Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), reconoció, el 17 de octubre de 2025, que el hackeo o intrusión no autorizada en sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Gobierno Federal, conocido como “Guacamaya Leaks”, se originó por una falla humana y no por una vulnerabilidad en los sistemas de comunicación del Ejército.

El 29 de septiembre de 2022, un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, compartieron al medio digital Latinus -través del programa semanal que conduce el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quien calificó la filtración como “la más grave vulneración a la ciberseguridad del Gobierno de México en su historia”-, al menos seis terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluyeron textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que databan desde el año del 2016, hasta septiembre del 2022.

“Todos nuestros sistemas de comunicaciones, de transmisiones, son encriptados. Técnicamente todos son encriptados. De lo que pasó en Guacamaya, fue una falla humana y no eran encriptados. Eso era internet común. Todos están encriptados, todos son medios seguros y están funcionando todos adecuadamente”, explicó el actual titular de la DEFENSA, durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el general fue cuestionado respecto a un informe de la estadounidense Universidad de San Diego, con sede en California, que reveló la posibilidad de interceptar datos de satélites no encriptados, vinculados a instituciones como el Ejército y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En respuesta, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que las comunicaciones militares operaban bajo medios seguros y que no existía evidencia de que información clasificada hubiera sido interceptada. “No han ingresado. No tenemos ningún indicio de que hayan ingresado o que hayan obtenido esa información. Desconozco cuál sería su fuente o cómo se hizo el estudio”, señaló.

El 15 de febrero de 2023, Luis Cresencio Sandoval González, entonces titular de la SEDENA afirmó que el “hackeo” a servidores de dicha institución, realizado por el colectivo internacional autodenominado Guacamaya Leaks, no puso en riesgo la seguridad nacional.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las instalaciones del Campo Militar Número 1, ubicado en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el general fue cuestionado respecto a la filtración de correos y documentos referentes a operativos de seguridad, contratos del Ejército e incluso la salud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo de la cibernética […] Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, confirmó el propio López Obrador, el 30 de septiembre del 2022, durante su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, el Gobierno Federal indicó, en un comunicado, emitido el 23 de marzo de 2023, que “algunos documentos difundidos en medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales, no están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos” y “por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.

“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, insistió el Gobierno de México.

“Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”, señaló el Gobierno Federal.

‘Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional’, indicó el encabezado del comunicado del Gobierno de México, el cual destacó que “todo el esfuerzo de inteligencia se dirige a combatir la delincuencia organizada y narcotráfico; solo han sido detenidas personas que están relacionadas con estos delitos”.

Asimismo, el Gobierno Federal encabezado en ese entonces por el presidente López Obrador, enfatizó que las “instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un juez”.

Ello, según el Gobierno de México, con base en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional, “la inteligencia es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, y el ciclo de inteligencia es el proceso que orienta las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para la toma de decisiones”.

“Este proceso comprende las etapas de planeación, recolección, procesamiento y análisis; difusión y explotación, y retroalimentación. De acuerdo con los artículos 5, fracciones III, V y XI, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Seguridad Nacional y 100 de la Ley de la Guardia Nacional, las instancias de Seguridad Nacional, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de manera conjunta con otras dependencias, trabajan en recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública”, detalló el comunicado del Gobierno Federal.

No obstante, el Gobierno de México afirmó que los “procedimientos antes mencionados, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.

“Uno de los principales rasgos de la inteligencia es la confidencialidad, lo que permite evitar que sea neutralizada la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia. Por esta razón, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional, contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años”, insistió el Gobierno entonces encabezado por López Obrador.

“Las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas -redes sociales, medios de comunicación, revistas o periódicos-, así como la obtenida en actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país, misma que se compara con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia del país”, agregó el Gobierno Federal.

“En el contexto del combate al narcotráfico, las denuncias anónimas juegan un papel preponderante, coadyuvando en la detención de líderes e integrantes de las organizaciones criminales y en la desarticulación de las estructuras del narcotráfico generadoras de violencia, además de sus entramados financieros, logísticos y de personal”, abundó el Gobierno de México.

“El artículo 16 constitucional refiere que las comunicaciones privadas son inviolables y que al respecto sólo el juez puede valorar el alcance y autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. Por tal motivo, las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez”, expresó el Gobierno Federal.

“La Constitución refiere que es facultad exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas”, dijo el Gobierno de México.

La Administración encabezada por López Obrador recordó que durante lo que iba de ese sexenio, las autoridades judiciales habían detenido a mil 393 personas. De ellas, 27 las catalogó como “relevantes” por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, destacando: Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, José Guadalupe ‘N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”.

“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada. Finalmente, con el desarrollo de productos de inteligencia ha sido posible llevar a cabo la detención de otros blancos generadores de violencia, así como el aseguramiento de enervantes y armamento”, finalizó el Gobierno Federal.

El documento oficial filtrado por los hackers expone cómo integrantes de la organización criminal “La Barredora” se enteraron gracias a un informante de la Secretaría de Marina (Semar) que “por orden de el viejito cabeza de algodón” la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) había abierto una carpeta de investigación contra Bermúdez y otros mandos del grupo delictivo.

El viejito cabeza de algodón es “posiblemente el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador”, escribieron textualmente los analistas de la Sedena para explicar la referencia al cabello cano con la que los simpatizantes de AMLO suelen referirse a él.

La alusión directa a AMLO en relación a las actividades ilegales de Bermúdez y sus socios está escrita en una tarjeta informativa identificada con el numeral 201 y fechada el 22 de marzo de 2021, cinco meses antes de que Adán Augusto López se convirtiera en secretario de Gobernación.

Este hallazgo, que no había sido reportado por la prensa con anterioridad, surge de un resumen de conversaciones telefónicas intervenidas el domingo 21 de marzo de 2021, por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, donde participan la Sedena, la Semar, el Centro de Investigación y Seguridad, y la Fiscalía General de la República. La información se envió por correo electrónico al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que recaba datos de cinco centros de inteligencia del país.

La supuesta orden desde Palacio Nacional para investigar a Bermúdez y sus socios, y el espionaje a sus conversaciones telefónicas ponía bajo la lupa federal a “La Barredora”, una organización con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación y dedicada principalmente al tráfico de hidrocarburos en buena parte de Tabasco, incluido Macuspana, el lugar de nacimiento de López Obrador.

Bermúdez tiene una orden de aprehensión en su contra y hay una ficha roja de la Interpol para su búsqueda y captura, pues es señalado de ser uno de los líderes del grupo delictivo. Adán Augusto López se ha deslindado públicamente de las presuntas actividades ilícitas de su excolaborador y dijo estar a disposición de las autoridades que investigan la trama.

El espionaje telefónico —del que integrantes de “La Barredora” ya sospechaban— tenía como foco a Gustavo Elías de Dios Yedra, apodado “Tavo” o “Espartano”, quien se dedicaba al tráfico de combustible en Tabasco y Chiapas. La Sedena lo vigilaba desde 2019 y por eso conocía bien que tenía contactos federales de los que se valía de información o apoyo para sus actividades delictivas. Esa relación eventualmente le costaría la vida.

El documento refiere que aquel día Yedra se comunicó con dos personas —también dedicadas al tráfico de hidrocarburos— para avisarles que le habían mostrado una carpeta de investigación de la SEIDO y una lista donde aparecía “H”, como se referían al interior de “La Barredora” a Hernán Bermúdez Requena. En la investigación, dijo, también se mencionaba a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, el “Lic” o “Tomasín”, identificado como asesor de Bermúdez.

Más tarde, ese mismo día, Yedra habló con Jorge Carvallo alias “Pizza”, quien, según el documento, colaboraba con él en operaciones de compra-venta de hidrocarburos y trabajaba en Petróleos Mexicanos. En la llamada le confió que un elemento de la Semar, identificado como “Popeye” y que formaba parte de un grupo de inteligencia, le confirmó que la orden de realizar la investigación venía del “viejito cabeza de algodón”.

Otro conjunto de reportes de la Sedena identifica a “Popeye” en los organigramas del grupo criminal. En ellos se menciona como alguien que laboraba en el área de Inteligencia de la Semar, con capacidad de dar órdenes, movilizar personal y hasta de proporcionar elementos vestidos de civil para apoyar a miembros de “La Barredora” en sus disputas internas.

Yedra solía trabajar con elementos de la Marina en la venta de combustible robado, detallan otros correos hackeados. Por ejemplo, sabía de un Teniente que ofertaba combustible ilícito en el Puerto de Dos Bocas y le habían ofrecido el servicio de escolta para sus pipas.

Diversos reportes de la Sedena también muestran que los integrantes de “La Barredora” contaban con informantes entre agentes ministeriales y de inteligencia dispuestos a filtrar datos a cambio de dinero.

Según uno de los documentos filtrados, un elemento de inteligencia de la SEIDO le pidió 180 mil pesos a Yedra para sacarlo de la carpeta de investigación cuando el cerco federal sobre “La Barredora” se iba cerrando. Mientras, Hernán Bermúdez instruyó a líderes de “La Barredora” que se resguardaran “porque van a entrar 10 camionetas del Estado y de Inteligencia de Marina”.

En esos días, Yarda fue secuestrado junto con Michel Alfonso Haddad Sánchez, “Joncha”, uno de sus encargados en las actividades de tráfico de hidrocarburos. Sus compañeros de “La Barredora” se los llevaron en una camioneta Lincoln y les quitaron 22 mil pesos. Yarda, por su relación con elementos de inteligencia de SEIDO y la Marina se había convertido en sospechoso. “Lo van a interrogar porque al parecer los delató”, dice el informe militar.

“No se debe soslayar que en próximas horas aparezcan sus cuerpos ejecutados y con cartulinas o mantas amedrentando a otros miembros de células independientes que controla la autoridad estatal con el fin de causar temor entre ellos”, cierra el reporte. El augurio se cumplió. Al día siguiente los cuerpos de ambos fueron encontrados en la localidad de Santa Rita, perteneciente a Cárdenas. Los asesinaron con violencia extrema.

En octubre de 2022, Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández, entonces presidente y secretario de Gobernación, respectivamente, arremetieron contra los medios que revelaron los contenidos de informes de inteligencia del Estado que identificaban como líderes del grupo criminal llamado “La Barredora” a los mandos de seguridad de Tabasco, nombrados por Adán Augusto López durante su mandato como gobernador de la entidad, incluyendo a Hernán Bermúdez Requena. 

El mandatario aseveró entonces que la “prensa conservadora, incluyendo a Proceso”, estaba atacando a su gobierno como parte de una campaña; Adán Augusto López, su “hermano”, aseveró por su parte que se trataba de “fantasías” y de “chismes” salidos de “dizque filtraciones”, y retó a quienes tuvieran “alguna prueba” a presentar “alguna denuncia de carácter penal”.

Informes de inteligencia militar, filtrados por los hackers de Guacamaya Leaks, revelaron que el Ejército sospechaba de las actividades criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, al menos desde febrero de 2021, de acuerdo con “El País”. 

Bermúdez Requena, apodado “Comandante H”, se encuentra prófugo de la justicia y hay una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.

En un reporte de 2020, hackeado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército concluyó que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y el exfiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo, no tuvieron “voluntad ni disposición para trabajar en materia de seguridad y delincuencia organizada”, y que el exmandatario le interesó más invertir en el sector hotelero.

De acuerdo con una publicación realizada hoy por Río Doce, el actual embajador de México en España no invertía en seguridad y parte del presupuesto lo ejercía en otros rubros.

“El Congreso de Estados Unidos debería abrir una investigación sobre esto, porque el hacer ese espionaje no ayuda a las relaciones, no ayuda a que haya relaciones de respeto”, declaró este miércoles durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Proceso y a Carmen Aristegui de utilizar la información de los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, y admitió que su gobierno no ha hecho una investigación de por qué fue posible una vulneración a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ni de quién proviene.

El secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que no conoce los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional que involucran a funcionarios de seguridad que él designó en Tabasco ligados al cártel Jalisco Nueva Generación y pidió que si alguien tiene indicios de irregularidades que presente denuncias.