Adán Augusto López aseveró por su parte que se trataba de “fantasías” y de “chismes” salidos de “dizque filtraciones”, y retó a quienes tuvieran “alguna prueba” a presentar “alguna denuncia de carácter penal”, tras la publicación de informes de inteligencia del Estado.
El mandatario aseveró entonces que la “prensa conservadora, incluyendo a Proceso”, estaba atacando a su gobierno como parte de una campaña; Adán Augusto López, su “hermano”, aseveró por su parte que se trataba de “fantasías” y de “chismes” salidos de “dizque filtraciones”, y retó a quienes tuvieran “alguna prueba” a presentar “alguna denuncia de carácter penal”.
“Que sean las autoridades las que investiguen y hagan público cuál es su decisión”, agregó el político durante una visita a Sinaloa, el 14 de octubre de ese año.
Pasaron cerca de tres años hasta que, la semana pasada, el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, informó que Hernán Bermúdez Requena era blanco de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía del Estado, el pasado 14 de febrero, día en que huyó del país hacia Panamá; luego se fue a España y posteriormente se habría ido a Brasil.
Las autoridades también emitieron órdenes de aprehensión contra Ulises Pinto, un expolicía federal, y contra otros integrantes de “La Barredora”, incluyendo a su presunto líder, Daniel Hernández Montejo.
Adán Augusto López Hernández, ahora presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, no se ha pronunciado sobre el caso al que se refería como “chismes” en 2022.
El 5 de octubre de ese año, Proceso, “Aristegui Noticias”, “Animal Político” y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaron los contenidos de informes del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi Sureste) y de la 30 Zona Militar que señalaban a Hernán Bermúdez Requena y otros altos funcionarios nombrados por Adán Augusto López Hernández –José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ával, designados respectivamente Comisionado y Director General de la Policía Estatal de Tabasco– como líderes de “La Barredora”, grupo criminal, dedicado entre otras cosas al robo de combustible.
En respuesta a los medios, Bermúdez sostuvo entonces que el grupo “La Barredora” era “inexistencial” (sic).
La información provenía de fuentes sólidas: si la 30 Zona Militar pertenece exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Cerfi Sureste reúne a todas las agencias de seguridad del gobierno mexicano: está integrado por agentes de Sedena, de la Secretaría de Marina (Semar), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Entre los millones de archivos de la Sedena hackeados y filtrados por el colectivo Guacamaya, al menos 16 informes se referían explícitamente a Bermúdez como un líder criminal en Tabasco.
El primero de ellos estaba fechado en noviembre de 2019; apenas un mes más tarde, Adán Augusto López Hernández lo nombró al frente de la SSPC estatal. Los informes incluían esquemas de organizaciones criminales, reportes de intervenciones telefónicas o información sobre actividades delictivas del responsable de la seguridad en Tabasco, incluyendo el cobro de 500 mil pesos para liberar a un criminal.
Carlos Manuel Merino Campos, quien asumió la gubernatura de Tabasco cuando Andrés Manuel López Obrador nombró a Adán Augusto López Hernández en la Segob, mantuvo a Hernán Bermúdez Requena en la SSPC, a pesar de los informes de inteligencia. Permaneció en el cargo hasta principios de 2024, cuando tuvo que renunciar por la explosión de violencia que sacudió al estado.
Un año más tarde, las autoridades de Tabasco –ahora gobernado por Javier May Rodríguez—lo acusaron de formar parte de “La Barredora”, tal como lo identificaban los informes de inteligencia.
Por cierto, uno de estos informes, fechado en mayo de 2021, reportaba el contenido una conversación que tuvieron dos delincuentes dedicados al huachicol en Tabasco seis meses antes.
En ella, uno decía al otro que el líder criminal local de entonces, Felipe Mollinedo Montiel, “está con el gobierno, está con el gobernador (quizá Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco), eso me dijo la última vez, de hecho, el titular del estado le ofreció una gratificación a cambio de un jale”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
