadera razón del abuso policial. 

El joven fue liberado y trasladado a un hospital gracias a la intervención de Norma y otras autoridades. Sin embargo, dos meses después, el acoso continúa. Las patrullas policiales rondan constantemente su hogar, en lo que parece ser un claro acto de intimidación.

Aunque está documentado, muchas recomendaciones han sido rechazadas junto a la petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de brindarles seguridad a las víctimas. 

La Fiscalía General del Estado ha recibido ya 7 recomendaciones de la Comisión Estatal este año (de las 17 emitidas en total), varias de ellas relacionadas con desapariciones de personas. Una fue rechazada y el resto está en proceso.

Distintos actores políticos han señalado que estos rechazos son sistemáticos. Al negar las recomendaciones, las víctimas recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha emitido tres recomendaciones en 2025 y cinco en 2024 a la FGE, instándole a aceptar las emitidas por la Comisión Estatal en años anteriores. 

“La no aceptación por parte de esa autoridad evidencia una actitud de indiferencia y falta de compromiso en el cumplimiento de las leyes y una falta de colaboración en la tarea de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”, señala la recomendación 229/2024. 

Esta recomendación documenta las amenazas recibidas por las víctimas indirectas para que dejen de buscar, y la sospecha de que provienen de personal de la Fiscalía, pues usaron datos que solo tenía esa dependencia. Lo mismo sucede con otra de las recomendaciones, donde se les pide que ahora sí acepten y donde se señala las amenazas por parte de personal de esta y otras dependencias. 

El integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, Pedro Lobato, asegura que se requiere que las recomendaciones de derechos humanos donde se solicitan garantías de no repetición se cumplan, que existan capacitaciones al personal y altos mandos de las corporaciones y existan sanciones no solo administrativas sino punitivas contra quienes cometan esos actos.

Dijo que el Mecanismo de Búsqueda, conformado por la Secretaría de Gobierno, FGE, SSP, Comisión de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y demás, ya tenía reportes desde la administración pasada del acoso y violencia que realizan los elementos de policías en diferentes partes del estado contra las buscadoras. Pero éste no ha cesado y ya cobró una vida.  

Salcedo asegura que los colectivos llevan bitácoras de las persecuciones y actos de intimidación como una forma de protección; también han interpuesto quejas ante los organismos de control interno de las corporaciones, pero no han tenido resultados. 

Salazar Hernández afirma que han documentado otros casos, como el de otro joven, hijo de una buscadora, que fue detenido y golpeado en la playa de Tecolutla. No les permitieron pagar la multa y, al identificarse como víctima indirecta de desaparición, los golpes se intensificaron.

Debido a los agresores identificados, que trabajan en dependencias de seguridad, y las constantes violencias, es que las buscadoras aseguran no poder confiar en las corporaciones de seguridad que las deberían proteger y en realidad las violentan. 

“Ya ni siquiera en la autoridad podemos confiar (…)  enojados porque el gobierno nos quiere quitar de en medio para que no sigamos marcándole los errores, porque solamente nos quieren quitar de en medio para que no sigamos haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer y no lo hacen”, sentencia Salazar. 

Por su parte, Salcedo afirma que lo único que buscan es poder seguir trabajando para encontrar a sus seres queridos y que las autoridades les brinden las condiciones para poder hacerlo.

“Nosotros trabajamos en grupos, en colectivos, trabajamos porque hubiese una ley, nos esforzamos porque fuese implementada, porque fuese homologada, porque de ahí se desprendieran comisiones, protocolos, se activaran a incluso alertas y todo, y ni siquiera nos dejan operar eso (…) ahí estamos las madres exigiendo una y otra, y otra vez exactamente lo mismo, que nos den la seguridad para poder realizar ese gran trabajo y esa gran labor que hacemos desde el corazón”, dice Salcedo.

Alin Isaday Salas Isidro, de 27 años, fue privada de la libertad la tarde del 16 de marzo de 2025, mientras circulaba por el centro de la ciudad de Poza Rica.

La joven es hija de una buscadora del Colectivo María Herrera, quien busca a su sobrino Osiel Juárez Isidro, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2020.

Magdaleno Pérez Santes, padre buscador e integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, murió tras presuntamente ser golpeado por elementos de la policía municipal de Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con colectivos de búsqueda, a Magdaleno lo detuvieron en Poza Rica y presuntamente lo golpearon los elementos de seguridad. Horas después lo liberaron, llegó a su casa y le contó a su familia lo que pasó y que se sentía mal, se quejó de un intenso dolor en la espalda y la cabeza; posteriormente falleció.

Su madre declaró a Milenio que fue golpeado y llegó adolorido a casa después de ser liberado el día lunes 10 de marzo, pero ya no pudo levantarse de su cama.

“Le quitaron su celular, le quitaron todo su dinero, le pegaron con un tubo”, dijo al señalar que recibió golpes en la cabeza y la espalda.

El padre buscador Héctor Aparicio Martínez fue desaparecido el pasado 26 de enero en Tihuatlán, Veracruz, reportaron el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB).

Aparicio formaba parte del colectivo María Herrera Poza Rica para buscar a su hijo José Alfredo Aparicio Delgado, desaparecido desde el 5 de febrero de 2017 en Tihuatlán.

«La búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos no debe representar una situación de vulnerabilidad y no debe representar un riesgo para la vida e integridad de las familias buscadoras», señaló el colectivo y la BNB en un comunicado.

Las familias buscadoras en Veracruz exigieron a la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado que den con el paradero de Aparicio, así como demandaron a las autoridades que detengan las agresiones y desapariciones de quienes buscan a sus seres queridos y pongan fin a «este escandaloso crimen de lesa humanidad».

COMUNICADO:

“Buscar no debe costar la vida” fue el mensaje central de la audiencia durante la que este miércoles 28 de febrero familiares y colectivos pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado mexicano medidas de protección y seguridad para personas buscadoras ante el incremento de amenazas y asesinatos hacia ellas.

Como parte de la exposición inicial, el activista Raymundo Sandoval apuntó que la Plataforma por la Paz y la Justicia ha registrado desde 2010 el asesinato de más de 20 personas buscadoras, 15 de ellas durante este sexenio. Después, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU agregó que de 2019 a la fecha, el organismo tiene documentados al menos nueve casos de mujeres asesinadas como posible represalía a la búsqueda.

La Brigada Nacional de Búsqueda, organizaciones y colectivos condenaron el asesinato de Noé Sandoval Adame, miembro del colectivo Familiares de Búsqueda María Herrera Chilpancingo y buscador de su hijo Kevin desde noviembre de 2023, perpetrado el pasado 13 de febrero en Zumpango, Guerrero.

“Este doloroso suceso ha ocurrido en medio de una escalada de violencia en Chilpancingo y sus alrededores durante las últimas dos semanas, en las cuales miembros de grupos delictivos han atacado directamente a los transportistas y han impuesto un toque de queda”, explicaron la BNB y los colectivos en un comunicado.